El problema del país y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de dinero, recurso indispensable para atender todos los planes y proyectos de la Cuarta Transformación.

La austeridad republicana resultará insuficiente para mantener todos los subsidios sociales y atender con gasto público los problemas o las ocurrencias políticas que se crucen.

Por tanto, es racionalmente indispensable promover que la economía nacional crezca a fin de que el Producto Interno Bruto (PIB) alcance tasas del orden de 4 por ciento anual de manera sostenida, lo que no será posible en este ni en los dos próximos años, por la debilidad orgánica del país y los signos recesivos del entorno mundial.

Eso, sin considerar que alguno de nuestros socios comerciales, como Estados Unidos, impongan barreras a la entrada de los productos mexicanos, se desplomen los precios de las materias primas y la inversión o la calificación crediticia del país.

A la luz de ese panorama, alcanzar la transformación deseada tiene que pasar por un cambio estructural de la economía que necesariamente exige una reforma fiscal integral que no significa aumentar impuestos sino recaudar eficientemente y hacer que todos paguen. Aunque eso significaría revisar el clientelismo político que, entre sus muchas formas, se encubre en el ambulantaje.

La economía informal, al encubrir y promover la rentabilidad de la delincuencia organizada, favorece a la inseguridad al tiempo que potencializa a la impunidad y la corrupción, que ponen en duda la existencia del Estado de Derecho.

En el corto y el mediano plazo no se ve una Cuarta Transformación sin acciones recaudatorias eficaces, de aplicación general y progresiva, en la que todos paguen y sin privilegios de ningún tipo.

Sin ingresos suficientes, no habrá recursos para promover el crecimiento ni para sostener los apoyos populares.

Desde la Secretaría de Hacienda se advirtió de la necesidad de revisar la estructura de los ingresos públicos, lo que fue censurado con diatribas mañaneras que ignoran lo que se exige para mantener las salud de las finanzas públicas.

Ante el desgaste de la economía nacional, el tema se ha mantenido con voz baja, especialmente en el gobierno, aunque se empieza a levantar la voz entre los diputados y senadores de Morena, porque no hay de dónde sacar dinero para cubrir las necesidades del Programa de 2020 sin recurrir al endeudamiento.

Ya hay llamados para que estados y municipios participen en la generación de recursos porque la mayor parte de la carga financiera recae en la federación y el modelo fiscal está seco.

Con los procesos electorales y para ganar la simpatía popular, muchos estados y municipios redujeron tasas o dejaron de cobrar contribuciones, bajo el esquema de coordinación fiscal en el que la federación les compensaba los recursos que ya no captaban.

El efecto político se convirtió en prioridad en perjuicio del financiamiento del desarrollo.

Uno de los ejemplos más notables, pernicioso y cercano es el de la tenencia.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, en 2018 un total de 16 estados no lo cobraban; otros 4 lo subsidiaron al 100 por ciento y 11 lo cobran con un subsidio parcial, que ha creado paraísos fiscales en el territorio nacional.

La consecuencia es que muchas personas y empresas con domicilio en la Ciudad de México, para seguir con el ejemplo, registran sus vehículos en donde no se paga el impuesto o está totalmente subsidiado, con lo que se merman los ingresos de la capital que ya no puede hacer frente a obras de infraestructura pública, seguridad, salud, educación o transporte, en perjuicio especialmente de la población que carece de automóvil.

Aunque no se vislumbra en 2020 una reforma fiscal integral que sin necesidad de aumentar impuestos genere oportunidades, redistribuya el ingreso nacional y promueva la inversión productiva, cuando menos valdría la pena federalizar este impuesto, esto es, que todos las entidades lo cobren y aplicar la ley a quien lo eluda.

Y eso habría que extenderlo a todas las responsabilidades fiscales congeladas a cambio de votos o prebendas.

El tema no es de impuestos sino de hacer valer la estructura tributaria, hacer que los estados y municipios hagan su tarea recaudatoria en beneficio de la federación terminar con los privilegios y los paraísos fiscales, que significa enfrentar el ambulantaje y, con ello, a la economía informal.

Sería, sin duda, un primer paso en firme para construir la transformación, porque al tiempo que estimularía y apoyaría a las finanzas de todas las entidades, sería la señal de que la lucha contra la impunidad, la corrupción y la inseguridad, no son frases para discurso.

¿Le entrarán a promover la verdadera transformación del país?

@lusacevedop