Algunas veces la justicia tarda, pero al final llega. Esta que sigue a continuación es la resumida historia que inició hace tres años y que recientemente culminó con el triunfo de la libertad de expresión sobre esos que se creen poderosos y que tratan de acallar a las voces discordantes.

Hace casi tres años fui demandado por supuesta difamación en agravio de Norma Gutiérrez Flores, ex vocera de Fernando Moreno Peña, a la sazón gobernador del estado de Colima (1997-2003). La denuncia, presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, poco después fue ampliada en contra de mi hijo Luis Fernando Moreno Mayoral, que cometió la “grave” falta de salir en mi defensa.

La demanda pasó al oscuro juez Primero de lo Penal en Colima, Abel Jaime Ramírez Ayala, quien determinó girar orden de aprehensión en nuestra contra. Acto seguido, los dos denunciados solicitamos el amparo de la justicia federal para evitar la detención y el auto de formal prisión.

Así, durante cerca de un trienio se estableció una lucha legal sin cuartel en donde un juez local se exhibió como inepto y uno federal como poco competente, pues fue en el Colegiado de Distrito (con sede en la capital del estado) donde ordenaron a éste reponer el procedimiento y declarar inconstitucional el artículo 218 del Código Penal del Estado (aún vigente), que es el que contempla la sanción por el delito de difamación.

Al final, de acuerdo con las instrucciones del Colegiado de Distrito, el juez Primero de Distrito de Colima hizo la reposición del procedimiento e incluyó a la que fue nuestra denunciante, quien ya no hizo nada ante lo que veía como una inminente derrota legal.

El juez Primero de Distrito dio cumplimiento a lo ordenado: concedió la protección y amparo de la justicia federal para que no se aplique (mientras esté vigente) el artículo 218 del Código Penal del Estado de Colima a los dos periodistas. El Juez Primero de Distrito de Colima resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. Se deja insubsistente el auto de formal prisión decretado en la causa penal en que se actúa, el día 27 de octubre de 2010, en contra del auto de formal prisión decretado en la causa penal en que se actúa, en contra de los inculpados Bibiano Moreno Montes de Oca y Luis Fernando Moreno Mayoral, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de difamación, ilícito previsto y sancionado por el artículo 218, del Código Penal Vigente en el Estado de Colima, cometido en agravio de Norma Gutiérrez Flores.

“SEGUNDO. Siendo las quince horas del día de hoy (2 de julio de 2012) se decreta libertad absoluta por inexistencia de delito a favor de los imputados Bibiano Moreno Montes de Oca y Luis Fernando Moreno Mayoral, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de difamación…”

Así, pues, el juez Primero de lo Penal tuvo que cumplir con lo que le ordenó el juez Primero de Distrito, luego de la instrucción que éste a su vez recibió del Colegiado de Distrito.

Fue una batalla legal que duró casi tres años (hubo que esperar un mes más para esperar que no se interpusiera algún recurso de revisión), tiempo en el cual la propia justicia federal en Colima dio por inaplicable el delito de difamación en tanto el Congreso del Estado legisla para desaparecer o modificar el artículo 218 del Código Penal del Estado de Colima.

Es decir: aun cuando una persona acusara penalmente a otra por difamación, el juez local tendría que rechazar la denuncia por haber sido resuelto por la justicia federal su inaplicación. Así, los jueces del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no pueden condenar a nadie por una falta que ya no se considera delito hasta en tanto el Congreso estatal abrogue o modifique el artículo 218 del Código Penal del Estado de Colima.

A la actual 56 Legislatura local le falta mes y medio para concluir su periodo constitucional, por lo que a sus integrantes les tiene sin cuidado la vigencia o no del delito de difamación, pues están más preocupados por su futuro político inmediato. A los diputados de la 57 Legislatura es a los que corresponderá enderezar el entuerto, si es que les interesa conocer el tema.

La tesis en la que se basa la sentencia del juez Primero de Distrito hace notar que los funcionarios (del gobierno y de representación popular) deben ser tolerantes con las críticas que les hacen los periodistas, incluso cuando sean de carácter personal pero tengan relación con la actividad pública. Obvio que no se aplica el mismo criterio cuando el ofendido es un particular.

Aunque esta tesis no está invocada en nuestro caso, viene a cuento la empleada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pleito legal entre directivos del periódico La Jornada y la revista cultural Letras Libres, que determinó que las diferencias entre periodistas deben resolverse entre ellos y no por intervención de alguna autoridad judicial.

En nuestra defensa siempre argumenté algo parecido: las diferencias entre periodistas debían dirimirse en los propios espacios periodísticos con los que se cuente, en lugar de recurrir a los tribunales: hacer esto último sólo demostraría la impotencia para enfrentar la discusión y el debate.

Así sucedió con la vocera del gobierno de Moreno Peña y con los directivos del periódico La Jornada: rehuyeron al debate y trataron de amedrentar a sus contrincantes con denuncias penales; más aún, en el caso del periódico que viene a ser el último reducto de periodismo estalinista, quiso sacar tajada económica de un pleito que ya suponía ganado.

La batalla legal en contra del que escribe y de Luis Fernando Moreno Mayoral ha concluido con el triunfo de la libertad de expresión. Al respecto, sólo haré unas cuantas precisiones pertinentes:

Más que a la vocera del fernandato, que sólo es simple peón del sátrapa Moreno Peña, la pelea se la ganamos al que pretende erigirse en una suerte de cacique pueblerino, asociado con Héctor Tacones lejanos Sánchez de la Madrid, director de Diario de Colima, el Monte Everest de la corrupción, conocido popularmente como La jaula de las locas.

En su afán de protagonismo, enfermiza actitud que le caracteriza, Moreno Peña es capaz de cualquier cosa. Nada le pide este sujeto a personajes como Mario Marín, Ulises Ruiz, Fidel Herrera, Humberto Moreira o Arturo Montiel, aunque tiene la suerte de pasar inadvertido por lo insignificante que fue siempre en el escenario nacional. De cualquier forma, de ese tipo de lacras es de las que se debe cuidar Enrique Peña Nieto, que ya ha tomado distancia de los corruptos.

Este personaje de la picaresca política local ha entablado amistad, junto con Arnoldo El profe Ochoa González, con Beatriz La sinfonola sin cable Paredes Rangel, candidata perdedora a jefa de gobierno del Distrito Federal. Tanto FMP como su viejo compañero de correrías porriles ya se hacían trabajando al lado de la priísta, pero sus sueños se volvieron humo.

Hoy, en su desesperación, Moreno Peña volvió sus ojos hacia la institución que lo vio crecer (bueno, políticamente, porque en lo físico no pasa de ser un pigmeo), es decir, la Universidad de Colima, que a fin de año contará con un nuevo rector. En su obsesión por retener el poder (fue rector de la UC), este sátrapa se ha aliado con otro ex rector (Carlos El pollonón Salazar Silva) y el que aún está en funciones (Miguel Ángel Doctor Simi Aguayo López) para imponer a un incondicional en la casa de estudios.

La duda está en si la comunidad universitaria y la sociedad colimense en general va a permitir que este corrupto político se salga con la suya.