La emergencia sanitaria del COVID 19 plantea varias condiciones y un solo resultado, al menos para México.

A diferencia con la crisis financiera de 2008-2009 la causa que la hizo estallar prácticamente se centró en Estados Unidos y el efecto fue directamente proporcional al nivel de dependencia con aquel país, ahora es diferente porque no solamente se impactó al sistema financiero, también lo hizo en el ámbito económico global con graves consecuencias en el comercio.

Solo que ahora, el mercado interno mexicano fue torpedeado en su línea de flotación y por la emergencia sanitaria se han suspendido las actividades productivas, sin que exista un programa emergente formal y estructurado para afrontar los daños.

El argumento político de la idílica recuperación de los niveles de bienestar de la sociedad mexicana que vivieron los viejos actuales a finales de los años setenta y ochenta quedó anulada y difícilmente se podrán recuperar, aún reforzando las herramientas con las que en los últimos 15 meses el gobierno trató de recrear un estado benefactor que pudo ser de bienestar. Las acciones vigentes servirán apenas como paliativo para la desigualdad que viene.

El conjunto de programas de ayuda económica directa para los ancianos, las becas para estudiantes y los de salud, por nombrar los más destacados, serán el dique de contención social para restar presión a segmentos tradicionalmente relegados durante las crisis económicas, pero son incapaces de resolver las dificultades que se presentarán una vez que se levante la cuarentena.

Las condiciones del entorno mundial serán totalmente diferentes a las actuales, empezando por Estados Unidos que se ha levantado como el principal polo de atracción económico internacional que disputará mercados de capitales y de bienes contra la alicaída China, apoyada en su influencia sobre la zona de Asia-Pacífico y Suramérica, aunque la Unión Europea, con Alemania al frente, también buscará una tajada del pastel.

En ese nuevo contexto, en México el nuevo régimen no logró modificar la estructura socioeconómica y, a pesar de decisiones políticas en materia de inversión, fortaleció en casi año y medio la concentración del ingreso y si bien la mayor parte de la población obtuvo una mejoría en el ingreso, con excepción de los jubilados y pensionados, se mermó simultáneamente su acceso a los servicios públicos y con la crisis del COVID-19 su futuro laboral es incierto.

Sin un plan económico específico para enfrentar el proceso posterior a la cuarentena, que implica el actual congelamiento de la planta productiva y de la administración pública no indispensable, establece que las pérdidas que resulten se repartirán entre toda la población.

Aunque no será proporcional ni equitativo.

Los más pobres cargarán con el costo mayor y se profundizará la ausencia de oportunidades, porque las ganancias económicas anteriores a la crisis, obtenidas en forma de beneficios o plusvalías inmobiliarias y financieras no significarán sacrificios extraordinarios porque las autoridades asumirán como pérdidas fiscales las operaciones de postergación crediticia porque para dar ese paso se requiere de autorización hacendaria. No hacerlo sería peor, aunque prevalece el tema de la injusticia.

Por eso Standard & Poor’s Global Ratings bajó la calificación soberana de México con tendencia negativa por sus perspectivas de crecimiento. El contratar deuda será más caro.

El criterio que queda, al no existir un plan estructurado, con casos prioritarios y plazos definidos ni un replanteamiento de la estructura económica, es el de la regresividad, en donde la mayoría de los ciudadanos, especialmente los de menos ingresos y patrimonio, aportarán la cuota más elevada.

Porque eventualmente se echará mano de financiamientos que, en el caso de los particulares, no se había contemplado y, para el sector público, significarán la necesidad de pagar una sobre tasa a los títulos domésticos a los que de una u otra manera se recurrirá para hacer frente a los problemas que no se han querido enfrentar desde ahora.

El riesgo es que, a partir de la emergencia y la falta de previsión, se recrudezcan las políticas de austeridad que en 2019 mostraron sus defectos cuando las decisiones no son suficientemente evaluadas y los derechos ahora tengan rango constitucional.

La percepción que tiende a generalizarse entre la población es que después de la cuarentena vendrán, junto con la crisis económica, una serie de mecanismos siniestros de socialización de pérdidas que se reflejarán en el deterioro de servicios públicos y el recorte de prestaciones sociales que golpearán a todos, pero con intensidad a los más vulnerables.

No hay elementos para no pensar que, al estallar una crisis, las reglas del juego son diferentes.

Como sea, viene otra vuelta de tuerca.

@lusacevedop