Aunque las condiciones actuales todavía no son equiparables a las de la crisis de la Influenza H1N1de 2009, el panorama es desalentador y francamente preocupante para México porque las decisiones gubernamentales no han considerado la dinámica adoptada por diversos países industriales para enfrentar los efectos económicos del coronavirus COVID-19.

Salvo que se haga algún anuncio en las próximas horas, el gobierno del presidente López Obrador se ha mantenido confiado en que el efecto de la actual emergencia sanitaria mundial será mínimo e, incluso, hasta políticamente rentable.

En buena medida lo ven de esa manera porque el número de muertes es nulo hasta ahora, y el de infectados resulta reducido si se compara con otros países; sin embargo, el impacto sobre la economía será perjudicial porque involucra la reducción o suspensión de actividades en sectores importantes para nuestra economía, que tendrán consecuencias indeseables sobre la producción y el empleo, además de que afectarán más adelante en sectores sociales vulnerables y en la pobreza.

Hasta ahora la autoridad no ha establecido acciones integrales y sistémicas para ofrecer a la sociedad certidumbre económica una vez superada la emergencia. Si bien se han establecido medidas sanitarias de distanciamiento, reducción o paralización de actividades a fin de reducir la velocidad de transmisión del virus, no están ligadas a una esperada estrategia de protección económica con apoyos fiscales o presupuestales y monetarios.

El recuerdo de la manera en que se enfrentó la emergencia de la Influenza H1N1 en 2009, expone errores similares a lo que vemos con el coronavirus actualmente y obliga a pensar en costos.

Aquella crisis sanitaria se estimó en un valor del orden de 128 mil millones de pesos, equivalentes a 9 mil 110 millones de dólares de entonces. Así, el impacto para la economía mexicana fue del orden de 1 por ciento del PIB, según informó la Secretaría de Hacienda en 2010, a partir de un estudio de la CEPAL.

Para dimensionar el valor de aquella calamidad se consideró que fue muy superior a muchos de los desastres de origen natural que ocurridos anteriormente en el país.

Las autoridades en ese momento, estimaron que la emergencia de la Influenza H1N1 había superado el costo del terremoto de la Ciudad de México de 1985; que había sido varias veces más alto que los daños y pérdidas ocasionados por los huracanes de 2005, las inundaciones en Tabasco de 2007 y varias veces también el valor promedio anual de los desastres de origen natural que habían afectado a México desde 1985 hasta entonces.

Revisar la historia muestra que la falta de oportunidad, al igual que la descoordinación económica y financiera que se observó durante la Influenza de 2009, provocó que el 96 por ciento del costo económico fue debido a los efectos provocados por la baja de producción y la menor venta de bienes y servicios, mientras que solamente el 4 por ciento fue resultado de la atención de la emergencia sanitaria.

De esa manera el PIB en 2009 fue de -6.4 por ciento, con deterioro mayor en las expectativas reales de los mexicanos.

Los sectores económicos más afectados fueron el turismo, con 37 por ciento; comercio, 36 por ciento; transporte, 13 por ciento; restaurantes, 10 por ciento, seguidos de salud, ganadería, educación y electricidad y agua, que se tradujo en retraso económico y deterioro social.

Suponiendo que hoy la lógica gubernamental sea efectiva y que el costo del coronavirus resultara equivalente al de la Influenza y que signifique 1 por ciento del PIB, se podría decir para efectos políticos que ese monto no es capaz por sí solo de modificar significativamente el crecimiento de la economía nacional hacia adelante. Pero puede requerir el desvío de recursos fiscales —con las consecuentes presiones adicionales— en un contexto de crisis económica nacional y mundial.

También por estados y municipios, el deterioro podría ser muy grave en función de su tamaño, de su estructura económica, su situación social y de su dependencia fiscal federal.

Recordemos que en 2019 la economía mexicana no creció, que ya acumula varios años sin inversión productiva y que el entorno global es recesivo y con deterioro en los precios de los productos básicos.

Urge información sobre el eventual impacto económico del COVID-19, no como “un daño colateral” sino como una externalidad agravada por decisiones de terceros países por el cierre de fronteras con sus efectos en el comercio internacional, suspensión del turismo y la percepción agrandada del riesgo país, más que a un peligro real de contagio.

Las condiciones no dan margen para impedir un segundo año sin crecimiento económico y la emergencia sanitaria mundial apunta a vivir en 2020 con tasas negativas, que podrían atenuarse si se dan muestras de voluntad política para revisar la estrategia económica.

A las previsiones de las agencias internacionales que van de -2 por ciento a -4.5, habría que agregar un punto más, por efectos de la pandemia, con lo que eso significa para la sociedad toda.

@lusacevedop