El temor de un sector de la sociedad mexicana a que el proceso electoral derive en un régimen que responda a la contradicción resultante de la globalización y la creciente desigualdad social generada por la concentración del ingreso, abrió un peligroso escenario de coacción para los ciudadanos que se ven identificados con una opción política que pudiera significar un cambio.

Detrás del argumento de la estabilidad económica y de que “más vale malo por conocido que bueno por conocer”, un grupo de empresarios han distribuido mensajes que más bien parecen promover odio y exclusión.

Los razonamientos a sus trabajadores sobre el riesgo para el sostenimiento de sus empleos se cruzan con la cancelación de inversiones si se modifica el régimen vigente.

Por su influencia económica en el ámbito de los negocios y por la hipermediación que implica el internet, sus explicaciones han trascendido rápidamente al conjunto de la sociedad con efectos que tienden a polarizar el proceso democrático y que pueden llevar a la crispación.

Proponen razonar el sufragio, pero no libremente, sino escoger a quien garantice el mantenimiento de la situación actual, como si fuera la mejor para todos.

Hablan del riesgo que puede significar ceder los privilegios fiscales y comerciales o de las condiciones prevalecientes desde el gobierno de Felipe Calderón que -mediante las asociaciones público-privadas, por ejemplo-dejaron la riqueza de la nación en manos de una parte de los particulares y en detrimento de la sociedad en su conjunto.

De entonces a la fecha, los cambios a las normas intensificaron la legalización de la corrupción y convirtieron al Estado mexicano en un instrumento de promoción de los intereses privados.

Pensar en un eventual cambio de paradigma les resulta no solo aterrador sino peligroso, para ellos, claro.

Sus dichos sugieren que el porvenir debe seguir siendo confortable, como si sus ganancias se tradujeran en dinámicas inversiones productivas, mejoría tecnológica y capacitación para sus trabajadores, si hubieran procurado promover la inclusión social mediante oportunidades o favorecieran la tolerancia, para dar sustento a los derechos de todos los mexicanos.

Esos llamados, hechos con proverbial ligereza, dejan en claro su coacción al voto.

Quizá lo hacen porque para los particulares no se le considera un delito electoral, pero al estar contemplado en el Código Penal Federal puede ser atendido por la autoridad judicial porque su intención es impedir que otra persona lleve a cabo algo que la ley no prohíbe, o al inducir a alguien a que haga algo que no desea hacer ni está en su contrato, se incurre en una imposición que cancela el libre albedrío.

La percepción de cambio, junto con el hartazgo popular a los abusos y el debilitamiento de las condiciones que durante años favorecieron estructuras de privilegio, muestran la desesperación de un sector de la sociedad a la posibilidad de que el interés popular gobierne, como si la historia del PRI no se hubiera basado en ese término ahora despectivo, o incluso en la del PAN durante sus 12 años de mandato.

Es grave que a estas alturas del proceso electoral se quiera introducir entre los votantes un mensaje de intolerancia, exclusión y animadversión para coartar libertades ciudadanas.

Mala estrategia, sin duda.

@lusacevedop