En la crispación de la crisis despertó la discusión sobre la ética en la política, la función pública y la economía.

El debate entre lo que es versus lo que debe ser.

Federico Arreola puso la puntilla esta mañana.

Sostiene: Carlos Salazar, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tiene la responsabilidad ética de pedir a los grandes empresarios que paguen lo que deben de impuestos al fisco, 50 mil millones de pesos, (AMLO le envió una carta con los nombres), o perderá la credibilidad moral, de hombre probo, de que ha gozado hasta ahora.

¿Es cierto?

¿Faltaría el dirigente empresarial a su responsabilidad ética si no hace ese exhorto a los empresarios que adeudan dinero al fisco?

A mi modo de ver, el tema no es tan simple.

De entrada, si deben al fisco, en efecto, tienen que pagar.

No conozco detalles. Ni sé que responderá Carlos Salazar. Si conminará a los empresarios a pagar tales adeudos, excelente, es su libre albedrío. El dinero hace falta como dice el presidente para insumos de salud. También puede decir que no está en su rol de dirigente empresarial, y, si hay litigio entre el SAT y dichas empresas, debe dirimirse. O puede no responder, y pensar - para sí mismo- que no es justo demandar estos adeudos en la antesala de un tsunami económico. Ergo: que no es ético.

O considerar que no es justo, o ético, transmitir el mensaje que el presidente le solicitó después de que el propio mandatario, como lo dijo ayer Salazar, les cerró las puertas a las demandas de apoyo a la planta productiva del país para evitar una gran crisis en el 2020, porque - en ausencia de ese programa- las empresas enfrentarán un entorno mucho más grave y es preferible pelear en los tribunales el cumplimiento de estos adeudos fiscales.

¿Entonces, por ética, debe, o no decirles a los empresarios que paguen estos impuestos que adeudan?

 

TEMA RESBALADIZO

La ética en los temas de política pública es un tema resbaladizo.

Hace muchos años mis profesores de los primeros cursos de economía me enseñaron la diferencia entre lo que es (la economía real), y lo que debe ser (la ética).

Si, por ejemplo, un huracán devasta las cosechas de tomates y recorta abruptamente la oferta, ¿es ético o no subir el precio? Partiendo de lo que es, de cómo opera el mercado, la oferta (decreciente) y la demanda (que no cambia o quizá bajará advirtiendo la escasez), hará subir los precios de modo que las amas de casa no tendrán más remedio que comprar menos tomates a costo mayor. Difícilmente los agricultores se dejarán llevar por pensamientos franciscanos, éticos, de no subir el precio. Aún si lo mantuvieran pese al huracán, ante la menor oferta, los consumidores se atropellarían entre sí mismos, se arrebatarían los tomates, y no alcanzaría para todos.

Por mi experiencia este predicamento, entre lo que es y lo que debe ser, es el origen de una gran confusión en el análisis de las políticas públicas.

Ahora, utilizando una frase de moda, este predicamento se aplica, como anillo al dedo.

Los empresarios (más allá de la petición del presidente de que quienes deben al fisco paguen), han visto cortados abruptamente sus ingresos por la crisis detonada por el microbio. No hay clientes. Muchos están en sus casas. Y los que están en aislamiento tiene menos dinero. Compran menos a los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios dependiendo de donde se encuentren en la cadena productiva. Si sus ingresos se desploman, ¿es ético o no es ético despedir gente? Puede ser que en muchos casos a sabiendas de que están afectando familias tengan que recortar de trabajadores para no quebrar.

 

DRAMA PLANETARIO

Este es el drama de la actividad productiva a escala planetaria, además del otro: de la pandemia de salud.

Por estar arrinconados, para no quebrar, decenas de millones de trabajos han sido despedidos en todo el orbe en pocas semanas. Cientos de miles de empresas, aún con eso, quebrarán. Es la crisis más severa desde la Gran Depresión, de 1929.

No es ético. No. Pero no ha habido salida.

En Estados Unidos, según una publicación de prensa de esta mañana ¡16.8 millones de norteamericanos han tramitado beneficios de desempleo en sólo dos semanas! Ayer veía una nota del Wall Street Journal, el diario financiero más influyente de los Estados Unidos, señalando que el porcentaje de desocupación en el segundo trimestre del año, en el epicentro de la crisis, escalará a 16% de la fuerza laboral. Luego bajará dependiendo del éxito de las medidas de aislamiento para contener la letalidad del virus.

Esto pasa en un país que ha implementado el plan de apoyo a los trabajadores y empresas más grande desde la Gran Depresión. No ha sido ético, pero tienen que despedir trabajadores. No hay margen de maniobra. Las empresas tienen que tomar decisiones frías.

En México, de acuerdo a las cifras que ayer circuló la Secretaría del Trabajo, en tres semanas (sólo en tres semanas) las empresas despidieron a 350 mil trabajadores. Una cifra similar al de la cantidad de empleos que se creó el año pasado, cuando la economía estuvo estancada.

Y esto sucede en un país, como México, donde no hubo un plan de emergencia económica para la planta productiva y el empleo, como en Perú o El Salvador, de 3 o 4% del PIB, no se diga en Europa o Estados Unidos que han destinado hasta más del 10% del PIB a la severa contingencia económica.

Pregunta:

 

LAS PREGUNTAS

¿Es ético, en estas circunstancias, divulgar la lista de empresas que han despedido gente como lo hizo esta mañana la secretaria del Trabajo en la conferencia mañanera?

¿Es ético tensionar la liga (como decía ayer) con los empresarios previo a una gran crisis en la que podrían perder su trabajo por lo menos un millón de trabajadores, y es esencial trabajar codo a codo con el sector productivo del país; y, más aún, ¿buscar un gran acuerdo nacional con el concurso de representantes de toda la sociedad para enfrentar la crisis sanitaria y económica?

En este tenor hay muchas preguntas controvertidas sobre la ética de las decisiones de política económica de la actual administración.

Me quedo sólo con esas dos, que ilustra el resbaladizo terreno de aplicar criterios éticos a las conductas de política pública.