En la entrega anterior establecimos las bases teórico-metodológicas y conceptuales de nuestro análisis y de la tesis presentada: el caso de corrupción sistémica ejercida por Emilio Lozoya es el sustrato de una operación con agentes corporativos transnacionales privados y los exponentes de mayor nivel de un gobierno nacional, para generar una captura del Estado mexicano, mediante la estructuración de una mafia de Estado, de una red criminal para el saqueo de las finanzas públicas y el despilfarro de recursos energéticos mexicanos.

Dentro de esa lógica criminal, nuestra hipótesis interpretativa es que la actuación de la red de asociación criminal cumplió la primera etapa del proceso mediante el logro de tres objetivos de corto plazo: i) concertar un pacto transexenal de impunidad entre el presidente saliente Felipe Calderón y el presidente entrante Enrique Peña Nieto; ii) parte de este acuerdo fue el silencio de FCH a la operación de compra del proceso electoral y del propio cargo de presidente de la República; y el decreto de FCH sobre la aplicación de altos aranceles al etileno, que era uno de los megaproyectos ya acordados con Odebrecht-Brasil, insertaba a FCH en la cadena de complicidades que llevaron después al Proyecto Etileno XXI, que desfalcó las finanzas públicas mexicanas.

Uno de los “negocios fraudulentos” más escandalosos de este caso es la compra de la empresa Agro Nitrogenados, que pertenecía al grupo de empresas nucleadas en Altos Hornos de México SA. En realidad este proceso tiene sus antecedentes directos en la compra apalancada que hace el Sr. Alonso Ancira de Altos Hornos de México durante el gobierno de Carlos Salinas, en 1991. Rápidamente, en 1999, entró en suspensión de pagos con sus acreedores (debía ya 2,300 millones de USD) y con el propio fisco mexicano. Se acogió a la entonces vigente Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que permitía no liquidar sus adeudos fiscales, convertir sus deudas en moneda extranjera a pesos y congelarla. Ante la presión de los acreedores internacionales, la SHCP giró una demanda penal contra el Consejo de Administración (2003) por fraude fiscal. Sus acreedores tuvieron que vender la deuda en el mercado de fondos libres a una parte pequeña de su valor total. Ante los problemas, el Sr. Alonso Ancira estuvo refugiado en Israel un buen tiempo. Ya se las sabe.

Fue hasta 2016 que la empresa AHMSA puso final a su postura de suspensión de pagos, a pesar de que desde 2013 siendo Lozoya director de Pemex se produjo la compra a sobreprecio fraudulento de una de las empresas del grupo, Agro Nitrogenados, dedicada a la producción de fertilizantes, una operación para Pemex de 475 millones de USD, $275 del costo de adquisición de la empresa y $200 millones más de inversiones (que ya correspondieron al nuevo propietario, a Pemex), para una planta sobreendeudada, obsoleta en sus equipos y en suspensión de actividades. Toda una joya corporativa la adquisición. Se estimó que el sobreprecio pagado por la empresa del Estado fue de 90 millones de USD. (Análisis hecho por Quinto Elemento Lab, 2018); a valor actual, unos 1,800 millones de pesos. Nada más.

Es decir, aparte el “empresario” vendedor se llevó una inmensa tajada como regalo. Y luego repetían mil veces frente a los medios de comunicación que Pemex era una empresa financieramente inviable, que tenía una altísima deuda en dólares americanos, y que no tenía dinero para hacer las inversiones que se requerían para ser competitiva. Este discurso pasará a ser conocido en la historia nacional como una de las más gigantescas patrañas políticas y económicas que se haya conocido. Fueron inmisericordes y perversos hasta la demencia con una parte muy importante del patrimonio nacional. Este es el tipo de “libre mercado” y “libre empresa” que se practica en México, al que el ex director del Sistema de Bancos de la Reserva Federal de EU, Alan Greenspan, llamó “el capitalismo de compadres”. Se quedó corto, es el “capitalismo criminal” de las mafias de Estado organizadas. En el fondo no tiene nada que ver con el capitalismo real como lo hemos estudiado y conocido los economistas y otros científicos sociales.

Agro Nitrogenados, que fue comprada en 2014 por Pemex a AHMSA del Sr. Ancira Elizondo, es una planta ubicada en Pajaritos-Coatzacoalcos, Veracruz, para entonces, una planta chatarra, por ello se le tenían que invertir 200 millones de USD para ponerla a funcionar de nuevo, en el contexto de un Plan de Reactivación de la producción de fertilizantes por parte del sector paraestatal en México, con la proyección de producir 990,000 toneladas de fertilizantes al año, pero se trataba de una planta que tenía una obsolescencia técnica de 30 años y 20 años parada. Se dijo también que esta planta produciría “Urea” (un compuesto orgánico blanco y cristalino que puede transformarse, fabricarse y comercializarse como fertilizante agrícola, y como materia prima para la fabricación de medicamentos y resinas sintéticas). La promoción del supuesto proyecto de recuperación nacional de la producción de fertilizantes encubría los verdaderos proyectos criminales, usando articuladamente grandes factores de poder corporativo interno-externos como el Grupo AHMSA y Odebrecht-Brasil, y/o su filial mexicana Braskem.

¿Qué les hacía pensar que era la planta indicada para un objetivo de producción tan ambicioso? Construir una nueva desde cero claro que sería muy tardado y quizá más caro. Pero de allí a pagar sobreprecio, solo se puede explicar en términos de las asociaciones delictivas, las “coimas” a pagar y la impunidad para la red. Con este mismo motivo compró también Pemex FERTINAL (antes Fertimex que Carlos Salinas vendió al Sr. Ancira, en 1991), pero que trataremos después. Creo que acciones tan demenciales obedecían a que en sus cálculos inmediatos no estaba la posibilidad de perder el poder para aquellos que estaban dentro del pacto de impunidad transexenal, pero se equivocaron rotundamente. Los mató la confianza.

Con la operación de Agro Nitrogenados avanzaba el proyecto criminal de desarrollar la mafia de Estado para el saqueo del erario público y el megaenriquecimiento personal y de grupo, porque después de consumada la compra se efectuaron transferencias hacia empresas fantasma de “paraísos fiscales” (les llaman así porque no hay prácticamente ninguna autoridad supervisora de esas empresas, en lugares como Mónaco, Bahamas, Islas Caimán, Islas Caicos, etc.), como es el caso de “Zacapan SA”, controlada por Emilio Lozoya, en donde se depositaron 5 millones de USD para este último, provenientes de AHMSA y de Odebrecht-Brasil mediante la firma fantasma de esta última empresa de nombre “Grangemouth Trading Company”. (https://www.sinembargo.mx/25-06-2019/3599933)

Se cresaron también fondos de inversión en paraísos fiscales con otras coimas que le fueron entregadas, como Latin America Asia Capital (Islas Vírgenes), JF Holding (en Suiza), incluso, para administrarlos después de que dejó de ser funcionario público, como está también el caso del Fondo de Inversión Mackech Capital (en 2016) con sus ex colaboradores con domicilio fantasma en Ciudad de México (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Makech-el-misterioso-fondo-creado-por-Emilio-Lozoya). A esto es a lo que el titular de la UIF, Dr. Santiago Nieto, llama “la operación financiera global” de Emilio Lozoya, que abordaremos como conjunto después.

Obsérvese como las redes criminales tienen siempre un origen común entre sus integrantes: las empresas que el gobierno de Salinas vende, las compra décadas después casi inservibles o con problemas mayúsculos y a sobreprecio el gobierno de Enrique Peña Nieto, del que Salinas era “asesor”. Tan es así que en los últimos días, según fuentes de prensa, Emilio Lozoya declaró en su segunda audiencia judicial desde el hospital en que se encuentra, que quien preparó técnica y financieramente todo el proyecto del “negocio” de la compra de la planta chatarra fue Carlos Salinas de Gortari y que envió en distintas ocasiones a su hijo para generar presiones ante probables dudas o retardos del director de Pemex. (sic)

Ello implica también como hipótesis plausible que el Lic. Carlos Salinas de Gortari, con familiares y con sus más cercanos colaboradores, actúa como poder factico dentro de esta hipótesis de red transexenal, teniendo como cabeza visible a Emilio Lozoya, una red que se fue tejiendo paulatinamente y que es lo que se ha empezado a procesar en los tribunales mexicanos. En la teoría, los poderes fácticos –como el propio grupo empresarial del Sr. Ancira, la empresa Odebrecht y sus filiales– son el motor de las redes que pueden llegar a convertirse en redes de impunidad criminal, porque ejercen un poder de carácter informal, no constitucional, en las altas decisiones de que toman los gobiernos nacionales para insertar plenamente sus intereses corporativos en ellas, a costa del interés nacional, del erario público, etc.

Son los personajes políticos o los grupos de poder institucionalizados los que brindan la cobertura a la acción corporativa privada como poderes fácticos, dándole status legal mediante decretos, cambios en las leyes nacionales y otras figuras legales. Pero detrás de esa aparente legalidad es posible desenmarañar ilegalidades, crímenes cometidos. Es legal comprar una empresa pero no pagar sobreprecio y distribuir coimas (sobornos). Es legal abrir una empresa en el extranjero, pero no usarla como fachadas solamente para guardar-ocultar sobornos producto de acciones fuera del marco constitucional. Un funcionario público no puede acceder a ese tipo de sobornos, y como toda esa dinámica va envolviendo a cada vez más personas con poder fáctico, personajes del Estado, empresas, entonces por estas poderosas razones la red transexenal puede criminalizarse, adquirir una dimensión transnacional y requerir como conditio sine qua non para su mantenimiento y prosecución, la necesidad de gozar de impunidad, y ello solo se lo puede asegurar la más alta autoridad de un país, mientras pueda hacerlo.

La teoría de la captura del Estado no significa que la totalidad de los espacios de la administración y del poder público estén en manos de las redes criminales de macroasociación delictuosa. No, sino los espacios en donde se toman decisiones fundamentales con toda la autoridad político-institucional necesaria. Allí ya no gravitan los intereses de la sociedad nacional ni del propio Estado, sino de los poderes fácticos al margen y hasta contrarios al interés nacional.

En ello puede haber aliados en las cámaras legislativas, en el sistema de partidos, en la sociedad civil, hasta en los tribunales constitucionales (como se ha evidenciado muchas veces en México), pero el espacio capturado mediante la constitución de una mafia de Estado es el del primer círculo de poder del propio Estado. Por consiguiente, la corrupción; es decir, las prácticas criminales de los hombres y mujeres del Estado, se vuelven un patrón dominante dentro de las instituciones públicas: las empresas productivas del Estado, la hacienda pública, el Poder Ejecutivo, etc., se convierte en un patrón sistémico, estructural y rebasa los límites de la corrupción política, del desvío de recursos del erario, del robo de los procesos electorales e imposición fraudulenta de autoridades y representantes públicos, estos son el instrumento primario para estructurar luego la red criminal o para insertarse en ella.

Han dicho que Emilio Lozoya es un “colaborador incómodo”. Es increíble la falta de entendimiento del caso, la superficialidad con que se lo observa. Tampoco es solo representante de una “plutocracia gansteril”. Es mucho más. Es muy probablemente la punta de una madeja de red criminal, de una mafia de Estado que desarrolló un proceso transnacional de captura del Estado mexicano en los términos en que lo hemos explicado antes y en nuestra entrega anterior. Y ello trasciende a las personas en lo individual.

Continuamos con una próxima entrega.