En la entrega anterior establecimos los criterios centrales de lo que podemos considerar un modus operandi, un modelo de rescate privado mediante compra fraudulenta de empresas como Agro Nitrogenados o grupos empresariales como Grupo Fertinal, en quiebra financiera por sobreendeudamiento, en suspensión parcial o total pagos y de actividades, adquiridas a precios muy superiores a su valor técnicamente constituido (según condiciones técnico-operativas, financieras, administrativas) y con diversos problemas legales (demandas en su contra) y también de su valor de mercado como algunas empresas del Grupo Fertinal:

“Las consultoras Price Waterhouse Coopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), así como la Auditoría Superior de la Federación habían advertido que Fertinal se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y que sólo disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas” (Animal Político, 18 de junio, 2019). Esto es terror económico de Estado.

La operación de concretó a costa de las débiles finanzas y del patrimonio de Pemex ante una caída drástica de los precios internacionales del petróleo en el bienio 2014-2015, lo que a Pemex le costó una pérdida de ingresos en divisas estimada para 2016 de entre 18 y 19 mil millones de dólares. Tremendo descenso de ingresos y todavía la sangraron más. Querían desaparecerla.

El inicio del proceso es el Pacto Transexenal Calderón-Peña Nieto, la compra de la Presidencia de la República en la elección de 2012, el silencio cómplice de la dupla Calderón-Meade ante la compra del proceso electoral y el cargo público, y los compromisos hechos por ambos presidentes de la República con la empresa brasileña (y otras) durante sus respectivos gobiernos.

La compra criminal (por el sobre precio, el enorme endeudamiento para que Pemex lo asumiera, las “coimas” repartidas, que parece ser llegaron hasta Los Pinos, etc.) de Grupo Fertinal fue tan escandalosamente corrupta que a mediados (junio) de 2019 la prensa nacional informó que el ex presidente EPN estaba siendo investigado por las autoridades de EU por un presunto soborno en el contexto de la compra corporativa señalada.

“De acuerdo con documentación entregada por un “informante” bajo pena de perjurio, según las leyes de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de ese país y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera (….) para que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, “cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda” (El Universal, 16/07/2019).

Explicando: cuando una empresa de cualquier país cotiza en alguna de las Bolsas de Valores (Acciones y Deuda) de cualquier país (Pemex tienen en EU algunas empresas registradas allá como entidades privadas, la principal PMI, Petróleos Mexicanos Internacional) o cuando toman deuda con agentes financieros-bancarios internacionales ubicados en EU (como Grupo Fertinal), la cotización de sus acciones en Bolsa y/o su deuda está documentada y regulada por el organismo competente, que es el Security Exchange Commission (SEC), y cualquier anomalía que se registre debe ser investigada por las autoridades regulatorias. Es el caso de la compra de Grupo Fertinal por parte de Pemex, que puede vulnerar la inversión de los tenedores en EU de los bonos de deuda de cualquiera de las dos empresas. Pero ya actúa también en EU el Departamento de Justicia. Como decimos en México coloquialmente: “el tiro va derecho”.

El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno —a Peña Nieto— que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer, pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación de compraventa. Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”, argumentó el informante en declaración la SEC” (Animal Político, ídem).

Pero, existen otras fuentes que consignan que el “fideicomiso 470”, que se instituyó en una sucursal de Banco Azteca de EU, involucra directamente a la organización bancaria, ubicada en EU, porque conlleva que se usó el sistema bancario de aquél país, y esto automáticamente vuelca a las instituciones regulatorias y de supervisión a la atención del caso, en el supuesto de ser cierta dicha aseveración. Todo está ahora en investigación. Pero son casos insólitos en México, por ello la FGR ya abrió una carpeta de investigación sobre el caso; es decir, el tema se investiga ya también en nuestro país. Se habla de una “coima” para el ex presidente de 20 millones de dólares. El “fideicomiso 470” fue el “mecanismo a través del cual se consumó el soborno”. Entonces, hay personas e instituciones involucradas.

La revista Proceso, de fecha 21 de junio de 2019, de la pluma de Mathieu Tourliere, aportó también detalles de esta operación que se perfila para ser uno de los más grandes robos al patrimonio del Estado y casos de corrupción de Estado:

“Pemex compró la empresa por 203 millones de dólares, cuando en realidad valía 15 millones de dólares, y desembolsó además 406 millones de dólares para reembolsar la deuda que la empresa debía a compañías de Salinas Pliego. Entre las deudas de la empresa se encontraba un dividendo de más de 50 millones de dólares, que los accionistas se aprobaron a sí mismos en septiembre de 2015, con la garantía de que Pemex compraría Grupo Fertinal y que Banco Azteca distribuyó a través del fideicomiso F/470″ (citado en Aristegui Noticias, 18 de agosto, 2020).

Pero hay más:

“Banco Azteca (propiedad de Salinas) era el mayor acreedor de Fertinal antes de la compra y, al mismo tiempo, también era uno de los propietarios beneficiarios de Fertinal, lo cual está prohibido por las leyes bancarias mexicanas, de acuerdo con el informe a las autoridades estadounidenses, que investigan este caso ya que Pemex cotiza en el mercado de valores de dicho país”. (La Política On Line, Edición Argentina, 18 de agosto, 2020).

Es increíble el nivel de discrecionalidad, de desparpajo con que se actuó en las épocas de “adelgazamiento del Estado”, de “libre empresa” y “libre mercado” en contra de Pemex, la ambición desmedida, enfermiza, la forma múltiple en que expoliaron a esta empresa símbolo del nacionalismo mexicano y del pensamiento revolucionario de 1910-17, del esfuerzo por el desarrollo económico-social, del llamado nacionalismo revolucionario, o si se quiere, de la “herencia del cardenismo”, probablemente no tiene precedentes internacionales, salvo en la Federación de Rusia del alcohólico de Yeltsin. Toda esa herencia política-revolucionaria e ideológica es repudiada por la derecha pro-yanqui mexicana en sus distintos matices: católica-reaccionaria, neofascista o neoliberal-autoritaria. Su odio a Pemex es patológico pero también genético: está en el ADN de su pensamiento político y su programa económico para un México absorbido por el país del norte. No olvidar el comentario del ex presidente Ernesto Zedillo cuando se dio a conocer ya concluida la reforma energética de EPN: “Ni en mis sueños más salvajes me hubiera atrevido a hacer algo así”.

El caso de “Etileno XXI”: trata de un proceso criminal consumado de la mano de una empresa transnacional de origen brasileño, Odebrecht, en dos sexenios continuadamente, con una filial en México de la empresa brasileña como Braskem y otra mexicana como IDESA:

  • Este entramado comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, el 6 de noviembre de 2009, cuando Braskem e Idesa ganaron la subasta promovida por Pemex Gas y Petroquímica Básica (actualmente llamada Pemex Transformación Industrial) para suministrar 66 mil barriles diarios de gas etano, que serían usados como materia prima en el complejo petroquímico de Coatzacoalcos, Veracruz.

  • La parte álgida del negocio empieza cuando se empieza a concretar el proyecto denominado “Etileno XXI” (mediante una planta ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, propiedad de Braskem-IDESA) para cuya concreción rentable se firma un contrato (19 de febrero, 2010, sexenio de FCH) en el cual Pemex se obliga a vender a Braskem-IDESA 66 mil barriles diarios de “gas etano” durante 20 años, y se acuerda un descuento en favor de las empresas privadas de 20%. El suministro debía ser de producción propia de Pemex o mediante proveedores extranjeros, y en caso de incumplimiento por Pemex, las sanciones serían multimillonarias.

  • Se ha comentado recientemente que en realidad el descuento era de 29%, desde luego, muy por debajo del precio de mercado. Este fue un dato ocultado a la opinión pública hasta muy recientemente. La inversión inicial proyectada fue de 2,000 millones de dólares, pero terminó siendo de 5,000 millones de dólares. Bajo esas condiciones, el negocio tendría un valor de 2,500 millones de dólares anuales, ante un suministro a precio preferencial durante dos décadas.

  • Durante el gobierno de Felipe Calderón, en un afán de legitimar lo inaceptable, se establecieron “Mesas de Análisis” durante 2009 sobre el proyecto, tanto en Los Pinos, SHCP y Secretaría de Energía. (INFOBAE, 18 de agosto, 2020). Año en que precisamente el dueño del consorcio brasileño, Marcelo Odebrecht, estuvo en México y se entrevistó con el presidente Felipe Calderón, pero también con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

  • Durante 2017 desde diferentes investigaciones periodísticas se informó que el gobierno de Felipe Calderón firmó entre 2009-2012, 11 contratos por un monto total de 10.5 millones de dólares. Así que el negocio estelar era Etileno XXI.

  • En abril de 2011 el Consejo de Administración de Pemex (Sesión Ordinaria 827), para entonces encabezado por José Antonio Meade, secretario de Hacienda (sexenio de FCH) recibe un informe de parte del consejero Rogelio Gasca Neri, sobre las anomalías de dicho contrato, pero omite actuar para enmendar en alguna forma o medida la situación.

  • José Antonio Meade firma un decreto una semana antes de que concluya el sexenio de FCH, que aumenta el impuesto a la importación del polietileno, beneficiando los términos del contrato con Braskem-IDESA y afectando a sus posibles competidores, porque estos tendrían que importar este insumo y el producto sería más caro y menos competitivo. Favorecen así el mercado para Braskem-IDESA.

  • El 29 de octubre de 2012 (un mes antes de entregar el poder a Peña Nieto) Pemex entrega un contrato vía adjudicación directa para la construcción de un ducto que transporte el “gas etano” a la planta del comprador (la empresa IEnova), contrato formalizado en diciembre de 2012 ya en el sexenio de EPN, con un costo para Pemex de 267.8 millones de dólares, que después sube a 371.4 millones de dólares, cuyo director general y presidente del Consejo de Administración de esa empresa era (y es) Carlos Sacristán (quien fue funcionario en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en SHCP, en Banco de México y en SCT), muy cercano, además, a Emilio Lozoya, puesto que ambos fueron parte del Consejo de Administración de la empresa española OHL entre 2010-2012.

  • Observen cómo para facilitar la venta del producto en cantidades muy elevadas al cliente de Braskem-IDESA, se construyó un ducto que facilitara las operaciones, pero el costo muy elevado del mismo lo incurrió Pemex. Son privilegios inauditos para agentes corporativos privados transnacionales a costa de la empresa productiva del Estado. Sin embargo, el ducto debía ampliarse y así fue.

  • El proyecto contempló la construcción de un etanoducto de 226 kilómetros, para conectar los centros de procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el Complejo Etileno XXI, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al Complejo Etileno XXI.

  • Ya instalado en su sexenio, EPN acuerda iniciar operaciones a más tardar el 20 de junio de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectó la generación de valor económico alguno desde este proyecto en favor de Pemex en todo 2016.

  • Ya en el sexenio de EPN ante la imposibilidad de Pemex de suministrar los 600,000 barriles de gas etano diarios a Braskem-IDESA, su gobierno tuvo que pagar una sanción de 2,800 millones de pesos por incumplimiento. (Polemón, 18 de junio, 2020) https://polemon.mx/corrupcion-de-calderon-y-epn-en-etileno-xxi-. Pemex tenía que completar el suministro comprando el producto a un proveedor externo que se lo vendía al precio de mercado, pero Pemex debía cumplir vendiéndolo 29% menos a su cliente, lo que implicaban pérdidas descomunales. Qué pésimo “negocio” hizo Pemex”, inaudito.

  • En julio de 2015 (sexenio de EPN y con Lozoya en la dirección general de Pemex), el Consejo de Administración autorizó que el monto del contrato por 20 años y 6 meses de vigencia por el transporte (el llamado “Etanoducto) pasaría de 982 millones de dólares a 1,346 millones de dólares, con una tarifa anual de 65 millones 746 mil dólares por cambios de diámetros en los ductos, de válvulas, instalación de calentadores y problemas sociales, inversiones que absorbía Pemex. Todo eran pérdidas para la paraestatal.

La afectación a las finanzas de Pemex se ha estimado en 6,000 millones de pesos (ASF) con pérdidas por otros 40,000 millones de pesos en los años posteriores a la firma del Contrato de Suministro con descuento (El Economista, 19 de junio, 2018). Los privilegios otorgados en condiciones extraordinarias a Braskem-IDESA no pueden ser legales si se afecta a la empresa que suministrará el producto. No existe una racionalidad mínima de administración financiera que avale decisiones de este tipo, solo puede procesarlo una Mafia de Estado que estructura una red de criminalidad para ser protegida con impunidad desde la Presidencia de la República. Capturaron el Estado mexicano para sus propios fines.

Está en proceso la descaptura del Estado con el juicio a Lozoya, sus delaciones de cómplices y la aplicación extendida de la justicia mexicana. Hoy el presidente AMLO ha dicho que se estudia la forma o vía jurídica de derogar todos los contratos firmados con la filial brasileña. Se aproxima un conflicto jurídico que llegará a Tribunales Internacionales, tal vez, si no se logra un acuerdo de mutuo beneficio. Por lo pronto, ante las denuncias de Lozoya, empezó la “guerra de demandas” y el litigio de las denuncias en los medios electrónicos. Los acusados se quieren convertir en acusadores haciendo alarde de sus habilidades leguleyas.