En México la ley prevé las expropiaciones cuando son con fines de UTILIDAD PÚBLICA, y en el estado de Sonora, tan de moda en la agenda de los medios a últimas fechas, parece haber varios casos que perfectamente caerían en los supuestos que las leyes contemplan. Uno es el ecocidio provocado a dos ríos por empresas subsidiarias de GRUPO MÉXICO, donde más allá de las medidas correctivas como sanciones y compromisos contraídos por parte de las empresas responsables, bien cabría la posibilidad de eventuales expropiaciones, más allá de reparación y compensación de daños, y convertirlas ¿por qué no? en "empresas productivas del Estado" (así como los son ahora PEMEX y la CFE), la Constitución lo permite, y el Estado se allegaría de recursos (directos) y adicionales provenientes de la operación de estas empresas, que no está de más mencionarlo, dejan millonarias ganancias a GRUPO MÉXICO, que encabeza Germán Larrea. Otro ejemplo en Sonora mismo es el caso de la presa construida al interior de un rancho propiedad del gobernador panista Padrés, de más de 3600 hectáreas, en una entidad donde sus campesinos y habitantes padecen de la falta del vital líquido, y que se construyó en los tiempos de Calderón en la presidencia, y sin ningún permiso ni concesión federal, algo inaudito, pero cierto, en lugar de eventualmente destruir la presa (como ya lo mencionó el director de CONAGUA), lo que pareciera (a no ser que la presa constituya también un grave daño ecológico) más viable sería la expropiación de dichas tierras, para beneficio de campesinos de dicho estado, precedentes existen, y uno (relativamente reciente) es el caso del rancho "El Gargaleote", propiedad del cacique de San Luis Potosí Gonzalo N. Santos, y expropiada en el sexenio de López Portillo.
Estos casos concernientes al estado de Sonora, son una muestra perfecta de cómo en la docena 2000-2012, se perdió todo respeto a la ley, por parte de (en estos casos) empresarios y políticos, GRUPO MÉXICO de Germán Larrea y otras poquísimas familias se aprovecharon de la ausencia casi total de estado de derecho para cometer todo tipo de arbitrariedades y abusos, el Gobierno actual trata de corregir esto y casi a diario lo vemos, pero no es suficiente lo hecho hasta hoy, y una buena lección que sentaría un extraordinario precedente, seria que el Estado mexicano actuara con todo el peso de la ley en estos tan últimamente comentados casos, y que se revierta la situación de sometimiento de las leyes e instituciones del Estado a estos grupos de poder, que en situaciones como las que ahora vemos, saltan a la vista el tremendo daño al bienestar común.