Jalisco fue de los primeros estados del país en anunciar una Fiscalía Especializada en Desapariciones y en tener una Comisión Estatal de Búsqueda, pero a pesar de ello, se ubica entre las entidades que encabezan la lista con mayor número de personas desaparecidas. Los jóvenes se han convertido en carne de cañón para las mafias que se disputan “la plaza”; son “levantados” y entrenados como criminales para obligarlos a cumplir los truculentos fines del crimen organizado. De acuerdo a investigaciones y testimonios de quienes han logrado escapar de sus captores, los que se niegan a colaborar son ultimados para luego, si acaso, ser encontrados en fosas clandestinas. Frente a esta perversa realidad que se vive en el estado, es natural la indignación del sector estudiantil que acompañados de maestros, administrativos y padres de familia han salido a marchar a las calles para reprochar a las autoridades la inacción e ineficacia para erradicar ese flagelo.

El estado gobernado por Enrique Alfaro Ramírez, tiene en su haber más de 7 mil 500 personas no localizadas, 38 por ciento de ellas entre los 14 y 29 años de edad de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). En 2018, y lo que va de este año, se sumaron a esta estadística cuatro estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sin que las investigaciones que realiza la Fiscalía de Desaparecidos arroje algún avance en su localización.

Son principalmente los jóvenes los que encabezan la estadística, ocurre que el estado ha sido incapaz de garantizar la seguridad del regreso a casa de los muchachos que acuden a recibir su educación en las diferentes instituciones ya sea de educación pública o privada.

De ahí que el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Máxima casa de Estudios de Jalisco, Jesús Medina, junto con el Rector General, Ricardo Villanueva, han estado encabezando las exigencias a las autoridades para que movilicen la búsqueda para dar con el paradero de los desaparecidos, y más recientemente con la localización del joven de 20 años de edad, Adrian Ponce Morales, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales en el Centro Universitario de la Ciénega (CUCI), quien desapareció el pasado 31 de julio.

La exigencia es que se le localice con vida. El presidente de la FEU ha lanzado fuertes críticas por la vulnerabilidad y la ausencia del estado para garantizar la seguridad de los estudiantes, al tiempo que ha denunciado recibir decenas de reportes de presuntas desapariciones de estudiantes, que en realidad son extorsiones, por las que se han pagado hasta diez mil pesos.

Conforme a la información que tiene la propia casa de estudios, en la entidad son 30 municipios los que concentran el mayor número de desaparecidos, en especial los del área metropolitana de Guadalajara, y las cabeceras regionales.

En los primeros siete meses del año se han abierto 1267 carpetas de investigación por homicidios dolosos en el estado. “Esto quiere decir que en promedio, en Jalisco se abre una carpeta de investigación cada ocho horas de una persona desaparecida, y cada dos horas con 40 minutos, de una persona asesinada en este estado”, apuntó Jesús Medina.

“Separan al estudiante, todo lo hacen vía telefónica, y al parecer las llamadas vienen de otro estado (…) cuando tenemos un caso de este tipo rápidamente seguridad universitaria se dirige a la fiscalía, se detectan las llamadas, y los geolocalizamos a los compañeros (…) a muchos los hemos encontrado en moteles (…) por la extorsión se aislaron, uno o dos días bajo amenaza”, explicó.

Jesús Medina llamó a la Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, para informarle que de acuerdo a la “sábana” del número celular de Adrián, el joven originario de Santa María del Valle, recorrió las poblaciones de San Miguel, Teocaltiche, y Mexticacán, y que no hay indicios de que fuera víctima de “un levantón”.

Juanita Ponce Morales, hermana de Adrián, ha denunciado y se ha quejado de la atención que se le ha brindado por parte de la Fiscalía de Jalisco la que ha dicho es totalmente deficiente, puesto que no se le ha proporcionado una copia de la carpeta de investigación del caso de su hermano, además de que ha habido tropiezos al momento de coordinarse con autoridades fuera del Estado.

Reprochó también que en los últimos informes que se les dieron, había posibilidades de que Adrián se encontrara en Zacatecas. Sin embargo, la coordinación con las autoridades de esa entidad ha sido nula.

Por si fuera poco, Juanita indicó que la Fiscalía del Estado les afirmó, que ya estaba en coordinación con su equivalente zacatecano, pero solo se trató de un engaño puesto que al ponerse en contacto con las autoridades de aquella entidad negaron haber tenido comunicación con sus pares de Jalisco e incluso negaron tener abierta alguna carpeta de búsqueda de su hermano.

El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, también ha manifestado su inconformidad por el lento avance en las investigaciones y adelantó que la casa de estudios creará un comité de análisis dedicado al estudio de la desaparición de personas, con el objetivo de proponer políticas públicas eficientes.

“No podemos perderlos de la agenda, son temas que aparecen y después desaparecen, pero no se solucionan, lo que vamos a intentar con este comité académico es darle un seguimiento, y políticas públicas para crear un cambio, vamos a estar todos los días trabajando para eso”.

Desde la óptica del rector, a la Fiscalía estatal le hace falta avanzar con contundencia en las indagatorias; al tiempo que se quejó de la falta de claridad, de registros y de la impunidad que prevalece en los casos de los desaparecidos.

No sabemos si las autoridades no han entendido o no han querido aceptar que este tema se tiene que abordar de raíz; no es con varitas mágicas como se puede solucionar el problema, pues se requieren propuestas serias, voluntad y firmeza. Es revisando las normas que tenemos, que muchas son buenas, muchas son efectivas y pueden ser eficaces si se aplican correctamente.

Nada menos este lunes se da cuenta del hallazgo de ayer de siete cuerpos con señales de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El gabinete de Seguridad del gobierno de Enrique Alfaro sigue quedando a deber. Se ha anunciado que en próximos días será puesta en operación la Policía Metropolitana, -que nunca ha dado buenos resultados- y hay poco optimismo de que se le pueda considerar una solución al grave problema de inseguridad toda vez que se mantienen la falta de estrategia y coordinación entre policías.

La Guardia Nacional, en tanto, ya tiene 60 días en esta localidad mientras el número de desapariciones y homicidios sigue a la alza, pero no va a funcionar en cuanto no se haga una auténtica labor de depuración al interior de los cuerpos policiales ya que no ha habido avance en cuanto a control de confianza.

En este contexto se justifica la indignación y el hartazgo no solo del sector estudiantil sino de la sociedad en general que reclama y exige seguridad. Es inconcebible que los jaliscienses no puedan gozar de su derecho a la seguridad que el estado está obligado a brindar. Como inconcebible es que los policías hagan como que investigan y los gobernantes maquillen cifras, oculten cadáveres o simplemente engañen a quienes buscan desesperadamente a sus familiares.