El 1 de julio de 2018,  decepcionados por el bipartidismo en Jalisco, 39 por ciento de los ciudadanos que acudieron a las urnas votaron por un cambio y eligieron como nuevo Gobernador de la entidad a Enrique Alfaro Ramírez, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, quien se presentaba como un candidato  “ciudadano”, -aun cuando ya había militado en tres institutos políticos-, y que vendría a imponer una nueva forma de hacer política; entre otras cosas, prometió “cerrar la puerta a la corrupción”. Pero apenas transcurridos cuatro meses, las encuestas revelan el desencanto de los jaliscienses que le habrían dado el voto, sus números bajan irremediablemente y su gobierno está inmiscuido en lo que aparenta ser un grave caso de corrupción.

El fin de semana pasado, una encuesta realizada por la empresa Polymetrix para El Semanario del Arzobispado de Guadalajara, permitió conocer que 56 por ciento de los jaliscienses del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reprueba el trabajo de su gobernador y 58 por ciento no votaría por él si hubiese nuevas elecciones.

Además, 93 por ciento de los entrevistados siente que la seguridad está igual o peor que en la anterior administración, 75 por ciento piensa que el combate a la corrupción está igual o peor que antes y el 79 por ciento cree que la obra pública está igual o peor que antes.

Otra encuesta, esta nacional, realizada en febrero por Arias Consultores para evaluar el desempeño gubernamental de los 32 gobernadores, evidenció que sólo 32.5 por ciento de los jaliscienses aprobaban la gestión de su Gobernador, convirtiéndose así en el mandatario estatal número 16 en la lista. “No vamos a gobernar para aplausos fáciles”, habría dicho Alfaro Ramírez soslayando el resultado.

Más de la mitad de los jaliscienses entrevistados coincide en reprobar lo realizado por el mandatario de nuestra entidad, simple y sencillamente porque no hay quien crea ya sus cuentas alegres, como las que le presentó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su reciente visita a Jalisco, donde presumió que los delitos van a la baja en la entidad. 

Sin embargo, el promedio de casi 20 muertos que tenemos todos los días en las principales ciudades; entre embolsados, desmembrados, encontrados en fosas o baleados en plena calle, nos pone de manifiesto que sus números no coinciden con la realidad. Es totalmente falso que hayan disminuido los delitos, es una aberración que hablen de que está mejorando la seguridad. 

De manera que si el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, el Fiscal General, Gerardo Octavio Solís Gómez y el propio gobernador quieren engañar a alguien tendrán que buscar más allá del AMG porque la violencia y criminalidad continúan imparables en la metrópoli. 

Alfaro no puede argumentar que la ola de ejecuciones que se registran a diario en la metrópoli son ajustes de grupos antagónicos y  “se están matando entre ellos”. 

Alfaro no puede culpar a los medios de comunicación de ser “promotores del miedo” y de “querer asustar a la ciudad” por el simple hecho de hacer su trabajo y publicar la realidad de lo que vivimos. 

Alfaro no puede responsabilizar a administraciones pasadas de los altos índices de criminalidad que por cierto, han incrementado de manera alarmante durante su gobierno.

Esa clase de actitudes no lo dejan bien parado, cuando entonces, podemos, primero,  interpretar está soslayando un problema grave, un problema que no es menor, pero que se está viendo como si lo fuera; segundo, se muestra como un personaje soberbio, intolerante, que no acepta la crítica, y que es incapaz de reconocer errores, y tercero, culpar a administraciones pasadas nos habla de que le faltó hacer un diagnóstico acertado en su tiempo como candidato o que carecía de una estrategia para afrontar su responsabilidad como gobernante y hasta la fecha no ha sido capaz de diseñar o acertar en sus planes y proyectos.

Por cierto, sería interesante saber qué piensa de esa acusación un personaje como el Fiscal General, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien ha sido protagonista justamente en administraciones pasadas en las que se desempeñó nada menos que como Procurador, Secretario General de Gobierno, Gobernador interino y Delegado de la PGR. 

En este contexto de encuestas, de inseguridad y escándalos de corrupción, Alfaro Ramírez sí debería estar  preocupado, sobre todo porque aunque quizá ya no estará pensando en cumplir su tan cacareada promesa de someterse a revocación de mandato, ahora que por el impulso de López obrador podría ser obligatorio exponerse a la votación popular para mantenerse en el cargo, deberá preocuparse por hacer algo más que maquillar cifras para cambiar la percepción de la gente para que vuelva a votar por él.  

Más nerviosos aún deben estar en Movimiento Ciudadano, porque recordemos, fue Alfaro quien atrajo los votos para ese partido político, y su personaje estrella pareciere que se desmorona. Y más preocupados aún deben estar por el empuje que gracias al carisma de su líder ha tenido Morena que sigue creciendo, y porque también otros partidos tradicionales y algunos por nacer le quitarán muchos votos.

Bajo este escenario, lo peor para el señor Gobernador,  es que ambas encuestas fueron realizadas en fechas previas a que trascendiera el escándalo del programa “A Toda Máquina”, que suma al menos tres denuncias por presunto conflicto de interés y corrupción en la adjudicación “ilegal” de un contrato por casi 3 mil 700 millones de pesos para maquinaria del campo. 

Habrá que recordar entre las presuntas irregularidades: Guillermo Romo Romero, el empresario que acompañó al gobernador a un juego de Los Lakers en Los Ángeles, es socio de la compañía Operadora de Servicios Mega, a la que se otorgó el multimillonario contrato, mismo personaje que resultó pariente cercano del secretario de Administración, es decir, de quien operó la licitación; también se sabe que la representante legal de las dos empresas ‘concursantes’ tiene claros lazos de cercanía laboral en el entorno próximo al gobernador, y que no sería el primer contrato que administraciones encabezadas por Alfaro Ramírez firman con su amigo pues siendo alcalde de Guadalajara le adjudicó el arrendamiento de computadoras. Operadora Mega fue favorecida por los hermanos Carlos y Jorge Salinas Osornio; el primero trabaja en el despacho del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras el segundo es asesor del empresario y estuvo durante la gira del gobernador en Los Ángeles. 

Documentos obtenidos por Proceso detallan que “el rápido ascenso de Grupo Mega estuvo acompañado en sus orígenes por Emilio Lozoya Thalman como miembro de su Consejo de Administración. Lozoya Thalman es padre de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien ha sido vinculado a oscuros contratos de la paraestatal con la constructora brasileña Odebrech”.

“Lozoya Thalman –quien fue secretario de Energía durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari–, participó como accionista de Operadora de Servicios Mega hasta la restructuración de ésta, el 17 de diciembre de 2017. Ello ocurrió precisamente en el periodo en que Alfaro fue alcalde de Guadalajara (2015-2018) y en el que creció políticamente.

Los documentos muestran que Operadora de Servicios Mega inició operaciones el 31 de enero de 2003  y tenia el objetivo social de: “Establecer, operar y arrendar toda clase de restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos, centros de entretenimiento, expendios de vinos y licores, así como la proveeduría de alimentos preparados”, para pasar a  una modalidad de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Sofom-ENR)”. 

La duda está en el aire; ¿Será que Alfaro le abrió la puerta a la corrupción o tal vez nunca la cerró?