En torno a los graves sucesos ocurridos el jueves 17 de octubre en Culiacán, no puede dejarse de advertir la severa descoordinación, en todos los sentidos, que existe entre los más altos funcionarios que encabezan las dependencias federales que integran el gabinete gubernamental de seguridad así como también quizá en relación a las autoridades responsables de la procuración de Justicia.

Lo ocurrido el pasado 17 de octubre quedará grabado en la memoria histórica de nuestro país, ya que resulta excepcional y sin parangón el que habiéndose capturado a un delincuente al ejecutar una orden de aprehensión, incluso con petición de extradición hacia el vecino país del norte en cumplimiento a correspondiente solicitud de captura para ese fin, se le haya dejado en libertad.

Resulta inconcebible la magnitud de las fallas en que incurrieron tanto en su conjunto los integrantes del gabinete de seguridad como obviamente en lo particular también cada uno de los miembros de ese órgano colegiado que tiene a su cargo las responsabilidades del más alto nivel para salvaguardar la seguridad de la Nación y de los mexicanos además de quienes están en el país cualquiera que sea su estatus legal.

La falta de coordinación y el erróneo manejo de comunicación en crisis salta crasamente a la vista, hasta el punto que ahora mismo no sabemos a ciencia cierta a cual de todas las versiones surgidas en torno a los hechos violentos registrados la tarde del jueves debemos darle mayor crédito o veracidad.

La versión que otorga en primer término el Secretario de Seguridad ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, en el sentido que se realizaba un patrullaje ordinario y como coincidencia se toparon con la ubicación de uno de los hombres más buscados a nivel mundial, pero que al proceder a detenerlo siendo superados en número por los que en forma ilegal armados lo apoyaron, los uniformados tuvieron que retirarse dejándolo ahí, contrasta con lo que muestran las imágenes, por demás claras, en el sentido de que no fue una coincidencia sino un patrullaje dirigido a ese objetivo; el de detener al presunto delincuente.

Está por supuesto, la declaración del presidente López Obrador que afirma se trataba de un operativo por parte de las fuerzas armadas del país que trataban de ejecutar una orden de aprehensión, que evidentemente también contrasta con la información ventilada por el secretario de Seguridad.

Por otro lado está la versión expandida por diversas fuentes de que el malandrín sí fue capturado y posteriormente entregado a las fuerzas armadas delincuenciales que forzaron su liberación tras haber prohijado infinidad de atropellos a los derechos fundamentales de la sociedad de Culiacán y trastocando el orden jurídico en general.

Así pues, las versiones oficiales, aunadas a las múltiples que se manejan en redes sociales, han generado una serie de contrastes.

Pero lo que aquí ha quedado claro es que el Secretario de Seguridad, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y el comandante de la Guardia Nacional, así como también el Fiscal General de la República y los colaboradores que tengan la injerencia en lo acontecido, están fallando tremendamente tanto al presidente de la República al cual le están mintiendo o lo están engañando, orillándolo a que exprese cuestiones que contrastan entre las versiones oficiales, y le están fallando a México por lo que deben rendir cuentas lo mismo al presidente como a las instituciones de la República y al pueblo.

Si como lo ha expresado el presidente Lopez Obrador, las fuerzas armadas que acudieron a la finca en la zona de Tres Ríos en Culiacán iban en aras del cumplimiento de una orden de aprehensión, esta misión debió haber sido encabezada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, es decir, la antes llamada Policía Ministerial Federal dependo del Ministerio Público Federal, para haber ejecutado la orden de aprehensión y no simplemente fuerzas armadas de seguridad sin la égida de la máxima autoridad ministerial de la Federación.

Esta serie de situaciones son delicadas porque hablan de una descoordinación, hablan de engaño, hablan de mentiras, hablan de ineficacia, hablan de negligencia y hablan también de improvisación porque así sea para cumplimentar una orden de aprehensión o ya sea para actuar al haber encontrado en flagrancia a las personas armadas violando la ley, debieron haber previsto las reacciones inmediatas, debieron de haber arribado a tratar de ejecutar la operación con los elementos suficientes tanto en recursos humanos como materiales y las previsiones para haber acordonado tanto la zona extrañamente aledaña al lugar del operativo como en los círculos de seguridad que se sabe deben imponerse, resguardando al mismo tiempo con prevención de las consecuencias, la reacción de los hampones, las vías de comunicación más importantes, los accesos y salidas de la urbe, los centros de acopio de combustible, los hospitales, obviamente los reclusorios, el aeropuerto, las centrales de autobuses, los centros donde se reúne mayor cantidad de población y turistas para tratar de encontrar cómo evitar las reacciones que ya conocimos que fueron funestas.

El presidente debe de actuar en principio para pedirle cuentas y exigir la responsabilidad deslindada de lo que acaba de ocurrir, actuar en consecuencia para retomar el orden jurídico que esta deteriorado severamente y por otro lado en todos los lugares donde hay esta situación de inseguridad por la presencia del hampa ya sea Jalisco, Nuevo León, Veracruz, o en el sureste, debe de existir de inmediato un trabajo serio, sólido, urgente de estrategia conjunta para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de errores.

Yo creo que el temor que existe en la sociedad de Culiacán y de Sinaloa en general, es el mismo que existe en todo el país, en las ciudades medias, en la zona conurbada de Guadalajara, en la zona conurbada de Monterrey, en la ciudad de Tijuana, en Puebla, en Veracruz, y en Toluca, solo por citar algunas ciudades importantes que pueden verse asoladas por reacciones como la que acabamos de observar cuando se trate de cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de delincuentes.

Lo que no se vale es que no se puedan ejecutar las órdenes de aprehensión e incluso se libere a delincuentes, incurriendo en presuntos delitos, y por otro lado se sigan causas exacerbantes en contra de presuntos delincuentes menores, muchas veces perseguidos por asuntos fiscales, y asuntos civiles, contra los cuales sí hay todo el peso de la fuerza del estado en general.

El presidente tomó la polémica decisión de suspender la acción, pero habrá que concederle el beneficio de la duda, pues no tenemos certeza respecto a si fue informado que ya tenían al criminal aprehendido o si apenas lo estaban cercando como fue la primera versión que asomó ante los hechos. Una decisión difícil la del presidente y sí, es de pensarse proteger ante todo la vida, la integridad de la sociedad, de la población y quizá ante la negligencia, la imprevisión, ante la premura, ante la falta de acción adecuada como lo asegura el propio Secretario de la Defensa de haber actuado por parte de fuerzas militares y provocar lo que se provocó sin previsión, sin cuidado de las reacciones haberlo abortado para buscar en otra ocasión lograr el objetivo.

Siempre quedará la duda, el tiempo dará la razón y pondrá a cada quien en su lugar pero de momento lo que resalta es descoordinación, negligencia y desorden y por ello tiene que responder el Secretario de Seguridad, y todo el gabinete de Seguridad, incluyendo a los secretarios de la Defensa y Marina y el comandante de la Guardia Nacional, y sobre todo revisar la actuación que tuvo u omitió realizar el

ministerio público federal.

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