Este 5 de junio los oaxaqueños saldrán a las urnas para decidir quién va a gobernar el Estado. Se ha desinflado la candidatura del multimillonario José Antonio Estefan Garfias y sus cómplices Gabino Cué y Jorge Castillo,  cuyas fortunas millonarias en dólares son imposibles de acreditar con sus ingresos legales. Simplemente no les salen las cuentas de ninguna forma.

 De Alejandro Murat Proceso ha adelantado ya algunos rubros sobre la corrupción que garantiza este candidato como oferta electoral con un 100% de confiabilidad para seguir lo que sabe hacer. Las cosas, empero, no se quedan ahí.  Alejandro ha salido bueno para usar en su provecho personal los recursos de los trabajadores y de los empresarios a su paso por el INFONAVIT. En efecto, vayamos a los datos duros con base en información de la Coordinación de Auditoría Interna del INFONAVIT:

1.- El artículo 16 de los “Lineamientos de las políticas aplicables a las adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de servicios del INFONAVIT dispone que: “Las licitaciones y arrendamientos de bienes y servicios serán aplicados por regla general a través de Licitación Abierta, a fin de asegurar al Instituto las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad”. De manera complementaria existe un prontuario sobre los montos mínimos que deben ser objeto de licitación y todas las características de esta figura legal. (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/adquisiciones/guia_pbl5.pdf).  Alejandro Murat actuó exactamente al contrario de lo que establece  la ley y los lineamientos; es decir, hizo de la regla general, la excepción, incurriendo por ese sólo hecho en responsabilidad tanto administrativa como penal que si Virgilio Andrade, el titular de la Secretaría de la Función Pública y las “instituciones” funcionaran como lo establece la Constitución y la ley, Alejandro no estaría de candidato sino enfrentando serios cargos legales probablemente desde un reclusorio.  

2.-  Del 2013 al 2015 Alejandro Murat fue el responsable de que hubiera asignación directa o procedimientos específicos en el 83% de las adquisiciones, donde la regla de la licitación fue la excepción. Las asignaciones directas son el germen donde nace y se reproduce la corrupción porque no hay un proceso de vigilancia y seguimiento de las adquisiciones. Si las licitaciones públicas no son la panacea, menos lo son, por ende, las asignaciones directas donde el conflicto de interés, la colusión, el daño patrimonial al Estado se vuelven conductas ilícitas o delictivas que dañan el interés general.

3.- Las cifras que manejó de manera discrecional Alejandro Murat a su paso por el INFONAVIT fueron muy altas (y aunque no lo fueran estarían fuera de la norma). En el año 2013 asignó a su libre juicio mil 233 millones con 133 mil pesos por compras directas. Y 3 mil millones con 74 mil pesos por la figura igualmente discrecional de “procedimientos específicos”. Un año después, en el 2014, Alejandro decidió conforme a sus intereses sin más límite que su imaginación y compromisos la cantidad de 2 mil 414 millones con 309 mil pesos por compras directas y 6 mil 182 millones con 224 mil pesos por “procedimientos específicos”. Para el 2015, ya entrado en gastos, Alejandro Murat decidió asignar directamente  mil 707 millones con 752 mil pesos por compras directas y mil 714 millones de pesos con 480 mil pesos por procedimientos específicos. Esto da un total  de 16 mil 256 millones 973 mil pesos compitiendo con el gobernador oaxaqueño Gabino Cué y sus cómplices para ver quién le quita más dinero al pueblo.

4.- Por supuesto, es natural que con estas facilidades que otorga la asignación discrecional haya un monto conservador de sobreprecios en perjuicio de los mexicanos. En el 2013 por la figura de compras directas hubo al menos 308 millones con 283 mil pesos y por procedimientos específicos 751 millones 268 mil pesos. En el 2014 los sobreprecios fueron por compras directas 603 millones 577 mil pesos y por procedimientos específicos mil millones 545 mil pesos. En el 2015 las cifras son 426 millones con 938 mil pesos por compras directas y 428 millones con 620 mil pesos por procedimientos específicos. Estas cifras arrojan un monto mínimo de 4 mil millones con 64 mil pesos.  Menos de lo calculado que se ha llevado fuera del país Gabino Cué y sus cómplices, pero cantidades cercanas considerando que Gabino Cué tuvo más tiempo como depredador de los recursos de los oaxaqueños.  

¿Usted cree que un personaje como Alejandro Murat debe gobernar Oaxaca para saber lo que ha hecho con la protección y probable colusión de Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública, quien ha hecho lo imposible por eliminar archivos, que ya de entrada es ilegal, para que nada salga a la luz pública?

@evillanuevamx

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