El hallazgo de 138 bolsas con cuerpos despedazados ubicadas en dos fosas clandestinas tan sólo en lo que va de septiembre nos dejan atónitos en cuanto a lo que está ocurriendo en esta entidad, donde las autoridades se han limitado a repetir una y otra vez que son saldos de las disputas entre organizaciones criminales que “se están matando entre ellos”. En Jalisco hemos pasado de los cientos de cadáveres hacinados en trailers bajo la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, donde ha tocado armar rompecabezas de partes de cuerpos que son embolsados y lanzados en pozos de hasta diez metros de profundidad como se pudo comprobar en uno de los casos dados a conocer en los últimos días de donde se extrajeron 119 paquetes. En esta misma entidad, el promedio de personas denunciadas como desaparecidas transitó de 8.9 a 14.5 casos por día. Es decir, en el periodo que lleva el actual gobierno, se han reportado 3 mil 579 personas no localizadas.

El descubrimiento de fosas clandestinas ha incrementado de forma profusa en esta entidad.

En lo que va del año se han localizado 20 sitios de inhumación con restos de al menos 160 personas, dos fosas acuáticas con partes de otros 30 cadáveres y una finca con los restos de 14 personas, según reportó el Diario NTR. El más reciente en el poblado de La Primavera, explorado a partir del 3 de septiembre, en donde los investigadores forenses rescataron 119 bolsas con tejidos de 41 personas; sin embargo, aún hay restos por analizar, por lo que la cantidad podría aumentar.

Ante esta barbarie, la Universidad de Guadalajara (UdeG) ha tomado una enérgica postura; a través de un desplegado ha exigido que en el caso de la fosa con decenas de cuerpos en el poblado de La Primavera (en Zapopan) "se realice una actuación judicial expedita acorde a la magnitud de los hallazgos. Los responsables deben ser pronto identificados, detenidos y sometidos a proceso. Se requiere una reacción ejemplar y contundente de la autoridad”.

Los académicos y activistas que firman el desplegado, solicitaron implementar medidas extraordinarias, especiales y multidisciplinarias de identificación forense, en la que intervengan organismos internacionales ante la emergencia y para todos los procesos de búsqueda de personas desaparecidas, investigación, atención a víctimas e identificación forense.

También demandaron a las autoridades estatales se propicie la coordinación eficaz entre los organismos públicos en la materia: Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas, así como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En el desplegado solicitan además que en las acciones relacionadas con la identificación de cuerpos de personas fallecidas se establezcan plazos y los mecanismos adecuados que garanticen el trato digno, la debida atención, el derecho a la información, transparencia, participación y rendición de cuentas a familiares de personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto, así como que se haga pública la información sobre las características de los cuerpos recuperados de las fosas clandestinas pues “la experiencia nos dice que ha sido muy importante para el reconocimiento e identificación de personas”.

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, también considera que el Gobierno del Estado está rebasado por la crisis forense.

“Yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Están rebasadas las autoridades, en específico el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, al tiempo que pidió al Coordinador de Estrategias de Seguridad, Macedonio Tamez, se deje a un lado ese simplismo de que se matan entre ellos y se investigue a fondo.

 

De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), hasta el pasado 31 de mayo sumaban 2 mil 175 desaparecidos en la entidad, sin contabilizar los más de tres meses que han transcurrido de este 2019. El organismo advierte que otras mil 404 están no localizadas, por lo que hoy en día se desconoce el paradero de 3 mil 579 personas en tan solo cinco meses.

 

“Las autoridades no han visto la magnitud del problema y como que se les está yendo de las manos en estos ocho meses. Ha habido más desapariciones, que en un sexenio anterior”, dijo Esperanza Chávez Cárdenas, quien busca a su hermano desaparecido hace cinco años

 

Hasta el día de hoy, Jalisco no cuenta con la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, que debió entrar en vigor desde julio de 2018 debido a que el Congreso del Estado incumplió con el plazo de armonizarla.

Por esa razón, la representante del Colectivo por Amor a Ellxs, exigió la intervención de organizaciones nacionales o internacionales en la elaboración del decreto, no sin antes dejar claro que desconfía de la capacidad de los diputados.

 

El silencio de la autoridad es no menos preocupante; cuando ha quedado manifiesta su incapacidad para contener la criminalidad, para localizar a los desaparecidos, para brindar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, y cuando han quedado completamente rebasadas, se han limitado a proporcionar estadísticas, números, sin ofrecer mayor información como amerita el hallazgo de decenas de bolsas con pedazos de restos humanos, sin que se hable de estrategias.

El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, contrario a estar dedicado de pleno a atender temas sustanciales como son el incremento en delitos de sangre (ejecuciones, descuartizados, desaparecidos , entre otros) está más inmerso en la utilización de la institución ministerial como instrumento de persecución política buscando acallar o amedrentar acciones o voces de comunicadores y/o activistas incomodantes por su sentido crítico y de exigencia en cuanto a asuntos polémicos o turbios de índole gubernamental, como los ya conocidos entintados de turbiedad que son el programa multimillonario ‘A toda Máquina’, contrato asignado a la empresa Mega de su amigo empresario, así como la asignación de contratos de servicios hematológicos entregado en forma borrascosa al llamado ‘Cartel de la Sangre’, el ventajoso contrato de venta a empresarios de lo que fue la Villa Panamericana para que obtengan un jugoso negocio inmobiliario a pesar del ecocidio afectando mantos freáticos en El Bajío del Arenal y al Bosque de la Primavera, y el salvaje incremento a la tarifa del transporte urbano masivo de pasajeros, entre otros.

La insensibilidad con que se han manejado estos temas que mantienen en vilo a los jaliscienses es un tema aparte; mientras miles de personas buscan a sus desaparecidos, y mientras otro tanto desfila por las instituciones forenses intentando ubicar a sus familiares, las respuestas, en las escasas ocasiones en que las ha habido, son: “se están matando entre ellos”, en referencia a los criminales y que “en muchos casos las víctimas de este tipo de crímenes tienen antecedentes criminales”, en palabras del propio Macedonio Tamez, a quien los usuarios de redes sociales ayer le recordaron un tuit con fecha del 1 de junio de 2016 lo que opinaba ante el hallazgo de seis cadáveres en la administración pasada. “No hacen falta comentarios… Hallan seis cadáveres en Jalisco”. Hoy, como encargado de la Seguridad en el estado guarda silencio y revictimiza a los muertos y desaparecidos.

En días pasados, y a propósito de que el Diario NTR dio cuenta de que los perfiles de al menos 17 médicos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no corresponden con las actividades que desempeñan, y el hecho de que se hablara de una crisis forense, provocó que el gobernador Enrique Alfaro se hiciera presente en ese sitio, desde donde descartó tal crisis.

Lo más preocupante hasta ahora, es la versión que circula en el sentido de que así como la administración pasada usó los trailers para ocultar cadáveres, el Gobierno encabezada por Enrique Alfaro podría ser el responsable de la acumulación de cadáveres en fosas clandestinas.

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