El presidente López Obrador dijo que el Banco de México “opina más de la cuenta y hasta se quieren meter en el manejo de la política económica que nos corresponde a nosotros (al gobierno federal)”.

Y lo dijo molesto, al parecer, sin tomar en consideración que ese organismo actúa bajo normas precisas basadas en la Constitución, que es el catálogo en donde se establecen todas las reglas y las características operativas del Estado mexicano y que al jefe del Poder Ejecutivo solamente le toca administrar.

No se equivoca el Banco de México cuando, al recortar las tasas de interés advierte los riesgos que enfrenta la economía nacional y le aconseja al gobierno atacar los puntos de debilidad para evitar una nueva crisis con graves efectos sociales.

Por eso lo llama a impulsar e incorporar “medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión, una mayor productividad y que se consoliden sosteniblemente las finanzas públicas” para que la economía crezca y se garanticen oportunidades suficientes que se traduzcan en bienestar. Ideas que están contempladas en las atribuciones que le confieren al Banco Central tanto su Ley Orgánica como la Constitución.

Con base en esas facultades le insiste al jefe del Ejecutivo Federal hacer frente a todo lo que representa el deterioro en la calificación crediticia soberana y la de Pemex, cumplir al pie de la letra las metas fiscales para 2019 y, hacia adelante, que el Paquete Económico para 2020 genere confianza, además de trabajar en el fortalecimiento del Estado de Derecho, abatir la corrupción y combatir la inseguridad, sin las cuales la economía no funciona.

¿Quién puede oponerse a eso cuando se buscan mejores condiciones de bienestar en el país?

Eso no es intromisión; al contrario, recoge el sentir popular.

Todavía más, la opinión del Banco de México refuerza la gestión del gobierno. Porque al sumarse al objetivo de crecimiento y bienestar coloca a la regulación en la primera línea de las políticas públicas y, con ello, el objetivo de un Estado funcional, en donde la administración de gobierno opera y satisface las necesidades de la sociedad en su conjunto.

Precisamente por eso, en la Constitución se incorporó la figura de los organismos reguladores de carácter autónomo del gobierno, como el Banco de México, el INE, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el cada vez más debilitado INEGI, entre otros, cuya finalidad es la de evitar los abusos y errores del gobierno, pero también promover la existencia eficiente de los mercados en donde también participa el sector privado, para construir cotidianamente el marco de equidad y salvaguarda de los derechos que tenemos todos los ciudadanos.

Más que censurar el desempeño de organismos reguladores como el Banco de México, el gobierno y la población tenemos que entender que en la medida en que estas instituciones sean verdaderamente autónomas aseguraremos el contrapeso indispensable para evitar las tentaciones de monopolizar el poder, tanto público como privado para, entonces sí, lograr la evolución real del país.

Es por lo que en el artículo 28 de nuestra Constitución se estableció la figura del Estado Regulador que, mediante estas agencias especializadas y distantes del poder (gobierno y empresas), se encargará de resolver y/o anticipar condiciones contrarias al funcionamiento de las estructuras sociales, políticas y económicas cada vez más complejas.

La Suprema Corte de Justicia también ha estado muy consciente de esa necesidad y en función de eso fijó muchas y muy importantes sentencias que favorecen a la ciudadanía y fortalecen a nuestra democracia.

Ahora, solamente falta que el régimen actual lo entienda y actúe en consecuencia.

Solamente así se logrará la transformación que beneficie a la población y a la democracia.

@lusacevedop