September 15, 2019 05:56


En Contexto. La 4T va en contra de los evasores de impuestos

impuestos a Amazon, Uber y Netflix
UberDiego Simón Sánchez / Cuartoscuro

Pagarán ISR e IVA todos los participantes de todas las plataformas digitales que llevan a cabo actividades económicas como Mercado Libre, Uber, Cabify, Netflix, Amazon y  Airbnb

La economía mexicana no dispone de los recursos suficientes para cumplir con todas las metas del gobierno federal en materia de bienestar social, seguridad y fortalecimiento del sector energético.

Detrás de las cifras presentadas en el Paquete Económico para 2020 presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, se esconden diversas acciones que buscan cerrar los resquicios que actualmente favorecen la evasión y la elusión fiscal.

Para el próximo año, el presupuesto federal será ligeramente superior a 6 billones de pesos, de los cuales 3.5 billones se obtendrán por la vía tributaria y que, según el compromiso de austeridad republicana, se alcanzarán sin aumentar las tasas ni con nuevos impuestos, sino por la vía de la ampliación de la base de contribuyentes.

Esto significa que pagarán ISR e IVA todos los participantes de todas las plataformas digitales que llevan a cabo actividades económicas como Mercado Libre, Uber, Cabify, Netflix, Amazon y de manera especial Airbnb, que lucra informalmente con el turismo; además de que se plantea la posibilidad de que también contribuyan con otros tributos por la utilización de espacios propiedad de la nación.

También se ampliarán acciones contra las empresas que comercializan facturas “fantasma”, se revisará el régimen de recaudación del ISR para el régimen de arrendamiento y se eliminarán los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAS) privados.

Para actualizar las consecuencias del efecto inflacionario, se actualizará la cuota aplicable a los refrescos que ahora será de 1.2705, además de que anualmente se revisará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que, entre otros afectará al tabaco, bebidas alcohólicas y servicios electrónicos, entre muchos más.

La iniciativa de Ley de Ingresos para 2020 propone un plan de simplificación administrativa que no detalla, pero que ofrece facilitar el cumplimiento tributario mediante condiciones más equitativas en el sistema impositivo.

El objetivo es que cada contribuyente, ahora sí, participe con la carga fiscal que le corresponde y por eso cancela muchos de los resquicios que en buena parte de operaciones al menudeo actualmente favorecen la evasión y la elusión fiscal.

De la lucha frontal contra la economía informal, el documento no establece ningún compromiso.

Como en el pasado, la fiscalización permanece en los contribuyentes cautivos.

La novedad de la Ley de Ingresos se centra en el tratamiento fiscal a los ingresos por la prestación de servicios o enajenación de bienes a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, que hasta ahora se habían mantenido al margen del pago del ISR e IVA.

Con retórica sofisticada, el gobierno federal argumenta que la economía digital se basa en activos intangibles, el uso masivo de datos (especialmente los de carácter personal) y por la adopción de diversos modelos comerciales que aprovechan la rentabilidad derivada de servicios gratuitos (generalmente públicos), y por la dificultad de determinar la jurisdicción bajo la que tiene lugar la creación de valor.

La interrelación de estos factores de comercio colaborativo de proporciones masivas y globales rebasan la neutralidad que debe tener un sistema tributario para impedir privilegios fiscales en perjuicio de las mayorías.

El esquema que se incorpora en México cuenta con el aval de la OCDE y está vigente en buena parte de los países con lo que mantenemos relaciones económicas.

La realidad es que lejos de emprender una reforma fiscal integral y a fondo, el Paquete Económico para 2020 busca resolver la viabilidad de un modelo de desarrollo indefinido hasta ahora.

Aunque por primera vez elabora un plan propio y romper con el pasado, el gobierno evita dar el gran paso hacia la transformación ofrecida ante su temor por diversos riesgos como el retraso en la aprobación del T-MEC, el incremento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial y la desaceleración de la economía mundial, principalmente, en la producción industrial de Estados Unidos.

Pero también, y quizá sea lo más importante, el profundo deterioro que puede significar la calificación crediticia de Pemex con su posible contagio a la deuda soberana y la mayor debilidad de la inversión privada.

@lusacevedop

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