No podía ser de otra manera.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que contempla a la defraudación fiscal, la facturación falsa y a las empresas fantasma como delitos de delincuencia organizada.

La decisión fue apoyada por 318 votos a favor, esencialmente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 121 en contra de los partidos de oposición y tres abstenciones.

El sentido de la reforma es inobjetable porque todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos federales y locales de manera proporcional y equitativa; sin embargo, a la par de estas medidas los legisladores ni el gobierno de la república establecieron mecanismos para garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, participen en el pago de los impuestos, lo que significaría actuar en contra de la economía informal y, en una primera instancia, en contra del ambulantaje.

Por efecto de la falsa facturación, la Secretaría de Hacienda estima que no ingresan a las arcas alrededor de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale a 5 por ciento de los ingresos públicos federales.

No hay duda de que entre los problemas centrales del país está el tema de los ingresos presupuestales, sin los que es improbable resolver la inseguridad ni promover el crecimiento económico.

Tampoco se deben buscar recursos torciendo la ley en contra de los contribuyentes cautivos, cuando lo justo y democrático debe ser por la vía de la ampliación de la base tributaria que implica eliminar exenciones y privilegios fiscales de manera general, sin privilegiar a nadie, incluidas las bases de apoyo político organizadas en el ambulantaje.

Durante los últimos 5 años la defraudación fiscal y la facturación falsa sumaron 2 billones de pesos que no se redistribuyeron entre la sociedad sino en los bolsillos de un grupo de privilegiados, de acuerdo con la información difundida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para documentar la reforma legal, que también identificó más de 9 mil empresas de facturación y operaciones inexistentes.

Pero la forma del proceso legislativo, que es fondo, envía una señal equivocada porque victimiza al empresariado que corre el riesgo de ser parte de la delincuencia organizada, cuando ésta circula libremente por el país o se instala como ambulante afuera de negocios establecidos que pagan impuestos y generan empleos.

La reforma, a reserva de que sea matizada en su articulado conforme se establece en el Estado de Derecho nacional, modifica las reglas del juego de la economía en momentos en que el país requiere de la amplia participación de la inversión empresarial.

Recordemos que, si bien desde la segunda mitad de 2015 la inversión privada se estancó y en los últimos 10 meses decayó por decisiones políticas internas identificadas por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la inacción ante toma de vías de comunicación y la inseguridad, entre otras, y desde el exterior, la desaceleración económica global, el grado de inversión y la postergación de la firma del T-MEC.

El dictamen contra la defraudación fiscal y las factureras se aprobó prácticamente idéntico al que se aprobó en el Senado y mantuvo el argumento gubernamental de que los contribuyentes comunes y los pequeños empresarios no se verán afectados ni habrá sanción penal por incidentes de planeación u omisiones fiscales, sean por error o negligencia.

Las sanciones “duras” son para los medianos y grandes contribuyentes que recurren a engaños o defraudación, podrían ser encarcelados de 2 meses a 9 años, además de otras medidas alternas y sustituto de prisión.

Quien cometa "delito fiscal grave", como defraudar más de 9 millones de pesos, la sanción será de 3 meses a 13.5 años, habrá prisión preventiva sin salidas alternas, aunque sí eventualmente el perdón.

El contrabando y su comercialización se considerarán, ahora sí, delincuencia organizada.

Para evitar que se hable de terrorismo fiscal, se estableció que antes de la prisión preventiva habrá auditorías del SAT, querellas, la investigación de la Fiscalía General y la resolución de un juez; además, puede haber apelación y recurrir al juicio de amparo.

Aunque la intención puede ser buena o al menos justiciera, el proceso fue antidemocrático porque del Parlamento abierto no se tomaron en consideración las propuestas de los expertos del sector privado ni de los técnicos fiscales y jurídicos.

Por eso, una vez que entren en vigor estos cambios fiscales, es inminente que el país sea cubierto por un tsunami de amparos porque el legislativo, al no ser capaz de enfrentar lo dictado en Palacio Nacional, violentó el Estado de Derecho.

Lo aprobado, que recuerda aquello de no hacer cosas buenas que resultan malas…, no augura un buen ambiente para 2020.

@lusacevedop