Los triunfos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que impuso sus tres dictámenes de las leyes secundarias de la, ahora sí, “mal llamada (contra)reforma educativa confirman el reconocimiento del actual gobierno a un sistema afín a las necesidades un régimen autoritario, clientelar e indiferente a la generación de oportunidades para el desarrollo social y político.

Al aceptar los dictados del sector magisterial más beligerante la mayoría legislativa no solamente desmanteló el programa educativo planeado por el peñanietismo, sino que arraigó el armazón económico que le permitió al PRI mantenerse en el poder durante varias décadas y utilizar las estructuras corporativistas en función de sus necesidades electorales, pero más para atender circunstancias de gobierno que alentaron la corrupción.

La reforma educativa como otras más y en cualquiera de sus versiones, ya sea la de Peña Nieto o la de Andrés Manuel López Obrador, no contempló revisar la estructura fiscal del país. Ambos se limitaron a reasignar recursos presupuestales y dar concesiones.

Entonces como ahora, no se consideró que resolver el problema de la pobreza social, educativa y económica, necesariamente pasa por una reforma fiscal y, con ella, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como cimientos indispensables para detonar el desarrollo de México desde su perspectiva federal.

El programa económico para 2020, pese a ser el primero de la Cuarta Transformación, es estructuralmente uno de los más conservadores en la historia moderna del país, además de que al no abrir rutas innovadoras para promover la inversión productiva que genere un crecimiento nacional inclusivo, desaprovecha la oportunidad de diferenciarse con el pasado.

La virtual aceptación por la mayoría de Morena, el débil rechazo del PAN y la ominosa desidia del PRI en la Cámara de Diputados de las leyes General de Educación, del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Reglamentaria del Artículo Tercero en materia de mejora continua de la educación, cancelan exiguas ventajas como la evaluación vinculada a la permanencia en el servicio docente y a la calidad educativa de la reforma de Peña Nieto.

Peor aún, se otorgará automáticamente una plaza a quien concluya sus estudios en las escuelas normales, lo que impone una peligrosa barrera competitiva y de oportunidades a los egresados de otras carreras o disciplinas, sin considerar el daño para la calidad de la educación pública.

Ya se veía venir el deterioro cuando hace unos meses se desmanteló el INEE, que se encargaba de evaluar a la educación. Decisiones políticas, pero sin sustento en el tema fiscal, que al depender de los ingresos y los gastos del país necesariamente desembocan en costos económicos y sociales graves.

México, como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es muy probable que con las concesiones otorgadas a la CNTE la evaluación educativa no se traducirá en una mejoría y, en cambio, nuestra competitividad internacional seguirá siendo mediocre.

De acuerdo con la prueba Pisa, el 70 por ciento de los estudiantes mexicanos de secundaria carecen de los conocimientos suficientes para continuar con estudios en niveles educativos más avanzados y la razón es la deficiencia formal de los profesores; además de que desde la primaria se arrastran deficiencias en lectoescritura y aritmética.

Desde 1994 cuando se formalizó la apertura económica de nuestro país, que no solamente involucró la entrada a la OCDE (el “Club de los Ricos”) sino también la firma del TLCAN y ahora su ratificación a la versión T-MEC más rigurosa y limitante, el país lejos de emprender una reforma fiscal que revisaría la Ley de Coordinación Fiscal para enfrentar la inequidad económica y las diferencias entre regiones pobres, medias y ricas, ha preferido entregar subsidios populares mediante diversos programas de gobierno, como el PRONASOL de Salinas de Gortari o las tarjetas actuales.

En lugar de caminar en favor de la redistribución del ingreso para alcanzar el equilibrio nacional, el Paquete Económico de 2020 refuerza la estructura fiscal que ha alimentado deudas en estados, anemia en los municipios, cancela oportunidades a la sociedad, germina la corrupción y favorece la inseguridad.

Si bien en el pasado se promovió la descentralización en muchos aspectos para redistribuir el ingreso federal y resolver problemas políticos coyunturales, muchos de esos cambios generaron graves problemas de transferencias fiscales en los estados como sucedió con la descentralización educativa que, lejos de resolver los problemas de calidad y progreso, derivó en el fortalecimiento de organizaciones como la CNTE, porque el gobierno federal delegó en los estados, pero sin recursos, resolver las negociaciones salariales y concesionales que desde la Ciudad de México proporcionaba a los maestros de la SNTE.

Entidades como Guerrero, Morelos, Chiapas y Michoacán, tenían que negociar directamente con la CNTE para igualar las condiciones otorgadas al SNTE.

La capacidad negociadora o de presión fue sustituyó coeficientes y el esfuerzo estatal o regional de estados y municipios, con dotación de recursos en función siempre de temas políticos-electorales decididos desde el centro, con lo que la Coordinación Fiscal dejó de ser un estímulo al desarrollo, creció la desigualdad y hubo que negociar la seguridad.

No se ve, quizá por ignorancia legislativa o por falta de voluntad política, interés por revisar la estructura fiscal del país como una fuente saludable y objetiva para promover inversiones, producción, empleo con lo que, entonces sí, poder dar sentido a la frase política de “por el bien de todos, primero los pobres…”.

@lusacevedop