August 21, 2019 14:19

Ambición de Jaime Bonilla atenta contra la Constitución

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Jaime BonillaInternet

La ambición del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, por ampliar a cinco años su gestión, en lugar de los dos para los que fue electo el pasado 2 de junio, no sólo atenta contra la Constitución de la República sino que coloca a la entidad en riesgo de desaparición de poderes.

En 2014, la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, modificó el periodo de la administración estatal que se elegiría en el periodo electoral 2018-2019 a fin de empatar los comicios estatales con los federales para que durara 2 años.

Jaime Bonilla aceptó participar como candidato a gobernador bajo esas condiciones, pero en realidad nunca estuvo de acuerdo e incluso antes de ganar interpuso un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para ampliar el periodo de gobierno, argumentando la “defensa de sus derechos políticos”.

De hecho, días antes de las elecciones, el TEPJF falló en contra del juicio interpuesto por el ahora gobernador electo, pero este no se dio por vencido e interpuso un recurso contra la decisión del Tribunal, que está en curso.

La aprobación de la reforma para ampliar la gestión de Bonilla viola la fracción I, del artículo 2 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, que señala que se configura la desaparición de los poderes cuando se violan los preceptos del orden federal.

Pero además, existe también el recurso de la Acción de Inconstitucionalidad, y que una vez que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el PRD lo interpondrá de inmediato.

Este recurso legal se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para denunciar la posible contradicción entre la Constitución de la República y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía.

Por eso sostengo que Bonilla no se saldrá con la suya, pudo haber comprado conciencias y haber contado con la complicidad de las y los diputados de la XXII Legislatura de Baja California, pero no permitiremos que viole el orden republicano, la ley, los principios de la democracia y el mandato de las y los ciudadanos que sólo lo eligieron para dos años, no más.

En ese sentido, considero lamentables las declaraciones del Presidente de la República, quien se deslindó de la reforma impulsada por las y los legisladores y el gobernador electo de Morena y sin condenarla, la acepta en los hechos, a pesar de que tanto ha descalificado los excesos y el autoritarismo de los gobernantes del pasado.

Todas y todos estamos obligados a sujetarnos a la Constitución de la República, al marco legal, al Estado de Derecho, al mandato que emana de las urnas y a respetar los principios de la democracia, particularmente el Jefe del Estado Mexicano.

Constituye una obligación de las y los ciudadanos la defensa de nuestra democracia y para ello, las y los legisladores del PRD empeñaremos todos nuestros esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho que hemos construido a fuerza de mucha sangre y más vidas.

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