Es un ente que nació como producto del capricho de un gobernante y su grupo cercano que procuraba hacerse del control del Poder Judicial en Jalisco y que además de económicamente costoso ha resultado lesivo para la sociedad jalisciense, de ahí que como lo he venido señalado desde hace muchos años, además de ser una propuesta constante de quienes como abogados lo padecemos, es un clamor mayoritario el que debe desaparecer El Consejo de la Judicatura de Jalisco o al menos transformarse para ser útil.

Decía el maestro, Don Alberto Orozco Romero, quien fuera Gobernador de Jalisco entre 1970 y 1976, que el Consejo de la Judicatura -y se refería en ese entonces al estado-, era simplemente un “chipote de la justicia”. Ese chipote de la justicia al que se refería ha sido materia de amplia opinión en medios impresos y electrónicos pues su desempeño y resultados han sido polémicos tanto en relación con el que está estamentado en el orden nacional pero especialmente en el entorno jalisciense, que desde hace varios sexenios atrás ha sido amagado con su desaparición, como lo está ahora mismo, pero sin que algún gobernador de los muchos que se lo propusieron hubiese alcanzado éxito de eliminarlo.

Don Alberto Orozco, quien realizó un buen gobierno, significándose además por una brillante carrera en el Poder Judicial de Jalisco y en la federacion; desde los más humildes niveles en un juzgado integrante del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para catapultarse como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ganar la gubernatura jalisciense, se pronunció en ese sentido en torno al Consejo de la Judicatura en varios foros y lo escribió en medios importantes de circulación en Jalisco, como El Informador. Lo hizo habiendo dejado ya el cargo de gobernador, siendo un hombre mesurado y muy respetado por su trayectoria y opinión docta como abogado y procesalista.

El maestro Orozco Romero no tuvo empacho en referirse muchas veces a ello y lo recuerdo participando en foros de discusión en el Poder Legislativo estatal, en el marco de diversas iniciativas que se discutían sobre reformas al Poder Judicial local y en las que inexorablemente surgía el tema de modificar e incluso desaparecer el citado Consejo General de la Judicatura, que ahí sigue, ahora un poco reducido pero de los últimos años a esta época cada vez con mayores señalamientos en cuanto al desfase de su actuación y el impacto que ello provoca.

El Consejo de la Judicatura en Jalisco, es ese órgano en el que convergen los hombres y mujeres que tienen la representación por cuota de los grupos políticos de poder, ese lugar que intenta pasar desapercibido pero resulta ser el espacio desde el cual, según algunas voces, salvando la honorabilidad de muchas personas que son servidores públicos en ese ente, por solo o negligencia de algunos perversos o ineptos que ahí existen pululando y viven de él, se cometen ahí o desde ese enclave grandes fechorías en contra de la Justicia para favorecer a quienes los colocaron en esos puestos de privilegio.

No son pocos los gobernadores que desde su arribo al cargo han amagado con su desaparición o adelgazamiento, lo hicieron prácticamente todos desde pocos años después que fue creado por Alberto Cárdenas Jiménez, cuando los jaliscienses entregaron la gubernatura al Partido Acción Nacional, hasta el regreso del PRI a través de Jorge Aristóteles Sandoval, en la administración inmediata pasada. En algún momento de las diversas administraciones que sucedieron a Cárdenas se ha expresado el clamor en busca de la desaparición o gran transformación del Consejo de la Judicatura más no ha habido éxito en ese sentido por más que han sido muchas las expresiones e iniciativas en el mismo sentido incubadas desde el poder legislativo jalisciense y no ha sido posible modificar precisamente porque ese Consejo cuenta con el respaldo de los poderes fácticos de la vida política jalisciense.

Es momento de retomar el respaldo a las diversas voces que de nueva cuenta plantean la reforma o desaparición del Consejo de la Judicatura procurando que sus funciones que sí son útiles prevalezcan en otro esquema que pueda ser realmente útil como contrapeso y eficaz control administrativo, presupuestal y anticorrupción de la vida institucional de los juzgados de primera instancia y el resto de las oficinas y dependencias que conforman el Poder Judicial incluyendo la segunda instancia, pero alejándose de criterios sectarios, político-partidarios o facciosos, al margen de filias y fobias pero con un amplio espectro en cuanto a la necesaria participación ciudadana, para procurar un real proceso y efecto de honor y justicia.

Y aunque teóricamente el pretexto para la creación de este Consejo de la Judicatura durante el sexenio del gobernador Alberto Cárdenas en Jalisco fue el que debía existir un contrapeso para que los señores magistrados no tuvieran a su cargo, además de la función jurisdiccional la tarea de administrar los juzgados de primera instancia, juzgados menores y de paz, que en esa época existían y con ello el control de los nombramientos de la carrera judicial y de la administración en general, así como la vigilancia del comportamiento de servidores públicos del Poder Judicial y que fuera un ente distinto el que lo hiciera para dejarles a los magistrados la única función de dictar sentencias en su ámbito de responsabilidad y alejarlos de la fama que quisieron endilgarles de corrupción, les salió como dicen en el pueblo “el chirrión por el palito”.

El Consejo de la Judicatura nació con una estructura en la cual además del ciudadano Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, existía otro magistrado electo por sus pares que los representaba, es decir, dos magistrados, un juez electo por el Congreso, y un secretario de juzgado también electo por el Congreso, y tres ciudadanos que deberían ser en teoría personajes con experiencia, conocimiento y desligados de la función pública y sin injerencia para su designación por parte de los partidos políticos, pero siempre como se ha dicho aquí, se tuvo un ingrediente fundamental que fue el esquema impropio en la designación por el alto impacto político en la forma en que se fueron eligiendo.

Aunque al paso del tiempo se ha adelgazado, ya que actualmente solamente es compuesto por el ciudadano presidente, un representante de los jueces y tres consejeros ciudadanos, esta institución, por llamarle así, sigue adoleciendo de eficacia, insisto, al margen de la fiabilidad o solvencia moral y técnica de algunos de sus integrantes como consejeros o como funcionarios, pero en lo general con una falla de diseño estructural que no le permite ser viable ya que las quejas de los jueces por el manipuleo que en cuanto a su asignación y los cambios que se generan, son muy frecuentes el esquema de control férreo de las sanciones no digamos la designación de servidores públicos y del Poder Judicial, apartada de intereses partidarios o sectarios que enturbien la bondad del esquema.

Esto obviamente debe terminar y se debe buscar un esquema nuevo que si bien siga dejando al margen de la égida de los magistrados el asunto administrativo y de control, sea un tema que deba quedar en manos de expertos ciudadanos sin tinte partidario y que en todo caso la representación de los diferentes segmentos de funcionarios del Poder Judicial pueda permanecer pero de alguna forma con un equilibrio entre la toma de decisiones y la ejecución de las mismas.