Negociaciones bilaterales y una petición en línea directa al Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde la Fiscalía General de la República encabezada por Gertz Manero, logró que el único ex Secretario de la Defensa Nacional investigado por encubrir a células del narcotráfico vinculadas con los Beltrán-Leyva, volviera a México en calidad de “ciudadano”, dispuesto a ser investigado por la justicia nacional.

De manifiesto ya estaba el malestar: México supo de la discreta investigación hasta que Cienfuegos fue detenido en plenas vacaciones familiares a si llegada al Aeropuerto Internacional de los Ángeles, en California, cuando por mero procedimiento consular, fue informada la cancillería.

Los cargos de narcotráfico en su contra, a decir de varios analistas, permitieron que se abriera la delicada puerta que puso en riesgo la soberanía nacional: Cienfuegos preso, con la más amplia carrera militar, terminó la administración de Peña Nieto dejando en altos cargos de la institución que maneja los fideicomisos mas grandes y ahora también, la seguridad pública, puertos y seguridad municipal a personas de su confianza. Formó y colocó en espacios clave a servidores cercanos. La simple acusación, aún antes de conocer las pruebas, dieron un golpe: ¿Se confirmaría un posible narco-estado?

Aquella alternativa, ahora extinta hasta que no se inicie otra investigación en su contra ante la justicia norteamericana, habría permitido cierto nivel de intervención en México.

López Obrador justo al día siguiente de la detención, el 16 de octubre, aseguró que haría una limpieza en el Ejército y removería a quienes estuviesen involucrados con el ex titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto. En aquel entonces, dio respaldo a las Fuerzas Armadas y aseguró que la presunta conducta criminal de Cienfuegos no mancharía al ejército. Uno que otro incauto, sin entender la dimensión bilateral e intervencionista, celebró la detención pretendiendo que aquello “era un logro de la 4T”. Tan equivocados estuvieron en sus impulsos que López Obrador cambió su postura al 17 de octubre: con un llamado a la prudencia, pidió probar las acusaciones y compartir la información sobre las investigaciones para que su gobierno hiciera lo propio.

Algunos analistas de Estados Unidos aseguraron que el silencio de las investigaciones tenían un temor fundado a que México protegiera al General … en agosto de 2019, fiscales de la Corte del Distrito Este de Nueva York presentaron pruebas ante el Gran Jurado en que se fundaba la probable comisión de crimenes por vínculos con el narco y protección de “el Padrino”, consistentes en la conspiración para manufacturar, importar y distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana, así como lavado de dinero.

Entre todos los niveles del ejército, la detención del General Salvador Cienfuegos generó malestar y preocupación al grado de cooperarse para su defensa. En México, la jurisdicción especial para militares contempla la traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas en el artículo 275 Ter lo siguiente:

“Se sancionará con pena de prisión de 15 a 60 años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que:

II. Proporcione a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, protección o facilidades en la plaza o puesto confiado a su cargo; así como adiestramiento, capacitación o conocimientos militares;”

La Cuarta Transformación está bajo la mirada internacional: justicia o impunidad… el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el General Salvador Cienfuegos es inocente. Al menos, ante la ley.