Siete reformas capitales. Nueva Ley de Amparo

El tiempo ya alcanzó a la Nueva Ley de Amparo y los resultados, es que reprobó. Al reprobar evidencia la crisis de derechos humanos tan grave que atravesamos y que se quiere negar, se quiere tapar el sol con un

Uno de los más pretenciosos proyectos de la actual administración fue la consolidación de una Nueva Ley de Amparo. Concretamente, antes de la reforma al código de procedimientos penales y cualquiera otra de las ?reformas estructurales?, ésta era la prioridad del gobierno federal. Este tema en específico es un indicador infalible de si se respetan o no los derechos humanos en nuestro país.

Seamos claros, seamos honestos, una ley que en el papel es prácticamente impecable, de vanguardia, de esas leyes que el país necesita para afrontar la nueva era de las sociedades de consumo. Pero, aquí está el detalle, el primer gran fracaso de la actual administración.

El amparo es un invento mexicano de vanguardia que pretendía (y lo logró) garantizar el respeto a las garantías individuales consagradas en los primeros 22 artículos de la Constitución, para que no fueran violentadas y los mexicanos víctimas de los abusos de poder de cualquier autoridad. Producto de exportación, envidia internacional, y avanzada de los que después se configuraría como el término de los derechos humanos a nivel internacional.

No obstante como todo producto de consumo humano este mecanismo, este modelo jurídico fue desgastándose y necesitaba adecuarse, actualizarse a las nuevas generaciones y las demandas racionales y fundadas en el avance jurisprudencial.

Dicen los expertos que a esta nueva ley de amparo le faltó incluir para que fuera totalmente infalible y de vanguardia un concepto que se llama ?la suspensión del acto reclamado por buen derecho?. El por qué no se incluyó, no lo sé a ciencia cierta, pero las evidencias nos muestran ya indicios.

Este concepto de la suspensión del acto reclamado por buen derecho, no quiere decir otra cosa más que lo siguiente. Cuando usted se ampara porque una autoridad se pasó de tueste valiéndole observar responsablemente la ley y con ello le causa un agravio, esta autoridad debe emitir una prueba de dicho abuso, en la mayoría de los casos, o sea, debe manifestarlo por escrito o materialmente, concretamente.

Cuando este abusivo escrito o acto que consuma un acto ilegal en contra de cualquier individuo por parte de una autoridad es evidencia contundente, entonces el (la) Juez(a) puede suspender el acto que se reclama (el abuso) de manera inmediata y no esperar a la ?audiencia constitucional? para que descarguen las pruebas. Con ello se agiliza el juicio (trámite) y se garantiza que la parte acusadora no sea vuelta a victimizar.

Esto no lo tiene, no lo incluye, la nueva ley de amparo y a simple observancia de [email protected] es un elemento infaltable. Por otro lado si existen cualquier cantidad de CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. ¿Qué es esto? Para que un abuso sea un abuso a los ojos de la ley debe cumplir con cualquier cantidad de requisitos, como presentarse en tiempo, que verdaderamente se haya consumado el abuso de autoridad, etc., etc., etc.

Lo que se buscaba con estas normas de improcedencia y sobreseimiento era establecer estricta y específicamente los elementos que determinaban un abuso de autoridad, al perfeccionar estos conceptos, las etiquetas, se garantizaría que el proceso fuera más justo y el amparo no se siguiera utilizando como una herramienta o estrategia para retrazar las decisiones justas de alguna autoridad.

También se incluye en dicha ley de amparo el concepto del abuso por omisión, por todos aquellos agravios que se cometían por autoridades que siempre se hicieron como que la ?virgen les hablaba? a la hora de cumplir con sus responsabilidades como servidores públicos.

El tiempo alcanzó a este ambicioso y ?justo? proyecto, y desgraciadamente ha fracasado. El fracaso se debe a dos causas que serán las constantes de todas y cada una de las reformas estructurales presentadas por el ejecutivo federal, ignorancia-negligencia, e intereses de grupos de poder.

Según el Instituto Nacional de Defensoría Pública (aquí sí defienden, no como las DEFENSORIAS DE DERECHOS HUMANOS, esas solo sirven para apapachar y dejar que se siga cometiendo el abuso), que depende del Consejo de la Judicatura Federal y que su misión es defender a todo aquel que solicite sus servicios, presentando atención jurídica especializada ante cualquier tribunal, durante el año de 2013 y 2014, 2 de cada 3 amparos presentados ante un juez en México: SON SOBRESEIDOS. El 66%, mucho más de la mitad de los amparos presentados no son observados correctamente por los jueces.

En un país con una tradición corrupta y un HISTORICO y largo sueño de autoritarismo, de abuso de autoridad, esto significa a todas luces y sin lugar a contradecirlo que los derechos humanos no solo no se respetan en nuestro país, son letra muerta. El 66% de la gente abusada, así se queda. Sume del otro 33% cuando se toma una decisión incorrecta por parte de los tribunales y la sentencia es contraria a la persona abusada. A este dato sume las quejas sobre abusos de derechos humanos presentadas en distintos organismos expertos en la materia. A todos estos datos que venimos arrastrando sume que en México solo 1 de cada 10 delitos o faltas administrativas son denunciadas. Tenemos tremendo lío.

Para que en México no procedan los amparos o se les dicte un sobreseimiento se necesita de una constante y mutua ignorancia. Primero, ignorancia de la gente que no sabe cuales son sus derechos básicos, sus garantías individuales, sus derechos humanos y con ello permite sistemáticamente ser violentados.

Segundo, que nuestros abogados son producto de un sistema educativo que está calificado nacional e internacionalmente a nivel de una letrina. Esta ignorancia no se erradica con el ?tiempo? y con el perfeccionamiento de la técnica para interponer un amparo.

Tercero, esa misma ignorancia hace mella en los servidores públicos que trabajan en los juzgados, en resumen, el PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Los sobreseimientos y las improcedencias se fundan en la mayoría de los casos POR NO LEER O NO SABER LEER LAS DEMANDAS PRESENTADAS.

Así mismo, esta falta de especialización en la materia por los funcionarios se hace evidente en el ejercicio de sus funciones al sentenciar CONTRADICTORIAMENTE dichos juicios de amparo convirtiendo esas sentencias en verdaderos monumentos a la estupidez.

Por otro lado, en diciembre del año 2014, el mandamás del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal amenazaba de muy buena forma y con muy buenas palabras al Ejecutivo Federal, en un evento, exhortándolo a que le inyectara recursos económicos a poder judicial para que funcionaran las ambiciosas reformas (refiriéndose específicamente al Código Federal de Procedimientos Penales y otras).

Efectivamente, en resumen para que se entienda, o le palmas con más lana, o las reformas no pasan. Sí amigo lector, no obstante el dineral que ganan jueces y magistrados del Poder Judicial, todavía exigen más, y además, por si fuera poco, les caen cualquier cantidad de dádivas en agradecimiento a sus ?servicios?.

La realidad de los juicios de amparo y la nueva ley de amparo me lanzan a hacer dos preguntas: ¿Nunca se imaginó el Gobierno Federal que aceptando pasar y hacer funcionar dicha ley, dicha reforma, a punta de billetazos se estaría alimentando más la corrupción hasta llegar al punto de hacer inviable la aplicación de la ley?

O de plano: ¿Se sabía lo anterior y la estrategia era que se negara por medio de un nuevo régimen de juicios de amparos la justicia a los ciudadanos para que los actos de autoridad, y los abusos no se castigaran y con ello se diera viabilidad a las otras reformas aplicadas?

Al tiempo, pero el tiempo ya alcanzó a la Nueva Ley de Amparo y los resultados, es que reprobó. Al reprobar evidencia la crisis de derechos humanos tan grave que atravesamos y que se quiere negar, se quiere tapar el sol con un dedo. A este efecto ahora sí sume la INEFICACIA DE LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, y lo costosos que son.

Otro elemento más para vivir en una aguda crisis de credibilidad, otra prueba más de que es verdad que necesitamos de leyes de avanzada, pero que si no corregimos el problema del respeto a la ley que se manifiesta en corrupción, jamás funcionará ninguna ley, jamás podremos construir un estado de derecho, garantía de la reproducción del sistema preponderante en nuestra sociedad de consumo.

El efecto masivo es que se permitió que la ambición por poseer autoritariamente a los individuos abusando de sus derechos se haya convertido en un acto sumamente lujurioso.

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