Los incrementos en los precios de las gasolinas y diésel que se han dado en México a partir de enero de 2017 no son los únicos, ya que otros energéticos aumentaron sus costos para el consumidor nacional. Ejemplo de esto es el Gas Licuado de Petróleo (Gas LP), que también aumentó de precio, con lo que se  afecta el poder adquisitivo de gran parte de la población, y probablemente tenga consecuencias en las proyecciones inflacionarias que tiene el gobierno federal para este año.   

El aumento del precio del gas LP se debe a la liberación del energético, el cual se dio tras 50 años de ser regularizado por el Gobierno, es decir, las cerca de 350 empresas privadas distribuidoras fijarán el precio, de acuerdo a las condiciones de mercado.

Con esta medida que libera el precio del combustible se da cumplimiento al mandato de la Reforma Energética aprobada por el congreso en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, dando pie a que el Gas LP registrara a partir del 1° de enero del presente año un incremento en su costo de hasta 21 por ciento respecto a diciembre del año pasado, y 25 por ciento en relación con enero de 2016.

La producción de gas Licuado de Petróleo (gas LP) en México se realiza desde principios del siglo pasado, sin embargo, fue hasta el año de 1946 cuando se inició su comercialización como estrategia para sustituir la utilización de combustibles vegetales (leña, carbón, petróleo crudo) en los  hogares de las zonas urbanas del país.     

El gas LP es la principal alternativa de combustible en nuestro país, ya que llega a más de 95 millones de mexicanos a través del uso doméstico (siete de cada diez hogares mexicanos utilizan este energético), industrial y de carburación automotriz. Actualmente, a nivel mundial, México ocupa el cuarto lugar en consumo de gas LP (después de Estados Unidos, Japón y China), y el primero en consumo doméstico.

El consumo de gas L.P en el país es de aproximadamente 710,000 toneladas mensuales, de las cuales 70% son producto de la refinación de crudo y el procesamiento que hace Pemex en sus refinerías, y el restante 30% es adquirido por la empresa productiva del Estado en el exterior. La empresa estatal, para importar el combustible, cuenta con infraestructura, pero también arrienda a privados al menos diez terminales terrestres y marítimas.

En mayo del año pasado, Pemex dejó de importar gas LP para su consumo en México, ahora son las empresas privadas quienes lo hacen, y se benefician de los precios que pueden conseguir en la frontera, en comparación con el precio ofrecido por la hoy empresa productiva del Estado en sus centros de producción.  

La determinación del precio del gas LP hasta el año pasado lo hacían la Secretaría de Hacienda, Pemex y la Secretaría de Economía, pero a partir de este año es el mercado el que fija el costo para el consumidor final. 

El precio del gas L.P  lo determinaba la Secretaría de Economía, mes a mes, con los siguientes componentes: la referencia del  precio Mont Belvie, a la que añade un margen por la venta de primera mano que realiza Pemex añadiendo el IVA y el margen de comercialización de las empresas.   

La liberalización para que empresas distintas a Pemex puedan importar gas L.P no garantiza  tener mejores costos del energético y así poder bajar las tarifas a los usuarios del país, ni tampoco  detendrá la alta concentración que hay actualmente en México del mercado de la distribución del energético por parte de empresas privadas, ya que puede consolidar aún más su posición monopólica, con corporativos como Soni, Tomza, Nieto y Global Gas, pertenecientes a la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), que preside Luis Landeros, quienes distribuyen 45 por ciento de este combustible en México, y son prácticamente los dueños de la infraestructura de importación, por tanto, están listos para adquirir el producto sin requerir a la empresa productiva del Estado.   

Las 6 refinerías de Pemex que hay en México cada vez producen menor cantidad de gasolinas, diésel y otros refinados de petróleo, y a más altos costos. Esto quedó evidenciado en mayo del año pasado cuando la venta de gas LP en México rebasó el precio del mercado del Sur de Texas, por lo que PEMEX intentó competir con descuentos de 13% sobre la venta en el punto de embarque, ya que los distribuidores privados consiguieron el combustible hasta 40% más barato.       

Lo que pagaban los consumidores de gas LP, tanto para hogares como para empresas en México no cubre el precio al que Pemex importa o podría vender el combustible en otros mercados, por lo que el gobierno tenía que pagar la diferencia, es decir, tenía que gastar para vender este combustible.

El precio al que vendía Pemex el gas LP a los distribuidores incurría en un “costo de oportunidad” por no venderlo al precio al que podría hacerlo de acuerdo al mercado internacional, o sea a un precio más alto. Tan sólo en 2010 este subsidio costó a los contribuyentes 29 mil millones de pesos; esto equivalía a 13 por ciento más que el presupuesto de la UNAM o la mitad del programa Oportunidades. 

El subsidio al gas LP por parte del gobierno beneficiaba a quienes más consumían y no a los más pobres, ya que se aplicaba de igual manera para todos los consumidores.

La Secretaria de Economía que dirige Ildefonso Guajardo ha dicho que el incremento del diésel no debe de incrementar el precio del kilo de  tortilla  en más de 5 centavos, pero lo que no dice la dependencia gubernamental es que al alimento le pegará más duro el incremento del gas LP, ya que es mayor el costo por la utilización de  energético.

El incremento de los precios de los energéticos así como otros insumos han provocado que el kilo de tortilla haya subido hasta dos pesos, en algunas regiones del país lo que lastimara la economía de muchos mexicanos de más bajos ingresos. 

El aumento del precio del gas LP tendrá efectos nocivos en el poder adquisitivo de los mexicanos e incidirá negativamente en la inflación.