Si bien es cierto que no hay oportunidades reales de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalide las elecciones para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no es menos cierto que, no sólo en lo jurídico, sino en los hechos, aún no hay Presidente electo para el período que va del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018. Esto con motivo de lo que ocurre en el caso de Rosa Estela Olvera Jiménez vs. el estado de Texas, mismo que se ventila ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. En este asunto judicial, que es bastante relevante tanto aquí como en los Estados Unidos, Enrique Peña Nieto, en su calidad de amicus curiae[1] de la apelante, se ostenta como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos[2].
Esto no sería problema si no fuera porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha emitido el fallo respectivo y calificado la elección. Y porque los propios priistas son los que piden que se respeten los cauces institucionales. Con conductas así por parte del candidato del PRI no se puede probar un fraude, pero se puede intuir un desprecio gigantesco por parte del mexiquense y su equipo hacia las instituciones jurídicas, hacia las formas y los plazos que las leyes imponen y hacia las opiniones que puedan ser divergentes con sus proyectos y particulares necesidades. Transmite de forma prístina que lo que diga el Tribunal ya no importa y que él mismo se ha ungido como presidente electo. Recuerda un poco –guardada proporción- el gesto que Napoleón tuvo en su coronación como emperador en 1804 en Notre Dame: arrebató la corona a Pío VII y, como autócrata, se la impuso él mismo. El Papa sólo se limitó a dar su bendición.
Enrique Peña Nieto no es el genial corso y el Tribunal Electoral no es el referente político que fue Pío VII, pero rasgos despóticos traslucen en actuaciones como la que refiero. Es cierto, el problema jurídico de las pruebas hace casi imposible que la izquierda pueda ver cristalizadas las pretensiones que busca con el juicio de inconformidad mediocre que ha desarrollado. Pero eso no es pretexto para que el actor político más relevante del momento desprecie el fallo y la calificación que serán emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una conducta antidemocrática, es un insulto al Tribunal –y a todas las instituciones-, pero sobretodo es una torpeza política: dichos fallo y calificación serán desconocidos por una parte relevante de la sociedad y de los actores políticos de izquierda. ¿Para qué debilita con esas conductas Enrique Peña Nieto los instrumentos jurídicos que darán legalidad y legitimidad a su presidencia? Hasta donde alcanzo a percibir, ya hay suficiente gente trabajando en ese tema.
[1] Amicus curiae es un tercero que apoya a una parte en un juicio, sin integrarse formalmente a la relación procesal.
[2] Esto puede leerse en la página 8 del “Brief of Enrique Peña Nieto, Governor Eruviel Ávila Villegas, Yuriria Marván, and Sovereign State of México as Amici Curiae supporting petitioner” elaborado en este mes para el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas como parte de la petición de atracción que hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos de América del caso en el que Rosa Olvera fue condenada en Texas a 174 años de prisión por la muerte de un niño de dos años; dice textualmente: “Enrique Peña Nieto is the president-elect of the United Mexican States”. Dicho documento es consultable en http://tinyurl.com/9865r3v