August 24, 2019 10:15


¿Parcialidad y oportunismo en labor anticorrupción?

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habrá que esperar resultados, habrá que esperar procedimientos, habrá que esperar debidos procesosInternet

Sería altamente positivo que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (SFP), motu propio emprendiera las investigaciones necesarias que además resultaren eficaces para establecer deslinde en la posible responsabilidad de Grupo México por las actividades que lesionan el hábitat y provocan severo menoscabo en la salud de poblaciones en diversas regiones del país especialmente en Sonora, o para dictaminar posibles sanciones por acciones polémicas y tachadas de turbias o ilícitas en el programa gubernamental jalisciense denominado «A Toda Máquina», y no se limitara únicamente a dar seguimiento a temas cuando es inexorable o imperativo sean revisados, sea porque la opinión pública los ventila o agrupaciones civiles lo demandan, como fue el caso de los señalamientos de presuntos ilicitudes que se indagan al ex Delegado para los Programas Federales de Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.

Y es que en cuanto a Grupo México, se conoce que ha tenido 22 “accidentes” de derrame de químicos en los últimos 20 años provocando excesiva contaminación envenenando aguas y tierras con consecuencias fatales, como ocurrió en días pasados tras verter 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, “uno de los mares de mayor biodiversidad del mundo y cuna de la vaquita marina”, como se señala en una carta firmada por 400 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, académicos y artistas de México y América Latina, que este jueves dirigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir se ponga un alto a la trasnacional Grupo México, del empresario GermÁn Larrea.

Es de esperar que tras este tipo de presión por parte de la sociedad civil organizada, de inmediato se instruya a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval que inicie la respectiva investigación, aun cuando es históricamente conocido el daño que Grupo México ha causado en la zona y no se ha hecho nada por detenerlo.

En el caso de “A Toda Máquina”, como ya se ha señalado en otras ocasiones, se trata de un programa multimillonario (3 mil 674 millones de pesos) para arrendamiento de maquinaria que entregó el Gobierno de Jalisco a un empresario amigo del gobernador Enrique Alfaro Ramìrez, del que investigaciones periodísticas han revelado serias inconsistencias, conflicto de intereses, sobre precios, favoritismos, y triquiñuelas para beneficiar a la empresa Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V. propiedad del empresario Guillermo Romo, quien acompañó al gobernador a presenciar un partido de básquetbol de Los Lakers, en la mejor zona del Staples Center.

Por esta licitación presuntamente amañada, se presentaron un par de denuncias en el ámbito local, pero ante el nulo avance de las investigaciones, además de la  presunción de hechos constitutivos de delito con repercusiones al erario federal, los diputados jaliscienses del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acudieron en días pasados a la Ciudad de México para presentar una denuncia en contra del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y otros funcionarios ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Es lo deseable que también respecto a este tema se instruya a la SFP iniciar de inmediato las averiguaciones correspondientes, aunque una vez más se tenga que actuar por presiones y no por iniciativa propia como sería lo más correcto, sin menoscabo de que se enviaría una señal muy favorable que permitiría a los ciudadanos devolver el crédito y la confianza en las instituciones.

Ahora bien, no deja de llamar la atención el encontronazo, por llamarlo de alguna manera, en que se han visto envueltos el presidente de la agrupación civil  “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” Claudio X. González, y la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, por colgarse la medalla de haber conseguido la dimisión de Carlos Lomelí Bolaños.

Sin pretender tomar partido por alguno de ellos, no está de más recordar que ambos hicieron señalamientos en torno al posible conflicto de intereses y otras presuntas conductas impropias en que habría incurrido el también ex candidato a la gubernatura de Jalisco. No obstante es la asociación Mexicanos Contra la Corrupción, quien ha dado a conocer reportajes donde se aduce que el hoy ex delegado incurrió en conflicto de interés al ganar sus empresas o relacionadas con él, licitaciones de medicinas en el actual gobierno federal.

Tema aparte sería revisar la calidad moral de Claudio X. Gonzalez para asumir el papel que ha pretendido ostentar cuando su historial es de todos conocido, sobre todo en administraciones pasadas cuando su familia fue ampliamente favorecida con contratos millonarios provenientes del gobierno federal.

Lo que no pareció muy adecuado fue la forma en que hasta sonriente y semi burlesca, salió la funcionaria pública a “La Mañanera” para presentar los resultados de inicio de investigaciones, como tampoco fue bien visto que fuera su esposo, el investigador universitario, John M. Ackerman, quien prácticamente en calidad de hincha saliera a redes sociales a aclarar que la situación que motivó la renuncia de Lomelí no fue la injerencia o la investigación de la organización de “Mexicanos Contra la Corrupción”  sino el trabajo de su esposa Irma Sandoval.

Mayor cuidado ha tenido el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a quien se le reconoce su profesionalismo y su labor callada pero que de alguna forma también ha salido a la palestra a afirmar que está trabajando en conjunto con la SFP.

En todo caso, lo más cuestionable es que se estén disputando un premio o se crean merecedores de  algo más por un tema que apenas se comenzó a investigar y no está ni cerca de ser concluido.

Es cierto, se trata de un asunto que podría tener alguna consecuencia importante pero que aún está en etapa de investigación; apenas si se inició y lo que sabemos es que  hay siete investigaciones en curso, (cuatro por conflicto de interés y tres por infracciones a la Ley Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre las que destacan presunto cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto), de acuerdo a lo informado por la titular de la SFP.

Es decir, no parece ser una situación como para merecer la forma que se están vanagloriando de algo que aún resulta prematuro determinar su alcance final. Ya lo dijo la secretaria Sandoval, habrá que esperar la determinación y conclusión de esas investigaciones, el resultado claro y transparente que de ellas se otorgue, la reacción que debe ser lógica por las vías legales de a quienes se les atribuye presuntamente conductas fuera de norma y el inicio de procesos que deben tener la rigidez legal necesaria para que tengan solvencia.

Insisto, habrá que esperar resultados, habrá que esperar procedimientos, habrá que esperar debidos procesos y que esto llegue a las consecuencias que tengan que ser conforme a derecho, eso es lo ideal, absteniéndose por ahora de combatir entre funcionarios y sedicentes adalides de la acción cívica anticorrupción de fanfarronear y jactarse de éxitos en asuntos de los que aún parece demasiado prematura la determinación final y en los que existe aún duda o carencia de verdad absoluta. 

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