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Columnas

10 razones para dudar de las candidaturas independientes como un auténtico espacio de representación ciudadana

@joseolguin_ mié 2 jul 2014 12:09

  El escenario de 2015 será la gran oportunidad para probar si la nueva regulación de las candidaturas independientes resultará suficiente para fomentar y garantizar la participación de los ciudadanos.

Recientemente con la aprobación y entrada en vigor de diversas leyes reglamentarias en materia electoral, derivadas de la llamada Reforma Política del 2012, entre los aspectos innovadores destacan la creación del Instituto Nacional Electoral, la reelección legislativa, regulación del tiempo establecido para los partidos  en radio y televisión, votos provenientes del extranjero, la paridad de género y las candidaturas independientes. Este último tema  ha dado mucho de qué hablar, sus principales promotores afirman que con esta reforma se beneficia a toda la ciudadanía, garantizando su derecho no solo de votar sino también de ser votado, tal como lo señala nuestra Constitución en su artículo 35 fracción II.  Así el ciudadano podrá solicitar su registro ante la autoridad electoral de manera independiente para competir por un cargo de elección popular, sea federal o local, sin necesidad de pertenecer a un partido político.

El tema de las candidaturas independientes no es nuevo en México, aunque se le quiere dar un sentido de novedad, es más bien un derecho recuperado, pues las mismas se permitían antes de haber sido prohibidas en 1946 por la Ley Electoral Federal vigente en ese momento, la cual estableció que la facultad de postular candidatos era exclusiva de los partidos políticos. Ahora como resultado del largo tiempo de reclamo ciudadano que  mantuvo el tema en la discusión de la política nacional, se permite el regreso de las candidaturas independientes como un respiro a nuestro sistema electoral, que después de  cada elección se hunde en una crisis  cada vez más profunda de credibilidad, aunado a que  la mayoría de ciudadanos  no se sienten representados con ningún partido político y ven en las candidaturas independientes la oportunidad de ser partícipes.

Reiteradamente muchos confunden las candidaturas independientes con las llamadas “candidaturas ciudadanas”, sin embargo, resulta innecesaria dicha distinción, pues un candidato independiente es quien busca ser postulado a un cargo de elección popular sin  ser propuesto por un partido político, mientras un candidato ciudadano es todo aquel mexicano de 18 años que aspira un cargo de representación política, no importa si milita en un partido, está afiliado o surge de sus filas, al final todo candidato, sea independiente o no, es ciudadano, por lo tanto hablar de candidatos independientes o candidatos ciudadanos resulta irrelevante.

Ahora bien, frente a un proceso electoral cada día más próximo, que son las elecciones intermedias a celebrarse en 2015, en donde habrá candidatos independientes, es en este tenor que las entidades deben urgentemente comenzar a reformar sus leyes locales para armonizarla con la reciente Reforma Política, hasta el momento en 29 entidades, se ha legislado en materia de candidaturas independientes, mientras Nuevo León, Jalisco y Guerrero se mantienen atoradas.   

El escenario de 2015 será la gran oportunidad para probar si la nueva regulación de las candidaturas independientes resultará suficiente para fomentar y garantizar la participación de los ciudadanos, otorgándonos igualdad en derechos y oportunidades frente a partidos políticos, o bien, si se trata nuevamente de obstáculos que impiden la participación ciudadana  independiente y fortalece aún más la partidocracia, sin respetar los derechos constitucionales de equidad electoral, democracia y libertad de expresión a causa de una regulación excesiva que hace de un posible avance democrático, una simple simulación.

Aquí 10 razones para dudar de las candidaturas independientes como un auténtico espacio de representación ciudadana.

1. Resulta más fácil formar un nuevo partido que competir una candidatura independiente. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que un aspirante a candidato independiente a la presidencia requiere recabar al menos 1% del electorado nacional  (800 mil firmas) que apoyen su candidatura dentro de  un plazo de 4 meses, en tanto en la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 10 establece que un partido solo necesita el 0.26% del padrón electoral para su registro (208 mil firmas), es decir a un candidato independiente a la presidencia le piden casi 4 veces más firmas de las que le piden a un partido político para su registro. Mientras tanto, el candidato independiente a Senador  o Diputado  requiere  del 2% de firmas que representen  la lista nominal correspondiente a la entidad o distrito que busca representar.

2. Deberán conseguir en menor tiempo el apoyo ciudadano. Considerando que para lograr el registro de una candidatura independiente a un cargo de elección popular el aspirante cuenta con plazos para lograr reunir las firmas de apoyo suficientes, ya sea el caso de una candidatura para Presidencia en un plazo de 4 meses, candidato al Senado en un plazo de 3 meses y candidatos a Diputado que cuentan con 2 meses, en contraparte en la creación de un nuevo partido político tienen un plazo el plazo de un año para convertir a sus simpatizantes en militantes del nuevo partido.

                         

3. Los aspirantes a candidatos independientes previo a su registro no contarán con acceso a  los tiempos de radio y televisión para obtención de apoyo ciudadano, mismo proceso que debe coincidir con el periodo de selección de candidatos dentro de los partidos, resulta inequitativo pues estos últimos gozan del derecho constitucional de tener acceso a minutos de radio y televisión para su precampañas, como lo señala el artículo 41 constitucional. Sin el apoyo de recursos públicos y acceso a medios, a quien aspira a registrarse como candidato independiente solo le dejan como espacio para la difusión de su imagen y propuestas a las redes sociales y campaña de casa en casa.

 

  1. 4.   Los candidatos independientes en campaña contarán con menos tiempo en radio y televisión que candidatos apoyados por algún partido. Constitucionalmente los partidos políticos cuentan con tiempo en radio y televisión para sus campañas electorales federales, el total de ese tiempo es distribuido de la siguiente manera: el setenta por ciento es asignado a los candidatos de partidos políticos en proporción al porcentaje de votos obtenido en la elección para diputados federales inmediata anterior, mientras el 30 por ciento restante se divide de forma igualitaria entre todos los partidos, incluyendo a los candidatos independientes, pues en su conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro.

 

  1. 5.   Los requisitos resultan inidóneos e innecesarios

 

De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto es el facultado para verificar que se haya reunido el porcentaje de apoyo ciudadano hacia el aspirante a candidato independiente, constatando que los firmantes aparezcan en la lista nominal de electores, sin embargo, en uno de los incisos del artículo 385 punto 2 de la ley, indica que dichas firmas no se computarán cuando no se acompañen con las respectivas copias de la credencial para votar vigentes; sobre esto el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sesión del 27 de mayo de este año, acordó por unanimidad revocar este requisito, al igual que los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC) y de la Comisión de Candidaturas Independientes que exigieron cumplir con ese requisito al ciudadano Luis Alberto Zavala Díaz, quien pretendía en ese momento contender como candidato ciudadano independiente a una diputación local en Coahuila, igual determinó que  Zavala Díaz podía iniciar campaña desde el 29 de mayo. Ello en razón de que una copia simple no resultaba una medida idónea que permitiera verificar si los ciudadanos se encuentran debidamente registrados en el padrón electoral, pues las copias podrían corresponder a credenciales no actualizadas, incluir datos erróneos o ser falsas.

6. Si sufren agravios en el proceso de registro no podrán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo hacen los partidos políticos, lo cual resulta una trampa procesal, pues en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral viole los derechos del aspirante durante la solicitud del registro,  la ley no le permite acudir al TEPJF, dejando solo a las instancias internacionales para la defensa de sus derechos político-electorales.

  1. 7.  Los candidatos independientes tienen gran desventaja en financiamiento público frente a partidos.  Toda la promoción de propuestas e imagen previo a su registro como candidatos independientes para lograr el apoyo ciudadano necesario se realizará con sus propios recursos, sin contar que antes de solicitar su registro tendrán que construir una asociación civil ante notario público, trámite con un precio que oscila entre 6 mil a 10 mil pesos por la protocolización. Aunado a que durante la campaña el apoyo económico aportado por el INE será inferior al de los demás partidos.
  2. 8.  Mayor rigor en sanciones y excesiva fiscalización hacia los candidatos independientes. Tanto partidos políticos como candidatos independientes son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales independientemente de los delitos electorales que pueda cometer y sean sancionados por la Ley General en Materia de Delitos electorales; en el caso de las infracciones mientras para los candidatos de partido existen seis supuestos para ser infracciones, para los candidatos independientes existen quince, en sus respectivas sanciones igual son mayores, pues aunque para ambos casos se incluye como sanciones la amonestaciones pública, multa de hasta cinco mil días de salario mínimo, o la pérdida del derecho a ser registrado o en su caso, la cancelación del mismo, en el caso de los candidatos independientes se agregan dos sanciones más en el tema de la fiscalización: en caso de que el aspirante omita informar y comprobar los gastos hechos para recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado, no solo en esa elección sino en las dos elecciones subsecuentes, de igual manera sucede con los candidatos independientes que omitan informar los gastos hechos en campaña, supuestos que no encontramos con los candidatos de partido.
  3. 9.  No se les da voz frente al INE. Pese a que es derecho de los candidatos independientes una vez otorgado su registro, designar representantes ante los órganos del Instituto, sea central, local o distrital como lo establece el artículo 396 de la LGIPE; recientemente  el 20 de junio el INE aprobó el reglamento de sesiones en el cual  no se le da voz a los representantes de candidatos independientes, obstaculizando su derecho a participar en los debates del órgano colegiado por medio de sus representantes, para participar en la deliberaciones y poder defender sus intereses tal como hacen los partidos, pues se hizo una interpretación restrictiva de dicho artículo, dicho reglamento ha sido impugnado por diversas organizaciones de la sociedad civil ante el TEPJF.
  4. 10.                       Continúan con viejas prácticas políticas y son susceptibles a caer frente a la partidocracia. Hace justamente un año, en julio del 2013 en Zacatecas, primera entidad con ley secundaria en regular candidaturas independientes, tras cumplir con los debidos requisitos, Raúl Luna Tovar se convirtió en el primer candidato independiente del país, que compitió y ganó la alcaldía del municipio Gral. Enrique Estrada con el 43% de la votación, se podría pensar en ese momento que Raúl Luna era un ciudadano sin afiliación partidaria, inexperto en la política que logró de la nada competir contra candidatos de partido y ganar, sin embargo, el actual alcalde era miembro del PAN y decidió buscar ser candidato independiente, dado que no le dieron la candidatura en su partido, Raúl de Luna conociendo bien su municipio porque ya había sido alcalde en el periodo 2007-2010 y con la simpatía de la gente, decidió no acatar la decisión de su partido.  Que no nos sorprenda en las elecciones de 2015 haya muchos candidatos con militancia partidaria que opten por una candidatura independiente estando en las mismas circunstancias, pues antes tantos requisitos, desventaja económica, sin acceso a radio y televisión, resulta difícil pensar que un ciudadano sin capacidad económica y experiencia política podría competir en igualdad de condiciones. No muy distinto es el caso del actual candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva actual candidato independiente para gobernar el municipio de San Blas, Nayarit y ex alcalde de mismo municipio de 2008 a 2011 de extracción panista, conocido porque recientemente, en plena campaña, aceptó públicamente que durante su gestión robó del erario, pero “poquito” porque no había dinero. Esto no demuestra que la candidaturas independientes sean malas y no representen una opción viable para una verdadera participación ciudadana, sin embargo, con la actual ley, la cual más que promover la participación la obstaculiza, le deja este espacio a políticos con las más añejas prácticas políticas para  aprovecharlo y hacerse de un cargo de elección popular fuera de su partido.

Como ciudadanos nos queda seguir presionando, así como se ha venido haciendo hasta el momento para que esos requisitos se modifiquen, tal como se logró la inclusión de esta figura en la legislación política electoral se puede aspirar a mejorarla y deje de ignorarse la opiniones de especialistas en la materia como académicas y miembros de la sociedad civil, de otra manera se dejará la puerta abierta para que delincuentes de cuello blanco,  personas que por el solo hecho de tener recursos, sea de manera licita o ilícita, puedan ser candidatos a un puesto de elección, aún queda esperar la respuesta que pueda dar el TEPJF y la Suprema Corte ante diversas impugnaciones y amparos presentados ante dichas instancias que  tienen el deber de garantes de la Constitución y de los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales, los cuales son el parámetro para juzgar la regularidad de nuestras leyes federales y estatales, con el fin de  que ambos compitan no solo respetando el principio de equidad, sino tener igualdad de condiciones.

JOSÉ OLGUÍN

Estudiante de la Facultad de Derecho, UNAM

Twitter: @joseolguin_