La creación de este proyecto fue impulsada por el Mtro. José Alberto Gallegos Ramírez, integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), quien desempeñó un papel clave para articular esfuerzos entre las autoridades estatales y federales que hicieron posible la puesta en marcha de esta iniciativa.

Casa de Asesoría Jurídica acercará servicios legales a comunidades indígenas y afromexicanas

El objetivo principal de este nuevo espacio es garantizar un acceso efectivo a la justicia para poblaciones que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad y mayores obstáculos para acceder a servicios legales especializados.

Uno de los principales alcances del proyecto es que los servicios del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) llegarán directamente a las comunidades de la región, así como a municipios colindantes de Morelos y Puebla, evitando que las personas tengan que trasladarse largas distancias para recibir orientación jurídica.

Además, el modelo prioriza la atención en la lengua materna de los usuarios y el respeto a sus tradiciones, identidad cultural y formas de organización comunitaria.

En este sentido, José Alberto Gallegos Ramírez destacó que la nueva sede busca brindar acompañamiento integral a las personas que enfrenten procesos legales, garantizando una atención profesional, cercana y culturalmente adecuada para quienes requieran respaldo institucional.

Morelos integra defensoría federal y local en un mismo espacio

La nueva Casa de Asesoría Jurídica Intercultural operará bajo un esquema de colaboración entre el Gobierno de Morelos y las instituciones de procuración y defensa jurídica, integrando en un mismo inmueble a la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública Local.

Esta coordinación permitirá atender tanto asuntos del ámbito federal como del orden común, facilitando que las personas comprendan cada etapa de sus procesos y cuenten con acompañamiento especializado durante todo su trámite jurídico.

Asimismo, derivado de la colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el inmueble también funcionará como un centro de formación enfocado en la protección de los derechos político-electorales de las comunidades.

La inauguración contó con la participación de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el ministro Irving Espinosa Betanzo; y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, entre otras autoridades federales, estatales y representantes comunitarios.

Durante el arranque de operaciones, las autoridades reiteraron que este espacio busca convertirse en un punto de apoyo permanente para la población, fortaleciendo una visión de justicia más cercana, accesible e incluyente para los pueblos y comunidades de la región.

El desenlace se da tras una ardua búsqueda de justicia que se prolongó por catorce años, sin embargo, aún falta que se publique la sentencia de manera oficial.

“Lo que pasó con la Suprema Corte, estoy muy emocionado, muy agradecido y además ilusionado por lo que significa, 14 años de buscar justicia y bueno, ahora les toca a ellos”

Diego Luna

Luego de 14 años de litigio, Diego Luna celebra resolución de la SCJN contra Johnnie Walker

Tras un litigio de 14 años, la SCJN falló a favor del actor Diego Luna por el uso ilícito y no autorizado de su imagen.

⚖️ “Son 14 años buscando justicia”: Diego Luna celebra resolución de la Suprema Corte con respecto al uso de su imagen sin autorización por parte de una marca de whisky y asegura que ahora solo falta un paso clave. 🎉📜 #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/q2q4Gm1czP

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 29, 2026

La empresa de licores Johnnie Walker deberá otorgar una indemnización económica significativa por haber utilizado ilegalmente la identidad del artista en una campaña publicitaria de 2011.

SCJN ordenó el pago de una indemnización que no podrá ser inferior al 40% de las ventas del producto durante el tiempo que duró la campaña.

Diego Luna se mostró feliz con esta resolución, aunque destacó que todavía falta un paso importante que es la publicación de la sentencia.

“Estamos esperando a que se publique la sentencia, que eso es el paso que sigue más importante”

Diego Luna

La Corte señaló que el objetivo es evitar que quien infringe la ley se beneficie económicamente de haber explotado la imagen o la obra de otra persona.

Esta decisión de la SCJN reafirma que el derecho a la propia imagen y protege la facultad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual.

¿Por qué Diego Luna inició un proceso legal contra Johnnie Walker hace 14 años?

Diego Luna demandó a la compañía Johnnie Walker debido al uso indebido e ilegal de su imagen en una campaña publicitaria de bebidas alcohólicas.

La empresa utilizó la imagen de Diego Luna, así como la de su pareja y su hijo menor, sin contar con su autorización para la campaña difundida en 2011.

Diego Luna inició acciones legales tan pronto como el anuncio comenzó a circular, considerando desde un inicio que se trataba de una violación a su derecho de imagen.

La misma campaña publicitaria también utilizó ilegalmente la imagen de su colega y amigo Gael García Bernal, quien igualmente obtuvo un fallo a su favor por parte de la Suprema Corte en 2021.

Con 29 votos a favor y 11 en contra, Morena y sus aliados avalaron las modificaciones constitucionales que ahora serán discutidas en el pleno de San Lázaro.

La propuesta presentada el 20 de mayo de 2026 busca reorganizar el proceso electoral judicial y fortalecer mecanismos técnicos relacionados con selección, evaluación y paridad de candidaturas.

Reforma judicial busca reorganizar elección de jueces y magistrados

El diputado poblano Julio Miguel Huerta Gómez respaldó la iniciativa presidencial al señalar que elegir jueces requiere tiempo suficiente, perfiles evaluados y procedimientos técnicamente sólidos.

Huerta afirmó que la reforma permitirá corregir problemas relacionados con boletas complejas, padrones desactualizados y mecanismos que podrían afectar la legitimidad del proceso electoral judicial próximo.

La propuesta también contempla adecuar la Revocación de Mandato para realizarla junto con elecciones federales, con el objetivo de incrementar la participación ciudadana nacional.

Además, plantea fortalecer los Comités de Evaluación mediante reducción de candidaturas, simplificación de boletas y reorganización territorial para garantizar mayor certeza jurídica en futuras elecciones judiciales.

La Barra Mexicana de Abogados expresó preocupación por la reforma constitucional al considerar que mantiene problemas estructurales y aumenta la incertidumbre institucional dentro del sistema judicial mexicano.

El organismo sostuvo que la iniciativa no fortalece mecanismos basados en mérito, experiencia y especialización, además de privilegiar factores ajenos a la capacidad técnica judicial.

La segunda elección judicial en México estaba prevista para 2027, luego de los primeros comicios realizados en 2025, donde participó únicamente el 13% del padrón electoral.

De acuerdo con los reportes, el encuentro entre Carlos Slim, Arturo Elías Ayub y Hugo Aguilar se llevó a cabo de manera privada, dentro de las propias instalaciones de la SCJN.

¿De qué hablaron Carlos Slim y Arturo Elías Ayub con Hugo Aguilar y la SCJN?

Este lunes se dio a conocer que los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub acudieron a la sede de la SCJN, en donde sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el ministro presidente Hugo Aguilar.

Se presume que este encuentro se llevó a cabo para robustecer los canales de comunicación entre los representantes del sector empresarial y la representación del máximo tribunal de justicia de nuestro país.

Esto toda vez que se busca trabajar de manera coordinada en temas de interés conjunto para la estabilidad y el desarrollo de los sectores que representan.

La reunión de trabajo se extendió por poco más de dos horas, y subraya la relevancia de la cooperación institucional en el actual panorama nacional.

No obstante, hasta el momento la propia SCJN no se ha pronunciado al respecto, ni brindado un estatus sobre los temas abordados durante el encuentro entre Carlos Slim, Arturo Elías Ayub y Hugo Aguilar.

El pasado 13 de mayo, la SCJN resolvió no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal, pero el ministro Hugo Aguilar solicitó al pleno reconsiderar la atracción del caso.

SCJN analiza nuevamente atraer caso de Juan Antonio Vera, agresor de María Elena Ríos

Tras realizar una manifestación en el Monumento a la Revolución, María Elena Ríos reveló que esta mañana estaba programada una audiencia en Oaxaca para revisar los amparos de Juan Antonio Vera.

Su abogada le notificó que la audiencia fue suspendida, ya que Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, solicitó reconsiderar la atracción del caso para que el pleno decida el futuro de los amparos.

Ante los medios, la saxofonista María Elena Ríos afirmó que esta medida representa “una esperanza” ante la falta de confianza en las autoridades judiciales del estado de Oaxaca.

Secretaría de Mujeres respalda a María Elena Ríos y pide justicia

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres difundió un posicionamiento público en el que expresó su preocupación por la posibilidad de que Juan Antonio Vera obtenga su libertad gracias a los amparos.

La dependencia llamó al Poder Judicial a actuar con perspectiva de género y evitar cualquier resolución que derive en impunidad. Además, reiteró su solidaridad con María Elena Ríos y con las mujeres sobrevivientes.

Cabe mencionar que el caso de María Elena Ríos ha estado marcado por retrasos, suspensiones y recursos legales que han interpuesto los agresores desde 2019 para evadir la justicia.

De acuerdo con la información, Juan Antonio Vera fue detenido en 2020 por el ataque y permanece procesado por tentativa de feminicidio, pero podría obtener la libertad gracias a amparos.

Tersa, sí. Sin sumisión, pero con absoluto respeto a la correcta liturgia política que sobre todo exige discreción en los desacuerdos —que los hay y los habrá— entre los distintos poderes.

El respeto a prueba de balas entre quien encabece la SCJN y la presidenta Claudia Sheinbaum es la primera línea de defensa de la nación ante las fuertes presiones externas, ahora mismo alimentadas por la oposición interna que no sabe ganar elecciones a Morena.

Lenia Batres no debe ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No dudo de su capacidad como jurista. Se le critica bastante desde los círculos de abogados conservadores porque suele interpretar las leyes de formas distintas a las de ellos; estos personajes, tinterillos de alcurnia que se sienten miembros de una casta superior, no logran entender la originalidad de Batres y se escandalizan. El gran problema que le veo a la ministra es otro: no ha salido de su etapa de activista.

Admitámoslo: en la gran hazaña de la 4T radica uno de sus grandes problemas para optimizar el sistema. Pocas veces en la historia de las naciones democráticas un movimiento pacífico llegó al poder después de décadas de lucha con todo en contra —medios, grupos empresariales, grandes partidos políticos, las presidencias del PRI y del PAN, e incluso EEUU—.

En los primeros años de su segundo sexenio en el poder, la 4T sigue en el proceso de atravesar, para algún día dejar atrás, la transición desde un movimiento rebelde hacia un régimen de gobierno. Transición en la que aparecen tensiones entre los cuadros de movilización y activismo —los llamados duros de Morena— y los cuadros institucionales —sencillamente los profesionales del servicio público—.

Resulta más que evidente que la presidenta Claudia Sheinbaum necesitará, en los años decisivos de consolidación de la 4T, no una corte suprema subordinada —eso jamás—, pero sí un poder judicial encabezado por perfiles capaces de entender que la política exige diálogo, prudencia y capacidad de conciliación entre poderes.

En tiempos de fuertes presiones externas y polarización interna, el país requiere menos activismo estridente y más inteligencia política en la conducción de la SCJN, algo que objetivamente analizado se ha logrado con Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente indígena —como Benito Juárez, en efecto—.

Francisco Garfias puso el acento en la llamada antinomia entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. La contradicción es flagrante: el artículo 94 (reformado en 2024) establece que el periodo del presidente o presidenta de la SCJN durará dos años y que le sucederá quien haya obtenido el segundo lugar en la elección judicial; pero quedó intacto el artículo 97, que señala que la presidencia dura cuatro años y es electa por el voto de ministros y ministras.

Semejante tensión jurídica abre el tablero de ajedrez político sobre qué tipo de liderazgo conviene al frente del máximo tribunal. Si se resolviera la antinomia manteniendo el artículo 97, Batres difícilmente alcanzaría la presidencia del poder judicial, pues “no trae el mejor ambiente entre sus pares”, como dice Garfias.

Si se mantuviera ese artículo, Hugo Aguilar debería ser presidente de la SCJN durante cuatro años; esto es, dejar el cargo no en 2027 sino en 2029, cuando ministros y ministras eligieran a quien será su reemplazo.

Eso sería lo mejor para la marcha más eficiente de la 4T. No por “miedo a Lenia Batres”, como incorrectamente afirma el columnista de Excélsior, sino porque su perfil de activista, muy poco dado a las formas institucionales, sería un obstáculo en la toma de decisiones al más alto nivel.

El activismo tiene una enorme utilidad en etapas de lucha y resistencia. En ese sentido, Lenia merece el mayor reconocimiento. Pero conducir un Estado requiere una relación absolutamente formal entre los distintos poderes. Así, quien dirija a la SCJN debe siempre tener capacidad de negociación y manejo fino de las formas de la buena política. Reitero: ello no implica de ninguna manera subordinación. Es solo entender que el ruido no ayuda y que las diferencias tienen que resolverse en privado.

En México, la cohesión interna es una exigencia de seguridad nacional. Ante las presiones de sectores ultraderechistas de Estados Unidos, una corte suprema atrapada en la estridencia se convertiría en un factor de vulnerabilidad. De ahí que perfiles más institucionales que el de Batres me parezcan preferibles para encabezar a la SCJN.

Hugo Aguilar ha demostrado ser un hombre dialogante sin renunciar a su autonomía. Debe seguir al frente del poder judicial. Hasta una ministra tan cuestionada como Yasmín Esquivel posee un adecuado manejo de las formas políticas. Es el caso de otros perfiles: Loretta Ortiz, Sara Irene Herrerías, Giovanni Azael Figueroa o el propio Arístides Rodrigo Guerrero —este a pesar de su apodo de Ministro Chicharrón—.

La 4T nació como un movimiento de resistencia popular, pero hoy tiene la responsabilidad histórica de consolidarse como estructura duradera de Estado. Y en esa transición, el activismo en las instituciones puede ser suicida.

Maru Campos y el retorno de la tentación entreguista

Un poder judicial nada estridente será fundamental para evitar el proyecto de cierta oposición traidora: recuperar el poder no por la vía de los votos, sino porque así se decida en Washington. De ahí la intensa campaña mediática que impulsa a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, como candidata presidencial de la derecha en 2030.

Que Campos haya permitido la participación de la CIA en operativos dentro de nuestro territorio es un síntoma alarmante: la resurrección del pensamiento entreguista que tanto dañó a México en el siglo XIX.

Maru Campos tiene el mismo ADN de José María Gutiérrez de Estrada y Juan Nepomuceno Almonte, quienes en Europa suplicaron que viniera Maximiliano a México.

La gobernadora de Chihuahua manifiesta un profundo complejo de inferioridad frente a lo extranjero: representa a la derecha tecnocrática, conservadora y empresarial dispuesta a abrir las puertas a la injerencia extranjera en el Estado mexicano.

Frente a tal amenaza, la respuesta de la 4T deberá ir mucho más allá de la movilización de Morena. La izquierda mexicana requiere una profunda unidad interna, disciplina de Estado y coordinación impecable entre los tres poderes de la nación. No hay mejor escudo contra el entreguismo que fortalecer las instituciones.

De acuerdo con los audios exhibidos por N+, el magistrado Alberto Roldán habría sido presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

El amparo en cuestión fue por el caso de Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, quien fue señalada en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”

Carlos Alpizar

¿Quién es Alberto Roldán Olvera?

Alberto Roldán Olvera es actual magistrado de circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México.

¿Alberto Roldán Olvera está casado?

Alberto Roldán Olvera no ha revelado información referente a si está casado o no, por lo que este dato de mantiene reservado.

¿Alberto Roldán Olvera tiene hijos?

El magistrado Alberto Roldán Olvera tampoco ha revelado si tiene hijos o no; esta información se ha mantenido al margen de sus actividades en el Poder Judicial.

¿Qué edad tiene Alberto Roldán Olvera?

La edad de Alberto Roldán Olvera también se mantiene reservada, pues esta no forma parte de la información que es pública en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

¿Qué signo zodiacal es Alberto Roldán Olvera?

El signo zodiacal de Alberto Roldán Olvera también se desconoce, pues el dato de su fecha de nacimiento no es público.

¿Qué estudió Alberto Roldán Olvera?

El magistrado Alberto Roldán Olvera cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Universidad la Salle; se tituló el 3 de junio de 2004 por conducto de una tesis que tituló “Límites Constitucionales Sobre la Detención en Caso de Urgencia”.

¿Cuál es la trayectoria de Alberto Roldán Olvera?

En el presente, Alberto Roldán Olvera es magistrado de circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México.

Sin embargo, cuenta con un largo historial dentro del Poder Judicial; esto son los cargos que ha ejercido:

• Oficial Judicial, Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos
• Oficial Judicial, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos
• Oficial Judicial y Secretario, Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California
• Secretario, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
• Secretario Técnico, Secretaría Ejecutiva del Pleno
• Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima
• Juez Segundo de Distrito en el Estado de México
• Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México
• Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán
• Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con Residencia en Morelia, Michoacán
• Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México
• Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México

La FGR acusa a Martínez de recibir 147 cheques por más de mil 764 millones de pesos, mientras que Jesús Orta Martínez habría recibido otros 99.

Audios revelados por el magistrado Alberto Roldán señalan presiones de Carlos Alpízar y Constancio Carrasco para emitir un amparo favorable, considerado prioritario para Zaldívar.

La acusación de la FGR contra Frida Martínez y Jesús Orta

De acuerdo con la causa penal 239/2020, Frida Martínez Zamora es acusada, junto con Jesús Orta Martínez, ex secretario general de la Policía Federal, de haber recibido cheques con dinero proveniente del erario.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Martínez Zamora recibió 147 cheques por una suma de mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida ‘Gastos de Seguridad Pública y Nacional’ de la Policía Federal.

Mientras que Orta Marrínez habría recibido 99 cheques por 754 millones 661 mil 50 pesos, entre 2013 y 2014.

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez promovieron amparos contra su detención por fraude de mas de 2 mil 500 mdp

De acuerdo con el portal Animal Político, por la denuncia de la FGR y la posterior ficha roja de búsqueda de la Interpol, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez promovieron juicios de amparo en contra de la orden de aprehensión en su contra.

La polémica se desató luego de que el magistrado Alberto Roldán Olvera denunció con grabaciones en audio que fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpízar, entonces secretario general de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una “resolución a modo” en un amparo promovido por Frida Martínez Zamora para frenar su detención.

El 1 de septiembre de 2020, el recurso de amparo fue recibido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, del cual estaba a cargo el entonces juez ―hoy magistrado― Alberto Roldán Olvera.

Magistrado Alberto Roldán acusa a Carlos Alpizar y a Arturo Zaldívar de presiones por caso Frida Martínez Zamora

Según el magistrado Alberto Roldán, las presiones de Arturo Zaldívar y sus colaboradores comenzaron en noviembre de 2020, cuando el magistrado Constancio Carrasco lo invitó a comer y le indicó que debía ir a la oficina de Carlos Alpízar, ubicada en el piso 14 de edificio del Consejo de la Judicatura para abordar el caso de Frida Martínez Zamora.

Sin embargo, el proceso continuó y el 3 de diciembre de 2020 Alberto Roldán negó a Frida Martínez la suspensión provisional contra la orden de aprehensión bajo el argumento de que era un acto con “carácter de consumado”.

Además de que resolvió que la Guardia Nacional no podría ejecutar la orden de captura reclamada, al considerar que las autoridades de la corporación carecían constitucional y legalmente de facultades para ello.

El 10 de diciembre de 2020, el juez resolvió en el mismo sentido sobre las suspensiones definitivas.

Tras la resolución, Roldán sostuvo que sólo cuatro días después se llevó a cabo la primera de cinco reuniones en la oficina de Alpízar, el 14 de diciembre de 2020.

Relató que por comentarios de otros jueces se enteró de que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo que se previno y metió una grabadora oculta.

En esa primera reunión, Carlos Alpízar le aseguró que la resolución del caso de Frida Martínez era de vital importancia para el Poder Judicial y las reformas que se pretendía llevar a cabo.

Cabe recordar que en diciembre de 2020 en el Congreso de la Unión se discutía la reforma a la Ley del Poder Judicial, como el que Arturo Zaldívar pretendía aumentar su mandato al frente de la SCJN.

Las amenazas escalaron al grado de que involucraban a miembros de su familia, también empleados en el Poder Judicial.

Finalmente, al no ajustarse a la línea solicitada en dicho caso, Alberto Roldán fue “castigado” y fue cambiado de adscripción a Morelia.

De acuerdo con los audios exhibidos por N+ ayer 7 de mayo, el magistrado Alberto Roldán habría sido presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura, para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

El amparo en cuestión fue por el caso de Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, quien fue señalada en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”

Carlos Alpizar

Arturo Zaldívar acusa filtración de Norma Piña: “Es un error, una bajeza, un comportamiento indebido de la ministra”

Arturo Zaldívar aseguró que los audios fueron filtrados a N+ por Norma Piña. En ese sentido, criticó lo anterior por no respetar la presunción de inocencia de las personas que se escuchan en las grabaciones; “y además yo ni estoy participando”, dijo el ministro en retiro.

“Lamento el uso faccioso, contrario a la Constitución, con una clara intencionalidad político electoral de parte de la ministra Norma Piña. Está usando todo el Poder Judicial de la Federación para denostar y para evidenciar investigaciones que debe tener en secrecía; hizo primero una filtración masiva de una denuncia anónima supuestamente y ahora hace una filtración selectiva de otro asunto”

Arturo Zaldívar

Además, negó todas las acusaciones en su contra:

“Yo nunca di ninguna instrucción, comentario o presión a ningún juez, jueza, magistrado o magistrada. Y tampoco di jamás instrucción a colaborador alguno mio para que lo hiciera. En ese sentido, todo lo que se trata es desviar la atención para golpearme”

Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar también cuestionó la autenticidad de los audios; “no sé si son audios que fueron manipulados, si son audios que son falsos; no lo sé porque yo no participé en la reunión ni en la conversación ni nada”. Sin embargo, se dijo a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes:

“Yo tengo confianza en los colaboradores que trabajaron conmigo, no estoy en contra de que se investigue; que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y si después de una investigación imparcial, neutral, alguno de mis colaboradores incurrió en una conducta indebida, yo no tengo ningún problema en que se tomen las sanciones o consecuencias correspondientes”

Arturo Zaldívar

Caso de Frida Martínez Zamora: Presionan a magistrado de la SCJN para emitir una resolución de amparo

En torno al caso de Frida Martínez Zamora, N+ reveló audios que dieron cuenta de que las presiones sobre Alberto Roldán fueron en aumento, a fin de que emitiera una resolución de amparo sobre el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal.

Los audios habrían sido grabados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, donde se ubica la oficina de Carlos Alpizar:

“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto (Roldán), con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”

Carlos Alpizar

En al audio, Alpizar aseguró que este caso era prioritario para el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar:

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”

Carlos Alpizar

La insistencia del secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Arturo Zaldívar llegó al punto de querer interrumpir las vacaciones de Alberto Roldán:

“¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”

Carlos Alpizar

Debido al aplazamiento de la reunión, Carlos Alpizar hizo referencia a la familia de Roldán en una aparente amenaza:

“Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional. Te lo reitero porque sí me lo dijo: “Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante”

Carlos Alpizar

Sin embargo, la presión siguió aumentando sobre Alberto Roldán:

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo (…). Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”

Carlos Alpizar

No obstante, después bajó el tono de los mensajes:

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”

Carlos Alpizar

El caso de Frida Martínez Zamora

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, fueron señalados en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó la elaboración y cobro de cheques nominativos por sumas de entre 15 y 30 millones de pesos, a nombre de los funcionarios antes mencionados.

Este caso ocurrió cuando se puso en marcha la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la extinta Policía Federal pasó a formar parte de dicha institución.

De acuerdo con los funcionarios del actual gabinete de seguridad que tuvieron acceso al expediente revisado por un juez federal en Almoloya de Juárez, la empresa que vendió el programa de espionaje Rafael exigió el cumplimiento de un pago por de 2 mil 600 millones de pesos.

Fue en este punto que las autoridades descubrieron un sobreprecio por el programa Rafael, ya que se pagó cuatro veces su costo y el contrato contaba con cláusulas ventajosas para los vendedores, como pagar anualmente las licencias de uso.

Como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez tenían las siguientes funciones:

• Administración de bienes
• Autorizar y organizar licitaciones
• Adjudicar contratos de bienes y servicios
• Manejo de recursos financieros y recursos humanos

Los audios señalan a Carlos Alpizar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, y al magistrado Constancio Carrasco, quienes habrían actuado bajo instrucciones de Arturo Zaldívar.

Martínez Zamora enfrenta acusaciones por desvíos de más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos de espionaje con sobreprecio.

Norma Piña ordenó investigar a Arturo Zaldívar en 2024

El 12 de abril de 2024, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar una investigación en contra de Arturo Zaldívar por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

Expresamente, en el expediente de investigación J/108/2024, a Arturo Zaldívar se le acusa de:

“Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”

Expediente

En este contexto se dio el caso de Frida Martínez Zamora, acusada en agosto de 2020 por su presunta responsabilidad en un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos dentro de la extinta Policía Federal (PF).

Caso de Frida Martínez Zamora habría sido prioritario para Arturo Zaldívar

El caso de Frida Martínez Zamora cobró relevancia en el Poder Judicial por los audios presentados esta semana por el magistrado Alberto Roldán, quien en 2020 se desempañaba como Juez Quinto de Distrito en materia de amparo.

De acuerdo con los audios exhibidos por N+, el magistrado fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura, y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”

Carlos Alpizar

El caso de Frida Martínez Zamora

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, fueron señalados en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó la elaboración y cobro de cheques nominativos por sumas de entre 15 y 30 millones de pesos, a nombre de los funcionarios antes mencionados.

Este caso ocurrió cuando se puso en marcha la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la extinta Policía Federal pasó a formar parte de dicha institución.

De acuerdo con los funcionarios del actual gabinete de seguridad que tuvieron acceso al expediente revisado por un juez federal en Almoloya de Juárez, la empresa que vendió el programa de espionaje Rafael exigió el cumplimiento de un pago por de 2 mil 600 millones de pesos.

Fue en este punto que las autoridades descubrieron un sobreprecio por el programa Rafael, ya que se pagó cuatro veces su costo y el contrato contaba con cláusulas ventajosas para los vendedores, como pagar anualmente las licencias de uso.

Como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez tenían las siguientes funciones:

• Administración de bienes
• Autorizar y organizar licitaciones
• Adjudicar contratos de bienes y servicios,
• Manejo de recursos financieros y recursos humanos

Caso de Frida Martínez Zamora: Presionan a magistrado de la SCJN para emitir una resolución de amparo

Los audios por el caso de Frida Martínez Zamora dieron cuenta de que las presiones sobre Alberto Roldán fueron en aumento con el fin de que emitiera una resolución de amparo sobre el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal.

Los audios habrían sido grabados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, donde se ubica la oficina de Carlos Alpizar:

“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto (Roldán), con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”

Carlos Alpizar

En al audio, Alpizar aseguró que este caso era prioritario para el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar:

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”

Carlos Alpizar

La insistencia del secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Arturo Zaldívar llegó al punto de querer interrumpir las vacaciones de Alberto Roldán:

¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”

Carlos Alpizar

Debido al aplazamiento de la reunión, Carlos Alpizar hizo referencia a la familia de Roldán en una aparente amenaza:

“Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional. Te lo reitero porque sí me lo dijo: “Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante”

Carlos Alpizar

Sin embargo, la presión siguió aumentando sobre Alberto Roldán:

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo (…). Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”

Carlos Alpizar

No obstante, después bajó el tono de los mensajes:

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”

Carlos Alpizar

De acuerdo con la legisladora, el partido tomó la decisión de iniciar este proceso en contra de quien fuera el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras el ataque a la ministra presidenta Norma Piña.

Asimismo, acusó al Zaldívar Lelo de Larrea de “irse de matraquero” de Claudia Sheinbaum e incurrir en corrupción en el ejercicio de impartición de justicia y “traicionar la confianza del pueblo mexicano”.

“El señor Arturo Zaldívar renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para irse de matraquero de la señora Sheinbaum. Abandonó su responsabilidad como juzgador buscando impunidad”

Kenia López Rabadán

PAN contraataca y busca juicio político contra Arturo Zaldívar por uso ilegal de su cargo en la SCJN

La senadora Kenia López Rabadán anunció hoy miércoles 17 de abril que la bancada del PAN presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el exministro Arturo Zaldívar por el uso ilegal de su cargo al frente de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Zaldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal”

Kenia López Rabadán

Asimismo, aseguró que Zaldívar “tiene que ser sancionado“ por hacer uso de su cargo para beneficiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y anteponer sus intereses “sobre los del pueblo de México”.

López Rabadán aclaró que Arturo Zaldívar todavía puede ser sujeto de investigación por el Congreso de la Unión.

Esto fundamentado en el artículo 114 del la Constitución aclara que el juicio político se puede realizar a un funcionario aún un año después de que se haya separado de su cargo.

“El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante eperíodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.”

Artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

PAN respalda a Norma Piña: “O estás del lado del ministro bravucón o estás del lado de la ministra presidenta valiente”

Por otra parte, el PAN expresó su respaldo a la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña, ante los ataques de Arturo Zaldívar; López Rabadán aplaudió su “valiente defensa de la Constitución” desde la Corte.

Asimismo, acusó que actualmente queda clara que, o estás de lado de la corrupción y el “ministro bravucón”, con lo que hizo referencia a las denuncias por coacción a jueces y magistrados; o estás del lado de “la ministra presidenta valiente” y la justicia.

“Nuestro respaldo a la ministra presidenta Norma Piña por su valiente defensa a la Constitución, a los mexicanos y al Poder Judicial...Hoy queda claro: o estás del lado de la corrupción, del ministro bravucón, de la corcholata que miente y del gobierno que quiere destruir al Poder Judicial, o estás del lado de la justicia, del bien para los mexicanos, de la ministra valiente y de la candidata de la verdad”

Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán aseguró además que la investigación que realiza el CJF se basa en la “denuncia legítima” ante una red de coacción a jueces y magistrados que buscaba beneficiar al gobierno de AMLO cuando las resoluciones no le eran favorables.

“La investigación que está realizando el Consejo de la Judicatura Federal en su contra se debe a una denuncia legítima que muestra una red de coacción a jueces y magistrados. Esta red de extorsión e intimidación busca beneficiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El mismo presidente de la República dijo desde Palacio Nacional que Zaldívar le hacía el trabajo sucio cuando las resoluciones no eran favorables”

Kenia López Rabadán

Pese a que María Elena Ríos esperaba que la SCJN atrajera el análisis de los amparos, el pleno le cerró la puerta al caso. La saxofonista reiteró que no perdió ella, sino la justicia.

“Yo no perdí, perdió México. Perdimos las mujeres”

María Elena Ríos

La SCJN resolvió no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos interpuestos por los acusados, entre ellos el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, señalado de ser el autor intelectual.

María Elena Ríos critica fallo de la SCJN sobre amparos que bloquean su caso

En entrevista con Héctor Zamarron, María Elena Ríos criticó el fallo de la SCJN sobre los amparos en su caso, afirmando que, ella no perdió, sino México, la justicia y las mujeres.

Para María Elena Ríos, la decisión de la SCJN de no atraer los amparos, representa un “despropósito jurídico” que favorece nuevamente a sus agresores, quienes le lanzaron ácido en la cara y cuerpo.

María Elena Ríos lamentó que la SCJN haya decidido devolver el proceso a los tribunales de Oaxaca, pues acusa que en el estado existe una corrupción sistémica que le permite impunidad a Vera Carrizal.

La también activista reconoció la labor de los ministros Hugo Aguilar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel por votar a favor y actuar responsablemente en la protección de los derechos de las mujeres.

Pese al apoyo de estos tres ministros, el caso de María Elena Ríos no alcanzó la mayoría. Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida, ya que conoció el caso cuando trabajaba en la FGR.

María Elena Ríos intuye que no obtendrá justicia tras fallo de SCJN

María Elena Ríos fue víctima de un ataque en 2019. Hombres ingresaron a su domicilio en Oaxaca y le arrojaron ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo, lo que le provocó quemaduras graves.

Las investigaciones apuntan a cinco presuntos responsables, entre ellos Juan Antonio Vera Carrizal, quien sería el autor intelectual. Sin embargo, interpusieron amparos para evitar que el proceso avance.

Tras el fallo de la SCJN, María Elena Ríos sostuvo que el sistema de justicia actual fue “diseñado por agresores para beneficiar agresores”, por lo que intuye que nunca tendrá justicia por el intento de feminicidio.

A pesar de considerar probable que ella no obtenga justicia personal, asegura que continuará su lucha desde el activismo y la defensa de derechos humanos para que otras mujeres no vivan lo mismo.

“Probablemente, yo no voy a tener justicia y no me va a tocar ver cambios significativos. Sin embargo, esta lucha nadie la va a parar, compañeras. Eso ténganlo por seguro”.

María Elena Ríos

El pleno de la SCJN resolvió por mayoría no analizar los amparos, por lo que los recursos legales promovidos por los presuntos responsables continuarán siendo revisados por tribunales inferiores.

María Elena Ríos fue víctima de un ataque en 2019. Hombres ingresaron a su domicilio en Oaxaca y le arrojaron ácido sulfúrico en el rostro y cuerpo, lo que le provocó quemaduras graves.

SCJN rechaza atraer amparos en caso de María Elena Ríos

Pese a que María Elena Ríos esperaba que la SCJN atrajera el análisis de los amparos que han impuesto los presuntos responsables del ataque en su contra, el pleno le cerró la puerta al caso.

La SCJN resolvió no ejercer su facultad de atracción sobre los amparos interpuestos por los acusados, entre ellos el exdiputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, señalado de ser el autor intelectual.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Hugo Aguilar votaron a favor de atraer el caso. Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida, ya que conoció el caso cuando trabajaba en la FGR.

Tras siete años del ataque, el caso de María Elena Ríos sigue sin resolverse debido a los recursos que han interpuesto la defensa de los acusados, que impide que avance el proceso penal en su contra.

Dado que la SCJN decidió no intervenir, serán tribunales colegiados y jueces federales quienes continúen resolviendo si los acusados obtienen o no alguna protección jurídica dentro del caso.

El pasado 4 de noviembre a través de su cuenta de Twitter, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar informó que Claudia Sánchez Mayorga fue liberada.

Claudia Sánchez Mayorga fue liberada por el magistrado Luis Pérez de la Fuente, de igual manera agradeció la sensibilidad de los defensores quienes han reparado una dolorosa injusticia.

Además, la detenida estuvo 9 años en prisión en el penal de Santa Martha Acatitla ubicado en la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX).

El Mag. Luis Pérez de la Fuente ha revocado la sentencia en contra de Claudia Sánchez Mayorga y ha ordenado su libertad. El trabajo de nuestros defensores y defensoras y la sensibilidad del juzgador federal han reparado una dolorosa injusticia.

— Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) November 4, 2022

¿Quién es Claudia Sánchez Mayorga?

Claudia Sánchez Mayorga fue detenida durante un operativo en la Zona Rosa de la CDMX, contra la explotación sexual en el reciento como Solid Gold, en 2013.

Donde fue acusada de formar parte de esta red de trata sexual, ya que ella trabajaba en el lugar, pero Claudia Sánchez Mayorga trató de explicar que ella no formaba parte de este delito, ya que ella sólo trabajaba como administrativo del lugar e incluso negó ser dueña de él.

En este operativo sólo se detuvo al personal que laboraba en el lugar, pero nunca a los verdaderos dueños.

Incluso después de esto a Claudia Sánchez Mayorga se le sentenció injustamente y sin pruebas.

Por la comisión del delito de beneficio de la explotación sexual ajena, previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Pero además de esto a Claudia Sánchez Mayorga se le impuso una pena de 22 años y seis meses de cárcel.

Luego de 9 años, después de ser detenida sin pruebas se comenzó con la revisión de su caso, al salir de la prisión Claudia Sánchez Mayorga, agradeció que la dejaran libre.

E igualmente agradeció a las autoridades por confiar en ella, y proporcionarle abogados que son realmente profesionales para que ella pudiera ser liberada.

Esto después de perder su matriz en prisión, pasar por un penal de hombres los primeros 6 meses de ser detenida y perder a su bebé, según contó la misma Claudia Sánchez Mayorga en entrevista con la comunicadora Lourdes Mendoza.

Claudia Sánchez Mayorga sale libre pero sobretodo INOCENTE después de 9 años de vejaciones… y esto @CJF_Mx @SCJN @defensoriaifdp NO se quedará así… se buscará el resarcimiento del daño pic.twitter.com/jBkZvuzxq1

— Lourdes mendoza (@lumendoz) November 4, 2022

Aunque según señalan en medios de comunicación su caso se retomó después del acercamiento de Arturo Zaldívar a varios casos de mujeres.

Por petición de Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu), en el periodo que estuvo en el mismo penal que Claudia Sánchez Mayorga.

La ministra se reincorporó este lunes 11 de mayo a sus labores en la SCJN, hecho que asumió “con mucho entusiasmo” y compromiso.

“Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la @SCJN”

Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

Con mucho entusiasmo y con el compromiso de siempre, me reincorporo a mis actividades en el Pleno de la @SCJN.

Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana… pic.twitter.com/cDfU6heusB

— Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) May 11, 2026

Loretta Ortiz señaló que se siente muy agradecida ante las muestras de cariño que recibió durante la licencia que solicitó como ministra de la SCJN por motivos de salud.

Este 11 de mayo se presentó a la sesión de la SCJN, tras casi un mes de ausencia, pues se separó brevemente del cargo desde el pasado 15 de abril de 2026, fecha en la que ya no se le vio en el Pleno.

Sin embargo, la solicitud de licencia se dio a conocer hasta el 27 de abril por la SCJN.

La ministra Loretta Ortiz aseguró que seguirá trabajando por “una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas” que están en busca de justicia.

“Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas!”

Loretta Ortiz, ministra de la SCJN

Cabe señalar que, si bien la licencia fue solicitada “por motivos de salud”, no se especificó algún padecimiento o tratamiento para este periodo que concluyó el 10 de mayo.

Se trata del Acuerdo 10/09/03, el cual la ministra Lenia Batres propuso avalar en su proyecto de resolución, mismo en el que planteó desechar un amparo que presentó un colegio particular.

Cabe destacar que el mismo acuerdo que aprobó el pleno del máximo tribunal, también establece la imposición de medidas por medio de las que se flexibiliza el requisito de asistencia escolar.

SCJN aprobó acuerdo de la SEP para eliminar la reprobación automática

En la sesión pública del 7 de mayo, el pleno de la SCJN discutió el alcance del Acuerdo de la SEP 10/09/03, en torno al cual la ministra Lenia Batres propuso eliminar la reprobación automática en educación básica.

El proyecto de resolución de la ministra que recibió el respaldo de la mayoría, plantea que la SEP debe garantizar criterios flexibles de evaluación para proteger el derecho a la educación.

Durante el debate, los ministros coincidieron en que la reprobación automática resultaba desproporcionada, pues factores externos como ausencias justificadas no podían determinar de manera definitiva su trayectoria escolar.

Como parte del mismo asunto, el pleno de la SCJN también revisó el amparo promovido por un colegio particular, el cual fue desechado al confirmarse la validez del acuerdo emitido por la SEP.

La resolución establece que las autoridades educativas deberán reconocer materias aprobadas aun con faltas para reforzar la aplicación de medidas que sustituyen la reprobación automática por criterios más proporcionales.

SCJN también aprobó flexibilizar el requisito de asistencia escolar

Además de eliminar la reprobación automática, el proyecto aprobado por la SCJN implica que la asistencia escolar no sea un requisito rígido y por el contrario abra paso a medidas flexibles en educación básica.

Ante ello, la SEP deberá establecer lineamientos que reconozcan ausencias justificadas, garantizando que estudiantes puedan acreditar materias aprobadas sin que la falta de asistencia limite su formación.

El cambio representaría un ajuste estructural en la evaluación, pues reconoce que la asistencia no siempre refleja aprendizaje y busca asegurar continuidad educativa frente a situaciones extraordinarias.

Tras el fallo, autoridades educativas deberán diseñar mecanismos proporcionales que sustituyan sanciones automáticas por criterios adaptados y que tengan un impacto directo en la organización escolar.

Fue durante la sesión de este jueves 7 de mayo que la SCJN resolvió los amparos 20 y 21/2025 en contra de señalamientos de 2021 hechos en el medio Reforma.

De acuerdo con lo presentado en la revisión de la SCJN, un hombre pagó un anuncio en el que acusó a su ex esposa de secuestro contra su hija y tráfico de influencias.

Los dos recursos fueron resueltos por la ministra María Estela Ríos González derivados de la resolución de atracción 1791/2024.

SCJN determina pago de indemnización por daño moral ante acusaciones falsas en medios

La SCJN determinó con mayoría de 6 votos a favor el proyecto de la ministra María Estela Ríos para establecer la indemnización por daño moral tras publicaciones en medios en 2021.

Por lo mismo, la SCJN ordenó volver a cuantificar la indemnización por daño moral con consideración de la gravedad de la afectación al honor y dignidad de la mujer y el alcance del medio.

Sin embargo, también señalaron la necesidad de establecer un criterio para evitar el daño moral que pueden tener en terceros las acusaciones en medios.

La SCJN también destacó que la indemnización por daño moral debe tener un equilibrio constitucional y no ser automáticas, sin cargas que inhiban la libertad de expresión.

De acuerdo con lo señalado, en 2022 el juzgado Cuarto Civil de la ciudad de México determinó que el padre de la menor actuó ilegalmente por pagar al medio con imputaciones falsas.

SCJN establece criterio sobre daño moral tras este caso de 2021

Los amparos resueltos por la SCJN fueron interpuestos por una mujer en agosto 2021, debido a las acusaciones falsas que presentó su ex esposo en el Reforma.

De acuerdo con lo señalado, el hombre sin identificar se dirigió al entonces fiscal General de la República para señalar que su ex esposa “le arrebató” a su hija.

Asimismo, sin su consentimiento envió a la menor a estudiar a Estados Unido y habría utilizado al Ministerio Público para ocultarla, en presunto contubernio con su esposo.

Todas las acusaciones ya habían sido descartadas por las autoridades correspondientes cuando fueron publicadas el 27 de julio de 2021, por lo que denunciaron daño moral.

“La SCJN confirmó la validez del delito de “beneficio de la explotación sexual ajena remunerada”, previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas"

SCJN

En su sesión celebrada el miércoles 6 de mayo, los ministros votaron a favor de declarar la validez del delito de “beneficio de la explotación sexual ajena remunerada”.

El fallo se emitió en resolución del Amparo Directo 29/2025 referente a un caso relacionado con actividades de explotación sexual ocurridas en centros nocturnos de la Ciudad de México (CDMX).

Pleno de la SCJN aprueba sanciones por lucrar con explotación sexual mediante coerción

Los ministros de la SCJN avalaron declarar la validez del delito de beneficio de la explotación sexual ajena remunerada, con lo que ahora se aplicarán sanciones contra quienes lucren mediante coerción.

La resolución fue emitida el 6 de mayo, en la que los ministros analizaron pruebas con perspectiva de género y votaron a favor de mantener la tipificación prevista en la Ley General contra la Trata.

El fallo estableció que las sanciones aplican a quienes obtienen beneficios económicos por explotación sexual, incluso cuando se ejerce control mediante amenazas, vigilancia o coerción sobre las víctimas.

De la misma forma, los ministros determinaron eliminar la agravante de más de una persona para evitar doble penalización, que dado que la figura penal ya contempla la existencia de múltiples víctimas.

Cabe destacar que el fallo de la SCJN no establece las penas concretas, sino que la determinación de sanciones corresponde a los jueces de primera instancia conforme a la legislación que aplique.

El caso que motivó el fallo de la SCJN

El fallo de la SCJN que avala sanciones contra quienes lucran con explotación sexual mediante coerción, derivó de un proceso penal contra una mujer vinculada a centros nocturnos en la CDMX.

Las investigaciones acreditaron que 2 mujeres extranjeras eran sometidas bajo vigilancia constante, restricciones de movilidad y amenazas de denuncia migratoria, es decir un esquema de control sistemático.

El tribunal de origen dictó sentencia condenatoria al considerar probada la explotación sexual y el beneficio económico obtenido, mientras la defensa buscó invalidar la figura penal.

Sin embargo, la SCJN confirmó la responsabilidad penal de la acusada y ajustó la interpretación del delito al eliminar la agravante de múltiples víctimas, dejando firme la aplicación del tipo penal vigente.

Su defensa argumenta que el caso de feminicidio no cumple con criterios de relevancia excepcional y denuncia presuntas irregularidades, como la anulación de un fallo absolutorio y la reposición del procedimiento.

El abogado Édgar López García advirtió que validar estas decisiones sentaría un precedente negativo en derechos humanos.

Validar las irregularidades denunciadas sentaría un precedente regresivo en materia de derechos humanos. Confiamos en que el máximo tribunal garantizará la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso.

Édgar López García, abogado defensor de Juan Antonio Vera Carrizal.

Defensa de Juan Vera Carrizal cuestiona proceso y fallo absolutorio

La defensa sostuvo que Vera Carrizal se presentó voluntariamente ante la autoridad tras conocer la orden de aprehensión, confiando en su inocencia. Sin embargo, denunció que durante el proceso se habrían presentado limitaciones al acceso al expediente y obstáculos para ejercer una defensa adecuada.

Según su versión, tras más de cinco años de proceso, el 14 de agosto de 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca dictó un fallo absolutorio, ordenando su liberación inmediata.

No obstante, horas después, una jueza sustituta dejó sin efecto la boleta de libertad, anuló lo actuado en el juicio oral y ordenó la reposición del procedimiento, manteniendo la medida de prisión preventiva, lo que la defensa calificó como una decisión arbitraria.

Amparos y solicitud para frenar intervención de la SCJN en caso de Juan Vera Carrizal

El abogado explicó que se promovieron diversos juicios de amparo, entre ellos el 961/2024, que fue negado en primera instancia, por lo que se interpuso el recurso de revisión 55/2025 ante un Tribunal Colegiado, mismo que estaba listo para resolverse cuando se solicitó la intervención de la SCJN.

La defensa argumentó que el caso no cumple con los criterios constitucionales para ser atraído por el máximo tribunal, al no representar un asunto novedoso ni de relevancia excepcional, por lo que debe resolverse en la instancia correspondiente.

Finalmente, Édgar López García, abogado defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, advirtió que validar las presuntas irregularidades podría sentar un precedente negativo en materia de derechos humanos.

Así lo determinó el pleno de la corte en su sesión del jueves 30 de abril, en la que resolvió confirmar que el decreto presidencial que emitió desde el año 2022.

Sin embargo, los ministros también votaron a favor de que se revisen los posibles apoyos para los habitantes de la zona que hayan resultado afectados por la declaratoria.

SCJN valida decreto para declarar al Lago de Texcoco como área natural protegida

En su sesión del jueves 30 de abril, el pleno de la SCJN declaró la validez del decreto presidencial emitido en el 2022, para convertir la zona del Lago de Texcoco como área natural protegida.

El fallo se originó en el Amparo en Revisión 530/2025 promovido por ejidatarios de Atenco y municipios vecinos, quienes alegaban violaciones a derechos de propiedad y ausencia de consulta previa.

Dicho decreto, que se publicó originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2022, contempla más de 14 mil hectáreas ubicadas en 5 municipios del Estado de México.

En torno a la controversia, la SCJN determinó que las medidas de conservación ecológica son constitucionales cuando buscan preservar y aprovechar de forma sustentable los ecosistemas.

Ante ello, los ministros expresaron su postura a favor de que la declaratoria se mantenga firme y plenamente vigente, pues cumple con fines de utilidad pública y protección ambiental.

En consecuencia, el Lago de Texcoco quedará bajo administración de Semarnat y Conanp para su operación como área de protección de recursos naturales y conforme al programa de manejo ambiental.

SCJN también ordena revisar apoyos a afectados por decreto del Lago de Texcoco

Al declarar la validez del decreto del Lago de Texcoco como área natural protegida, la SCJN ordenó a Semarnat y Conanp revisar compensaciones económicas para campesinos y ejidatarios afectados.

La instrucción se centra en la aplicación del artículo 45 Bis de la LGEEPA que prevé retribuciones económicas y estímulos fiscales para quienes resulten impactados por declaratorias ambientales.

Asimismo, obliga a las autoridades a evaluar condiciones específicas de comuneros y ejidatarios de Atenco y municipios colindantes cuyos terrenos quedaron dentro del polígono protegido.

Con ello, la SCJN busca que se garantice un pronunciamiento oficial relacionado con los apoyos y garantice certeza a los afectados respecto de la procedencia de retribuciones económicas.

En su mensaje, la ministra calificó la resolución de la SCJN como “absurda” e “ilógica”, al considerar que una declaratoria general de inconstitucionalidad no puede aplicarse de forma parcial.

Batres advirtió que limitar el beneficio a menores de edad genera inequidad y dificultades de ejecución por presupuesto y capacidad institucional.

¿Qué dijo Batres? Ministra de la SCJN habló del fallo en torno al suministro de prótesis a menores

La ministra Lenia Batres calificó como “absurdo” e “ilógico” el fallo de la SCJN, al considerar que la resolución carece de coherencia jurídica.

Explicó que la decisión se basó en una declaratoria general de inconstitucionalidad, mecanismo que, por definición, elimina normas completas y no permite aplicar efectos parciales o limitados.

Batres señaló que el fallo pretendía no aplicar el artículo del IMSS únicamente para niñas, niños y adolescentes, lo cual contradice el carácter general que debe tener este tipo de resoluciones.

Añadió que esta interpretación genera confusión, ya que no existe claridad sobre cómo las autoridades deben aplicar una norma que formalmente sigue vigente en otros casos.

También consideró que limitar el beneficio a menores resulta injusto frente a otras personas con discapacidad que enfrentan condiciones similares y requieren los mismos apoyos médicos.

La ministra advirtió que este tipo de decisiones pueden ser difíciles de ejecutar, al no considerar aspectos como presupuesto o capacidad institucional para cumplir con lo ordenado.

Finalmente, Lenia Batres reiteró que las resoluciones deben ser lógicas, viables y responsables, evitando generar expectativas que no puedan cumplirse dentro del sistema de salud pública.

El primer precedente lo marcó Gael García Bernal con la demanda a Johnnie Walker por el mismo motivo y el reciente fallo a Diego Luna reforzó lo que la SCJN resolvió cinco años atrás.

Fallo de la SCJN en caso de Diego Luna contra Johnnie Walker sienta precedente sobre uso de la imagen

El 29 de abril de 2026, la SCJN otorgó un fallo a Diego Luna contra Johnnie Walker por haber usado su imagen, la de su entonces esposa y su hijo -menor de edad- en una campaña publicitaria sin su consentimiento.

Pero ¿qué precedente asienta esta resolución?

La demanda contra Johnnie Walker de los actores ha llamado la atención porque le llevó 14 años de litigio a Diego Luna dejando como precedentes:

• Uso indebido de la imagen de una persona
• Indemnización a favor del afectado
• Demanda a Diageo, empresa dueña de Johnnie Walker

Diego Luna contra Johnnie Walker: uso indebido de la imagen de una persona

El precedente que la demanda de Diego Luna ganó a Johnnie Walker se enfoca en el uso indebido de la imagen de una persona sin su consentimiento para fines comerciales.

El que este fuera el segundo fallo dado por la SCJN por el uso indebido de la imagen, refuerza no solo los argumentos que protege el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Sino también que no se puede usar la imagen de una persona si esta no da consentimiento para campañas publicitarias aunque sea una figura pública.

“El Pleno reafirmó que el derecho a la propia imagen constituye un derecho de la personalidad que protege la facultad de cada persona para decidir cómo se utiliza su identidad visual, resguardar intereses económicos, la dignidad, la privacidad, el honor y la identidad personal”.

Comunicado de la SCJN.

Diego Luna contra Johnnie Walker: indemnización a favor del afectado

El fallo de la SCJN a favor de Diego Luna contra Johnnie Walker, sienta un precedente sobre el pago de la indemnización respecto al artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

En este caso, pese a que la marca argumentaba el pago del 40% de las ganancias menos “costos de producción, comercialización o distribución”, la SCJN no lo permitió.

Es así que Diego Luna recibirá el 40% de indemnización de la venta total que generó Johnnie Walker entre el 2011 y 2012 que se usó su imagen indebidamente para campañas publicitarias.

Diego Luna contra Johnnie Walker: demanda a Diageo, empresa dueña de Johnnie Walker

La resolución a favor de Diego Luna contra Johnnie Walker también marca un precedente por la magnitud de la empresa a la que se ganó la demanda.

Si bien el uso de la imagen del actor fue de la marca Johnnie Walker, esta pertenece a Diageo, una empresa cuyo valor en el mercado es de 43 mil millones de dólares o bien, 731 mil millones de pesos.

Es decir, el que Diego Luna ganara la demanda contra Diageo es equivalente al acceso a la justicia que se tuvo en México -en este caso- sin prevalecer el equipo legal, dinero implicado y otros intereses, sino quién realmente fue el afectado por ello.

“El problema es que esta declaratoria tenía varios problemas, varias complejidades. En primer lugar, pues que iba referida a un grupo específico, bueno, a una persona específica que es un niño, y en segundo lugar, que no se refería a cualquier tipo de implemento que le ayudara a su audición, sino específicamente a un implante coclear”.

Lenia Batres, ministra de la SCJN

A través de un mensaje en redes sociales, Lenia Batres señaló que diversos medios no comprendieron el sentido de su voto en el fallo contra el IMSS.

La ministra sostuvo que la resolución analizada tenía complejidades jurídicas y acusó una interpretación errónea sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, lo que derivó en titulares que calificó como incorrectos.

Lenia Batres explica por qué cuestionó la resolución sobre prótesis en la SCJN

Batres explicó que el caso derivó de un amparo para otorgar un implante coclear a un menor, lo que motivó discutir una declaratoria general.

Señaló que el artículo 42 del reglamento del IMSS excluye prótesis, audífonos e implantes, por lo que eliminarlo implicaría borrar completamente la norma vigente.

Indicó que la propuesta buscaba aplicar efectos solo a menores, lo cual consideró contradictorio, ya que una declaratoria general debe tener alcances universales y no limitados.

Añadió que restringir beneficios únicamente a niñas, niños y adolescentes resultaría injusto para otros grupos con discapacidad que enfrentan condiciones similares de salud.

También advirtió que las resoluciones deben ser realizables, pues imponer obligaciones sin considerar presupuesto podría generar expectativas que el Estado no podría cumplir en la práctica.

La ministra sostuvo que el Poder Judicial no debe legislar ni exceder sus facultades, especialmente en temas que implican gasto público y políticas de salud.

“[...] nuestras sentencias deben ser realizables pero además de ser responsables tenemos que ser mesurados mesurados jurídicamente, que significa que no debemos extralimitarnos. Y si nosotros no tenemos facultad para legislar, no debemos legislar. Pero si no tenemos además facultad para revisar el presupuesto y saber si las instituciones de seguridad social en este momento están dotadas para las instrucciones que le vamos a dar, pues nuestra resolución no termina siendo muy responsable”.

Lenia Batres, ministra de la SCJN

Finalmente, reiteró que su postura busca proteger derechos sociales con responsabilidad, priorizando a grupos vulnerables, pero evitando decisiones que consideró ilógicas, injustas o inviables.

Tras 14 años de litigio, la SCJN confirmó el “uso no autorizado” de la imagen de Diego Luna, su entonces esposa y su hijo menor de edad, en una campaña publicitaria de Johnnie Walker.

Diego Luna recibirá 40% de indemnización por Johnnie Walker, falla la SCJN

Entre 2011 y 2012, la empresa Johnnie Walker usó la imagen de Diego Luna con su entonces esposa y su hijo menor de edad para una campaña publicitaria del whisky, lo que llevó a un proceso legal por 14 años, hasta un fallo reciente que dio la SCJN.

Según el proceso legal el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmó que Johnnie Walker usó indebidamente la imagen de Diego Luna y su familia.

Este mismo hecho fue confirmado por la SCJN como “uso comercial no autorizado”. Sin embargo, declaró un pago por la empresa que la representación legal de Diego Luna amparó señalando que no era la correcta.

Ante ello, un nuevo fallo se dio en el Pleno el 29 de abril de 2026, donde la SCJN determinó que para la indemnización a Diego Luna se debe respetar el artículo 216 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, que determina que el pago no deberá ser mínimo al 40% de la venta total de lo que duró la campaña publicitaria.

Es decir, el fallo a favor de Diego Luna determina que la empresa no podrá “descontar gastos asociados a su elaboración o promoción” para el pago de la indemnización.

Por ello, la SCJN informó que se deberá hacer un nuevo cálculo para pagarle al actor el uso indebido de su imagen.

“El Pleno revocó la sentencia del tribunal colegiado y le devolvió el asunto para que emita una nueva resolución en la que aplique correctamente el artículo 216 Bis, primer párrafo, sin deducción de costos y delimite la base de cálculo de conformidad con los criterios territoriales, temporales y de actualización fijados por la Corte”.

Comunicado de la SCJN.

SCJN no tomó en cuenta imagen del hijo de Diego Luna en campaña de Johnnie Walker

La SCJN falló a favor de Diego Luna por el uso indebido de su imagen en una campaña de Johnnie Walker que sucedió entre 2011 y 2012. Sin embargo, descartó sentencia por la imagen de un menor de edad.

Pese a que se argumentó que también se usó la imagen de un menor de edad para vender Johnnie Walker -alcohol- la SCJN rechazó litigar con ese ángulo en la demanda.

Según los argumentos dados por los ministros, el motivo del proceso legal fue el uso indebido de la imagen de Diego Luna, de modo que si se desea demandar por el menor de edad, deberá ser un juicio aparte.

“El quejoso solo es el actor [Diego Luna] en este juicio y no es el menor de edad”.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Sin embargo, los ministros argumentaron que si bien no pueden analizar la demanda a Johnnie Walker con el ángulo del menor de edad, sí protegen las infancias.

La resolución de la SCJN ocurrió en seguimiento a un caso en el que el actor Diego Luna denunció que se utilizó su imagen sin consentimiento para promocionar un anuncio de bebidas alcohólicas.

La disputa entre el artista y la marca Johnnie Walker duró alrededor de una década desde 2011, hasta que, finalmente en el 2026, la situación dio un giro legal a favor del afectado.

SCJN fija que la indemnización del 40% se calcule sobre el precio de venta

Por unanimidad, la SCJN determinó que la indemnización del 40% se calcule con base en el precio de venta al público del producto o servicio anunciado por la empresa en cuestión.

Asimismo, se indica que este pago mínimo se contempla sin descontar:

• Costos de producción
• Distribución
• Comercialización

En seguimiento a esto, el Pleno de la SCJN ordenó emitir una nueva resolución que aplique correctamente la indemnización y reforzó la reparación total del daño, así como la protección de la dignidad.

Cabe recordar que en 2022, la SCJN confirmó que hubo un uso indebido de imagen, otorgando la victoria a los artistas afectados: Gael García y Diego Luna, aunque la indemnización de este último quedó pendiente.

Los inconformes solicitaron ser atendidos por Hugo Aguilar, a quien buscan exponer diversas problemáticas que, asegura, afectan a sus comunidades en Sonora y Sinaloa.

Comunidades Yoreme Mayo reclaman tierras, agua, salud y educación

Durante la protesta en la Plaza de la Constitución, los manifestantes señalaron que existen acuerdos pendientes de cumplimiento relacionados con agua, tierra, salud y educación.

El grupo estuvo encabezado por Héctor Zaira Benítez, quien acompañó las demandas de los asistentes. Los participantes insistieron en que no buscan confrontación, sino ser incluidos en los procesos de decisión pública y en cualquier cambio que impacte su forma de vida.

Entre los reclamos, mencionaron modificaciones impulsadas por el Congreso local respecto a tiempos de gobierno en Sonora, decisiones que, según expusieron, se realizaron sin consultar previamente a los pueblos originarios.

Los y las ciudadanas de Yoreme Mayo afirmaron que este tipo de acciones reflejan exclusión política y falta de reconocimientos institucionales hacia sus comunidades.

También subrayaron que no se oponen a transformaciones legales o administrativas, pero consideran indispensable que se respete su derecho a la consulta previa.

La movilización concluyó con el llamado a abrir canales de diálogo y atender rezagos históricos en la región.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso relacionado con el acceso a servicios médicos, pero en sentido opuesto a lo que se ha interpretado.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión del máximo tribunal fortalece el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes, especialmente para aquellos con alguna discapacidad.

La resolución deriva de un amparo promovido por la familia de un menor al que el IMSS negó un implante coclear, necesario para atender una condición auditiva grave.

SCJN ordena garantizar acceso a implantes y prótesis, no prohibirlos

La Corte declaró inconstitucional una norma del IMSS que excluía la cobertura de implantes, prótesis y otros dispositivos médicos esenciales para menores derechohabientes.

El fallo establece que ninguna disposición reglamentaria puede limitar de forma general el acceso a insumos médicos indispensables para atender condiciones de discapacidad en niñas y niños.

Asimismo, la SCJN determinó que esta exclusión vulneraba derechos fundamentales como la salud, la seguridad social y el interés superior de la niñez.

La decisión tiene efectos generales, lo que significa que beneficiará a todos los menores en condiciones similares, no solo al caso que originó el amparo.

El tribunal otorgó previamente un plazo de 90 días para modificar la norma, pero al no cumplirse, se emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad.

Especialistas señalan que la resolución refuerza la obligación del Estado de garantizar atención médica integral, incluyendo dispositivos como implantes cocleares y prótesis externas.

En este contexto, la narrativa que afirma que la Corte prohibió estos tratamientos es incorrecta y corresponde a una interpretación errónea de la resolución judicial.

Con el proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González, ahora el instituto deberá cubrir insumos como anteojos, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas.

La Corte argumentó que la exclusión vulneraba el derecho a la salud de la niñez, mientras Lenia Batres e Irving Espinosa advirtieron sobre el impacto presupuestal del fallo.

“No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos”

Lenia Batres, ministra de la SCJN

IMSS queda obligado a cubrir insumos médicos a derechohabientes menores de edad

El proyecto fue presentado el martes 28 de abril por la ministra María Estela Ríos González. Al ser aprobado, se obliga al IMSS a dotar a menores de edad con:

• Anteojos y lentes de contacto
• Aparatos auditivos
• Implantes cocleares
• Prótesis externas
• Órtesis externas

En la resolución, la SCJN argumentó que excluir estos insumos es vulnerar el derecho de la niñez y adolescencia a la salud.

Esto último con base en el artículo 4 constitucional que dicta a las autoridades garantizar el máximo nivel de protección a la salud y acceso a a la seguridad social a menores con discapacidad.

Por lo que ahora, las autoridades deberán garantizar este tipo de protección de manera inmediata.

El IMSS ya no podrá aplicar restricciones, aunque los efectos de la iniciativa aprobada solo cubren a los derechohabientes menores de la institución con discapacidades sensoriales auditivas.

El ministro Irving Espinosa también criticó la aprobación del proyecto.

Pese a que hoy 27 de abril de 2026, se dio a conocer la licencia que Loretta Ortiz pidió y se le aprobó, la última vez que se le vio en el Pleno fue el 14 de abril de 2026.

Hugo Aguilar manda mensaje a Loretta Ortiz tras licencia médica por salud

Se informó que a la ministra Loretta Ortiz se le aceptó una licencia hasta el 10 de mayo de 2026 por motivos de salud, por lo que el presidente de la SCJN le deseo pronta recuperación.

Mostrando discreción al problema médico que Loretta Ortiz enfrenta, Hugo Aguilar mandó un mensaje a la ministra en la sesión del Pleno de este 27 de abril de 2026.

“Le deseamos que se recupere pronto. Ha notificado y se ha concedido licencia médica a la ministra”.

Hugo Aguilar, presidente de la SCJN.

Loretta Ortiz se ausentó de la SCJN desde el 15 de abril de 2026

Hugo Aguilar deseó que la ministra Loretta Ortiz recupere su salud tras darse a conocer que se le dio licencia médica oficialmente hoy. Sin embargo, ella dejó de ir a la SCJN desde días antes.

Fue en la sesión del 14 de abril de 2026 la última vez que Ortiz estuvo en el pleno, pero fue hasta este día que comenzó a correr su licencia médica.

Incluso, el presidente de la SCJN reconoció que ni él ni Loretta Ortiz estuvieron presentes en el Pleno el 21 de abril de 2026, lo que dejó a la deriva un asunto jurídico.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que la ministra Loretta Ortiz Ahlf solicitó licencia temporal por motivos de salud, misma que le fue concedida conforme a la normativa aplicable”.

SCJN

El acuerdo establece que no participará en las sesiones del Pleno ni en labores jurisdiccionales durante este periodo, en estricto apego a la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Aunque se desconoce la naturaleza de su padecimiento, se reiteró el compromiso de la ministra de la SCJN de reincorporarse y continuar con la impartición de justicia.

Licencia por salud a Loretta Ortiz le permitirá ausentarse de sesiones y jurisdiccionales en la SCJN

Tras otorgar la licencia por salud a Loretta Ortiz, la SCJ detalló que la ministra “no participará en las sesiones del Pleno ni en sus funciones jurisdiccionales”.

Así como también se precisó que la licencia por salud a la ministra Loretta Ortiz se otorgó con estricto apego a las disposiciones vigentes de la ley, mismas con fundamento en el artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además de los artículos 17, fracción VIll, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los numerales 2, 5, 6, 13 y 14 del Acuerdo General Número 22/2014, y el artículo 9, fracción VI, del Reglamento Orgánico de la Suprema Corte.

La reincorporación de Loretta Ortiz a la puestos en la SCJN será el 10 de mayo, donde se reitera “su compromiso con las responsabilidades del cargo y con la impartición de justicia”.

Loretta Ortiz ya tendría un mes sin presentarse en la SCJN

Según reportes de La Jornada, la ministra Loretta Ortiz ya tendría un mes sin presentarse en la SCJN, pues empezó a vérsele ausente desde el pasado 15 de abril.

Hasta la fecha de su licencia por salud, Loretta Ortiz ya se habría asustado de siete sesiones de la SCJN.

Por lo que se desconoce si la ausencia de Loretta Ortiz de la SCJN desde mediados de abril responde a los motivos de salud.

Con seis votos a favor y uno en contra, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que instruye recalcular la deuda.

El fallo de la SCJN se sustenta en el artículo 122 constitucional, que exenta de contribuciones a bienes de dominio público federal.

SCJN rebaja deuda al ISSSTE y le ordena pagar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberá realizar un pago superior a los 5,800 millones de pesos por concepto de adeudos fiscales al Gobierno de la CDMX.

Aunque la cifra demandada originalmente por el gobierno capitalino ascendía a 5,810 millones de pesos, el fallo de la SCJN abre la posibilidad de que el monto final disminuya significativamente.

La resolución judicial aborda una disputa por el impago del impuesto predial durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013.

ISSSTE defendió exención del pago del predial

El argumento legal que sustenta esta decisión se basa en el artículo 122 de la Constitución, el cual establece que los bienes del dominio público de la Federación están exentos de pagar contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

El ISSSTE sostuvo ante el máximo tribunal que diversos inmuebles de su propiedad en la CDMX cumplen con esta característica y, por lo tanto, no debieron generar el cobro del predial.

Durante la sesión, la ministra Batres calificó de “inviable” el pago del monto total reclamado, argumentando que la deuda superaba el presupuesto institucional del ISSSTE, el cual brinda servicios a 13 millones de derechohabientes.

Asimismo, Batres señaló que la exigencia de este cobro se originó durante la administración del exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

Cabe destacar que la actual dirección del ISSSTE está a cargo de Martí Batres Guadarrama, hermano de la ministra que impulsó el proyecto aprobad

Con base en el artículo 122 de la Constitución, la ministra Lenia Batres Guadarrama determinó que algunos inmuebles del ISSSTE son de dominio público federal y, por tanto, exentos de pago de predial.

El fallo implica recalcular la deuda reclamada por la CDMX, estimada en 5 mil 810 millones de pesos.

ISSSTE sustenta el fallo a su favor por la SCJN para no pagar lo demandado por CDMX

Tras darse a conocer que la ministra Lenia Batres Guadarrama, falló a favor del ISSSTE para que los impuestos demandados por la CDMX sean recalculados, la Institución argumentó los hechos con el artículo 122.

Debido a especulaciones que han surgido sobre la decisión de la ministra de la SCJN a favor del ISSSTE, donde su hermano Martí Batres Guadarrama es titular, se justificó que el fallo haya sido aprobado.

Según una tarjeta informativa del ISSSTE, la SCJN valió el amparo directo conforme al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que argumenta lo siguiente:

“Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria…solo estarán exentas los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios”.

Artículo 122 de la Constitución.

Es decir, el ISSSTE argumenta que algunos de sus inmuebles que no pagaron predial en la CDMX son de dominio público federal, por lo que estos quedan exentos.

Ante ello, la SCJN falló a su favor llevando a la recalculación de la deuda total, que la CDMX señalaba era de 5 mil 810 millones de pesos.

Asimismo, el ISSSTE recordó que brindan beneficio a 13 millones de derechohabientes, argumentando el “fin social” que tienen.

Repasemos la hemeroteca, que es breve pero intensa. En plena sesión del Pleno, la ministra tuvo que ser auxiliada en vivo por sus pares para que le aclararan el sentido de su propio voto. No fue un desliz momentáneo: literalmente fue necesario que el presidente de la Corte le aclarara cómo se había pronunciado segundos antes. Este jueves, volvió a la carga: se equivocó al abordar los temas a votar y se adelantó a asuntos que aún no figuraban en el orden del día, para sorpresa de los presentes.

El episodio de coleccionista, sin embargo, sigue siendo otro. En una sesión previa, la ministra afirmó —con toda solemnidad, desde el estrado del máximo tribunal del país— que los niños concebidos mediante fertilización in vitro no tienen padres. La frase merece subrayado doble. No solo desconoce cómo funciona la reproducción humana, sino que contradice los conceptos más básicos del derecho de familia: la filiación, el reconocimiento, la patria potestad, institutos que el Código Civil Federal regula sin importar el método de concepción. Un niño nacido por fecundación in vitro tiene padres por las mismas razones jurídicas por las que los tiene cualquier otro: por vínculo biológico, por reconocimiento, por presunción o por adopción. Eso se estudia, a grandes rasgos, en sexto semestre. Cuando el desafortunado error reventó en redes sociales, la ministra pidió que no se la sacara de contexto: su expresión, aclaró, fue “de carácter ilustrativo”. Y lo fue, en efecto. Ilustró —con precisión quirúrgica— que quien la pronunció desconoce no sólo biología básica, sino derecho de familia elemental.

Uno se ríe. Cómo no reírse. El problema es lo que viene después de la risa.

La Suprema Corte no es un taller de improvisación. Es el máximo tribunal del país. Conoce de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos directos en revisión cuyas consecuencias son reales, ejecutables e irreversibles para quien las padece. Si la Corte va a funcionar —y tiene que funcionar, porque sin ella no hay Estado de derecho que sostener—, no puede darse el lujo de tener ministros que, con toda evidencia, no alcanzan el nivel técnico que el cargo demanda. No es un asunto de simpatía personal ni de pluralidad ideológica: es un asunto de piso mínimo profesional. Y ese piso, ahora mismo, no se cumple.

El artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige, entre otros requisitos, “haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. La competencia —en el sentido vulgar de saber derecho— parece haber sido reinterpretada como cláusula meramente decorativa. En sede forense, a un abogado lo sancionan por citar mal un artículo; en el Pleno de la Corte, al parecer, se tolera.

La ministra Ríos arribó al Pleno sin carrera judicial, sin obra doctrinal citable y sin sentencias previas que revisar. Su currículum visible: haber sido consejera jurídica del Ejecutivo Federal. El proyecto de Reforma Judicial del 15 de septiembre de 2024 prometió que lo demás se aprendería sobre la marcha. Y lo estamos aprendiendo, en efecto, todos junto con ella —en tiempo real, por señal abierta, y al módico costo de nuestras sentencias constitucionales—. El diseño, visto en frío, es una tragedia anunciada: se relajaron los requisitos, se abrió el cargo a la urna y se confió en que el aprendizaje ocurriera sobre la carne viva de los justiciables.

No se trata de una ministra aislada que tuvo un mal día. Se trata de un patrón que revela una incapacidad técnica estructural. Y en un órgano colegiado como el Pleno, cada voto cuenta. No hay “ministros de adorno”; cada uno razona, argumenta y suma o resta en la construcción de criterios obligatorios para todos los tribunales del país. Una ministra que no puede seguir una sesión no puede, con seriedad, construir jurisprudencia. Y una ministra que niega la paternidad de los niños concebidos in vitro no puede, con seriedad, resolver un amparo en materia familiar.

La pregunta no es si la ministra Ríos merece respeto —todo funcionario público lo merece, por principio—, sino si el cargo que ocupa merece ser ocupado con mayor altura. La respuesta, para quien haya pisado alguna vez una sala de audiencias, es evidente. La Corte no se puede dar este lujo. El país no se puede dar este lujo. El Estado de derecho no se puede dar este lujo.

La risa es inevitable; es un mecanismo de defensa frente al absurdo. Pero conviene que no dure demasiado. Porque después de la risa llega la hora de mirar las sentencias que de ahí salen, y descubrir que lo que se decide —sobre derechos, sobre libertades, sobre patrimonios, sobre filiación— lo decide, también, quien no sabe en qué sentido acaba de votar. Y ahí ya no hay broma que alcance.

Se trata de un cobro por 5 mil 810 millones de pesos que solicita el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) al ISSSTE por concepto de impuestos por predial.

SCJN aprueba proyecto de Lenia Batres; tribunal analizará deuda millonaria del ISSSTE

Con seis votos a favor y uno en contra, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto de Lenia Batres que otorga un freno a la deuda millonaria con la CDMX por parte del ISSSTE, actualmente dirigido por el hermano de la ministra, Martí Batres.

Previo a la votación, el ministro presidente Hugo Aguilar le solicitó a Batres reconsiderar la presentación del proyecto.

Esto para tomar en cuenta los comentarios de otros ministros, quienes insistían en aplazar su discusión, situación que fue rechazada y eligió seguir adelante con su propuesta.

Según indicó Batres, resultaba inviable continuar aplazando el proyecto, pues aseguró que este “ya tenía varios meses” de haberse presentado.

Tras haberse aprobado su propuesta, un tribunal colegiado deberá ahora recalcular la deuda del ISSSTE con el gobierno de la CDMX, lo que podría disminuir significativamente el monto del pago.

Lenia Batres acusa de deuda millonaria del ISSSTE a Miguel Ángel Mancera

Mediante una publicación en sus redes sociales, la ministra Lenia Batres acusó de la deuda millonaria del ISSSTE a Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la CDMX.

Batres manifestó que se trata de un pago que no debería de realizarse, toda vez que “la Constitución exime al ISSSTE” de realizarlo.

Se trata de un cobro que el gobierno de Miguel Ángel Mancera exigió al ISSSTE por pago de predial, de un periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2013.

Lenia Batres calificó de inviable el pago, pues aseguró que el adeudo supera el presupuesto del ISSSTE.

Ahora se espera que el tribunal reduzca la deuda o el gobierno de la CDMX busque llegar a un acuerdo con la institución de salud.

María Estela Ríos, exconsejera jurídica de AMLO (sucesora de Julio Scherer en el cargo), en plena sesión de la Corte, aseguró ayer -como si ella pensara que la razón le asiste- que ellos, como ministros, se extralimitarían en sus funciones si tuviesen que interpretar una ley o en el caso de determinar si una norma jurídica es inconstitucional. ¿En serio? ¿Es verdad que la ministra no conoce ni siquiera lo más elemental de las funciones de la Suprema Corte? ¿Sabrá que la razón principal de existir de una corte suprema es la interpretación de las leyes?

Desafortunadamente, el caso no ha sido aislado. La misma ministra, en un intercambio de argumentos con los ministros Arístides Guerrero y Hugo Aguilar, demostró su incapacidad para expresarse sobre si estaba en favor o en contra de un dictamen, poniendo al descubierto su absoluta falta de conocimientos sobre derecho constitucional, e igualmente alarmante, sobre el funcionamiento de la Suprema Corte.

El ascenso de jueces y ministros de esta calidad ha sido el resultado de una reforma que nunca contó con legitimidad de origen ni de procedimiento. Primero, la sobrerrepresentación inconstitucional, y luego, en el momento en el que el Congreso morenista contravino las propias disposiciones legales contenidas en la reforma de su propia hechura. Y finalmente, en la jornada electoral, la operación de Estado puesta en marcha por el morenismo para hacer circular acordeones en las 32 entidades federativas, atropellando cualquier normativa o principio ético.

México ha pagado muy caro el costo de la colonización de los organismos electorales que han avalado los fraudes electorales y la violación sistemática de los procedimientos constitucionales. La próxima semana la Cámara de Diputados dará a conocer los nombres de los tres nuevos consejeros del INE. Según ha trascendido, las tres quintetas de finalistas han sido formadas con perfiles claramente cercanos al morenismo y a miembros conspicuos de la 4T. De serlo, habrán terminado por capturar a la totalidad de las autoridades electorales.

Primero lo hicieron con el Tribunal Electoral, cuando el propio AMLO decidió dejar vacantes dos de los asientos para poder contar con la mayoría de tres magistrados afines al movimiento. ¿Lo harán ahora con el INE? Al tiempo.

Porque lo que estamos viendo no es una diferencia legítima de criterios, eso sería sano en cualquier tribunal constitucional, sino una serie de confusiones que impiden siquiera discutir en términos jurídicos. No se trata de debates sofisticados sobre interpretación constitucional sino de tropiezos elementales como no distinguir entre votar un proyecto y pronunciarse sobre la invalidez de una norma, no comprender el alcance de una resolución o, peor aún, evidenciar una lectura superficial de los asuntos.

En ese contexto, resulta inevitable revisar el diseño institucional que hoy rige a la Corte. La concentración de todos los asuntos en el Pleno ha demostrado ser ineficiente y ni siquiera justifica el supuesto ahorro que en nombre de la austeridad eliminó las salas. La insistencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en recuperar el funcionamiento en salas no es menor pues dividir el trabajo permitiría especialización, agilidad y decisiones mejor construidas. Hoy ocurre lo contrario: más carga, menos tiempo y resoluciones que, en ocasiones, parecen improvisadas.

Pero el problema no es solo de arquitectura institucional, sino de responsabilidad democrática. Si el rediseño judicial apostó por una legitimidad de origen vinculada al pueblo, entonces esa lógica no puede ser selectiva. La legitimidad también debe poder retirarse. La revocación de jurisdicción debe incorporarse como una figura excepcional para jueces y magistrados pero posible y procedimientos para los cargos más altos de la Corte, especialmente tratándose de quienes integran el máximo tribunal constitucional.

No se trata de abrir la puerta a vendettas políticas ni a presiones coyunturales. Se trata de reconocer que hay desempeños que no solo son deficientes, sino que obstaculizan la función esencial de impartir justicia.

La discusión no puede eludirse bajo el argumento de la autonomía judicial y la incapacidad de comprender cómo funciona la Corte o la pregunta del sentido de un voto no puede interpretarse como criterio o independencia judicial. La autonomía no es impunidad. Tampoco puede reducirse a lealtades políticas heredadas del pasado reciente, ni a cercanías con figuras como Andrés Manuel López Obrador. Menos aún en un contexto donde la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, enfrenta el desafío de consolidar instituciones que funcionen más allá de afinidades personales o cuotas de poder y que posiblemente, la Corte fue mejor lugar para una ministra que un cargo en el gabinete a sabiendas de su desempeño.

Quizá la salida mediante revocación de jurisdicción no sea la más decorosa. Pero entre preservar las formas o rescatar la funcionalidad de la justicia, la elección debería ser clara. Si el pueblo fue el argumento para rediseñar la Corte, entonces también debe ser el límite frente a su deterioro.

No solamente lo sufre la ciudadanía y las instituciones sino los otros ministros y ministras que con vergüenza intentan explicar y explicar, sin éxito, de lo que se trata... para que finalmente deba ser el presidente de la Corte el que explique lo que una ministra quiso decir y sea quien tenga la última voz sobre el confuso sentido del voto de su par.

Tampoco se trata de sugerir la consecuencia más extrema para una confusión o un error pero es que cada semana es un nuevo episodio y cuando no es sobre libertad de expresión es sobre familias, sobre derechos de las mujeres, sobre justicia y prisión preventiva, sobre aborto, sobre organizaciones de la sociedad civil y un largo etcétera.

Al final, ni ser ministro es igual que ser diputado ni la carrera judicial es inservible o equiparable a la experiencia en cualquier otro poder del Estado.

“Nuestro objetivo es proteger esta tradición y asegurar su continuidad. Confiamos pronto volver al mar”

Grupo Xcaret

La decisión de Grupo Xcaret, enmarcada en revisiones legales y administrativas en Quintana Roo, busca proteger la tradición ancestral y garantizar su continuidad futura.

Considerado un referente del turismo cultural, Travesía Sagrada Maya recrea las rutas marítimas mayas, combinando deporte, historia y preservación patrimonial en la Riviera Maya.

Travesía Sagrada Maya está en pausa temporal, según Grupo Xcaret

A través de un comunicado, Grupo Xcaret enfatizó que la suspensión temporal se trata de una medida responsable tomada con el objetivo de resguardar esta expresión cultural viva:

La Travesía Sagrada Maya es uno de los eventos culturales más importantes promovidos por Grupo Xcaret, pues miles de turistas y locales participan anualmente en esta actividad que revive las antiguas rutas marítimas de los mayas, combinando deporte, historia y preservación patrimonial.

“La Travesía Sagrada hará una pausa este año. Es una decisión tomada con responsabilidad, ante la falta de claridad en las condiciones actuales para su realización. ”

Grupo Xcaret

La suspensión temporal ocurre en un contexto de revisiones legales y administrativas relacionadas con el patrimonio cultural en Quintana Roo.

Ante esto, Grupo Xcaret ha reiterado en comunicados previos su compromiso con el respeto al marco legal y al patrimonio de México, por lo que la empresa confía en resolver las condiciones necesarias para retomar el evento en ediciones futuras, manteniendo su liderazgo en turismo cultural sostenible en el Caribe mexicano.

El fallo de la SCJN: El patrimonio no es mercancía

La suspensión de Travesía Sagrada Maya 2026 ocurre después de que el Pleno de la SCJN, por una mayoría de siete votos, resolviera un recurso interpuesto por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

La ministra Lenia Batres Guadarrama, quien votó a favor del proyecto, explicó que la SCJN determinó que Grupo Xcaret no puede lucrar con elementos del patrimonio cultural maya para la promoción turística de sus hoteles y parques.

Al respecto, la ministra Batres enfatizó la naturaleza del patrimonio indígena, señalando que este “no es mercancía”, sino que constituye la “historia, identidad, comunidad, lenguaje y un derecho del que gozan nuestros pueblos”.

Batres subrayó que las comunidades originarias han sido objeto de exclusión y despojo debido a interpretaciones legales previas que calificó de “anquilosadas”.

Así ocurrió luego de que 8 ministros votaron a favor de desechar un amparo que presentaron ejidatarios que denunciaron no haber sido consultados y con ello una vulneración a su derecho de audiencia.

De esa manera, la SCJN determinó que se mantenga la protección de más de 14 mil hectáreas correspondientes a diversos municipios del Estado de México en los que se ubica el Lago de Texcoco.

SCJN ratifica declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida

La Sala Principal de la SCJN confirmó la declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida al rechazar los amparos promovidos por ejidatarios, quienes denunciaron falta de consulta y vulneración de derechos.

En su recurso, un grupo de ejidatarios de San Salvador Atenco acusó que la declaratoria afecta la propiedad social reconocida constitucionalmente y señalaron que no fueron escuchados en el proceso de aprobación.

Sin embargo, los ministros de la SCJN resolvieron con 8 votos a favor que la protección ambiental tiene fundamento constitucional y que el decreto no elimina la propiedad agraria, sino que la condiciona a criterios de sustentabilidad.

Asimismo, la SCJN destacó que las autoridades sí notificaron a núcleos agrarios y realizaron reuniones informativas para aclarar que las actividades agrícolas pueden continuar bajo lineamientos ambientales.

Cabe destacar que la zona en cuestión,corresponde al espacio donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), proyecto cancelado en 2018 por el gobierno federal.

¿Cuáles son los efectos de la declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida?

La resolución emitida por la SCJN para que el Lago de Texcoco sea declarado como Área Natural Protegida, tiene una serie de implicaciones como el caso de las siguientes:

• Se mantiene la protección de más de 14 mil hectáreas en los municipios de Texcoco, Atenco, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl
• Se mantiene la propiedad social de los ejidatarios, pero la condiciona a criterios de sustentabilidad y uso regulado
• Las actividades agrícolas podrán continuar, pero deberán ajustarse a lineamientos ambientales establecidos para evitar daños ecológicos en el Lago de Texcoco
• Se garantiza la preservación de humedales y especies endémicas para reforzar el carácter del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida de relevancia nacional

A través de redes sociales, Lenia Batres compartió el comunicado del TFJA donde señala que el IMPI debió concederle el registro de “ministra del pueblo” ya que no había “ninguna denominación similar”.

Lenia Batres gana decisión ante IMPI para registrar apodo de “ministra del pueblo”

Lenia Batres Guadarrama obtuvo una resolución favorable para registrar el apodo “ministra del pueblo”, luego de un proceso administrativo en el que se analizó la viabilidad del uso de dicha denominación.

El caso se remonta a 2024, cuando Lenia Batres presentó la solicitud de registro con el fin de utilizar el apodo en sus actividades, particularmente durante el contexto de la campaña electoral judicial.

El IMPI le había negado el registro al determinar que este apodo generaría confusión; sin embargo, la sala del TFJA resolvió por unanimidad que el rechazo a la ministra Lenia Batres fue ilegal.

La resolución de la TFJA determinó que Lenia Batres podrá continuar utilizando el apodo de “ministra del pueblo”, ya que la decisión del IMPI habría sido arbitraria e injustificada.

De acuerdo con la AMIB, los inversionistas están preocupados de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ahora pueda bloquear cuentas bancarias sin la orden de un juez tras el fallo de la SCJN.

Fallo de SCJN sobre bloqueos de UIF genera incertidumbre entre inversionistas, advierte AMIB

Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB, señaló que el fallo de la SCJN sobre la UIF genera incertidumbre entre inversionistas pese a que este permitiría neutralizar al crimen organizado.

“Genera preocupación, desde luego. Pero no hay muchas alternativas”

Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB

Ante la tensión por el fallo de la SCJN sobre los bloqueos de la UIF a cuentas bancarias, la AMIB destacó que los clientes de los fondos de inversiones y de casas de bolsa están protegidos.

El presidente de la AMIB dijo que confiarán en que la UIF utilice esta nueva facultad “prudentemente”, de manera que se disminuyan los delitos bancarios y no se sancione a los inversionistas.

Cabe recordar que la UIF ya tenía la facultad de bloquear cuentas bancarias ante operaciones irregulares, sin embargo, tras el fallo de la SCJN, la unidad podrá hacer los bloqueos sin orden jurídica.

Formalmente, la Corte sostiene que el bloqueo no es una sanción, sino una medida cautelar administrativa. En los hechos, la consecuencia es otra: se permite afectar patrimonio de manera inmediata sin control judicial previo, bajo un estándar abierto de “indicios suficientes”.

El problema no es la herramienta. Es la ausencia de contrapeso.

La Corte: de tribunal constitucional a validador de política pública

En teoría, la Suprema Corte debe ser el último filtro frente al poder del Estado. En este caso, no lo fue.

La Corte no construyó un estándar robusto de control. No definió con precisión:

• qué constituye “indicios suficientes”

• qué límites materiales tiene la UIF

• qué salvaguardas reales existen para evitar abuso

Se limitó a validar la facultad. Eso no es control constitucional pleno. Es validación institucional. Y ese es el problema de fondo:

► cuando el tribunal constitucional no fija límites claros, la discrecionalidad se traslada a la autoridad administrativa

En un entorno con ministros altamente cuestionados en lo técnico y lo político, este tipo de resoluciones no fortalece al Estado de derecho. Lo debilita.

UIF: facultades amplias con perfiles cuestionables

El diseño legal permite a la UIF actuar con rapidez. Pero la pregunta relevante es otra:

► ¿quién ejerce esa facultad y bajo qué criterio real?

El problema no es solo normativo. Es de perfil institucional.

• Gestión anterior con sesgo ideológico

• Gestión actual con enfoque más policial que financiero

Esto genera una tensión crítica:

► la UIF impacta directamente el sistema financiero, la liquidez e inversión

Y eso exige:

• criterio técnico financiero

• comprensión de mercados

• análisis de riesgo económico

No solo lógica de investigación.

El problema jurídico real: discrecionalidad

El marco legal (artículos 115 y 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito) permite el bloqueo con base en:

► “indicios suficientes”

Ese estándar, sin delimitación estricta, abre la puerta a:

• criterios variables

• decisiones no homogéneas

• incertidumbre jurídica

Y el control judicial es posterior. No previo.

Personas físicas: vulnerabilidad directa

Para una persona física, el congelamiento implica:

• paralización inmediata de recursos

• afectación patrimonial

• dificultad de defensa

Con la reforma a la Ley de Amparo:

• no hay suspensión provisional

• la suspensión definitiva es limitada

► el daño ocurre primero, la defensa después

Personas morales: impacto sistémico

Para empresas:

• ruptura de flujos

• imposibilidad de operar

• daño reputacional inmediato

No es solo un tema jurídico. Es:

► riesgo operativo + riesgo financiero

SOFOM ENR: el punto más crítico

Las SOFOM ya enfrentan:

• dificultad para abrir cuentas

• dependencia de pocos bancos

• cargas de PLD elevadas

Con este criterio:

► el riesgo se multiplica

1. Fragilidad operativa

Si se congela una cuenta:

• se detiene cobranza

• se detiene dispersión

• se afecta fondeo

► la operación colapsa

2. Reacción bancaria

Los bancos reaccionarán con:

• más filtros

• más restricciones

• menos cuentas para SOFOM

► mayor exclusión financiera

3. Defensa jurídica más compleja

El amparo cambia:

• ya no basta falta de orden judicial

• hay que desvirtuar indicios

• se requiere prueba compleja

► mayor costo legal

► mayor tiempo

► mayor incertidumbre

Impacto en inversión: el punto crítico

El inversionista evalúa:

• certeza jurídica

• previsibilidad

• riesgo operativo

Este criterio envía una señal clara:

► el patrimonio puede ser afectado sin control judicial previo

Resultado:

• mayor prima de riesgo

• menor inversión

• mayor cautela

Comparativo internacional

Existen mecanismos similares en Estados Unidos y Europa. Pero con diferencias clave:

• criterios más claros

• instituciones más confiables

• defensa más efectiva

México no tiene ese nivel institucional. Ahí está la diferencia.

Riesgo sistémico: crédito informal

Cuando el sistema formal:

• se vuelve incierto

• eleva costos

• limita operación

El crédito no desaparece. Se desplaza:

• usura

• crédito informal

• esquemas fuera del sistema.

La decisión de la Corte no es neutra. Tiene efectos económicos reales:

• menor certeza jurídica

• mayor discrecionalidad

• mayor fragilidad operativa

Para las SOFOM:

► no es un evento aislado, es acumulación de riesgo

Cierre

►Un sistema financiero no se debilita por falta de regulación, se debilita cuando la regulación se vuelve discrecional.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.

Ahora sí, la situación amenaza con poner ¡a peso el kilo de ca… labaza!, pues bajo el argumento de que no constituye una sanción “es solo una medida cautelar”, los ministros de la SCJN votaron e hicieron mayoría el lunes en el pleno, para validar y habilitar al brazo investigador financiero del gobierno, la UIF, a fin de que pueda ejecutar el bloqueo de cuentas bancarias sin mediar, para tal efecto, orden judicial o punto resolutivo de Ministerio Público alguno.

De acuerdo. El criterio bien puede ser anunciado desde el gobierno como una medida cautelar administrativa y preventiva para proteger el sistema financiero nacional; que incluso “está orientada en su aplicación para prevenir al país de operaciones inusuales vinculadas a actividades ilícitas, en el contexto actual del sistema financiero”.

Pero, aunque esta vez nos presenten -simultáneamente- este grave atrevimiento contra el derecho a la propiedad privada, contra la intimidad y en alguna medida contra los derechos humanos de los ahorradores y de la población en general, pues en la misma sesión votaron y acordaron la negación al amparo para la empresa estadounidense Fresh Packing Corporation, propiedad de Vicente Zambada Zazueta —supuesto sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada— por presuntos vínculos con el crimen organizado… aunque hayan hecho un derroche de justificación moral ante la opinión pública -se insiste- en México la gente no solo intuye, realmente sabe, porque el pueblo mexicano es sabio: ese cambio de criterios jurisprudenciales votado y aprobado el pasado lunes por el pleno de la SCJN tiene una clara dedicatoria, hacia Ricardo Salinas Pliego, hoy deliberado enemigo político del régimen y muy seguramente candidato opositor a la presidencia de la República.

Y si esto es así, ¿por qué no pensar que esta novedad de los juzgadores, también esté enderezada contra todo aquel ciudadano que se declare en contra de la ideología política del gobierno actual? ¿Cómo no imaginar que esta pueda convertirse en una herramienta de revancha política de los políticos actualmente empoderados, contra sus “eternos enemigos” de la transformación y “defensores de privilegios”?

O que en uno de esos “ajustes” del gobierno al electorado “indeciso,” el oficialismo en algún estado o región del país le aviente la sanción o la amenaza de sanción, a particulares “si no jalan parejo”.

Porque ese cambio de criterios jurisprudenciales votado y aprobado el pasado lunes por el pleno de la SCJN, por seis votos a tres, en un proyecto de la ministra Lorena Ortiz Ahlf, sustentado en la acción de inconstitucionalidad 58/2022 (promovida por legisladores opositores a Morena) y por el que se declaró constitucional finalmente el artículo 116 Bis 2, de la Ley de Instituciones de Crédito y que, permite a la UIF incluir personas en la lista de bloqueados por motivos de origen nacional, constituye de nuevo, una nueva forma o manifestación de “complejidad” para el estudio del derecho, no solo en México, sino en el mundo.

El debate cíclico al que cada época que llega y borra a la anterior, nos convocan los principales exponentes del derecho, la filosofía y la sociología del derecho, sobre la funcionalidad y los fines del derecho y el Estado en general, tienen esencialmente una misma motivación: las cargas política y moral del gobierno en turno, o del partido hegemónico del momento.

Auténticas guerras de papel (a base de epístolas moralinas y reproches de una ética decimonónica) han sido las sostenidas en el foro jurídico internacional en los últimos dos siglos por uno y otro bando: los que sostienen que el derecho debe tener un lenguaje mecanicista, organicista y estrictamente abstracto, despojado de política, moralidad y ética, para que pueda dirimir y distribuir justicia de manera imparcial y despojada de la influencia de la política, la moral, la ética y otros factores y los otros, que defienden la idea de que no hay legisladores ni juzgadores ni príncipes apolíticos, pues todos al final, tienen una motivación o condición política por la que abogan y terminan contaminando sus decisiones que la aplicación del derecho no solo debe implicar la interpretación literal de la norma, sino voltear a ver los principios y las directrices políticas respectivas, del momento…

Particularmente, el reproche hecho al jurista austríaco y principal exponente del positivismo jurídico, Hans Kelsen, sobre su finísima pieza de relojería fina y de alta precisión que, sin duda, constituye su obra cumbre, La Teoría pura del Derecho.

Ahí están las arteras críticas de Jerome Frank y Oliver Wendell Holmes jr., exponentes del realismo jurídico estadounidense, en sus afanes de separar el “ser” del “deber ser” en las decisiones vinculadas al derecho, resaltando el comportamiento efectivo de jueces en los tribunales. (¿Quién es el juzgador, su entorno… hacia dónde se va a cargar?).

¿Y qué decir del realismo jurídico escandinavo (Alf Ross, Karl Olivecrona) de mediados del siglo XX o del realismo genovés de la actualidad (Giovanni Tarello, Riccardo Guastini)?

Es hora que no bajan del madero en el que, con persistente frecuencia, crucifican al cristo del positivismo, a ese Hans Kelsen a quien nos referimos.

Y así conforme se construyan nuevas corrientes del pensamiento jurídico y filosófico, prevalecerá la lucha de bandos contrarios, defensores de sus propias teorías. En México y en el mundo entero. Esta es la gran laguna, la gran paradoja del derecho como ciencia.

Por eso es previsible y forzosamente necesario que, en países como el nuestro, se asuman providencias para evitar esta clase de turbulencias mediáticas y que amenazan con convertirse en auténticas crisis políticas, como la que implica la decisión asumida ‘por votación democrática’ en la SCJN el pasado el lunes, en torno a una simple ‘acción de inconstitucionalidad’.

Es por todos sabido, que en México no se asumen grandes decisiones para modernizar el aparato judicial por auténticos prejuicios.

El más reciente, aquella especie de pinochetazo que el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo asestó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1995, para modernizarla en términos de dimensiones (redujo de 26 a 11 ministros el Pleno) y funcionalidad (Consejo de la Judicatura) y que, dicho sea de paso, aún es digna de celebración, por cuanto fue una medida no solo valiente, sino puntualmente necesaria.

Hoy más que nunca se hace necesaria en México, una reforma que garantice una figura esencial para la estabilidad del orden jurídico de la nuestra y de cualquier nación del mundo: el control constitucional.

Pero los principales prejuicios a los que se enfrentan los operadores jurídicos desde el poder, es a la crítica artera y con sevicia. A la creencia errónea que existe de que establecer una estructura o sistema de control constitucional autónomo, dependiente de alguno de los tres poderes constituidos (preferentemente del Poder Judicial, sería lo más sano) implicaría remover a las grandes estructuras de funcionamiento de los poderes existentes y eso es un gran mito.

Es menester señalar que este es un razonamiento y un proyecto formal largamente ideado, desde su valiosa cátedra de Sistemas de Control Constitucional, en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, del doctor Fernando Flores Trejo, orgullo de la planta docente de nuestra máxima casa de estudios.

El doctor Flores Trejo sostiene que no se ocupa ni siquiera reformar la redacción de los artículos considerados dogmáticamente intocables, como el artículo 49 constitucional; se ocupa simplemente algo tan elemental como aprender a interpretar correctamente el sentido de la norma.

¿De dónde sacamos los mexicanos, por ejemplo, que, para crear una instancia o un Sistema de Protección y Control Constitucional Autónomo, debemos de dividir en términos de infraestructura, de forma física, con implicaciones presupuestales y mobiliarias, a un poder formal constituido como lo es, el Poder Judicial de la Federación?

No se pretende mucho menos, crear un Cuarto Poder formal constituido.

La redacción del artículo 49 constitucional que resguarda el principio de división de poderes, es más que clara.

“Artículo 49: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar…”

Esto es, que cualquier Poder puede dividirse para su ejercicio, no en su estructura, cuando para el cumplimiento de sus fines o atribuciones sea indefectiblemente necesario.

Mantener intacta la esencia de ese espíritu de la ley suprema que tanto nos enorgulleció en el pasado, como una ley de avanzada que fue desde sus inicios la mexicana, pero, ante todo, que siga respondiendo con funcionalidad ese gran documento, a la realidad mexicana, garantizándonos por lo menos a los gobernados, los atributos de igualdad, equidad, generalidad, imparcialidad, sin importar condición o influencia ideológica o política alguna. Es decir, que llegue quien llegue al poder supremo, procure que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantenga incólume, sin amenazas ni riesgos de desvirtuarse o torcer el sentido de su aplicación.

Héctor Calderón Hallal: @Pequenialdo; @CalderonHallal1

“Este esquema tensiona el principio de presunción de inocencia (artículo 20 constitucional) al permitir bloqueos basados en indicios sin resolución judicial previa”

Coparmex

Coparmex señaló que el fallo de la SCJN incrementa la incertidumbre para las empresas, en especial para las MiPyMEs, al generar riesgos legales y económicos que afectan la confianza y la estabilidad del entorno de inversión en México.

PYMES e inversiones, las más afectadas por fallo de la SCJN sobre la UIF dice Coparmex

La Coparmex también señaló que el fallo de la SCJN que permite a la UIF revisar cuentas sin autorización judicial afectará principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

De acuerdo con el organismo, este tipo de empresas suelen carecer de estructuras jurídicas robustas para enfrentar procesos legales prolongados derivados del bloqueo de cuentas.

Además, advirtió que la inmovilización de recursos podría impedir el pago de nómina o proveedores, lo que pondría en riesgo empleos y la viabilidad de los negocios.

En contraste, señaló que las grandes empresas cuentan con mayor capacidad financiera y legal para enfrentar procedimientos de este tipo.

La Coparmex agregó que la medida podría generar efectos similares a una sanción antes de que se acredite una responsabilidad, lo que colocaría a los afectados en desventaja para ejercer su defensa.

Coparmex pide claridad en facultades de la UIF tras fallo de la SCJN

Ante este escenario, la Coparmex pidió claridad en la aplicación de las facultades de la UIF, así como establecer reglas que eviten abusos y garanticen certeza jurídica.

Entre las propuestas del organismo destacan:

• Claridad en los supuestos: definir criterios objetivos y verificables que justifiquen el bloqueo de cuentas.
• Control judicial previo: validar la legalidad de la medida en un plazo máximo de seis horas; de lo contrario, el bloqueo no debería surtir efectos.
• Plazos razonables: establecer un máximo de 15 días para que la autoridad sustente la medida con elementos suficientes.
• Notificación inmediata: garantizar que el titular de la cuenta sea informado con fundamentos claros para ejercer su defensa.
• Responsabilidad y transparencia: crear un régimen de responsabilidad por actuaciones infundadas e incorporar la publicación periódica de información sobre el uso de estas facultades.

El litigio, que lleva más de 14 años, incluye siete recursos pendientes desde 2023 y será revisado por la ministra Loretta Ortiz.

Aunque la SCJN no dictará sentencia directa, podría ordenar al Tribunal de Nuevo León emitir un fallo que implicaría un pago cercano a 800 millones de dólares.

¿En qué consiste la demanda que revisará la SCJN?

Las hermanas María del Carmen, Viviana y Gabriela Garza Delgado lideran la demanda que incluye siete recursos pendientes desde 2023, después de que en mayo 2021 se condenara a Santander restituir las acciones de Grupo Alfa a las hijas de Roberto Garza Sada.

María del Carmen, Viviana y Gabriela Garza Delgado buscan que Grupo Alfa les devuelva 36.7 millones de acciones tras una presunta falsificación de firma de su hermano, dada a conocer en 2010.

Hijas de Garza Sada vs Santander: SCJN atrae demanda por acciones de Grupo Alfa

Con siete votos a favor y dos en contra, la SCJN atrajo el caso de las hijas de Garza Sada contra Santander, todos de 2023 presentados ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito:

• 3 amparos directos:
• • 303/2023
  • 538/2023
  • 539/2023
• 3 recursos de reclamación:
• • 22/2023
  • 19/2023
  • 23/2023
• 1 recurso de inconformidad:
• • 22/2023

Los recursos fueron presentados tanto por las hijas de Garza Sada como por Santander, contra la sentencia que favoreció a las hermanas en 2021 y ordenó al banco restituir sus acciones en Grupo Alfa.

Los mismos serán analizados por la ministra Loretta Ortiz, sin una fecha prevista de discusión en el Pleno de la SCJN; la revisión podría tardar hasta un año.

Asimismo, tampoco se compartió una explicación de motivos sobre la facultad de atracción, después de que el Primer Tribunal Colegiado que dictó sentencia en 2021 fuera declarado impedido.

Hijas de Garza Sada vs Santander: el pago de acciones podría ascender los 800 millones de dólares

Pese a atraer el caso, la SCJN no dictaría condena a Santander en dado caso de que falle en su contra; sin embargo, ordenaría al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León que le ordene emitir una sentencia.

Si bien el fideicomiso de Roberto Garza Sada del que habrían sido despojadas sus hijas es de 36.7 millones de acciones, no hay una cantidad estipulada, aunque apuntan el pago de 800 millones de dólares.

Anteriormente, el Tribunal de Nuevo León, en donde se lleva el caso, ya había rechazado la demanda de las hijas de Garza Sada.

Las hermanas María del Carmen, Viviana y Gabriela Garza Delgado acusan al banco de negligencia por permitir la apropiación de un fideicomiso creado por su padre, Roberto Garza Sada.

De confirmarse responsabilidad, Santander podría enfrentar un pago cercano a 800 millones de dólares, en uno de los litigios corporativos más relevantes de México.

Garza Delgado vs Santander: claves del caso por acciones de Grupo Alfa

Las hermanas Garza Delgado acusan a Santander de actuar negligente por permitir la apropiación de un fideicomiso con acciones de Grupo Alfa, creado por su padre y sustraído por su hermano.

El litigio por las acciones de Grupo Alfa comenzó tras la muerte de Roberto Garza Sada Jr., debido a la presunta falsificación de su firma por parte de su hijo, Roberto Garza Delgado.

Las hijas de Garza Sada descubrieron mediante peritajes que su hermano habría falsificado la firma de su padre para obtener 36.7 millones de acciones de Grupo Alfa, equivalentes en ese momento al 10%.

El fideicomiso creado por Roberto Garza Sada Jr. data de 1994; sin embargo, el único varón de sus hijos inició el proceso de sustracción que fue confirmado en 2014 lo que comenzó con la disputa legal.

Aunque no se ha confirmado una cantidad, de encontrarse a Santander culpable de negligencia tendría que pagar a las hermanas Garza Delgado un aproximado de 800 millones de dólares por el valor de las acciones.

Garza Delgado vs Santander: así va la disputa por acciones de Grupo Alfa

Las hermanas Garza Delgado han interpuesto diversos recursos contra Santander, entre ellos a la Comisión de Valores de Estados Unidos en 2024 por presuntas prácticas corruptas.

Previo a eso, en 2021, el Primer Tribunal Colegiado Civil de Monterrey falló en contra de Santander y le ordenó restituir las acciones de las hermanas Garza Delgada.

Sin embargo, en 2023, presentaron al menos siete recursos entre ambas partes, que fueron turnados al Segundo Tribunal Colegiado debido a impedimento de magistrados.

Los mismos se votaron a favor de su atracción a la SCJN, que anteriormente ya había desechado un amparo a revisión de Santander por no cotejar debidamente las firmas.

Esta decisión conlleva serios cuestionamientos. En primer lugar, se recordará que una de las razones por las que la UIF, desde su creación en 2004, está adscrita a la Secretaría de Hacienda, y no a la Fiscalía General de la República, es porque su función originaria no es de persecución de sospechosos, sino simplemente de detectar irregularidades en transacciones. Una vez identificadas, su responsabilidad es informar a la FGR para que ésta, por su lado, inicie las investigaciones, y en su caso, presente una denuncia que debería, si procede, ser judicializada.

La UIF, como he señalado, no es de carácter persecutorio, en razón de su propia existencia y de los motivos para colocarla dentro del organigrama de Hacienda.

Ahora bien, la reciente decisión no solo atentará contra la propia naturaleza de la UIF, sino que se entromete con las responsabilidades propias del Poder Judicial. A partir de ahora, Hacienda, mediante la UIF, podrá asumir competencias que son facultades de los jueces, cargándose a su paso cualquier principio de presunción de inocencia, en abierta violación de los derechos humanos.

En adición, se estima que este nuevo panorama pueda conducir a una utilización política de la unidad con el objetivo de amenazar, amedrentar o chantajear voces que incomoden a la clase política. No será más necesario que una decisión de esta magnitud pase por un órgano jurisdiccional, sino que una agencia (o unidad) adscrita al Poder Ejecutivo podrá, si así conviene a su titular, al secretario de Hacienda, al presidente en turno o a un miembro poderoso de la clase dirigente, congelar los fondos bancarios de un individuo que no ha sido declarado culpable.

Los defensores de esta medida aducirán que se trata de una decisión motivada por el imperativo del gobierno de combatir la delincuencia y el crimen organizado. ¡Sí que debe combatirse! Sin embargo, en un Estado de Derecho cada poder tiene sus roles, y cada institución, sus debidas responsabilidades. Ha sido una decisión peligrosa en términos de libertades individuales.

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 8 de abril, la mandataria explicó que el objetivo de esta medida es fortalecer la prevención del lavado de dinero y combatir delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como actos de corrupción.

“La resolución de la Corte es lo que ya había resuelto un magistrado de Circuito previamente. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción, por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El fallo de la Corte se da en el contexto de permitir a la UIF revisar y congelar cuentas bancarias cuando existan indicios de operaciones ilícitas, en casos como el del empresario Ricardo Salinas Pliego y de empresas vinculadas con familiares de Ismael “El Mayo” Zambada , exlíder del Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum asegura que empresarios honestos no deben temer a la UIF

Sobre las preocupaciones del sector empresarial, la presidenta aseguró que la UIF no ha bloqueado cuentas de empresarios que no estén vinculados con actividades ilícitas.

“La UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta a un empresario, empresaria o a nadie que no esté implicado en lavado de dinero”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum recordó que anteriormente la UIF podía inmovilizar cuentas, pero los afectados obtenían amparos de manera inmediata, lo que permitía retirar el dinero y dejaba sin efecto las investigaciones.

Ante ello, explicó que se modificaron los procesos relacionados con los amparos, con el fin de evitar que estos recursos legales paralicen las investigaciones financieras.

La mandataria agregó que, en caso de que exista alguna injusticia contra un empresario, la resolución judicial podría tardar alrededor de seis meses.

“Ningún empresario tiene que temer que la UIF vaya a hacer algo fuera de la ley o por motivos políticos”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

UIF ha inmovilizado 5 mil millones de pesos por lavado de dinero

La presidenta también informó que desde el inicio de su administración en octubre de 2024 se han inmovilizado cerca de 5 mil millones de pesos en cuentas relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero.

Aunque no detalló los casos específicos ni el origen de los recursos, indicó que la UIF podría ampliar la información en una próxima conferencia mañanera.

En entrevista con Gregorio Martinez, Omar Reyes detalló que la norma aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es para combatir ilícitos y la delincuencia organizada.

Omar Reyes afirma que bloqueos de la UIF no afectará a quienes cumplen la ley

El fallo de la SCJN que permite a la UIF el bloqueo de cuentas sin una orden judicial, ha causado gran polémica. Ante las dudas generadas, Omar Reyes explicó como se aplicará el proceso.

El titular de la UIF mencionó que ninguna persona o empresa con actividad lícita apegada a la ley debe estar preocupada, pues el bloqueo no se hace de manera arbitraria, sino que debe haber indicios.

“No se bloquea una cuenta por un evento aislado, sino por información que genera indicios suficientes que requieren sustento y una motivación legal”.

Omar Reyes, titular de la UIF

Asimismo, Omar Reyes afirmó que el bloqueo no es unilateral, pues cada caso deriva de:

• Reportes del sistema financiero
• Análisis de licencia
• Patrones atípicos de operación

Qué hacer si la UIF bloquea tu cuenta; no afectará a quienes cumplen la ley

Durante la entrevista, Omar Reyes dijo que la facultad de la UIF para bloquear cuentas no es nueva, sino que el cambio está en que ahora se puede hacer sin orden judicial y con garantía de audiencia.

En caso de que la UIF llegue a bloquear tu cuenta, el banco te notificará y tendrás cinco días hábiles para solicitar el derecho de audiencias. Después, 10 para recabar pruebas que justifiquen sus ingresos.

Omar Reyes detalló que esta medida es para evitar actividades criminales que se hacen a través de transacciones, por lo que quienes cumplen la ley “pueden estar tranquilos”.

“No es una medida excesiva, nosotros no contamos con toda la información bancaria de todos los mexicanos como se cree, nosotros recibimos reportes que identifica el sector bancario... blindadoras, notarios, (etcétera)… nosotros trabajamos con información que ellos detectan podría ser un riesgo a las finanzas o la economía de este país”

Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene acceso a la información financiera de todos los mexicanos y que las personas investigadas cuentan con garantías de audiencia.

La SCJN, por su parte, respaldó la facultad de la UIF para ordenar bloqueos.

UIF asegura que no tiene información financiera de todos los mexicanos

Omar Reyes dijo que la UIF no es un ente investigador y actualmente solo trabaja con la información que le llega directamente de los bancos u otros organismos

Aún con ello, dijo que las personas investigadas no están en un estado de indefensión ya que tiene garantía de audiencia o de juicio de nulidad.

De es amanera descartó que en la UIF tengan toda la información financiera de los ciudadanos en México.

SCJN deja sin efecto jurisprudencias sobre bloqueo de cuentas; señala que eran un obstáculo innecesario

El día anterior la SCJN respaldó que la UIF incluya a una empresa o persona en la Lista de Personas Bloqueadas y ordene el bloqueo de sus cuentas para prevenir riesgos en el sistema financiero o cuando cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita

La SCJN determinó interrumpir los criterios de varias jurisprudencias que indicaban como requisito que una autoridad extranjera debería solicitar el bloque de cuentas.

La Corte dijo que ese era un obstáculo innecesario para que la UIF combata las operaciones relacionadas al lavado de dinero y otros delitos.

Qué cambió

La jurisprudencia 2a./J. 46/2018 exigía orden judicial para bloqueos nacionales; solo los de origen internacional podían prescindir del juez. Era la garantía de que si el gobierno quería tocar su cartera, primero debía pedir permiso a un juez. Hoy, la mayoría validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y redefinió el bloqueo como «medida administrativa preventiva», no como sanción. En términos llanos: el gobierno congela su dinero primero y le da explicaciones después. Como un restaurante que cobra antes de mostrar el menú y luego le dice que puede quejarse con el mesero —que resulta ser el dueño—.

Por qué es problemático

El Poder Judicial existe para equilibrar la enorme fuerza del Estado con los derechos de los gobernados. Los artículos 14 y 16 constitucionales y el 8.1 de la Convención Americana exigen que nadie sea privado de sus derechos sin juicio ante tribunal independiente. Decir que un bloqueo no es «privación» sino «medida cautelar» es tan convincente como decir «no te estoy despidiendo, te estoy liberando para que persigas tus sueños». Una persona con cuentas congeladas no puede vivir. Punto.

La ley otorga cinco días para solicitar audiencia y diez para ofrecer pruebas —ante la propia UIF—. Es decir, la misma autoridad que bloqueó juzga si el bloqueo fue correcto: el árbitro es también delantero del equipo contrario. La Corte Interamericana ha sido enfática: cuando una medida afecta gravemente derechos patrimoniales, debe existir revisión judicial pronta e independiente, no un procedimiento ante el propio órgano que restringe.

La mayoría citó los estándares del GAFI para justificarse, pero lo hizo editando más que interpretando: el GAFI permite congelamiento expedito en urgencias, pero siempre con revisión judicial independiente inmediata, criterios legales claros y proporcionalidad temporal. Jamás ha recomendado poder discrecional ilimitado sin juez. Citar al GAFI aquí es como citar las reglas de tránsito para justificar que alguien maneja en sentido contrario.

El patrón que preocupa

Esto no ocurre en un vacío. En años recientes, la UIF ha usado el bloqueo como herramienta de presión política: opositores, periodistas y organizaciones civiles han visto sus cuentas congeladas sin proceso penal ni denuncia formal. La UIF bloqueaba primero y explicaba nunca. Validar esta facultad sin controles judiciales robustos es entregarle al Ejecutivo un arma de destrucción financiera selectiva. Y la resolución se inscribe en un patrón más amplio: una Corte que, desde la reforma judicial, mueve la portería sistemáticamente a favor del poder y en contra del gobernado. Los tres ministros disidentes —Guerrero García, Figueroa Mejía y Esquivel Mossa— lo advirtieron: no hay parámetros claros, no hay límites rígidos, no hay certeza para el ciudadano. Tres voces de razón en un tribunal de nueve. Suficiente para que conste en actas; insuficiente para proteger sus derechos.

A todos nos toca

Nadie serio está en contra de combatir el lavado de dinero. Pero las democracias se distinguen de los regímenes autoritarios en cómo lo hacen: con garantías, con jueces independientes, con contrapesos. Un gobierno que puede congelar el patrimonio de cualquier persona sin pasar por un juez no es eficiente; es peligroso. Hoy, cualquier persona en México está a un oficio de la UIF de distancia de ver sus cuentas bloqueadas, sin Ministerio Público, sin juez, sin denuncia. Y una vez bloqueado, es usted quien debe demostrar su inocencia ante la misma autoridad que lo congeló. Esto no es Estado de Derecho; es Estado de sospecha permanente.

Cuando una Corte Suprema deja de ser contrapeso del poder y se convierte en su validadora, por más que envuelva la sentencia en papel de regalo con moño de «proporcionalidad», quien pierde siempre es el ciudadano de a pie. Hoy perdimos todos un poco. Aunque algunos lo descubrirán recién cuando intenten usar su tarjeta de débito.

Durante su participación en la discusión, Yasmín Esquivel destacó que la norma está mal redactada, pues deja muchos vacíos y no vela por la seguridad y certeza jurídica de los usuarios.

Reitera Yasmín Esquivel su rechazo a que UIF pueda bloquear cuentas bancarias

Yasmín Esquivel dijo que la norma que permite que la UIF bloquee cuentas bancarias fue mal redactada, pues no se dan a conocer cuáles son los parámetros para el bloqueo.

La SCJN señaló que la UIF puede bloquear cuentas bajo la sospecha de irregularidades, pero Yasmín Esquivel destacó que en la norma no se dice cuáles son los indicios justificados.

La ministra reiteró que si el Estado va a hacer un bloqueo de cuentas bancarias, como la de Ricardo Salinas Pliego, debe existir una ley que precise todas las condiciones.

“Cuando el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe establecer con precisión cuándo, cómo y por qué”.

Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN

Cabe mencionar que la SCJN respaldó el proyecto para el bloqueo de UIF bajo el criterio de que esta acción previene el lavado del dinero y el financiamiento de actos terroristas.

Por lo anterior, Yasmín Esquivel comentó que es necesario el combate al crimen, como al lavado de dinero; sin embargo, este no puede hacerse a costa de la certeza jurídica de los usuarios.

Aquí la siguiente pregunta es: ¿Se irán a quedar sin cuentas todos los criminales que forman parte del Cartel De Tabasco o solo van a ir contra los Mexicanos que les somos incómodos?

Ricardo Salinas Pliego, empresario y deudor del SAT

A través de redes sociales, el empresario señaló que la medida podría aplicarse selectivamente contra mexicanos que “incomodan” al gobierno, refiriéndose a sí mismo, y preguntó si también alcanzará a los miembros del llamado “Cártel de Tabasco”.

La decisión de la SCJN entrará en vigor en mayo de 2026 y ha generado debate sobre derechos y prevención de delitos financieros.

Salinas Pliego cuestiona fallo de la SCJN sobre facultad de UIF para bloquear cuentas

A través de redes sociales, el empresario Ricardo Salinas Pliego cuestionó si la UIF bloqueará cuentas de “criminales que forman parte del ”Cartel de Tabasco”, tras el fallo de la SCJN.

Este lunes 6 de abril, la SCJN avaló que la UIF tiene facultad de bloquear cuentas bancarias unilateralmente ante la sospecha de transacciones irregulares.

Pese a la negativa de legisladores por la posible violación a los derechos humanos, la SCJN determinó que la UIF puede hacer estos bloqueos para prevenir delitos como el lavado de dinero.

Ricardo Salinas Pliego criticó la decisión de la SCJN ante el litigio pendiente que tiene con la UIF para determinar si pueden revisar o no sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la información, la decisión de la Corte podría alcanzar a Salinas Pliego y algunas de sus cuentas serían bloqueadas en mayo, cuando entrará en vigor el fallo.

De acuerdo con la información, esta decisión podría alcanzar a Ricardo Salinas Pliego, además de que aún se discutirá en la SCJN si la UIF puede revisar las cuentas del empresario.

UIF podrá bloquear cuentas tras aprobación de SCJN; alcanzaría a Salinas Pliego

La SCJN resolvió este lunes 6 de abril que la UIF podrá bloquear cuentas bancarias de usuarios bajo sospecha de transacciones irregulares sin la necesidad de la orden de un juez.

Pese a que el proyecto no contó con la totalidad de aprobación del pleno, seis ministros avalaron esta facultad de la UIF, que dejará expuestos a usuarios como Ricardo Salinas Pliego.

El pleno advirtió que el bloqueo de cuentas bancarias no es un castigo, sino una medida preventiva para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas.

La discusión surgió luego de que legisladores advirtieron que esto viola derechos humanos como:

• Presunción de inocencia: Al bloquear las cuentas sin demostrar un delito
• Derecho de audiencia: El usuario no puede defenderse antes del bloqueo
• Certeza jurídica: Las cuentas quedan a merced a a merced de un criterio administrativo y no de una valoración judicial

La propuesta busca que la SCJN analice los recursos extraordinarios presentados contra la sentencia que benefició a tres presuntos integrantes de Guerreros Unidos, ligados a la desaparición de los 43 normalistas.

Hugo Aguilar admite solicitud para atraer caso Ayotzinapa a la SCJN

En la solicitud presidencial, se busca que la SCJN determine si la creación de un mecanismo extraordinario de investigación vulnera principios constitucionales como:

• Relatividad de las sentencias de amparo
• División de poderes

Al respecto, el ministro presidente Hugo Aguilar admitió la solicitud y ordenó suspender el estudio de los recursos de revisión que estaban en manos del Primer Tribunal Colegiado.

Con esto, queda suspendida la sentencia del 4 de mayo de 2017 del extinto Tercer Tribunal Unitario, mediante la cual se amparó a Miguel Ángel Landa Bahena, El Duva.

El mismo órgano amparó a dos personas más y ordenó dejar sin efecto los autos de formal prisión dictados en su contra por el delito de delincuencia organizada y reponer el procedimiento.

Aguilar Ortiz también recordó que la sentencia original ordenaba crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, luego de que se identificaran indicios de que confesiones sobre el caso Ayotzinapa habían sido obtenidas mediante tortura.

De acuerdo con el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, la SCJN estudiará si la UIF puede acceder a información patrimonial y financiera del empresario y de sus empresas, con el objetivo de detectar posibles operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Si el proyecto es aprobado el jueves 9 de abril de 2026, la UIF podría tener autorización para revisar movimientos financieros y patrimoniales de Salinas Pliego correspondientes a un periodo de hasta 10 años.

CNBV habría solicitado revisar cuentas de Salinas Pliego por los Pandora Papers

La solicitud para analizar la información patrimonial y financiera de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas habría sido presentada desde 2021 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La petición se originó luego de que el empresario fuera mencionado, junto con otros 78 empresarios, en la investigación periodística internacional conocida como Pandora Papers.

Dicha investigación reveló la existencia de empresas offshore, así como posibles esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero y manejo de recursos en paraísos fiscales.

Ante esta solicitud, la defensa de Salinas Pliego impugnó la medida promovida por la CNBV y solicitó que el juicio concluyera sin realizar un análisis profundo de las cuentas del empresario.

Como parte de su estrategia legal, los abogados cuestionaron la constitucionalidad de los artículos 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de los artículos 192 y 212 de la Ley del Mercado de Valores.

Con el proyecto presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, estos planteamientos podrían ser revisados por la Suprema Corte.

¿Qué pasará si la SCJN aprueba que la UIF revise las cuentas de Salinas Pliego?

Si el proyecto se aprueba el 9 de abril, solo será necesaria una mayoría simple de los ministros de la SCJN.

En ese escenario, la Corte no se pronunciaría sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados por la defensa del empresario.

Como consecuencia, las normas permanecerían vigentes y la Unidad de Inteligencia Financiera podría revisar las cuentas y movimientos financieros de Ricardo Salinas Pliego.

Tras la resolución de la SCJN, Grupo Xcaret no podrá seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en publicidad de hoteles y parques.

SCJN revoca suspensión a Grupo Xcaret que le permitía usar elementos de la cultura maya

La SCJN determinó que Grupo Xcaret deberá de retirar de su publicidad y parques cualquier elemento alusivo al patrimonio cultural maya.

Este jueves 26 de marzo, la SCJN revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística.

La SCJN consideró que la protección del patrimonio maya tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa.

Se trata de un falló histórico ya que la SCJN determinó que la protección de la identidad cultural de los pueblos originarios prevalece sobre el interés comercial de empresas privadas.

La SCJN resuelve a favor de la protección de la identidad cultural maya

El caso contra Grupo Xcaret se originó cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ordenó medidas cautelares, incluyendo el retiro de material promocional de la empresa.

Un juez concedió la suspensión de estas medidas argumentando que Grupo Xcaret cumplía con los requisitos legales, además de que contaba con autorización del Gran Consejo Maya de Quintana Roo.

Con siete votos contra dos, el Pleno de la SCJN consideró revocar la suspensión definitiva que un juez concedió a Xcaret para seguir usando símbolos mayas en su publicidad.

Esta decisión marca un hito en la lucha contra la apropiación cultural y la explotación mercantil del patrimonio indígena en México.

Se determinó que el patrimonio cultural pertenece a más de mil comunidades de la Península de Yucatán, por lo que ninguna organización o consejo particular podía autorizar su uso exclusivo a una empresa privada.

De esta manera, Grupo Xcaret deberá de suspender el uso de símbolos, iconografía y expresiones de la cultura maya en su publicidad y espectáculos.

Esta resolución se apoya en la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, vigente desde 2022, la cual busca garantizar que los pueblos originarios decidan sobre el uso y comercialización de su identidad, tanto material como inmaterial.

Se trata de un proyecto que busca invalidar una suspensión judicial que hasta el momento permite a Grupo Xcaret utilizar elementos de la cultura maya para llevar a cabo actos de promoción de sus espacios turísticos.

SCJN aplaza por segunda vez discusión de uso comercial de la cultural maya por Grupo Xcaret

En sesión celebrada el 18 de marzo de 2026, el Pleno de la SCJN aplazó por segunda ocasión la discusión que compete al uso de patrimonio cultural maya por Grupo Xcaret.

Pese a que se había anunciado en el orden del día, el caso quedó varado sin que se detallaran los motivos de esta decisión.

La discusión del caso ha generado posturas respecto a las partes involucradas, quienes señalan confianza en la SCJN para que esta tome la mejor determinación en el caso.

Según señala el Gran Consejo Maya del estado de Quintana Roo, en uso de su autonomía avaló mediante un contrato firmado en 2023 que Grupo Xcaret haga uso comercial de elementos de su patrimonio cultural.

En este sentido, Grupo Xcaret defiende que cuenta con la debida autorización para utilizar la cultura maya con fines de promoción, por lo que sus parques y actos publicitarios pueden incluirlos.

Aseguran que este tipo de acciones buscan preservar y resaltar la cultura maya, toda vez que aseguran llevan más de 20 años trabajando de la mano de comunidades mayas para promover su cultura.

Pese a ello, la compañía puntualizó que acatará el fallo al que llegue la SCJN, a la espera de que se realice la discusión del caso, el cual se encontraba contemplado desde el 12 de marzo de 2026.

“En su caso, realizaremos los ajustes pertinentes para mantener nuestras operaciones alineadas con lo que establezcan los criterios legales”

Grupo Xcaret

La empresa adelantó que, de ser necesario, ajustará sus operaciones para cumplir con lo que determinen las autoridades.

En un comunicado, Xcaret destacó la colaboración con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo, con quien mantiene acuerdos históricos para proteger el patrimonio cultural y preservar las tradiciones de la región.

Grupo Xcaret acatará resolución de la SCNJ sobre el uso comercial de símbolos mayas

El pasado 12 de marzo se habría programado la discusión en la SCJN sobre el permiso a Xcaret para el uso comercial de símbolos mayas; sin embargo, se decidió posponerlo.

A través de un comunicado, Xcaret reiteró su compromiso para acatar las resoluciones legales futuras de la SCNJ sobre el uso comercial de símbolos mayas.

“Estaremos atentos a las resoluciones cuando estas se lleguen a resolver, atendiendo en el marco de la legalidad nuestras obligaciones y derechos”

Grupo Xcaret

Aunque eso represente que se vean obligados a ajustar sus operaciones según lo determinen las autoridades competentes.

Grupo Xcaret reafirmó que se han adaptado al marco legal vidente y esperan que las autoridades puedan tomar en cuenta los acuerdos a los que se han alcanzado.

“Hemos buscado con el marco legal vigente y hasta donde la claridad de este ha permitido, ser propositivos, por lo que esperamos las autoridades puedan visualizar las innovaciones con los acuerdos alcanzados entre las partes hasta ahora”

Grupo Xcaret

De igual forma, Grupo Xcaret resaltó que por más de 30 años han trabajado de la mano de portadores de tradiciones y comunidades mayas “para promover y preservar la riqueza cultural de la región”.

Siempre privilegiando los derechos humanos de las personas y las comunidades.

Gran Consejo Maya de Quintana Roo confirma acuerdo con Grupo Xcaret por patrimonio cultural

Xcaret resaltó la estrecha colaboración y el respeto mutuo que mantienen con el Gran Consejo Maya para proteger el patrimonio regional.

Destacó que el diálogo previo que se ha mantenido con el Gran Consejo Maya les ha permitido alcanzar acuerdos conciliatorios que benefician directamente a las comunidades indígenas locales.

Por lo que esperan que en esta ocasión no sea diferente y se pueda llegar a un acuerdo.

“Como resultado de este diálogo, en su momento Grupo Xcaret y el Gran Consejo Maya lograron un acuerdo conciliador, el cual representa un esfuerzo relevante de entendimiento entre las partes dentro del marco regulatorio vigente. Sirva este antecedente como muestra de que el diálogo y la colaboración han permitido construir soluciones respetuosas para el patrimonio cultural y para las comunidades”

Grupo Xcaret

Por su parte, el Gran Consejo Maya de Quintana Roo emitió un comunicado donde se mostró confiado que las autoridades realizarán un análisis integral del caso.

Donde se tomen en cuenta el acuerdo de colaboración entre Gran Consejo Maya de Quintana Roo y Grupo Xcaret.

“El Gran Consejo Maya expresa su respeto a las instituciones del Estado mexicano y confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizará un análisis integral del caso, tomando en cuenta los antecedentes completos del procedimiento y el reconocimiento institucional del consejo como autoridad tradicional indígena”

Gran Consejo Maya de Quintana Roo

El Gran Consejo Maya reconoció que iniciaron el procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).

Sin embargo, el conflicto se resolvió gracias a un Contrato de Transición histórico establecido con Grupo Xcaret tras sostener un diálogo con ellos.

“En primer lugar, es importante señalar que el procedimiento administrativo ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) fue iniciado por el propio Gran Consejo Maya de Quintana Roo, institución indígena que compareció en defensa del patrimonio cultural del pueblo maya. La personalidad del consejo fue reconocida formalmente por la autoridad administrativa, lo que permitió la sustanciación del procedimiento correspondiente”

Gran Consejo Maya de Quintana Roo

En este contrato se establecen los mecanismos de colaboración y respeto orientados a proteger el patrimonio cultural maya.

“Como resultado de este acuerdo, el Gran Consejo Maya decidió desistirse del procedimiento administrativo, desistimiento que fue aceptado formalmente por el Indautor mediante resolución de fecha 18 de agosto de 2023. Asimismo, es importante destacar que durante el procedimiento administrativo la autoridad realizó convocatorias públicas dirigidas a integrantes del pueblo maya en distintos estados del país, a fin de que pudieran participar en el procedimiento en caso de considerarlo necesario. El número de adhesiones fue limitado, lo cual evidencia que el proceso seguido permitió la participación abierta de quienes quisieran intervenir”

Gran Consejo Maya de Quintana Roo

La llamada ‘Ministra del pueblo’, aseguró que su labor como presidenta de la SCJN será ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’.

Esto luego de que una columna publicada por el periodista Mario Maldonado en El Universal señalara supuestas dudas de empresarios sobre si habrá o no certeza jurídica cuando Lenia Batres asuma como presidenta de la SCJN.

Lenia Batres afirma que presidirá la SCJN; ‘es mandato popular’, asegura

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la ministra Lenia Batres acusó que ‘en ánimos golpistas’, periodistas de derecha buscan difundir la idea de que ‘representa un peligro para la inversión privada’ para evitar que pueda presidir la SCJN.

No obstante, Batres afirmó que su deber como integrante del Pleno de la SCJN es y ha sido ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución’.

Con su labor, asegura, coadyuva a que el máximo tribunal interprete fielmente la Constitución. Por lo contrario a los señalamientos, ‘respeta, protege y fomenta’ la inversión para México.

De esta manera, Lenia Batres aseveró que con su trabajo se garantiza la certeza jurídica para nuestro país.

En este sentido, reiteró que en valía de lo que indica la Constitución, será la presidenta de la SCJN.

Esto toda vez que, de acuerdo con los resultados de la elección judicial, Lenia Batres fue la segunda persona que más votos obtuvo, por lo que seguirá así el orden de votación.

Con ello, destacó, se cumple el mandato del pueblo al garantizar que respetará el proceso que derivó que las elecciones a jueces y ministros.

Aunque Sasha Sokol de 55 años de edad, asumió que esta vez pensó más en escribir o no por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, decidió hacerlo porque “el silencio jamás cambiará las cosas”.

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir su sentencia dada por la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentenció a Luis de Llano a pagar reparación del daño con donativo a una institución “de defensa de menores”, así como a pedir disculpas públicas a Sasha Sokol, pero no lo ha cumplido.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cantante asumió que pensó en no publicar nada sobre su caso contra Luis de Llano, pero reconoció que el hablar del incumplimiento del productor brinda más que el quedarse callada.

Sasha Sokol compartió que tras la sentencia dada por la SCJN, Luis de Llano aún no cumple con la mitad, argumentando que no desea revictimizar ofreciendo su disculpa pública.

Sin embargo, exintegrante de Timbiriche acusó esto de absurdo, asegurando que la negación de Luis de Llano a disculparse es señal de que él aún no asume su responsabilidad.

Por ello, Sasha Sokol adelantó que a externos que les sea incómodo leerla con discurso sobre Luis de Llano cada 8 de marzo, y aunque ella misma se canse, seguirá alzando la voz “para que las cosas cambien”.

“¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se estabiliza la verdad.

¿Por qué no me es suficiente el fallo de la SCJN? Porque mi objetivo no era llegar al más alto poder, sino que quien me dañó asuma su responsabilidad.

Así que aunque sea incómodo y aunque canse, vuelvo a alzar la voz como lo hacen tantas mujeres, ante la necesidad de que las cosas cambien; para mí y para todas”.

Comunicado de Sasha Sokol.

Luis de Llano tenía hasta enero 2026 para ofrecer disculpas a Sasha Sokol

La cantante Sasha Sokol compartió que Luis de Llano no ha cumplido con la sentencia que la SCJN le dio, siendo que la fecha límite era el 9 de enero de 2026.

La SCJN fijó que Luis de Llano debía ofrecer disculpas públicas a Sasha Sokol sobre el abuso que cometió a más tardar el 9 de enero de 2026, por ello, hoy 8 de marzo, la cantante evidenció que esta acción aún no ha llegado.

Asimismo, aún falta la multa que Luis de Llano debe pagar y que Sasha Sokol donará, siendo que el productor solo ha cumplido con dejar de hablar de ella en entrevistas y el tomar un curso de capacitación sensibilización y capacitación sobre abuso sexual y prevención de conductas de violencia sexual.

El caso gira en torno a un amparo otorgado en 2022 que impide a la UIF acceder a sus cuentas bancarias para investigaciones de posibles operaciones irregulares.

La SCJN deberá decidir si mantiene vigente dicho amparo, considerado por la UIF como un precedente riesgoso.

Ricardo Salinas Pliego tiene litigio pendiente con la UIF por amparo

En enero de 2026, Ricardo Salinas Pliego liquidó su adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin embargo, mantiene litigio pendiente con la UIF por un amparo de 2022.

La UIF buscaba revisar movimientos de dinero, transferencias y operaciones bancarias de Ricardo Salinas Pliego para detectar posibles movimientos inusuales o esquemas financieros que pudieran relacionarse con:

• Evasión fiscal
• Simulación de operaciones
• Posible lavado de dinero

Un juez otorgó un amparo a Ricardo Salinas Pliego en el que prohíbe que la UIF recabe información financiera del empresario para utilizarla en procedimientos penales o civiles.

Ante este recurso, la UIF advirtió a la SCJN que con este amparo, se crearía un “privilegio ilegítimo” y un “funesto precedente” que debilitaría la lucha contra el lavado de dinero en México

Pese a que la SCJN dio cierre a los casos de deudas de impuestos, todavía debe decidir si se queda el amparo de Ricardo Salinas Pliego otorgado por el juez federal Gabriel Regis López.

Lo anterior debido a que cuando la ministra tomó palabra para una intervención, su teléfono móvil se activó por accidente y comenzó a reproducir un raro sonido y una famosa canción.

Cabe destacar que el momento que vivió Loretta Ortiz, no es el primer incidente de ese tipo ocurrido en la SCJN, pues meses atrás el personal del salón de plenos habría confundido el himno nacional.

Loretta Ortiz protagonizó incómodo momento por culpa de su celular

Durante la sesión del pleno del SCJN celebrada el miércoles 4 de marzo, se vivió un incómodo momento por culpa del teléfono celular de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Así ocurrió durante los últimos minutos de la sesión, cuando la ministra solicitó la palabra pero fue interrumpida por un extraño sonido que se reprodujo en su dispositivo móvil.

En la transmisión oficial de los trabajos a través del canal de YouTube de la SCJN, se pueden escuchar lo que parecen gritos de una mujer, mismos que se oyeron por el micrófono de la ministra.

Ante ello, Loretta Ortiz tomó su teléfono para silenciarlo y aun cuando sí lo consiguió por instantes, poco después volvió a sonar ahora con la canción They don’t Care About Us de Michael Jackson.

Desconcertada, le pidió ayuda al ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien tomó el teléfono y se lo entregó a personal de la SCJN para que se lo llevara del salón de plenos.

Música ya había interrumpido una sesión de la SCJN

Cabe destacar que el incómodo momento que vivió Loretta Ortiz por culpa de su celular, no es el primer incidente que se ha registrado en el salón de plenos de la SCJN.

El 24 de octubre de 2025, al concluir el informe del Tribunal Electoral en la SCJN y dar paso a la entonación del himno nacional, comenzó a sonar "Qué precio tiene el cielo" de Marc Anthony.

Por el más reciente incidente, hasta el cierre de esta nota, ni la ministra, ni la SCJN, han ofrecido una explicación por lo ocurrido con el teléfono celular que comenzó a sonar en plena sesión.

El partido también recordó que las otras dos personas que inicialmente fueron señaladas en este asunto fueron absueltas, lo que, afirmó, confirma la falta de sustento legal en las acusaciones.

PAN acusa persecución política contra García Cabeza de Vaca

Acción Nacional calificó la reapertura del caso como un acto de persecución política y aseguró que su reactivación carece de fundamento jurídico.

Según el posicionamiento, la medida sería una represalia directa por las denuncias realizadas sobre el llamado “huachicol fiscal”, las cuales fueron presentadas ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

El PAN sostuvo que esta situación confirma un presunto uso faccioso de las instituciones para castigar a quienes resultan incómodos para el poder, y cuestionó que se tomen decisiones de alto impacto con lo que calificó como una preocupante falta de sustento técnico.

Asimismo, señaló que durante una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que la votación fue unánime, ninguno de los ministros respaldó los argumentos expuestos en favor del exmandatario, lo que, a su juicio, evidencia debilidades en el planteamiento jurídico.

Acción Nacional advirtió que la utilización del aparato del Estado para intimidar, desacreditar o perseguir a opositores representa una amenaza para la democracia. El partido advirtió que, si actualmente se afectan los derechos de un exgobernador, en el futuro podría ocurrir lo mismo con cualquier ciudadano que ejerza su libertad de expresión o presente denuncias, independientemente de su filiación partidista.

Finalmente, el PAN reiteró que continuará denunciando lo que considera injusticias contra ciudadanos por expresar posturas distintas al oficialismo, e insistió en que las autoridades deberían concentrarse en atender las denuncias de fondo.

En sesión ordinaria este martes 24 de febrero, la SCJN resolvió el amparo 435/2025 a cargo de la ministra Lenia Batres, que evitaba la detención de Francisco García Cabeza de Vaca por lo que deberá ejecutarse.

Francisco García Cabeza de Vaca cuestiona fallo en contra de la SCJN; niega imputación

Tras dicho fallo, Francisco García Cabeza de Vaca respondió a la SCJN, ya que asevera, perdió la autonomía y actualmente es un instrumento para la persecución en su contra, como sería su caso.

Asimismo, Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que acudirá a cualquier instancia desde Estados Unidos, ya que su situación jurídica no estaría resuelta y no se le ha imputado ningún delito.

Sin embargo, también arremetió contra la SCJN que atrajo su caso pese estar resuelto, pero con la reforma al Poder Judicial se sometió a la justicia para realizar procesos jurídicos contra denunciantes.

Asevera tras presionar y empujar, se llevó trazó una ruta para que su caso fuera tomado por la nueva SCJN, electa con acordeones, que avanzó con el mismo para derivar en una sentencia “a modo”.

Añadió en este tenor que la sentencia de este martes 24 de febrero confirmaría que a la SCJN no le interesa la justicia, sino perseguir a un opositor, el cual denunció el huachicol fiscal en 2019.

Este señalamiento ya había sido mencionado por el exgobernador, quien afirma que desde entonces comenzaron las amenazas y las presiones, pese a que seis años después se descubrió el desfalco.

SCJN emite fallo contra Francisco García Cabeza de Vaca; revoca amparo que evitaba su detención

Por otra parte, la SCJN votó con unanimidad que el amparo que evitaba la detención de Francisco García Cabeza de Vaca fuera revocada y que la Fiscalía General de la República la ejecutara.

Acorde con la SCJN, los argumentos de la FGR son fundados y suficientes, para revocar el amparo que otorgó un juez de control, quien habría realizado funciones que no corresponden.

Lenia Batres había señalado en su propuesta revocar la sentencia, sin embargo, el resto de ministros mostraron su desacuerdo porque sustituiría al juez natural.

Francisco García Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De manera unánime, los ministros de la SCJN rechazaron el amparo solicitado por la televisora y ratificaron la sanción impuesta por el IMPI en 2023.

Con ello, Telemundo deberá pagar 448 mil 100 pesos a Ávila Beltrán, aunque la cifra es menor al 40% de regalías que ella reclama.

Gana Sandra Ávila Beltrán pleito contra Telemundo por su imagen en La Reina del Sur

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Sandra Ávila Beltrán en su pleito contra Telemundo este lunes 23 de febrero.

De forma unánime, la SCJN rechazó amparar a Telemundo que buscaba terminar con la sanción impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI) en 2023.

El proyecto fue presentado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortíz.

Por lo que Telemundo deberá pagar a Sandra Ávila Beltrán 448 mil 100 pesos. Se trata de una multa de 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Dicha cifra es menor al 40% de regalías que buscaría Sandra Ávila Beltrán donde se presume que La Reina del Sur generó más de 13 mil 817 millones de pesos.

Sandra Ávila Beltrán pretende el pago de regalías por el uso de su imagen sin consentimiento y la construcción del personaje de Teresa Mendoza, que interpretó Kate del Castillo, de 53 años de edad.

Telemundo impugnó ante la Corte la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II de la Ley Federal del Derecho de Autor, donde se establece que la imagen de una persona solo puede usarse con su consentimiento expreso.

Sin embargo, la SCJN estableció la validez de dichos artículos, poniendo fin al litigo con Telemundo.

El caso de Sandra Ávila Beltrán contra Telemundo

La disputa de Sandra Ávila Beltrán contra Telemundo y Netflix se dio desde agosto 2022.

Sandra Ávila Beltrán presentó un procedimiento ante el IMPI, consiguiendo un fallo a favor en 2023.

Para 2024, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) reconoció multa impuesta a Telemundo por el IMPI.

Ante ello, Telemundo recurrió al amparo directo, aunque terminó perdiendo el juicio en Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Por lo que el caso llegó a la Corte, donde se volvió a ratificar la sanción y resolución a favor de Sandra Ávila Beltrán este 23 de febrero 2026.

En su momento, Telemundo aseguró que no era dueña del sitio de internet donde se mostró el video promocional de La Reina del Sur en el que se mostró su imagen.

Cabe mencionar que Sandra Ávila Beltrán fue señalada por supuestos vínculos el Cartel de Sinaloa.

No obstante, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no pudo probar los nexos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una sentencia histórica que cambia el panorama actual de las aseguradoras.

Advierte SCJN a aseguradoras por irregularidades en pólizas de servicios de salud

Las aseguradoras que presentan irregularidades en pólizas de servicios de salud fueron advertidas por la SCJN.

En un fallo histórico, la Suprema Corte sentó un precedente contra las aseguradoras que operan en México.

Todo surgió con el caso de la demanda que entabló una mujer en contra de GNP Seguros, aunque también hay fallos contra:

• Aseguradora Inbursa
• Seguros Mapfre

La aseguradora se negó a pagar los gastos médicos a una menor que necesitaba un implante coclear y atención médica de por vida, ya que padece hipoacusia profunda bilateral, lo que no le permite escuchar por ambos oídos.

Tras la negativa que dio GNP Seguros, los padres de la pequeña promovieron un amparo por daño moral e incumplimiento de la póliza de seguro que les incluía padecimientos congénitos.

No obstante, este recurso judicial fue rechazado en un primer momento, antes de que llegara a la SCJN, donde se dio el fallo histórico contra la aseguradora.

Aseguradoras acumulan casos de irregularidades en pólizas de servicios de salud

No es la primera vez que hay casos contra GNP Seguros.

La SCJN resolvió otro asunto en el que se buscaba obligar a GNP Seguros para cubrir la póliza de una persona muerta.

No obstante, GNP Seguros desistió del recurso que había presentado y se vio obligada a cumplir.

En el caso de Aseguradora Inbursa, en noviembre de 2025 la SCJN resolvió dos amparos en su contra.

El primero fue el 5 de julio 2023 y tuvo que ver con un joven de 21 años que durante su trabajo como albañil sufrió una descarga eléctrica, misma que le produjo quemaduras de segundo y tercer grado.

Lo que le provocó pérdida de fuerza en las extremidades y quedarse sin moverse con normalidad.

El segundo caso del 20 de septiembre de 2024 fue de otro albañil que también padeció una descarga.

Inbursa también está involucrado en un caso de omisión del reconocimiento de la responsabilidad del Estado.

Por su parte, Seguros Mapfre en el estado de Chihuahua tiene un caso en su contra por no pagar seguro de gastos mayores y no dar cobertura médica.

En una conferencia de prensa frente a distintos medios de comunicación, Hugo Aguilar Ortiz aseguró que la adquisición de lujosas camionetas fue una medida de seguridad alineada a una política de austeridad responsable.

Para dejarlo más claro, detalló lo qué implica la austeridad para la SCJN:

“La austeridad no es un acto simbólico. Es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México”

Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

Presidente de la SCJN justifica compra de camionetas blindadas

Hugo Aguilar, de 52 años de edad, informó que desde agosto de 2010, cuando se estableció que los ministros debían contar con medidas especiales de seguridad, hasta el día de hoy se han comprado 43 vehículos blindados.

Sin embargo, ministros de la gestión pasada compraron cuatro, por lo que hoy la SCJN tiene 39 vehículos blindados, mismos que presentaron fallas en los últimos meses por uso y el peso del blindaje:

• Vehículos que no encendían
• Vehículos que se quedaban varados
• Fallas en la tracción
• Blindaje fenecido

Razón por la que se tomó la decisión poner a la venta 21 vehículos y renovar el resto.

Austeridad no significa no gastar un peso: Hugo Aguilar

Reiterando que “austeridad no significa no gastar un peso” sino gastar con responsabilidad, Hugo Aguilar advierte que seguirán gastando para facilitar el funcionamiento de la institución.

“Tenemos un fondito para viajes, para combustible”, dijo.

Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

Y enseguida deja claro que no se gastará en lo más barato ya que podría ser contraproducente.

¿Cuánto costaron las camionetas blindadas?

Debido a que no se hizo público el contrato de la adquisición de las camionetas Jeep Grand Cherokee, el Presidente de la SCJN informó que cada una costó 2.4 millones de pesos.

No obstante, éstas no se usarán, se intentarán devolver o asignar a otra persona juzgadora.

Contradiciéndose sobre el tema de la seguridad, Hugo Aguilar dice que los ministros que ocuparían las camionetas, no están en riesgo.

“Por esa razón en diálogo con ministros y ministras hemos tomado la decisión de no adquirir los vehículos, no tenemos riesgo de inseguridad de ministros y ministras”

Hugo Aguilar Ortiz. Presidente de la SCJN

INSERCIÓN

El senador Fernández Noroña dijo que los ministros nunca habían tenido un vehículo oficial, aunque su cargo sí lo amerita y recordó que cuando fue presidente del Senado tampoco lo tuvo.

Noroña defiende compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN, pues el cargo lo amerita

A través de un video en redes sociales, el senador Gerardo Fernández Noroña señaló que las camionetas blindadas para ministros de la SCJN no son un lujo, sino una herramienta de trabajo.

“Hay cargos que deben tener vehículos para su función. Es una herramienta de trabajo, no un lujo. Ni modos que se vayan en metro, a pie o que pidan aventón”.

Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña resaltó que los ministros de la antigua SCJN podían comprar camionetas con sus sueldos, pero ahora no, porque se les ha hecho una reducción importante a la dieta.

Cabe mencionar que los vehículos que se adquirieron fueron camionetas Jeep Grand Cherokee 2026, valuadas entre 1 y 1.4 millones de pesos, mis los costos extra por el blindaje.

El senador Gerardo Fernández Noroña señaló que los ministros se llevaban los vehículos que se adquirían para su uso personal y, al terminar su periodo, se los quedaban.

Por lo anterior, Fernández Noroña respaldó la compra de camionetas blindadas para ministros de la SCJN, aclarando que cuando estos terminen su periodo, los vehículos se quedarán para los siguientes.

Con una mayoría de seis ministros, la SCJN determinó la validez del proyecto de la ministra María Estela Ríos, mediante el cual se propone dejar sin efecto la controversia constitucional que presentaron consejeros del INE.

SCJN descarta controversia contra Guadalupe Taddei tras discusión

En su proyecto de resolución, la ministra María Estela Ríos expuso que las nuevas facultades de Guadalupe Taddei para designar funcionarios, constadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no vulneran la autonomía del INE.

Sobre esto, argumentó que “no se violenta la independencia ni la autonomía del INE“, puesto que “no se le permite a ningún otro poder inmiscuirse en la organización interna del Instituto Electoral”.

Sin embargo, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres, junto con Giovani Figueroa Mejía, no respaldaron el proyecto al considerar que la controversia era procedente y se debía someter a análisis.

Pese a los desencuentros en el debate por las nuevas facultades de Guadalupe Taddei, finalmente la SCJN determinó descartar la controversia presentada por consejeros del INE.

Con su aprobación, Guadalupe Taddei podrá hacer nombramientos de titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas sin requerir autorización del Consejo, esto tras una reforma aprobada por Morena.

Solamente el pasado 9 de octubre, la SCJN había aceptado un nuevo recurso de Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, por un crédito fiscal de dos mil millones de pesos que se le ordenó pagar.

Este no es el único amparo que presentó Elektra ante la SCJN, igualmente por litigios fiscales que han sido señalados como evasores para evitar sus pagos por los que serían 33 mil millones de pesos.

SCJN aplica la nueva Ley de Amparo a Elektra

Fue durante la sesión de la SCJN del lunes 20 de octubre que los ministros votaron por mayoría el aplicar la nueva Ley de Amparo a Elektra por un recurso que presentó en 2024.

Acorde con lo señalado, se trataría del recurso de Elektra en contra de la ministra Lenia Batres para inhabilitarla en la votación por cuestiones accesorias, por lo que presento un amparo que ya fue desechado.

“Las nuevas reformas a la Ley de Amparo prohíben expresamente formular recusaciones dentro de las cuestiones accesorias a las del fondo del asunto”.

SCJN explicó la reforma a la Ley de Amparo referente a un recurso de Elektra

Con mayoría de 7 votos contra uno, la SCJN decidió dejar sin materia la contradicción de criterios entre las extintas salas, por lo que ningún ministro o magistrado puede apartarse de un juicio de amparo.

Por lo mismo, los ministros de la SCJN ordenaron desechar toda recusación que busque “entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión” con base en la nueva Ley de Amparo en su artículo 59, fracción II.

La Contradicción de Criterio 65/2025 fue tratada por la ministra Yazmín Esquivel, y aunque los ministros Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías señalaron que no había contradicción, fue Giovanni Figueroa quien votó en contra.

Desde las elecciones del Poder Judicial, Lenia Batres tenía intención de aparecer en las boletas con el apodo de “ministra del pueblo”, pero su petición fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras las elecciones y asegurar un lugar en la nueva SCJN, Lenia Batres quiso registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo”, sin embargo, el IMPI rechazó su solicitud; esta fue la razón.

IMPI rechazó solicitud de Lenia Batres de registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo”; la razón

El IMPI rechazó la solicitud de Lenia Batres de registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo” tramitada bajo el expediente de 3273206, que ya había sido objetado por la Dirección Divisional de Marcas.

De acuerdo con el fallo del IMPI, aceptar la solicitud de Lenia Batres y registrar su apodo “ministra del pueblo” como marca “generaría una afectación indebida sin ninguna justificación jurídica”.

En su decisión, el IMPI argumentó que Lenia Batres no sería la única “ministra del pueblo” pues el resto de ministras y ministros también fueron electos por el pueblo de México en los comicios del pasado 1 de junio.

“La denominación propuesta no puede ser objeto de derecho al uso exclusivo para su explotación; ya que prohibiría a los demás prestadores de los mismos servicios el señalar que quien los presta son personas que tienen la misma condición de ser MINISTROS o MINISTRAS y que fueron elegidos o provienen por una decisión del PUEBLO, es decir, se generaría una afectación indebida a los y las otras ocho integrantes de la SCJN, sin ninguna justificación jurídica”.

IMPI

Lenia Batres quiso registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo”; IMPI la señaló como desleal

Asimismo, el IMPI dijo que negó la solicitud de Lenia Batres de registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo” ya que la colocaría en una situación de ventaja, lo que sería una competencia desleal.

El cargo de ministra o ministro del pueblo no es de uso exclusivo, ya que es una “denominación que no tiene distintividad” y solo sirve para describir un tipo de servicio, argumento el IMPI.

La foto fue compartida por el periodista Irving Pineda, quien aseguró que “el verano te hace perder la austeridad en el desierto”, en referencia a las políticas predicadas desde Morena.

Cabe señalar que no se tiene claro en qué momento fue tomada la foto de Loretta Ortiz sobre un camello.

Foto de Loretta Ortiz revive críticas a por vacaciones de la 4T; esto sabemos de su viaje sobre un camello

La foto compartida por Irving Pineda no tiene mayor contexto, por lo que se desconoce si se trata de un viaje reciente o pasado.

En la imagen se puede ver a Loretta Ortiz con un turbante en la cabeza, pantalón azul cielo y una blusa blanca de manga larga, posando mientras monta un camello.

También se desconoce el destino en el que se encuentra, pues no se da mayor información sobre la foto.

Esto revive críticas por vacaciones de la 4T pues la ministra se ha mostrado cercana al movimiento iniciado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, tampoco estaría practicando los principios de austeridad fomentados por el ex mandatario.

A este viaje, que no se sabe cuándo ocurrió, se le suman las críticas ante las vacaciones de:

• Enrique Vázquez Navarro: diputado de Morena exhibido mientras festejaba en el club nocturno “Lío Ibiza”, uno de los más caros y exclusivos de Europa
• Mario Delgado: titular de la SEP exhibido de vacaciones en el lujoso hotel Pousada de Lisboa, en Portugal
• Ricardo Monreal: diputado de Morena captado tomando un costoso desayuno en el restaurante del hotel Rosewood Villa Magna, en Madrid
• Sergio Mayer: diputado de morena que se quejó a través de sus redes sociales que al llegar a Europa su tarjeta de American Express fue suspendida, aunque no especificó a qué país viajó
• Miguel Ángel Yunes Linares: político que no milita en Morena, pero fue pieza clave en la aprobación de la reforma al Poder Judicial, fue exhibido en el exclusivo club de playa Conca del Sogno, en Italia
• Andrés Manuel López Beltrán: hijo de AMLO visto en el Hotel Okura de 5 estrellas, en Tokio, Japón
• Daniel Asaf Manjarrez: diputado de Morena y ex funcionario en el gobierno de AMLO, visto también en el Hotel Okura de Tokio junto a Andrés Manuel López Beltrán

Foto de Loretta Ortiz: ¿Ministra de la 4T se fue de vacaciones? Esto es lo que sabemos

Si bien no sabemos de cuándo es la foto de Loretta Ortis sobre un camello, algunas versiones aseguran que se trata de una imagen de un viaje reciente.

De acuerdo con La Jornada, la foto proviene de su WhatsApp, y se trata de unas vacaciones hechas en Marruecos en momentos recientes.

Asimismo, señala que “fuentes de la Corte” afirman que se trata de un viaje que la ministra hará “por al menos 5 países”.

Por unanimidad de votos, el 25 de junio de 2025 se aprobó el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la Primera Sala de la SCJN.

Este proponía negar un amparo directo al productor contra la condena civil interpuesta por Sasha Sokol, cantante con quien Luis de Llano sostuvo una relación cuando ella era una adolescente y él un hombre de 39 años de edad.

Decisión de la SCJN vs Luis de Llano sienta un precedente para víctimas de abuso en México

El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la SCJN estableció que no existe un plazo de prescripción para que las víctimas de abuso sexual denuncien a sus agresores.

A Luis de Llano se le negó un amparo directo contra la demanda civil de Sasha Sokol para sostener que no hay un plazo de prescripción para las víctimas de abuso sexual, de acuerdo con el proyecto aprobado por unanimidad.

“Cualquier medida prescriptiva lesionaría el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, lo que además se traduciría en la falta de obtener una compensación por el daño sufrido”

Proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Primera Sala SCJN

Dicho en otras palabras, la decisión de la Primera Sala de la SCJN sienta un precedente para que las y los menores de edad demanden por la vía civil a sus agresores sexuales sin importar el tiempo que haya transcurrido entre el abuso y el año de denuncia.

Sasha Sokol celebra decisión de la SCJN y negarle amparo a su agresor Luis de Llano

En su cuenta de Instagram, la cantante Sasha Sokol, de 55 años, celebró la decisión de la SCJN de negar un amparo directo a Luis de Llano, de 80 años de edad.

“La Suprema Corte de Justicia confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual. La Corte le ha negado el amparo: deberá aceptar las consecuencias de sus actos”.

Sasha Sokol

Sasha Sokol recalcó que la determinación de la SCJN va más allá de su caso, pues marca un precedente para otras víctimas.

Aunque reconoció que ninguna sentencia repara el daño causado, Sasha Sokol valora el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo porque valida el proceso que viven las víctimas.

“A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme (...) Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación”

Sasha Sokol

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SCJN niega amparo a Luis de Llano tras denuncia de Sasha Sokol por abuso sexual

El 25 de junio de 2025, la SCJN aprobó el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que niega un amparo a Luis de Llano por la denuncia de Sasha Sokol y la sentencia que recibió de un juez civil en 2023.

Cabe recordar que por el caso, Luis de Llano fue sancionado por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX el 26 de septiembre de 2023.

La decisión de la SCJN ratificó la sentencia contra Luis de Llano, quien debe otorgar a Sasha Sokol una compensación económica por los daños causados, así como lo siguiente:

• disculpa pública
• no volver a mencionar el nombre de Sasha Sokol ni el caso
• tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual

Fue la presidenta de la SCJN, Norma Piña, quien admitió a trámite la solicitud de Miguel Ángel Félix Gallardo para apelar la sentencia de 37 años de prisión que le impuso el juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco.

La petición a trámite de Miguel Ángel Félix Gallardo para negar su participación en el asesinato de Enrique Kiki Camarena fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

La SCJN decidirá si Miguel Ángel Félix Gallardo participó en el asesinato de Enrique Kiki Camarena

El 28 de mayo de 2025 se dio a conocer que Miguel Ángel Félix Gallardo solicitó una apelación contra la sentencia que lo declara culpable de los asesinatos de dos hombres:

• El agente de la DEA, Enrique‘Kiki’Camarena
• El piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar

Es de recordar que, durante el proceso penal en su contra, Miguel Ángel Félix Gallardo ha asegurado ante la justicia que no ordenó el crimen contra el agente de la DEA y el piloto mexicano.

No obstante, en caso de que los ministros de la SCJN consideren que el tema de Miguel Ángel Félix Gallardo no es de relevancia, el asunto deberá ser resuelto por el Tribunal Colegiado.

“Solicitan que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción para conocer del juicio de amparo directo 16/2024 de su índice, promovido en contra de la sentencia de 15 de febrero de 2018, dictada en el toca 425/2023-u (antes 211/2017) y su ejecución, del índice del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito (antes Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito), derivado de la causa penal 33/2024 (antes 82/1985) del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco (antes Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco), instruida en su contra por el delito de homicidio calificado”

¿Cuántos años en prisión le dieron a Miguel Ángel Félix Gallardo por el asesinato de Enrique Kiki Camarena?

En la década de los 80, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido y sentenciado por el secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena, quien era agente de la DEA.

En la actualidad, el “Jefe de Jefes” cumple dos condenas: una de 40 años por tráfico de cocaína, acopio de armas y cohecho, y una segunda de 37 años por el asesinato de Enrique Kiki Camarena.

Cabe destacar que, durante años, Miguen Ángel Félix Gallardo ha promovido recursos para que no se le obligue pagar “reparación de daños” por 20 millones 810 mil pesos a las familias de Enrique Camarena y de Alfredo Zavala Avelar.

Ayer jueves 5 de septiembre se llevó a cabo una protesta a favor de la reforma al Poder Judicial, la cual fue impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como de instituciones privadas.

Sin embargo, la protesta no solo con contó con la participación de estudiantes que gritaron consignas como “¡Poder Judicial, por voto popular”, “¡Reforma judicial, prioridad nacional!” “¡Fuera Piña, fuera Piña!” y “Poder Judicial, vergüenza nacional”, ya que las ministras de la SCJN, Lenia Batres y Loretta Ortiz, se sumaron al movimiento.

De acuerdo con información de La Jornada, Camilo Villareal, uno de los oradores que tomó la palabra en un templete, frente la SCJN declaró:

“Las condiciones inmejorables para que se produzca una reforma en el sistema de impartición de justicia nada tienen que ver con la voluntad de una sola persona; al contrario, son resultado de la decisión soberana que se expresó en las urnas para determinar las transformaciones que exige el país, transformaciones profundas, no simuladas, que como en otros momentos de nuestra historia producen mecánicamente la reacción de las élites conservadoras y antidemocráticas...”

Camilo Villarreal

Ministra Loretta Ortiz agradece a AMLO su nombramiento en la SCJN: “Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo

La ministra Loretta Ortiz se sumó a la protesta que a las afueras de la SCJN, la cual contó con la participación de estudiantes de universidades públicas y privadas. Desde dicho punto, la ministra recordó su condición de servidora pública y agradeció anticipadamente el voto de las personas.

La reforma al Poder Judicial, impulsada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pretende modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular por un periodo de 12 años.

En ese contexto, esto dijo la ministra:

“Somos sus servidoras, estamos para servirles, esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia, solo para servirles, ese es mi mandato, y que lo quiero seguir guardando y respetando, y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto”

Loretta Ortiz

Además, destacó su militancia en Morena, partido del que fue fundadora, y agradeció su nombramiento como ministra de la SCJN al presidente López Obrador:

“Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena, y fui propuesta por el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) para ser ministra de la Suprema Corte, distinción que le agradezco infinito”

Loretta Ortiz

Ministra Lenia Batres durante protesta por la reforma al Poder Judicial en la SCJN: “Estamos viviendo un momento histórico”

La ministra Lenia Batres, quien también se sumó a la protesta a favor de la reforma al Poder Judicial afuera de la SCJN, afirmó “el Poder judicial no es propiedad de los jueces y ministros, el dueño es el pueblo”. En ese sentido, consideró histórica la discusión en torno a la iniciativa:

“Estamos viviendo un momento histórico, un fuerzo de transformación, en el que por primera vez se está cuestionando el origen, la composición y las finalidades del Poder Judicial en México”

Lenia Batres

Lenia Batres consideró que en el Poder Judicial predomina el racismos, el clasismo, el sexismo, así como “mucha parcialidad y con frecuencia de grandes actos de corrupción”, hecho por el que consideró urgente la reforma al Poder Judicial.

“Necesitamos jueces sensibles con los problemas de nuestra población. Necesitamos además que la gente pueda plantear esos problemas también en los juzgados, que ya no se reduzca a una pequeña parte de nuestra sociedad el acceso a la justicia, que no se reduzca a quien puede pagar abogados y a quien puede sostener juicio en las diversas instancias de nuestro país”

Lenia Batres

Los audios corresponden a presiones que Carlos Alpízar, bajo las órdenes del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, realizó sobre el caso de Frida Martínez.

De acuerdo con lo expuesto, Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la Policía Federal, fue señalada en 2020 como la responsable de un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos (mdp).

El caso era atendido por el magistrado Alberto Roldán, quien fue presionado por Arturo Zaldívar, Carlos Alpízar y Constancio Carrasco para resolver la situación conforme a una línea dictada; sin embargo, al no hacerlo, fue cambiado de adscripción a Morelos, como castigo.

Los audios fueron revelados por N+, y en ellos se escucha a Carlos Alpízar dar instrucciones a Alberto Roldán por presunto encargo de Arturo Zaldívar.

Audios de Carlos Alpízar revelan extorsión a jueces

En el reportaje del medio señalado, se exhiben más de 3 audios en donde el secretario de Arturo Zaldívar, Carlos Alpízar, presiona a Alberto Roldán para resolver el caso de Frida Martínez, según le convenga al Poder Judicial.

En los audios, Alpízar, bajo presuntas órdenes de Arturo Zaldívar, pide a Roldán que los ayude a “sensibilizar” el caso de la agente de la Policía Federal, al tratarse de un “tema trascendental” para el PJF.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente (de la SCJN), hemos debatido esto con el presidente. Traer muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá'. O sea, honestamente como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente (…)

Entonces no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución.”

Carlos Alpízar

Asimismo, se expuso que Alberto Roldán fue citado a comidas con Constancio Carrasco y reuniones en el piso 14 de la SCJNen donde el tema era la resolución del caso Frida Martínez.

Fueron 5 las reuniones en el inmueble de la SCJN, y en la primera de ellas, Roldán, advertido por jueces y magistrados, llevó una grabadora, misma que ingresó escondida, pues los celulares no eran permitidos.

En esa reunión, el secretario de Arturo Zaldívar inclusive afirmó que las reformas dependían de la resolución del caso, y apuntó que Roldán ya había recibido la orden de Carrasco de qué “línea” seguir.

“Que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer.

Entiendo que Constancio (Magistrado Carrasco) ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle.

Dependen las Reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea te lo digo de amigos y es un tema que dices tú “¿qué tiene que ver?”

Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional, entonces sí ayúdanos”.

Carlos Alpízar

Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar amenazaron a Alberto Roldán para resolución del caso Frida Martínez

Debido a la decisión de aplazar la respuesta al amparo del caso Frida Martínez, el magistrado Alberto Roldán recibió cada vez más presión por Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar.

En esta ocasión, se hicieron presentes las amenazas, en donde los altos funcionarios de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya involucraron a la familia del magistrado, pues su padre y hermana trabajaban en el Poder Judicial.

“Y ojalá como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional.

Te lo reitero porque sí me lo dijo: ‘dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad? Yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él’, de tu hermana que también está allá en Morelos, ‘conozco perfectamente bien cómo son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante’”.

Carlos Alpízar

Carlos Alpízar pidió al magistrado Roldán que le informara más sobre el caso de Frida Martínez, pues de esa forma ayudaría a Arturo Zaldívar a prevenir políticamente la situación, y brindar más soluciones alternas, de manera institucional y extraoficial.

“Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera ‘uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’. No sé, alguna solución alterna institucionalmente y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”.

Carlos Alpízar

No obstante, tras reunirse con Arturo Zaldívar y Constancio Carrasco por última vez, y al no resolver el caso como le solicitaban, Alberto Roldán fue cambiado de adscripción a Morelia, en lo que él consideró un “castigo”.

Posteriormente, a dos meses de su salida, el amparo por el caso de Frida Martínez fue aceptado por un secretario del juzgado, quien negó la orden de aprehensión contra la acusada, misma que hasta el momento sigue prófuga de la justicia.

En entrevista para Adela Micha, la Magistrada de Circuito recordó que sus denuncias contra el ministro en retiro iniciaron en 2019 por:

• abuso de función
• conflicto de interés
• tráfico de influencias

Asimismo, aseguró que su denuncia ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no está relacionada con los tiempos electorales; además se deslindó de la ministra presidenta Norma Piña.

Y es que Arturo Zaldívar aseguró que que la denuncia anónima en su contra ha sido procesada por Norma Piña para afectar la campaña electoral del Claudia Sheinbaum.

Magistrada Elba Sánchez Pozos denuncia a ministro Arturo Zaldívar por abuso de poder y obstrucción de la justicia ante el CJF

La magistrada Elba Sánchez Pozos denunció al ministro Arturo Zaldívar por abuso de poder y obstrucción de la justicia luego de que la suspendieran de su cargo por denuncias de acoso en su contra que fueron desestimadas luego de una investigación de la Visitaduría Judicial del CJF.

Asimismo, reiteró que su denuncia se ciñe en “cuestiones objetivas” que ocurrieron entre 2019 y 2022, periodo en el que Zaldívar fungió como presidente de la SCJN y el CJF.

“Estoy denunciando el abuso de poder de una manera muy particularizada y cuidadosa, ciñéndose sólo a cuestiones objetivas que pude advertir desde 2019 a 2022, en que el señor ministro Zaldívar dejó su curul como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura”

Magistrada Elba Sánchez Pozos

Las denuncias en contra del exministro Arturo Zaldívar son por:

• abuso de funciones
• actuar bajo conflicto de interés
• tráfico de influencias
• encubrimiento
• obstrucción de la justicia

La magistrada aclaró que su denuncia es “sobre todo de obstrucción de justicia porque denuncié muy a tiempo a él, de manera directa” el abuso de poder por parte del equipo de trabajo de Zaldívar hacia ella en el Tercer Tribunal Colegiado en Cancún, Quintana Roo.

Tuvo una reducción salarial luego de que en septiembre de 2019 le notificaron su suspensión sin aviso previo, esto luego de haber denunciado las irregularidades en las denuncias de acoso en su contra a Carlos Alpízar y al propio ministro Arturo Zaldívar, entonces presidente de la SCJN y del CJF.

Cabe señalar que la Visitaduría Judicial del CJF realizó una investigación exhaustiva donde determinó que las denuncias de acoso en su contra no eran verídicas y pidió procederse penalmente en contra de 3 personas que también fueron denunciados por la magistrada Elba Sánchez Pozos.

Sin embargo, se resolvió lo contrario al visitador sin siquiera realizar una sola investigación y “le dieron la vuelta como si no existiera el informe del visitador”, reclamó la magistrada.

Magistrada Elba Sánchez Pozos se deslinda de ministra Norma Piña: “mi denuncia tiene nombre y rostro”

La magistrada Elba Sánchez Pozos resaltó que ha querido reunirse con la ministra presidenta Norma Piña; sin embargo no lo ha tenido tiempo para concretar un encuentro.

Asimismo, se deslindó de la ministra Piña y resaltó que no está “unida a una estrategia política para darle un golpe bajo” como afirma el expresidente de la SCJN Arturo Zaldívar.

Resaltó que hay especulaciones sobre dicha colusión debido a la denuncia anónima; sin embargo, aclaró que a diferencia de la primera, la suya “tiene nombre y rostro”.

“Hay una serie de especulaciones por la denuncia anónima que han dado pauta a pensar que es esa estrategia que el ministro afirma que salió de la oficina de la hoy ministra Piña, sin embargo, alejándome de esas afirmaciones que para mí son totalmente subjetivas y tendenciosas, mi denuncia tiene nombre y tiene rostro”

Magistrada Elba Sánchez Pozos

Además, aclaró la denuncia anónima le dio el valor para hacer su denuncia de manera formal, pues antes no podía hacer la denuncia ante el CJF porque “le hubiera estado pidiendo al propio presidente del consejo que ejerciera o que aplicara las normas sobre responsabilidad administrativa en su contra”.

En conferencia de prensa, Arturo Zaldívar aseguró que la ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos y la acusó de querer obtener beneficios de la candidata “de la derecha conservadora” y tratar de detener la Reforma Judicial.

Por ello, resaltó que, de la mano de Morena y “la próxima presidenta de México”, tomará acciones legales contra las maniobras de Norma Piña que calificó como “indebidas”, ante la admisión de la queja anónima en su contra.

“Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN...Por eso tomamos la decisión de que, no solamente había que denunciar esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales...La intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio política en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar vs. Norma Piña: Estas son las medidas legales que tomará el ministro en retiro además del juicio político

Arturo Zaldívar aseguró que la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña tiene una “enemistad manifiesta” en su contra, por lo que no debió admitir a trámite la queja anónima y, en su lugar, haberse excusado de conocer esta investigación y turnarla a otro ministro.

Asimismo, aseguró que ya se ha probado la cercanía de Norma Piña con Xóchitl Gálvez y los intereses que ella representa; además, consideró que las declaraciones y decisiones de la ministra la colocan como “el brazo opositor” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y ahora a la candidatura de Claudia Sheinbaum.

La decisión de Zaldívar de iniciar la denuncia de juicio político surge luego de que Norma Piña ordenara la investigación a los ex colaboradores de Arturo Zaldívar, debido a una denuncia anónima presentada el 9 de abril.

Esta investigación viene de una denuncia anónima en contra de más de 50 funcionarios del Poder Judicial de la Federación, entre quienes destacan jueces y magistrados, así como colaboradores de Zaldívar como:

• Carlos Alpízar
• Edgar Manuel Bonilla del Ángel

Por ello, Zaldívar compartió que, “con el acompañamiento del pardo Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días”:

• Denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia
• Denuncia ante la FGR por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público por el uso ilícito de información bajo su custodia
• Denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por el probable delito electoral de uso indebido de fondos, bienes o servicios a su disposición para perjudicar a un candidato
• Denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar o perjudicar a un candidato
• Queja ante el INE por la violación a la imparcialidad y la equidad en la contienda por reuniones privadas con líderes de partidos políticos “para preparar esta pesquisa y esta denuncias y para acordar distintas cosas en materia electoral”
• Denuncia ante el INAI por la filtración del acuerdo admisorio al considerarlo una violación al derecho humano de protección de datos personales

Asimismo se presentará una denuncia ante la SCJN contra la ministra Norma Piña por:

• Coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del TEPJF para que no hubiera cambio de presidencia
• Reunirse de manera privada con líderes partidistas “para diseñar la embestida en mi contra”
• Filtrar el acuerdo del inicio de la investigación violando su derecho a la presunción de inocencia e influir en campañas electorales
• Admitir a trámite una queja estando legalmente impedida

Arturo Zaldívar acusa a Norma Piñ de intervenir en el proceso electoral; “fui un ministro imparcial”, asegura

Arturo Zaldívar aseguró que Norma Piña tomó al decisión de “intervenir activamente en el proceso electoral” con la admisión de la denuncia anónima en su contra.

Esto porque considera que investigarlo y a sus colaboradores tiene la intensión de dañarlo políticamente, así como a Morena.

“La ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral a través de la admisión de una supuesta denuncia anónima sin ninguna prueba, que además, desde la corte, se distribuyó masivamente en los medios y el las redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento”

Arturo Zaldivar

Asimismo, sugirió que Norma Piña fue quien filtró a los medios y redes sociales la denuncia anónima para dañar su imagen.

Por otra parte, resaltó que, en comparación con la ministra presidenta de la SCJN, cuando estuvo al frente de la Corte no jugó a la política y fue un ministro “imparcial y neutral”.

“Durante los 14 años que fui ministro, incluyendo los 4 años que fui presidente, siempre actué conforme a los mismos principios, valores y defensa de los derechos humanos que postulé desde el primer día que me hice ministro. Yo no estuve jugando a la política partidista en ningún momento…cuando consideré que era mi deber apoyar aún más desde una óptica ya partidista y no solamente con mi afinidad ideológica interna al movimiento de transformación renuncié a la Corte. Cuando fui ministro fui imparcial, fui neutral”

Arturo Zaldívar

El 12 de abril de 2024, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar una investigación en contra de Arturo Zaldívar por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

Expresamente, en el expediente de investigación J/108/2024, a Arturo Zaldívar se le acusa de:

“Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”

Expediente

Según la investigación, Arturo Zaldívar habría ejercido presión sobre los titular de órganos jurisdiccionales por medio del secretario general de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar.

Sin embargo, el propio Arturo Zaldívar aseguró que la investigación es una “cacería de brujas” para desprestigiar a exfuncionarios del CJF, quienes llegaron a emitir resultados favorables hacia las políticas del presidente AMLO.

AMLO reacciona por investigación contra Arturo Zaldívar: “Tiene todo nuestro apoyo, respaldo, confianza”

AMLO habló de la investigación en contra de Arturo Zaldívar, con la cual la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, acusa al ministro en retiro de “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

En primera instancia, un reportero cuestionó al presidente por sus declaraciones del 21 de febrero de 2024, con las cuales confirmó tener contacto con Arturo Zaldívar cuando su cargo era el de ministro presidente de la SCJN, pues aseguró que, en el presente, los jueces del Poder Judicial han ordenado la liberación de delincuentes:

“Pero cuando se deban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘cuidado con esto’, ‘si viene mal la averiguación’, porque el ministerio público en vez de poner que detuvieron a la persona a las nueve de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad”

AMLO

En ese sentido, AMLO aseguró hoy 15 de abril en su conferencia mañanera que esto no responde las características de un delito:

“¿Cuál es el delito? Si tiene que ver con la colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para ver lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Además es mucha hipocresía de los conservadores”

AMLO

“Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Zaldívar”, dijo el presidente sobre la investigación, y además manifestó su apoyo hacia el exministro:

“Tiene todo nuestro apoyo, respaldo, confianza. Lo considero un abogado integró, un ex miembro del Poder Judicial que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hablara del combate a la corrupción y el nepotismo, las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder que está casi en su totalidad podrido”

AMLO

“Es un linchamiento público, político en contra de Arturo Zaldívar”, aseguró López Obrador.

Arturo Zaldívar asegura que investigación impulsada por Norma Piña busca influir en las elecciones 2024

Arturo Zaldívar respondió ante la investigación en su contra, impulsada por Norma Piña en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); el ministro en retiro aseguró que esto es una “cacería de brujas” para influir en los resultados de las elecciones 2024.

“Es una cacería de brujas, una especie de inquisición, me parece muy grave además que se utilice los medios para tratar de desprestigiar, veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección y tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un estado de derecho”

Arturo Zaldívar

El exministro dijo que existe preocupación de que se terminen los privilegios de los que goza el Poder Judicial, pues Morena pretende impulsar una reforma en ese sentido:

“Me parece muy muy grave que quien tendría que cuidar el estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma al Poder Judicial”

Arturo Zaldívar