Tras la presentación del nuevo plan de identificación forense, Rosa Icela Rodríguez fue cuestionada sobre dónde se encuentra el mandatario sinaloense, a lo que la funcionaria respondió con ironía: “¿Y yo por qué?”.

Rosa Icela Rodríguez rechazó contestar preguntas sobre paradero de Rocha Moya

Durante un breve encuentro con medios, Rosa Icela Rodríguez rechazó hablar del caso de Rubén Rocha Moya e incluso cuestionó el porqué ella tendría que saber el paradero del gobernador con licencia.

Ante la insistencia de los medios sobre si haría un llamado a Rubén Rocha Moya, Rosa Icela Rodríguez dijo que ella no hablaría del tema.

“Yo no estoy haciendo ningún llamado de nada. Hoy venimos a hablar de desaparecidos”.

Rosa Icela Rodríguez

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez se producen en un contexto de creciente tensión política tras las acusaciones difundidas por Estados Unidos contra funcionarios sinaloenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que México no permitirá acusaciones sin pruebas por parte del gobierno de Estados Unidos y sostuvo que cualquier acción deberá sustentarse conforme a derecho.

Por su parte, Rocha Moya ha rechazado públicamente los señalamientos, sin embargo, la falta de apariciones públicas recientes ha alimentado versiones sobre su ubicación y situación jurídica.

El anuncio ocurre tras la petición de la Fiscalía de Nueva York para detener con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.

Velasco detalló que de 269 solicitudes presentadas, 233 siguen pendientes, mientras que 183 son peticiones formales de extradición.

Entre los nombres destacan Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Víctor Manuel Álvarez Puga, Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, José Ulises Bernabé García, Pablo Vega Cuevas “El Transformer” y William “N”.

Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición a México

De acuerdo con Roberto Velasco, del 1 de enero de 2018 al 23 de mayo de 2026, México ha presentado 269 requerimientos de extradición pero ninguno ha sido entregado.

Asimismo, resaltó que ellos, se han negado 36 solicitudes, mientras que las 233 restantes permanecen pendientes.

Por otra parte, resaltó que de las solicitudes pendientes, 183 son de peticiones formales de extradición, mientras que 50 corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Roberto Velasco resaltó que de las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición, 47 están pendientes debido a la solicitud a México de información adicional, otras 3 fueron negadas.

Los casos de extradición que Estados Unidos ha negado a México

En el mismo sentido, Roberto Velasco resaltó algunos casos de solicitud de detención provisional con fines de extradición hechos por México y que Estados Unidos ha negado.

Entre ellos se encuentran:

• Francisco Javier García Cabeza de Vaca, caso presentado el 8 de agosto de 2025: por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades; delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos solicitó información adicional.
• Victor Manuel Álvarez Puga, caso presentado el 4 de diciembre de 2025: por delito de delincuencia organizada por el desfalco a Segob y factureras. Estados Unidos negó la extradición por no ser un delito violento.
• Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono por desfalco al Infonavit, caso presentado el 1 de octubre de 2025: delito de delincuencia organizada, se presentó solicitud por no ser delito violento ni considerar a los acusados como un riesgo para la sociedad.
• José Ulises Bernabé García, caso presentado el 7 de junio de 2024: delito de delincuencia organizada. Estados Unidos pidió información adicional y pruebas en su proceso.
• Pablo Vega Cuevas “El Transformer” de Guerreros Unidos, caso presentado el 18 de julio de 2024: delito de delincuencia organizada. Se presentó petición formal.
• William “N”, caso presentado el 30 de mayo de 2023: delito de trata de personas. Estados Unidos negó la solicitud.

La medida, ejecutada por instituciones bancarias mexicanas como parte de mecanismos preventivos de supervisión financiera y cooperación internacional, se produce luego de que exfuncionarios vinculados políticamente al círculo cercano del mandatario sinaloense fueran entregados a autoridades de Estados Unidos para enfrentar investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y posibles operaciones de lavado de dinero.

Aunque hasta ahora no se han revelado públicamente todos los nombres ni el alcance total de las indagatorias, el caso comenzó a generar fuerte impacto dentro del escenario político nacional debido a la cercanía de varios de los señalados con estructuras de poder en Sinaloa.

Fuentes financieras y analistas consideran que el congelamiento de cuentas representa un movimiento particularmente delicado, ya que este tipo de acciones normalmente ocurre cuando existen alertas relevantes sobre transferencias, movimientos sospechosos o posibles conexiones con recursos de origen ilícito.

El caso adquiere todavía mayor relevancia por tratarse de Sinaloa, entidad históricamente asociada a estructuras del narcotráfico y considerada uno de los territorios más sensibles en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

La investigación también vuelve a colocar bajo la lupa la capacidad del sistema político mexicano para evitar infiltraciones del crimen organizado dentro de estructuras gubernamentales y redes de operación política regional.

Mientras tanto, el gobierno federal ha intentado mantener distancia institucional del tema, insistiendo en que las investigaciones deben seguir su curso legal y que no existe protección para ninguna persona señalada por actividades ilícitas.

Sin embargo, el episodio ya provocó reacciones dentro de Morena y entre actores de oposición, quienes consideran que el caso podría convertirse en uno de los expedientes políticos más incómodos para el oficialismo en los próximos meses.

Especialistas en seguridad señalan que el congelamiento de cuentas suele ser apenas una primera etapa dentro de procesos más amplios de rastreo financiero, revisión patrimonial y cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Por ahora, la incertidumbre gira alrededor de hasta dónde podrían escalar las investigaciones y si nuevos nombres ligados al entorno político sinaloense podrían aparecer en el desarrollo de las indagatorias.

El tema no solo golpea políticamente por las posibles responsabilidades individuales, sino porque revive uno de los debates más delicados de la vida pública mexicana: la permanente sombra de la relación entre poder político, financiamiento y crimen organizado.

La fractura del morenismo

Cuando un régimen empieza a desgastarse, los aliados se esconden, los operadores se repliegan y los oportunistas, tal como llegaron, comienzan a buscar salidas antes de que el costo político los arrastre. Es precisamente lo que sucede alrededor de Morena y del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Prueba de ello fue el rechazo social a la propuesta del secretario de Educación, Mario Delgado, para modificar el calendario escolar por el Mundial de Futbol. La reacción inmediata y desfavorable provocó que el gobierno diera marcha atrás ante la presión pública.

El desgaste se profundizó cuando en un intento de desviar la atención del caso Rocha, Morena atacó políticamente a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. La plana mayor, Ariadna Montiel y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, llamaron y encabezaron protestas que terminaron convirtiéndose en un desastre político.

En Chihuahua los recibieron entre rechiflas y gritos de “¡fuera!” y la concentración mostró una pobre capacidad de convocatoria, muy inferior a la que presumían hace apenas unos años. La operación falló y demostró que la narrativa oficialista se agota y el desgaste de credibilidad del partido ya se siente en las calles.

Fue el primer acto en campo de Ariadna Montiel, quien, aparte de su cercanía al grupo de René Bejarano, llegó a la dirigencia cuestionada por temas relacionados con el uso político de programas sociales y estructuras gubernamentales como los Servidores de la Nación durante el proceso interno de Morena.

Con ella, Andrés López, que ya enfrenta el peso político del apellido. Los resultados del hijo del expresidente que pasó de junior a figura central de Morena, exhiben no solo sus evidentes límites, también el rechazo a la marca obradorista.

Por otro lado, está la ruptura con la CNTE. El magisterio disidente decidió romper el diálogo con el gobierno federal y convocar a un paro nacional indefinido y a movilizaciones tras considerar una “migaja” y un “insulto” el aumento salarial anunciado. Otra evidencia de que Morena empieza a perder sectores que durante años funcionaron como su base de presión callejera.

A punto de abandonar el barco

Otro aliado que toma distancia es el PVEM, experto en sobrevivir políticamente, ya comenzó a calcular costos y riesgos. Algunas de sus dirigencias estatales anunciaron que competirán sin Morena en 2027. El mensaje es claro: no quieren cargar con el desgaste del oficialismo.

En el ámbito legislativo, los desacuerdos son cada vez más visibles. El exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, advirtió que el gobierno perdió el control “de la narrativa y del proceso” y se pronunció por la necesidad de que se inicien investigaciones internas contra funcionarios sospechosos de vínculos criminales.

Cuando personajes afines comienzan a lanzar advertencias públicas, significa que perciben un deterioro más profundo del que reconoce el discurso gubernamental.

Además, crecen versiones sobre tensiones internas y choques dentro del gobierno de Sinaloa y en las estructuras de seguridad que evidencian que importantes mandos del Ejército no están con Morena.

También están los movimientos dentro del aparato federal y diplomático que ya muchos interpretan como intentos de deslinde anticipado frente a una posible crisis política de mayores dimensiones.

La idea de superioridad moral en que Morena construyó su hegemonía se derrumba. El discurso que le funcionaba de acusar a los gobiernos anteriores de corrupción y pactos criminales se les revierte y con fuerza, porque las acusaciones no provienen de la oposición o de medios críticos, sino de investigaciones judiciales y agencias de Estados Unidos.

Rocha Moya no es el único problema de Morena, sino que cada vez son menos los que están dispuestos a defenderlos, dar la cara o hundirse con ellos. El desgaste les llega a pasos acelerados: pierden la capacidad de movilizar, sostener lealtades y mantener cohesión.

Es el inicio de una caída que no es politiquería ni una campaña de descrédito: es una realidad política; sale lo que son: traidores, corruptos y cobardes.

X: @diaz_manuel

Registros de la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirman que el exfuncionario del gobierno de Rubén Rocha optó por no contratar un abogado privado, por lo que se le asignó a Sarah Krissoff.

¿Quién es Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff es una abogada estadounidense, egresada de la Universidad de Columbia, especializada en defensa penal de cuello blanco y exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY).

De acuerdo con la firma Cozen O’Connor, a la cual pertenece, la abogada cuenta con un vasto historial representando a empresas e individuos en casos penales como:

• Fraude financiero complejo
• Lavado de dinero
• Extorsión y crimen organizado
• Fraude en el sector salud
• Ciberdelitos
• Corrupción pública
• Confiscación de bienes
• Litigios civiles y penales federales
• Investigaciones internas corporativas
• Casos ante DOJ, fiscales federales, SEC, CFTC y FTC

En los últimos años se ha vuelto una comentarista frecuente en medios como CNN, Reuters, BBC y MSNBC sobre casos federales de alto impacto, incluidos los de Donald Trump, Sean Combs y Jeffrey Epstein.

¿Cuántos años tiene Sarah Krissoff?

La abogada y exfiscal estadounidense Sarah Krissoff tiene 48 años de edad.

¿Quién es el esposo de Sarah Krissoff?

El esposo de la abogada y exfiscal federal Sarah Krissoff es Andrew Nicholas Boss.

Contrajeron matrimonio en junio de 2011 en una ceremonia celebrada en el Whiteface Lodge en Lake Placid, Nueva York.

¿Quiénes son los hijos de Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff es madre de dos varones y una mujer, todos menores de edad.

¿Qué estudió Sarah Krissoff?

Sarah Krissoff estudió en la Universidad de Columbia, donde obtuvo su licenciatura.

Después, cursó en la Universidad Brown, B.A. para el periodo de 1999.

¿En qué trabajó Sarah Krissoff?

En la actualidad, Sarah Krissoff forma parte de la firma de abogados Cozen O’Connor, con una carrera respaldada en atender casos como:

• Litigios comerciales
• Defensa bajo la Ley de Reclamaciones Falsas
• Gobierno y Servicios Regulatorios
• Defensa e Investigaciones de Cuello Blanco

Como exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), lideró investigaciones de alto perfil coordinando agencias en múltiples jurisdicciones y condujo una docena de juicios con jurado.

Sarah Krissoff se encargará de la defensa de Gerardo Mérida en la audiencia del 1 de junio

En medio de las acusaciones contra Rocha Moya, la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que Gerardo Mérida Sánchez contará con la representación de la abogada Sarah Krissoff, exfiscal de esa misma jurisdicción.

Asimismo, se informó que Gerardo Mérida Sánchez se presentará el próximo 1 de junio ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, fecha hasta la cual se extendió el plazo del juicio rápido.

Sarah Krisoff será la responsable de revisar las pruebas de la fiscalía de Estados Unidos y asesorar a Gerardo Mérida Sánchez sobre si conviene declararse culpable o ir a juicio por su presunta relación con Los Chapitos.

De acuerdo con los registros judiciales, la designación de Sarah Krissoff quedó formalizada el lunes 18 de mayo, mientras que la audiencia de Gerardo Mérida está programada para el 1 de junio de 2026.

Krissoff asumirá la defensa de Gerardo Mérida en la audiencia del 1 de junio

En medio de las acusaciones contra Rocha Moya, la Corte del Distrito Sur de Nueva York confirmó que Gerardo Mérida contará con la representación de la abogada Sarah Krissoff, exfiscal de esa misma jurisdicción.

Asimismo, se informó que Gerardo Mérida se presentará el próximo 1 de junio ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, fecha hasta la cual se extendió el plazo del juicio rápido.

Ese día, Sarah Krissoff buscará asesorar Gerardo Mérida, acusado de aceptar sobornos de Los Chapitos a cambio de proporcionarles información sobre redadas en laboratorios clandestinos.

Según la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, Gerardo Mérida recibía 100 mil dólares mensuales en efectivo de ese grupo delictivo a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas.

¿Quién es Sarah Krissoff, defensa en Estados Unidos a Gerardo Mérida?

Sarah Krissoff es una abogada estadounidense especializada en defensa penal corporativa y exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las fiscalías más importantes de Estados Unidos.

Dentro de su experiencia profesional destaca su labor como Assistant U.S. Attorney entre 2008 y 2021, donde condujo investigaciones relacionadas con:

• Fraude financiero
• Lavado de dinero
• Crimen organizado
• Tráfico sexual
• Narctráfico
• Corrupción

Actualmente, Sarah Krissoff trabaja en la firma Cozen O’Connor en Nueva York y en la defensa de Gerardo Mérida.

En su mensaje, calificó como ilegal el paro indefinido de trabajos convocado, subrayando que sólo los Tribunales Laborales pueden autorizarlo.

Importancia de la Nueva Ley Orgánica Universitaria

Rubén Rocha instó a los estudiantes a adoptar la nueva Ley Orgánica universitaria, promulgada el 2 de octubre.

Esta permitirá la libre elección de autoridades por parte de estudiantes, maestros y trabajadores.

Además, aseguró que garantizará la autonomía, calidad y transparencia en la universidad, pues “esta debe ser un espacio de reflexión, democracia y pluralidad”.

El crimen organizado no debe dirigir la UAS: Rubén Rocha

El gobernador Rubén Rocha expresó que personas con sospechas morales o conexiones con el crimen organizado no deben dirigir la universidad.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la independencia de la institución, libre de influencias políticas, económicas.

Finalmente, mencionó investigaciones por corrupción relacionadas con la adquisición irregular de alimentos, obras y equipos, por un valor de más de 410 millones de pesos.

Dichas acciones, dijo Rubén Rocha, atentan contra la autonomía universitaria y su patrimonio.

“Plantee es que es de una manera preventiva… dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá , toman una serie de medida y de manera automática preventivamente lo hace a UIF. (¿No es que las UIF lo esté investigando?) No… son mecanismos automáticos”

Claudi a Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 18 de mayo al anunciar que en los siguientes minutos iba a salir un comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicando la situación.

Sheinbaum descarta que UIF investigue a Rocha Moya

Claudia Sheinbaum descartó que la UIF esté investigando por su cuenta y dijo que se trata de mecanismos automáticos que se aplican independientemente del país que haga las acusaciones.

El objetivo de congelar las cuentas, dijo la UIF, es proteger el sistema financiero mexicano y corresponder a las acciones de Estados Unidos.

UIF aclara que congelamiento de cuentas no implica reconocer un delito

El mencionado comunicado fue el que confirmó de manera clara el congelamiento de cuentas de Rubén Rocha Moya, pero que este se hace de manera preventiva.

El comunicado de la UIF coincidió en que la medida es preventiva y que el hecho de congelar las cuentas no implica el reconocimiento de la comisión de un delito.

Señaló que la “UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”.

“La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización a personas políticamente expuestas en Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas… derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos…”

UIF de la SHCP

El comunicado, emitido desde la Secretaría de Hacienda, se refirió a “personas políticamente expuestas en Sinaloa” y justificó la medida como una acción para proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en la mañanera del 18 de mayo que el bloqueo no implica responsabilidad definitiva y que los implicados cuentan con recursos legales para su defensa.

UIF justifica bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya

El comunicado de la UIF no enlistó los nombres de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios pero se refirió a “personas políticamente expuestas en Sinaloa”.

Como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, se trató de “medidas preventivas” en las que los bancos mexicanos emitieron alertamientos ya que mantiene relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos.

Justificó que el objetivo de tomar acciones preventivas es “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.

UIF aclara que bloqueo de cuentas a Rocha Moya no implica alguna responsabilidad

La UIF aclaró que las medidas preventivas no constituyen una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna, es decir, que no considera necesariamente culpable a Rubén Rocha Moya y los otros señalados de haber cometido un delito.

Señaló que los nombres en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de Garantía de Audiencia, la posibilidad de presentar recursos administrativos y jurisdiccionales.

La UIF dijo que actualmente está analizando información diversa desde una perspectiva técnica, analítica e institucional, como lo haría con cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.

Acusaciones contra Rubén Rocha en Estados Unidos

A Rubén Rocha Moya se le acusa formalmente en Estados Unidos de participar en una conspiración de narcotráfico y terrorismo en asociación con el Cártel de Sinaloa.

Según la acusación desclasificada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, los cargos criminales específicos y las alegaciones en su contra son los siguientes:

1. Asociación delictuosa para la importación de narcóticos: Específicamente la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos
2. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: El uso y porte de armas de grado militar en relación con delitos de tráfico de drogas.
3. Asociación delictuosa para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De ser hallado culpable, estos delitos criminales conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

La acusación en la Fiscalía de Nueva York detalla una serie de acciones mediante las cuales Rubén Rocha habría abusado de su autoridad para beneficiar a la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán:

1. Apoyo electoral ilícito: Se alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 con el apoyo de “Los Chapitos”, quienes habrían secuestrado e intimidado a sus rivales políticos y robado urnas para asegurar su victoria.
2. Reuniones con líderes del cártel: La fiscalía afirma que, tanto antes como después de asumir el cargo, Rocha Moya asistió a reuniones con líderes del grupo criminal —custodiadas por sicarios armados con ametralladoras— donde prometió protección para sus operaciones de narcotráfico.
3. Protección e impunidad: Como gobernador, habría permitido que el cártel operara con total impunidad en Sinaloa, facilitando que colocaran a funcionarios corruptos en puestos clave del gobierno y de las agencias de seguridad para proteger los cargamentos de droga.
4. Sobornos: Se le acusa, junto con otros funcionarios, de recibir colectivamente millones de dólares en dinero proveniente del narcotráfico a cambio de sus servicios

Ningún riesgo, ninguno. Fue una decisión de ellos, entregarse y no hay ningún riesgo. Ninguno

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez forman parte de una lista de diez señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas en el Distrito Sur de Nueva York.

Mientras la Fiscalía de Estados Unidos los vincula con “Los Chapitos”, en México la UIF confirmó el bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias.

Sheinbaum defiende la soberanía de México y exige pruebas a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó el 18 de mayo de 2026 que su administración no se dejará influenciar por intereses extranjeros, reiterando que nadie va a detener la transformación que inició en 2018.

Es interesante e importante hablar de lo que está pasando y decirlo muy claramente, ¿qué cambió en México en el 2018? Llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que no gobierna con los intereses económicos, que gobernamos para todos, pero que gobierna para el pueblo de México. Fueron 36 años de gobiernos vinculados con los grandes intereses económicos de México y el exterior

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

No obstante, la presidenta y el gobierno de México han exigido a Estados Unidos “pruebas contundentes” antes de proceder con cualquier trámite de extradición relacionado con este caso.

Mientras el proceso legal avanza en tribunales estadounidenses, en México la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias de los implicados, incluyendo las de Rubén Rocha Moya.

Enrique Díaz y Gerardo Mérida se entregaron en Estados Unidos

El caso ha cobrado relevancia internacional tras confirmarse que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses en Irlanda.

Según los informes, el exfuncionario se encontraba de vacaciones y buscó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos tras conocerse la acusación en su contra.

Por otro lado, Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública del estado, se presentó ante un tribunal en Nueva York tras ser detenido o entregarse en Arizona.

Mérida Sánchez se ha declarado “no culpable” de los cargos que se le imputan.

El peso de la acusación en Nueva York

Ambos excolaboradores del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, forman parte de una lista de diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados en el Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas.

La fiscalía estadounidense los vincula estrechamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los documentos judiciales de Estados Unidos:

• Gerardo Mérida Sánchez: Es acusado de recibir sobornos de más de 100,000 dólares mensuales a cambio de alertar al cártel sobre redadas en laboratorios de drogas.
• Enrique Díaz Vega: Se le señala por actuar como enlace y entregar listas con nombres y direcciones de adversarios políticos para que fueran intimidados y obligados a retirarse de la contienda electoral de 2021.

En materia procesal y de extradición existen espacios de interpretación que llevan a que el tiempo transite sin que se llegue a la detención o a la entrega de los imputados. La postura del gobierno de México es clara sobre la inocencia, no como presunción, sino como convicción; aunque, más bien, parece ser un juego calculado por lo que pudiera venir más adelante. Si las autoridades conceden ahora, tendrían que hacerlo en lo sucesivo y, como se ha anticipado por los voceros norteamericanos, las acusaciones apenas inician. No se sabe qué pudiera venir y seguramente eso es lo que mueve a las autoridades mexicanas a no conceder la detención para efectos de extradición.

Una explicación posible es que el régimen ha tomado la decisión, desde ahora, de resistir toda imputación de las autoridades norteamericanas, bajo la tesis de que conceder sería el principio del fin del régimen. Sin embargo, hay una vía, eficaz y de inmediata afectación, que nadie quiere considerar, y consiste en la capacidad de las autoridades norteamericanas de obligar, en función de las reglas en materia financiera, a que la UIF ordene el congelamiento de activos y bloqueo de cuentas.

Debe recordarse que el régimen legal del gobierno norteamericano no es el convencional, sino el que aplica al combate al terrorismo, que otorga facultades extraordinarias y discrecionales. De hecho, la UIF tuvo que ordenar el bloqueo de cuentas de los imputados y de sus familiares cercanos. La presidenta envió a su colaborador más respetado y confiable, Omar García Harfuch, a reiterar la inocencia del gobernador con licencia, una decisión que revela la determinación de la cúpula morenista, de la presidenta y del expresidente, de resistirse a la acción judicial, al menos contra el gobernador Rocha, quien ha anticipado que, si cae él, caen todos; que el ataque no es contra su persona, sino contra el “movimiento” y el expresidente López Obrador.

Sin embargo, la UIF, en el acuerdo 156/2026, ordenó congelar las cuentas de los imputados y familiares desde el 6 de mayo, a partir de la imputación de las autoridades norteamericanas. Esto significa que la presidenta no tiene poder para impedir que el sistema financiero proceda en los términos que dicten las acusaciones. La UIF está obligada a obedecer en virtud de las reglas que rigen su actuación que, a su vez, representa el recurso más poderoso por su inmediata aplicación y la afectación patrimonial que implica. En otras palabras, ningún banco o institución financiera puede desentenderse de las determinaciones de las autoridades norteamericanas.

El régimen legal de la lucha contra el terrorismo deja en un estado de indefensión para las personas imputadas y presenta la imposibilidad de que las autoridades mexicanas, incluso las judiciales, pudieran contenerlo. Una institución bancaria puede ser severamente sancionada —en 2012 HSBC fue multado por 1,200 millones de dólares por lavado de dinero del narco mexicano y colombiano— si no atiende las órdenes de la SEC, aunque hubiera decisiones judiciales nacionales que ordenaran actuar en otro sentido.

Los gobernadores y políticos objeto de señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado cuentan con razones de preocupación. Tal como sucedió con Rocha Moya ni la presidenta ni el Poder Judicial tienen capacidad para protegerlos frente a una embestida judicial de las autoridades norteamericanas. Real y virtualmente se encuentran en estado de indefensión. Más grave sería si declararan a Morena asociado a una organización terrorista extranjera. El mismo INE no podría transferirle recursos y sus dirigentes y prospectos de candidatos estarían en condiciones judiciales muy comprometidas. Sería el fin del régimen político.

Quizá esta reflexión, vista desde el obradorismo, sea un tanto apocalíptica. Quizá. Pero el mundo ha cambiado y es preciso instalarse en la nueva realidad: lo imposible es posible, por tanto, lo impensable, pensable.

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”.

George Orwell

¿Dónde están las pruebas?, repiten desde el oficialismo con la suficiencia de quien cree que gritar cada vez más fuerte sustituye a la realidad. Ya aparecieron. Están en Estados Unidos. Y no llegaron en valija diplomática ni escondidas en un USB misterioso: llegaron caminando, entregándose solos, dos de los hombres más cercanos al gobernador Rubén Rocha Moya.

El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya compareció ante una corte estadounidense y fue aceptado como testigo cooperante. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Rocha, también se entregó, según reveló Carlos Loret de Mola. Uno cuidaba la seguridad. El otro administraba el dinero del estado. El combo completo del “no pasa nada” de la presidenta.

Durante meses, el gobierno mexicano nos quiso vender la idea de que las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York eran poco menos que propaganda imperialista con subtítulos en inglés. Que no había pruebas. Que todo era un complot contra Morena. Que Washington estaba nervioso porque México ya era casi Dinamarca, pero con corridos tumbados. Extraña conspiración: dos de los propios acusados decidieron correr exactamente hacia el país que “mentía”.

Porque nadie se entrega voluntariamente a la justicia estadounidense para pasar el retiro viendo barrotes federales y comiendo gelatina institucional si no tiene algo muy valioso que negociar. Y en esos casos no se negocian recetas de chilorio. Se negocian nombres, cuentas, rutas, transferencias, operadores y estructuras completas de protección política.

La acusación estadounidense termina por rubricar algo que Ciro Gómez Leyva denunció antes que nadie: que la elección de Sinaloa estuvo profundamente atravesada por la intervención del crimen organizado y que del proceso surgió un gobierno demasiado cómodo conviviendo con esos intereses. Durante años lo llamaron exagerado, golpista, alarmista, conservador, vendido y seguramente agente secreto de la CIA, la DEA y Marvel Studios al mismo tiempo. Resulta incómodo descubrir que el supuesto “mentiroso” terminó pareciéndose demasiado al único que estaba contando la historia completa.

Nadie del sexenio pasado ni presente le pedirá disculpas, por supuesto. En la 4T las disculpas funcionan como los medicamentos en el IMSS: existen en teoría, pero nunca aparecen.

En particular, la entrega del general Mérida Sánchez además abre otra grieta delicadísima: la militar. No se trata de cualquier burócrata reciclado. Es el perfil castrense de mayor rango involucrado hasta ahora en las acusaciones contra funcionarios sinaloenses presuntamente ligados a “Los Chapitos”. Y rompe una regla no escrita dentro del Ejército: entre militares, el silencio suele ser más sagrado que la Constitución.

La pregunta ya no es si sabe cosas. La pregunta es cuánto sabe y cuántos nombres pueden empezar a sudar cuando abra la boca. Bajo su gestión ocurrió uno de los periodos más violentos recientes en Sinaloa, tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. Pero seguramente todo era casualidad, coincidencia estadística y percepción conservadora patrocinada por Latinus.

Y mientras eso ocurre, en México la UIF bloquea cuentas de Rubén Rocha, de Enrique Inzunza y de otros implicados señalados por Estados Unidos. Pareciera un reflejo burocrático de supervivencia: si Washington ya viene por el dinero, mejor congelarlo primero aquí para fingir que todavía controlan algo más que la narrativa mañanera.

La situación de Enrique Díaz Vega merece atención aparte. De acuerdo con investigaciones difundidas por Loret de Mola, era él quien presuntamente entregaba maletines de dinero en efectivo a los hijos de López Obrador provenientes de “Los Chapitos”. Si eso termina apareciendo formalmente en una corte estadounidense bajo criterios de cooperación judicial, el escándalo dejará de ser sinaloense para convertirse en un problema nuclear del obradorismo.

Lo de Nueva York ya parece un extraño reality regional: “La Voz Sinaloa”. El premio para el ganador no es contrato discográfico, sino reducción de condena, protección federal y posibilidad de no morir en prisión. Cada concursante compite por demostrar que canta más fuerte que el anterior.

En teoría de juegos existe algo llamado “dilema del prisionero”. Dos involucrados, incapaces de confiar entre sí, terminan traicionándose para salvarse primero. Aunque cooperar les daría mejores resultados colectivos, el miedo a que el otro hable primero destruye cualquier pacto. Eso exactamente estamos viendo. Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega decidieron adelantarse. Hablar primero. “Cantar” antes que el resto del coro. Porque en las cortes estadounidenses el último en cooperar suele descubrir que ya no quedaban descuentos disponibles.

Y mientras todos cantan, vuelve a aparecer la figura incómoda de Ciro Gómez Leyva. El periodista al que intentaron desacreditar durante años por decir exactamente lo que hoy empieza a desfilar en expedientes judiciales estadounidenses.

Nadie en el oficialismo reconocerá que se equivocó. Nadie admitirá que intentaron destruir la credibilidad de quien estaba describiendo una realidad que ahora termina ventilándose en tribunales extranjeros. Pero queda la memoria. Y queda también una ironía brutal: en México, muchas veces el periodismo termina siendo validado no por las instituciones nacionales, sino por fiscales de Nueva York.

Giros de la Perinola

Esto apenas comienza. El Departamento de Justicia de Estados Unidos instruyó a fiscalías federales a multiplicar las investigaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico y a explorar cargos relacionados con terrorismo. Washington dejó de tratar el tema como un simple asunto criminal. Ya lo observa como amenaza de seguridad nacional. Y mientras tanto aquí seguimos discutiendo si decir “narcogobierno” es ofensivo.

Por cierto, Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse del lado más incómodo de la historia. Regañó al gobierno federal por no haber retenido o vigilado a los acusados de Sinaloa para impedir que viajaran a Estados Unidos “a decir lo que saben”. La frase merece enmarcarse. Porque cuando un político parece más preocupado por evitar que hablen los acusados que por investigar aquello que podrían revelar, ya no estamos frente a un problema de seguridad. Estamos frente a un manual involuntario de complicidad política.

Han argüido la ausencia de pruebas. Mienten. La acusación lanzada por la oficina del distrito sur de Nueva York contiene elementos probatorios que, a juicio de un jurado convocado por los propios fiscales estadounidenses, son suficientes para ordenar la aprehensión preventiva del gobernador, del senador Inzunza y los demás sujetos encausados.

Sin embargo, quisiera en esta ocasión centrar la atención en el artículo 19 constitucional, que lee a la letra: “… El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados".

Es decir, en adición a la acusación presentada en Nueva York, el propio derecho constitucional mexicano contempla a la delincuencia organizada como delito sujeto de prisión preventiva oficiosa. Se recordará que esta reforma constitucional de 2024, promovida, impulsada y legislada por la mayoría morenista, fue motivo de declaratoria de inconvencionalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues contraviene las convenciones de las que México forma parte.

Sí, fueron los mismos legisladores morenistas los que establecieron en la Constitución que un sujeto, cuya presunta responsabilidad en la comisión de delitos ligados al crimen organizado, fuese enviado a prisión.

En el caso Rocha, no obstante, la presidenta Sheinbaum y los voceros parecen haberse olvidado de su propia reforma, como si la ley resultase aplicable solo para los miembros de la oposición, o en casos donde miembros del régimen no estén involucrados. Se trata de una vulgar interpretación de la ley a conveniencia.

Por donde se le mire, el gobierno mexicano está incumpliendo con sus obligaciones. En primer lugar, desde luego, en el combate contra el crimen organizado y en la investigación de narcopolíticos, en segundo, en las exigencias que presenta el tratado de extradición suscrito con Estados Unidos, y en tercero, en la propia letra constitucional que ellos mismos, ejerciendo su ilegítima mayoria calificada, insertaron en la Carta Magna.

“Qué bueno que le hacen caso a la oposición, ciertamente deberían hacerlo más seguido”

Paulina Rubio Fernández

Así lo aseveró la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al señalar que acciones como los bloqueos de cuentas bancarias de funcionarios, son “un gran primer paso”.

Sin embargo, Paulina Rubio Fernández conminó a las autoridades a ir a fondo en el caso hasta que se deslinden las responsabilidades que correspondan, pues advirtió que congelar cuentas no es suficiente.

Paulina Rubio Fernández atribuye investigaciones en Sinaloa a la oposición

A inicios del mes de mayo se reveló información sobre las cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La acción, según se reportó, habría tenido efecto contra el mandatario y otros funcionarios tras las indagatorias iniciadas por Estados Unidos, hechos que Paulina Rubio Fernández atribuyó a la oposición.

La diputada federal del PAN señaló que las acciones que autoridades han concretado, son resultado de las exigencias que la oposición ha sostenido a lo largo de varios meses.

De la misma forma, Paulina Rubio Fernández se congratuló por el cerco financiero que se ha desplegado alrededor del gobernador con licencia, pues aseveró que esa y otras acciones son “un gran primer paso”.

En especial porque, consideró, cualquier acción que limite el margen de operación de Rubén Rocha Moya, se trata de un golpe directo a lo que describió como “la compra de impunidad” que estaría buscando el mandatario.

Paulina Rubio Fernández exige avanzar en investigaciones en Sinaloa

Pese a que expresó su satisfacción con las acciones contra funcionarios de Sinaloa, Paulina Rubio Fernández advirtió que es necesario ir más a fondo en el caso.

Sobre ello, la diputada federal señaló que no es suficiente con cercar en términos financieros a Rubén Rocha Moya y los otros 9 funcionarios y exfuncionarios, pues se requiere deslindar responsabilidades.

Por ese motivo, Paulina Rubio Fernández exigió a las autoridades a cargos de las investigaciones, que continúen avanzando en ella para poder determinar las culpabilidades que correspondan.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el ex secretario de Seguridad de Sinaloa ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales hacia Arizona, donde fue detenido por las autoridades.

Cabe señalar que tras su detención se fijó su primera audiencia ante la Corte de Manhattan para este viernes 15 de mayo a las 2:30 horas, tiempo local, es decir, a las 12:30 horas tiempo del centro de México.

Gerardo Mérida Sánchez queda bajo custodia de Estados Unidos y tendrá su primera audiencia en Nueva York

El Gabinete de Seguridad confirmó que Gerardo Mérida Sánchez se encuentra bajo custodia del Servicio de Marshals de Estados Unidos tras cruzar hacia Arizona por la Garita de Nogales, Sonora, el pasado 11 de mayo.

“El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia de @USMarshalsHQ”

Gabinete de Seguridad

Asimismo, señaló que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el mismo gabinete, ya mantiene comunicación con las autoridades de Estados Unidos sobre el caso “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, la audiencia de Gerardo Mérida Sánchez se fijó para este 15 de mayo en la Corte de Manhattan, luego de entregarse voluntariamente.

Gerardo Mérida Sánchez es detenido en Estados Unidos por presunta relación con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con documentos oficiales, Gerardo Mérida Sánchez fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y trasladado a Nueva York para ser procesado por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa.

El ex secretario de Seguridad de Sinaloa fue recluido en el Centro Metropolitano de Detención De Brooklyn en Nueva York, donde fue solicitado por las autoridades al gobierno de México.

Cabe recordar que el pasado 29 de abril La Fiscalía Federal de Nueva York Distrito Sur solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición de Mérida Sánchez y otros 9 funcionarios públicos, entre quienes se encuentra Rubén Rocha Moya.

El ex secretario de finanzas de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, habría acordado entregarse de manera inmediata.

Cabe recordar que Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas con Rocha Moya es uno de los 10 funcionarios señalados por la Corte de Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, por quién solicitaron un proceso judicial para su extradición al Gobierno de México.

Enrique Díaz se habría entregado en un consulado de Estados Unidos en Europa

De acuerdo con información del portal La Silla Rota, el ex secretario de finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz, se entregó de manera voluntaria en un consulado de Estados Unidos en Europa.

Aunque aún se desconoce con precisión en qué país europeo se entregó Enrique Díaz, señalan que decidió tomar esta acción de inmediato, para poder ser procesado por los cargos que se le imputan desde Estados Unidos a cambio de beneficios.

Señalan estos reportes que el ex funcionario de Rocha Moya se pudo haber entregado probablemente en Italia o Irlanda, por lo que posteriormente se espera que sea trasladado a Nueva York, Estados Unidos.

¿De qué acusa Estados Unidos a Enrique Díaz?

De acuerdo con un documento de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, acusan en concreto acusan a Enrique Díaz de ser el enlace entre los líderes de Los Chapitos y Rocha Moya en el marco de las elecciones de 2021, que llevaron al gobernador con licencia a ganar la gubernatura de la entidad en ese entonces.

Además señalan a Enrique Díaz Vega de entregar a los líderes de Los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que Los Chapitos pudieran amenazar y obligarlo a retirarse de la contienda por la gobernación en 2021.

Mientras que en la acusación formal de las autoridades estadounidenses le imputaron cargos de:

• Conspiración para importar narcóticos
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer dispositivos destructivos

Por estos cargos criminales, Enrique Díaz podría enfrentar hasta 40 años de prisión en Estados Unidos o incluso cadena perpetua.

De acuerdo con los reportes, autoridades estadounidenses detuvieron al también general en retiro en Arizona como parte de las acusaciones de la Fiscalía Federal de Nueva York Distrito Sur sobre su presunta relación con el narcotráfico.

Estados Unidos detiene a Gerardo Mérida Sánchez por presunta relación con el narcotráfico.

Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa del 66 años, se encuentra detenido en Estados Unidos desde el pasado 11 de mayo.

De acuerdo con el reporte de detenciones estadounidense, el ex funcionario público se encuentra privado de su libertad en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn en Nueva York bajo el número de registro 62685-512.

Cabe señalar que Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario.

La detención del ex secretario de Seguridad de Sinaloa se da a pesar de que Gerardo Mérida Sánchez había tramitado un amparo en contra de la detención y extradición solicitada por Estados Unidos el pasado 1 de mayo.

¿De qué acusa Estados Unidos a Gerardo Mérida Sánchez y otros funcionarios de Sinaloa?

Gerardo Mérida Sánchez, así como otros funcionarios del estado de Sonora, hayan sido señalados por la Fiscalía Federal de Nueva York por su supuesta relación con el Cártel de Sinaloa, así como por la presunta comisión de delitos como:

• importación de narcóticos
• posesión de ametralladora y artefactos explosivos
• conspiración para poseer armas

Asimismo, se señala que las armas habrían sido entregadas a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Los políticos de Sinaloa señalados por Estados Unidos son:

1. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
2. Enrique Inzunza Cazarez, senador mexicano; exsecretario general de Sinaloa
3. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
4. Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
5. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
6. Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
7. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
8. José Antonio Dionisio Hipólito, El Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
9. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
10. Juan Valenzuela Millán, El Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

Claudia Sheinbaum señaló que no tiene conocimiento sobre si estas acciones en efecto se realizaron y resaltó que la UIF actúa siempre que encuentra alguna irregularidad.

“No tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso”

Claudia Sheinbaum

Esto luego de que trascendiera que se habían congelado las cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su familia.

Esto también habría ocurrido con el senador Enrique Inzunza, así como con las cuentas de sus familiares; ambos señalados por Estados Unidos por una supuesta relación con el narcotráfico.

Sheinbaum pide a UIF aclarar si cuentas de Rocha Moya e Inzunza fueron congeladas

Claudia Sheinbaum compartió que no ha sido informada sobre la supuesta congelación de cuentas de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.

Por ello, pidió a la UIF confirmar si estas acciones fueron tomadas contra el gobernador con licencia y el senador por Sinaloa.

“No tengo el conocimiento particular de la UIF…es un área técnica, si encuentra alguna irregularidad, procede”

Claudia Sheinbaum

Esto luego de que trascendiera que la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, así como de su hijos.

Asimismo, habría bloqueado las cuentas bancarias de los otros señalados por la Fiscalía de Nueva York distrito Sur en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico en Sinaloa.

De acuerdo con Emeequis, la UIF habría emitido una notificación formal el pasado 6 de mayo a todas las instituciones financieras del país para realizar el bloqueo inmediato de todas sus cuentas.

La jefa del Estado mexicano ayer igualmente señaló que presentaría la semana que viene el informe sobre casos en los que el gobierno de Estados Unidos incumplió con las estipulaciones del Tratado de extradición, en un esfuerzo –en la visión de Sheinbaum- de sumar una nueva justificación para que el gobierno mire hacia otro lado ante la exigencia del Departamento de Justicia de que los sinaloenses señalados sean extraditados.

Sheinbaum ha decidido entrarle a un juego extremadamente peligroso. Como si no se hubiese enterado del contenido de las más recientes declaraciones del presidente Trump y de altos funcionarios estadounidenses, o como si no le hubieran informado sobre el plan antidrogas que contempla combatir incansablemente a los cárteles de la droga y a los narcopolíticos, la presidenta pretende poner en riesgo la relación del Estado mexicano con su principal socio comercial.

En adición, sabedora de los riesgos de una intervención directa de Estados Unidos en México, derivado de la reciente declaratoria de fentanilo como arma de destrucción masiva y los carteles de la droga como organizaciones terroristas, y sumado a las escenas de captura de Nicolás Maduro, la presidenta Sheinbam ha decidido jugarse el futuro inmediato de México bajo el pretexto de “defender la soberanía nacional” al tiempo que todo apunta hacia la defensa a ultranza de Rocha y de los otros nueve individuos señalados.

Otro elemento que se posiciona en contra de la presidenta Sheinbaum es su exposición diaria ante los medios de comunicación. Está obligada a salir, ofrecer aclaraciones, y a menudo, a caer en falsas verdades, tergiversaciones y medias verdades. Señala diariamente que Estados Unidos ha demostrado un carácter “injerencista” en el caso Rocha, cuando no se trata más que de la ejecución de un instrumento del derecho internacional suscrito por ambas partes en aras de la colaboración en materia de seguridad.

La presidenta Sheinbaum continúa, a mi juicio, cometiendo graves errores. Ha optado por recurrir a todo tipo de falacia jurídica -como exigir pruebas- hasta buscar provocar innecesariamente la reacción de un gobierno cuya prioridad expresa es combatir el crimen organizado al sur de su frontera. Y todo lo hace –a la luz de la evidencia- para proteger a un miembro conspicuo del partido gobernante.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México”

Kenia López Rabadán

Así lo planteó la legisladora integrante de la bancada del PAN, por medio de un mensaje que compartió en redes, en el que emplazó a los servidores públicos a que “no se escondan”.

En especial porque, sentenció, manteniendo la postura con la que se han conducido en los últimos días, ya dan una imagen de culpabilidad ante las acusaciones que les lanzaron.

Kenia López Rabadán exige que funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos “den la cara”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 29 de abril de 2026, la existencia de una investigación formal en contra de 10 políticos y funcionarios de Sinaloa.

Ante el proceso que autoridades de Estados Unidos iniciaron contra Rubén Rocha Moya e Enrique Inzunza, entre otros, Kenia López Rabadán exigió que “den la cara”.

En su publicación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exigió que “no se escondan, ni guarden un silencio cómplice" ante los señalamientos que hay en su contra.

En ese sentido y al señalar que deben mostrarse ante el pueblo de México, Kenia López Rabadán indicó que al esconderse no ayudan en nada a la vida pública del país y solo se ven más culpables.

Por ello, la diputada federal refirió que todos los “mexicanos merecen” que se los servidores públicos y ex uncionarios sinaloenses den una explicación sobre lo que está pasando en sus casos.

Los funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos

Las autoridades de Estados Unidos han lanzado de manera formal acusaciones graves contra 10 funcionarios y ex funcionarios del gobierno del estado de Sinaloa:

1. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
2. Enrique Inzunza Cázarez, senador, exsecretario general de Gobierno
3. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
4. Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado
5. Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación
6. Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, ex director de la Policía de Investigación
7. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
8. José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal
9. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
10. Juan Valenzuela Millán “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán

En torno a los caros que se les imputan, las autoridades refieren distintos delitos relacionadas con narcotráfico, uso y posesión de armas, así como protección al Cártel de Sinaloa.

El dirigente de la ANAC sostuvo que el discurso sobre la “soberanía nacional” promovido por el Gobierno federal busca encubrir a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras se ataca a gobiernos que, afirmó, han enfrentado a la delincuencia.

Mauricio Tabe acusa distractores en medio de crisis de seguridad

Mauricio Tabe señaló que la postura del Gobierno federal refleja una estrategia para evitar que se investiguen ciertos casos relacionados con el crimen organizado y aseguró que el debate público se ha utilizado para generar distractores políticos.

Esto obviamente le molestó al gobierno, ya sabemos para quién trabajan, a quién le responden y por eso todo este cuento de la soberanía, todo es un distractor de un gobierno que defiende a narcogobernadores, todo esto es distracción para no llevar a la justicia a Rocha Moya.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

El alcalde panista expresó preocupación por el panorama de seguridad en el país y advirtió que la violencia y el control del crimen organizado continúan afectando a comunidades y familias mexicanas. También afirmó que el incremento en delitos como el cobro de piso y los homicidios refleja un escenario de creciente temor entre la población.

Asimismo, indicó que los alcaldes de Acción Nacional respaldarán a Maru Campos debido a los resultados obtenidos en materia de seguridad en Chihuahua y por las acciones emprendidas contra grupos delictivos.

ANAC refrenda respaldo a Maru Campos

Mauricio Tabe reiteró el respaldo institucional de la ANAC a la gobernadora de Chihuahua y destacó que continuará acompañada por gobiernos municipales panistas que reconocen su estrategia de seguridad y combate a la delincuencia.

Por su parte, el presidente municipal de Delicias, Chihuahua, Jesús Valenciano, se sumó al apoyo hacia Maru Campos y afirmó que el debate debería centrarse en los resultados obtenidos contra el crimen organizado, como el desmantelamiento de un narcolaboratorio que evitó la distribución de millones de dosis de metanfetaminas.

El edil sostuvo que desde el Gobierno federal se intenta desviar la atención de los señalamientos realizados contra actores políticos vinculados con Morena y pidió que las autoridades prioricen las investigaciones y el combate a la inseguridad.

Finalmente, tanto Mauricio Tabe como Jesús Valenciano coincidieron en que el Gobierno federal debe concentrarse en fortalecer la seguridad y garantizar tranquilidad para la población de Chihuahua y del resto del país.

Sin embargo, y esto debe resultar muy deshonroso para el obradorismo, existen cientos de testimonios públicos que han dado cuenta sobre la indignante intervención del Cártel de Sinaloa en las elecciones estatales de ese año; desde reportajes aparecidos en la prensa local hasta declaraciones hechas por los propios rivales de Rocha. Es decir, lo que ha hecho recientemente el departamento de Justicia de Estados Unidos no ha sido más que confirmar lo que había sido ampliamente difundido.

Otro hecho que ha omitido Sheinbaum –o tal vez lo desconozca– es que la hermana de Enrique Inzunza, el inculpado y antes secretario de gobierno de Rocha, es hoy miembro del consejo del instituto electoral de Sinaloa. Es decir, el clan Rocha-Inzunza no solamente ha ocupado destacados cargos públicos como la gubernatura del estado y una senaduría, sino que está incrustado en los organismos electorales locales.

¿No fue acaso la propia Claudia Sheinbaum la que inició su carrera pública con su protesta, en su momento, tal vez legítima, en contra del supuesto fraude electoral de 2006 cuando ganó Felipe Calderón? ¿Qué pensaban los obradoristas de la resolución de un tribunal electoral? ¿No había mandado AMLO al diablo las instituciones? ¿Por qué ahora le otorgan legitimidad pública a unas autoridades locales que avalaron, ante los ojos de toda una nación, y principalmente frente a los sinaloenses, una elección operada por el crimen organizado? ¿Cómo pueden sostener un discurso de supuesta superioridad moral cuando han quedado al descubierto las trapacerías del gobierno de un estado?

Hoy, ante lo evidente, la presidenta y los obradoristas incluyen entre sus argumentos para defender a Rocha el respeto del “Estado de derecho” y las resoluciones de los tribunales electorales, cuando ellos en 2006, lejos en aquel momento de soñar con llegar a la cima, repudiaban ferozmente a unos magistrados que estaban cooptados por los intereses de lo que AMLO llamó la mafia del poder.

La petición fue presentada por la agrupación política nacional "Libres”, la cual señala en el documento que Sinaloa atraviesa una crisis de gobernabilidad tras los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Piden al Senado analizar la desaparición de poderes en Sinaloa

El miércoles 13 de mayo de 2026, la Comisión Permanente del Senado recibió una solicitud de la agrupación “Libres” para analizar una posible desaparición de poderes en Sinaloa.

El documento, remitido a la legisladora Laura Itzel Castillo Juárez, señala que los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo de Sinaloa están bajo control de grupos del crimen organizado.

Según “Libres”, Rubén Rocha Moya habría pactado la obtención de su cargo con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Esto se basa en un señalamiento documentado en un expediente criminal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, el cual acusa al gobernador con licencia de nexos con el crimen organizado.

La petición apela a la fracción V del artículo 76 constitucional, la cual otorga al Senado la facultad para reconocer una ruptura en el orden legal de las entidades federativas.

La organización “Libres” precisa que esta facultad es declarativa y busca activar una intervención federal que garantice la estabilidad y el respeto a la carta magna en Sinaloa.

Con ello, se buscaría convocar a nuevas elecciones y así definir a un nuevo gobernador para la entidad.

El senador hizo referencia a los acontecimientos registrados en las últimas horas, así como a diversos posicionamientos realizados por funcionarios estadounidenses y publicaciones de medios internacionales relacionadas con la seguridad y la relación bilateral entre ambos países.

También mencionó declaraciones emitidas por el titular de la DEA y por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, particularmente respecto a expresiones relacionadas con acciones de “limpieza” en ciudades, tema que consideró preocupante dentro del actual contexto político y diplomático.

Clemente Castañeda advierte sobre un contexto delicado para México

El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que las señales registradas en las últimas semanas deben poner en alerta máxima al Estado mexicano, al considerar que existe un escenario delicado que requiere respuestas institucionales firmes y coordinadas.

Indicó que, desde su perspectiva, las reacciones de la clase política han sido limitadas frente a la gravedad del contexto internacional y mencionó que diversos medios como CNN, Los Angeles Times y The New York Times han publicado información relacionada con posibles escenarios de intervención estadounidense en territorio mexicano.

Castañeda sostuvo que cualquier tipo de intromisión extranjera en asuntos internos de México es inaceptable; sin embargo, afirmó que la defensa de la soberanía nacional debe realizarse mediante instituciones sólidas y con apego a la ley.

Asimismo, consideró que el discurso sobre soberanía no debe utilizarse como argumento para evitar investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

El senador también señaló que parte de la retórica del gobierno estadounidense podría estar relacionada con el contexto electoral en aquel país, aunque advirtió que eso no minimiza la relevancia de las señales políticas y diplomáticas actuales.

Clemente Castañeda critica evasivas ante tensión bilateral

Durante su intervención, el coordinador parlamentario reprochó que, en lugar de enfrentar el tema con seriedad, se hayan generado distractores y evasivas frente a la situación bilateral con Estados Unidos.

En ese sentido, pidió a la mayoría legislativa respaldar la solicitud realizada por Movimiento Ciudadano para que la Fiscalía General de la República avance en las investigaciones relacionadas con los señalamientos públicos contra diversos funcionarios.

Castañeda advirtió que negar o minimizar las acusaciones podría generar mayores presiones internacionales y dar argumentos para que Estados Unidos incremente su participación en temas de seguridad relacionados con México.

Además, exhortó al Gobierno federal, a la Presidencia de la República y a las instituciones encargadas de procuración de justicia a actuar con responsabilidad y evitar descalificaciones frente a quienes expresan opiniones distintas sobre el tema.

Finalmente, cuestionó que el Senado de la República aún no haya instalado las comisiones bicamerales de Seguridad y de Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente, al considerar que ambos órganos deberían mantenerse sesionando de manera constante ante el contexto actual.

Esto luego de que Luis Guillermo Benítez, quien se considera un “perseguido político” del gobierno del estado, asegurara que el gobernador en licencia está oculto en el edificio de gobierno.

Sin embargo, Yeraldine Bonilla aseguró que se trata de una versión falsa y resaltó que “se encuentra muy bien”.

Rocha Moya está en su casa, asegura Yeraldine Bonilla

Yeraldine Bonilla aseguró que Rubén Rocha Moya no se encuentra dentro de Palacio de Gobierno de Sinaloa como señaló el morenista Luis Guillermo Benítez.

Asimismo, resaltó que el gobernador en licencia “se encuentra en su casa” y se encuentra “muy bien”.

“Es falsa la información. Él se encuentra en su casa, él se encuentra muy bien…El gobernador con licencia se encuentra muy bien”

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Cabe señalar que la ubicación de Rubén Rocha Moya se mantiene como desconocida desde que solicitó la licencia a su cargo; sin embargo, el gobierno federal ha asegurado que se encuentra en el país.

Esto en el marco del señalamiento de la Fiscalía de Nueva York solicitara al gobierno de México la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición.

Rocha Moya está en Palacio de Gobierno o en Cuartel del Ejército, señalaban rumores

Debido a que la ubicación de Rubén Rocha Moya se ha mantenido en la secrecía, en Sinaloa han surgido rumores sobre su paradero.

De acuerdo con Luis Guillermo Benítez, en Sinaloa se cree que el gobernador con licencia puede estar bajo custodia en:

• Palacio de Gobierno
• Cuartel del Ejército en Culiacán

Asimismo, señaló que, más que estar bajo custodia para cuidar que no escape, lo está para que no haga declaraciones que podrían “estremecer al estado”.

“Originalmente mucha gente pensaba que era para cuidarlo, para que no escapara. La realidad es que está cercado precisamente para que no diga, si sale a hablar, se va a estremecer el estado”

Luis Guillermo Benítez

Desde el fondo del Salón Tesorería se escuchó la pregunta, más o menos así: “¿Qué haría el gobierno si las autoridades estadounidenses vinieran por Rubén Rocha Moya?” La presidenta Claudia Sheinbaum respiró y dijo: “Eso no va a pasar, no debe pasar”, y a la siguiente pregunta.

El cuestionamiento fue incómodo. Hace apenas dos semanas parecería fuera de toda proporción, pero hoy es un escenario que debe plantearse con seriedad en las reuniones de seguridad nacional e inteligencia del Estado mexicano.

Antecedentes hay. El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por violentar diversas normas del derecho internacional y de la diplomacia. Fue por Nicolás Maduro e inició una guerra que se le salió de control en Irán. En el ocaso del gobierno de Joe Biden, la inteligencia estadounidense coordinó y, tal vez, ejecutó la operación para capturar y trasladar al Mayo Zambada.

¿Por qué Estados Unidos recurriría a una acción de esta naturaleza con su principal aliado comercial? ¿Quién haría el operativo y cómo sería? Son algunas de las preguntas que la inteligencia mexicana debería estarse planteando en estos momentos.

A estas alturas, es obvio que la petición de aprehensión con fines de extradición de Rocha Moya era una solicitud directa al gobierno mexicano para que actuara en contra de los 10 indiciados por la justicia estadounidense. Como establece la ley y los tratados suscritos por México, la Secretaría de Relaciones Exteriores la turnó a la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía dijo que no consideraba que los elementos enviados fueran suficientes para conceder la aprehensión con fines de extradición y pidió más pruebas al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, dijo que iniciará su propia investigación al respecto.

Si la Fiscalía General de la República resuelve que no hay elementos suficientes para otorgar la aprehensión con fines de extradición o bien que, en su propia investigación, no encuentra presuntos responsables de algún delito, para México el caso estaría cerrado.

Para Estados Unidos, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y los otros ocho políticos y servidores públicos sinaloenses serían prófugos de la justicia estadounidense. En el mejor de los escenarios para los inculpados, ahí quedaría el asunto y a otra cosa mariposa.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos podría insistir en su petición, o bien aumentar la presión diplomática, política y comercial, o incluso poner en marcha algún operativo para capturarlos y presentarlos ante la justicia estadounidense.

Probablemente, primero Estados Unidos ofrecería una recompensa por ellos, lo que los pondría en la mira de contratistas de seguridad o de cazarrecompensas. O bien, pondría en marcha una operación para incursionar, capturarlos y trasladarlos a suelo estadounidense, con una clara violación a nuestra soberanía.

En este escenario extremo, que no debe ocurrir, que resulta indeseable, pero que ya no puede descartarse, ¿qué haría el gobierno mexicano? ¿Rompería relaciones comerciales? ¿Cerraríamos nuestra frontera? ¿Retiraríamos a nuestro personal diplomático de la embajada y de los 53 consulados? ¿Acudiríamos a la ONU y a la Corte Penal Internacional?

Obviamente, en público no puede aceptarse ninguna de estas posibilidades, pero los organismos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano deben tener claro que uno de los escenarios, para evitar que sean capturados y trasladados a Estados Unidos, sería que las autoridades mexicanas los retuvieran y dar tiempo al tiempo.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.

Han recurrido consistentemente al discurso de las “pruebas”, en un torpe intento de hacer parecer las acusaciones del distrito sur de Nueva York como un documento vacío de contenido que pueda ni siquiera sugerir la culpabilidad de Rocha. Lo que no dicen a la opinión pública es que el momento procesal correcto para la presentación de los indicios tendría lugar, a la luz del tratado, en un periodo posterior a que haya sido enviado el sujeto hacia el país que lo ha requerido.

La sospecha más presente entre los analistas y medios de comunicación es la idea de que personajes de Morena se hubiesen beneficiado del dinero aportado a sus campañas por parte del gobernador Rocha, quien fue, de acuerdo a testimonios públicos, a la demanda presentada ante la OEA y al propio Departamento de Justicia, beneficiado por la intervención del Cártel de Sinaloa en 2021.

Rocha, una vez instalado en el gobierno de su estado, habría utilizado recursos, de la entidad o del propio crimen organizado, para el financiamiento de candidatos en la elección de 2024; desde gobiernos locales, diputaciones o hasta las más altas esferas de las administraciones estatales y federal.

De allí derivaría –se estima- la defensa cuasi institucional llevada a cabo por Morena para evitar, a toda costa, que el caso de Rocha avance y así incrementen las probabilidades reales de que sea efectivamente extraditado a Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum se ha colgado del gran distractor de la semana pasada, a saber, la presencia de Isabel Diaz-Ayuso en México y el trasnochado debate sobre Hernán Cortés, para restar importancia al hecho mismo de que el gobierno federal del principal socio comercial de México ha acusado a destacados miembros del morenismo de tener vínculos con el crimen organizado.

¿Será que algunos temen que el caso de Rocha destape la red de corrupción y lazos con el Cártel de Sinaloa de personajes del partido oficial? ¿O se tratará, como dicen ellos, de argumentos técnicos para hacer valer la soberanía nacional? ¿Quién se habrá beneficiado en 2024 de los apoyos financieros y “logísticos” aportados por el Cártel de Sinaloa a la campaña de Rubén Rocha?

En el posicionamiento, Acción Nacional criticó al Gobierno federal por, presuntamente, encubrir al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras impulsa señalamientos contra una mandataria de oposición. El PAN afirmó que Chihuahua ha mostrado resultados en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

PAN acusa a Morena de intentar desacreditar a Maru Campos pese a resultados en seguridad

El PAN sostuvo que las acciones emprendidas por el gobierno de Maru Campos han dado resultados en el combate a la delincuencia, particularmente tras el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes detectados en el país.

El partido calificó como falso el discurso de soberanía nacional promovido por Morena y acusó a la fuerza política de construir un “espectáculo mediático” para desacreditar a la gobernadora de Chihuahua.

Además, subrayó que Maru Campos “no está acusada de ningún delito” y señalaron que las críticas responden a su estrategia de seguridad y al combate contra grupos criminales.

En el comunicado, Acción Nacional aseguró que Chihuahua rechaza modelos de gobierno que, según afirmaron, han permitido el crecimiento de la violencia y la infiltración del crimen organizado en entidades gobernadas por Morena como Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Colima, Michoacán y Guerrero.

PAN revive señalamientos contra Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa

El PAN también retomó las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez y otros funcionarios de Sinaloa, señalando presuntos vínculos con el crimen organizado durante el proceso electoral de 2021.

Según Acción Nacional, dichas acusaciones incluyen señalamientos relacionados con violencia, amenazas, coacción y presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral.

Asimismo, mencionaron al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien fungió como coordinador de campaña de Rocha Moya, así como a Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena.

El partido sostuvo que la solicitud de juicio político contra Maru Campos busca distraer la atención pública de los señalamientos hacia gobiernos emanados de Morena.

Finalmente, el PAN indicó que continuará atento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, y reiteró su respaldo a las acciones del gobierno estatal en materia de seguridad.

Si el gobierno norteamericano demanda la entrega de un mandatario, México tiene todo el derecho de exigir la extradición del ex gobernador tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca quien, desde septiembre de 2022, salió huyendo del país escapando de la justicia mexicana, refugiándose en McAllen, Texas, en donde vive sin ser molestado y presumiendo el ganado brahmán que tiene en sus ranchos, como lo publicita en las redes sociales.

Cabeza de Vaca no es un perseguido político, como pretende venderse en campañas mediáticas para evitar su extradición. Su expediente público está marcado por acusaciones graves de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, que lo llevaron a ser desaforado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021, siendo salvado mañosamente al día siguiente, por la bancada del PAN en el Congreso de Tamaulipas.

Vivillo, huyó de México antes de concluir su mandato y perder el fuero. Desde entonces utiliza su doble nacionalidad para evitar comparecer ante la justicia mexicana. No escapó por razones ideológicas; se autoexilió porque sabe que las imputaciones están documentadas.

Incluso, se han documentado contratos por cerca de 500 millones de pesos, entre 2017 y 2018, entregados a “JOSER” y “PERMART”, empresas de sus amigos de Reynosa, los hermanos Sergio y Julio Carmona Angulo, quienes financiaron la campaña gubernamental de Cabeza de Vaca en 2016.

Junto con pegado, el historial político de Cabeza de Vaca, fichado por robo de autos en su juventud por las autoridades texanas, dista de ser ejemplar y lo pinta como un delincuente electoral.

Fue sancionado por violar la veda electoral, durante la Consulta Popular, que propició una inédita amonestación pública del Congreso del Estado, el 29 de septiembre de 2021, derivada del expediente SER-PSC-169/2021. También fue multado por el Instituto Electoral de Tamaulipas, con $96,220 pesos, por violar la neutralidad política y desviar recursos públicos para favorecer al candidato del PAN a la gubernatura, en la sesión del 8 de junio de 2022.

Jugando sus últimas cartas, Cabeza de Vaca fue registrado por el PAN de Marko Cortés, como el número uno en la lista de candidaturas a la diputación federal por la segunda circunscripción, en busca del fuero, no obstante vivir en Texas. Una jugada política que solo se explica cuando se desenfunda la cartera para comprar inmunidad procesal.

Morena impugnó y la Sala Superior del TEPJF tiró su candidatura, al considerarlo prófugo de la justicia, con base en el artículo 38 constitucional, de acuerdo al SUP-RAP-102/2024, de la ponencia de la magistrada Janine Otálora Malassis, resuelto en la sesión celebrada el 17 de abril de 2024.

Pero la elección judicial de 2025, provocó la caída de la vieja estructura que protegió al ex mandatario tamaulipeco.

Recientemente, la ministra Lenia Batres Guadarrama logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidara el amparo que lo blindaba contra las órdenes de aprehensión. Asimismo, el Tribunal de Disciplina inhabilitó a Juan Fernando Alvarado López, el juez que lo protegió con amparos. El mensaje es contundente: su andamiaje de impunidad ya no existe.

El pasado 16 de febrero, diversos medios de comunicación consignaron que, a través de la Cancillería, el Gobierno Mexicano pidió su extradición. Resta esperar que, poniéndose el judogi, la diplomacia mexicana logre que Cabeza de Vaca pise el territorio nacional para ser juzgado.

Un apunte final. Mientras que en Sinaloa el priista Quirino Ordaz Coppel, no cargó los dados de su gobierno a favor de Mario Zamora Gastélum, como se constata en la amplia diferencia de 24.1 puntos porcentuales (264,912 votos), que le sacó Rubén Rocha Moya al candidato del PAN, PRI y PRD, en Tamaulipas sucedió todo lo contrario.

Francisco García Cabeza de Vaca metió las manos y el dinero de su gobierno para evitar a toda costa el triunfo de Américo Villarreal Anaya. Por eso fue multado y su nombre está inscrito en el catálogo de sujetos sancionados del Instituto Electoral de Tamaulipas y del Tribunal Electoral federal.

Por cierto: ¿por qué razón el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas no impugnó ante la Sala Superior el veredicto del Tribunal Electoral de Sinaloa en agosto de 2021, que confirmó el triunfo de Rubén Rocha Moya?

Aída Inzunza Cázarez fue la magistrada ponente. ¿Le suena el apellido? Las irregularidades denunciadas afectaron solamente a 23 de las 4,986 casillas instaladas (0.46%) en el estado.

Por medio de un comunicado, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, asegura que Morena busca desacreditar constantemente Maru Campos pese a que no existe una sola acusación formal en su contra.

Ataque que responde al actuar de la gobernadora de Chihuahua, acusada por Morena de faltarle a la soberanía nacional y la Constitución al permitir la intervención de agentes de la CIA en un operativo militar contra el narcotráfico.

Acción que la dirigente estatal asegura forma parte de una estrategia frontal de combate al crimen organizado e inversión en seguridad.

Por lo que condena que la oposición insista en llevar a cabo un juicio político e incluso de desafuero para evitar hablar de los señalamientos existentes contra sus propios perfiles políticos.

“Los ciudadanos no son tontos y no se les puede engañar”

Daniela Álvarez Hernández. Presidenta estatal del PAN

PAN acusa a Morena de politizar la soberanía nacional para proteger a Rubén Rocha Moya

El diputado panista, Alfredo Chávez Madrid, respalda lo dicho por la funcionaria, asegurando que Morena intenta convertir el debate público en una cortina de humo para evitar responder sobre el caso de Rubén Rocha Moya.

Así como quiere politizar la soberanía nacional para proteger a integrantes que tienen nexos con el crimen organizado.

Asegurando que Chihuahua no será como Sinaloa, advierte que las instituciones no serán tomadas por organizaciones criminales y defiende la cooperación institucional con autoridades estadounidenses en material nacional.

Señala que trabajar coordinadamente para combatir al crimen no representa una traición a la patria.

Por su parte, Jorge Soto recuerda que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta sobre el operativo que tuvo lugar el 19 de abril en el Municipio de Morelos, cuyos delitos cometidos corresponden al ámbito de la delincuencia organizada federal, reitera:

“Morena no representa una defensa de la soberaría nacional sino una postura política para responder a los señalamientos que hoy enfrenta en materia de seguridad y crimen organizado”

Jorge Soto. Diputado del PAN

Omar García Harfuch rechazó que el Gabinete de Seguridad esté investigando a Rubén Rocha Moya porque no hubo conducta que los llevara a eso.

SRE pidió a Estados Unidos las pruebas que inculpan a Rubén Rocha Moya

Roberto Velasco, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue cuestionado sobre el caso de Ruben Rocha Moya y su vinculación con el Cártel de Sinaloa, según Estados Unidos.

En la conferencia del pueblo, Velasco aseguró que a través de la embajada de México en Washington pidieron las pruebas a Estados Unidos, pero “no las han enviado”.

“Estamos esperando la respuesta del departamento de estado. Hasta el momento no han mandado las pruebas”.

Roberto Velasco, titular SRE.

Velasco compartió que la solicitud la realizó a través de una “nota diplomática”.

México no investiga a Rubén Rocha Moya: Harfuch

México está en espera de que Estados Unidos envíe las pruebas que incriminan a Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, pues el gobierno no tiene motivos para comenzar una investigación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, aseguró que el gabinete no desarrolla investigación sobre Rocha Moya, pues cuando ellos no detectaron ninguna conducta ilícita en el gobernador con licencia.

“En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad (...) nunca hubo un impedimento para que el gabinete de seguridad desarrollara sus actividades”.

Omar García Harfuch, titular SSPC.

“En partido Morena haremos valer la ley y la voluntad popular expresada en las urnas”.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Junto al mensaje del PAN de este lunes 11 de mayo, Ariadna Montiel señaló que el PAN sólo está mostrando el golpismo mediático, así como la injerencia extranjera.

Y esto con el único fin de desacreditar a Morena y su proyecto, a quienes el PAN señaló de estar vinculados al crimen organizado durante su conferencia en la Cámara de Diputados.

Ariadna Montiel recuerda al PAN caso García Luna tras adelantar denuncia

Mediante redes sociales, Ariadna Montiel respondió al PAN y legisladores en sus acusaciones contra Morena y recordó dos casos, entre ellos el de Genaro García Luna.

La dirigente nacional de Morena aseguró que los gobiernos del PAN son de las etapas más corruptas y cuestionadas de la política mexicana.

Esto debido a los casos de Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos, así como de Ricardo Anaya, actual coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado.

Ariadna Montiel afirma que sólo se trata de golpismo mediático, aunque el PAN en conferencia rechazó que estén utilizando las acusaciones como espectáculo.

Y agregó, apuestan a la injerencia extranjera para desacreditar a Morena y su proyecto respaldado por millones de mexicanos.

Ariadna Montiel termina su mensaje con la afirmación de que en Morena harán valer la ley y voluntad popular expresada en las urnas, sin dar más explicaciones de este punto.

PAN afirma que no caerá en distractores de Morena

De momento, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, no ha dado respuesta a Ariadna Montiel, así como ningún otro legislador del partido presente en su conferencia de prensa.

Sin embargo, Ricardo Anaya afirmó que Morena está buscando cambiar la conversación de Rubén Rocha Moya, aunque advierte que el PAN no caerá en su juego.

A su vez, el senador mencionado por Ariadna Montiel acusó que los distractores que Morena busca crear abarcan los cambios en el ciclo escolar por el Mundial 2026.

“Anunciarles que en este momento presentamos formalmente ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la denuncia de juicio político contra el ciudadano Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional con licencia del estado de Sinaloa”.

Homero Niño de Rivera, diputado del PAN

Tal como informaron a medios los diputados Elías Lixa y Homero Niño de Rivera del PAN, la denuncia contra Rubén Rocha Moya fue firmada por ambos coordinadores.

Asimismo, esperaban la ratificación de la denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, como señalaron posteriormente en conferencia de prensa.

PAN pide juicio político contra Rubén Rocha Moya por acusaciones de Estados Unidos

La Secretaría General de la Cámara de Diputados recibió la solicitud de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya la tarde de este lunes 11 de mayo, de parte del PAN.

El escrito fue firmado por los coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, y en el Senado, Ricardo Anaya, a nombre de todos los legisladores de Acción Nacional.

Elías Lixa explicó a su vez que esperan la ratificación de la solicitud de juicio político, ya que afirma, Rubén Rocha Moya violó gravemente la Constitución.

Al respecto, el panista señala que Rubén Rocha Moya habría permitido la intervención del crimen organizado en las elecciones e incumplió su deber ante Sinaloa.

Sin embargo, conferencia de prensa, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, también afirmó que harán uso de todos los recursos disponibles para denunciar a Rubén Rocha Moya.

Agregó que no buscan hacer espectáculo, ya que la Constitución les daría la razón para que Rubén Rocha Moya sea sometido a juicio político para ser inhabilitado.

PAN alista denuncia también ante la Corte Penal Internacional contra Rubén Rocha Moya

Aunado a la denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya ante el Congreso, Jorge Romero adelantó que el PAN también se presentará ante la Corte Penal Internacional.

El dirigente del PAN explicó que no sólo abarcará la asociación contra el crimen organizado, también por delitos de lesa humanidad en contra de Morena.

Jorge Romero también señaló que el próximo lunes 18 de mayo, el PAN presentará ante la Comisión Permanente la solicitud para la desaparición de Poderes en Sinaloa.

Afirma que las causales fueron actualizadas para solicitar la desaparición formalmente, por lo que el PAN espera que los grupos parlamentarios de oposición se sumen.

“No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir, además no creemos que vaya a ocurrir”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 11 de mayo de 2026, la presidenta aseguró que el gobernador con licencia se encuentra en Sinaloa y que el caso debe resolverse como un asunto jurídico, no político.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum acusó que existen rumores y propaganda para magnificar la acusación contra Rocha Moya en Estados Unidos y reiteró que la soberanía de México debe prevalecer frente a presiones externas.

Sheinbaum asegura que Rocha está en Sinaloa

Claudia Sheibaum dijo que se puede ubicar a Rubén Rocha Moya y que él se encuentra en Sinaloa.

“Sí… él está en Sinaloa… él mismo podría informar… pero no hay esta cosa ¿y a donde está? ahora ya se escapó”

Claudia Sheinbaum

Así lo dijo ante especulaciones sobre su probable escape o extracción por Estados Unidos al estilo Nicolás Maduro y tras un ataque que se hizo a una propiedad en la que vivía años atrás.

Sheinbaum dijo que hay mucha propaganda y mentiras, sobre todo en redes sociales y algunos periódicos. Acusó que se quiere generar un ambiente de rumores para dar una mayor dimensión a los asuntos.

Claudi Sheinbaum señala caso Rocha como un asunto jurídico

Claudia Sheinbaum insistió que se requieren pruebas y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó la solicitud a Estados Unidos.

Ante dichos sobre un ataque político desde Estados Unidos, dijo que tiene que ver con la soberanía de México.

No obstante, en otro momento de su conferencia mañanera dijo que habrá elecciones en Estados Unidos en noviembre pero se debería mantener al margen en tema México.

Durante su conferencia matutina de este 11 de mayo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que Rubén Rocha Moya actualmente se encuentra en Sinaloa.

“Él está en Sinaloa”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Incluso adelantó que el gobernador con licencia, de 76 años de edad, en su momento lo saldrá a decir al igual que los 9 funcionarios que también están involucrados.

“Él está en Sinaloa y él mismo podrá informar, al igual que las 9 personas podrán informarlo”, agregó.

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La revelación llega tras aclarar que la propiedad baleada que fuera del gobernador, está abandonada desde hace una década.

Sheinbaum califica como “propaganda política” información difundida sobre Rubén Rocha Moya

El fin de semana una propiedad en Culiacán de Rubén Rocha Moya, fue baleada.

Esto generó nuevos rumores sobre una fuga de Rubén Rocha Moya y su colaboración con el crimen organizado por lo que Sheinbaum buscó desmentir lo que calificó “una propaganda política”.

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, aclaró que él se encuentra en Sinaloa y que la propiedad no la habita desde hace diez años.

Posteriormente señaló que la información que difunden algunos medios de comunicación que van en contra del funcionario y de la Cuarta Transformación es “propaganda política”.

“Hay mucha propaganda. Que es propaganda, no es información; hay que diferenciar. Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política. Hay muchos que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero dan información. Hay mucha mentira en las redes y mucha propaganda en las redes”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Insistiendo que todo lo negativo que se dice sobre el Gobierno de México y su partido es “propaganda”, reprobó que se cree un ambiente de rumores que tienden a promover la idea que que hay más problemas de los que en realidad existen.

Reportes preliminares señalaron que la casa de Rubén Rocha Moya se encontraba deshabitada desde hace más de 10 años; hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o detenidas.

Cabe mencionar que el atentado contra la antigua casa de Rocha Moya se da luego de que la Fiscalía de Nueva York señalara al gobernador, ahora con licencia, de vínculos con el crimen organizado.

Atacan antigua casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán; llevaba 10 años deshabitada

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó que la antigua casa de Rubén Rocha Moya en Culiacán fue baleada, lo que desató la presencia de elementos de seguridad estatales y federales.

En el lugar, autoridades localizaron múltiples impactos de bala en la fachada de la vivienda, así como decenas de casquillos percutidos esparcidos sobre la calle y banquetas cercanas.

Según reportes locales, la residencia llevaba varios años deshabitada. El inmueble habría sido utilizado por Rocha Moya como domicilio particular durante más de tres décadas, incluso desde su etapa como rector de la UAS.

Vecinos de la colonia señalaron haber escuchado ráfagas de armas de alto poder, lo que provocó temor entre habitantes de la zona residencial y se resguardaron mientras se desplegaba el operativo de seguridad.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil de la agresión y dar con los responsables. Las autoridades no han confirmado si el atentado estaría relacionado directamente con el exmandatario.

La dicotomía y contraposición así expuesta resulta clara, pues divide a los justiciables entre protegidos y perseguidos; una especie de taxonomía entre la visión de amigos y enemigos que promulgaba Carl Schmitt en su manera de entender la política, y quien cursó por las filas del nazismo por un periodo breve.

Tiene semejanza con aquélla, la contrastante actitud y posición del gobierno de cara al camino seguido para procesar, en Estados Unidos, al exsecretario de seguridad en el gobierno calderonista, García luna, con el que ahora se asume con Rubén Rocha Moya; en un caso el gobierno mexicano festinó los señalamientos y la condena que se le aplicó por parte del vecino del norte, mientras en el otro resiste su extradición y asume una defensa de esa causa, mal disfrazada en el culto a la soberanía nacional.

El enemigo condenable, el amigo imbatible (incluso el hermano en la expresión del más reciente expresidente de la República), sintetizan la visión dicotómica que se asume. Desde luego es un enfoque faccioso y maniqueo.

El coro que se emitió a favor de Rubén Rocha Moya en el escenario de la crisis de 2024, después de que ocurriera la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López en territorio norteamericano gracias a su misterioso viaje por avioneta desde la frontera mexicana, que orquestara la voz de mando del entonces presidente López Obrador con la consigna… “no estás solo, no estás solo…“, replica con fuerza y capacidad protectora hasta el momento actual; este fue un grito de advertencia para señalar que los cercanos y asociados al gobierno son sujetos de un trato especial, muy lejos de considerar la gravedad delictiva de sus actos, distante de advertir que hablando de gritos y consignas apareciera otro que señalaba… “fuera Moya, fuera Moya…“; pero el manto protector del oficialismo ya había sido desplegado a favor de su persona. En efecto, Moya sigue sin estar solo, goza de cobertura y de protección; consecuente con ello indigna al oficialismo el reclamo norteamericano sobre su extradición, misma que combate retóricamente con la alusión a una soberanía nacional degradada al nivel de protección interna inimpugnable para cubrir a presuntos delincuentes, por más que las evidencias internas señalen su culpabilidad.

No importan los antecedentes que llevaron a Moya al gobierno de Sinaloa, ni tampoco las escandalosas cifras de su gestión en materia de seguridad, del cierre de medianos y de pequeños negocios sometidos a la extorsión, tampoco respecto de los actos de violencia e intimidación a la sociedad y de la exigencia del pago de cuotas por protección a los distintos establecimientos.

Imposible borrar en la narrativa el cúmulo de sucesos asociados al arribo de Rocha Moya al gobierno del estado en el año 2021; en ese proceso, el Cártel de Sinaloa emergió como operador electoral implacable e incontenible para hacer uso de medios ilegales y violentos para asegurar la victoria del entonces candidato de Morena; el menú de acciones emprendidas sumó secuestros, amenazas, robo de urnas, llamadas de advertencia para inhibir y desterrar el voto a favor de la otra opción.

Los hechos fueron conocidos y consignados en la impugnación que presentó el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, pero sus elementos fueron desestimados por las autoridades electorales. Sin embargo, el valor de ese testimonio es inconmensurable, pues consignó los vínculos que edificó desde su campaña el gobierno sinaloense con cárteles de la droga, lo que anticipó una confabulación que fue más allá de lo electoral, pues se consolidó a lo largo de toda la administración rochista. La negociación se hizo clara: intercambiar el apoyo suscrito para acceder al poder por parte de ese gobierno, con la reciprocidad de amplias concesiones y facilidades al narcotráfico para que realizara acciones ilegales sin ser molestado.

Así, cuando ahora se pide por parte del gobierno norteamericano la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se encuentra en el documento de petición muchos de los eventos de aquellos comicios de 2021, se expone de forma contundente que lejos de tratarse de la contingencia de un hecho aislado, acredita el origen de un pacto vigente durante estos cinco años y que ha sometido a la población a una brutal violencia, y que también ha sido factor en el trasiego de drogas a los Estados Unidos, por lo que dejó de ser un asunto meramente doméstico para convertirse en uno de carácter internacional.

Pero esa transmutación de lo nacional a lo internacional solo ha sido posible por la pasividad de las autoridades mexicanas. Por esa razón nuestros vecinos promueven el enjuiciamiento, en su país, de quienes, a todas luces, han sido operadores tolerados del narcotráfico. ¿Viola la petición de extradición de los presuntamente involucrados en el narcotráfico la soberanía nacional?, lo que viola la soberanía nacional es la incompetencia o complicidad de las autoridades mexicanas para detener y procesar a la delincuencia conforme a la ley.

En efecto, la soberanía tiene una doble dimensión, hacia el exterior implica la igualdad jurídica entre las naciones, la resolución pacífica de las controversias y la observancia del derecho internacional para superar diferendos; pero al interior supone la vigencia del orden constitucional como expresión de la voluntad del pueblo, que conlleva a asegurar las libertades, la vida republicana, el régimen democrático, los derechos humanos y el desarrollo social, lo cual es contrario al dominio de los poderes arbitrarios en vastas regiones del país como sucede con las organizaciones delictivas en la actualidad; cuando eso ocurre se vulnera la soberanía en agravio de su legítimo detentador, el pueblo.

En la lista de la discusión parece estar la idea de una estrategia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción, que deja intocados a titulares de instancias de gobierno, para centrarse en operadores intermedios y cabezas de organizaciones delictivas. Por increíble que parezca ante la dimensión de las operaciones ilegales realizadas y los recursos que han involucrado, se intenta eximir la conexión de políticos de alto rango, seguramente porque de hacerlo se lastima al gobierno y a su partido.

Así, la soberanía es un aforismo para decir no se metan en los acuerdos internos que tenemos para garantizar la inmunidad de los aliados, conforme a la certeza que otorga la concentración del poder que se ha alcanzado a través de un dominio que toca a todas las instancias, las judiciales, las legislativas y las de procuración. Qué va, Rocha Moya no está solo.

Mienten o tergiversan a su favor una realidad con el objetivo de crear eslóganes propagandísticos, o bien, para esconder razonamientos políticos detrás de argumentos jurídicos.

Las acusaciones lanzadas desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos se enmarcan en acciones contenidas y previstas en el Tratado de Extradición suscrito por ambos países en 1979. Entre otras disposiciones, el documento contempla que alguno de los dos signatarios podrá solicitar la extradición de un criminal, cumpliendo una serie de requisitos tales como la obligatoriedad de que el crimen se encuentre tipificado en ambos sistemas penales, y una vez que las debidas investigaciones han tenido lugar en el país que ha sido objeto del requerimiento.

De igual manera, el Tratado contempla que el gobierno federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, podrá negarse a cumplir con el proceso de extradición si decide que, a través del derecho mexicano, se investigue al individuo sujeto de los señalamientos.

Estados Unidos, en un legítimo ejercicio de su derecho interno, ha solicitado el envío de unos presuntos narcotraficantes con el propósito de que sean juzgados en ese país bajo el derecho penal estadounidense. Lo ha hecho –se estima- ante la inacción del Estado mexicano a pesar de las múltiples evidencias públicas, presentadas ante la Organización de Estados Americanos y la opinión pública, en torno a la activa participación del Cártel de Sinaloa en las elecciones estatales en ese estado en 2021, amén de la complicidad entre las autoridades locales y la organización criminal en la producción y comercialización de las drogas.

El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Justicia, no ha actuado en el caso de Rocha con un propósito injerencista, sino en el ejercicio legítimo de defensa de sus intereses ante el incremento masivo del transporte ilegal de drogas desde México, al amparo del citado acuerdo de extradición suscrito por ambas partes.

Sin embargo, ante la inacción de Sheinbaum, y si la propia jefa del Estado mexicano opta por negar la extradición de Rocha, o alargar el proceso, o simplemente desechar cualquier acción creíble de procesarle en México, el presidente Trump bien podría lanzar acciones que sí constituirían en sí mismas operaciones injerencistas y violatorias del derecho internacional, tales como el posible envío de drones o actividades en tierra para la captura de los políticos mexicanos ligados al narcotráfico.

En suma, hasta el momento Estados Unidos no ha violado la soberanía mexicana en el caso del gobernador de Sinaloa. Los obradoristas lo niegan. Mienten. Sin embargo, ante medidas desesperadas, y si no se ven satisfechos los objetivos de Washington, el panorama podría ser bien distinto.

“Hicimos acusaciones la semana pasada. Es algo que hemos hecho en el pasado, pero ciertamente lo seguiremos haciendo”

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos

Aunque Todd Blanche insistió en que la relación con México es muy positiva en estos momentos, y dejó en claro que las acusaciones contra funcionarios mexicanos continuarán de ser necesario.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad del ingreso de tropas de Estados Unidos a México para combatir a los cárteles, el funcionario indicó que no hay certeza de ello y que en todo caso sería una decisión de Donald Trump.

Todd Blanche anticipa que Estados Unidos presentará más acusaciones contra funcionarios mexicanos

En entrevista con News Nation, el fiscal interino -en reemplazo de Pam Bondi- fue cuestionado sobre cuáles serán las consecuencias para los políticos mexicanos que pudieran tener nexos con los cárteles criminales.

En ese contexto, recordó que, aunque ya se presentaron acusaciones contra 10 funcionarios y exfuncionarios —incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha— el gobierno estadounidense seguirá señalando a más funcionarios.

Blanche comentó que, además de trabajar con varias agencias federales, el Departamento de Justicia también colabora con México y otros países sudamericanos para combatir a los cárteles.

Capos podrían cooperar en detención de funcionarios mexicanos: Todd Blanche

A decir de Todd Blanche, una de las ventajas de tener presos en Estados Unidos a diversos líderes de cárteles es que “algunos de ellos, probablemente, querrán cooperar, y esa cooperación podría derivar en acusaciones adicionales”.

Algunos de los capos mencionados por Blanche, fueron:

• Los Chapitos
• El Chapo
• Ismael “El Mayo” Zambada

La medida estará vigente hasta la audiencia constitucional programada para el 1 de junio de 2026, por lo que, hasta entonces, no podrá ser detenido o extraditado a Estados Unidos.

Junto a otros funcionarios, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha, el gobierno de Estados Unidos ha vinculado al exfuncionario con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos acusó a Gerardo Mérida de vínculos con Los Chapitos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Gerardo Mérida de presuntamente recibir sobornos mensuales de 100 mil pesos por parte de la facción conocida como Los Chapitos.

Asimismo, a Gerardo Mérida se le acusa de facilitar el tráfico de drogas durante su gestión como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa en los periodos de 2023 y 2024.

En respuesta a las acusaciones, el exfuncionario interpuso el recurso correspondiente al juicio de amparo 539/2026, obteniendo la suspensión otorgada por el juez Rafael Linares Rivera.

La medida seguirá en vigor hasta la audiencia constitucional prevista para el 1 de junio de 2026, por lo que, hasta entonces, no podrá ser arrestado ni extraditado a Estados Unidos.

Gerardo Mérida podría pasar varios años en prisión por acusaciones en Estados Unidos

El Departamento de Justicia acusa al exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, de conspirar para:

• Importación de narcóticos
• Posesión de ametralladoras
• Dispositivos destructivos
• Conspiración para traer armamento

Si Gerardo Mérida Sánchez es hallado culpable, podría recibir una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión o incluso cadena perpetua, según la tabla de cargos publicada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Para mí es una cobardía que luego de que una persona entre en un proceso difícil, luego renieguen una relación”

Ricardo Monreal

El diputado por Morena Ricardo Monreal tuvo un encuentro con los medios tras el primer Simulacro Nacional 2026 y expresó que no ha tenido contacto directo con Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa, solicitó licencia tras acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa y la decisión fue respaldada por legisladores de Morena y Monreal exhortó a su partido a no recibir a aspirantes con un “pasado cuestionable”.

Ricardo Monreal llama “cobardes” a quienes le dan la espalda a Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya y Ricardo Monreal son amigos e incluso fueron senadores en la misma gestión, por lo que el diputado considera que es una “cobardía” que le den la espalda en medio de una investigación en su contra.

Ricardo Monreal criticó a quienes se están deslindando de Rubén Rocha Moya o que renieguen de él tras ser señalado de presuntos nexos con una célula delictiva de Sinaloa.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/hQobOeOfld

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 6, 2026

El diputado de Morena mencionó que serán las autoridades quienes determinen su Rubén Rocha Moya ha cometidos delitos relacionados con el narcotráfico.

“Serán las autoridades quienes investiguen, no soy Ministerio Público ni juez y todo eso tendrá que presentarse a la Fiscalía General de la República”

Ricardo Monreal

A pesar de salir en defensa del gobernador de Sinaloa, Ricardo Monreal reveló que no ha tenido contactó con el funcionario.

Ricardo Monreal apoya que Rocha Moya haya solicitado licencia

Rubén Rocha Moya anunció su solicitud de licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras enfrentar una investigación y acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ricardo Monreal ve esta decisión como un acierto e increpó a otros gobernadores a hacer lo mismo ante acusaciones que van en contra de la ley.

“Fue lo correcto. Hizo lo correcto al presentar licencia. Ojalá otras gobernadoras hicieran lo mismo cuando una presunta violación a la constitución”

Ricardo Monreal

Por otro lado, Ricardo Monreal exhortó a Morena a separarse de cualquier aspirante político que tenga antecedentes o vínculos con la delincuencia organizada: “No puede admitir a ninguna persona que tenga pasado cuestionable”.

“Como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político; te ignoraron y te dejaron solo”.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

En redes sociales, la alcaldesa de Uruapan compartió una imagen de Carlos Manzo y señaló que los mecanismos de seguridad en México parecen aplicarse de manera discrecional.

Recordó que Manzo, exalcalde independiente, fue asesinado sin contar con resguardo oficial.

En ese sentido, Grecia Quiroz exigió justicia ante las acusaciones contra Rubén Rocha y otros funcionarios, subrayando que detrás de cada político criminal hay familias destruidas.

Grecia Quiroz cuestiona protección a Rubén Rocha Moya pero dejaron solo a Carlos Manzo

Mediante una publicación en redes sociales, con la foto de Rubén Rocha Moya y Carlos Manzo, Grecia Quiroz expresó su deseo de que al ex alcalde lo hubieran cuidado igual.

Este es el segundo pronunciamiento realizado de parte de Grecia Quiroz sobre las acusaciones de parte de Estados Unidos en contra de quien era el gobernador de Sinaloa.

Esto con referencia al dispositivo de seguridad de rango federal a Rubén Rocha, quien no tiene amenazas en su contra ni solicitó dicha protección.

Por lo mismo, Grecia Quiroz sentenció que los mecanismos de protección no existen en México, o por lo menos, no se sabe cómo y para quién se activan.

Ya que agrega, de haber cuidado de la misma manera a Carlos Manzo, probablemente seguiría como alcalde, junto a su familia para ver crecer a sus hijos.

Sin embargo, Grecia Quiroz acusa que como Carlos Manzo pertenecía a un movimiento ciudadano independiente, lo ignoraron y lo dejaron solo.

Por lo mismo, Grecia Quiroz finalizó su mensaje con la esperanza de que sus ojos “verán caer uno por uno”.

Grecia Quiroz exige justicia ante acusaciones contra Rubén Rocha Moya y funcionarios

El día que se dieron a conocer las acusaciones contra funcionarios de Sinaloa y presuntos vínculos con el crimen organizado, Grecia Quiroz también se pronunció brevemente.

Acorde con su escrito, Grecia Quiroz exigió justicia, ya que detrás de cada político criminal hay esposos asesinados y niños que se quedan esperando, como ocurrió con Carlos Manzo.

Sin embargo, también resaltó que hay madres buscando a sus hijos desaparecidos y mesas que se van quedando vacías, por lo cual, ninguna justicia o ley pagaría tanto dolor.

Pese a esto, Grecia Quiroz señaló que ante las acusaciones contra Rubén Rocha y otros nueve funcionarios, sólo espera que en todo el país se haga justicia.

“Sí, no nos hemos puesto de acuerdo de cuándo, pero sí, por supuesto, hay que seguir ayudando al pueblo de Sinaloa y a la gobernadora interina que nombró el Congreso”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la conferencia del 6 de mayo de 2026, Sheinbaum aclaró que la salida de Rubén Rocha fue una decisión personal y no una imposición presidencial.

La presidenta de México subrayó que la reunión con Yeraldine Bonilla será clave para garantizar estabilidad en Sinaloa y atender las necesidades de la entidad.

Claudia Sheinbaum descarta haber decidio por Rubén Rocha

Claudia Sheinbaum aclaró que la licencia de Rubén Rocha Moya fue una decisión personal y descartó que ella lo haya decidido.

Dijo “depende de él. O sea, imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no”.

De la misma manera dijo que fue decisión personal del alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendivil, haber pedido licencia para dejar su cargo de manera temporal el 1 de mayo.

Claudia Sheinbaum dijo que ante los señalamientos autoritarismo en su gobierno, la decisión de Rocha muestra que ella no es parte del “presidencialismo de la época de las calandrias griegas”.

Ruben Rocha pidió licencia pero no todos han tomado la misma decisión

A pesar de que Rubén Rocha y Juan de Dios Gámez pidieron licencia, quien no ha solicitado licencia es el senador Enrique Inzunza quien este 6 de mayo debería haberse integrado al trabajo de la Comisión Permanente del Congreso pero anunció de ultimo momento que no acudiría.

Los tres forman parte de la lista de 10 personas que Estados Unidos pide detener con fines de extradición.

En conferencia de prensa, Anaya adelantó que el 6 de mayo de 2026 presentarán un documento oficial ante la Comisión Permanente para solicitar juicio político y la desaparición de poderes en la Sinaloa.

Los legisladores argumentaron que las acusaciones contra Enrique Inzunza y Rubèn Rocha cuentan con respaldo de un gran jurado y un juez federal, por lo que deben atenderse de inmediato.

Ricardo Anaya exige detención y juicio político a Rocha Moya e Inzunza por asociación al Cártel de Sinaloa

En conferencia de prensa, los senadores del PAN de la Comisión Permanente, exigieron la detención inmediata de Enrique Inzunza, senador de Morena que es acusado por Estados Unidos de estar ligado al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Anaya que precedió la conferencia, explicó que así como Inzunza, también se debe detener de forma inmediata a Rubén Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Juan de Dios Gámez Mendívil y Gerardo Mérido Sánchez.

El senador recordó que la acusación de Estados Unidos contra los funcionarios públicos de Sinaloa no es a la ligera, argumentando que tuvo aprobación de un gran jurado y un juez federal determinó la detención.

“No perdamos de vista que a Rocha Moya lo investigó un fiscal estadounidense, después un gran jurado autorizó que se judicializara la acusación y finalmente un juez federal giró una orden de aprehensión”.

Ricardo Anaya, senador.

Por otra parte, explicó que hoy ingresarán un documento oficial con la solicitud de juicio político para Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza “y sus cómplices”, para que así no puedan volver a ningún cargo público hasta dentro de 20 años.

A su vez, los senadores del PAN harán oficial la solicitud de desaparición de poderes del estado de Sinaloa, argumentando que así como el narco se metió en las funciones públicas, pudo haber sido en el legislativo, ejecutivo y judicial.

La calificadora advirtió que la incertidumbre institucional y la crisis de seguridad de Sinaloa, que ya provocó el cierre de más de 230 comercios, podrían limitar el acceso a créditos y presionar la liquidez del estado.

Aunque la calificación se mantiene en A.mx, Moody’s México alertó que podría bajar si persisten los riesgos.

Moody’s cambia calificación para Sinaloa; perspectiva es negativa tras caso Rocha Moya

Moody’s compartió la ratificación de las calificaciones crediticias para el estado de Sinaloa y la modificación de su perspectiva financiera.

De acuerdo con el reporte, la perspectiva para el estado pasó de estable a negativa debido al riesgo financiero derivado de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, así como:

• Juan de Dios Gámez , alcalde de Culiacán
• Enrique Inzunza Cázarez, senador por Sinaloa

“El cambio de la perspectiva a negativa desde estable en la calificación del Estado de Sinaloa refleja la evaluación de Moody’s Local México sobre un incremento en el riesgo de acceso a fuentes de financiamiento —en particular, financiamiento bancario de corto plazo — tras la revelación pública de una acusación formal presentada por la Fiscalía Federal de Estados Unidos (Distrito Sur de Nueva York) contra diversos funcionarios del estado, entre los que se menciona al gobernador con licencia del estado por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas”

Moody's

La calificadora señaló que estas acusaciones podrían restringir el acceso a créditos bancarios a corto plazo, por lo que además advirtió que la incertidumbre institucional, así como la limitación de liquidez representan un desafío crítico para su perfil crediticio futuro.

Los señalamientos hechos por la Fiscalía Federal de Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya podrían afectar la percepción de riesgo sobre el entorno institucional del estado.

Esto podría traducirse en “un menor apetito de intermediarios financieros y, por ende, en decisiones sobre el perfil de liquidez del estado”, señaló Moody’s.

Calificación de Sinaloa podría bajar ante presión por caso Rocha Moya

Por otra parte, Moody’s señaló que la calificación de emisor de Sinaloa se mantiene en A.mx, lo que refleja un nivel de endeudamiento total relativamente bajo, así como márgenes positivos y una recaudación de ingresos propios adecuada.

Sin embargo, esta calificación podría bajar ante la presión por el caso Rocha Moya y podría concretarse a la baja en caso de:

• el estado enfrenta limitaciones en el acceso a financiamiento
• se observe un aumento significativo de los pasivos circulantes
• se determinen sanciones al estado de Sinaloa que limiten o anulen su acceso al sistema financiero
• se observen limitaciones en la capacidad institucional para recaudar ingresos propios y/o para contener el gasto
• se deteriore la transparencia institucional

Gobernador de Sinaloa desde 2021 hasta el 1 de mayo de 2026, cuando solicitó licencia tras ser acusado en Nueva York de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, inició su carrera como maestro a los 19 años y fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su trayectoria incluye cargos sindicales, legislativos y federales, consolidándose como figura clave en la política sinaloense y de Morena.

¿Quién es Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya es un académico, escritor y político mexicano de izquierda, militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De 2018 a 2021, se desempeñó como Senador de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, donde presidió la Comisión de Educación.

Rubén Rocha Moya es el gobernador de Sinaloa desde el año de 2021 y fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Asimismo, cuenta con una larga trayectoria académica y política que no se salva de escándalos; como enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y tráfico de influencias.

¿Qué edad tiene Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya nació el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa.

Al momento de la publicación original de esta nota, el gobernador de Sinaloa tiene 76 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya estuvo casado con Socorro Ruiz Carrasco desde el 23 de diciembre de 1973 hasta su muerte el 2 de junio de 2016, causada por cáncer.

El gobernador de Sinaloa todavía recuerda a su esposa con mucho cariño, ya que ha compartido algunas publicaciones en redes sociales donde manifiesta que la extraña.

“El día que te conocí me gané la lotería, no pude haber elegido mejor compañera de vida. Te amo y extraño mi amada Socorro”.

Rubén Rocha Moya sobre su esposa

¿Quiénes son los hijos de Rubén Rocha Moya?

Junto con su esposa, Rubén Rocha Moya tuvo 4 hijos. Se trata de:

1. Eneyda Rocha Ruiz, quien actualmente es presidenta del Sistema DIF Sinaloa y académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
2. José de Jesús Rocha Ruiz
3. Ricardo Rocha Ruiz
4. Rubén Rocha Ruiz

Respecto a la descendencia del gobernador de Sinaloa que presuntamente iba a reunirse con El Mayo Zambada, han sido acusados de enriquecimiento súbito, así como de tráfico de influencias dentro del gobierno del estado.

El medio De Primera Noticias informó que el 14 de mayo del 2009, Rubén Rocha Ortiz, junto con su hermano Ricardo Rocha Ortiz y otras dos personas, constituyeron la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A través de esta empresa es que han logrado licitaciones para la realización de obras para el Gobierno de Sinaloa.

Asimismo, se ha acusado a los hijos de Rubén Rocha Moya de comprar mansiones de gran lujo en zonas exclusivas.

¿Qué estudió Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya estudió para desempeñarse como profesor en Educación Primaria por la Escuela Normal Gral. Plutarco Elías Calles en el año de 1977.

Posteriormente, el gobernador de Sinaloa se licenció en 1989 como profesor de Educación Media en el área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior del Estado de Oaxaca en Liquidación.

Asimismo, Rubén Rocha Moya cuenta con una Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual obtuvo en 1993; y con un Doctorado en Ciencias Sociales que la UAS le otorgó en 2006.

Finalmente, el morenista Rubén Rocha se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 2020, convirtiéndose esta en su segunda carrera profesional.

¿En qué ha trabajado Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya tiene una larga experiencia curricular, tanto en el ámbito académico como político.

Y es que el actual gobernador de Sinaloa desde el 2021 inició su carrera profesional como maestro a los 19 años de edad en la Escuela Primaria Federal Héroe de Nacozari de Plano Oriente, en Ciudad Obregón, Sonora, donde laboró de 1969 a 1972.

Después, trabajó como profesor en la primaria de Carricitos, en Salvador Alvarado, Sinaloa.

A la temprana edad de 20 años, Rubén Rocha Moya fue electo como Secretario General de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización estudiantil, para el periodo de 1968 a 1969.

De 1980 a 1983, Rubén Rocha Moya representó a la base trabajadora como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Sección Académicos.

También, dio clases de física y matemáticas en la Preparatoria de Guamúchil, en donde llegó a ser director a los 5 meses de docencia y con 23 años de edad.

Y donde trabajó para incorporar a la institución al sistema de bachillerato de la UAS.

De diciembre de 1983 a diciembre de 1986, Rubén Rocha Moya fue elegido como diputado local de representación proporcional en la LII Legislatura del Estado de Sinaloa, por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM).

De 1989 a 1992, Rubén Rocha Moya se desempeñó como Secretario General de la UAS, y posteriormente fue elegido rector de la universidad para el periodo 1993-1997.

De 2005 a 2010, fungió como coordinador de Asesores del gobernador Jesús Aguilar Padilla.

En el Gobierno Federal, Rubén Rocha Moya fue Subdirector de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE, de 2013 a 2017.

En el 2017, volvió a ser Coordinador de Asesores, aunque ahora del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Rubén Rocha Moya también fue Coordinador Estatal de Morena en Sinaloa en el 2017 que, junto con el PT y el PES, lo postularon como candidato a senador en las elecciones de 2018, donde resultó ganador.

Finalmente, después de haber sido candidato a gobernador de Sinaloa en tres ocasiones, Rubén Rocha Moya resultó electo para este puesto en 2021.

Ataque contra camioneta de la hija de Rubén Rocha fue intento de robo; abordo viajaba su nieta

La Secretaria de Seguridad Publica de Sinaloa confirmó el 23 de septiembre de 2025 que elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán.

El ataque dejó como saldo a un agente estatal con heridas de gravedad, identificado como el conductor de la camioneta y quien forma parte de la escolta de la hija de Rubén Rocha.

Durante la agresión, dos agentes resultaron lesionados, mientras que la nieta menor de edad de Rubén Rocha salió ilesa junto a los tripulantes de un autobús recibió impactos de bala.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Rubén Rocha Moya

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, presuntamente iba reunirse con El Mayo Zambada

Este sábado 10 de agosto de 2024, se dio a conocer una carta escrita por El Mayo Zambada donde relata que, el día en que fue capturado, presuntamente iba a reunirse con Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, el líder narcotraficante fue emboscado y secuestrado por Joaquín Guzmán López cuando llegó a su presunta cita con el mandatario estatal el pasado 25 de julio.

Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha dado una declaración oficial respecto a estas acusaciones de El Mayo Zambada.

No obstante, resurgió una entrevista con Carlos Loret de Mola en donde el entonces candidato a gobernador refiere que los gobiernos deben coordinarse con el narcotráfico.

BREAKING: Statement released by El Mayo Zambada through his lawyer says he was ambushed when expecting to meet Rubén Rocha Moya, the governor of Sinaloa, and Héctor Melesio Cuen Ojeda, politician who was killed on the days of the arrests. pic.twitter.com/iXLq6EC3AD

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 10, 2024

Rubén Rocha Moya se pronuncia sobre carta de Ismael “El Mayo Zambada”: “Me quieren hacer narco a fuerza”

En torno a los cuestionamientos hacia Rubén Rocha Moya sobre su presunta reunión que reveló la carta del Mayo Zambada, el gobernador negó tener nexos con el narco o haber pactado una reunión.

“Si dijeron que iba a estar yo, mintieron, y si creyó, cayó en la trampa (El Mayo). No tengo complicidades con nadie” dijo en referencia al líder del Cártel de Sinaloa.

Sobre la carta del Mayo Zambada, Rubén Rocha Moya recordó que el 25 de julio estaba fuera de Sinaloa, más precisamente en los Ángeles, fecha en la que fue detenido el capo junto a Joaquín Guzmán López, en el Paso, Texas.

“Quiero decirles una cosa sin ataduras (...) yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informado durante el día y durante la noche, y yo regresé al día siguiente tempranito”

“No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema (...) los problemas que le tocan al gobierno lo resolver”

Rubén Rocha

Rubén Rocha sentencio no tener relación alguna con el narcotráfico, por lo que declaró que existe un complot en el que “lo quieren hacer narco a fuerza”, cuyo propósito es mancharlo a él “y de paso” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También recordó que expresó sus condolencias en video a la familia de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex secretario de Salud de Sinaloa, de quien pidió que no se relacionara su asesinato con nexos con El Mayo.

"Me quieren hacer narco a fuerzas": Rubén Rocha se deslinda del señalamiento del Mayo Zambada y acusa que el propósito es "mancharme a mí y de paso ver si se mancha al Presidente". pic.twitter.com/8zCfAzvxQZ

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 10, 2024

Con información de El Universal, el seguimiento de Rubén Rocha Moya por parte de agencias de espionaje coincidió con su liderazgo en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

Esto debido a que las autoridades de la época consideraban sus posturas ideológicas un factor de riesgo para la estabilidad interna de Estados Unidos en aquel entonces.

Estados Unidos y México tendría en la mira a Rubén Rocha Moya desde 1968

Con información de El Universal, se reveló que la Dirección Federal de Seguridad (DFS), agencia de espionaje mexicana, siguió desde su juventud al gobernador Rubén Rocha Moya.

La vigilancia aumentó conforme consolidaba su presencia académica, registrando meticulosamente sus movimientos en organizaciones de izquierda como el de Lucio Cabañas.

Los agentes recopilaron datos sobre su influencia en el magisterio, conformando un expediente que lo acompañaría por gran parte de su vida pública.

De acuerdo con El Universal, fichas técnicas que se encuentran resguardadas en el Archivo General de la Nación, dan muestra de cómo la DFS destacaba a Rocha Moya por sus tendencias socialistas.

Debido a su injerencia en diversos municipios de Sinaloa, el mandatario se convirtió entonces en objetivo prioritario para las persistentes labores de espionaje gubernamental.

Las bitácoras detallan su participación en el movimiento de huelga universitario y su involucramiento en protestas con familiares de personas desaparecidas en la década de 1980.

Estos registros oficiales confirman que su activismo representó una constante “amenaza” que ameritó décadas de observación ininterrumpida por parte del aparato de seguridad mexicano de la época.

Ello ante presiones de Estados Unidos, quienes mantenían una vigilancia sobre objetivos señalados de ser un presunto riesgo ideológico.

Al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, muchos queremos la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía en el asunto mediante el cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide la aprehensión con motivo de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza; del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y de ocho funcionarios públicos sinaloenses, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la fracción de “los Chapitos”.

Verdad y justicia es lo que merecemos los mexicanos y más los sinaloenses que desde hace dos años viven una situación de violencia e inseguridad que no merecen.

La pregunta es cómo pasamos de las palabras a la realidad. ¿Cómo sabremos la verdad? Debe hacerse una investigación de verdad sobre la relación —o no— de estas personas con el crimen organizado.

En el documento que hizo público el Departamento de Justicia estadounidense se desarrollan dos hechos: la elección para gobernador de 2021, donde fue electo Rubén Rocha Moya, y el contenido de la carta de Ismael Zambada García, que hizo pública su abogado después de su captura y traslado a Estados Unidos.

Respecto al primero, Río Doce y crónicas de otros medios sinaloenses dieron cuenta de una larga lista de hechos y delitos electorales que determinaron el resultado de la elección, la cual tendría que haberse anulado. El INE no actuó; tampoco lo hizo el gobierno estatal saliente ni el tribunal electoral. Asimismo, el gobierno federal no intervino para limpiar la elección.

Respecto al segundo, se refiere al momento en que fue capturado y trasladado Ismael Zambada García, donde resultaron muertas por lo menos cinco personas, entre ellas el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado local Héctor Melesio Cuén Ojeda, el 25 de julio de 2024.

Para llevar a cabo esta investigación, la FGR tendrá que realizar un trabajo exhaustivo: citar a declarar a las personas involucradas, abrir expedientes y recabar testimonios. Buscar pruebas, esas que tanto se piden.

¿Y cuando sepamos la verdad, qué haremos con ella? Procurar justicia. Es decir, si las personas acusadas son responsables de estos hechos, deben ser consignadas por los delitos de los que resulten en México o, en su caso, ser entregadas a la justicia estadounidense.

Que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emita una petición de detención con motivo de extradición no viola nuestra soberanía. Dicha petición se realiza de acuerdo con los tratados internacionales en la materia que México ha suscrito. Si la investigación de la FGR no satisface la petición de las autoridades estadounidenses, tiene los recursos jurídicos para inconformarse y reiterar su demanda. El problema sería que, más allá de sus reclamos amparados en convenios y en el derecho internacional, decidiera incrementar las presiones económicas o políticas hacia nuestro país.

La violación de la soberanía mexicana ocurriría si Estados Unidos decidiera, como ya lo ha anunciado en varias ocasiones, realizar una acción directa en territorio mexicano para capturar y presentar ante su justicia a una o varias de las diez personas acusadas. ¿Qué haría nuestro país ante este escenario, en estos momentos posible pero aún poco probable? Porque una cosa es envolverse en la bandera nacional y declarar la defensa de la soberanía, y otra muy diferente es tomar el toro por los cuernos y entregar el pecho.

Por lo pronto, Rubén Rocha Moya y otros acusados ya son prófugos de la justicia estadounidense y, si no se hace lo correcto, podrían pasar el resto o buena parte de sus vidas en una prisión gabacha.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.

En primer lugar, porque se ha informado que el operativo en Chihuahua contó con la presencia de las fuerzas armadas. Este elemento es indicativo de que el gobierno federal, sea el ejército o la Guardia Nacional, tuvo conocimiento sobre los eventos. Y en segundo lugar, y sin el ánimo de restar legitimidad al argumento de que la FGR de Ernestina Godoy debe investigar el caso pues podrían haberse violado las leyes federales en materia de seguridad nacional, la CIA ha operado desde siempre en territorio nacional, al igual que otras agencias extranjeras.

El asunto de Campos es, en resumen, un evento donde una gobernadora podría haber incurrido (insisto, podría, si efectivamente no se informó a ningún agente del gobierno federal, como no parece ser el caso) en contravención de una ley federal, y donde se desmontó un sitio de producción de drogas en la sierra de Chihuahua. Godoy estará obligada a investigarlo y a contar la verdad sobre los hechos, si de verdad le interesa. Lo dudo.

El caso de Rocha es inmensamente más dramático y sintomático de una crisis de mayor calado. Por un lado, se ha confirmado la existencia de un narcoestado en Sinaloa, sumado a las sospechas de una red criminal que bien podría extenderse hacia todas las capas del morenismo, desde alcaldes y gobernadores hasta funcionarios del gobierno federal.

Y por el otro, si el gobierno de la presidenta Sheinbaum opta por continuar protegiendo a Rocha, podría conducir a una gravísima crisis con el gobierno de Estados Unidos; donde un presidente sin escrúpulos estaría decidido, de considerarlo necesario, a intervenir militarmente en territorio mexicano o a incluir a México en la lista de países que apoyan el terrorismo, al lado de Cuba, Irán, Pakistán, entre otros, con las dramáticas consecuencias que esta decisión en Washington podría suponer para el país.

Los voceros del obradorismo seguirán hablando del caso de Campos como una suerte de respuesta desesperada ante la crisis mayúscula presentada por el vergonzoso asunto de Rocha. Sin embargo, la opinión pública y los mexicanos deben tener claro que las acusaciones que hoy pesan sobre el gobernador de Sinaloa, el senador Inzunza y los otros sinaloenses señalados representan una amenaza sin precedente en los últimos años en términos de gobernabilidad, seguridad, relación con Estados Unidos y la imagen de México en el mundo.

Yeraldine Bonilla mencionó que de momento se ha enfocado en su trabajo y desconoce los detalles detrás de la licencia que solicitó Rubén Rocha Moya.

Yeraldine Bonilla no ha hablado con Rubén Rocha Moya en Sinaloa

Al ser cuestionada por medios en Sinaloa, Yeraldine Bonilla declaró que no se ha comunicado con Rubén Rocha Moya en los últimos días.

“La última llamada que tuve con el gobernador en licencia fue el día que tomé protesta y solamente para felicitarme, yo ya no he recibido ninguna llamada de él. Yo estoy concentrada en mi trabajo y reuniéndome con el equipo, reuniéndome con los secretarios para coordinarnos bien en los trabajos.”

Yeraldine Bonilla, Gobernadora Interina de Sinaloa

De hecho, Yeraldine Bonilla afirma que no sabe nada de Rubén Rocha Moya desde que ella tomó protesta como gobernadora interina de Sinaloa.

Señalando que la última vez que hablaron fue en una llamada, que en realidad era una felicitación de parte del gobernador con licencia para con ella y el inicio de su mandato interino.

No solo eso, afirma que en realidad no ha tenido contacto con nadie del gobierno federal, solo con el Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.

Sin embargo, eso no le ha impedido dedicarse a establecer comunicación con los distintos secretarios de Sinaloa, para coordinarse en el trabajo que está por venir en los próximos días.

Yeraldine Bonilla no sabe por cuánto tiempo se ausentará Rubén Rocha Moya

Yeraldine Bonilla afirmó no estar enterada de cuántos días es la licencia que pidió Rubén Rocha Moya al momento de dejar la gubernatura de Sinaloa.

Por lo que Yeraldine Bonilla desconoce cuándo regresará a la actividad Rocha Moya, o si dejará vacante el puesto de manera permanente.

Tras ser acusado de nexos con el crimen organizado, Rubén Rocha Moya dejó el gobierno de Sinaloa de manera temporal, siendo Yeraldine Bonilla nombrada para ocupar su lugar.

Luego de dejar su puesto, el gobernador con licencia no ha hecho apariciones públicas ni ha dado declaraciones a los medios de comunicación acerca de las acusaciones y el proceso como tal.

“Lo exigimos. La extradición inmediata de Rubén Rocha Moya y de todo su círculo señalado”

Jorge Romero. Dirigente nacional del PAN

Así lo planteó durante una conferencia de prensa desde Torreón, Coahuila, en la que también pidió que todos los colaboradores del exmandatario señalados, sean detenidos y llevados a Estados Unidos.

Incluso, al exigir que el gobierno federal facilite la extradición de Rubén Rocha Moya, el líder nacional del PAN señaló que así debe ocurrir por que el gobernador con licencia es un “traidor a la patria”.

Dirigencia del PAN exige extraditar a Rocha Moya a Estados Unidos

Ante la acusación que la Fiscalía de Nueva York presentó en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el PAN exigió que el exmandatario sea extraditado a Estados Unidos.

En la conferencia de prensa realizada el 5 de mayo, el dirigente nacional del partido, Jorge Romero, dijo que no solo Rocha Moya debe ser extraditado, sino todos sus colaboradores acusados.

Al señalar que la puesta a disposición de las autoridades debe realizarse de manera inmediata, el líder del PAN advirtió que todo lo demás que se ha dicho, se tratan de simples justificaciones.

“Todo lo demás es justificación, cada vez más nerviosa. Justificación cada vez menos defendible. Todo lo demás ya es justificación. ¿Qué nos van a decir?”

Jorge Romero. Dirigente nacional del PAN

Sobre ello, Jorge Romero señaló que los alegatos de las autoridades mexicanos exhiben cada vez más su nerviosismo y al mismo tiempo todas las justificaciones son cada vez menos defendibles.

Por lo anterior, adelantó que exigirá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se aplique de forma expedita, el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos.

Jorge Romero acusa a Rocha Moya de traición a la patria

Al demandar que las autoridades mexicanas extraditen de inmediato a Rocha Moya, el líder del PAN acusó al gobernador con licencia de incurrir en “traición a la patria”.

Lo anterior debido a que sostuvo que no puede existir una mayor traición que colaborar y aliarse con quienes cometen agresiones contra el pueblo al que en algún momento se le juró proteger.

En ese sentido, Jorge Romero insistió en demandar la extradición de Rubén Rocha Moya, pues dijo que si eso se defiende, el mensaje es que el gobierno federal está dirigiendo a un partido y no al país.

“Yo creo en él (Rubén Rocha Moya), si falla pues se va a fallar a sí mismo y a todos los que creemos en él”.

Víctor Castro, gobernador constitucional de Baja California Sur

Víctor Castro fue cuestionado por medios de comunicación referente a si no teme que Estados Unidos podría añadir “calumnias” también en su contra.

Sin embargo, el gobernador de Baja California Sur afirmó que no hay razones y “el que nada debe, nada teme”, dicho que hizo extensivo a su amigo Rubén Rocha Moya.

Víctor Castro respalda a Rubén Rocha Moya ante acusaciones de Estados Unidos

Para medios, Víctor Castro aclaró que Rubén Rocha Moya tiene razón en decir que las acusaciones de Estados Unidos son calumnias, por lo que cree en él.

No va a negar la amistad que mantiene con Rubén Rocha Moya pese a las acusaciones, las cuales descartan debido a que Estados Unidos no tiene pruebas.

Por lo mismo, Víctor Castro reiteró su amistad a Rubén Rocha Moya, ya que los amigos deben ser “en las buenas y en las malas” y él dará sus razones.

Sin embargo, el gobernador de Baja California Sur también afirmó que de fallar, Rubén Rocha Moya defraudaría también a todos los que creen en él.

Y en ese caso deberá hacerse responsable de sus actos y sentencia.

Víctor Castro pide a Estados Unidos “que le baje dos rayitas a las agresiones”

El gobernador Víctor Castro también defendió la soberanía de México ante las que definió como “agresiones” contra Rubén Rocha, por lo que pidió a Estados Unidos “que le baje dos rayitas”.

Sin embargo, el gobernador destacó que la soberanía de México no está en riesgo, ya que el Gobierno Federal ha enfrentado la situación con mucha dignidad.

Además de que se ha plantado frente a Estados Unidos con la sentencia de que la soberanía de México no se negocia, por lo que espera que disminuyan las agresiones.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Sinaloa señaló que Dámaso Castro se encuentra en la mejor disposición ”para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado”.

El anuncio se da luego de que Dámaso Castro fuera señalado por Estados Unidos de filtrar información al crimen organizado sobre operativos de seguridad a cambio de sobornos de 11 mil dólares mensuales.

Dámaso Castro solicita licencia a la Vicefiscalía de Sinaloa

Este 5 de mayo se dio a conocer la salida de Dámaso Castro de la Vicefiscalía de Sinaloa, luego de cuestionamientos sobre su permanencia como funcionario pese a las acusaciones de Estados Unidos.

Ante los medios, Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, dijo que se estaba analizando la salida de Dámaso Castro como vicefiscal y la tarde de este martes se hizo oficial.

“Con fecha 05 de mayo de 2026, el Lic. Dámaso Castro Zaavedra presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo, al cargo de Vicefiscal General del Estado”.

Fiscalía de Sinaloa

Dámaso Castro se suma a la lista de funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y que han solicitado licencia para separarse de sus cargos.

En específico, la Fiscalía de Nueva York señaló a Dámaso Castro de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos a cambio de recibir 11 mil dólares mensuales.

Cabe mencionar que, además de Dámaso Castrol, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:

• Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
• Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
• Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal con licencia de Culiacán
• Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
• Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
• Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

“Ante las calumnias difundidas hacia mi persona y mi familia lanzo el siguiente emplazamiento: muestra una sola prueba”.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena

En una carta difundida en redes sociales, negó los señalamientos y calificó a Loret de Mola como “pseudoperiodista” y “mercenario al servicio de los intereses más mezquinos”.

López Beltrán aseguró que las acusaciones son calumnias y defendió que su familia nunca ha recibido recursos ilícitos, mientras acusó al comunicador de enriquecimiento irregular y de fabricar montajes mediáticos.

López Beltrán acusa a Loret de Mola de “calumnias” y lo señala de enriquecimiento irregular

En respuesta a la columna Andy y Rocha Moya, publicada en El Universal, Andrés López Beltrán calificó a Loret de Mola como un “periodista mercenario” al “servicio de los intereses más mezquinos”.

“De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido”.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena

Asimismo, López Beltrán aseguró que las acusaciones de Loret de Mola son calumnias y defendió que su familia nunca ha recibido dinero del narcotráfico ni de funcionarios de Sinaloa.

Finalmente, agregó que existen pruebas sobre la riqueza, propiedades y actividades empresariales del comunicador, así como sobre sus montajes relacionados con condenados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Loret de Mola acusó a López Beltrán de recibir dinero del narcotráfico

En su columna, Loret de Mola afirmaba que Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, les había dado dinero a Andrés Manuel y Bobby López Beltrán.

“Así me lo revelan fuentes con acceso de primer nivel a la investigación. Me relatan que a veces, los hermanos López Beltrán visitaban Sinaloa. El gobernador los recibía personalmente

Carlos Loret de Mola, periodista

Según Loret de Mola, dicho exfuncionario conectaba a Rubén Rocha con el Cártel de Sinaloa, situación que supuestamente también beneficiaría a López Beltrán.

“Tomé protesta a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como Encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, y a José Ismael Inzunza Sosa como Jefe de la Oficina de la Gobernadora”

Yeraldine Bonilla

Así lo dio a conocer la mandataria estatal por medio de un mensaje que compartió en sus redes, en el que también detalló los puestos a los que se van a integrar los funcionarios.

Ante los nombramientos que hizo en su gabinete, Yeraldine Bonilla expresó su confianza a los servidores públicos, pues consideró que fortalecerán el trabajo que se realiza a favor del estado y la población.

Yeraldine Bonilla integra a Inzunza y Bedoya a su gabinete en Sinaloa

A cuatro días de asumir el puesto de gobernadora interina de Sinaloa ante la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, Yeraldine Bonilla continúa integrando a su gabinete estatal.

En la publicación que difundió en sus redes el lunes 4 de mayo, la mandataria resaltó que tomó protesta de un par de nuevos colaboradores que se van a sumar a su equipo de trabajo:

• Pablo Francisco Bedoya Bañuelos: Encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno
• José Ismael Inzunza Sosa: Nuevo jefe de la Oficina de la Gobernadora

Tras anunciar las nuevas incorporaciones a su gabinete, Yeraldine Bonilla expresó su confianza a los funcionarios, pues aseguró que trabajarán con "compromiso, responsabilidad y vocación de servicio".

Por medio de ello, indicó, los nombramientos de Inzunza y Bedoya van a fortalecer el trabajo que expuso, se está llevando a cabo con la finalidad de favorecer a “las y los sinaloenses”.

Bedoya era secretario de Rubén Rocha Moya

Cabe destacar que Pablo Francisco Bedoya Bañuelos fue ascendido, pues previo al nombramiento por parte de Yeraldine Bonilla, se desempeñaba como Jefe de la Oficina del gobernador Rubén Rocha.

Debido a ello, el nuevo integrante del gabinete de la gobernadora interina del estado de Sinaloa, ha sido señalado por tener algún grado de cercanía con el gobernador con licencia.

El hoy encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno fue titular de Jefatura de la Oficina del Gobernador desde septiembre de 2025, cuando sustituyó a Cynthia Gabriela Gutiérrez López.

“Hago responsable publicamente a Rubén Rocha Moya, y a Enrique Inzunza Cazarez de cualquier acto en contra mía, y de mi familia (sic)”

Luis Guillermo Benítez

Así lo advirtió el también ex secretario de Turismo de Sinaloa, luego de que acusó al gobernador con licencia de haberlo amenazado para que renunciara a la alcaldía de Mazatlán en el 2022.

En el mensaje que compartió en sus redes sociales, Luis Guillermo Benítez defendió sus declaraciones, debido a que aseguró que éstas no tienen ninguna intención de “revanchismo político”.

Luis Guillermo Benítez responsabiliza a Rocha Moya e Inzunza por cualquier ataque en su contra

Tras las acusaciones que Estados Unidos lanzó contra Rubén Rocha Moya, el ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez acusó al gobernador con licencia de haberlo amenazado de muerte.

El también ex secretario estatal de Turismo señaló que en el 2022, Rubén Rocha Moya lo presionó para renunciar a la alcaldía, hecho por el que ahora lo responsabilizó por cualquier cosa que le pase.

En su publicación, Luis Guillermo Benítez señaló que cualquier acto que se pueda ejecutar ya sea contra él o su familia, es responsabilidad de Rubén Rocha Moya o de Enrique Inzunza Cázarez.

De la misma forma, el ex presidente municipal aprovechó para defender sus dichos, pues dijo que revelar las amenazas de las que fue víctima, no se tratan de un acto de “revanchismo político”.

Por el contrario, aseveró que su intención al dar a conocer lo ocurrido en 2022, es “ser una voz que representa a miles de sinaloenses agraviados”, y sentenció que el estado “no se puede quedar callado.

Benítez ya había señalado a Rocha Moya e Inzunza de cualquier acto en su contra

Cabe destacar que desde 2024, Luis Guillermo Benítez ya había denunciado a Rocha Moya e Inzunza, pues dijo que fue apartado de la contienda interna de Morena con presiones políticas y judiciales.

“Hicieron un plan maquiavélico para hacerme un lado de la jugada y utilizando el poder judicial me querían hacer presunto causante de violencia de género contra la que fue Síndica Procuradora”

Luis Guillermo Benítez

En marzo de ese año, el ex alcalde recordó que Rocha Moya utilizó procesos como el caso luminarias, que afirmó, fueron fabricados para sacarlo de la presidencia municipal de Mazatlán.

Incluso, desde ese entonces el ex alcalde de Mazatlán los responsabilizó de cualquier daño contra él o su familia, además de que afirmó que no tomó recursos públicos como se le acusó.

Bonilla se desempeñaba como Secretaria de Gobierno y es la primera mujer en ocupar ese puesto en el estado.

“Ser la primera mujer en la historia de nuestro estado en encabezar este cargo representa un compromiso que habremos de sacar adelante”, dijo Yeraldine Bonilla luego de su nombramiento.

Asimismo, Yeraldine Bonilla señaló que su línea de trabajo seguirá los principios del gobernador Rubén Rocha, enfocados en el bienestar y el desarrollo de Sinaloa.

¿Quién es Yeraldine Bonilla?

Yeraldine Bonilla Valverde es la gobernadora interina de Sinaloa; antes de ser secretaria de Gobierno, desempeñaba como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Durante su paso como presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla destacó por impulsar iniciativas relacionadas a la seguridad, justicia social y programas de bienestar en Sinaloa.

De igual manera, participó en comisiones como:

• Integrante con voz de la Junta de Coordinación Política
• Presidenta de la Comisión de Justicia
• Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública
• Vocal de la Comisión de Desarrollo Urbano y Movilidad
• Vocal de la Comisión de La Juventud, Cultura Física y Deporte

¿Cuántos años tiene Yeraldine Bonilla?

No se tiene información del año de nacimiento de Yeraldine Bonilla, por lo que no se conoce su edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Yeraldine Bonilla?

La fecha de cumpleaños de Yeraldine Bonilla es el 30 de octubre, por lo que su signo zodiacal es el de Escorpio.

¿Yeraldine Bonilla tiene hijos?

Asimismo, Yeraldine Bonilla es madre de una niña de once años llamada Melanny.

¿Quién es el esposo Yeraldine Bonilla?

Sin embargo, Yeraldine Bonilla mantiene su vida amorosa lejos del ojo público, por lo que no se conoce la identidad de su esposo.

¿Qué estudió Yeraldine Bonilla?

Yeraldine Bonilla es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Yeraldine Bonilla?

Antes de ser nombrada como nueva secretaría de Gobierno en Sinaloa, Yeraldine Bonilla se desempeñó como:

• Diputada local por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa
• Encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa
• Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa
• Titular de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa
• Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa

Yeraldine Bonilla toma protesta como gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta como gobernadora interina de Sinaloa en sustitución de Rubén Rocha Moya luego de que este se separara del cargo.

El Congreso de Sinaloa aprobó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina con 33 votos a favor y le tomó protesta para desempeñar sus nuevas funciones.

En su discurso dijo que asume el cargo con la convicción de la humildad y responsabilidad que se requiere y se comprometió por seguir trabajando por el bienestar.

Rubén Rocha nombra secretaria de Gobierno de Sinaloa a Yeraldine Bonilla

Durante un acto celebrado en el Palacio de Gobierno el viernes 24 de octubre de 2025, el mandatario Rubén Rocha tomó protesta de ley a Yeraldine Bonilla como nueva secretaria general de Gobierno.

Yeraldine Bonilla fue designada en ese cargo en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez fue nombrado titular de la Secretaría de Economía, tras la salida de Ricardo Velarde Cárdenas.

“Ha sido un gran honor servir a Sinaloa desde el Congreso del Estado, donde gracias a la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores tuve la oportunidad de presidir la Mesa Directiva en dos ocasiones y trabajar siempre por el bienestar de las familias sinaloenses”

Con este nombramiento, Yeraldine Bonilla tendrá la facultad de coordinar la política interior del gobierno, además de mantener el diálogo con los distintos sectores sociales y políticos.

Esto debido a que le recordaran al gobernador Rubén Rocha comentarios misóginos que emitió en contra de Yeraldine Bonilla Valverde en abril de 2025.

A esto, el gobernador Rubén Rocha respondió señalando que, con el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde, se confirma que en su gobierno y en todo México “es tiempo de mujeres”.

“Hoy el nombramiento de mi secretaria de gobierno hace evidente no sólo la vocación de mi gobierno por la equidad de género sino que refrenda que más que nunca, en México es tiempo de mujeres”.

Rubén Rocha Moya

Critican a Rubén Rocha tras nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde; esto dijo de la funcionaria

Tras el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como secretaria de Gobierno de Sinaloa, las criticas contra el gobernador Rubén Rocha no se hicieron esperar.

En redes sociales le recordaron una serie de comentarios misóginos que lanzó a Yeraldine Bonilla Valverde durante un evento estatal celebrado el 5 de abril de 2025.

En dicha ocasión la funcionaria acudió como la entonces presidenta del Congreso estatal, pero el mandatario del estado se refirió a ella como “meserita”.

Además, Rubén Rocha sugirió que llegó al cargo gracias a una “tómbola de Morena”, asegurando que eso era muestra de que “cualquier mujer” podría tener una oportunidad con la democracia.

“A ver, Yeraldine, espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine antes? Ya es la segunda vez que es Diputada. Yeraldine era una ‘meserita’ de una lonchería de Dimas. ¿Eras o no? Ahí trabajaba, nada más que le tocó unas de las tómbolas de Morena y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad, cuando menos pensé traía uno de esos carrones... andaba muy metida en el tema de seguridad. Cualquier mujer, cualquier hombre, puede tener oportunidad en la democracia de llegar”.

Rubén Rocha

Ante esto, las críticas consideraron que se trató de una “humillación” del gobernador contra Yeraldine Bonilla Valverde, además de que fue calificado de machista y clasista.

Rubén Rocha se dice orgullo por nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde; pide disculpas por comentarios anteriores

No obstante, Rubén Rocha respondió a estos señalamientos, asegurando sentirse “orgulloso” de haber nombrado a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer que en la historia de Sinaloa fungirá como secretaria de Gobierno.

En este sentido, aseguró que los comentarios emitidos hacia la funcionaria fueron en sentido de reconocer a “quienes han salido adelante por mérito propio, más aún siendo mujeres”.

“Me siento orgulloso de haber nombrado a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir la Secretaría General de Gobierno. Veo que las redes sociales han retomado una expresión del pasado abril que sólo fue resultado de mi reconocimiento a quienes han salido adelante por mérito propio, más aún siendo mujeres”.

Rubén Rocha

El gobernador Rubén Rocha manifestó que, en caso de que su declaración se haya considerado polémica y fuera de lugar, dejaba “una disculpa” por ello.

Me siento orgulloso de haber nombrado a Yeraldine Bonilla Valverde como la primera mujer en la historia de Sinaloa en asumir la Secretaría General de Gobierno.

Veo que las redes sociales han retomado una expresión del pasado abril que sólo fue resultado de mi reconocimiento a…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 26, 2025

“No solo para atender la seguridad que las y los sinaloenses merecen, sino también para dar seguimiento puntual a los programas y políticas públicas de la cuarta Transformación que a nivel nacional encabeza nuestra presidenta”

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Desde la Novena Zona Militar en Culiacán, acompañada por el Gabinete de Seguridad Federal, Yeraldine Bonilla afirmó que su administración trabajará en coordinación con Claudia Sheinbaum y las fuerzas federales para atender los retos de seguridad y protección ciudadana, además de impulsar obras y proyectos estratégicos.

Yeraldine Bonilla se compromete a seguir con los programas sociales de la Cuarta Transformación

Tras asumir su cargo como gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla realizó su primer acto público al asistir a una conferencia en Culiacán con el Gabinete de Seguridad Federal:

• Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
• Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional
• Raymundo Morales, titular de Marina.

Yeraldine Bonilla recordó que al asumir el cargo como gobernadora interina de Sinaloa, se comprometió a mantener una estrecha colaboración con Claudia Sheinbaum.

“Me comprometí ante los representantes del poder legislativo local y a la ciudadanía sinaloense a mantener una estrecha colaboración con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobierno Federal”

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Durante su discurso, Yeraldine Bonilla se dijo consciente de los retos a los que se va a enfrentar en su nuevo cargo.

Y es que es algo que ha venido trabajando a lo largo de su trayectoria en los diferentes puestos en los que se ha desempeñado, incluida la Secretaría General de Gobierno.

“Sé de los retos que me esperan, porque los conozco muy bien yo he venido trabajando por Sinaloa en las diversas encomiendas públicas en las que he participado”

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla se mostró confiada de que realizará un buen trabajo como gobernadora interina de Sinaloa, ya que tiene experiencia y conocimiento de la zona.

Puntualizó que asume el compromiso y velará cada día por la seguridad de Sinaloa.

“Con la seguridad que me brinda esa experiencia, el conocimiento de la realidad de Sinaloa y de los desafíos del gobierno que hoy encabezo, asumo ante ustedes el irrenunciable compromiso de velar minuto a minuto por la seguridad del Estado como lo hacen este consejo de seguridad nacional y nuestra presidenta”

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla afirma que su gobierno dará continuidad a las políticas de seguridad federales

Yeraldine Bonilla arranca una agenda pública enfocada en seguridad y protección de la ciudadanía en Sinaloa.

Envió un mensaje contundente y centrado en la colaboración institucional entre los distintos niveles de gobierno, afirmando que dará continuidad a las políticas de seguridad y a la coordinación entre las fuerzas del orden para mantener la tranquilidad de los sinaloenses.

Desde su primer mensaje, Yeraldine Bonilla dejó claro que su administración buscará sostener la coordinación interinstitucional como eje para enfrentar los pendientes en materia de seguridad.

La Fiscalía de Nueva York acusó al gobernador Rocha Moya de facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa, provocando la llegada de inmensas cantidades de droga a Estados Unidos.

Ante estas acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia y el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, quien le expresó su solidaridad y respaldo.

Yeraldine Bonilla respalda a Rocha Moya por acusaciones de Estados Unidos tras asumir como gobernadora interina de Sinaloa

Este 2 de mayo, Yeraldine Bonilla asumió como gobernadora interina de Sinaloa y desde la tribuna, retomó las palabras de Rocha Moya sobre que las acusaciones en su contra “son falsas y dolosas”.

Pese a su solicitud de licencia, Rubén Rocha Moya señaló que él no ha cometido ningún tipo de traición y de esto darán cuenta las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta declaración, la ahora gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dijo:

“Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabe y estamos seguros que así será. Le expreso mi profunda solidaridad”.

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa

Cabe mencionar que Rocha Moya explicó que se separaba de su cargo para facilitar el proceso de investigación y demostrar la falta de sustento de las acusaciones de Estados Unidos.

El Congreso de Sinaloa aprobó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina con 33 votos a favor y le tomó protesta para desempeñar sus nuevas funciones.

Durante su discurso, Yeraldine Bonilla Valverde envió un mensaje de apoyo a Rubén Rocha Moya y dio su respaldo al gobernador pese a las acusaciones de Estados Unidos.

“Gobernador, le expreso mi profunda solidaridad”.

Yeraldine Bonilla Valverde

Yeraldine Bonilla Valverde asume cargo de gobernadora interina de Sinaloa

Este sábado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia de Rocha Moya y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa con 33 votos a favor.

Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta y dio un breve mensaje, en el que admitió que Sinaloa “enfrenta una situación difícil”, pero destacó que el estado saldrá adelante.

En su discurso, Yeraldine Bonilla dijo que asume el cargo con la convicción de la humildad y responsabilidad que se requiere y se comprometió por seguir trabajando por el bienestar.

“Tengo claro que, ante los desafios que se nos pesentan, el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”.

Yeraldine Bonilla Valverde

Al concluir, la Yeraldine Bonilla, ahora gobernadora interina de Sinaloa, dejó el recinto entre aplausos y felicitaciones por gran parte de los diputados locales.

Luego de que Yeraldine Bonilla Valverde abandonó el Congreso de Sinaloa, el presidente de la mesa directiva dió por terminada la sesión, no sin antes convocar a los diputados para el 5 de mayo.

De acuerdo con la información, el Congreso de Sinaloa fue citado a una sesión extraordinaria este sábado 2 de mayo; Yeraldine Bonilla fue propuesta para sustituir a Rubén Rocha Moya.

Cabe mencionar que la licencia de Rocha Moya se da luego de las acusaciones de Estados Unidos sobre su presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla es propuesta como gobernadora interina de Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa aprobó este 2 de mayo la licencia de Rocha Moya y la Comisión de Puntos Constitucionales propuso que Yeraldine Bonilla fuera la gobernadora interina.

De acuerdo con el Congreso, Yeraldine Bonilla cumple los requisitos constitucionales para ser la gobernadora interina además de que se distingue “por su experiencia y responsabilidad”.

La propuesta de Yeraldine Bonilla como sustituta de Rocha Moya generó debate en el Congreso de Sinaloa, pues acusan que la funcionaria es cercana al gobernador, por lo que no habría “independencia real”.

Pese a lo anterior, Yeraldine Bonilla obtuvo la mayoría calificada para ser la gobernadora interina en sustitución de Rocha Moya. Es licenciada en Trabajo Social y se ha desempeñado en diversos cargos en Sinaloa, entre ellos:

• Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de Sinaloa
• Secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa
• Secretaria general de Gobierno

“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”.

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

Señaló que mientras a ella se le cuestiona por combatir al crimen organizado, a otros, como Rubén Rocha Moya, se les defiende pese a las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Campos advirtió que la ciudadanía debe observar “quién es quién” en la política de México.

Maru Campos hizo un señalamiento a la 4T por la defensa de Ruben Rocha Moya

Durante la ceremonia del 5 de mayo de 2026 en Chihuahua, Maru Campos denunció que la 4T y el Gobierno Federal la han criticado por sus acciones contra el crimen organizado, mientras a otros los defienden.

Esto a pesar de que esas otras figuras políticas están bajo sospecha, de acuerdo con el significado implícito de las palabras de Maru Campos.

No solo eso, señala que la ciudadanía debe de comenzar a ver las verdaderas intenciones de los gobernantes en todo el país, para ver “quién es quién”.

Aunque no lo mencionó de manera explícita, todo entra dentro del contexto de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El cual ha recibido el apoyo del gobierno federal, así como de otros miembros de la 4T, tras haber sido señalado de nexos con el crimen organizado.

Palabras de Maru Campos vienen tras la desarticulación de un laboratorio de estupefacientes

Las palabras de Maru Campos se deben a los señalamientos recibidos tras la desarticulación de un laboratorio de estupefacientes en Chihuahua.

Según Maru Campos, a ella se le ataca a pesar de impedir que la droga “llegue a las familias, a nuestros niños y niñas”.

Para la gobernadora de Chihuahua, este trato diametralmente opuesto es incoherente, pues se ataca a quien combate el delito y se protege a quien está bajo investigación internacional.

Asimismo enfatizó que los hechos hablarán por sí mismos y que la lucha democrática e histórica de México, permite a la población revelar la verdad sobre sus líderes.

En el análisis firmado por Jack Nicas se advierte que las acusaciones representan un desafío político para México y colocan a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un dilema: enfrentar la corrupción interna o defender la soberanía frente a las presiones de Donald Trump.

El artículo señala que el proceso en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya podría marcar un punto de inflexión histórico.

Caso de Rubén Rocha Moya llega a la porta del diario The New York Times

The New York Times publicó una cobertura sobre la presunta corrupción ligada a Rubén Rocha Moya, señalando que los cargos en su contra representan un desafío para México.

En el artículo firmado por el periodista Jack Nicas se analiza la crisis política que se ha desatado por el indiciamiento de Rubén Rocha Moya, a quien las autoridades de Estados Unidos acusan de recibir sobornos y colaborar con el narcotráfico.

Aunque no se ha presentado ninguna prueba en contra de Rubén Rocha Moya, el articulo señala que este escenario coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante su mayor dilema político.

Y es que enfrenta la crisis de decidir entre desarticular la corrupción interna o mantener la defensa de la soberanía frente a las presiones del gobierno de Donald Trump.

El artículo del diario The New York Times destaca que este proceso representa un punto de inflexión para México, pues una investigación real contra funcionarios de alto nivel marcaría un cambio histórico en la lucha contra la corrupción institucional.

The New York Times advierte que la información obtenida por fiscales estadounidenses de capos extraditados podría implicar a más figuras políticas de México en presuntas redes de impunidad.

The New York Times analiza caso de Rubén Rocha Moya

El análisis The New York Times enfatiza que la acusación contra Rubén Rocha Moya no es un hecho aislado y ha expuesto la vulnerabilidad del sistema político mexicano.

Fiscales estadounidenses dieron a conocer un indiciamiento que describe años de presunta colusión entre el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya y otros diez funcionarios.

De acuerdo con las acusaciones los líderes del cartel habrían entregado sobornos y votos a cambio de impunidad.

The New York Times recordó que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya no son nuevas y es que en 2024 el cofundador del Cártel de Sinaloa declaró tras su detención que creía ir a una reunión con el propio gobernador.

De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno mexicano ya había evaluado investigar a Rocha Moya antes del indiciamiento y concluyó que no había evidencia suficiente para proceder.

Ante la presión, Rubén Rocha Moya optó por una licencia temporal para enfocarse en su defensa legal.

Esta maniobra le permite conservar su inmunidad procesal mientras la Fiscalía General de la República evalúa el caso.

El listado, conviene leerlo despacio: el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya; un senador de la República en funciones, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra; dos sucesivos jefes de la Policía de Investigación —Almanza Avilés y Contreras Núñez “Cholo”—; un exsecretario de Seguridad Pública, Mérida Sánchez; un ex subdirector de la Policía Estatal, “Tornado”; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y un excomandante de la Policía Municipal, “Juanito”. No es un par de manzanas podridas. Es la estructura de un Estado.

A esa estructura el Departamento de Justicia le pone, según las listas manuscritas obtenidas en México y reproducidas en la propia acusación, precios mensuales: $10,893 dólares para el vicefiscal; $16,670 para el jefe de la policía investigadora; más de $100,000 para el secretario de Seguridad Pública; más de $10,000 para el alcalde. Y por encima de todo eso, un cargo cuatro que ningún litigante penal puede ignorar: secuestro con resultado de muerte —18 U.S.C. § 1201(a)(1)— de Alexander Meza León, fuente confidencial de la DEA, y un familiar, un niño de trece años, torturados y asesinados después de que agentes municipales en patrulla oficial los entregaran a sicarios. Octubre de 2023. Culiacán. La capital del estado.

Frente a eso hay dos reflejos predecibles. Los dos están mal.

El primero es el de los gritos: extraditarlos ya, entregarlos al juez de Brooklyn, lavarse las manos. Cómodo, simbólicamente potente, y profundamente equivocado. Si Rocha, Inzunza, Gámez Mendívil y los demás cometieron delitos en territorio mexicano —cohecho, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de atribuciones, secuestro agravado, homicidio calificado— el lugar para procesarlos es México. No por nacionalismo barato, sino por algo más serio: la soberanía no se defiende reclamándola en discursos, se defiende ejerciéndola en juicios.

El segundo reflejo es el de Palacio: encogerse de hombros, hablar de injerencismo, recordarle a Washington que somos un país soberano, pedirle al canciller que mande una nota diplomática y, en los hechos, no hacer nada. Ese reflejo, además de cobarde, es estratégicamente suicida. Si la presidenta blinda a diez funcionarios mexicanos —entre ellos un gobernador, un senador en funciones y un alcalde de capital de estado— con el pretexto de la soberanía, lo único que blinda es la sospecha de que Morena conoce, tolera y protege la trama que el indictment describe.

Hay una tercera ruta. Es la que corresponde, la que conviene, y la que casi nadie quiere transitar: procesarlos aquí.

Cooperar en todo. Ceder en nada.

Cooperar significa compartir información con la DEA y el Departamento de Justicia. Aceptar testimonios. Coordinar evidencia. Ser, por una vez, un socio confiable y no un agujero negro al sur del Río Bravo. Ceder en nada significa no entregar a un gobernador, un senador, un alcalde y siete funcionarios más por delitos cometidos en México mientras la FGR los mira pasar al avión.

Hacer lo contrario sería confesar, sin decirlo, que el sistema penal mexicano no sirve. Y aquí el argumento se vuelve incómodo para Morena: porque Morena lleva siete años diciendo que sí sirve, que la Cuarta Transformación purificó al Estado, que se acabó la corrupción, que ya no se miente, no se roba, no se traiciona al pueblo. Bien. Demuéstrenlo. Si no se miente y no se roba, que tampoco se encubra.

La Fiscalía General de la República tiene en sus manos un expediente que un fiscal estadounidense ya armó. Tiene fotografías de listas manuscritas de nómina con cargos y montos exactos. Tiene un patrón documentado de avisos de redadas, liberaciones de detenidos, captura de la Policía Ministerial, captura de la Policía Estatal, captura de la Policía Municipal de Culiacán, nombramientos hechos —según el indictment— “con la aprobación explícita de los líderes de los Chapitos”. Tiene, sobre todo, el secuestro y homicidio de un colaborador de la DEA y de un niño, ejecutados por agentes municipales actuando bajo órdenes formales de su comandante. Tiene, en otras palabras, todo lo que se requiere para integrar una carpeta sólida bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los tipos del Código Penal Federal: cohecho, abuso de autoridad, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro y homicidio calificado. Lo único que no tiene es voluntad política, y eso es precisamente lo que la presidenta puede aportar.

Procesarlos en México logra cuatro cosas que la extradición no logra.

Primera: ejerce la jurisdicción mexicana sobre delitos cometidos contra el Estado mexicano y contra víctimas mexicanas. El cohecho, la captura institucional y, sobre todo, el homicidio de Alexander Meza León y de un menor de edad ocurrieron en Culiacán, no en Manhattan. Son crímenes contra México y deben ser sancionados aquí.

Segunda: respeta el principio de doble incriminación sin entregarlo como concesión. México juzga lo suyo. Washington juzga lo suyo. El Tratado de Extradición MX–US de 1978 no obliga a entregar nacionales si el Estado requerido decide procesar; lo que obliga es a no dejar el delito impune.

Tercera: convierte el caso en un punto de inflexión para el Estado de derecho mexicano. Hace mucho que la FGR no procesa con éxito a un gobernador en funciones por vínculos con el narcotráfico. Tampoco a un senador en funciones. Tampoco a un alcalde de capital estatal. Aquí están los tres en el mismo expediente. Este es el momento.

Cuarta: le quita al gobierno estadounidense la palanca diplomática de “ustedes no hacen nada, así que nosotros sí”. Esa palanca solo existe mientras nosotros la regalamos.

La presidenta no tiene que escoger entre soberanía y cooperación. Esa es la falsa dicotomía que ya se está armando para justificar la inacción. La soberanía, ejercida en serio, es cooperación: significa hacerse cargo. Significa que Sinaloa no se gobierna desde Culiacán para los Chapitos ni desde Brooklyn para el SDNY, sino desde la Ciudad de México para la República.

Mano dura en México. Procesar aquí. Fortalecer el Estado de derecho. Cooperar en todo. Ceder en nada.

Cualquier otra cosa —el silencio, el blindaje, la nota diplomática, el discurso anti-injerencista, el “no tenemos elementos”— será confesión.

No de inocencia. De complicidad.

Fuentes: U.S. v. Rubén Rocha Moya et al., S9 23 Cr. 180 (KPF), Acusación de Reemplazo, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, certificada el 23 de abril de 2026. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 4 de mayo de 1978, DOF 26 de febrero de 1980.

El autor es litigante, especializado en derecho penal y amparo. Las opiniones son personales.

La presidenta Claudia Sheinbaum y los voceros de su gobierno iniciaron desde un principio una operación de control de daños para sacudirse, de la mejor manera, una acusación que no solo pesa sobre los funcionarios sinaloenses imputados, sino sobre toda una élite morenista que estaría involucrada, al lado del Cártel de Sinaloa, no solo en la elección de Rocha, sino también en el sostenimiento de su gobierno y en toda una clase de fechorías en complicidad con esa organización criminal.

Bajo el eslogan de la soberanía, pretenden ocultar razonamientos políticos bajo argumentos jurídicos. Según aseguran, el caso presentado por el Distrito Sur de Nueva York carece de pruebas “suficientes” para que el Estado mexicano, en su derecho interno, inicie los procedimientos que conduzcan a la extradición de Rocha a Estados Unidos.

Lo que ciertamente han omitido, seguramente porque no les conviene políticamente, es que de acuerdo al derecho penal federal estadounidense, los fiscales no desahogan la totalidad de las pruebas en el momento de la emisión del documento de imputación, sino que este periodo procesal tiene lugar una vez que el juicio haya iniciado en presencia del sujeto en cuestión. En otras palabras, el Departamento de Justicia, como lo hizo en los casos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, sí que cuenta con elementos probatorios que justifican que el presunto delincuente haya sido encausado. De otra manera no habría presentado la imputación.

En adición, mediante sus declaraciones, la presidenta Sheinbaum ha dado la impresión de que no está dispuesta a retirarle el apoyo a Rocha, y por lo tanto, ha optado por el discurso rancio de la defensa de la soberanía y del debido proceso. ¿Pensaba lo mismo la jefa del Estado mexicano cuando, en contravención de sus derechos humanos, envío más de noventa delincuentes a petición de Washington? Se trata, en el caso del gobernador con licencia, de una defensa pura y dura.

El escándalo es mayúsculo, y las consecuencias podrían ser más dramáticas, especialmente con miras a la negociación del T-MEC. Lo que buscan es alargar el proceso en el tiempo, y como salida de emergencia, esperar la inauguración del Mundial de la FIFA. Este evento deportivo de impacto internacional, y muy esperado por todos los mexicanos, servirá como válvula de escape, para que se hable menos, al menos durante unas semanas, de los probables lazos de altos funcionarios del Estado con el crimen organizado, y sobre todo, para calmar las aguas de la mayor tormenta que, hasta el día de hoy, ha azotado a la malograda cuarta transformación.

Esto luego de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia temporal para dejar la gubernatura de Sinaloa, con la intención de ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por narcotráfico.

Citlalli Hernández asegura que Morena “respetará sus principios” en caso Rocha Moya

En entrevista con José Cárdenas para Radio Fórmula, Citlalli Hernández reiteró que no habrá impunidad en las indagatorias que lleva a cabo la FGR contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la funcionaria de Morena, esta será la mejor manera en que Morena respetará sus principios, reafirmando la confianza de la población.

Es decir, Citlalli Hernández señaló que en caso de que la FGR demuestran la culpabilidad de Rocha Moya, el gobernador con licencia sería procesado con todo el peso de la ley.

No obstante, insistió en que hasta el momento las pruebas enviadas por Estados Unidos, con las que acusan al mandatario de nexos con grupos del narcotráfico, no son suficientes para demostrar su culpabilidad.

Además, hasta el momento la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, quien acusa a Rocha Moya, no ha enviado los motivos que validen “la urgencia” con la que solicitaron su detención y posterior extradición.

“Ninguna duda tengo. Represalias muy fuertes del gobierno de Estados Unidos. El gobernador siempre estuvo enterado de los proyectos de Mazatlán [...] a los meses me llamó y me dijo que estaba muy mal lo que había hecho, que era muy grave y que si no renunciaba, que ya sabía lo que me podía pasar. Yo eso lo entendí como una amenaza de muerte.”

Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

En entrevista con Radio Fórmula, señaló además que tres alcaldes morenistas fueron orillados a dejar el poder bajo la gestión de Rocha, con Enrique Inzunza como operador clave.

El testimonio de “El Químico” reaviva las acusaciones de narcopolítica y corrupción que ya enfrenta Rocha Moya en México y Estados Unidos.

Luis Guillermo Benítez “El Químico” acusa directamente a Rocha Moya

En una reciente entrevista con Radio Fórmula, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez “El Químico”, reveló que fue amenazado de muerte por el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya.

Según Benítez, durante la gestión de Rocha Moya, tres alcaldes morenistas fueron orillados a dejar el poder, y señaló a Enrique Inzunza como el operador principal de las acciones más cuestionables del mandatario sinaloense.

“Honestamente sentí miedo en ese momento y dije yo: ‘bueno, si así están las cosas’. Lo pensé y decidí firmar y aceptar que renunciaba, pero la verdad es que fui obligado prácticamente ante una amenaza velada.”

Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

El testimonio de Luis Guillermo Benítez ha generado fuerte impacto en Sinaloa y reaviva las acusaciones de narcopolítica y corrupción en el gobierno morenista de la entidad.

“Quien ganó la encuesta y eso lo reconoce el propio Rocha Moya, fue un servidor. Gané la encuesta en Sinaloa pero previamente ayudado por quien quien mece la cuna de Rocha Moya: el senador Enrique Inzunza. Me fincaron una acusación que no existía para sacarme del camino a la candidatura al gobierno de Sinaloa.”

Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

Usuarios en redes exigen investigación inmediata de las autoridades federales ante la gravedad de las declaraciones de Benítez contra Rocha Moya, quien actualmente enfrenta acusaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Pues cabe recordar que recientemente se le acusó de tener nexos con el narcotráfico, específicamente con la célula de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, acusaciones que involucran a al menos 9 funcionarios más incluido al senador Enrique Inzunza.

“Tengo relatos de personas que me dicen como Rocha Moya compró a muchos cercanos a López Obrador con dinero, con millones y millones de pesos. Formaron un círculo alrededor del presidente López Obrador para que yo no fuera el candidato, porque ya habían hecho negociaciones con Rocha Moya. Ahora lo que me interesa es que Rocha Moya sea juzgado, si es en México en México pero sería preferible en Estados Unidos donde piden su extradición, porque aquí pudieran evadir, como ya evadieron en una ocasión, los señalamientos contra Rocha Moya de ser el causante del asesinato del diputado federal, Héctor Meneses.”

Luis Guillermo Benítez “El Químico”, exalcalde de Mazatlán

Aunque su gestión fue mediática y polémica, con controversias administrativas que derivaron en su salida del gabinete de Rubén Rocha Moya en 2023, Benítez se consolidó como una figura reconocida en la política local.

Actualmente mantiene actividad fuera del sector público, tras más de dos décadas de trayectoria.

¿Quién es Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres fue presidente municipal de Mazatlán en dos periodos consecutivos: de 2018 a 2021 y de 2021 a 2022, este último sin concluir, ya que dejó el cargo para integrarse al gobierno estatal como secretario de Turismo de Sinaloa.

Su carrera política ha sido mediática y marcada por controversias administrativas que derivaron en su salida del gabinete en 2023.

¿Qué edad tiene Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres nació el 4 de enero de 1951 en Mazatlán, Sinaloa, por lo que en 2026 tiene 75 años.

¿Quién es la esposa de Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres está casado con Gabriela Piña Chico, a quien reconoce como su compañera de vida.

¿Qué signo zodiacal es Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres es Capricornio, ya que nació el 4 de enero. Este signo de tierra se asocia con cualidades como la disciplina, constancia y enfoque en objetivos a largo plazo.

¿Luis Guillermo Benítez Torres tiene hijos?

Luis Guillermo Benítez Torres es padre de cuatro hijos junto a su esposa, Gabriela Piña Chico.

¿Qué estudió Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres cuenta con formación como químico farmacobiólogo.

• Licenciatura: Químico Farmacobiólogo (Universidad de Guadalajara)

¿En qué ha trabajado Luis Guillermo Benítez Torres?

Luis Guillermo Benítez Torres es conocido por su paso por la alcaldía de Mazatlán y su posterior cargo en el gobierno estatal, además de su actividad reciente fuera del sector público.

• Candidato ciudadano a regidor (PRD) (1998–2001)
• Asesor en la Presidencia Municipal de Mazatlán (2002–2003)
• Integrante de la Comisión del Plan Municipal de Desarrollo de Mazatlán (2002–2004)
• Candidato a diputado local (PT) (2005–2008)
• Secretario Técnico y vocero de Redes Ciudadanas en Sinaloa (2006)
• Coordinador de campaña (coalición PRD-PT) (2007)
• Candidato a síndico procurador (2007)
• Presidente del Comité del Gobierno Legítimo en Mazatlán (2007)
• Presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa (2018–2021)
• Titular de la Secretaría de Turismo Sinaloa (hasta 2023)

Así lo aseguró Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Sinaloa, quien resaltó que se trata de una licencia sin plazo específico.

Sueldo de Rocha Moya ahora es para Yeraldine Bonilla

En entrevista con Azucena Uresti, el presidente del Congreso de Sinaloa señaló que la licencia que le fue aprobada a Rubén Rocha Moya es sin goce de sueldo.

Asimismo, resaltó que, al ser una licencia temporal sin plazo específico, el sueldo que le correspondería como gobernador, ahora será para la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

“Es sin goce de sueldo…él no tiene nada de labor dentro del gobierno. El sueldo que le corresponde va a ser para Yeraldine Bonilla”

Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Asimismo, señaló que el Congreso de Sinaloa consideró que la licencia temporal de Rubén Rocha Moya tomaría más de 30 días, por lo que se determinó la necesidad de nombrar a un gobernador o gobernadora interina.

En este caso, se aprobó por unanimidad que el cargo sea tomado por Yeraldine Bonilla, quien es la primera mujer en ser la titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa.

Rubén Rocha no tiene fuero, confirma Congreso de Sinaloa

Por otra parte, Rodolfo Valenzuela confirmó que Rubén Rocha Moya no cuenta con fuero desde el momento en el que se aprobó su licencia temporal.

“Él al separarse del cargo pierde el fuero eh constitucional”

Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Además, resaltó que se trata de una medida que tomó el gobernador con licencia para facilitar las investigaciones de los gobiernos de Estados Unidos y México respecto a las acusaciones sobre su presunta relación con el narcotráfico.

Sin embargo, se dijo seguro de que, tras las investigaciones extensas que se realizarán, Rubén Rocha Moya quedará exento de responsabilidades.

“Yo creo que entre los que van a quedar exentos de de esta responsabilidad es el gobernador Rocha, es una persona de trabajo”

Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

“Hasta donde tengo entendido, sigue aquí en Sinaloa. Sinceramente no tengo conocimiento pleno, pero tengo entendido que está aquí”

Omar García Harfuch, titular de la SSPC

La ubicación del gobernador con licencia se da a conocer luego de que solicitara separarse del cargo, tras las acusaciones de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y otros delitos.

Desde la conferencia del Gabinete de Seguridad de este lunes 4 de mayo de 2026, autoridades federales ofrecieron más detalles sobre el caso y el paradero de Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya cuenta con seguridad tras pedir licencia

Durante la misma conferencia, se confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con un equipo de seguridad, luego de solicitar licencia como gobernador de Sinaloa.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta información y señaló que el exmandatario enfrenta un riesgo real.

“Sí, en este momento tiene seguridad”, afirmó.

El equipo de seguridad fue solicitado por el propio Rocha Moya, quien permanece en Sinaloa.

FGR mantiene investigación contra Rubén Rocha Moya

Asimismo, Omar García Harfuch informó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación formal contra Rubén Rocha Moya, relacionada con inmuebles del exfuncionario.

“Tengo entendido que la propia Fiscalía General de la República, con base en el requerimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe realizar —como ya lo informaron— una investigación formal y oficial”

Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Esto ocurre tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que lo vincula con el Cártel de Sinaloa.

México pide más pruebas a Estados Unidos por caso Rocha Moya

Pese a que las investigaciones continúan, el Gobierno de México señaló en una primera respuesta que las autoridades estadounidenses no han presentado elementos suficientes que acrediten la urgencia de la detención.

Por ello, la solicitud no se considera debidamente fundamentada y se requiere mayor evidencia.

En ese sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a Estados Unidos más datos de prueba para avanzar en las indagatorias y determinar la viabilidad de la detención provisional con fines de extradición.

Durante la conferencia mañanera del lunes 4 de mayo de 2026, la funcionaria señaló que la exposición mediática del caso de Rocha Moya ha derivado en un “linchamiento mediático” y en juicios anticipados por parte de la opinión pública.

“En este caso (Rocha Moya), dicha confidencialidad se violentó, provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las diez personas mencionadas”

Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

Además, explicó las diferencias entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, en el contexto del proceso que involucra al gobernador de Sinaloa con licencia.

¿Qué es la confidencialidad en el caso Rocha Moya?

Luisa Alcalde detalló que, en los procesos de extradición, la información debe ser entregada de manera confidencial por el país requirente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este principio busca proteger el debido proceso y la presunción de inocencia, evitando una exposición mediática prematura que pueda influir en las autoridades o contaminar las pruebas.

Este criterio está respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, específicamente en su artículo 8.

Sin embargo, la funcionaria subrayó que la difusión pública de la solicitud de detención provisional —emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York— vulneró este principio de confidencialidad.

¿Qué pasará con la extradición de Rocha Moya?

Hasta ahora, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) analizar la solicitud presentada por autoridades de Estados Unidos, así como las pruebas aportadas, para determinar si procede o no la detención provisional con fines de extradición.

Luisa Alcalde informó que, hasta el momento, la FGR mantiene las siguientes posturas:

• No ha prejuzgado sobre la posible comisión de un delito.
• No ha definido si procede la solicitud de detención provisional.
• Considera que el país requirente no aportó elementos suficientes para acreditar la urgencia del caso.
• Señala que la solicitud no está debidamente fundamentada y requiere evidencia adicional.
• Ha solicitado que se garantice la confidencialidad del proceso para proteger el debido proceso.

Durante la Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que Rocha Moya no se encuentra bajo amenaza; sin embargo, se recomendó que se acompañará de un cuerpo de seguridad.

Esto como parte de los protocolos vigentes para la protección de funcionarios, pero sobre todo porque en Sinaloa, la violencia continúa aumentando.

“No fue una solicitud sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad... No tenemos indicios de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga una amenaza”

Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Harfuch revela esquema de seguridad de Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) garantiza la integridad y la seguridad de Rubén Rocha Moya, de 76 años de edad, tras señalamientos en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

Razón por la que luego de evaluar riesgos, el Gabinete de Seguridad Federal recomendó a Rocha Moya acompañarse de escoltas; sin embargo, no se dará información sobre cuántas personas lo acompañan.

“No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos... Cuántas escoltas se asignan es de manera confidencial”

Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch, de 44 años de edad, insiste, nadie lo está amenazando, pero al vivir en Sinaloa donde no cesa la violencia, es necesario que lo acompañen elementos de la Guardia Nacional.

Aún cuando, asegura, en el estado no ha repuntado la violencia luego de que el gobernador solicitara licencia temporal.

“Es un exfuncionario, al ser Sinaloa un estado donde ha habido hechos violentos se considera que use escolta... No hemos detectado un repunte de violencia por la licencia solicitada por el gobernador, se está haciendo un reforzamiento y una evaluación de la situación permanente del estado”

Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Cabe mencionar que Rocha Moya permanece en Sinaloa.

El gobernador perdió el fuero al pedir su separación temporal al cargo de gobernador. Yeraldine Bonilla Valverde, hoy funge como gobernadora interina.

Sinaloa y Culiacán viven un fin de semana violento

Pese a que Harfuch asegura que no aumentó la violencia en Sinaloa tras la solicitud de Rocha Moya, el propio cae en la contradicción al aceptar que el fin de semana el estado y Culiacán, una vez más, se tiñeron de rojo.

Durante la madrugada del 3 de mayo, tres hombres murieron y una mujer resultó lesionada durante dos balaceras que tuvieron lugar en plaza comercial de Tres Ríos.

Así como se llevó a cabo un operativo federal en el que se logró la detención de José Porfirio Díaz Medina, alias El Pío, identificado como un miembro de importancia en la estructura de ‘El Mayo’ Zambada.

El 29 de abril de 2026 se solicitó su detención provisional con fines de extradición, regulada por el artículo 11 del tratado bilateral, pero la FGR concluyó que no existen elementos suficientes para proceder.

En caso de que se presenten pruebas adicionales, será un juez de control quien determine las medidas cautelares aplicables a Rubén Rocha Moya.

El momento procesal de Rocha Moya tras solicitud de Estados Unidos

Luisa Alcalde señaló que, tras la solicitud de detención con fines de extradición de Estados Unidos, el caso contra Rubén Rocha Moya se encuentra a la espera de los datos de prueba que acrediten la urgencia de su captura.

La Consejera Jurídica destacó que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) su opinión respecto a la solicitud, quien destacó que, hasta el momento no hay elementos que acrediten la detención provisional.

Es decir, la solicitud de detención con fines de extradición no está debidamente fundada y el tribunal de Nueva York debe de aportar dicha información para proceder con la solicitud.

“El momento procesal en el que estamos es en el que la fiscalía emite su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Relaciones Exteriores…necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos para poderlo presentar ante un juez”

Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

Asimismo, resaltó que será un juez de control quien determine la medida cautelar que se podría imponer, en caso de que se envíen los elementos probatorios necesarios para avanzar con la solicitud.

Estados Unidos debe presentar elementos de prueba para posible detención de Rocha Moya: Luisa Alcalde

Luisa Alcalde señaló que Estados Unidos no realizó la solicitud formal de extradición de Rubén Rocha Moya, sino la detención provisional con fines de extradición, para lo que debe proporcionar elementos de prueba.

La consejera resaltó que, de acuerdo al artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la solicitud de extradición debe presentarse con los elementos probatorios que acrediten la urgencia para realizar una detención provisional.

Dicho elementos deben probar el riesgo de sustracción u obstaculización del proceso judicial; de considerarse fundados, el país solicitante cuenta con 60 días para enviar la solicitud formal de extradición.

“En este caso la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición, lo que presentó fue una solicitud de detención con fines de extradición. Para poder solicitar esto debe anexar datos de prueba para establecer la urgencia”

Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

Por otra parte, destacó que, de haber sido solicitada la extradición formal, Estados Unidos tuvo que presentar el delito por el que se le acusa, así como anexar:

• relación de hechos imputados
• textos legales que tipifiquen los delitos, fijen la pena y regulen la prescripción
• datos de prueba que establezcan que es probable la comisión del delito
• copia certificada de la orden de aprehensión emitida por el juez que lo requiere
• datos de identificación
• traducción al español debidamente legalizada

Esto de acuerdo con el artículo 10 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

“Lo primero que hay que destacar es que hay que hacer una distinción entre lo que es una solicitud formal de extradición y lo que es una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No es lo mismo, está regulado en artículos distintos”

Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia

La consejera jurídica detalló que el artículo 10 del tratado bilateral regula la solicitud formal, que requiere pruebas, orden de aprehensión y traducción oficial, mientras que el artículo 11 contempla la detención provisional en casos urgentes.

La FGR concluyó que no existen elementos suficientes para aplicar la solicitud de Estados Unidos y solicitó más pruebas a través de la SRE.

¿Qué es una solicitud formal de extradición?

De acuerdo con Alcalde, este procedimiento está contemplado en el artículo 10 del Tratado entre México y Estados Unidos, y requiere cumplir con varios requisitos formales.

Entre los principales elementos destacan:

• Envío de la solicitud por vía diplomática
• Especificación del delito imputado

Además, se deben anexar:

• Relación detallada de los hechos
• Fundamento legal del delito, sanción y prescripción
• Pruebas que acrediten la probable responsabilidad
• Copia certificada de la orden de aprehensión
• Datos de identificación del acusado
• Traducción oficial al español

¿Qué es la detención provisional con fines de extradición?

La detención provisional con fines de extradición está regulada en el artículo 11 del mismo tratado y se utiliza en casos urgentes.

Este mecanismo aplica cuando existe riesgo de fuga o de que se obstaculice el proceso judicial. En estos casos, el país solicitante puede pedir la detención antes de presentar la solicitud formal.

Para ello, debe:

• Justificar la urgencia con elementos de prueba
• Solicitar la medida de manera previa a la extradición formal

Si la solicitud procede, se puede ejecutar la detención provisional y se abre un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición.

¿Qué pasa con el caso Rocha Moya?

Sobre el caso Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó la opinión de la Fiscalía General de la República, que concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la urgencia de la detención.

Por ello, México pidió a la autoridad judicial de Distrito Sur de Nueva York que proporcione más información antes de proceder.

En caso de que la solicitud sea avalada, la FGR deberá presentar el caso ante un juez de control, quien determinará si procede la detención provisional o la aplicación de otras medidas cautelares para Rocha Moya.

Por ahora, el proceso se mantiene en pausa, mientras las autoridades mexicanas piden y esperan más pruebas por parte de Estados Unidos para actuar conforme al tratado de extradición vigente.

“Llegaron a nuestro partido oportunistas, entre ellos Rubén Rocha Moya… llegó a la gubernatura de Sinaloa pero desgraciadamente ha dejado sembrado en el estado corrupción, inseguridad, decadencia…”

Luis Guillermo Benites Torres. Fundador de Morena Sinaloa

Luis Guillermo Benites Torres recordó con Michelle Rivera, en Grupo Fórmula, que él fue fundador de Morena Sinaloa tanto como movimiento y como partido, por lo que no se saldrá.

También dijo que él fue uno de los que caminó con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde antes de la llegada de quienes dijo fueron oportunista.

Piden a Ariadna Montiel limpiar Morena Sinaloa

Luis Guillermo Benites Torres, fundador de Morena Sinaloa, pidió a la recién nombrada presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, que acuda a limpiar el partido en el estado.

Y es que dijo que a pesar de que Rubén Rocha Moya pidió licencia, en el gobierno se quedaron incondicionales de él.

De hecho, dijo que una vez que llegó al gobierno, Rocha borró a Morena y colocó a personas afines no solo en su gabinete sino hasta en organismos como la Auditoría Superior de Sinaloa y la Fiscalía estatal.

Rocha Moya dejó una estela de fosas clandestinas: fundador de Morena Sinaloa

Luis Guillermo Benites Torres dijo que le duele ver el sufrimiento de la gente de Sinaloa por la violencia y fosas clandestinas que se generaron durante la administración de Rocha Moya.

“El gobernador Rocha Moya dejó una estela de inseguridad, de violencia, de fosas clandestinas…”, dijo en referencia a la guerra interna desatada en el Cártel de Sinaloa que dijo generó con sus acciones.

Celebran en Sinaloa licencia de Rocha Moya: estamos de fiesta estatal

“Hoy estamos de fiesta”, dijo Luis Guillermo Benites Torres luego de darse a conocer la licencia de Rubén Rocha Moya y aunque es una salida provisional la celebran pues no están a gusto con sus administración.

“Aquí en Sinaloa ya inició la fiesta, es una fiesta estatal porque el 90 por ciento de sinaloenses queríamos que Rocha dejara de ser gobernador. Hoy estamos de fiesta…”

Luis Guillermo Benites Torres. Fundador de Morena Sinaloa

No obstante, dijo que no están convencidos de que Yeraldine Bonilla se la gobernadora pues, como dijo antes, es una de sus incondicionales que no tardó en defenderlo.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras pedir licencia el 2 de mayo, Rubén Rocha Moya quedó sin fuero pero con protección oficial, al considerarse que enfrenta un riesgo real.

La presidenta de México explicó que cualquier servidor público o ciudadano puede pedir seguridad al Gabinete, aunque no detalló el número de elementos asignados al gobernador con licencia.

Claudia Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal

En la conferencia mañanera del 4 de mayo del 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que tras la petición de licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal luego de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”, explicó la mandataria, asegurando que tras un análisis se confirmó el riesgo que tiene.

Sheinbaum explicó que un gobernador, servidor público o bien, hasta un ciudadano tiene el derecho a pedir protección al Gabinete de Seguridad, circunstancia a la que recurrió Rocha Moya.

La mandataria aseguró que tras la licencia de Rocha Moya obtuvo seguridad federal luego de un análisis previo que apuntó que sí necesitaba de este servicio por el gobierno.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, gobernador con licencia, de cualquier estado de la república [mexicana], sea un diputado, un senador,incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o el Gabinete de Seguridad apoyo. Se hace una análisis de riesgo y sobre eso se establece si se da o no”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no especificó cuánta seguridad se le brindó a Rubén Rocha Moya.

Fue el 2 de mayo que el gobernador de Sinaloa pidió licencia al Congreso del Estado, mismo que se le otorgó y lo que lo dejó sin fuero.

La solicitud de Rubén Rocha Moya se hizo tres días después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico ligado al Cártel de Sinaloa.

Desafortunadamente, para el gobernador Rocha Moya y para el régimen político, la concesión de su retiro temporal del cargo es mayúscula, pero no suficiente. Quien le reemplazó, la secretaria de gobierno, Yeraldine Bonilla, se pronunció por su inocencia. Su opinión poco cuenta para el caso judicial, sí mucho desde el punto de vista político, porque indica que no hay punto de quiebre, es continuidad y de lo que se le acusa es poner el gobierno al servicio del cártel Sinaloa. Más relevante es el mensaje de la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel en el que marca distancia y se pronuncia por candidatos con trayectoria impecable.

La separación no es reconocimiento de culpa y, efectivamente, solo una sentencia hace culpable a cualquiera. Rubén Rocha se presume inocente hasta que una sentencia lo declare culpable. No fue la postura del régimen con sus enemigos, mucho menos con Genaro García Luna.

Ese precisamente es el dilema de la presidenta Sheinbaum. No hay culpa hasta que haya sentencia y no hay sentencia sin el debido proceso y pruebas suficientes que demuestran la responsabilidad del imputado. Dificultad mayor por varias razones, quizá la más importante, no de carácter legal, es que sobre Rocha Moya debió ser objeto de investigación desde que se dio a conocer su probable participación en el secuestro de El Mayo Zambada y en el homicidio de Melesio Cuén, su rival político. La FGR acreditó, fehacientemente, que las autoridades de Sinaloa habían encubierto el homicidio. El expresidente López Obrador, la presidenta Sheinbaum y la nomenclatura morenista por razones políticas le protegieron en lugar de investigarlo, porque el caso se reproduce en otros estados o porque la complicidad se extiende al partido o a niveles superiores del gobierno. Un error de la presidenta Sheinbaum asumir, inicialmente, una postura de reserva e implícito rechazo a las imputaciones de parte del Departamento de Justicia del gobierno norteamericano. La licencia indica que hay cambio.

Las dificultades del gobierno para defender a Rocha Moya tiene que ver con la postura de validar el uso de criminales en condición de testigos protegidos en el caso de Genaro García Luna, por ejemplo. En su momento señalamos, que el gobierno de México aprobara y montara su comunicación en tales testimonios con el tiempo habría de revertirse a funcionarios del régimen obradorista. La soberbia y el interés de López Obrador de cobrarse el agravio con el expresidente Felipe Calderón le llevaron a cometer un error monumental. Por sentido común y valor de probanza, un criminal que ofrece su testimonio en búsqueda de beneficios procesales debe tomarse con reserva.

Justo ese es el problema del exgobernador y los demás inculpados. El testimonio de Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, ha servido, entre otros elementos de prueba, para fundar la responsabilidad del exgobernador Rocha Moya en el acuerdo para la elección de 2021, cuando el crimen organizado operó para favorecer a través de recursos ilegales y violentos el triunfo de Rocha Moya, a cambio de que actuara a favor del cártel de Sinaloa, declarado grupo internacional terrorista por el gobierno norteamericano.

La licencia no será suficiente porque el caso de Sinaloa no es aislado. Las autoridades norteamericanas tienen en su poder pruebas, como el teléfono móvil de Sergio Carmona, en el que constan diálogos que incriminan a candidatos y, posiblemente, al entonces dirigente de Morena, Mario Delgado. Las elecciones de gobernador de varios estados estarían bajo la misma tesitura y eso compromete no solo a los gobernadores aludidos, sino al partido receptor y gestor de los recursos. Bajo el esquema de organización terrorista, Morena no tendría futuro por su asociación a una organización terrorista. Así de grave y así de contundente. Noticias del fin del mundo, el principio del fin.

La impunidad se vuelve contra el régimen político. Si en lugar de proteger al gobernador Rocha, hubiera sido sometido a proceso penal por el encubrimiento en el homicidio de Melesio Cuén a todos les hubiera salido barato.

Dicho lo anterior, ¿qué tanta relación tiene el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya y la doctrina política que le ha permitido a los gabachos vulnerar de múltiples formas la soberanía de las naciones americanas una y otra vez?

Mucho tienen que ver entre sí; es decir, salir a defender a Rocha Moya es algo que no haré, puesto que existen múltiples indicios de que de una u otra forma tiene correlación con el crimen organizado con base en variadas investigaciones periodísticas. Sin embargo, y enfatizo en ello, ¿qué les da derecho a los estadounidenses por querer “venirnos a ayudar” con nuestros problemas políticos y sociales con el narcotráfico? Puesto que el meollo del asunto no radica en que se descarte mi argumento per se desde una supuesta xenofobia. Sino en que la historia nos ha enseñado una y otra vez que los vecinos del norte raras veces hacen algo por otro país que no sea el suyo de buena fe.

Sería muy ingenuo pensar que los Estados Unidos de América son los buenos del cuento, cuando ya hasta en Hollywood pasa cada vez con menor frecuencia que en sus películas existan esas tramas donde los salvadores de la humanidad son ellos, y no hablo desde el revanchismo histórico existente con nuestra nación, donde hay muchas heridas que son testigos de nuestra relación tóxica de bullying e impunidad, y que hoy el presidente Donald J. Trump nos ha dejado muy claro que si queremos “ser buenos vecinos”, tendremos que sujetarnos a sus antojos, ya que, para él, no existen aliados, sino súbditos o secuaces bajo las órdenes del jefe supremo de la internacional populista, como se le ha denominado en otros espacios.

Respeto y aplaudo el proceder de la presidenta Claudia, al mantenerse firme en su postura de que si los Estados Unidos acusan a Rocha Moya y a otros connacionales, deben entregar pruebas de ello, es decir, nadie debería ser culpable hasta que no se le demuestre lo que se le imputa, dado que la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental que no está a observancia ni a capricho de nadie, porque ningún inocente debiera estar en la cárcel, así como ningún culpable debe estar libre, derivado de que no se debe tergiversar el actuar de la doctora Sheinbaum, puesto que la narrativa oficial del gobierno mexicano en esta situación no es una invitación a la impunidad, sino un llamado a la soberanía y al respeto de las instituciones mexicanas, que, a pesar de que muchas de ellas son altamente ineficientes y perfectibles, no deben ser susceptibles a la manipulación de intereses extranjeros.

Fue muy atinado que Rubén Rocha haya pedido licencia junto con otros presuntos funcionarios acusados de colusión con los cárteles señalados por EUA; habla bien de ellos en primera instancia, aunque eso no los exime de alguna responsabilidad posterior ni los exonera de otros tantos atropellos y vejaciones a la población sinaloense. Sin embargo, así como en su momento enfaticé que en el caso del expresidente venezolano Nicolás Maduro y su secuestro por fuerzas militares estadounidenses, dicho acto, lejos de demostrar el rol de libertadores de los oprimidos, reflejaba la vocación imperialista (y gandalla) de Trump, que bajo el amparo del Destino Manifiesto y la doctrina Monroe no se detendría ante nada ni nadie por lograr sus objetivos extractivistas, militares y geopolíticos.

Es muy aventurado saber qué va a pasar con el destino de Rocha Moya y nuestra nación en los próximos días, pero lo que nos compete como ciudadanía es ser críticos y respaldar la soberanía nacional más allá de las preferencias partidistas; no debe caber espacio para el entreguismo y las victorias pírricas de —la oposición— que celebra este acto de flagrante intervencionismo internacional sobre la autodeterminación de nuestra patria, que, aunque debo reconocer que nunca he sido un empedernido patriotero, sí soy un ferviente creyente de la democracia y la autarquía de los pueblos, porque, como así señaló en su texto Marcelino Dávalos de Por la Patria: ¡Guerra! ¡Guerra doquiera! ¡De la Patria querida profanar los blasones! ¡Que sus montes y torres al caerse nos cubran y camine entre tumbas el tropel de invasores!”… ¡Nos leemos pronto!

Rocha Moya, gobernador de Sinaloa desde 2021, ha encabezado una administración en un entorno marcado por la inseguridad estructural. En semanas recientes, su nombre fue mencionado en reportes periodísticos internacionales sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Él ha rechazado cualquier imputación.

Pero en los mercados financieros el punto no es la culpabilidad, es la señal.

El gobierno federal ha respondido con respaldo institucional bajo el principio de presunción de inocencia. Jurídicamente correcto. Pero financieramente, el mensaje es distinto: cuando la defensa política se percibe automática, la independencia institucional se cuestiona.

El efecto Chihuahua: una agenda de seguridad que se diluye. Previo a este episodio, el gobierno federal había logrado posicionar el caso de Chihuahua como eje de seguridad nacional frente a Estados Unidos.

Esto implicaba:

–control narrativo en seguridad

–alineación con agenda bilateral

–fortalecimiento institucional.

El caso Rocha Moya rompe esa narrativa. México pasa de una agenda proactiva a una reactiva.

Esto es especialmente delicado en 2026, con Donald Trump endureciendo su discurso rumbo a elecciones intermedias, donde temas como migración, narcotráfico y lavado de dinero dominarán la agenda. Adicional a ello la difícil negociación del T-MEC con este entorno y la lata dependencia de la economia mexicana de los Estados Unidos.

Calificadoras: el riesgo ya es financiero. Las agencias calificadoras no califican delitos, califican riesgo.

Tras estos eventos:

–Sinaloa fue colocado en revisión negativa por Standard & Poor’s

–se advirtió posible impacto en liquidez, financiamiento y gobernanza.

Datos relevantes:

–deuda total: 7,182 millones de pesos

–deuda de corto plazo: 2,695 millones (37.5%)

Esto implica:

–mayor costo de financiamiento

–menor acceso a crédito

–presión presupuestal.

Un evento político se traduce directamente en riesgo financiero.

SCJN, UIF y discrecionalidad institucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la UIF pueda congelar cuentas sin orden judicial previa.

Esto implica:

–mayor poder administrativo

–menor control judicial previo

–riesgo de discrecionalidad

Al mismo tiempo, el Poder Judicial enfrenta:

–baja legitimidad por participación electoral limitada

–cuestionamientos de su independencia y la

–exposición mediática que debilita su perfil técnico.

Esto ha generado la necesidad de una “reforma a la reforma judicial”, reconociendo deficiencias en su diseño. Sin un Poder Judicial confiable, no hay certeza jurídica ni crédito eficiente.

Artículo 111 constitucional: el debate del fuero

El artículo 111 constitucional establece la inmunidad procesal de ciertos funcionarios.

El debate actual es:

–interpretación formal

–el fuero subsiste aun con licencia

–requiere declaración de procedencia

Interpretación material

–la licencia elimina la protección

–el funcionario puede ser procesado

No existe criterio uniforme. Esto genera:

–incertidumbre jurídica

–riesgo político

–impacto en decisiones financieras.

Cuando ni el alcance del fuero es claro, el sistema pierde certidumbre básica.

Riesgo estructural en estados: un fenómeno nacional. El problema no es exclusivo de Sinaloa

Estados como:

–Baja California

–Tamaulipas

–Michoacán

–Jalisco

–Tabasco

–Chiapas

–Morelos

–Guerrero

–Veracruz

–Puebla

–Hidalgo

–Quintana Roo

–Guanajuato

–Estado de México

presentan incremento en riesgo por:

–inseguridad, impunidad,

–tráfico de personas, cobro de piso,

–robo de combustibles,

–expansión de redes criminales y

–debilidad institucional.

Esto confirma: el riesgo ya es sistémico y nacional.

Datos económicos: estancamiento y presión estructural

INEGI reporta:

–crecimiento anual del PIB 1T 2026: ~0.2%

–caída trimestral: -0.8%

Por sectores:

–primario: -1.4%

–secundario: -1.1%

–terciario: -0.6%

Esto indica:

–desaceleración

–debilidad productiva

–bajo dinamismo económico.

Pemex y CFE: deterioro contenido con recursos públicos

Pemex:

–pérdida trimestral cercana a 46 mil millones de pesos

–deuda reducida a ~79 mil millones de dólares, principalmente por apoyo federal

–caída en producción.

CFE:

–pérdida trimestral de 402 millones de pesos

–dependencia de transferencias (~16% de ingresos)

No hay mejora estructural, hay contención fiscal

Inflación, petróleo y contradicción económica. A pesar de precios internacionales favorables:

–México no capitaliza ingresos

–persiste inflación en torno a 4.5% – 5%

–alimentos y energía presionan precios.

Dependencia estructural

México depende de:

–importación de maíz

–fertilizantes externos.

Esto genera:

–vulnerabilidad inflacionaria

–presión social y

–riesgo político.

Sector financiero: efecto acumulado.

Consecuencias:

–mayor costo de fondeo

–menor crédito productivo

–mayor cautela en el otorgamiento por parte del sector financiero.

UIF y el silencio institucional. Hasta ahora, la UIF no ha emitido posicionamiento claro con relación al asunto de Rocha Moya y el efecto de ello en las cuentas de personas físicas y morales relacionadas con funcionarios públicos.

En mercados financieros: el silencio no es neutral, es incertidumbre.

El caso Rocha Moya no es aislado. Es la convergencia de:

–debilidad institucional,

–incertidumbre jurídica,

–presión internacional y

–estancamiento económico

La confianza no se pierde por un evento, se pierde por acumulación de señales.

Cuando el riesgo se extiende geográficamente, deja de ser local y se vuelve estructural.

Sin certeza jurídica, sin instituciones sólidas y sin resultados económicos, la inversión no llega, el crédito no crece y la economía no despega.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.

A lo que Sheinbaum respondió a reporteros que hablará de Rocha Moya ​​“el lunes en la mañanera”, fueron sus palabras en medio de la tensión creciente tras acusaciones de Estados Unidos a funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

👀 La presidenta Sheinbaum dijo desde Palenque, Chiapas, que hasta el lunes dará declaraciones sobre la licencia que pidió Rubén Rocha. 🏛️ 🇲🇽

📹: Israel Aldave pic.twitter.com/FpOr7aDqfq

— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 2, 2026

¿Sheinbaum recomendó a Rocha Moya pedir licencia? Esto respondió a pregunta

Una de las preguntas al aire que se le hicieron a la presidenta, Claudia Sheinbaum fue sobre si ella le recomendó a Rocha Moya pedir licencia antes los señalamientos de Estados Unidos.

A lo que igualmente, Sheinbaum prefirió no responder, asegurando que hablará hasta su conferencia mañanera del lunes 4 de mayo.

Luego de que este mismo sábado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa concediera la licencia temporal para separarse del cargo de gobernador a Rubén Rocha Moya con la finalidad de facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Claudia Sheinbaum responderá sobre solicitud de licencia de Rocha Moya hasta mañanera del 4 de mayo

La postura de Sheinbaum fue firme ante las preguntas de reporteros, pues para ninguno hubo respuestas precisas sobre la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya tras el inicio de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo que será hasta el lunes 4 de mayo cuando Sheinbaum se enfrente a más de un cuestionamiento, sobre la posible solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia

De acuerdo con el coordinador general de Política y Gobierno, la inmunidad procesal —conocida como “fuero”— protégé a la función, no a la persona que ocupa el cargo en ese momento.

Es decir, cuando un gobernador solicita licencia, como es el caso de Rubén Rocha, deja de ejercer la función, por lo que pierde la inmunidad y puede ser detenido como cualquier persona.

Rubén Rocha puede ser detenido tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa

El artículo 112, párrafo primero, de la Constitución de México, explica que cuando algún servidor público se encuentra separado de su función, por ejemplo, por licencia, ya no cuenta con fuero y puede ser detenido.

Esto quiere decir que Rubén Rocha, como exgobernador de Sinaloa luego de solicitar licencia y recibir la aprobación del Congreso estatal el viernes 1 de mayo, puede ser arrestado.

El Artículo 112 establece con claridad que la citada protección constitucional no se disfrutará cuando los servidores públicos estén separados de empleo, cargo o comisión... no significa una concesión del servidor público, sino de la función

Semanario Judicial de la Federación

La misma situación aplicaría para el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Díaz, quien también hizo oficial la separación temporal de su cargo en medio de las acusaciones de Estados Unidos.

Rubén Rocha solicitó licencia en medio de investigación de la FGR

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció el viernes por la noche que solicitó licencia temporal a su cargo, en medio de una investigación abierta por la FGR y tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el exmandatario estatal aseguró que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”, subrayando que su trayectoria pública respalda suactua r.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”

Rubén Rocha

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador tenía vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, el cual, de acuerdo con el expediente, podría rastrearse desde 2021, antes de que asumiera el cargo.

“Lo que más le conviene al país y al gobierno de la presidenta Sheinbaum es entregarlo lo más rápidamente posible, concluir el trabajo de investigación y entregarlo para que lo concluyan en Estados Unidos”.

Francisco Labastida Ochoa

Durante una entrevista en Radio Fórmula, Francisco Labastida Ochoa sostuvo que esta medida beneficiaría al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, al permitir avanzar en las investigaciones fuera del país.

El ex candidato presidencial argumentó que la entrega de Rubén Rocha Moya responde a dudas sobre el sistema judicial mexicano, además de prever que las acusaciones en Estados Unidos continuarán escalando.

Acusaciones en Estados Unidos y salida de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa

La Fiscalía de Nueva York acusó a Rocha Moya de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa, permitiendo el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense en cantidades significativas.

Tras las acusaciones, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo como gobernador, argumentando que su decisión busca facilitar las investigaciones y demostrar que los señalamientos carecen de sustento.

El Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, quien asumió funciones el 2 de mayo y expresó respaldo al ex mandatario frente a las acusaciones.

Durante su toma de protesta, Bonilla reiteró que los señalamientos contra Rocha Moya son “falsos y dolosos”, retomando la postura pública que el propio político ha sostenido.

Por su parte, Rocha Moya ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguró que no ha cometido actos de traición, confiando en que las autoridades aclararán el caso.

El caso ha generado tensión política, mientras autoridades mexicanas y estadounidenses continúan con procesos paralelos que podrían derivar en nuevas acciones legales contra otros implicados.

En este contexto, Labastida advirtió que las investigaciones no concluirán con este caso, anticipando que podrían surgir más acusaciones relacionadas con redes del crimen organizado.

En el marco de la elección de Ariadna Montiel y su posterior discurso en el que se pronunció contra la corrupción pero también sobre la que calificó como “amenaza a nuestra soberanía”, se dieron dichas porras.

La situación ha generado críticas en redes sociales contra los simpatizantes de Rubén Rocha Moya con comentarios como “están viendo y no ven”.

Critican a morenistas simpatizantes de Rubén Rocha Moya

Algunos internautas aseguraron que los que estaban a apoyando a Rubén Rocha Moya no eran sinaloenses y que los habitantes, sobre todo de Culiacán, siguen padeciendo la violencia en el estado.

Otros más dijeron que hay división al interior de Morena que solo fue un grupo el que estaba apoyando.

Algunos más dijeron que Donald Trump debería conocer la lista de quienes apoyaban a Rubén Rocha Moya, para dar a entender que les debería revisar su visa.

Simpatizantes de Rubén Rocha Moya dan su apoyo abierto

Al estilo del apoyo que simpatizantes de Marcelo Ebrard le dieron por el escándalo de su hijo, los simpatizantes de Rubén Rocha Moya han inundado Facebook con una foto tomada con él y un texto de apoyo.

En el caso de Marcelo Ebrard destacaban su experiencia, trayectoria y acciones como conseguir vacunas en la pandemia de Covid-19 para decir que los “ataques” en su contra no deberían estar por encima de su trabajo.

En el caso de Rubén Rocha Moya han expresado temas como la defensa de la soberanía y han dado su respaldo completo.

Ejemplo de ello es el caso de la usuaria Madhelym Rocha quien dijo “expreso mi respaldo firme y sin reservas hacia nuestro gobernador Dr. Rubén Rocha Moya”, por lo cual internautas le comentaron “lo que unos tienen que decir por segur ruñendo el hueso” y “tomaré screenshot a esta publicación para preguntarte... qué pasó amiguita”.

“Por unanimidad se aprueba la licencia en los términos solicitados por el doctor Rubén Rocha Moya”.

Congreso de Sinaloa

Aprobación que se da en medio de las acusaciones a Rocha Moya que la Fiscalía de Nueva York en Estados Unidos le ha imputado por presuntos nexos con el narcotráfico, en específico con el Cártel de Sinaloa.

🚨#Ahora | Congreso de Sinaloa aprueba la solicitud de licencia temporal por más de 30 días del gobernador Rubén Rocha Moya en medio de investigaciones y acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos.

Se decreta un receso. pic.twitter.com/suiZZ6PHDn

— Azucena Uresti (@azucenau) May 2, 2026

Rocha Moya deja la gubernatura de Sinaloa, tras aprobación de licencia temporal

El gobernador de Sinaloa, Rocha Moya se separará del cargo por un periodo mayor a 30 días, luego de que el congreso aprobara la licencia temporal solicitada.

Licencia temporal solicitada por Rocha Moya el viernes con el objetivo de facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), tras las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas.

Rocha Moya, se suma a las licencias temporales, junto al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los funcionarios señalados por Estados Unidos.

Yeraldine Bonilla Valverde toma protesta como gobernadora interina de Sinaloa, tras licencia de Rocha Moya

Luego de que la licencia temporal de Rocha Moya, Yeraldine Bonilla Valverde ha tomado esta misma mañana del 2 de mayo protesta ante el Congreso como gobernadora interina de Sinaloa.

Yeraldine Bonilla asumió el cargo como gobernadora interina de Sinaloa, con 33 votos a favor para desempeñar el papel en lugar de Rocha Moya.

Según la dirigencia del PAN, las acusaciones de narcotráfico contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios locales validan las advertencias previas sobre una profunda crisis institucional en Sinaloa.

PAN busca “devolver estabilidad a Sinaloa” con la desaparición de Poderes en Sinaloa tras acusaciones contra Rocha Moya

Jorge Romero, líder nacional del PAN, insistió en la demanda de su partido, para que la Cámara de Senadores busque la desaparición de poderes en Sinaloa.

Manifestó que la supuesta intromisión del crimen organizado en las elecciones de 2021 en Sinaloa, las cuales relacionan a Rubén Rocha Moya, constituye una alteración grave de la democracia en México.

Romero enfatizó que es indispensable aplicar mecanismos constitucionales extraordinarios para devolver la estabilidad a Sinaloa, ya que la inseguridad actual ha sobrepasado las facultades de las autoridades estatales y federales.

La dirigencia del PAN calificó de preocupante que las acusaciones por narcotráfico contra Rocha Moya sean impulsadas por agencias de Estados Unidos en lugar de las instituciones de justicia mexicanas.

En este sentido, el PAN señaló que una simple licencia del gobernador no soluciona el problema si no se implementan acciones contundentes para investigar y combatir a fondo el crimen organizado en el Sinaloa.

El enfoque central sobre desaparecer los poderes en Sinaloa, es asegurar que la ciudadanía acceda a un entorno de paz y a un gobierno local que trabaje por su seguridad.

Finalmente, el PAN reafirmó que la México no puede tolerar que quienes tienen la tarea de enfrentar a los grupos del narcotráfico se vean envueltos en sospechas de complicidad con dichas organizaciones criminales.

La FGR enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, informó el 1 de mayo de 2026 que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigir todas las pruebas y documentos necesarios antes de proceder.

Según la FGR, el pedimento de Estados Unidos no incluye evidencia ni motivos que justifiquen la urgencia de la medida.

El caso se mantiene en etapa cautelar y será revisado conforme al Tratado de Extradición Bilateral. Los 10 funcionarios solicitados por Estados Unidos son:

1. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.
2. Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
3. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
4. Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
5. Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
6. Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
7. Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
8. Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
9. Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
10. Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

FGR acusa falta de evidencia y urgencia

De acuerdo con la FGR, en la solicitud enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” que justifique la urgencia de la detención provisional.

no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial

Asimismo, la fiscalía señaló que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable la medida.

La institución subrayó que, al tratarse de una restricción a los derechos humanos, la detención solo puede otorgarse si existen motivos y pruebas sólidas que se encuadren en la normatividad nacional e internacional.

“Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones que nos otorga la Constitución... nada ni nadie por encima de la ley”, afirmó Raúl Armando Jiménez Vázquez.

FGR reclama a Estados Unidos confidencialidad

Otro punto de fricción es la difusión pública de la información que sirve de base para el pedimento, lo cual, según la FGR, pone en riesgo el debido proceso.

Por esta razón, la comunicación que se enviará a la SRE exigirá que la información sea entregada por vías que garanticen la confidencialidad para que la fiscalía pueda fijar una posición institucional definitiva.

Es importante precisar que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de medida cautelar y no en un procedimiento de extradición formal, el cual implicaría etapas adicionales ante el Poder Judicial y la propia Cancillería.

La FGR esperará la respuesta de Estados Unidos para realizar un segundo análisis y determinar si la petición se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos.

Finalmente, la FGR reiteró que se están llevando a cabo investigaciones propias sobre los hechos referidos ocurridos en territorio nacional, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados deberán entregar cualquier bien obtenido de ganancias ilícitas relacionadas con la presunta protección a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Van por cuentas, propiedades y activos ligados al narco

La estrategia legal de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y funcionaros de Sinaloa supuestamente ligados al narcotráfico, no solo contempla penas de prisión, sino también el decomiso total de activos:

• Cuentas bancarias
• Inmuebles
• Recursos transferidos a terceros

Incluso, autoridades estadounidenses advirtieron que, si no se localizan bienes directos, procederán contra activos sustitutos o vinculados indirectamente a las operaciones ilícitas ligadas al narcotráfico de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Este movimiento forma parte de una acusación de Estados Unidos más amplia contra al menos nueve funcionarios de Sinaloa:

• Enrique Inzunza Cázarez: senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
• Enrique Díaz Vega: exsecretario de Administración y Finanzas
• Dámaso Castro Zaavedra: vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
• Juan Valenzuela Millán: excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
• Marco Antonio Almanza Aviles: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Nunez: exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez: exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
• Jose Antonio Dionisio Hipolito: exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
• Juan De Dios Gámez Mendívil: presidente municipal de Culiacán

Ellos han sido señalados por Estados Unidos por presuntamente colaborar con el narcotráfico a cambio de beneficios políticos y sobornos.

El caso de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa ha escalado a nivel internacional, ya que también incluye solicitudes de extradición y ha tensado la relación entre México y Estados Unidos.

Lo cual ha marcado un precedente en la persecución no solo penal, sino financiera de funcionarios ligados al crimen organizado.

El mensaje del gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, se da en medio de las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa de parte de Estados Unidos.

“Frente a las presiones externas, mayor unidad. Frente a las voces que quieren sembrar dudas, mayor organización”, expresó.

Alfonso Durazo pide unidad y organización en Morena para respaldar a Sheinbaum

Alfonso Durazo, como presidente del Consejo Nacional de Morena, dirigió el primer mensaje en el congreso extraordinario a las y los militantes del partido guinda.

En un contexto en el que Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez Mendívil y más funcionarios de Sinaloa han sido señalados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, Durazo pidió más unidad y organización en Morena.

Pues, según dijo, las presiones externas tratan de separar a Morena de cara a las elecciones 2027.

Sin hacer mención directa a Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo respaldó a las figuras de su partido de frente a la oposición.

“La dignidad de los militantes de Morena no está a prueba de ningún señalamiento público, interno o externo”, declaró el gobernador de Sonora.

“No demos gusto a los conservadores que han intentado e intentarán de todo para confrontarnos, para denigrarnos, para dividirnos. No nos metamos en la política pequeña, aquella de la intriga, esa que nos divide y nos desgasta políticamente.”

Alfonso Durazo

Asimismo, Alfonso Durazo hizo énfasis en la defensa de la soberanía nacional que solo se logra —declaró— con una partido bien definido que respalde a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La unidad al interior del movimiento que es siempre imprescindible, se vuelve ahora estratégica”, dijo.

“Hay que cuidar a Morena”: Alfonso Durazo advierte sobre presiones externas e internas tras caso Rocha Moya

Las presiones alrededor de Morena no solo vienen del exterior, según advirtió Alfonso Durazo, sino también de “voces internas” que buscan ensombrecer al partido.

En el marco del caso Rocha Moya, el gobernador reconoció que hay un “desgaste” en el partido y pidió “cuidar a Morena”.

“Cuidar a Morena, es cuidar la esperanza que el pueblo depositó”, recordó ante los militantes.

Y finalmente declaró sobre quienes “señalan sin pruebas”: “Están entre quienes alzan su dedo y acusan sin pruebas”.

“No luchamos tantos años para abrirle de nuevo la puerta a quienes hicieron del gobierno un negocio, de la política un privilegio, y del pueblo un tapete”.

Alfonso Durazo

La información surge después de acusaciones estadounidenses por supuestos nexos con líderes de Los Chapitos y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un supuesto intercambio de protección por favores políticos.

Inzunza niega cualquier negociación con autoridades estadounidenses

A través de su cuenta de X, Enrique Inzunza Cázarez rechazó de inmediato la información publicada por El Universal, que citó una fuente del Departamento de Justicia del Estados Unidos sobre supuestas gestiones tras las acusaciones de narcotráfico.

Inzunza calificó como “falso de toda falsedad” el reporte que asegura que sus abogados buscan convertirlo en testigo cooperante en Estados Unidos.

Inzunza, quien previamente había rechazado los señalamientos por presuntos nexos con Los Chapitos y el gobernador Rubén Rocha Moya, insistió en su inocencia y desmintió cualquier acercamiento para un acuerdo de colaboración.

La controversia se intensificó esta semana luego de que el gobierno de Estados Unidos lo vinculara con protección al cártel a cambio de favores políticos en Sinaloa.

Fuentes cercanas al caso indican que las investigaciones continúan, mientras Inzunza mantiene su postura de defensa total.

En redes sociales, el partido aseguró que en Morena no existen los favoritismos, y que prueba de ello es que Rubén Rocha renunció a su puesto para que instituciones soberanas investiguen el caso.

“Aquí no hay favoritismos ni impunidad; Lo que sí existe es un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia”

Morena

El pronunciamiento se da en medio de señalamientos y críticas públicas hacia el gobierno de Sinaloa por parte de Estados Unidos, que acusa a Rubén Rocha de tener vínculos con el cártel de Los Chapitos.

Morena reitera “cero impunidad” en el partido, a diferencia del PAN en Chihuahua

También en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, destacó que la licencia de Rubén Rocha es una formidable coherencia política, de verdad y justicia.

“La petición de Rubén Rocha Moya de licencia, como gobernador de Sinaloa, es de una formidable coherencia política: verdad y justicia. Quien no debe nada, no teme nada”

Ignacio Mier

También señaló que la postura de Rubén Rocha contrasta por completo con la del PAN, cuya gobernadora en Chihuahua, Maru Campos, ha evitado responder sobre la entrada de agentes estadounidenses.

Otros militantes de Morena, como Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, han señalado que las acusaciones de Estados Unidos buscarían desviar la atención de la situación de Maru Campos y su posible traición a la patria.

Morena defiende “cero impunidad” por solicitudes de extradición de Estados Unidos

El posicionamiento de Morena ocurre luego de que Estados Unidos solicitara la extradición de los siguientes 10 funcionarios:

1. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.
2. Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
3. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
4. Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
5. Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
6. Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
7. Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
8. Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
9. Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
10. Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

A través de redes sociales, Enrique Inzunza señaló que va a refutar todas las falsedades en su contra, pero lo hará mientras se desempeña como senador, en representación del estado de Sinaloa.

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”.

Enrique Inzunza, Senador de Morena

Cabe mencionar que esta aclaración se da luego de que Rocha Moya solicitara licencia para separarse del cargo de gobernador de Sinaloa, así como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

Inzunza descarta pedir licencia ante investigación de la FGR; refutará las falsedades desde su curul

Enrique Inzunza rechazó las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos realizó en su contra, de Ruben Rocha Moya y otros funcionarios por facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa.

En una publicación, Enrique Inzunza reiteró que siempre se ha conducido “con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”, por lo que las acusaciones de Estados Unidos son falsas.

Dada la responsabilidad que le han conferido los sinaloenses, Enrique Inzunza dijo que refutará las acusaciones en su contra desde su curul y desempeñando sus funciones; no solicitará licencia por el momento.

Pese a reiterar su inocencia, el senador Enrique Inzunza se dijo presto a cumplir cualquier requerimiento que le solicite de la FGR para la investigación en curso tras los señalamientos de Estados Unidos.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

Enrique Inzunza

Ante la crisis, PRI Sinaloa acusó que ambos funcionarios deben rendir cuentas a la ciudadanía, pues solicitar licencia para separarse del cargo es solo un primer paso; exigen claridad del caso.

“Separarse del cargo es apenas un primer paso; lo verdaderamente importante es esclarecer los hechos”.

PRI Sinaloa

PRI Sinaloa afirma que licencias de Rocha Moya y Gámez Mendívil evidencia que la “crisis es real”

La noche del 1 de mayo, Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil solicitaron licencia para separarse de sus cargos como gobernador de Sinaloa y alcalde de Culiacán, respectivamente.

Ambos funcionarios fueron acusados por la Fiscalía de Nueva York de facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa; la justicia de Estados Unidos pide su aprehensión con fines de extradición.

Luego de las acusaciones, PRI Sinaloa destacó que “la solicitud de licencia confirma que la crisis es real y de gran magnitud”, por lo que exige “resultados claros, investigaciones serias y transparencia total”.

PRI Sinaloa reiteró que la licencia “abre una etapa que debe resolverse con verdad”, por lo que se debe dar a conocer la verdad completa: “quiénes están involucrados y qué responsabilidad existe”.

“¡Exigimos que las instituciones mexicanas actúen con autonomía, firmeza y sin protección política!”.

PRI Sinaloa

Ronald Douglas Johnson asumió el cargo de embajador en mayo de 2025 tras ser nominado por Donald Trump. El diplomático estadounidense trabajó más de 20 años en la CIA. Es un exmilitar de élite, un boina verde y veterano de inteligencia estadounidense.

Desde que llegó a México ha mantenido “mano dura” en temas de seguridad nacional, combate al narcotráfico y control fronterizo. Ha captado la atención por sus críticas frontales hacia la corrupción e impunidad en México, señalando que son obstáculos críticos para la inversión extranjera.

Solo que en esta ocasión, no fue la corrupción la que detuvo la inversión, sino las protestas de los habitantes de la zona para proteger su territorio y sus recursos, como el agua.

El magno evento fue interrumpido por comunidades indígenas y activistas. Habitantes de la bahía de Ohuira -pescadores y ambientalistas- denunciaron que la construcción de la planta de metanol es peligrosa y contaminante.

Señalaron además, que la zona enfrenta estrés hídrico y que la planta requeriría millones de litros para su operación.

Manifestaron también, su preocupación por los efectos a la salud que genera el metanol, como daño severo al sistema nervioso y, en casos de exposición o ingestión indebida, incluso ceguera.

El sistema nervioso de Johnson se alteró, no por efectos del metanol, sino por constatar que el gobernador de Sinaloa escuchaba atento las peticiones de los manifestantes y se habrá alterado profundamente cuando Rocha reconoció que tenían razón. “El pueblo manda”, dijo, y se comprometió a solicitar una consulta federal.

Johnson se quedó de piedra…

El embajador dio un discurso que generó controversia y que fue calificado por algunos sectores como injerencista debido a sus presiones y advertencias sobre el Estado de derecho en México.

El embajador presionó y advirtió que sin transparencia, proyectos como Mexinol no pueden prosperar. Entonces, que la planta sea construida en las costas del Pacífico, pero de Estados Unidos.

Cinco días después, Estados Unidos expide una solicitud formal de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, la cual fue recibida por el gobierno de México el martes 28 de abril. Esta petición fue presentada por la embajada estadounidense y se basa en una acusación formal del Departamento de Justicia que vincula a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses con delitos de narcotráfico y presuntos nexos con el cártel de Sinaloa.

Pasaron tan solo cinco días, después de haber sido derribada la piedra simbólica…

El gobernador ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de “calumnia perversa” y un ataque contra la soberanía nacional y el movimiento de la Cuarta Transformación.

Rocha escucha al pueblo, Johnson da un discurso en una sede alterna que generó tensiones diplomáticas. ¿Se trata de una venganza? ¿O el exagente de la CIA, el exmilitar de élite, el boina verde desconocía estos supuestos nexos?

Esta licencia debe ser el preludio de una renuncia definitiva que le retire el fuero. Solo así podrá enfrentar, con todo el rigor de las leyes mexicanas y los tratados internacionales, la solicitud de EEUU de detenerlo provisionalmente con fines de extradición.

Siempre he tenido la mejor opinión del gobernador Rocha Moya; no la voy a modificar hoy que atraviesa graves problemas. Él ha sido un modesto profesor de izquierda, un hombre de convicciones formadas en la congruencia de la lucha social. Pero la práctica de la política, cuando se alcanza la cúspide del poder, posee una naturaleza cruel y devora inclusive a sus mejores hijos.

Rocha Moya está atrapado en un laberinto del que no saldrá mediante la negación ni esperando que la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum lo protejan indefinidamente. Con la licencia ya sobre la mesa, es momento de entender que, tarde o temprano, deberá encarar la solicitud de extradición para intentar superarla. La opción más inteligente es la entrega voluntaria, ya sin fuero; de esta forma, evitaría detonar una crisis mayor para la presidenta en su relación con EEUU y Donald Trump.

Mi pronóstico es que, si Rocha Moya actúa con coraje, renuncia a la inmunidad procesal y comprende que es inevitable la apertura de una carpeta de investigación en su contra, terminará siendo juzgado en México.

Procesarlo en territorio nacional es jurídicamente viable bajo la facultad potestativa por nacionalidad, consagrada en el artículo 9 del Tratado de Extradición entre México y EEUU, así como bajo el principio de foro preferente.

La facultad potestativa por nacionalidad es el derecho soberano de un Estado a decidir si entrega o no a uno de sus propios ciudadanos a otro país para ser juzgado, permitiéndole negar la solicitud de extradición basándose únicamente en el vínculo de nacionalidad del reclamado. Por su parte, el foro preferente establece la prioridad de un Estado para ejercer su jurisdicción y juzgar un delito dentro de sus tribunales cuando la conducta ocurrió total o parcialmente en su territorio, o cuando afecta directamente sus intereses.

En el marco de los tratados con Estados Unidos, tanto la facultad potestativa como el foro preferente permiten que un país se niegue a entregar a un ciudadano si demuestra que ya cuenta con un proceso penal abierto, real y eficaz en su propio territorio, defendiendo así su soberanía judicial frente a reclamaciones extranjeras.

Lo que debe hacer Rocha Moya para no profundizar las fricciones bilaterales consiste en ir más allá de la licencia y separarse formalmente del cargo. Solo así el fuero desaparecería ipso facto y podría ser procesado sin obstáculos constitucionales.

Ya sin fuero, tendría que comparecer voluntariamente ante la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy. Esto tendría el doble efecto de fijar un domicilio procesal y manifestar disposición a colaborar, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de medidas cautelares duras como la prisión preventiva.

La entrega voluntaria le otorgaría al todavía gobernador la ventaja estratégica de demostrar que no pretende sustraerse de la acción de la justicia, lo que facilitaría al Estado mexicano consolidar un caso para que no se le juzgara en EEUU, sino en nuestro territorio.

Para que esta exigencia fuera convincente, no bastaría con la sola apertura de una carpeta de investigación; la FGR, además, tendría que realizar una judicialización acelerada que buscara, sin ambigüedades y por lamentable que fuese, la vinculación a proceso.

Asimismo, para neutralizar cualquier argumento sobre la supuesta ineficacia del sistema de justicia mexicano, el juez debería imponer medidas cautelares proporcionales. Si no se dictara la prisión preventiva justificada —ya sea por su edad, 75 años, o por la ausencia de riesgo de evasión—, se debería optar, al menos, por la vigilancia electrónica y el resguardo domiciliario.

En esa etapa sería vital activar el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua para incorporar pruebas financieras y testimonios que robustezcan la acusación local; de este modo, se evitaría que el caso mexicano quedara en desventaja frente a las acciones ya iniciadas en el vecino del norte.

La celeridad con la que se judicializara a Rocha Moya y se le vincule a proceso daría argumentos sólidos a nuestras autoridades en la disputa jurisdiccional para determinar dónde debe ser juzgado.

Antes de ello, México tendría que ejercer su facultad soberana de no extraditar a uno de sus nacionales; es decir, demostrar que los delitos imputados aquí son sustancialmente iguales a los señalados allá y que existe una intención real de procesarlo a fondo. Si se lograra una judicialización sólida, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría la base legal y la autoridad moral para negar o diferir la entrega sin romper abiertamente con el país del norte.

De lo contrario, ante una investigación débil, EEUU calificaría el proceso como una simulación, lo que incrementaría la presión diplomática en un momento en el que es imperativo fortalecer la relación comercial con la sociedad estadounidense.

Desde luego, lo jurídico se empalma con lo político. Rocha Moya ha dado un paso correcto al pedir licencia, pero la presidenta Claudia Sheinbaum necesita que él avance hacia la separación definitiva del cargo. Solo así evitará la encrucijada de aceptar una extradición que comprometa la soberanía o rechazarla a costa de complicar la relación con Estados Unidos.

La posible renuncia y la entrega voluntaria de Rubén Rocha Moya abren una ventana de oportunidad que debe aprovecharse de inmediato.

La enorme rueda de la extradición no dejará de girar y, en algún momento, lo alcanzará. La última defensa para el viejo profesor de izquierda pasa necesariamente por someterse de forma plena y voluntaria, ya sin fuero. Solo así tendrá la oportunidad de enfrentar la justicia en México y no en EEUU. Es la única vía para conservar algo de su legado personal sin comprometer al movimiento que ayudó a construir.

Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana

Rubén Rocha Moya

La decisión ocurre en medio de acusaciones de narcotráfico y terrorismo formuladas por la justicia estadounidense, que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya aseguró el 1 de mayo de 2026 tener la “conciencia tranquila” y que su separación busca facilitar el proceso judicial sin afectar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Rocha Moya defiende su integridad

Durante su anuncio, Rocha Moya reafirmó tener la “conciencia tranquila” y calificó las imputaciones en su contra como “falsas y dolosas”.

Explicó que el propósito de separarse temporalmente de la gubernatura es facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación y demostrar la falta de sustento de lo que considera una calumnia.

Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran

Rubén Rocha Moya

El ex gobernador de Sinaloa subrayó que no permitirá que se dañe al movimiento de la Cuarta Transformación al que pertenece.

La postura de la FGR ante el caso

La solicitud de licencia ocurre de forma paralela a la conferencia ofrecida por la FGR, donde Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones sobre posibles hechos ocurridos en territorio nacional relacionados con el caso.

Respecto a la petición de los Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios con fines de extradición, la FGR aclaró que:

• La solicitud enviada por la Embajada de Estados Unidos carece de evidencias anexas que acrediten la comisión de un delito.
• No se ha acreditado la urgencia de una detención provisional bajo la normatividad mexicana.
• México ha solicitado formalmente a la autoridad requirente todas las pruebas y documentos necesarios por vías confidenciales para fijar un posicionamiento institucional definitivo.

La acusación contra Rocha Moya en Estados Unidos

El proceso se originó tras una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya de haber pactado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según el expediente estadounidense, el gobernador habría recibido apoyo electoral en 2021 mediante el secuestro de oponentes políticos a cambio de permitir que el cártel operara con impunidad, facilitando el tráfico de fentanilo y heroína.

De ser hallado culpable en Estados Unidos enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión.

Por ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha turnado el expediente a la FGR para evaluar la viabilidad legal de las solicitudes bajo el sistema jurídico mexicano, manteniendo un extrañamiento hacia el gobierno estadounidense por la difusión pública de información que consideran violatoria de la confidencialidad de los tratados vigentes.

Trump relató haber mantenido una conversación con Claudia Sheinbaum a la que describió como una “mujer refinada” con una “voz elegante”, destacando además que ella fue bailarina de ballet.

Durante su intervención en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida, Donald Trump procedió a imitarla, recreando una supuesta súplica:

“Presidente, presidente, no, no, no. Presidente, dígame que solo está bromeando. No va a cambiar el nombre del Golfo de México”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Ante la insistencia, Trump aseguró haberle confirmado sus planes, lo que lo llevó a concluir que actualmente “no lo quieren mucho en México”.

Donald Trump también mencionó que la actual “presidenta de México” no siente gran aprecio por él en este momento, aunque en su relato alterna el uso de pronombres masculinos y femeninos al referirse a la comunicación con el gobierno mexicano.

La respuesta de Sheinbaum: “La soberanía no se negocia”

Casi de forma simultánea a estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un contundente mensaje desde Palenque, Chiapas, durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”.

Sin referirse explícitamente a la parodia, Sheinbaum reafirmó que la soberanía nacional es una barrera infranqueable para cualquier intervención o influencia externa.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”, sentenció la mandataria el 1 de mayo de 2026.

Sheinbaum enfatizó que la autoridad de su administración emana del “pueblo empoderado” y que cualquier intento de injerencia extranjera se “topará” con la dignidad de la historia nacional.

México y Estados Unidos, un clima de tensión política

Las declaraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum del 1 de mayo de 2026 se dan en un contexto extremadamente grave.

Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador Rubén Rocha Moya fue elegido en 2021 gracias a que la facción de “Los Chapitos” secuestró e intimidó a sus oponentes políticos para asegurar su victoria.

A cambio de este apoyo, el gobernador Rocha Moya habría asistido a reuniones custodiadas por sicarios armados con ametralladoras, donde prometió protección para las operaciones de tráfico de fentanilo, heroína y cocaína del cártel.

De ser procesado en Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. En México, la FGR desestimó las pruebas enviadas a la SRE.

Mientras Trump se autodenomina una de las “personas de consecuencias” que corren peligro por sus decisiones audaces, el gobierno mexicano ha endurecido su postura ante las amenazas de intervención de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum concluyó su intervención asegurando que su gestión se define por mantener el orgullo nacional como eje rector, descartando que influencias externas puedan dictar las decisiones de política interior de México.

De manera firme, institucional y responsable, solicito al gobernador Rubén Rocha Moya que presente su renuncia al cargo de Gobernador de Sinaloa. La función pública exige un estándar superior de responsabilidad ética, política e institucional. La permanencia en un cargo de elección popular no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal, sino también desde la confianza pública, la gobernabilidad y la obligación de preservar la integridad de las instituciones

Guadalupe Chavira, senadora por Morena

La petición surge luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York vinculó al gobernador Rubén Rocha con una conspiración de narcotráfico y terrorismo junto a “Los Chapitos”.

Mientras que la FGR analiza la solicitud de detención provisional con fines de extradición, Rocha rechaza categóricamente las acusaciones y denuncia una estrategia contra la Cuarta Transformación.

Senadora de Morena pide renuncia de Rubén Rocha

La propuesta de la senadora por Morena busca que el proceso legal no se limite a la jurisdicción de los Estados Unidos, sino que el gobernador Rubén Rocha enfrente las indagatorias bajo el marco jurídico nacional.

Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de sus instituciones. México necesita instituciones fuertes, gobiernos íntegros y autoridades capaces de responder con claridad cuando la confianza pública se encuentra en riesgo

Guadalupe Chavira, senadora por Morena

La senadora Guadalupe Chavira enfatizó la necesidad de que el funcionario se aparte de la gubernatura para permitir que las autoridades mexicanas realicen una revisión transparente de los hechos.

Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional

Guadalupe Chavira, senadora por Morena

Esta postura marca una diferencia respecto a la defensa del propio Rocha Moya, quien ha calificado los señalamientos de la Fiscalía de Nueva York como una “calumnia” y una “perversa estrategia” dirigida contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

FGR presiona a Estados Unidos por Rubén Rocha

La solicitud de la senadora Chavira ocurre en un momento de alta tensión, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó haber recibido una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

Sin embargo, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez, señaló en conferencia de prensa que la solicitud de Estados Unidos carece de evidencias anexas que acrediten la comisión de delitos o que justifiquen la urgencia de la medida cautelar.

La FGR subrayó que no se ha iniciado un proceso de extradición formal, sino únicamente una petición de medida cautelar que, por ahora, no cuenta con sustento probatorio bajo el sistema jurídico mexicano.

Estados Unidos investiga vínculos de Rubén Rocha con el cártel de Sinaloa

La acusación que genera esta presión política alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 con el apoyo directo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos:

• Los líderes de los Chapitos habrían ordenado el robo de urnas y el secuestro de oponentes políticos para asegurar la victoria de Rocha.
• A cambio, el gobernador Rubén Rocha habría asistido a reuniones custodiadas por sicarios con ametralladoras, prometiendo impunidad para las operaciones de tráfico de fentanilo, heroína y cocaína.
• Se acusa al gobernador de Sinaloa de permitir que el cártel colocara a funcionarios corruptos en puestos clave de seguridad y justicia en el estado.

Además de defender la soberanía, dijo que ella como presidenta está fuerte, sólida, segura y sin ningún problema.

“La presidenta está fuerte, está sólida, segura… yo estoy tranquila, sin ningún problema… es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia…”

Claudia Sheinbaum

Así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum ante las versiones de que los señalamientos contra Rubén Rocha desde Estados Unidos pudieran ser una revancha por los señalamientos contra Maru Campos y el ingreso de agentes extranjeros al país.

Claudia Sheinbaum descarta que esté entre la espada y la pared

Claudia Sheinbaum dijo que el MCPRIAN ha señalado mentiras y descartó que ella se encuentre entre la espada y la pared por el caso de Rubén Rocha.

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno siempre va a trabajar en con la verdad en todos los casos.

“Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso, en México decidimos los mexicanos, para empezar… nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía, en el caso de Chihuahua, en el caos de Sinaloa y en cualquier otro caso”

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que está fuerte y presume resultados en seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que está fuerte y que muestra de ello son los resultados de su gobierno en los que se ha documentado vía estadísticas la disminución en percepción de inseguridad.

Agregó que su administración redujo los homicidios dolosos en 44 por ciento.

Así mismo recordó la colaboración en la que el Gabinete de Seguridad envió a 94 delincuentes a Estados Unidos de todos los grupos delictivos y ha realizado destrucción de narcolaboratorios y decomisos.

Recuerdo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una conversación con Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República, antes de que su trayectoria quedara marcada por el caso Ayotzinapa.

Hablamos de una extradición. No recuerdo el nombre del presunto delincuente en cuestión —señal de que no era particularmente relevante—, pero sí me quedó grabado un debate dentro del gabinete de Peña Nieto: si México debía o no complacer a Estados Unidos facilitando la entrega de narcotraficantes.

Murillo se oponía. Del otro lado, el gabinete económico —Luis Videgaray, José Antonio Meade— presionaba a favor de extraditar, con el argumento de no entorpecer la relación económica bilateral.

El procurador general en aquel gobierno sostenía otra tesis: las extradiciones, más que debilitar al crimen organizado, solo alimentaban el espectáculo mediático.

Los extraditados, decía Murillo Karam, para obtener beneficios en el sistema estadounidense relataban historias —ciertas o no— sobre la política mexicana que terminaban amplificadas por medios como Reforma o Proceso. Más ruido que resultados, pues.

Ahora mismo, con el caso Rocha Moya, estamos viendo una posible extradición que solo genera algarabía entre la comentocracia deseosa de pasar facturas a la 4T y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Añado a lo anterior un dato. Hablé en estos días con un juez mexicano ya retirado —después de décadas en toda clase de juzgados, llegó a la SCJN—. Me comentó que en tiempos de Ernesto Zedillo, y desde antes, la extradición de nacionales era excepcional. Y es lógico que así haya sido: en cualquier país es más fácil extraditar extranjeros que a los propios ciudadanos.

Facultad potestativa por nacionalidad

El tratado de extradición entre México y Estados Unidos contempla la llamada facultad potestativa por nacionalidad: el Estado requerido puede negarse a extraditar a sus ciudadanos.

Pero conviene precisar: no se trata de una soberanía absoluta, sino de una facultad discrecional condicionada. Al ejercerla, el Estado asume el principio “aut dedere aut judicare”: “o entrega al acusado, o lo juzga”. Es decir, negarse a extraditar obliga a actuar, no a inmovilizarse.

Un caso ilustrativo: en 2018, España rechazó entregar a una ciudadana española acusada de secuestro en Guanajuato. Decidió juzgarla en su propio territorio, invocando incluso razones humanitarias sobre el sistema penitenciario mexicano. México aportó todas sus pruebas; España procesó el caso y finalmente absolvió a la acusada. Fue una decisión soberana, y México la aceptó.

Foro preferente: más que territorio

A menudo se confunde el foro preferente con una simple regla territorial. No lo es. Se trata más bien del criterio para determinar qué país está en mejor posición para juzgar eficazmente un caso cuando varias jurisdicciones pueden hacerlo.

El foro preferente debe considerar respuestas a las siguientes preguntas: dónde ocurrieron los hechos, dónde se produjo el daño, dónde están las pruebas, y, sobre todo, qué Estado puede juzgar con mayor eficacia.

La territorialidad pesa, pero no decide por sí sola. El reto de México en el caso de Rubén Rocha Moya es argumentar con gran solidez que puede apelar al foro preferente y a la facultad potestativa por nacionalidad.

Pienso que México tiene bases para sostener que podría juzgar en nuestro territorio al gobernador de Sinaloa y a otros acusados.

Ello es así por dos motivos: por nacionalidad, México puede negarse a extraditar. Por territorialidad, los hechos y sus efectos principales estarían en México.

Pero hay que subrayarlo, el argumento solo se sostiene si se cumple una condición clave: demostrar capacidad real de juzgar. No basta invocar soberanía; hay que ejercerla convenciendo con hechos de que el poder judicial mexicano tiene autonomía plena. El caso Rocha Moya es una excelente oportunidad para refutar tantas mentiras contra la judicatura de nuestro país.

La dimensión política (sin ingenuidad)

Sería ingenuo negar que existen razones políticas en el caso Rocha Moya tanto en México como en Estados Unidos.

En términos de la soberanía, ceder el juicio de un gobernador en funciones a una potencia como EEUU implicaría un costo institucional, que los grupos conservadores de allá, aliados de la ultraderecha mexicana, utilizarían para golpear a nuestro gobierno.

En lógica de controlar el impacto interno, un proceso en México permitiría administrar las consecuencias políticas que podrían usarse con propósitos de desestabilización.

Si consideramos la posición de nuestra nación en el mundo, sobre todo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, aceptar sin más la jurisdicción extranjera debilita, para decirlo en lenguaje neoliberal, la marca México.

La política no debe sustituir al derecho

Hay que decirlo con claridad, las razones políticas, ni las mexicanas ni las estadounidenses, deben sustituir al derecho.

Así las cosas, hay una condición ineludible para ejercer el foro preferente y para apelar a la facultad potestativa por nacionalidad: debe haber en México una investigación a Rocha Moya durísima y que lleve a un proceso judicial efectivo que con absoluta transparencia genere una sentencia creíble, la que sea.

No le deseo ningún mal a Rubén Rocha Moya, pero el gobernador de Sinaloa ya está, no dudo que injustamente, en un problema grave del que solo saldrá —pensando en su bienestar futuro y especialmente en no provocar una crisis mayor para México—, si colabora para que nuestro sistema de justicia investigue con toda seriedad y judicialice sin subordinar la aplicación de las leyes a las necesidades de la política, esto es, para que el mexicano acusado en EEUU sea juzgado con rigor paradigmático.

¿Cómo puede colaborar Rocha Moya con su propia causa y apoyar a la presidenta Sheinbaum a superar la crisis? Renunciando a su fuero de gobernador y exigiendo que se le investigue, en el entendido de que tiene órdenes de aprehensión en Estados Unidos y, por lo tanto, deberá tolerar que se le sujete a un proceso en el que se le establecerán medidas cautelares como la prisión preventiva o la libertad condicionada a las duras reglas de un proceso.

Si no ocurriera así, la soberanía sería solo un pretexto para evadir indebidamente tratados internacionales que deben ser respetados.

La posible salida

Reitero, para que esta ruta tuviera viabilidad política y legal, implicaría decisiones difíciles: la renuncia al fuero, la comparecencia ante la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, y la aceptación de medidas cautelares. Solo así podría construirse un argumento creíble de foro preferente.

Conclusión

México, jurídicamente y sin violentar los tratados con EEUU, puede quedarse con el caso invocando nacionalidad, territorialidad y soberanía.

Pero solo una de dos ecuaciones posibles dejará firme el prestigio de México: “soberanía + capacidad de juzgar con todo rigor en México = legitimidad que no podrá cuestionar EEUU”.

La otra ecuación que podría darse solo generaría problemas: “soberanía sin enjuiciar con gran severidad al acusado en EEUU = debilidad institucional”.