“La tiranía más perfecta es aquella que utiliza las apariencias de la libertad”.

Montesquieu

“Las palabras pueden producir los efectos más extraordinarios. Pueden incluso sustituir a la realidad”.

Gustave Le Bon

Voy a decir algo que en México se ha vuelto más riesgoso que cuestionar a la Virgen de Guadalupe en plena Basílica: la soberanía está sobrevalorada.

Ya está.

Ya lo dije.

Ahora pueden venir los guardianes de la patria, los custodios del petróleo, los sacerdotes de la autosuficiencia energética y los monaguillos de la Cuarta Transformación a explicarnos que sin soberanía no existe nación, que sin soberanía no existe independencia y que sin soberanía terminaremos convertidos en colonia de Noruega, de Suiza o de algún otro país condenado a padecer altos ingresos, servicios públicos eficientes y una calidad de vida insoportablemente elevada.

Y por soberanía no me refiero a la independencia nacional ni a la capacidad de un Estado para tomar decisiones propias. Hablo de la obsesión casi religiosa que la clase política mexicana —y buena parte de América Latina— ha desarrollado alrededor de esa palabra, como si fuera el fin último de toda política pública y la medida suprema del éxito de una nación.

La herejía viene al caso porque Claudia Sheinbaum declaró esta semana que sin soberanía energética no hay soberanía nacional. La frase fue recibida con la solemnidad habitual. Después de todo, la soberanía ocupa en el imaginario político mexicano un lugar semejante al de ciertos dogmas religiosos: se acepta, se repite y se venera. Lo que rara vez se hace es someterla a escrutinio.

Nadie preguntó lo más importante: ¿y quién ha demostrado que eso que dice es cierto? Porque una cosa es repetir una palabra y otra convertirla en una ley de la física.

Desde hace años, la política mexicana vive obsesionada. Soberanía energética. Alimentaria. Tecnológica. Farmacéutica. A este ritmo, cualquier día nos anunciarán la soberanía emocional para evitar depender afectivamente de potencias extranjeras.

Todo debe ser soberano.

Todo.

La palabra funciona como una especie de agua bendita ideológica: basta pronunciarla para que desaparezcan las preguntas incómodas sobre costos, eficiencia, productividad o resultados.

Sin embargo, hay un pequeño problema. El mundo real no parece compartir semejante entusiasmo. Porque una cosa es afirmar que la soberanía es deseable y otra muy distinta sostener que debe convertirse en el objetivo prioritario del Estado. Más aún cuando la evidencia internacional parece empeñada en demostrar exactamente lo contrario.

Resulta curioso observar que algunos de los países más exitosos del planeta son precisamente aquellos que jamás hicieron de la autosuficiencia una religión. Singapur importa prácticamente toda la energía que consume. También importa gran parte de sus alimentos y hasta una parte importante de su agua. Japón depende del exterior para enormes volúmenes de recursos energéticos. Corea del Sur carece de reservas significativas de petróleo y gas. Suiza no se distingue precisamente por la abundancia de recursos naturales estratégicos. Luxemburgo tampoco. Los Países Bajos construyeron buena parte de su prosperidad sobre el comercio internacional y la integración económica.

Bajo los estándares del nacionalismo económico latinoamericano, todas estas naciones deberían ser una tragedia geopolítica. Deberían ser ejemplos de fracaso histórico, países vulnerables condenados a la dependencia y al atraso. Sin embargo, ninguno de ellos parece haberse enterado de semejante destino. Ocurrió exactamente lo contrario: sus ciudadanos disfrutan niveles de vida, seguridad, innovación, educación y prosperidad que nosotros seguimos contemplando desde lejos, como quien observa un escaparate que no puede permitirse.

Sí, América Latina sigue comportándose como ese vecino que lleva cuarenta años presumiendo la escritura de una casa que se cae a pedazos. Tiene las llaves, tiene las escrituras, tiene el orgullo patrio y tiene el discurso. Lo único que no tiene es una vivienda en condiciones.

Quizá porque esos otros países entendieron algo que en esta región seguimos resistiéndonos a aceptar: el objetivo de un gobierno no es producir soberanía. El objetivo de un gobierno es producir bienestar. Parece una diferencia menor, pero en realidad cambia por completo la conversación.

Adam Smith lo entendió en el siglo XVIII. David Ricardo lo refinó en el XIX. Douglass North y Daron Acemoglu demostraron después que la prosperidad depende mucho más de la calidad institucional que de la capacidad de producir absolutamente todo dentro de las propias fronteras. Las naciones prosperan cuando desarrollan instituciones eficaces, protegen derechos, generan certidumbre, fomentan la innovación y participan inteligentemente en los mercados internacionales. En ninguna parte aparece la obligación de fabricar todo, producir todo o controlar todo para alcanzar el desarrollo.

Pero América Latina mantiene una relación emocional con la soberanía. La invoca como otros invocan santos patronos. Cada vez que una política pública empieza a mostrar grietas —y en nuestra región la corrupción suele acompañarlas— aparece alguien dispuesto a cubrirlas con una capa de patriotismo. Si un proyecto es ineficiente, se le llama soberano. Si resulta más caro de lo previsto, se le llama soberano. Si genera pérdidas multimillonarias, se le sigue llamando soberano. La palabra funciona como una especie de detergente ideológico capaz de eliminar cualquier mancha de incompetencia administrativa.

No es casualidad que Morena se ate a esa palabrita. La soberanía tiene una enorme ventaja política: es difícil de medir y todavía más difícil de refutar. La prosperidad puede cuantificarse. El crecimiento económico puede verificarse. La calidad educativa puede compararse. La seguridad puede evaluarse. La soberanía, en cambio, es una noción lo suficientemente abstracta para permitir que cada gobierno la defina según su conveniencia.

Cuando Sheinbaum sostiene que fortalecer a la CFE equivale a fortalecer la soberanía nacional, está realizando una operación política brillante. Ya no se discuten costos, eficiencia, productividad, competencia o capacidad de generación. Tampoco se discute si los recursos públicos podrían utilizarse de manera más eficaz en otros sectores. La conversación se traslada al terreno emocional del patriotismo —o del patriotismo patriotero, para ser más precisos— donde cualquier cuestionamiento corre el riesgo de interpretarse como una falta de amor a la patria.

Es una estrategia eficaz. También extraordinariamente cómoda. Porque evita formular la pregunta que realmente importa: ¿qué obtiene el ciudadano a cambio? Al final, toda política pública implica costos de oportunidad. Cada peso destinado a perseguir una determinada idea de soberanía es un peso que deja de invertirse en otra cosa. La pregunta no debería ser cuánto control tiene el Estado sobre un sector. La pregunta debería ser cuánto bienestar genera ese control y si existen alternativas más eficaces para producir el mismo resultado.

Tomemos el caso energético. Supongamos, por un momento, que México alcanzara el ideal que parece inspirar a buena parte del discurso oficial: una participación dominante del Estado en la generación eléctrica. ¿Qué sucedería después? ¿Automáticamente tendríamos electricidad más barata? ¿Más confiable? ¿Más limpia? ¿Más abundante? ¿Más competitiva para atraer inversiones y generar empleos?

La respuesta es evidente: no necesariamente.

Porque la propiedad estatal no garantiza eficiencia, del mismo modo que la propiedad privada tampoco la garantiza. Lo que importa son los resultados. Sin embargo, en el discurso gubernamental actual, la posesión parece haber sustituido al desempeño como principal indicador de éxito.

Y ahí es donde la soberanía comienza a parecerse menos a una política pública y más a una fe. Una fe que exige adhesión, pero no evidencia. Una fe que convierte los medios en fines y las herramientas en objetivos. Una fe que permite celebrar el control aun cuando los beneficios para la población sigan siendo inciertos.

Encima, la palabra se ha convertido en un seguro contra la rendición de cuentas. Por eso resulta tan útil.

Al final del día, los ciudadanos no comen soberanía, no se curan con soberanía, no educan a sus hijos con soberanía y tampoco pagan la renta con soberanía.

Pero eso sí: en los discursos oficiales, la soberanía parece haberse convertido en el nuevo alimento básico de la nación.

Las convocatorias lanzadas por la Sener y la CFE operan bajo un esquema que concentra amplias facultades en el gobierno, con criterios de evaluación poco transparentes, procesos que se desarrollan con escasa supervisión pública y decisiones finales sujetas a estructuras burocráticas con mínimos mecanismos de rendición de cuentas.

Es decir, el problema no está solamente en la falta de transparencia, sino en el diseño de los contratos, donde los inversionistas privados deben aportar capital, financiamiento, garantías y experiencia técnica, mientras el control estratégico permanece en manos de la CFE; los órganos de gobierno quedan dominados por representantes del Estado y las decisiones fundamentales dependen de la empresa pública.

Además, existe una cláusula particularmente delicada: la posibilidad de terminar anticipadamente la relación contractual bajo criterios asociados a la llamada “seguridad energética”, un concepto ambiguo, de cuya interpretación se encarga la propia autoridad. Una facultad que, para cualquier inversionista serio, introduce un elemento de incertidumbre jurídica.

Los grandes jugadores

Otro aspecto que llama la atención, es que las convocatorias realizadas hasta ahora no han conseguido atraer a algunas de las empresas internacionales con amplia experiencia en generación eléctrica y presencia en México: Sempra, Naturgy, ENGIE, Enel, Acciona, Iberdrola, Mitsui o Valia han permanecido al margen.

Existen razones técnicas para ello. Aunque la meta de incorporar más de 7 mil 400 megawatts de generación es ambiciosa, persiste una interrogante fundamental: la capacidad de la red para absorber esa energía, más considerando que, aunque en distintas regiones existen problemas de saturación del sistema eléctrico nacional, no se observan inversiones equivalentes en transmisión y distribución.

Un riesgo evidente para cualquier inversionista. Se puede construir una planta, pero si la infraestructura de transmisión resulta insuficiente, se compromete la viabilidad financiera del proyecto.

Mientras tanto, ya comienzan a aparecer participantes con menor trayectoria internacional en el sector energético, como fondos de inversión poco conocidos o empresas cuya experiencia resulta ajena, limitada o difícil de identificar.

Capitalismo de cuates

En este contexto, surge un nombre: Grupo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas.

Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, cuando Luz Elena González era secretaria de Administración y Finanzas, empresas vinculadas a este grupo obtuvieron contratos públicos por más de 5 mil 500 millones de pesos para servicios alimentarios, programas sociales y atención a centros penitenciarios.

Posteriormente, el mismo corporativo amplió su presencia en el sector energético mediante contratos relacionados con servicios de alimentación y hotelería para trabajadores de Pemex.

Más adelante el corporativo estableció alianzas con empresas vinculadas a la distribución de combustibles, entre ellas Hidrosina, cuyo propietario, William Jorge Karam Kassab, fue incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera en la Lista de Personas Bloqueadas por investigaciones relacionadas con operaciones de huachicol.

Otras investigaciones internacionales han vinculado a empresas del grupo con operaciones de exportación de alimentos a Venezuela a través de esquemas cuestionados por presuntos sobreprecios y por relaciones comerciales indirectas con la red empresarial de Alex Saab.

Cuando los procesos de selección son opacos, los criterios de evaluación permanecen reservados y los participantes carecen del reconocimiento de los grandes actores del sector, aparecen preguntas inevitables sobre los factores que realmente determinan la asignación de los contratos.

Morena prometió acabar con el capitalismo de cuates, las relaciones de privilegio entre empresarios y funcionarios y con la asignación discrecional de contratos públicos.

Pero en el sector energético se configura un esquema donde la cercanía con quienes toman las decisiones parece tener más peso que la experiencia, la competencia o la transparencia.

Resulta irónico que después de años denunciando los excesos del pasado, la 4T siga la ruta de reproducir exactamente aquello que prometió erradicar. Mismo modelo, diferentes beneficiarios.

Revertir la reforma energética para que el acceso a los negocios dependa de la proximidad al poder y no que de la capacidad para competir.

Así no es como se construye una soberanía energética, sino una nueva versión del viejo capitalismo de cuates.

X: @diaz_manuel