“La retroactividad que se estableció en el segundo transitorio del 127 afecta directamente la sobrevivencia de muchas personas”

José Antonio Vega, representante de la Alianza Nacional de Jubilados

Desde el Senado de la República y en compañía del grupo parlamentario del PRI, los jubilados denunciaron señalaron que al menos 100 mil familias han sido afectadas por la reforma.

Por su parte, el PRI señaló que la reforma al artículo 127 constitucional —ya en vigor— es discriminatoria y surge de una premisa falsa, ya que no sólo recortó las “pensiones millonarias”.

Jubilados denuncian reforma de pensiones como inconstitucional por retroactividad

En conferencia de prensa, la Alianza Nacional de Jubilados denunció la reforma a pensiones y exigen que se respete a la Constitución, eliminando la retroactividad.

Los jubilados señalaron que la pensión no puede considerarse como un “regalo político”, sino como el salario diferido pactado por contrato y que ganaron por trabajar por 50 o 60 años.

Y afirmaron que la reforma a pensiones es discriminatoria en contra de los adultos mayores, ya que divide a los jubilados de “primera y de segunda”, bajo afirmación de que la mayoría son trabajadores, no privilegiados.

Asimismo, los jubilados también exigen certeza jurídica, ya que ante la carencia de claridad en las leyes secundarias, las instituciones hicieron recortes de manera arbitraria.

Aseguraron a su vez que pese a que todas las empresas crearon la infraestructura para mantener en pie a México, se les despojó de su pensión, un derecho que se ganaron.

Por lo mismo, no están defendiendo los privilegios o las “pensiones doradas”, sino que se actúe con base en el marco legal y, de ser necesario, se audite a cada jubilado.

PRI presentó iniciativa para eliminar retroactividad en reforma a pensiones

Los jubilados estuvieron acompañados de integrantes del PRI, quienes dieron a conocer a su vez la presentación de una iniciativa para eliminar la retroactividad de la reforma a pensiones.

Los priístas también señalaron la reforma a pensiones como una “mentira y venta mediática”, ya que la iniciativa no afectó sólo a unos cuantos.

Indicó que las investigaciones de la OIC confirmaron graves faltas administrativas y el retiro indebido de dinero de cuentahabientes, acciones cometidas presuntamente por:

1. Víctor R, exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT
2. Juan D, exsubjefe de área en el Banco del Bienestar
3. Orlando P, exauxiliar de sucursal en el Banco del Bienestar
4. Marco M, exasistente administrativo en el Banco del Bienestar

Según el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los cuatro exfuncionarios se les impusieron castigos que van desde su inhabilitación de hasta 10 años para ocupar empleos, además de sanciones económicas.

Anticorrupción descubrió retiros indebidos de las cuentas de clientes del Banco del Bienestar

En el caso del SAT, Anticorrupción investigó a una persona servidora pública por asignar de manera irregular citas para trámites, usando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial.

En el Banco Bienestar se acreditaron irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas, dos de los cuales habrían retirado recursos de cuentas bancarias sin consentimiento por un monto superior a 275 mil pesos.

Un tercer funcionario del Banco Bienestar también fue señalado por haber retirado dinero de cuentahabientes, esto a través de una realización de conciliaciones con información no verídica.

Anticorrupción sancionó con hasta 250 mil pesos a exfuncionarios

Las sanciones económicas impuestas a los exfuncionarios por cometer irregularidades oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos, mismas que tienen derecho a impugnar.

Anticorrupción señaló que sus sanciones serán:

• Víctor R, del SAT: Inhabilitado por 1 año para desempeñarse en el servicio público
• Juan D, del Banco Bienestar: Inhabilitado por 10 años y sanción económica
• Orlando P, del Banco Bienestar: Inhabilitado por 10 años y sanción económica
• Marco M, del Banco Bienestar: Inhabilitado por 10 años y sanción económica

“Ah no, pero ‘ya fue a pedir línea’, ‘ya desde palenque están orientando la política nacional’. Tiene mucho rasgo de misoginia la verdad, como si la presidenta no pudiera tomar decisiones del futuro del país”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde la mañanera del 4 de mayo de 2026, la presidenta reiteró que “no tendría nada de malo” si se hubiera reunido con el expresidente en Palenque, aunque aclaró que nunca ocurrió.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum subrayó que las especulaciones buscan desacreditar su capacidad de tomar decisiones propias y se burló de que llamaran “cónclave” a su encuentro con Raquel Buenrostro, secretaria de Buen Gobierno. “La presidenta no agacha la cabeza”, sentenció.

Sheinbaum: “No tendría nada de malo” reunión con AMLO

Ante los señalamientos sobre la presunta reunión con AMLO para “pedir línea”, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “no tendría nada de malo” si se hubieran visto.

Claudia Sheinbaum recordó que su visita a Palenque, Chiapas, fue una gira planificada para visitar la unión del Tren Interoceánico con el Tren Maya, que destacó como una obra muy importante.

“Fuimos a Palenque, ya lo teníamos programado… ‘ay, ya fue la presidenta a pedir línea’. Para empezar no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador, no tendría nada de malo, pero no me reuní”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, reiteró que estos señalamientos son una muestra de la misoginia de quienes quieren dar a entender que la presidenta no es capaz de tomar decisiones por sí misma.

Además, se burló de que llamaran “cónclave” su reunión con la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción durante la gira.

Finalmente, reiteró que “el pueblo tiene que tener la certeza de que la presidenta no agacha la cabeza”.

Y hay funcionarios que, aun cuando creen resolverlos, terminan fabricando incendios donde el gobierno necesitaba estabilidad.

Raquel Buenrostro pertenece, cada vez más, a esa segunda categoría.

No porque combatir privilegios esté mal. Al contrario. Nadie que defienda mínimamente el sentido histórico de la Cuarta Transformación puede escandalizarse porque se revise el régimen de pensiones millonarias heredado por altos mandos, exfuncionarios y cuadros de confianza de empresas públicas. El abuso existía. Las cifras eran ofensivas. La propia Secretaría Anticorrupción documentó casos de pensiones superiores al ingreso de la presidenta, particularmente en Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro.

El problema no fue el objetivo, fue el diseño.

La reforma contra las llamadas pensiones doradas nació con una causa justa, pero con una arquitectura políticamente torpe: un tope arbitrario, una retroactividad mal disimulada y una deficiente medición del impacto social entre trabajadores del Estado que no necesariamente encajan en la caricatura del privilegiado dorado. La iniciativa planteó limitar esas pensiones al 50% del salario presidencial y afectar incluso pensiones ya concedidas, aunque oficialmente se insistiera en que no era retroactiva.

Ahí empezó el problema.

Porque una cosa es desmontar privilegios obscenos y otra muy distinta es abrir un frente de irritación con sectores completos de trabajadores, jubilados y pensionados, sin suficiente cirugía jurídica, política y comunicacional.

El resultado fue previsible: protestas, señalamientos de retroactividad y una narrativa opositora servida en charola de plata para acusar al gobierno de vulnerar derechos adquiridos. Incluso medios consignaron que la reforma fue aprobada entre protestas y con efectos retroactivos.

¿Quién empujó intelectualmente esa ruta?

La evidencia pública apunta, cuando menos, a que Raquel Buenrostro fue una de las principales caras y operadoras discursivas del tema. Fue ella quien presentó datos, exhibió casos y colocó el marco político de las pensiones “exorbitantes” desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y aquí entra la primera hipótesis incómoda: alguien le vendió a la presidenta una reforma políticamente rentable en el papel, pero explosiva en la realidad. Le vendieron una causa justa, pero no necesariamente le explicaron el costo.

No basta con tener razón moral. En política, una causa justa mal diseñada puede convertirse en munición para el adversario. Y si además ese diseño termina golpeando a personas que no son los grandes beneficiarios del viejo régimen, entonces el golpe deja de parecer cirugía republicana y empieza a parecer torpeza administrativa.

Pero lo de las pensiones no es el único episodio.

Ahora aparece el caso Marcelo Ebrard.

La Secretaría Anticorrupción, encabezada por Buenrostro, abrió una investigación por la estancia del hijo de Ebrard en la residencia oficial de México en Londres cuando él era canciller. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, ante denuncias presentadas, la investigación debía proceder para determinar si hubo alguna falta legal o administrativa.

Formalmente, la investigación puede ser correcta. Políticamente, es dinamita.

Porque no ocurre en cualquier momento. Ocurre cuando México enfrenta una etapa delicadísima de negociación comercial con Estados Unidos y Canadá. Ebrard es hoy una pieza central en la estrategia frente a aranceles, reglas de origen y revisión del T-MEC. Él mismo ha reconocido que la negociación será difícil, particularmente por los aranceles y la nueva lógica comercial del gobierno de Donald Trump.

Entonces la pregunta no es si debe investigarse. La pregunta es si el gobierno dimensiona el costo de abrirle un boquete político al funcionario que encabeza una de las negociaciones económicas más sensibles del sexenio.

Y otra vez aparece Buenrostro.

Otra vez en el centro de un expediente técnicamente justificable, pero políticamente incendiario. Dos veces en el mismo año. Dos expedientes delicados. Dos crisis innecesariamente costosas para el gobierno.

La primera, con trabajadores y pensionados.

La segunda, con el secretario encargado de la relación económica más importante del país.

Puede ser coincidencia. Puede ser celo administrativo. Puede ser convicción anticorrupción. Puede ser una operación de facción. No afirmo lo que no puedo probar.

Pero la política no solo se mide por intenciones, se mide por consecuencias.

Y las consecuencias de la actuación pública de Raquel Buenrostro empiezan a ser mayoritariamente negativas para la presidenta, para el gobierno y para la propia Cuarta Transformación.

Más aún: en un momento en que Morena vive tensiones internas evidentes entre el viejo obradorismo, los grupos históricos del movimiento y el nuevo núcleo de poder de Sheinbaum, cualquier expediente sensible se vuelve más que un trámite administrativo. Se vuelve una pieza de tablero. La prensa ya registra reacomodos internos relevantes en Morena, con la presidenta interviniendo directamente en la reorganización del partido rumbo a 2027.

En ese contexto, una Secretaría Anticorrupción no puede actuar como si viviera en el vacío.

Cada expediente mueve intereses, cada investigación altera equilibrios, cada golpe administrativo produce lectura política.

Y si la secretaria no entiende eso, es un problema. Si lo entiende y aun así procede sin medir el daño colateral, es un problema mayor.

Raquel Buenrostro tiene trayectoria técnica, eso nadie se lo puede negar. Pasó por Pemex Gas, Hacienda, SEP, Pemex, el SAT, Economía y ahora Anticorrupción. Su biografía pública muestra una funcionaria formada en áreas presupuestales, administrativas y de control.

Pero gobernar no es auditar. Gobernar no es únicamente detectar irregularidades. Gobernar es saber cuándo, cómo, con qué alcance y con qué consecuencias se interviene.

La Cuarta Transformación no puede permitirse funcionarios que, por torpeza, soberbia técnica o juego político, terminen abriendo frentes que la presidenta después debe administrar.

Menos aún en 2026, con el T-MEC en la mesa y en un año crucial para la definición de perfiles que contenderán en la elección intermedia del año que viene, y con una oposición hambrienta de cualquier grieta para vender la idea de fractura, abuso o improvisación.

La 4T necesita combatir privilegios, sí. Pero no necesita incendiar su propia base social.

Necesita combatir corrupción, sí. Pero no necesita debilitar a sus negociadores estratégicos en plena tensión comercial.

Necesita disciplina, sí. Pero también inteligencia política.

Por eso el debate ya no es si Raquel Buenrostro tiene razón en algunas causas. Probablemente la tiene. El debate es si sus intervenciones fortalecen o debilitan al proyecto. Y mi conclusión es clara: hoy lo debilitan.

Cuando una funcionaria genera más costos que soluciones, deja de ser activo y se convierte en pasivo.

Por el bien de la presidenta; por el bien del gobierno; por el bien de la Cuarta Transformación:

Raquel Buenrostro se tiene que ir.

X: @Renegado_L

“Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Según reportes, su hijo Marcelo Patrick Ebrard Ramos habría sido alojado en la sede diplomática entre 2021 y 2022, cuando Marcelo Ebrard era canciller, lo que generó cuestionamientos sobre recursos públicos.

Sheinbaum explicó el 23 de abril de 2026 que la indagatoria a cargo de Raquel Buenrostro se abrió tras denuncias formales y planteó posibles cambios normativos para regular el uso de inmuebles diplomáticos. El caso sigue bajo revisión oficial.

Sheinbaum asegura que la investigación se abrió conforme a la ley en el caso Ebrard

La presidenta explicó que la investigación no fue iniciada de oficio por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sino derivada de quejas y solicitudes formales presentadas por terceros.

Subrayó que, conforme al marco legal vigente, este tipo de procedimientos deben abrirse de manera automática cuando existe una denuncia formal.

“No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley: tiene que abrirse de manera automática. Lo que ella tiene que revisar es si se violó alguna norma en ese sentido”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria añadió que ahora corresponderá a las autoridades determinar si en el caso Ebrard existió alguna falta administrativa o violación normativa.

Sheinbaum plantea modificar reglas para embajadas mexicanas tras caso Ebrard

Sobre la polémica, Sheinbaum también señaló que, si existen vacíos legales sobre el uso de inmuebles diplomáticos, podrían impulsarse cambios normativos.

Indicó que el objetivo sería establecer reglas más claras sobre las características, funciones y uso de las embajadas mexicanas.

“Lo que hay que ver es si hay alguna falta legal o jurídica y, en todo caso, normar si no existen esas normas. Normar las características de las embajadas”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En días recientes, Roberto Velasco informó que el Órgano Interno de Control (OIC) de la Cancillería ya revisaba posibles actos de corrupción en la embajada de México en Reino Unido, aunque por otras denuncias relacionadas con Josefa González Blanco.

A través del Órgano Interno de Control del IMSS, se sancionó con una multa a la empresa Green@w, S.A. de C.V, por presentar información falsa durante el proceso de contratación.

Raquel Buenrostro sanciona con 700 mil pesos en multa a proveedor del IMSS

Raquel Buenrostro, a través del Órgano Interno de Control del IMSS, sancionó a la empresa Green@w, S.A. de C.V. por falsificar documentos en compra de medicamentos.

Esto debido a que proporcionó documentación falsa durante la adjudicación directa para la compra de medicamentos, al presentar una carta de respaldo supuestamente emitida por un distribuidor autorizado.

La sanción impuesta fue una multa que supera los 700 mil pesos.

Además de los 707 mil 506 pesos de multa que deberá pagar la empresa, también fue inhabilitada para participar en procedimientos de contratación o contratos con la Administración Pública Federal por 13 meses.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Raquel Buenrostro publica sanción a proveedor del IMSS en DOF

Por otra parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a cargo de Raquel Buenrostro, publicó la sanción al proveedor del IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 1 de abril.

Además, la empresa Green@w, S.A. de C.V. fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Cabe señalar que la empresa que celebró un contrato de adjudicación directa con el IMSS para la compra de medicamentos puede impugnar la sanción.

Sin embargo, la secretaría resaltó que ésta medida fue impuesta conforme a la ley y para la protección del interés público.

A través de redes sociales, Villaseñor reveló que existe un expediente en la Secretaría Anticorrupción contra Jenaro Villamil y Miguel Elorza, quienes calificaron sus investigaciones como falsas.

La instrucción de Buenrostro marca un nuevo capítulo en la disputa entre Infodemia y el periodista, en un contexto donde se busca fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia dentro de las instituciones públicas.

Buenrostro ordena investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza tras disputa de Infodemia con periodista

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor informó que Raquel Buenrostro ha ordenado investigar a Jenaro Villamil y Miguel Elorza por calificar sus investigaciones como falsas y sin metodología.

La orden de Raquel Buenrostro se da luego de que el periodista denunció a los dos funcionarios por:

• Faltas administrativas
• Peculado
• Ejercicio ilícito del servicio público

Ignacio Gómez Villaseñor señaló que Jenaro Villamil y Miguel Elorza han utilizado canales oficiales para desacreditar trabajos periodísticos, cuando estas no carecen de una metodología exhaustiva.

Cabe mencionar que la orden de Buenrostro implica que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisará si hubo irregularidades administrativas o legales, pero ahora no hay conclusiones definitivas.

“Tiene que hacerse la investigación, quien tiene que determinarlo no es el propio director de Pemex, sino la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el propio órgano interno de control.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, detalló que se investigarán posibles irregularidades en su patrimonio, luego de que Guillén, auxiliar técnico con 30 años de servicio, fuera señalada tras la lujosa fiesta de XV años de su hija en Tabasco.

La fiesta de XV años celebrada el 7 de marzo de 2026 han generado debate sobre transparencia y rendición de cuentas y fue abordada por la presidenta de México el 8 de abril.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, confirma denuncia contra Virginia Guillén

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le preguntó sobre el caso de Virginia Guillén Ávalos, madre de la quinceañera de Tabasco y quien fue denunciada por Pemex.

Ante esto, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla confirmó que en efecto, se realizó una denuncia formal contra Guillén Ávalos ante la Secretaría Anticorrupción para investigar posibles irregularidades.

Cabe recordar que Virginia Guillén Ávalos es auxiliar técnico “B” en Pemex con 30 años de servicio y salario mensual de unos 38 mil pesos.

Asimismo, de acuerdo a un reportaje de El Universal, se dio a conocer que su declaración patrimonial reporta ingresos anuales de 581 mil pesos, sin otros reportados.

Virginia es la madre de la cumpleañera que se hizo viral en redes sociales por la lujosa fiesta de XV años en Tabasco con artistas como Belinda y costo estimado en 40 millones de pesos.

Es decir que el dictamen ya puede recibir la declaratoria de validez para su entrada en vigor, debido a que ya fue avalada por más de la mitad de los congresos estatales.

Pero ¿cuáles son los congresos estatales que ya aprobaron la reforma a las pensiones doradas hasta el lunes 30 de marzo? Te contamos los detalles.

Los 18 congresos estatales que ya aprobaron la reforma a pensiones doradas

El 24 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de reforma a las pensiones doradas y unas cuantas horas después, el pleno de la Cámara de Senadores hizo lo propio.

Tan solo 6 días después, el lunes 30 de marzo, el proyecto ya está en posibilidad de ser decretado de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, pues 18 congresos estatales lo han aprobado.

Lo anterior debido a que hasta el momento, los congresos estatales que ya han aprobado el dictamen se tratan de los que se presentan a continuación:

1. Chiapas
2. Tabasco
3. CDMX
4. San Luis Potosí
5. Sinaloa
6. Sonora
7. Veracruz
8. Nayarit
9. Baja California Sur
10. Michoacán
11. Colima
12. Puebla
13. Guerrero
14. Campeche
15. Hidalgo
16. Quintana Roo
17. Baja California
18. Zacatecas

Cabe destacar que en 16 de las 18 legislaturas locales en cuestión la votación fue unánime; sin embargo, en Baja California Sur y Zacatecas la aprobación se logró por mayoría de votos.

Reforma a pensiones doradas ya puede entrar en vigor

Al recibir la aprobación en 18 congresos estatales, la reforma constitucional para eliminar las pensiones doradas ya se encuentra en plenas condiciones de entrar en vigor.

Así ocurre debido a que en el artículo 135 de la Constitución federal se establece que las reformas deben ser aprobadas por la mayoría de las legislaturas estatales, además del Congreso de la Unión.

En ese sentido, con la aprobación en 18 congresos estatales, el dictamen ha superado el mínimo requerido de 17, lo que permite al Congreso de la Unión emitir la declaratoria de validez.

Como paso final luego de la declaratoria de validez, la reforma se publicará en el Diario Oficial de la Federación para que adquiera plena vigencia y pueda aplicarse en todo el territorio nacional.

Encuesta MetricsMx: Apoyan eliminar pensiones doradas

Entre las propuestas más apoyadas de Sheinbaum destaca la revisión de las pensiones de jubilados del sector público, iniciativa que cuenta con el aval del 82.1% de los encuestados por MétricsMx.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que se trata de los Lineamientos Generales relativos a los Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Acceso a la Información, los cuales buscan mejorar la atención a las solicitudes ciudadanas y asegurar el ejercicio efectivo de este derecho.

El objetivo de estos cambios dentro del marco legal es garantizar que todas las personas, sin importar en qué parte del país se encuentren, puedan ejercer su derecho de acceso a la información en condiciones equitativas.

Cuáles son los nuevos lineamientos de acceso a la información en México

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, Transparencia para el Pueblo, se dieron a conocer los principales lineamientos que guiarán la atención de solicitudes en todo el país.

Entre los puntos más relevantes destacan:

• Asegurar la trazabilidad de las solicitudes de acceso a la información.
• Establecer condiciones mínimas para brindar una atención adecuada a la población.
• Definir tiempos y procedimientos claros para la atención a la ciudadanía.

De acuerdo con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, estos lineamientos buscan que cualquier persona tenga la misma experiencia al ejercer su derecho de acceso a la información, sin importar la entidad federativa en la que se encuentre.

Por su parte, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, agradeció la colaboración de las autoridades garantes del orden federal y de las 32 entidades federativas, que participaron activamente en la elaboración de los lineamientos mediante propuestas y observaciones.

Gobierno presenta mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia

Además de la aprobación de los nuevos lineamientos, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno anunció mejoras a la Plataforma Nacional de Transparencia, entre ellas la creación de un nuevo portal de obligaciones.

Este portal tiene como objetivo modernizar la carga y consulta de información pública, corregir deficiencias del sistema anterior y garantizar la continuidad en la publicación de datos, sin afectar el acceso de la ciudadanía.

“Que presente las denuncias porque la narrativa no es suficiente para iniciar una investigación, no tiene elementos”

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno

Desde la mañanera en Palacio Nacional, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México subrayó que las acusaciones deben acompañarse de denuncias formales y datos verificables para abrir una indagatoria.

La funcionaria instó a Julio Scherer a presentar una denuncia ante la Fiscalía, recordando que los “dichos” no bastan para sustentar casos legales.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la postura, enfatizando la importancia de formalizar denuncias.

Raquel Buenrostro Sánchez descarta investigación por libro de Julio Scherer Ibarra

Al ser cuestionada sobre las acusaciones vertidas en el libro de Julio Scherer Ibarra, Raquel Buenrostro Sánchez destacó que estas no dan pauta a una investigación.

Raquel Buenrostro Sánchez aseguró que desde la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se da seguimiento a todas las denuncias.

Siempre y cuándo estas proporcionen datos con la que se pueda iniciar una investigación de oficio.

“Nosotros damos seguimiento siempre a todas las denuncias que llegan, anónimas o incluso por el periódico, y nos dan datos, nombres, oficios, lugares. Cuando se tiene esa información y se considera relevante se pueden iniciar investigaciones de oficio”

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno

Raquel Buenrostro Sánchez destacó que es complicado cuando no se tienen estos datos y las acusaciones son un dicho.

En este sentido puntualizó que en el caso de Julio Scherer Ibarra no proporciona elementos para saber por dónde empezar.

“Cuando no tienen nada de información y nada más es un dicho, es complicado. Nosotros tenemos un número finito de personas, entonces ¿de dónde iniciamos investigaciones de oficio? Cuando haya elementos para saber por dónde empezar"

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno

Raquel Buenrostro Sánchez insta a Julio Scherer Ibarra a presentar una denuncia formal

Raquel Buenrostro Sánchez puntualizó que en caso de que hubiera denuncias, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debería investigarlas.

“En caso de que hubiera denuncias, nosotros tenemos que agotarlas por procedimiento”

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de México instó a Julio Scherer Ibarra presentar la denuncia correspondiente para iniciar la investigación.

Raquel Buenrostro Sánchez señaló que no bastan dichos para iniciar una indagatoria ya que se necesita información que sustente los casos.

Insistió en que cualquier persona puede presentar denuncias ante la Secretaría, pero enfatizo que deben acompañarse de información que permita sustentar legalmente una indagatoria.

Claudia Sheinbaum respalda a Raquel Buenrostro

La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que es importante que se presenten las denuncias para iniciar una investigación y no se queden solo en dichos.

“Quien tenga pruebas, que presente su denuncia, cualquiera lo puede hacer”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe recordar que las declaraciones de Raquel Buenrostro Sánchez surgen luego de que Julio Scherer Ibarra en colaboración con el periodista Jorge Fernández Menéndez denunciaron en el libro presuntos actos de corrupción y redes de financiamiento ilícito.

Durante la conferencia mañanera del miércoles 18 de febrero, la presidenta de México, compartió que trabajó como recepcionista, repartidora de volantes e incluso en proyectos académicos, antes de iniciar su carrera política.

El mensaje surgió en el contexto del anuncio de la iniciativa que propone poner un tope a las pensiones de exservidores públicos de confianza.

Reforma contra pensiones millonarias: ¿qué propone?

La reforma presentada por la presidenta y Raquel Buenrostro plantea que los exfuncionarios de altos mandos no puedan recibir una pensión superior al 50% del salario del titular del Ejecutivo federal.

En términos prácticos, esto significaría un tope aproximado de 70 mil pesos mensuales, en caso de que la iniciativa sea aprobada.

La propuesta busca eliminar los llamados “privilegios” en distintas instituciones federales y ajustar los montos a criterios de austeridad.

Sheinbaum recuerda que trabajó repartiendo volantes en un semáforo

Al abordar el tema de las pensiones, la presidenta recordó que antes de dedicarse a la política tuvo diversos empleos mientras estudiaba.

Entre ellos, mencionó que trabajó repartiendo volantes para un restaurante en un semáforo, experiencia que evocó con humor, aunque sin precisar cuánto tiempo desempeñó esa labor.

“Trabajé de recepcionista en un consultorio médico mientras estudiaba y previo a eso trabajé en un restaurante repartiendo volantes para anunciar al restaurante ahí en un semáforo”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

También explicó que posteriormente colaboró en el desarrollo de contenidos de matemática educativa en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y más tarde fue ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias.

“Después trabajé en matemática educativa ahí en el Poli ayudando a hacer contenidos. Ya después fui ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias, estamos hablando por ahí del 84, 85”, añadió.

La pensión que recibiría Sheinbaum al dejar la presidencia

En el mismo contexto, la presidenta también habló sobre la pensión que le correspondería al concluir su mandato.

Señaló que, por su antigüedad como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), podría recibir una jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con sus estimaciones, el monto máximo sería cercano a 30 mil pesos mensuales.

“Si cuento la antigüedad, me retiraré con mi jubilación del ISSSTE que muy probablemente alcance, no sé, máximo 30 mil pesos mensuales, que comparado con lo que ganan muchos mexicanos y mexicanas es una pensión muy digna”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

“El doctor Reyes Sandoval ordenó al personal de la Secretaría de Administración facilitar en todo momento la información requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; también se pronuncia porque se lleve a cabo una investigación apegada al marco jurídico que nos rige”.

Comunicado IPN

La suspensión del funcionario ocurre luego de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno solicitara medidas inmediatas al IPN como parte de las investigaciones contra Javier Tapia Santoyo.

IPN suspende a Javier Tapia Santoyo tras supuestas irregularidades millonarias al IPN e ISSSTE

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida el 2 de diciembre, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, dio instrucciones de suspender a Javier Tapia Santoyo desde el 29 de noviembre de 2025.

La decisión responde a los oficios enviados el 26 y 28 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en los que se pidió al IPN colaborar para esclarecer posibles irregularidades millonarias.

Al respecto, el IPN aseguró ser garante de la transparencia, la honorabilidad y la rendición de cuentas, además de que siempre protegerá el interés de la comunidad por encima de intereses ajenos a la institución.

De acuerdo con las indagatorias, Javier Tapia Santoyo, al frente de la Secretaría de Administración del IPN, otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos a Retimar, empresa fantasma conocida como el “Cártel de la Limpieza”.

Esa no fue la primera vez que el funcionario habría cometido “fraude”, pues durante su gestión en el ISSSTE adjudicó contratos a Interacción Biomédica por más de 1,613 millones de pesos, señalada también como empresa fantasma.

De acuerdo con los señalamientos, el funcionario, quien funge hasta el momento como secretario de Administración del IPN, está relacionado con el desvío de recursos; además de que ha ocultado su enriquecimiento.

Cabe señalar que desde principios de noviembre la Asociación de Ciudadanos Unidos para Erradicar la Corrupción (ACUEC) denunció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al funcionario del IPN e ISSSTE por delitos como fraude y tráfico de influencias, entre otros.

Piden a IPN destitución de Javier Tapia Santoyo; investigan contrato por más de 2 mil millones de pesos

De acuerdo con las indagatorias, Javier Tapia Santoyo, al frente de la Secretaría de Administración del IPN, otorgó un contrato de 2 mil 500 millones de pesos al llamado Cártel de la Limpieza.

Se trata de un contrato para la empresa Servicios Integrales Retimar, que es vigente hasta 2028, empresa que ha sido beneficiada por varios contratos en el servicio público.

Ante dichos hallazgos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió la destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval.

Asimismo, solicitó que se le retirara el acceso a su cuenta de correo electrónico institucional, así como de cualquier cuenta de los sistemas de la institución a la que tenga acceso.

Esto ante el riesgo de que entorpezca las investigaciones en su contra, así como la posibilidad de que manipule o elimine pruebas sobre su presunto enriquecimiento ilícito.

Javier Tapia Santoyo también es identificado por presuntas irregularidades millonarias en ISSSTE

Por otra parte, también se investigan irregularidades millonarias en el ISSSTE, durante la gestión de Javier Tapia Santoyo, entre 2019 y 2022.

Y es que, cuando Javier Tapia Santoyo se desempeñaba como tesorero del ISSSTE, habría otorgado recursos para insumos médicos a varias empresas fantasma con contratos por mil 613 millones de pesos.

Por estas transacciones, recibió depósitos millonarios que no reportó de las dos empresas fantasma relacionadas con los contratos para insumos.

Cabe señalar que la última declaración patrimonial que se tiene del funcionario donde hace público su patrimonio es de 2017.

Para 2019 declaró no estar de acuerdo con que se publicaran sus datos patrimoniales, asimismo, no dio consentimiento para hacer público un posible conflicto de interés dentro de sus funciones.