De acuerdo con los audios exhibidos por N+, el magistrado Alberto Roldán habría sido presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

El amparo en cuestión fue por el caso de Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, quien fue señalada en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”

Carlos Alpizar

¿Quién es Alberto Roldán Olvera?

Alberto Roldán Olvera es actual magistrado de circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México.

¿Alberto Roldán Olvera está casado?

Alberto Roldán Olvera no ha revelado información referente a si está casado o no, por lo que este dato de mantiene reservado.

¿Alberto Roldán Olvera tiene hijos?

El magistrado Alberto Roldán Olvera tampoco ha revelado si tiene hijos o no; esta información se ha mantenido al margen de sus actividades en el Poder Judicial.

¿Qué edad tiene Alberto Roldán Olvera?

La edad de Alberto Roldán Olvera también se mantiene reservada, pues esta no forma parte de la información que es pública en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

¿Qué signo zodiacal es Alberto Roldán Olvera?

El signo zodiacal de Alberto Roldán Olvera también se desconoce, pues el dato de su fecha de nacimiento no es público.

¿Qué estudió Alberto Roldán Olvera?

El magistrado Alberto Roldán Olvera cuenta con una Licenciatura en Derecho por la Universidad la Salle; se tituló el 3 de junio de 2004 por conducto de una tesis que tituló “Límites Constitucionales Sobre la Detención en Caso de Urgencia”.

¿Cuál es la trayectoria de Alberto Roldán Olvera?

En el presente, Alberto Roldán Olvera es magistrado de circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México.

Sin embargo, cuenta con un largo historial dentro del Poder Judicial; esto son los cargos que ha ejercido:

• Oficial Judicial, Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos
• Oficial Judicial, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos
• Oficial Judicial y Secretario, Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California
• Secretario, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito
• Secretario Técnico, Secretaría Ejecutiva del Pleno
• Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima
• Juez Segundo de Distrito en el Estado de México
• Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México
• Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán
• Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con Residencia en Morelia, Michoacán
• Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México
• Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con Residencia en Naucalpan, Estado de México

La FGR acusa a Martínez de recibir 147 cheques por más de mil 764 millones de pesos, mientras que Jesús Orta Martínez habría recibido otros 99.

Audios revelados por el magistrado Alberto Roldán señalan presiones de Carlos Alpízar y Constancio Carrasco para emitir un amparo favorable, considerado prioritario para Zaldívar.

La acusación de la FGR contra Frida Martínez y Jesús Orta

De acuerdo con la causa penal 239/2020, Frida Martínez Zamora es acusada, junto con Jesús Orta Martínez, ex secretario general de la Policía Federal, de haber recibido cheques con dinero proveniente del erario.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que Martínez Zamora recibió 147 cheques por una suma de mil 764 millones 956 mil 64 pesos, con cargo a cuatro cuentas de la partida ‘Gastos de Seguridad Pública y Nacional’ de la Policía Federal.

Mientras que Orta Marrínez habría recibido 99 cheques por 754 millones 661 mil 50 pesos, entre 2013 y 2014.

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez promovieron amparos contra su detención por fraude de mas de 2 mil 500 mdp

De acuerdo con el portal Animal Político, por la denuncia de la FGR y la posterior ficha roja de búsqueda de la Interpol, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez promovieron juicios de amparo en contra de la orden de aprehensión en su contra.

La polémica se desató luego de que el magistrado Alberto Roldán Olvera denunció con grabaciones en audio que fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpízar, entonces secretario general de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una “resolución a modo” en un amparo promovido por Frida Martínez Zamora para frenar su detención.

El 1 de septiembre de 2020, el recurso de amparo fue recibido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, del cual estaba a cargo el entonces juez ―hoy magistrado― Alberto Roldán Olvera.

Magistrado Alberto Roldán acusa a Carlos Alpizar y a Arturo Zaldívar de presiones por caso Frida Martínez Zamora

Según el magistrado Alberto Roldán, las presiones de Arturo Zaldívar y sus colaboradores comenzaron en noviembre de 2020, cuando el magistrado Constancio Carrasco lo invitó a comer y le indicó que debía ir a la oficina de Carlos Alpízar, ubicada en el piso 14 de edificio del Consejo de la Judicatura para abordar el caso de Frida Martínez Zamora.

Sin embargo, el proceso continuó y el 3 de diciembre de 2020 Alberto Roldán negó a Frida Martínez la suspensión provisional contra la orden de aprehensión bajo el argumento de que era un acto con “carácter de consumado”.

Además de que resolvió que la Guardia Nacional no podría ejecutar la orden de captura reclamada, al considerar que las autoridades de la corporación carecían constitucional y legalmente de facultades para ello.

El 10 de diciembre de 2020, el juez resolvió en el mismo sentido sobre las suspensiones definitivas.

Tras la resolución, Roldán sostuvo que sólo cuatro días después se llevó a cabo la primera de cinco reuniones en la oficina de Alpízar, el 14 de diciembre de 2020.

Relató que por comentarios de otros jueces se enteró de que ahí quitaban el celular antes de entrar, por lo que se previno y metió una grabadora oculta.

En esa primera reunión, Carlos Alpízar le aseguró que la resolución del caso de Frida Martínez era de vital importancia para el Poder Judicial y las reformas que se pretendía llevar a cabo.

Cabe recordar que en diciembre de 2020 en el Congreso de la Unión se discutía la reforma a la Ley del Poder Judicial, como el que Arturo Zaldívar pretendía aumentar su mandato al frente de la SCJN.

Las amenazas escalaron al grado de que involucraban a miembros de su familia, también empleados en el Poder Judicial.

Finalmente, al no ajustarse a la línea solicitada en dicho caso, Alberto Roldán fue “castigado” y fue cambiado de adscripción a Morelia.

De acuerdo con los audios exhibidos por N+ ayer 7 de mayo, el magistrado Alberto Roldán habría sido presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura, para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

El amparo en cuestión fue por el caso de Frida Martínez Zamora, ex secretaria general de la Policía Federal, quien fue señalada en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”

Carlos Alpizar

Arturo Zaldívar acusa filtración de Norma Piña: “Es un error, una bajeza, un comportamiento indebido de la ministra”

Arturo Zaldívar aseguró que los audios fueron filtrados a N+ por Norma Piña. En ese sentido, criticó lo anterior por no respetar la presunción de inocencia de las personas que se escuchan en las grabaciones; “y además yo ni estoy participando”, dijo el ministro en retiro.

“Lamento el uso faccioso, contrario a la Constitución, con una clara intencionalidad político electoral de parte de la ministra Norma Piña. Está usando todo el Poder Judicial de la Federación para denostar y para evidenciar investigaciones que debe tener en secrecía; hizo primero una filtración masiva de una denuncia anónima supuestamente y ahora hace una filtración selectiva de otro asunto”

Arturo Zaldívar

Además, negó todas las acusaciones en su contra:

“Yo nunca di ninguna instrucción, comentario o presión a ningún juez, jueza, magistrado o magistrada. Y tampoco di jamás instrucción a colaborador alguno mio para que lo hiciera. En ese sentido, todo lo que se trata es desviar la atención para golpearme”

Arturo Zaldívar

Arturo Zaldívar también cuestionó la autenticidad de los audios; “no sé si son audios que fueron manipulados, si son audios que son falsos; no lo sé porque yo no participé en la reunión ni en la conversación ni nada”. Sin embargo, se dijo a favor de que se realicen las investigaciones correspondientes:

“Yo tengo confianza en los colaboradores que trabajaron conmigo, no estoy en contra de que se investigue; que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Y si después de una investigación imparcial, neutral, alguno de mis colaboradores incurrió en una conducta indebida, yo no tengo ningún problema en que se tomen las sanciones o consecuencias correspondientes”

Arturo Zaldívar

Caso de Frida Martínez Zamora: Presionan a magistrado de la SCJN para emitir una resolución de amparo

En torno al caso de Frida Martínez Zamora, N+ reveló audios que dieron cuenta de que las presiones sobre Alberto Roldán fueron en aumento, a fin de que emitiera una resolución de amparo sobre el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal.

Los audios habrían sido grabados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, donde se ubica la oficina de Carlos Alpizar:

“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto (Roldán), con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”

Carlos Alpizar

En al audio, Alpizar aseguró que este caso era prioritario para el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar:

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”

Carlos Alpizar

La insistencia del secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Arturo Zaldívar llegó al punto de querer interrumpir las vacaciones de Alberto Roldán:

“¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”

Carlos Alpizar

Debido al aplazamiento de la reunión, Carlos Alpizar hizo referencia a la familia de Roldán en una aparente amenaza:

“Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional. Te lo reitero porque sí me lo dijo: “Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante”

Carlos Alpizar

Sin embargo, la presión siguió aumentando sobre Alberto Roldán:

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo (…). Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”

Carlos Alpizar

No obstante, después bajó el tono de los mensajes:

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”

Carlos Alpizar

El caso de Frida Martínez Zamora

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, fueron señalados en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó la elaboración y cobro de cheques nominativos por sumas de entre 15 y 30 millones de pesos, a nombre de los funcionarios antes mencionados.

Este caso ocurrió cuando se puso en marcha la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la extinta Policía Federal pasó a formar parte de dicha institución.

De acuerdo con los funcionarios del actual gabinete de seguridad que tuvieron acceso al expediente revisado por un juez federal en Almoloya de Juárez, la empresa que vendió el programa de espionaje Rafael exigió el cumplimiento de un pago por de 2 mil 600 millones de pesos.

Fue en este punto que las autoridades descubrieron un sobreprecio por el programa Rafael, ya que se pagó cuatro veces su costo y el contrato contaba con cláusulas ventajosas para los vendedores, como pagar anualmente las licencias de uso.

Como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez tenían las siguientes funciones:

• Administración de bienes
• Autorizar y organizar licitaciones
• Adjudicar contratos de bienes y servicios
• Manejo de recursos financieros y recursos humanos

Los audios señalan a Carlos Alpizar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura, y al magistrado Constancio Carrasco, quienes habrían actuado bajo instrucciones de Arturo Zaldívar.

Martínez Zamora enfrenta acusaciones por desvíos de más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos de espionaje con sobreprecio.

Norma Piña ordenó investigar a Arturo Zaldívar en 2024

El 12 de abril de 2024, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar una investigación en contra de Arturo Zaldívar por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

Expresamente, en el expediente de investigación J/108/2024, a Arturo Zaldívar se le acusa de:

“Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”

Expediente

En este contexto se dio el caso de Frida Martínez Zamora, acusada en agosto de 2020 por su presunta responsabilidad en un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos dentro de la extinta Policía Federal (PF).

Caso de Frida Martínez Zamora habría sido prioritario para Arturo Zaldívar

El caso de Frida Martínez Zamora cobró relevancia en el Poder Judicial por los audios presentados esta semana por el magistrado Alberto Roldán, quien en 2020 se desempañaba como Juez Quinto de Distrito en materia de amparo.

De acuerdo con los audios exhibidos por N+, el magistrado fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpizar, secretario general del Consejo de la Judicatura, y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución de amparo considerada prioritaria para Arturo Zaldívar.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”

Carlos Alpizar

El caso de Frida Martínez Zamora

Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, ex secretarios generales de la Policía Federal, fueron señalados en 2020 por realizar desvíos de recursos en la extinta institución que ascendían a más de 2 mil 500 millones de pesos.

En 2020, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó la elaboración y cobro de cheques nominativos por sumas de entre 15 y 30 millones de pesos, a nombre de los funcionarios antes mencionados.

Este caso ocurrió cuando se puso en marcha la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y la extinta Policía Federal pasó a formar parte de dicha institución.

De acuerdo con los funcionarios del actual gabinete de seguridad que tuvieron acceso al expediente revisado por un juez federal en Almoloya de Juárez, la empresa que vendió el programa de espionaje Rafael exigió el cumplimiento de un pago por de 2 mil 600 millones de pesos.

Fue en este punto que las autoridades descubrieron un sobreprecio por el programa Rafael, ya que se pagó cuatro veces su costo y el contrato contaba con cláusulas ventajosas para los vendedores, como pagar anualmente las licencias de uso.

Como titulares de la Secretaría General de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez tenían las siguientes funciones:

• Administración de bienes
• Autorizar y organizar licitaciones
• Adjudicar contratos de bienes y servicios,
• Manejo de recursos financieros y recursos humanos

Caso de Frida Martínez Zamora: Presionan a magistrado de la SCJN para emitir una resolución de amparo

Los audios por el caso de Frida Martínez Zamora dieron cuenta de que las presiones sobre Alberto Roldán fueron en aumento con el fin de que emitiera una resolución de amparo sobre el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal.

Los audios habrían sido grabados en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, donde se ubica la oficina de Carlos Alpizar:

“Entonces, cuidado: échale coco, que caiga en manos de Beto (Roldán), con toda la confianza institucional, con todo el cariño, ayudarte y cuidarte, pero que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer. Entiendo que Constancio ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle”

Carlos Alpizar

En al audio, Alpizar aseguró que este caso era prioritario para el entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar:

“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”

Carlos Alpizar

La insistencia del secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Arturo Zaldívar llegó al punto de querer interrumpir las vacaciones de Alberto Roldán:

¿Quieres que nos reunamos en tus vacaciones o quieres que nos veamos después?, para yo decirle al presidente con gran seguridad y Constancio también, que el engrose estará listo. Que sí sea una audiencia que se lleve y que se conozca de fondo, lo que les puedo decir es que ya con eso tengo la plena seguridad de que va a salir el primero de febrero”

Carlos Alpizar

Debido al aplazamiento de la reunión, Carlos Alpizar hizo referencia a la familia de Roldán en una aparente amenaza:

“Y, ojalá, como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional. Te lo reitero porque sí me lo dijo: “Dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad?, yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él, de tu hermana que también está allá en Morelos, conozco perfectamente bien cómo son, son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante”

Carlos Alpizar

Sin embargo, la presión siguió aumentando sobre Alberto Roldán:

“Tú sabes que esto es política, es distinto el negocio que la política. En la política hay trascendencias, hay consecuencias, hay muchas cosas que no se reponen con dinero sino con otras cosas; entonces, si pudiéramos saber y me das la oportunidad de que, como amigos, te lo pido yo, sé que es un tema que no estoy violando ni tocando ningún tema, te lo digo como amigo (…). Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera: ‘Uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’; no sé, alguna solución alterna institucional y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”

Carlos Alpizar

No obstante, después bajó el tono de los mensajes:

“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”

Carlos Alpizar

En entrevista con Radio Fórmula, el diputado señaló que aplazar la reforma judicial hasta 2028 evitará confusiones y facilitará el trabajo logístico de las autoridades electorales.

Gutiérrez Luna respalda separar comicios para evitar cargas al INE y afinar detalles

Gutiérrez Luna subrayó que no empalmar las elecciones judiciales con las elecciones políticas permitirá que no haya complicaciones logísticas en el INE, el cual será encargado de ambos procesos.

Asimismo, señaló que el espacio entre un proceso y otro podrá ser aprovechado para detectar, analizar y, de ser el caso, mejorar o simplificar el proceso electoral para elegir al Poder Judicial.

Sergio Gutiérrez Luna subrayó que algunos de los detalles que podrían perfeccionarse tienen que ver con:

• Composición de las boletas
• Ubicación de las casillas para votar
• Mejoras en los Comités Técnicos

Finalmente, comentó que la alianza Morena, PT y Partido Verde estará dispuesta a votar a favor de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para separar las fechas entre ambas elecciones.

Sheinbaum propone mover la elección judicial a 2028

Claudia Sheinbaum anunció que el Poder Ejecutivo presentará una reforma constitucional para cambiar la fecha de la elección judicial, originalmente prevista para 2027, coincidiendo con la elección federal.

Con esto, se propone llevarlo a cabo en 2028, sumando además la reducción del número de candidatos y la simplificación de la boleta electoral.

La propuesta será enviada el lunes 18 de mayo a la Comisión Permanente para que sea turnada a la Cámara de Diputados.

La conferencia inició a las 09:00 am de hoy 22 de octubre, y en ella jueces y magistrados dieron respuesta a los señalamientos en su contra.

Informaron lo referente a la reforma al Poder Judicial, la cual se implementa desde los poderes Ejecutivo y Legislativo, y ha generado gran polémica entre los trabajadores judiciales.

La mañanera de jueces y magistrados se realiza en el auditorio del número 1508 de la Avenida Revolución, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Además, la conferencia es transmitida de lunes a viernes por el canal Independencia Judicial MX de YouTube.

Conferencia mañanera de jueces de hoy 22 de octubre: Jueces aseguran que no han dejado de trabajar durante huelga

Los magistrados Juan José Olvera, Adriana Ortega Ortiz y José Rogelio Alanís Rodríguez fueron cuestionados por el señalamiento que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de que sigan cobrando sus sueldos aunque estén en paro.

Al respecto, los juzgadores aclararon que todos los trabajadores tienen derecho a la huelga y protesta para el cumplimiento de sus derechos, y que sería violatorio que en ese momento no tengan acceso a sus salarios.

Además, señalaron que los jueces no se encuentran en paro total y atienden casos urgentes como: ordenes de aprehensión y cumplimentos de órdenes de aprehensión.

“No estamos en paro estamos en una reducción de actividades, casos urgentes sí se están atendiendo”, aseguraron, y agregaron que están en cumplimiento de su deber de guardar y hacer guardar la Constitución.

“Nadie pone en duda que la señora presidenta en sus conferencias mañaneras está trabajando, nosotros también estamos trabajando”.

Magistrado José Rogelio Alanís Rodríguez

Conferencia mañanera de jueces hoy 22 de octubre: Magistrado Juan José Olvera recuerda cuando salvó a AMLO

El magistrado Juan José Olvera recordó en conferencia de prensa que él rechazó llevar al ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a juicio, en medio del proceso de desafuero que vivió en 2005.

Señaló que rechazar el caso penal trajó diferentes consecuencias, como el que AMLO pudiese continuar en las contiendas electorales por cargos públicos.

Ante la situación el juez fue cuestionado sobre un posible arrepentimiento por los hechos, debido a que AMLO impulso la reforma al Poder Judicial que deja sin cargo a miles de jueces y magistrados.

No obstante, el magistrado Juan José Olvera asegura que no se arrepiente, pues actuó conforme a la ley.

Conferencia mañanera de jueces hoy 22 de octubre: Magistrado Juan José Olvera que no atendió casos de Juan N y Uriel N

Luego de su aparición en la primera conferencia mañanera de jueces, y tras cuestionar la autoridad con la que se presenta a debatir lo expuesto en las mañaneras, el magistrado Juan José Olvera aclaró las acusaciones en su contra.

Refirió que se le acusó de liberar a Juan N y Uriel N, ex fiscal de Morelos, no obstante, el juzgador aseguró que él no tiene conocimiento de dichos casos porque no le fueron turnados.

“No me tocó resolverlos, no le tocó al tribunal al que estoy adscrito resolverlos”, aseguró Juan José Olvera, quien compartió que fueron los Tribunales Décimos y Séptimo los que resolvieron en dichos casos, “no el primero donde me encuentro adscrito”.

Conferencia mañanera de jueces hoy 22 de octubre: Juez aclara situación sobre Javier Duarte y acusaciones en su contra

El juez Juan Carlos Ramírez Benítez señaló que en tres ocasiones se le ha acusado de otorgar prerrogativas al ex gobernador preso, Javier Duarte, sin que así sea.

El juzgador afirmó que no concedió suspensión alguna a favor de Duarte, si no que se modificó un punto de la resolución debido a la incoherencia que representaba el escrito.

Ramírez Benítez señaló que fue aludido en la mañanera debido a dicha situación, aunque no se modificó algo más allá de un requisito de presentación del acusado a tribunales, lo que es ilógico debido a que se encuentra preso.

Conferencia mañanera de jueces hoy 22 de octubre: Aclaran acusaciones de Segob contra jueces

El magistrado José Rogelio Alanís Rodríguez explicó los casos que expuso la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, al respecto de los liberados por jueces del Poder Judicial:

• Emilio N
• Roberto N
• José Luis N

El magistrado señaló que se les otorgó una medida cautelar diferente a la prisión preventiva a los señalados, no fueron liberados, si no que continuarán su proceso fuera de la cárcel.

Al respecto recordó que la prisión preventiva oficiosa es una medida excepcional, no la regla, pues la ley indica que los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

Además, acusó que desde Segob se indicó que ocurren demasiadas liberaciones de posibles culpables, no obstante, del universo de casos en donde se solicitó prisión preventiva justificada por la FGR, se indicó que la mayoría son favorables para la Fiscalía, es decir, se les concede la prisión preventiva justificada.

Con respecto a los casos que llevan años sin sentencia, se señaló que caen en una incoherencia al pedir que se otorgue prisión preventiva justificada en múltiples casos, y no de manera excepcional.

Conferencia mañanera de jueces hoy 22 de octubre: Juez aclara que FGR no tenía pruebas de que sangre en finca de Sinaloa correspondía a Héctor N

El Juez Alejandro Díaz Cruz aclaró los testimonios de la FGR señalados con el caso de Ismael Zambada, Héctor Cuén y Joaquín Guzmán López, luego de que fue señalado de no otorgar orden de aprehensión contra el último.

El juez de Sinaloa señaló que el fiscal de la FGR tuvo insuficiencia probatoria por múltiples causas en la audiencia donde presentó el caso de los señalamientos ocurridos en julio de 2024, donde están involucrados los hombres señalados.

El juzgador aseguró que la Fiscalía decidió retirar su asunto y desistirse de la orden de aprehensión, pues incluso en el momento de los hechos la FGR no tenía pruebas de que la sangra encontrada en el inmueble pertenecía a Héctor N.

“Entonces la FGR no tenía prueba concluyente pericial que demostrará que la sangre pertenecía a Héctor N, las pruebas se obtuvieron 12 días después de que solicitarán la orden de aprehensión”, aseguró.

Temas a tratar en la conferencia mañanera de jueces del 22 de octubre

Con respecto a los temas que serán tratados en la mañanera de jueces de hoy 22 de octubre, se informó que se aclararán las acusaciones realizadas contra una decena de juzgadores por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, se indicó que darán respuesta a las preguntas pendientes del pasado lunes 21 de octubre entre ellas las relacionadas con las suspensiones de la reforma al Poder Judicial.

Conferencias mañaneras de jueces son ejercicio de réplica a acusaciones en su contra

Se indicó que las conferencias mañaneras de jueces y magistrados son un ejercicio de derecho de réplica de 30 minutos en donde:

• Se informarán sobre los casos judiciales en general y en especial los relacionados con la reforma al Poder Judicial
• Se comunicarán las acciones de resistencia a la reforma judicial
• Se responderán las dudas de medios de información y reporteros
• Se abordarán los temas relacionados con la reforma al Poder Judicial que Claudia Sheinbaum anuncie en su mañanera del pueblo.

La mañanera del Poder Judicial es organizada por los mil 500 jueces y magistrados federales que integran el colectivo Artículo 41.

El legislador subrayó que la Cámara de Diputados será la de origen y que asumirán la tarea con responsabilidad y apego constitucional.

La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca prorrogar la elección de jueces y magistrados federales hasta 2028, con un cronograma diseñado para cumplir los requisitos constitucionales antes del inicio del proceso electoral en septiembre.

Periodo extraordinario para discutir reforma judicial sería convocado este jueves, afirma Monreal

El diputado Ricardo Monreal detalló que la reforma judicial de Claudia Sheinbaum busca prorrogar la fecha de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, además de introducir otros cambios.

A través de un video publicado en redes sociales, Ricardo Monreal reiteró que la Cámara de Diputados será la de origen, por lo que asumirán esta tarea con responsabilidad y apego constitucional.

“Estamos listos para recibirla y para que podamos en tiempo y forma dictaminarla junto con las otras iniciativas que existen al respecto”.

Ricardo Monreal

Ricardo Monreal comentó que este jueves “se tomará la decisión de la convocatoria al periodo extraordinario que tendrá verificativo la semana próxima”. Se espera que esté definido antes de que termine mayo.

La premura del dictamen de la reforma judicial radica en que en septiembre de 2026 iniciará el periodo electoral, lo que impedirá que se legisle el cambio de las elecciones del Poder Judicial para 2028.

El cronograma está diseñado para dar tiempo a que los congresos locales participen en el proceso, cumpliendo con los requisitos constitucionales para las modificaciones de este tipo.

Con responsabilidad institucional y apego constitucional, nos preparamos para discutir la iniciativa de reforma judicial anunciada hoy por la Presidenta @Claudiashein.
La Cámara de @Mx_Diputados será espacio de diálogo, acuerdos y trabajo por México. pic.twitter.com/IWnGBvulY2

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 18, 2026

El legislador aseguró que la propuesta busca garantizar que las personas electas para integrar el Poder Judicial cumplan íntegramente el periodo para el que fueron elegidas, además de fortalecer el modelo de participación ciudadana impulsado por la 4T.

Reforma judicial de Claudia Sheinbaum busca fortalecer participación ciudadana

Desde el Senado de la República, Antonino Morales sostuvo que la reforma representa un acto de congruencia política y legislativa enfocado en consolidar un sistema judicial más cercano a la ciudadanía.

De acuerdo con el senador de Morena, aplazar los próximos comicios judiciales 2027 a 2028 permitirá una mejor organización institucional y evitará que existan periodos incompletos en los cargos que serán sometidos a votación.

“Se trata de fortalecer la democracia participativa desde sus cimientos. Con esta propuesta, blindamos el derecho inalienable del pueblo a elegir libremente a sus juzgadores, consolidando así un auténtico Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Esto es justicia social y es poner la ley al servicio de la nación”

Antonino Morales, senador de Oaxaca

Asimismo, hizo un llamado a los partidos de la oposición para respaldar la iniciativa y dejar de lado los intereses partidistas en temas relacionados con la democracia y el sistema de justicia.

Morales señaló que la discusión sobre la elección de jueces y magistrados representa un momento clave para redefinir la relación entre ciudadanía e instituciones judiciales.

El legislador insistió en que la propuesta busca fortalecer la democracia participativa y permitir que las y los mexicanos tengan mayor incidencia en la integración del Poder Judicial.

Finalmente, Antonino Morales reiteró que Morena mantendrá su respaldo a las reformas promovidas por Claudia Sheinbaum para avanzar en la transformación del sistema político y judicial del país.

De acuerdo con la consejera jurídica, esta iniciativa de reforma será presentada el 18 de mayo de 2026 en San Lázaro para su discusión en comisiones y posteriormente en el Pleno.

“Vamos a enviarla…muy probablemente a Cámara de Diputados primero. La estaríamos enviando hoy mismo, así es”

Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

Cabe señalar que esta propuesta busca que los comicios no sean complicados para los votantes debido a la cantidad de cargos que deben ser elegidos en las elecciones 2027.

Cámara de Diputados recibirá propuesta sobre elección judicial hasta el 20 de mayo

De acuerdo con Luisa Alcalde, la Consejería Jurídica enviará la propuesta para realizar la elección judicial en 2028 este lunes 18 de mayo.

Sin embargo, no será recibida por la Cámara de Diputados sino hasta el miércoles 20 de mayo, día en el que sesiona la Comisión Permanente,

Será esta comisión la que analice primero la iniciativa de reforma constitucional y, de ser aprobada, se solicitaría un periodo extraordinario para poder ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Si se aprueba, deberá ser enviada a la Cámara de Senadores para su evaluación y posible aprobación.

“Nosotros enviaremos la propuesta y la idea es que el Congreso de la Unión pueda tomar la decisión de llevar a cabo un proceso extraordinario para poder mandar que se evalúe en comisiones y ya que pueda ser aprobado en el Pleno”

Luisa Alcalde, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia

Luisa Alcalde señaló que se espera que la iniciativa de reforma constitucional para pasar la elecciones judiciales al 4 de junio de 2028 sea aprobada en los primeros días de junio 2026.

Desde la conferencia mañanera, Luisa Alcalde, compartió los cambios que propone la iniciativa de reforma judicial 2028 para que se realicen los próximos comicios.

Entre los cambios se encuentra la simplificación de las boletas, así como el cambio de fecha para el 4 de junio de 2028.

Elección del Poder Judicial: La propuesta de reforma judicial 2028

Luisa Alcalde compartió que el principal cambio que se plantea en la reforma judicial 2028 es el cambio de fecha para las elecciones de jueces y magistrados.

Esta reforma plantea que la elección del Poder Judicial se realice el 4 de junio 2028 tanto a nivel federal como local.

Asimismo, la propuesta de reforma judicial 2028 que se presentará ante la Cámara de Diputados contempla cambios como:

• Creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación en los tres Poderes
• • Verificación del cumplimiento de los requisitos formales de todos los aspirantes de los tres poderes.
  • Establecer criterios y metodologías unificadas de evaluación y selección.
• Reducción del número de candidatos por Poder para facilitar la elección
• • Selección de las 4 personas mejor evaluadas por cargo
  • insaculación pública para reducir a 2 candidaturas por cargo y especialidad.
• Simplificación de la boleta electoral
• • Cada elector votará por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades.
  • Las boletas distinguirá candidaturas por poder, incluyendo jueces y magistrados en funciones.
  • División de distritos judiciales para garantizar la elección como está planteada.
• Capacitación permanente obligatoria de los jueces y magistrados
• • Implementación de programas de actualización y capacitación permanentes para todas las personas juzgadas.
  • La ley detallará los criterios, metodologías , plazos y demás reglas aplicables a estas evaluaciones para garantizar la transparencia.
• Poderes Judiciales Locales (reforzar criterios para que los estados repliquen reglas federales)

Reforma Judicial 2028 también contempla disposición de casillas

Por otra parte, Luisa Alcalde señaló que la reforma judicial 2028 que enviará a la Cámara de Diputados para su discusión en un posible periodo extraordinario contempla modificaciones sobre las casillas.

Según la propuesta para el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial, otras de las modificaciones son:

• Realizar las elecciones judiciales y ordinarias en la misma ubicación sin que los representantes de los partidos intervengan
• Realizar el escrutinio y cómputo de votos en las mismas casillas donde se realizaron
• Adelantar 3 meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, de septiembre a abril del año anterior para que los comités puedan evaluar las candidaturas con tiempo

Desde su conferencia del Pueblo este 18 de mayo, Claudia Sheinbaum señaló que este proceso podría aplazarse un año de lo planteado en la reforma al Poder Judicial.

“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028 con algunas características especiales”

Claudia Sheinbuam

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia aseguró que esta propuesta de reforma constitucional obedece a la cantidad de cargos que deben elegirse.

Asimismo, compartió las “características especiales” que presenta la nueva propuesta de reforma para poder llevar las elecciones del Poder Judicial en comicios posteriores.

Sheinbaum envía propuesta de reforma para posponer elección del Poder Judicial hasta 2028

Claudia Sheinbaum compartió que se preparó una iniciativa de reforma constitucional para posponer las elecciones del Poder Judicial al 2028 para presentar ante el Congreso.

“Estamos enviando la propuesta al Congreso para que tengan una sesión extraordinaria para mover la elección a 2028 con alguna características”

Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, la nueva propuesta obedece al análisis realizado por Luisa Alcalde, así como de la facilidad para la ciudadanía.

Esto al considerar que, de realizarse en 2027 la elección al Poder Judicial, los ciudadanos deberían acudir a dos casillas diferentes; además de la cantidad de cargos a elegir.

“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María (Alcalde) desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27”

Claudia Sheinbaum

La propuesta para el cambio de fecha de la elección al Poder Judicial

Por su parte Luisa Alcalde presentó los cambios que se presentan en la iniciativa de reforma constitucional para la nueva fecha de la elección al Poder Judicial.

Esta iniciativa plantea cambiar la fecha y mover las elecciones de jueces y magistrados de 2027 al domingo 4 de junio de 2028.

Sin embargo, se resalta que las elecciones judiciales posteriores “seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios para renovar las vacantes que vayan generando”.

Asimismo, resaltó que este cambio se debe a la cantidad de cargos de elección popular que deben elegirse en las próxima elecciones 2027 a nivel federal y estatal, aunados a los cargos del Poder Judicial.

Estos son:

• 4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
• 463 magistrados de Tribunales Colegiados de circuito
• 385 jueces de Distrito
• 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de los Poderes Judiciales locales de 25 estados

Otros de los cambios que se plantean en esta iniciativa son:

• Creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación en los tres Poderes
• Reducción del número de candidatos por Poder para facilitar la elección
• Simplificación de la boleta electoral
• Capacitación permanente obligatoria de los jueces y magistrados
• Poderes Judiciales Locales (reforzar criterios para que los estados repliquen reglas federales)

De acuerdo con Ramírez Cuéllar, la nueva fecha de la elección del Poder Judicial sería el 1 de junio de 2028, por lo que tanto la parte legislativa como la ejecutiva ya analizan lo que conllevaría esta decisión.

Ramírez Cuéllar señala importancia de aplazar la elección del Poder Judicial

En conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar detalló que se han iniciado diálogos formales entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para evaluar aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028.

Según el diputado morenista, esta propuesta contaría con el aval de todas las bancadas políticas, con quienes también ha existido acercamientos para abordar el tema.

Ramírez Cuéllar señaló la importancia de esta propuesta, pues busca aminorar la carga electoral para 2027.

Esto toda vez que de seguir adelante con lo pactado, la elección judicial se encontraría con las elecciones estatales y municipales que muchas entidades del país vivirán.

La iniciativa surge bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien solicitó a la Consejería Jurídica un diagnóstico exhaustivo sobre los beneficios y desafíos técnicos que implicaría esta prórroga.

Adicional, aún se discute realizar modificaciones a la reforma judicial, por lo que los requisitos de participación estipulados podrían tener cambios.

Entre los puntos clave que se discuten resalta la reducción en el volumen de postulaciones que aparecerán en las boletas y el establecimiento de mecanismos de certificación más rigurosos para los aspirantes.

Estas medidas buscan simplificar el ejercicio del voto para la ciudadanía y asegurar que quienes compitan posean los perfiles profesionales más adecuados para el cargo

Expedientes físicos, juicios interminables, ejecución deficiente, criterios contradictorios, tribunales saturados y una economía que opera a velocidades completamente distintas a las de sus juzgados. El problema existía y era real.

Por eso, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representaba una oportunidad histórica:

• Oralidad.
• Digitalización.
• Trazabilidad procesal.
• Homologación nacional.
• Modernización probatoria.
• Expediente electrónico.
• Uso intensivo de tecnología.

En teoría, era una de las reformas procesales más importantes en décadas.

Pero México intentó implementarlo mientras simultáneamente desestructuraba institucionalmente al Poder Judicial bajo una lógica predominantemente política e ideológica. Y ahí comenzó la contradicción.

Ahora hasta el INE pide aplazar. La situación llegó a un punto particularmente delicado cuando el propio Instituto Nacional Electoral pidió al Congreso aplazar la elección judicial hasta 2028 para evitar un “colapso” operativo.

Los datos son contundentes:

• Más de 353 mil casillas requeridas.
• Aproximadamente 3.1 millones de funcionarios.
• Cerca de 980 millones de boletas.
• Costos cercanos a 21 mil millones de pesos si coinciden procesos electorales y judiciales.

Eso implica algo políticamente muy fuerte: incluso dentro del propio aparato institucional ya se reconoce que el diseño fue precipitado y técnicamente insuficiente.

Una reforma para la que no estaban preparados. El nuevo modelo procesal exige algo muy específico: jueces técnicamente sólidos, operadores capacitados, infraestructura tecnológica moderna y alta capacidad institucional.

Pero ocurrió lo contrario.

En lugar de fortalecer técnicamente al sistema antes de implementar el nuevo modelo:

• Se abrió una reforma política judicial.
• Se cuestionó la meritocracia.
• Se debilitó la percepción de independencia.
• Se generó incertidumbre institucional.
• Se politizó el debate judicial.

Resultado:

• Un sistema a la defensiva, lento e improvisado.
• La digitalización real nunca fue el centro.

Uno de los mayores problemas de la reforma judicial es que se habló mucho de elección de jueces y muy poco de modernización operativa real.

México sigue teniendo:

• Exhortos físicos innecesarios.
• Oficios en papel.
• Expedientes físicos.
• Turnos actuariales lentos.
• Notificaciones presenciales absurdas.
• Trámites manuales de edictos.
• Certificaciones repetitivas.
• Traslados físicos innecesarios.

En pleno 2026, buena parte del sistema sigue funcionando bajo lógica administrativa de hace cuarenta años.

La pregunta incómoda...

¿Por qué no se moderniza realmente el sistema judicial?

Porque hacerlo implicaría tocar estructuras que nadie quiere enfrentar:

• Burocracia interna.
• Sindicatos.
• Plazas administrativas obsoletas.
• Estructuras de control político.
• Sistemas tecnológicos mal diseñados o incompletos.

La verdadera transformación judicial requería eliminar procesos inútiles, no solo cambiar discursos políticos.

El problema estructural: burocracia sin métricas

El sistema judicial mexicano sigue operando sin:

• Métricas reales de productividad.
• Indicadores públicos de desempeño.
• Evaluación efectiva de tiempos procesales.
• Sanciones reales por dilación.
• Consecuencias por retrasar ejecución de sentencias o laudos.

La dilación sigue siendo gratis. Hoy prácticamente no existe responsabilidad institucional por:

• Paralizar expedientes.
• Diferir acuerdos innecesariamente.
• Retrasar ejecución de sentencias.
• Incumplir tiempos razonables.
• Generar cargas procesales excesivas.

Y eso tiene un enorme costo económico.

El verdadero fracaso: la ejecución. La gran debilidad histórica del sistema mexicano no es emitir sentencias.

Es ejecutarlas.

Y ahí el problema afecta directamente:

• Crédito.
• Inversión.
• Garantías.
• Recuperación de activos.
• Financiamiento productivo.

Industria, comercio y servicios financieros

Los sectores más afectados son precisamente los que requieren velocidad y certidumbre.

Industria

Necesita:

• Contratos ejecutables.
• Estabilidad jurídica.
• Recuperación eficiente.

Sin ello:

• Aumenta riesgo financiero.
• Cae inversión productiva.
• Se frenan proyectos industriales.

Comercio

Depende de:

• Cobranza rápida.
• Juicios mercantiles ágiles.
• Medidas cautelares eficientes.

Cuando los juicios duran años:

• Se destruye flujo.
• Aumenta morosidad.
• Cae actividad económica.

Servicios financieros

Bancos, SOFOM y financieras necesitan:

• Ejecución rápida de garantías.
• Certeza jurídica.
• Recuperación eficiente.

Sin ello:

• Sube costo del crédito.
• Cae crédito productivo.
• Aumenta cautela bancaria.
• Se limita fondeo internacional.

Tribunales federales: deterioro preocupante

Durante años, los tribunales federales eran percibidos como el nivel técnico más sólido del sistema judicial.

Hoy esa percepción se deteriora rápidamente.

Se observan cada vez más:

• Formalismos excesivos.
• Evasión de fondo.
• Criterios contradictorios.
• Retrasos innecesarios.
• Temor institucional a resolver asuntos sensibles.

Y eso es particularmente grave porque el sistema federal antes funcionaba como contrapeso técnico frente a muchas deficiencias locales. Hoy, en varios casos, esa diferencia comienza a desaparecer. Adicional los debates y dislates personales de los miembros de la Corte que les restan legitimidad y credibilidad.

El problema no es el Código Nacional. El CNPCyF técnicamente tiene avances importantes.

El problema es intentar implementarlo dentro de:

• Un sistema debilitado.
• Operadores insuficientemente preparados.
• Infraestructura tecnológica incompleta.
• Cultura burocrática resistente al cambio.

La IA y la oportunidad desaprovechada. Mientras el mundo avanza hacia:

• Inteligencia artificial judicial.
• Automatización documental.
• Trazabilidad digital.
• Contratos inteligentes.
• Monitoreo procesal en tiempo real.

México sigue atrapado en:

• Expedientes físicos.
• Burocracia sindicalizada.
• Trámites manuales.
• Estructuras lentas.
• Resistencia institucional.

El verdadero reto

La modernización judicial no depende únicamente de cambiar jueces.

Depende de:

• Rediseñar procesos.
• Digitalizar integralmente.
• Medir desempeño.
• Sancionar dilaciones.
• Ejecutar oportunamente sentencias y laudos.

La contradicción económica

El gobierno puede sostener diariamente una narrativa optimista.

Pero los datos muestran otra realidad:

• Crecimiento económico débil.
• Inversión privada cautelosa.
• Inseguridad persistente.
• Empleo formal desacelerándose.
• Crédito productivo limitado.
• Incertidumbre jurídica creciente.

Los mercados observan resultados, no propaganda.

México intentó transformar políticamente al Poder Judicial sin resolver primero sus problemas estructurales de operación, productividad y ejecución.

Ese es el verdadero fracaso.

La justicia no mejora cambiando discursos políticos ni organizando elecciones judiciales masivas. Mejora eliminando burocracia inútil, digitalizando procesos y sancionando la ineficiencia.

Sin métricas de desempeño, sin consecuencias por dilación y sin ejecución efectiva, ninguna reforma judicial generará confianza económica.

Porque al final, el Estado de derecho no se mide por propaganda. Se mide por la capacidad real de resolver y ejecutar oportunamente.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.

Este mismo jueves 14 de mayo, un grupo de jubilados de CFE protestaron en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reducción a sus pensiones.

Los jubilados de CFE se suman a las protestas de pensionados que se verían afectados por la reforma al artículo 127 constitucional contra las llamadas “pensiones doradas”.

Jubilados de CFE consigue suspensión judicial contra reducción de pensiones

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Nuevo León falló a favor de la queja de los jubilados de CFE y otorgó de manera unánime una suspensión a la reforma de pensiones.

Acorde con el argumento de los magistrados, hay un impacto emocional en la reducción a las pensiones que no toma en consideración que los jubilados de CFE son adultos mayores.

Por lo mismo, la reducción de sus pensiones deja a los jubilados de CFE en una situación de incertidumbre, ya que deben cubrir necesidades básicas como medicinas.

El tribunal señaló que los recortes con la reforma a pensiones rondarían entre el 44% y 78.5% de sus ingresos inmediatos, lo que impactó en casos de gastos médicos mayores.

El tribunal de Nuevo León falló a favor de los jubilados tras el rechazo de una amparo del juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el mismo estado.

Jubilados de CFE protestan en la SCJN contra reducción de sus pensiones

La tarde de este jueves 14 de mayo, en las inmediaciones de la Plancha del Zócalo, los jubilados de la CFE protestaron en contra de la reforma que reduce sus pensiones.

A las inmediaciones de la SCJN y frente Palacio Nacional se habrían presentado al menos 600 jubilados de la CFE en exigencia que se dé marcha atrás la reforma.

Añadieron entre sus exigencias la intervención de la SCJN para que se de el pago de los adeudos de sus pensiones, así como sus prestaciones que son vulneradas con la reforma.

Los jubilados de la CFE aseguran que la reforma al artículo 127 contra las pensiones doradas afectarían a su vez varios artículos constitucionales, como el 1, 14 y 123.

Según testigos, la funcionaria habría estado alcoholizada y argumentó “soy magistrada” para evitar la detención, aunque finalmente fue esposada por la policía municipal.

En el video difundido también aparece su esposo, Alejandro Jorge García Gómez, actual director de Monitoreo e Indicadores del gobierno estatal, quien igualmente fue subido a la patrulla.

Magistrada del TDJ de Aguascalientes es detenida por no querer pagar la cuenta en un lugar

La noche del 9 de mayo de 2026, un hecho habría acontecido en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, cuando una magistrada se negó a pagar la cuenta de un establecimiento acusando “soy magistrada”.

Según el video mostrado del momento, se trataría de la magistrada Martha Elba Dávila Pérez, que tras asistir a la Feria de San Marcos salió del lugar y no quiso pagar la cuenta.

Los testigos argumentan que Dávila Pérez se encontraba alcoholizada, lo que la llevó a argumentar “soy magistrada” cuando elementos de la policía municipal la detuvieron.

En el video, se puede ver que la magistrada es incluso esposada, además de que elementos también subían a la patrulla a un hombre que presuntamente era su esposo de nombre Alejandro Jorge García Gómez.

Martha Elba Dávila Pérez, Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, terminó detenida en la Feria Nacional de San Marcos por presuntamente negarse a pagar la cuenta de un establecimiento. Testigos aseguran que estaba en estado inconveniente y amenazando con que “era… pic.twitter.com/gwKGspQDDj

— Dany Santoyo (@danysantoyo_) May 10, 2026

Él tiene el cargo actual de director general de Monitoreo y Seguimiento de Indicadores en el gobierno de Aguascalientes.

Hasta el momento, autoridades de Aguascalientes no han confirmado la detención y las sanciones a las que la magistrada del TDJ sería acreedora, así como su esposo.

Fue un juez federal de Reynosa, Tamaulipas, quien dictó auto de vinculación a proceso por la causa penal 45/2026, derivado de diversas resoluciones emitidas en 2024.

Ese mismo año, el entonces juez Séptimo de Distrito fue suspendido de sus labores como juez, tras resoluciones que favorecían a Francisco García Cabeza de Vaca, como la suspensión de órdenes de aprehensión.

Desde febrero 2026, el juez fue inhabilitado de sus funciones, por faltas graves en el ejercicio jurisdiccional, aunque el lleva bajo investigación desde hace dos años.

Juez ligado a caso Francisco García Cabeza de Vaca es vinculado a proceso por red de amparos

Juan Fernando Alvarado, ex juez que está ligado a caso Francisco García Cabeza de Vaca, fue vinculado a proceso por el delito contra la administración de justicia, ante los amparos otorgados al ex gobernador.

Fue el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Ricardo Ignacio Rivera Pacheco quien determinó, hay elementos suficientes para procesarlo por dicho delito.

Esto con referencia al juicio de amparo 417/2024 del caso de Francisco García Cabeza de Vaca, que obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a registrarlo como candidato plurinominal.

Sin embargo, en dichas elecciones 2024, Francisco García Cabeza de Vaca contaba con una orden de aprehensión, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Tras la decisión del juez Juan Fernando Alvarado López, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y comenzaron otras averiguaciones por los diversos amparos otorgados.

Juez Juan Fernando Alvarado López tiene otras acusaciones ligadas a García Cabeza de Vaca

El Consejo de la Judicatura Federal comenzó con las investigaciones contra el ex juez Juan Fernando Alvarado López en 2024, sin embargo, la consejera jurídica de Tamaulipas señaló que había otras acusaciones en su contra.

De acuerdo con Tania Contreras López, el juez ligado a Francisco García Cabeza de Vaca tenía denuncias penales por parte de los partidos por intervención política-electoral.

Asimismo, es señalado por obstruir a la FGR ante las suspensiones a los procesos penales contra Francisco García Cabeza de Vaca y en general, de desempeño irregular por ignorar precedentes obligatorios.

En entrevista con López Dóriga, el diputado Ramírez Cuéllar defendió que el cambio de la elección judicial para 2028 es necesario para redefinir campañas y mejorar los filtros de los candidatos.

Ramírez Cuéllar propone cambio de elección judicial para 2028; busca redefinir campañas y filtros de candidatos

Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que posponer la elección judicial para junio de 2028, es una medida necesaria que busca mejorar la calidad y transparencia del proceso electoral.

Uno de los argumentos centrales de Ramírez Cuéllar es evitar que la elección judicial se vea “contaminada” por las elecciones intermedias, donde los partidos políticos son los protagonistas.

El cambio de la elección judicial en 2028 busca poner énfasis en tres principales puntos:

1. Reducción y selección de candidatos: Un número menor de finalistas permitiría a la ciudadanía tener un mayor conocimiento de sus trayectorias, experiencia y desempeño previo como abogados o funcionarios judiciales
2. Certificación y filtros: El proyecto busca establecer mecanismos para certificar a los candidatos a jueces y magistrados, reforzando los filtros de selección para asegurar que lleguen los perfiles más idóneos
3. Reglas claras de campaña: Se pretende definir con precisión las reglas de las campañas electorales para garantizar un proceso más limpio, transparente y de mayor calidad

Dado que en 2027 se llevará a cabo una de las elecciones más grandes de la historia, Alfonso Ramírez Cuéllar argumenta que posponer y separar la elección judicial es vital para gestionar la “masificación electoral”.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló que el objetivo es reprogramar la elección judicial para 2028, garantizando certeza jurídica y condiciones claras para la ciudadanía.

Kenia López Rabadán subrayó que la discusión busca fortalecer el proceso electoral judicial, evitando prácticas irregulares y asegurando que los votantes conozcan plenamente a quienes aspiran a cargos.

Proponen periodo extraordinario y ajustes para elección judicial en 2028

Kenia López Rabadán explicó que existe consenso para convocar en mayo a un periodo extraordinario, donde se discutirán modificaciones clave relacionadas con la organización de la elección judicial.

Indicó que el acuerdo podría concretarse en los próximos días, permitiendo cumplir con los plazos legales, establecidos en 90 días antes del inicio del proceso electoral.

López Rabadán enfatizó que la reforma judicial debe centrarse en brindar certeza a la ciudadanía, evitando mecanismos como los llamados “acordeones” que distorsionan la elección.

Añadió que estas prácticas fueron cuestionadas y sancionadas, por lo que es necesario fortalecer la transparencia y credibilidad de las instituciones involucradas en los comicios.

También reconoció la complejidad de realizar elecciones simultáneas, debido al análisis que implica evaluar perfiles de distintos poderes en una misma jornada electoral.

La diputada destacó propuestas impulsadas por legisladores de Morena, orientadas a modificar requisitos para mejorar los perfiles de ministros, jueces y magistrados en futuros procesos.

Finalmente, López Rabadán señaló que la experiencia judicial es clave para garantizar resoluciones sólidas, ya que las decisiones impactan directamente en la vida, patrimonio y derechos de la ciudadanía.

Las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa son una prueba de fuego.

En el marco de la negociación del T-MEC, es necesario que el gobierno de México deje claro que cuenta con funcionarios honestos y que no están ligados con el narco.

Coincido con la Presidenta de la… pic.twitter.com/CUtq8a5qnO

— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) May 1, 2026

La pregunta parecía cerrada hace apenas unos meses: no, la elección judicial no debía moverse. Desde el gobierno federal se defendía con firmeza que empatarla con la elección intermedia de 2027 —diputados federales y comicios locales en 17 estados— generaría ahorros importantes y, sobre todo, elevaría la participación ciudadana. El argumento no era menor: en su primera fase de 2025, la elección judicial apenas logró convocar a cerca del 10% de la lista nominal, una cifra que encendió alertas sobre la legitimidad de un proceso que, en el papel, busca democratizar al Poder Judicial.

Sin embargo, en política, lo que ayer era certeza hoy puede convertirse en duda razonable. Algo cambió en las últimas semanas. Primero, desde la Cámara de Diputados y después desde el Senado, legisladores de Morena comenzaron a empujar una iniciativa con dos giros relevantes: modificar los criterios de selección de candidaturas judiciales y, sobre todo, trasladar la elección a 2028. No es un ajuste menor; es, en realidad, un reconocimiento implícito de que el diseño original podría no resistir la prueba de la realidad.

La propia Claudia Sheinbaum abrió la puerta a la revisión. En su conferencia matutina dejó en manos de la nueva consejera jurídica, Luisa María Alcalde, el análisis del tema a partir del 30 de abril. El mensaje es claro: el gobierno ya no descarta lo que antes rechazaba.

Y es que el riesgo de saturar el proceso electoral de 2027 es real. No se trata solo de sumar boletas; se trata de la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, de la claridad para el votante y de la viabilidad política de un proceso que, por su propia naturaleza, es complejo. Elegir jueces, magistrados y ministros no es equivalente a elegir legisladores o alcaldes. Requiere información, deliberación y, sobre todo, tiempo.

Pretender que el ciudadano promedio procese, en una misma jornada, múltiples elecciones locales, federales y además una elección judicial con decenas —o cientos— de perfiles en disputa, suena más a voluntarismo que a estrategia institucional. Así lo han advertido consejeros electorales y así lo dicta el sentido común. No todo lo que es técnicamente posible es políticamente recomendable.

Postergar la elección judicial a 2028 sería, en este contexto, una decisión sensata. Implicaría, sí, un costo político para Morena y sus aliados. En el lenguaje coloquial, “tragarse un sapo”. Reconocer que el calendario original no era el óptimo no es fácil en un proyecto político que ha hecho de la convicción su principal bandera. Pero también sería una señal de madurez: ajustar antes de fracasar.

Además, el tiempo adicional permitiría corregir uno de los problemas de fondo: los criterios de selección de candidaturas. Si la boleta judicial no garantiza perfiles idóneos, con trayectoria y legitimidad, el riesgo no es solo de baja participación, sino de captura política del Poder Judicial por vías indirectas.

El reloj corre. La fecha límite para realizar reformas electorales es el 3 de junio. La primera gran prueba de la nueva consejera jurídica será precisamente esta: decidir si se mantiene la ruta original o se corrige el rumbo. No es una decisión técnica, es una decisión política con implicaciones institucionales de largo alcance.

En política, rectificar también es gobernar. Y en este caso, posponer podría ser la única forma de hacer viable lo que, de otra manera, corre el riesgo de nacer debilitado. Ya lo veremos.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.

El abogado es el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.

Pero, ¿quién es el suplente de la juzgadora Amarande Riojas? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Pablo Sánchez Martínez, abogado y suplente en Distrito 15 en Material Penal de CDMX?

Pablo Sánchez Martínez se desempeña como Secretario de Juzgado de Distrito. A lo largo de los años ha ocupado distintos puestos dentro del Poder Judicial.

Hoy funge como suplente en el Distrito 15 en Material Penal de la Ciudad de México tras la suspensión temporal de Aneshuarely Amarande por su fallo en caso de feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

La jueza concedió un amparo al presunto feminicida de Sánchez Ronquillo y prohibió volver a imponerle prisión preventiva.

El 30 de marzo de 2023, Mario Alberto Sabag Corona, quien fue pareja sentimental de la víctima, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por el feminicidio, evento que tuvo lugar en 2019.

Ingresó al Reclusorio Oriente, donde fue vinculado a proceso y le impusieron prisión preventiva justificada. Actualmente, y por fallo de Amarande Riojas, lleva su proceso en prisión domiciliaria.

¿Qué edad tiene el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Pablo Sánchez Martínez y, por tanto, su edad

¿Quién es la esposa del abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce este dato sobre Pablo Sánchez Martínez.

¿Qué signo zodiacal es el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Pablo Sánchez Martínez y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Se desconoce este dato sobre Pablo Sánchez Martínez.

¿Qué estudió el abogado Pablo Sánchez Martínez?

De acuerdo con el currículum publicado por el Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Sánchez Martínez es abogado, se licenció en Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿En qué ha trabajado el abogado Pablo Sánchez Martínez?

Pablo Sánchez Martínez se ha desempeñado distintos cargos dentro del poder judicial federal:

• Oficial Judicial en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
• Oficial Judicial y Actuario Judicial en el Juzgado Sexto de Distrito “B” de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Actuario Judicial y Secretario, Juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario en Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario y Oficial Administrativo en Juzgado Distrito 12 en el Estado de Veracruz
• Secretario en Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario y Actuario Judicial en Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
• Secretario en Juzgado Distrito 14 de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario en Juzgado Distrito 14 de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Coordinador Técnico Administrativo en Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario en Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario en Juzgado Distrito 12 en el Estado de México
• Secretario en Juzgado Distrito 15 de Amparo en Materia Penal en CDMX
• Secretario en Juzgado Distrito 15 en Materia Penal en CDMX
• Secretario de Juzgado de Distrito en Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en CDMX
• Secretario de Juzgado de Distrito en Juzgado Distrito 15 en Materia Penal en CDMX

Para la inversión, el crédito y el crecimiento, eso tiene un costo.

La señal institucional: reglas que cambian

Encargar a la Consejería Jurídica—encabezada por Luisa María Alcalde Luján— la revisión del proceso judicial confirma una tendencia: el diseño institucional sigue en ajuste.

El mensaje es claro:

• El modelo no está consolidado.

• Las reglas pueden cambiar.

• El Poder Judicial no es percibido como independiente.

El inversionista no evalúa discursos. Evalúa previsibilidad.

Cuando las reglas se rediseñan sobre la marcha:

► Aumenta la prima de riesgo.

► Se reduce la exposición.

► Se posponen decisiones de largo plazo.

Infraestructura: de coinversión a control.

El caso del Suburbano es ilustrativo.

El Estado pasó de un esquema con privados a control mayoritario. No es ilegal. Pero sí es una señal relevante:

► Los activos estratégicos pueden migrar hacia control estatal.

El problema no es la operación. Es la percepción:

► El inversionista puede perder control en el tiempo.

Y eso es suficiente para frenar capital.

Energía: la misma lógica

Este patrón se repite en el sector energético:

• Pemex y CFE como eje dominante.

• Participación privada limitada.

• Reglas sujetas a redefinición.

Se habla de transformar a Pemex en empresa energética. Pero:

► No se modifican los incentivos.

► No se abre el modelo.

► No se atrae inversión suficiente.

Resultado:

► Narrativa sin transformación real.

Pemex y CFE: sin sacudida estructural

Pemex y CFE no están en colapso, pero tampoco son competitivos globalmente.

Tienen:

• Infraestructura.

• Experiencia operativa.

Pero enfrentan:

• Rezago tecnológico relativo.

• Presión financiera.

• Inversión insuficiente.

• Decisiones centralizadas.

Esto genera:

► Menor eficiencia.

► Mayor costo.

► Menor competitividad.

El problema no es técnico.

Es estructural.

El punto financiero: lo que no se está viendo

El sistema bancario muestra mejora en cartera vencida.

Pero parte de esa mejora proviene de:

• Castigos contables.

• Ventas de cartera.

• Salidas de balance.

El problema es la falta de transparencia consolidada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en:

• Cartera castigada acumulada.

• Montos fuera de balance.

• Recuperación real.

• Compradores de cartera.

Sin esa claridad:

► El sistema parece más sano de lo que realmente es.

SOFOM: el eslabón más presionado

Las SOFOM enfrentan:

• Dificultad para abrir cuentas.

• Dependencia bancaria.

• Cargas regulatorias crecientes.

• Ejecución judicial lenta.

Con este entorno:

► Mayor incertidumbre institucional.

► Mayor intervención estatal.

► Menor confianza financiera.

Resultado:

• Menor crédito productivo.

• Mayor crédito de consumo.

• Mayor presión operativa.

En un país donde el crédito es apenas una fracción del PIB, esto es crítico.

Deuda: el costo que no desaparece

Cuando el Estado adquiere activos:

• Asume operación.

• Asume riesgo.

• Asume deuda.

Si el activo no genera flujo suficiente:

► Se convierte en presión fiscal.

Y eso limita:

► Inversión futura.

► Capacidad del Estado.

► Crecimiento económico.

Reforma judicial: déficit de diseño y legitimidad

Aquí está el punto más delicado.

La reforma judicial presenta dos debilidades claras:

1. Diseño insuficiente

• Criterios poco claros.

• Falta de estándares.

• Ausencia de métricas de desempeño.

2. Legitimidad limitada

• Baja participación del padrón.

• Percepción de baja calidad en perfiles.

• Falta de confianza ciudadana.

Corregir es necesario, pero insuficiente

Intentar ajustar el modelo:

✔ Reconoce errores. Pero confirma que el diseño original fue débil.

El problema no es corregir. Es corregir sin cambiar lo esencial.

Lo que falta

Un modelo judicial sólido requiere:

• Selección técnica de perfiles.

• Evaluación periódica.

• Rendición de cuentas.

• Métricas de desempeño.

• Mecanismos de remoción.

El impacto real en el mercado

Para el sector financiero:

► Un Poder Judicial incierto = mayor riesgo

Eso implica:

• Menor crédito.

• Mayor costo financiero.

• Menor inversión.

El problema de fondo

Todo converge en un punto:

► confianza institucional.

No es energía.

No es banca.

No es infraestructura.

Es:

► Reglas claras.

► Estabilidad.

► Ejecución efectiva.

México no enfrenta falta de oportunidades. Enfrenta falta de confianza.

Las señales son claras:

• Reglas que cambian.

• Activos que se concentran.

• Instituciones que se ajustan sobre la marcha.

► No es necesario expropiar para frenar la inversión; basta con que el inversionista sienta que no controla su activo en el tiempo.

►Sin un Poder Judicial confiable, no hay crédito productivo suficiente.

► Y sin confianza institucional, el crecimiento económico se vuelve limitado.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.

“Esa es una de las tareas que le pedí Luisa María (Alcalde), que pueda evaluarlo, ahora que se integre a la consejería Jurídica, pues tiene esa tarea”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Aunque actualmente se prevé que se realicen en 2027 junto con la renovación de 17 gubernaturas, la presidenta de México explicó que la evaluación de Luisa Alcalde podría derivar en cambios constitucionales.

Diputados de Morena ya presentaron una iniciativa en ese sentido, que incluye la creación de un Comité Único de Evaluación para revisar aspirantes.

Luisa Alcalde analiza posibles cambios para elecciones judiciales

Luisa Alcalde iniciará su encargo al frente de la Consejería Jurídica el próximo 1 de mayo con el análisis de la propuesta de retrasar las elecciones judiciales al 2028.

De acuerdo con la presidenta, el Poder Ejecutivo evaluará si es necesario presentar algunos cambios adicionales para mejorar la reforma al Poder Judicial, en caso de que se retrase la segunda parte de la elección.

“Luisa María participó mucho en la reforma al Poder Judicial entonces ella conoce los detalles, incluso estamos evaluando (que) si se pasa al 28, si hay algunos cambios adicionales que tenga que tener para mejorar”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sin embargo, la presidenta señaló que hasta el momento se espera que las elecciones judiciales se realicen en 2027, junto con el proceso electoral para renovar 17 gubernaturas.

Además, esperará que la evaluación de Luisa Alcalde concluya para considerar una posible modificación a la reforma electoral, ya que, si llegan a posponerse las elecciones judiciales, se tendrá que haber un cambio constitucional.

“Vamos a esperar a que entre Luisa, se haga una valoración y se los informamos, por lo pronto la elección es en el 27. Ya con la valoración que encabece Luisa María si consideramos que desde el Ejecutivo hay que hacer una modificación, ya se enviaría”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe señalar que diputados federales de Morena presentaron una iniciativa para retrasar la elección judicial para el 2028; además de instaurar un Comité Único de Evaluación que concentre la revisión de los aspirantes, así como la aplicación de exámenes de conocimientos elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

María Estela Ríos, exconsejera jurídica de AMLO (sucesora de Julio Scherer en el cargo), en plena sesión de la Corte, aseguró ayer -como si ella pensara que la razón le asiste- que ellos, como ministros, se extralimitarían en sus funciones si tuviesen que interpretar una ley o en el caso de determinar si una norma jurídica es inconstitucional. ¿En serio? ¿Es verdad que la ministra no conoce ni siquiera lo más elemental de las funciones de la Suprema Corte? ¿Sabrá que la razón principal de existir de una corte suprema es la interpretación de las leyes?

Desafortunadamente, el caso no ha sido aislado. La misma ministra, en un intercambio de argumentos con los ministros Arístides Guerrero y Hugo Aguilar, demostró su incapacidad para expresarse sobre si estaba en favor o en contra de un dictamen, poniendo al descubierto su absoluta falta de conocimientos sobre derecho constitucional, e igualmente alarmante, sobre el funcionamiento de la Suprema Corte.

El ascenso de jueces y ministros de esta calidad ha sido el resultado de una reforma que nunca contó con legitimidad de origen ni de procedimiento. Primero, la sobrerrepresentación inconstitucional, y luego, en el momento en el que el Congreso morenista contravino las propias disposiciones legales contenidas en la reforma de su propia hechura. Y finalmente, en la jornada electoral, la operación de Estado puesta en marcha por el morenismo para hacer circular acordeones en las 32 entidades federativas, atropellando cualquier normativa o principio ético.

México ha pagado muy caro el costo de la colonización de los organismos electorales que han avalado los fraudes electorales y la violación sistemática de los procedimientos constitucionales. La próxima semana la Cámara de Diputados dará a conocer los nombres de los tres nuevos consejeros del INE. Según ha trascendido, las tres quintetas de finalistas han sido formadas con perfiles claramente cercanos al morenismo y a miembros conspicuos de la 4T. De serlo, habrán terminado por capturar a la totalidad de las autoridades electorales.

Primero lo hicieron con el Tribunal Electoral, cuando el propio AMLO decidió dejar vacantes dos de los asientos para poder contar con la mayoría de tres magistrados afines al movimiento. ¿Lo harán ahora con el INE? Al tiempo.

“Por el bien de México, hay que separar la elección judicial de la elección política ordinaria. Es lo correcto y es lo que tiene funcionalmente que hacerse”

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF

Según el magistrado, podría darse “una tormenta perfecta” si las elecciones para elegir al Poder Judicial coinciden con las votaciones políticas de legisladores federales y gobernadores estatales.

Unir la elección judicial con la elección política ordinaria implicaría riesgos de legitimidad: TEPJF

Durante su participación en el panel “Elecciones del Poder Judicial: Avances y Retos”, el magistrado llamó a mejorar el diseño legislativo de la reforma judicial antes de que el proceso avance.

Desde el TEPJF, De la Mata señaló que el modelo actual presenta fallas estructurales en temas como:

• Reglas de campaña
• Diseño de boletas
• Fiscalización
• Capacitación
• Geografía electoral
• Requisitos de selección de candidaturas

Sobre esto, el magistrado advirtió que estas deficiencias podrían generar impugnaciones por violaciones a los principios de equidad, e incluso abrir la puerta a la nulidad de elecciones.

Finalmente, sostuvo que, “por el bien de México”, es necesario separar la elección judicial de la elección política ordinaria pues, aunque el INE puede llevar el proceso, el costo en términos de legitimidad podría ser alto.

Magistradas piden mejores condiciones para decidir y paridad como eje de la justicia

En el panel también participaron magistradas de las salas regionales Xalapa, Ciudad de México y Guadalajara, quienes coincidieron en que el reto central en 2027 es garantizar mejores condiciones para que la ciudadanía pueda decidir.

Subrayaron que la reciente elección de juzgadores representa un cambio histórico para la paridad en la justicia mexicana, pero insistieron en que esta debe entenderse como un principio estructural.

A través de redes sociales, Lenia Batres compartió el comunicado del TFJA donde señala que el IMPI debió concederle el registro de “ministra del pueblo” ya que no había “ninguna denominación similar”.

Lenia Batres gana decisión ante IMPI para registrar apodo de “ministra del pueblo”

Lenia Batres Guadarrama obtuvo una resolución favorable para registrar el apodo “ministra del pueblo”, luego de un proceso administrativo en el que se analizó la viabilidad del uso de dicha denominación.

El caso se remonta a 2024, cuando Lenia Batres presentó la solicitud de registro con el fin de utilizar el apodo en sus actividades, particularmente durante el contexto de la campaña electoral judicial.

El IMPI le había negado el registro al determinar que este apodo generaría confusión; sin embargo, la sala del TFJA resolvió por unanimidad que el rechazo a la ministra Lenia Batres fue ilegal.

La resolución de la TFJA determinó que Lenia Batres podrá continuar utilizando el apodo de “ministra del pueblo”, ya que la decisión del IMPI habría sido arbitraria e injustificada.

Esta estrategia forma parte de una brigada jurídica en la colonia Alianza Real, realizada en coordinación con el Poder Judicial de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de garantizar una justicia cercana y accesible.

Brigada jurídica en Escobedo acerca servicios a la ciudadanía

Durante la jornada, Andrés Mijes subrayó que la justicia debe ser accesible para todas las personas y llegar directamente a las comunidades.

Esto es lo que la gente quiere ver, quiere ver a sus instituciones trabajando coordinadamente para acercar la justicia. No hay nada más que lastime tanto a un ciudadano que ver la justicia lejana.

Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

En esta brigada, habitantes de Alianza Real y zonas aledañas tuvieron acceso a orientación jurídica, recepción de denuncias, canalización de casos, mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como trámites y asesorías del SAT.

El edil destacó que estas acciones responden a un modelo de gobierno enfocado en la proximidad institucional, en el que distintas dependencias trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de la población.

Asimismo, indicó que este esfuerzo se alinea con la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la justicia social y el acceso equitativo a los servicios públicos.

Este tipo de jornadas reflejan un cambio en la forma de acercar la justicia, al llevar soluciones directamente a las colonias y facilitar que las personas resuelvan trámites, reciban asesoría y accedan a sus derechos sin intermediarios.

En octubre de 2024 fue electo por unanimidad como titular del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.

En ese contexto, rindió protesta ante el gobernador Javier May Rodríguez, donde se comprometió a consolidar un Poder Judicial “fuerte, cercano a la gente y profundamente humano”, en línea con la reforma judicial en México.

¿Quién es Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra es un abogado y jurista tabasqueño, reconocido por su trayectoria en el derecho notarial y su ascenso dentro del Poder Judicial.

Es hijo del político Pedro Reséndez y ha destacado por su labor como notario público durante más de 15 años, además de su reciente designación como presidente del TSJ, donde impulsa una visión de justicia accesible, transparente y cercana a la ciudadanía.

¿Qué edad tiene Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra tiene 50 años, ya que nació el 2 de septiembre de 1975 en Villahermosa, Tabasco.

¿Carlos Efraín Reséndez Bocanegra tiene pareja?

Sí, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra está casado con Paola Hernández, con quien ha formado una familia.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Al haber nacido el 2 de septiembre, es Virgo, signo de tierra asociado con la disciplina, el análisis y el sentido del deber.

¿Carlos Efraín Reséndez Bocanegra tiene hijos?

Sí, tiene hijos, aunque no hay información pública detallada sobre su número o identidad.

¿Qué estudió Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra cuenta con una sólida formación académica en Derecho:

• Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Valle de México (1995-2002)
• Especialidad en Derecho Notarial por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho (2002-2003)
• Maestría en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2007-2009)
• Doctorado en Derecho por el Instituto Universitario de Puebla (2011-2013)

¿En qué ha trabajado Carlos Efraín Reséndez Bocanegra?

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra ha desarrollado su carrera en el ámbito jurídico, destacando tanto en el sector público como en el notariado.

Es conocido por su experiencia como notario público y por su reciente llegada a la presidencia del Poder Judicial de Tabasco.

• Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco (desde 2024)
• Notario público titular durante más de 15 años en Tabasco
• Abogado General en la Notaría Pública No. 18 y Patrimonio Inmueble Federal (2003-2007)
• Secretario Técnico en la Procuraduría Federal del Consumidor (2000-2001)
• Coordinador General del Programa Nacional de Corrección de Actas en Registro Nacional de Población (1997-1998)
• Analista de Sistemas Macro en la Secretaría de Gobernación (1996-1997)

Eso es lo que vuelve particularmente delicado el caso reciente en el que la jueza Amarande Riojas Orozco determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva a un imputado por feminicidio, permitiéndole enfrentar su proceso en libertad.

El debate no es menor. Tampoco es simple.

Porque aquí no se trata de descalificar a las instituciones ni de poner en duda la importancia de la independencia judicial, que es un pilar indispensable de cualquier democracia. Se trata de algo más incómodo: reconocer que incluso dentro de marcos legales válidos pueden tomarse decisiones que, en los hechos, debilitan la confianza en la justicia, particularmente para las mujeres.

El feminicidio no es un delito cualquiera. No lo es por su gravedad jurídica, pero tampoco por su dimensión social. Es la expresión más extrema de una violencia estructural que en México sigue cobrando vidas con una persistencia alarmante. Por eso, cada resolución en estos casos tiene un peso que rebasa el expediente.

Cuando una autoridad judicial decide modificar una medida cautelar en un caso de esta naturaleza, no solo está aplicando normas procesales. Está, también, enviando un mensaje.

Y ese mensaje importa.

Importa para las familias de las víctimas, que enfrentan no solo la pérdida, sino un proceso largo, desgastante y muchas veces incierto. Importa para otras mujeres que observan si el sistema realmente es capaz de protegerlas. Importa para una sociedad que intenta, no sin resistencias, dejar atrás décadas de normalización de la violencia.

El punto crítico no es si la ley permite o no una medida distinta a la prisión preventiva. En ciertos casos, por supuesto que lo permite. El verdadero cuestionamiento es si la jueza Amarande Riojas, al tomar esa decisión, valoró de manera integral el contexto: la relación entre la víctima y el imputado, los posibles antecedentes de violencia, el riesgo para las víctimas indirectas, el entorno social en el que ocurrió el delito.

Es ahí donde la perspectiva de género deja de ser un concepto teórico y se convierte en una obligación concreta.

Juzgar con perspectiva de género no significa condenar sin pruebas ni anticipar culpabilidades. Significa algo más básico y, al mismo tiempo, más exigente: entender que los casos de violencia contra las mujeres no ocurren en el vacío. Que están atravesados por relaciones de poder, por contextos de vulnerabilidad, por riesgos que no siempre son visibles en una lectura estrictamente formal del expediente.

Cuando ese análisis falta, o se queda corto, las decisiones pueden ser legalmente correctas y, aun así, profundamente problemáticas.

No porque violen la ley, sino porque se distancian de la justicia.

Este caso ha generado incomodidad pública, y con razón. No como reacción visceral, sino como expresión de una exigencia cada vez más clara: que las instituciones no solo funcionen, sino que respondan a la realidad que enfrentan las mujeres.

La discusión, entonces, no debería centrarse en descalificaciones personales ni en polarizaciones fáciles. Debería enfocarse en algo más útil: cómo garantizar que todas las decisiones judiciales en casos de feminicidio integren, de manera efectiva, los estándares de debida diligencia reforzada y perspectiva de género.

Porque la justicia no se mide únicamente por el apego a la norma, sino por su capacidad de proteger a quienes más lo necesitan.

Y en México, hoy, eso significa asumir que cada decisión judicial también es una postura frente a la violencia contra las mujeres.

María Teresa Ealy Díaz. Diputada Federal. LXVI Legislatura

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Lo curioso es que distintos reportes colocan a la abogacía como una profesión con alta probabilidad de ser reemplazada por la IA. Hay bastantes razones por las que se llega a esa conclusión. Por un lado, la ley es una especie de algoritmo previo con reglas e instrucciones que pueden ser procesadas a una velocidad mayor por los grandes modelos de lenguaje, los cuales traducen el lenguaje legal a lenguaje matemático complejo y con ello, su aplicación se vuelve bastante precisa. Identificar si un supuesto se acoge o no a lo que dice la norma es rápido e inclusive, evita algunos vicios propios del humano, como el favoritismo, la corrupción o las excepciones injustificadas.

Pero hay algo que, a menudo, queda fuera de estos debates.

La estricta y simplona aplicación de la ley no es la única labor de la abogacía. Los exégetas más antiguos dedicaron años de esfuerzo a comprender que la ley se interpreta y que, por esa interpretación, el abogado atraviesa la filosofía del derecho, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología y todo tipo de conocimiento proveniente de las profesiones de la salud, del patrimonio, de la economía, de las finanzas, de las empresas, de los patrones, de los trabajadores, de los animales y hasta de la naturaleza. Mientras exista la posibilidad de conflicto y la necesidad de armonizar dos posturas opuestas, de encontrar la razón o defender a alguien, la abogacía seguirá existiendo en el sentido más antiguo del oficio que es la defensa. Es decir, que alguien construya argumentos más allá de la ley, con la capacidad de interpretar lo humano y dotarlo de contenido jurídico o de consecuencias legales. A los abogados se les paga principalmente por pensar, no tanto por aplicar la ley a rajatabla. Pensar implica, entonces, encontrar en los hechos una interpretación que convenza de que algo puede ser una excepción a la regla. El derecho no se trata de conocer las leyes, sino de saber cuáles son las excepciones desperdigadas por códigos, jurisprudencias, legislaciones y otros criterios internacionales.

Defender no se trata de sugerirle a una persona que su caso está en contra de la ley y que, por lo tanto, lleva las de perder. Defender implica excavar en la naturaleza humana para encontrar cualquier hecho que pueda justificar algo de lo que se hizo ilegalmente; significa buscar las sanciones menos gravosas para quienes cometieron algo malo, si se defiende al culpable y maximizar las ofensas o intentar mostrarlas tal como afectan para mostrar el daño, si se defiende al inocente. El derecho no es superable por la Inteligencia Artificial porque esta no tiene sentidos para percibir lo humano. No tiene capacidad de sentir al cliente que miente ni de leer los ánimos de los juzgadores que los vuelven más proclives a ser convencidos de una u otra postura.

Por ello, la Inteligencia Artificial podrá procesar normas, identificar precedentes y anticipar resultados con una velocidad que ningún ser humano alcanzará. Pero el derecho no es solamente velocidad, el derecho es la política y el poder condensado en disposiciones, su aplicación es otra regla de poder basada en las pasiones, intereses e incentivos humanos mientras que como ciencia, el derecho es el mapa de control de las sociedades. El derecho es el intento permanente y siempre inacabado, de traducir la condición humana en consecuencias jurídicas. La condición humana no es un prompt. La condición humana a su vez, es la interpretación que tienen otros humanos de ella. Algo que solo puede percibirse con lo que no ha sido decodificado. Con lo que hay en la epigenética, en el inconsciente colectivo y personal, con lo que se percibe sensorial y con ese único sentido basado en la sofisticada inteligencia de la supervivencia humana. Algo que una IA jamás comprenderá.

Esa condición que es contradictoria, frágil, capaz de lo más noble y de lo más abyecto, no cabe en ningún modelo. El miedo del acusado que no puede mirar al juez a los ojos, la rabia del ofendido que exige más que justicia, la culpa del que confiesa sin que nadie se lo pida, la liberación de las mujeres violentadas que mataron a sus agresores de manera ilegal pero justificada, ninguno de esos hechos tiene código que lo exprese ni algoritmo que lo pondere. Y sin embargo, en ellos vive el caso. Los jueces difícilmente serán sustituidos por IA, los abogados corporativos o aquellos dedicados a trámites tal vez lo sean poco a poco. Los familiares no serán sustituidos, menos los laborales ni los agrarios. La esencia humana de la escucha de problema y análisis de caso es bastante… humana. No significa que la IA no vaya a convertirse en herramienta de varios, si no es que ya lo es. Pero de herramienta comandada por abogados a inteligencias artificiales sustituyéndolos, hay un largo camino. Incluso, ahí se exhibe un error de la Inteligencia Artificial. Los grandes modelos del lenguaje interpretan al derecho como conjugación del lenguaje ordinario al legal con sus consecuencias sin entender que es algo mucho más grande y complejo que eso.

La abogacía es una profesión que descansa en el saber acumulado, en la experiencia, en eso que saben los viejos más por viejos que por diablos. Es una profesión que descansa en el juicio, en la capacidad de ver en los hechos lo que los hechos no dicen todavía, de construir con el lenguaje una realidad más justa que la que existía antes del argumento. El derecho se basa en el lenguaje pero el lenguaje se basa en lo que creemos que algo significa. El derecho es contextual, creemos sobre ella no solamente aquello que dice literalmente sino eso que representa, lo que la acompaña, lo que dibuja y desdibuja, la parte a la que le da la razón en el gran debate legislativo que la hizo nacer. Eso no se delega. Eso no se automatiza.

En consecuencia, quienes anuncian el fin de la abogacía confunden el instrumento con el oficio, la herramienta con la mano que la sostiene. La Inteligencia Artificial será, sin duda, un auxiliar poderoso. Pero el abogado que piensa, que siente el peso del expediente y entiende que detrás de cada folio hay una vida, seguirá siendo insustituible. Mientras la naturaleza humana produzca conflicto, y siempre lo producirá, alguien tendrá que ponerse de pie, desenredar el conflicto y defenderla.

Porque la consolidación del autoritarismo no necesariamente llega con un golpe de Estado, llega con reformas, ajustes legales y decisiones, en apariencia administrativas, que terminan por afectar la vida pública y el equilibrio del poder.

Las reformas

Primero, la seguridad. La transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue la consolidación de un modelo donde la seguridad pública dejó de ser civil para quedar bajo control militar. Esto no solo reduce la rendición de cuentas, sino que normaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas, de inteligencia e incluso de vigilancia ciudadana, mucho más allá de su mandato original.

Después, la justicia. La reforma judicial de 2024 cambió la forma en que se elegían los jueces para ser electos por el voto popular, un asunto nada menor, porque también abrió la puerta a su politización y, cuando el poder gana espacios en candidaturase influye con narrativas, termina por afectar la imparcialidad del órgano garante de justicia.

Diversos organismos internacionales advirtieron que este modelo, que puede sonar democrático, compromete la independencia judicial y expone a los juzgadores a presiones políticas, electorales e incluso criminales.

A lo anterior se suma la reforma a la Ley de Amparo, que limita uno de los principales mecanismos de defensa del ciudadano frente al Estado, así como la eliminación o debilitamiento progresivo de organismos autónomos, cuyas funciones han sido absorbidas por el Ejecutivo.

El control

El siguiente paso es el control financiero. La decisión de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial previa marca un punto de inflexión. Aunque se presenta como una herramienta contra el crimen, lo cierto es que también abre la puerta a abusos y arbitrariedades.

Militarización, debilitamiento judicial, concentración administrativa y ampliación de facultades discrecionales. El patrón del autoritarismo, que se construye en las leyes y se ejerce en los hechos.

Castigo selectivo

En los últimos años se ha documentado un uso creciente del aparato institucional para presionar a voces críticas. Periodistas, analistas, exfuncionarios y actores públicos han sido objeto de descalificaciones, investigaciones o procesos legales que, más allá de su fundamento, generan un efecto inhibidor.

La organización Artículo 19 ha registrado decenas de casos de acoso judicial contra periodistas, muchos impulsados por funcionarios públicos, utilizando figuras legales como mecanismos de censura.

Casos de comunicadores como Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola por su sátira y por sus investigaciones periodísticas; de Azucena Uresti, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog, Pascal Beltrán del Río, Sergio Aguayo o Benito Jiménez que han enfrentado batallas legales por demandas de daño moral y, qué decir del atentado contra Ciro Gómez Leyva y de los periodistas que han sido privados de la vida por ejercer su labor de informar.

Los casos se amplían y tocan a exfuncionarios como Guillermo García Alcocer, expresidente de la CRE. Carpetas abiertas contra opositores, empresarios y líderes sociales; jueces y organizaciones civiles, deslegitimados públicamente. Entre ellos el exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, a quien le abrieron una carpeta de investigación en la UIF; Sanjuana Martínez, despedida de Notimex. El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, despedido y denostado públicamente. Víctor Manuel Toledo, exsecretario de Medio Ambiente, suspendido y también denostado.

Por otro lado, la respuesta del Estado frente a la protesta social también ha cambiado, ahí están los episodios de represión: transportistas bloqueados y disueltos por fuerzas de seguridad; manifestaciones contenidas bajo el argumento del orden público; protestas sociales enfrentadas con dispositivos cada vez más militarizados. La respuesta del Estado frente al conflicto dejó de ser política para ser coercitiva, bajo una lógica distorsionada del orden público.

El círculo se cierra, las reglas se modifican, se controla a los árbitros, se presiona a los críticos y se reduce el espacio para la disidencia. Todo dentro de la legalidad.

Ese es el rasgo más inquietante. El sistema no se está rompiendo, se está rediseñando en uno donde no se cancela la democracia, se vacía. Las elecciones permanecen, pero los contrapesos desaparecen.

El resultado es progresivo y claro: instituciones debilitadas, ciudadanía desprotegida y apática y un poder cada vez más concentrado, sin que nadie lo detenga.

X: @diaz_manuel

“Lo que estamos buscando es sus suspensión e inhabilitación en lo que se soluciona este problema”

Austria Sánchez, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo

La petición contra la juez que liberó al feminicida se presentó durante una protesta el 9 de abril frente al Tribunal de Disciplina Judicial.

En paralelo, un grupo de encapuchados defendió a la jueza, lo que generó tensión y obligó a Austria Sánchez a resguardarse, acusando incluso la presencia de “golpeadores”.

Solicitan destitución de jueza Amarande Riojas Orozco por liberar a feminicida

El 31 de marzo de 2026, la jueza Amarande Riojas Orozco ordenó la liberación de Mario Alberto Sabag Corona, sujeto acusado del feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

En la resolución se estableció que no existía riesgo de fuga ni de obstaculización del juicio por parte del feminicida, por lo que le impuso la medida de prisión domiciliaria; por dicha decisión, ahora se pide la destitución de la jueza.

Al respecto, Austria Sánchez, hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, declaró durante una protesta a las afueras del Tribunal de Disciplina Judicial que se presentó una solicitud formal de destitución.

#ÚltimaHora Austria Sánchez Ronquillo y su defensa presentaron ante el Tribunal de Justicia Administrativa una solicitud formal de destitución contra la jueza Amarande Riojas Orozco.

Debido a que la jueza concedió un amparo al feminicida de Maciel Alejandrina, dejando sin… pic.twitter.com/eismThVZd8

— Laura Brugés (@LauraBruges) April 9, 2026

Sobre la acción, indicó que se presentó con el fin de que se aplique una suspensión en contra de la jueza en tanto se desahoga el proceso judicial en contra del feminicida de su madre.

Además, la hija de la víctima dijo que se contempla interponer una denuncia contra Amarande Riojas Orozco por posibles irregularidades en su proceder durante el desarrollo del caso.

Encapuchados defendieron a jueza durante protesta en Tribunal de Disciplina Judicial

Cabe destacar que en la protesta del 9 de abril en el Tribunal de Disciplina Judicial, un grupo de encapuchados realizaron una manifestación paralela en la que defendieron a la jueza Amarande Riojas Orozco.

De acuerdo con reportes, los embozados lanzaron consignas en defensa a la jueza e intentaron dispersar al grupo de personas que se sumó a la protesta convocada por Austria Sánchez.

Ante lo ocurrido, la hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo tuvo que resguardarse en una camioneta, pues acusó a la propia jueza de mandar a “golpeadores” para desarticular su protesta.

Resulta fascinante, por decir lo menos, la elasticidad del tiempo en la memoria de los hijos del primer matrimonio de Aguirre Gómez. Según su propia narrativa, su padre vivió casi una década “privado de su libertad” bajo el yugo de su esposa, Rosa María Rubio Zepeda. Sin embargo, durante esos diez años, no hubo una sola llamada al 911, ninguna solicitud de auxilio, ninguna denuncia ante el Ministerio Público, ni un intento de rescate.

La epifanía de la justicia les llegó exactamente ocho días después de la muerte del empresario, el 21 de diciembre de 2020. Es una temporalidad que desafía cualquier lógica de protección a la vida y solo cobra sentido bajo la lógica del despojo. Denunciar un secuestro cuando la supuesta víctima ya no puede dar su testimonio es, en el mejor de los casos, una cobardía procesal; en el peor, una fabricación diseñada por Juan Carlos Aguirre Corcuera para anular a la heredera universal.

Para entender el “porqué” de esta ofensiva, hay que mirar el “quién”. La acusación no nace de testigos independientes ni de una investigación de oficio; nace de un bloque familiar compuesto por Juan Carlos, Sofía y Alejandra Aguirre Corcuera.

La historia previa es reveladora: no es un extraño al patrimonio de su padre. Durante años, recibió flujos constantes de capital para emprender negocios que, sistemáticamente, terminaron en la quiebra. Incluso frente al fracaso empresarial, el padre mantuvo el subsidio de su estilo de vida, pagando tarjetas de crédito y gastos corrientes.

Estamos, pues, ante una dinámica de dependencia económica rota. Cuando la fuente de recursos se extingue y el testamento no favorece sus expectativas, la vía civil les resulta insuficiente. Intentaron impugnar el testamento en dos ocasiones y el sistema les dijo que no. Ante la derrota en los tribunales familiares, optaron por la ruta del miedo: la vía penal.

La contradicción que desmorona el caso

Uno de los puntos más endebles de esta trama es la declaración de la propia Sofía Aguirre Corcuera. En un descuido de congruencia, reconoció ante la autoridad ministerial que, apenas un día antes del fallecimiento, su padre “se veía sano y bien de salud”.

¿Cómo se sostiene una acusación de secuestro, maltrato o incapacitación física y mental cuando los propios denunciantes admiten haber visto a la “víctima” en buen estado horas antes de su muerte? Esta fisura no es un detalle menor; es el colapso total de la premisa de los acusadores. Una persona secuestrada durante diez años no luce “sana y bien” ante sus supuestos rescatadores justo antes de expirar.

Si quedaba alguna duda sobre la naturaleza instrumental de este proceso, las fechas de marzo de 2026 lo aclaran todo:

1. 27 de marzo: un tribunal confirma la plena validez del testamento, ratificando a Rosa María Rubio como heredera universal. La batalla legal por la vía civil estaba definitivamente perdida para los hijos.

2. 31 de marzo: apenas cuatro días después de la sentencia definitiva, Rosa María es detenida en Estados Unidos a petición de las autoridades mexicanas.

La sincronía es quirúrgica. al agotarse los argumentos legales sobre la propiedad de los bienes, los denunciantes activaron la maquinaria criminal para forzar una negociación. Es la definición de libro de texto de una extorsión disfrazada de proceso legal.

El riesgo sistémico: la justicia como arma

Frente a la ambición de los hijos, se levanta la trayectoria de Rosa María Rubio Zepeda, una mujer cuya vida pública ha transcurrido en la transparencia de la labor social, destacando como vicepresidenta de la Asociación Civil Gilberto. Su perfil de servicio comunitario choca frontalmente con la imagen de una captora clandestina que intentan proyectar sus detractores.

Lo que aquí se dirime no es solo la herencia de un empresario exitoso. Lo que está en juego es la integridad del Poder Judicial. Si permitimos que las disputas sucesorias se resuelvan encarcelando a la contraparte mediante denuncias fabricadas “post-mortem”, estamos enviando un mensaje peligroso: en México, la ley no es un escudo, sino un garrote disponible para el mejor postor o para el más rencoroso.

La Fiscalía tiene la obligación de no dejarse instrumentalizar. Ignorar la falta de testigos imparciales y la evidente motivación económica de los denunciantes no es solo un error procesal; es una complicidad que corroe el Estado de Derecho. La justicia que llega solo cuando hay dinero de por medio, no es justicia: es un negocio.

X: @pipemx

Fuera del confort de la ortodoxia de abogados y jueces, ha llegado el momento de repudiar el formalismo esterilizado de los tribunales y abandonar la anestesia moral de la academia complaciente y aristocrática de institutos, escuelas y facultades, para construir una jurisprudencia sin escrúpulos.

A la manera análoga de Paul Verlaine, Baudelaire, Rimbaud y Poe, ha llegado la hora de los juristas malditos.

Despojemos al derecho de todo misticismo metafísico de una vez por todas: la ley jamás ha descendido de una razón universal, ni es el corolario de una justicia inmaculada. Toda norma, en su núcleo fundamental, es la cicatriz de una batalla política; la cristalización jurídica de la victoria de unos sobre otros.

Sostener la ficción de la neutralidad de los principios jurídicos constituye un acto de cobardía intelectual: todo ordenamiento jurídico es, ineludiblemente, la institucionalización ideológica de una fuerza política hegemónica. Quien dicta la ley, ejerce el poder; quien la romantiza, simplemente justifica su propia sumisión. Por ello, el jurista no debe operar como un clérigo de la norma, sino como un anatomista despiadado e implacable que disecciona los músculos de la coerción, llamando al monopolio de la violencia por su nombre y negándose a ceder ante la retórica puritana que embellece el instrumental normativo.

El derecho no es una verdad objetiva, sino una interpretación política del mundo que ha logrado imponerse sobre otras formas de ordenación social mediante la fuerza material y política del Estado: la ley en la modernidad es, en esencia, la interpretación hegemónica armada de reglas incomprensibles para las personas.

Para desentrañar esta maquinaria de imposición, la genealogía se erige como escalpelo metodológico: ningún pacto social nace inmaculado. El mito liberal del consenso suele encubrir un origen asimétrico y violentamente fundacional, demostrando que el derecho moderno es apenas un Leviatán domesticado en su superficie. Al raspar el barniz de la burocracia y los formalismos procesales (la burocrática, cínica y falaz carrera judicial) lo que emerge es la continuación ininterrumpida de la disputa política por otros medios. La tarea crítica exige exponer esa genealogía, mostrando de manera sistemática cómo la razón de la fuerza se disfraza de la fuerza de la razón:

Hoy, la farsa jurídico doctrinal alcanza su clímax en el secuestro del conflicto social por parte de la aristocracia hermenéutica de la toga o el cubículo. Asistimos al dominio sofista de la tecnocracia judicial, donde las altas cortes se erigen como el sacerdocio intocable que, escudado en la retórica del neoconstitucionalismo, dicta la moral pública desde el aislamiento deliberado de los jurisconsultos.

Una élite que opera para tutelar, administrar y neutralizar la soberanía popular y el verdadero antagonismo democrático. Romper con este espejismo liberal exige denunciar frontalmente a un sistema que ha reemplazado la deliberación política material por la imposición de una razón tecnocrática, una que gobierna y somete sin rendirle cuentas a nadie.

Llegó el momento de tirar al cesto de la basura la ideología dominante de la argumentación y la interpretación jurídica de los beatos de clerecía: Alexy, Ferrajoli, Zagrebelsky, Dworkin, Comanducci, Carbonell, Atienza, Santiago Nino y compañía.

X: @RubenIslas3

La medida deriva de un amparo promovido por su defensa, que argumentó que el bloqueo aplicado en 2019 no cumplió con los requisitos legales vigentes de la UIF.

El fallo se dictó el 31 de marzo de 2026, previo a la actualización jurisprudencial de la SCJN que amplió las facultades de la UIF.

UIF no acreditó respaldo internacional para el bloqueo de cuentas de Yarrington

El juez Ulises Oswaldo Rivera González ordenó a la UIF desbloquear las cuentas bancarias de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.

La medida deriva de un amparo promovido por la defensa de Yarrington, de 69 años, quien argumentó que el bloqueo aplicado el 2 de diciembre de 2019 no cumplió con los requisitos legales vigentes en ese momento.

La UIF no acreditó que el congelamiento de cuentas estuviera respaldado por una solicitud o compromiso internacional, condición que entonces era necesaria dentro del marco jurídico aplicable.

“Se deduce que el mismo no se emitió en cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano”

Ulises Oswaldo Rivera González, juez del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX

Además, el juzgado concluyó que la inclusión del exmandatario estatal en la lista de personas bloqueadas se basó en operaciones detectadas dentro del sistema financiero nacional, pero sin que existiera una vinculación acreditada con actividades ilícitas.

La resolución se limita únicamente a los recursos financieros del imputado, quien actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Tras su deportación en 2024, a Tomás Yarrington se le dictó un nuevo auto de formal prisión por presuntos delitos contra la salud y lavado de dinero.

Tomás Yarrington recupera sus cuentas antes de nuevo criterio de la SCJN

La resolución judicial a favor de Tomás Yarrington fue dictada el 31 de marzo de 2026, antes de la actualización jurisprudencial, por lo que resulta aplicable.

Un día después, el 1 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la UIF puede congelar cuentas sin orden judicial ni solicitud extranjera, siempre que existan indicios relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

El juicio de Jesucristo constituye un caso emblemático de la historia, no solo por su trascendencia religiosa, sino por las graves violaciones jurídicas cometidas tanto bajo el derecho hebreo como bajo el derecho romano. Del análisis del derecho judío como romano se revela que el proceso estuvo viciado e imperó la presión política por encima del derecho.

Para darle legalidad al proceso se respetó el derecho de audiencia de Cristo, aunque poco importó ya que la decisión de sentenciarlo estaba tomada. Las reglas hebraicas para desarrollar el proceso legal se contemplaban en el antiguo testamento. Los procesos criminales, especialmente en casos que involucraban la pena capital, estaban prohibidos efectuarlos en la noche. Sin embargo, el Sanedrín celebró el juicio en la noche. La norma exigía audiencias públicas y diurnas. El juicio ocurrió en la noche en la residencia de Caifás con lo que se violó el principio de publicidad del juicio, ya que este no se celebró en la plaza pública tal como lo señalaba la ley.

El derecho hebreo prohibía que la condena se basara en declaraciones falsas. Los testigos fueron inconsistentes, ya que la ley hebraica exigía que al menos dos testigos fueran concordantes. Hecho que no sucedió en el proceso de Jesús. Ante tales discrepancias de los testigos se debía invalidar el proceso.

La ley exigía que el proceso fuera imparcial pero no fue así, ya que los miembros del Sanedrín actuaron simultáneamente como acusadores y juzgadores. Con lo cual se comprometió la objetividad exigida por el derecho hebreo.

Se presionó al acusado para declarar en su contra y se violó el principio de la ley judía que impedía fundar una condena exclusivamente en la confesión del acusado. Finalmente, al emitir la sentencia por el delito de blasfemia, la ley exigía un periodo de reflexión antes de emitirla. La sentencia se dictó de manera inmediata, sin deliberación ni espera y sin derecho a apelar la sentencia.

Sin embargo, el Sanedrín carecía de Ius Gladii (derecho de ejecutar la pena de muerte), ya que dicha facultad estaba reservada exclusivamente para el poder romano. El problema es que bajo el derecho romano la pena de muerte por blasfemia no era ejecutable, ya que dicho delito no estaba contemplado por las leyes romanas. Motivo por el cual no era jurídicamente viable homologar la sentencia por blasfemia. Con lo cual transformaron el tipo penal a crimen Laesae Maiestatis. En donde mediante la Cognitio Extra Ordinem se intentó homologar la pena a través de malabares jurídicos.

El proceso de Jesús se desarrolló en la Fortaleza Antonia. Cuando Pilatos realizó el procedimiento judicial a Cristo, le preguntó si era el rey de los judíos, al valorar las pruebas no se acreditaron los elementos de una insurrección real. Al revisar el caso se demostró que no existían pruebas de organización política o militar de parte de Cristo. Inicialmente se declaró que encontraba acreditado el delito (nihil invenio causae). Bajo el derecho romano esta declaración debía conducir necesariamente a la absolución (absolutio).

El proceso debió haber terminado en ese momento pero debido a presiones externas y políticas, dado a que la conducta imputada a Cristo fue esencialmente de carácter religioso, se declaró la incompetencia por razón de territorio y fue remitido el caso a Herodes Antipas. La razón de la incompetencia fue porque Jesús era originario de Galilea. Herodes Antipas era quien tenía jurisdicción sobre esa región. Cuando fue enviado Cristo sufrió vejaciones y después de las consecuencias conductas humillantes que le propinó rechazó conocer del caso.

Jurídicamente, Pilatos tenía la facultad de absolver a Cristo; sin embargo, optó por homologar la pena condenatoria, la cual no respondió a criterios legales, sino a consideraciones políticas.

Pilatos enfrentaba el riesgo de ser denunciado ante Tiberio por tolerar posibles disturbios o por mostrarse indulgente ante alguien acusado de proclamarse rey. En un contexto donde su carrera dependía de mantener el orden y la lealtad al Imperio porque cualquier señal de debilidad podía significar su caída en desgracia. La homologación de la pena de crucifixión fue una decisión estratégica para preservar su posición política. De esta manera se sacrificó la justicia en favor de la estabilidad y sus aspiraciones personales.

La crucifixión de Cristo no fue la culminación de un proceso judicial válido sino la materialización de una decisión política. El derecho fue instrumentalizado para legitimar una condena previamente decidida por factores ajenos a la legalidad. La intervención romana no corrigió las violaciones del proceso hebreo, por el contrario, las consolidó, transformando un juicio irregular en una ejecución con apariencia de legalidad.

Poncio Pilatos al hacer pública la sentencia, utilizó la inscripción Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Esto lo hizo con cierto tono irónico o incluso provocador hacia las autoridades judías. Cuando las autoridades hebreas le pidieron modificarla Pilatos respondió en términos categóricos que “lo escrito estaba evidenciando”.

El proceso de Cristo demuestra la suma de transgresiones a los principios elementales del debido proceso tanto en el derecho hebreo como en el romano. La falta de pruebas, la manipulación de testigos, la ausencia de imparcialidad y la presión política configuran un caso paradigmático de injusticia. Paradójicamente, la única garantía que podría considerarse formalmente respetada fue la de audiencia, en tanto Cristo tuvo la oportunidad de comparecer ante las autoridades. Sin embargo, dicha garantía resultó vacía de contenido porque su defensa nunca fue valorada de manera efectiva. Lo anterior es así ya que durante el proceso se evidenciaron las contradicciones y falsedades de los testigos.

Ejemplifico con el pasaje del juicio a Jesús hace 2 mil 26 años sobre la forma en que el Estado romano organizó su relación jurídica con las regiones y provincias que conquistaba.

Es el caso de la provincia de Judea en donde impuso su sistema de gobierno imperial, leyes fiscales y de justicia, al mismo tiempo que concedió la vigencia y aplicación de los usos y costumbres religiosos a los pueblos y comunidades sometidos a su potestad.

En el juicio manipulado instruido a Jesucristo se advierte que los grupos étnicos y religiosos en pugna, en particular los judíos, sin mediar denuncia especifica en apariencia lo aprehendieron por blasfemia (un delito religioso), pero elevaron la sentencia condenatoria ante el gobernador romano, Poncio Pilato, para su homologación o validación, en el entendido de que este lo juzgó por sedición o traición al estado imperial (un delito político).

En efecto, Pilatos consideró que Jesús era inocente de blasfemia por falta de pruebas conforme con las leyes romanas y se “lavó las manos” al tomar la decisión de devolver el caso a los integrantes del Sanedrín, tribunal judío.

Este, que lo había sentenciado por 65 votos contra 6 mediante un procedimiento plagado de irregularidades, no contaba con atribuciones para imponer la sanción de crucifixión (sólo podía hacerlo mediante lapidación, degüello o ahorcamiento).

Al presentar el caso ante Poncio Pilatos, gobernador romano de la provincia de Judea, la mayoría de sus integrantes a gritos optaron por dejar libre a otro acusado, Barrabás y, por lo tanto, condenaron a muerte a Jesús exigiendo su crucifixión por sedición, lo cual fue concedido por aquel al calcular que se congraciaría con el emperador Tiberio y con la mayoría popular judía.

El pasaje del juicio a Jesús nos ilustra sobre el pluralismo jurídico o la coexistencia de dos o más sistemas jurídicos en un mismo tiempo, territorio y sujetos aplicadores y destinatarios de unas y otras normas correspondientes a dos o más contextos culturales para resolver el mismo caso ante supuestos delictivos concurrentes o conexos.

En tales condiciones es clave tener presente y aplicar un enfoque intercultural que conduzca a dialogar, traducir y comprender debidamente los supuestos, modos y soluciones que uno y otro sistemas portan para responsabilizar y sancionar o no de la misma forma las mismas conductas.

Ese método permite que las normas se puedan armonizar en un plano de igualdad, no de subordinación y mucho menos de malas prácticas, según ocurrió en el caso del Cristo nacido en Belén, avecindado en Nazareth y habitante de la provincia de Judea, a su vez integrada al imperio romano.

El amañado doble juicio a Jesús permite inferir que no auxiliarse del enfoque intercultural puede implicar en uno y otro sistemas jurídicos incurrir en fraude a las normas propias y ajenas.

Como claramente durante el juicio ante el Sanedrín bien lo argumentó Nicodemus, abogado defensor de Jesús, hoy llamamos a esas malas prácticas violación de derechos fundamentales y sus garantías: libertad de expresión, creencias y cultos, debido proceso, su publicidad, no autoincriminación, defensa, audiencia, testigos idóneos, debida motivación de la sentencia, además de no discriminación, reparación y no repetición, entre otras. Todos aquellos principios y reglas reconocidos que abonan a la legitimidad de la justicia.

A la vez, aumenta el riesgo de que se reproduzca la polarización, incomprensión, exclusión e invisibilización de los más débiles, lo que incentiva tensiones, injusticias y hasta revueltas sociales.

En los tiempos difíciles que corren, en México y muchos otros países diversos y plurales en conflicto, considerar objetivamente, en conciencia y con sensibilidad la coexistencia e interacción de los sistemas normativos indígenas o étnicos y el derecho estatal e internacional positivo es el mejor camino al respeto al derecho ajeno, a la dignidad de todas y todos, y desde luego a la paz, tanto entre los individuos como entre las naciones.

En conclusión, la cultura de la interculturalidad y el pluralismo jurídico vinculada a los derechos y la justicia está en la raíz de nuestro árbol histórico común.

En un anuncio emitido el jueves 2 de abril de 2026, el organismo dio a conocer sobre la incorporación de 16 nuevos candidatos, en su mayoría jueces y magistrados de diversas entidades.

Estos perfiles buscan ser consejeros en el INE

Aunque el INE está conformado por 11 consejerías, en este momento el proceso en curso es para sustituir a 3 consejeros cuyo periodo termina próximamente.

En ese contexto, la Secretaría General le proporcionó al Comité Técnico de Evaluación los perfiles de 410 aspirantes, entre ellos:

• Claudia Gabriela Villeda Mejía, titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México
• Daniel Preciado Temiquel, magistrado del Tribunal Electoral del estado de Guerrero
• María del Mar Trejo Pérez, consejera del Instituto Electoral de Yucatán
• Gisela Hernández Salgado, exjueza en el estado de Morelos

Además de:

• Luis Almazán Rodríguez, exempleado en el Poder Judicial del Estado de México
• Juan Edgar Mejía Martínez, secretario del tribunal del juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México
• Eduardo Hugo Ramírez Salazar, asesor del consejero del INE Uuc-Kib Espadas
• María Santos Montoya Prieto, ex consejera electoral en Guanajuato

Otros candidatos son:

• Sofía Martínez de Castro León, consejera electoral en Chiapas
• Elizabeth Sánchez González, presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca
• José Leonardo Pérez González, exfuncionario del Poder Judicial
• José Antonio González Flores, doctor en derecho constitucional

La lista incluye a:

• Jesús Ancira Jiménez, director de asuntos laborales del INE
• Roberto Ruz Sahrur, consejero electoral en Yucatán
• Alejandro Zúñiga Avilés; exconcejal del PRI en la alcaldía Venustiano Carranza
• Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, consejera electoral en Jalisco

La jueza a cargo modificó la medida cautelar en medio de presiones mediáticas, gestiones del gobierno de Estados Unidos por su doble nacionalidad y la intervención de Claudia Sheinbaum ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

El caso contra John Urich‑Sass sigue abierto y se mantiene bajo investigación judicial.

John Urich-Sass, heredero de BACO, fue liberado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México

Se dio a conocer que John Urich-Sass de BACO y ciudadano estadounidense, fue liberado del Reclusorio Sur de la Ciudad por un caso de presunta administración fraudulenta derivado de un conflicto familiar.

Tras la modificación de la jueza quie modificó la medida cautelar, ahora enfrentará el proceso en libertad.

Esto en medio de disputas entre hermanos por supuestos desvíos de recursos y uso indebido de la marca.

Urich-Sass, accionista de la empresa mexicana de artículos escolares y de oficina fundada por su padre Horst Urich Sass, denunció desde prisión que el caso en su contra fue fabricado tras acusar a su hermano Edgar Urich Sass de desvíos de recursos y uso indebido de la marca BACO.

Por lo que ahora buscará reclamar su participación accionaria en BACO en medio de una disputa entre hermanos que ha escalado a niveles internacionales.

“El poder no se ejerce simplemente como una obligación o una prohibición, sino como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social”.

Michel Foucault

Hay coincidencias que enternecen. Por ejemplo: que el Estado mexicano descubra súbitamente la importancia de vigilar cuentas bancarias… justo cuando el investigado es incómodo. Nada personal, dirán. Es institucional.

Hay privilegios que no vienen en la Constitución, pero se ejercen con disciplina. Uno de ellos es decidir a quién investigar. Y en eso, la autodenominada Cuarta Transformación ha perfeccionado el método. Porque no, no se trata de persecución. Se trata de justicia… selectivamente eficiente.

El caso de Ricardo Salinas Pliego llega nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero conviene no distraerse: esto no va sobre él (o no solo sobre el empresario). Va sobre algo mucho más relevante —y mucho más peligroso—: hasta dónde puede el Estado meterse en tu vida financiera… Sin pagar costo político.

La respuesta oficial, por supuesto, es impecable. Combatir la corrupción. Frenar el lavado de dinero. Garantizar la justicia fiscal. ¿Quién podría oponerse a eso? Nadie. Ese es justamente el punto.

Porque el problema nunca es el objetivo. Es el instrumento… y quién decide cuándo y por qué razones activarlo. En México, la ley suele ser ciega, pero tiene un olfato político extraordinario. Detecta enemigos con precisión quirúrgica. Y actúa en consecuencia. Todo un sabueso.

Primero viene el señalamiento desde el poder. Luego, casualmente, la maquinaria institucional se pone en marcha.

Pero insistirán: es mera coincidencia. Como también es coincidencia que la Unidad de Inteligencia Financiera despliegue una eficacia admirable cuando se trata de ciertos perfiles —magnates incómodos, voces críticas, adversarios electorales— mientras que, hacia dentro del régimen, la vista se vuelve selectivamente borrosa. Todo un fenómeno digno de estudio clínico.

La discusión en la Corte no es técnica, aunque se disfrace de tal. Es profundamente política. Porque lo que está en juego no es solo si la UIF puede acceder a información bancaria, sino con qué límites… o con qué pretextos.

Y ahí es donde el discurso anticorrupción empieza a mutar de herramienta de justicia a instrumento de control. Es tan simple que hasta un egresado de la nueva escuela mexicana puede entenderlo: cuando el Estado acumula facultades intrusivas sin contrapesos sólidos, deja de ser árbitro y se convierte en jugador. Uno que, además, decide a quién marcarle falta. Spoiler: nunca es al equipo propio.

Tenemos, entonces, que la ingenuidad se vuelve cómplice. Pensar que estas herramientas se usarán de manera neutral en un país con instituciones erosionadas es casi un acto de fe. O de humor negro.

¿Cuántas veces hay que decirlo? México no tiene un problema de falta de leyes. Tiene un problema de aplicación selectiva.

Y eso cambia todo. Hoy es Salinas Pliego, útil como villano perfecto. Mañana puede ser un medio incómodo. Pasado, cualquier profesionista que haya decidido hablar de más. No por delito probado, sino por sospecha útil.

Así funcionan los sistemas que aprenden a castigar la disidencia bajo apariencia de legalidad. No necesitan declarar el autoritarismo. Les basta con administrarlo.

¿El que nada debe, nada teme? Nahhh… La realidad suele ser más precisa: el que incomoda, preocupa; y el que preocupa, que se preocupe.

Y cuando preocupar al poder se convierte en criterio implícito de vigilancia, la legalidad deja de ser garantía y empieza a ser pretexto. Puritito pretexto.

Pero no exageremos. Aquí no pasa nada. Todo es institucional, transparente, democrático. Tan democrático que el poder no solo gobierna: también investiga, acusa… y decide a quién mirar.

El resto, por supuesto, puede dormir tranquilo. Mientras no ronque ni haga ruido.

Porque en la nueva pedagogía del poder, el mensaje no es “cumple la ley”. Es mucho más sencillo: No incomodes. No se te vaya a ocurrir hacerlo.

El derecho insiste en narrarse como el gran árbitro de la vida social: un sistema racional de normas generales que ordena la convivencia y garantiza la justicia. Bajo esa misma lógica, el poder judicial se presenta como su intérprete imparcial, un órgano técnico que simplemente interpreta y aplica la ley. Pero esa imagen, lejos de describir la realidad, constituye una de las ficciones más eficaces para sostener el orden existente.

Como señaló Pierre Bourdieu, el poder más profundo es aquel que logra ocultarse tras la apariencia de legitimidad. El derecho no solo organiza conductas: produce una visión del mundo que se impone como natural. Y en ese proceso, lo que se presenta como neutralidad no es más que la forma más refinada de dominación.

Cuando un conflicto social entra al campo jurídico, no encuentra justicia: encuentra traducción. La desigualdad se convierte en contrato, el despojo en propiedad, la violencia estructural en legalidad. El lenguaje jurídico no describe la realidad; la distorsiona bajo categorías que excluyen todo aquello que no puede ser procesado técnicamente: lo que queda fuera simplemente deja de existir.

En ese universo cerrado, el juez no aplica la ley: la recrea. Cada sentencia no es el descubrimiento de una verdad, sino la imposición de una versión autorizada de los hechos. Sin embargo, esa imposición se reviste de solemnidad, de procedimiento, de técnica. La toga, el lenguaje encriptado, la liturgia judicial no son ornamentos: son dispositivos que producen obediencia.

Aquí la violencia ya no necesita mostrarse. Como advertiría Michel Foucault, el poder más eficaz es el que se ejerce sin ser reconocido como tal. Las personas acatan decisiones que no comprenden, aceptan categorías que las subordinan y terminan reconociendo como justo aquello que las perjudica. No hay imposición visible; hay interiorización.

La promesa de igualdad ante la ley completa el cuadro. Formalmente, todos son iguales. En la práctica, esa igualdad es una ilusión que encubre profundas asimetrías: quien tiene recursos accede a defensa, quien no los tiene se enfrenta a un sistema opaco y distante. Pero el derecho no corrige esa desigualdad: la traduce en términos jurídicos y la legitima.

El principio de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento revela con crudeza esta lógica. Se exige a todos conocer un sistema que, por su complejidad, está diseñado para no ser comprendido por la mayoría. La responsabilidad se desplaza así hacia el individuo, mientras el sistema permanece incuestionado. No es un principio de justicia; es un mecanismo de disciplinamiento.

La llamada neutralidad judicial cumple entonces una función decisiva: impedir que el poder se reconozca como poder. Si los jueces son neutrales, sus decisiones no son políticas. Si el derecho es imparcial, las desigualdades no son estructurales. Todo queda reducido a casos aislados, a errores corregibles, a desviaciones menores; así el sistema, en su conjunto, permanece intacto.

Pero la realidad es más áspera: el derecho no es un árbitro, sino un campo de lucha donde unos tienen la capacidad de imponer su visión del mundo sobre otros. La neutralidad no es una virtud; es el velo que oculta esa imposición.

En este contexto, hablar de democratizar el derecho puede resultar incluso ingenuo. Mientras su lenguaje siga siendo excluyente, mientras sus operadores concentren el monopolio de la interpretación y mientras sus decisiones se revistan de una autoridad incuestionable, la justicia seguirá operando como una promesa vacía para la mayoría.

Desenmascarar la neutralidad no transforma automáticamente el sistema, pero sí destruye su coartada más poderosa. Y lo que queda al descubierto es incómodo: un orden jurídico que no descansa en la igualdad ni en la comprensión, sino en la aceptación forzada de una realidad que otros han definido: el derecho no fracasa en ser neutral, nunca lo ha sido.

En X: @RubenIslas3

“Le pedimos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso para poder tomar una opinión”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 31 de marzo de 2026, la presidenta de México llamó a evitar juicios anticipados y subrayó la importancia de conocer todas las versiones, ante denuncias de presunta corrupción en el sistema judicial.

El caso en manos del TSJCDMX ha generado interés internacional debido a que Urich-Sass también cuenta con ciudadanía estadounidense.

Claudia Sheinbaum se pronuncia por caso de John Urich-Sass de Baco detenido en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el caso del empresario John Urich-Sass de la empresa Baco, y durante su posicionamiento, la mandataria llamó a evitar juicios anticipados ante las denuncias de la defensa.

Especialmente porque en él se señalan presuntos actos de corrupción dentro del sistema judicial de la Ciudad de México.

Por lo que Sheinbaum enfatizó que es fundamental conocer todas las versiones antes de emitir una postura definitiva sobre el caso.

“Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porque la defensa evidentemente para defender a su cliente, a la persona, va a defenderlo. Entonces hay que escuchar la otra versión.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tribunal debe aclarar el caso: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) explicar públicamente las razones de la detención del empresario John Urich-Sass de Baco.

Asimismo, la mandataria subrayó que cualquier acusación de corrupción debe sustentarse con pruebas y no solo en señalamientos.

“Vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porqué esta persona está detenida, porque probablemente él denuncia que hay corrupción, bueno pues tiene que demostrarse. No lo podemos tomar de antemano como que es así, hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El caso de John Urich-Sass de la empresa de útiles Baco, ha generado interés fuera del país debido a que tiene ciudadanía estadounidense, lo que ha aumentado la presión para que haya transparencia en el proceso.

Ante esto, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de que las autoridades judiciales informen con claridad para garantizar certeza en este caso John Urich-Sass que continúa bajo escrutinio público.

La jueza realizó campaña con la promesa de defender los derechos de las mujeres y compartió que, como abogada se ha dedicado a defender a víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, recientemente se le ha señalado por ordenar la liberación del feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la jueza Amarande Riojas Orozco, como:

• ¿Quién es Amarande Riojas Orozco?
• ¿Cuántos años tiene Amarande Riojas Orozco?
• ¿Cuál es el signo zodiacal de Amarande Riojas Orozco?
• ¿Amarande Riojas Orozco tiene esposo?
• ¿Amarande Riojas Orozco tiene hijos?
• ¿Qué estudió Amarande Riojas Orozco?
• ¿Cuál es la trayectoria de Amarande Riojas Orozco? y más

¿Quién es Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas, cuyo nombre completo es Aneshuarely Amarande Riojas Orozco jjueza 15 de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación desde el 1 de septiembre de 2025

De acuerdo con la jueza, se ha dedicado al activismo por los derechos de la mujer, así como contra la corrupción.

¿Cuántos años tiene Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas Orozco nació el 4 de febrero de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Amarande Riojas Orozco?

Ya que el cumpleaños de Amarande Riojas Orozco es el 4 de febrero, la jueza 15 de Distrito en Materia Penal nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

¿Amarande Riojas Orozco tiene esposo?

Sí, Amarande Riojas Orozco tiene esposo, se trata de Diego Eduardo Castañón Chávez, actual Secretario Auxiliar de Ponencia del ministro Arístides Guerrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Previo a ello fue Secretario Auxiliar de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

¿Amarande Riojas Orozco tiene hijos?

Sí, Amarande Riojas Orozco tiene un hijo con su esposo, se trata de un bebé nacido a finales de 2025.

¿Qué estudió Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas Osrosco tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, de la que obtuvo su cédula profesional en 2018.

Además de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la misma universidad que culminó en 2022.

También cuenta con un diplomado en Reconstrucción Craneofacial en el Colegio Nacional de Criminología y Ciencias Forenses A.C y el Colegio de Tecnología y Prótesis Dental de 2010.

¿Cuál es la trayectoria de Amarande Riojas Orozco? y más

Amarande Riojas Orozco, jueza 15 de Distrito en Materia Penal en la CDMX se ha desempeñado la mayor parte de su carrera como abogada penalista independiente.

De acuerdo con su cv compartido para su candidatura en las elecciones del Poder Judicial, se a desempeñado como:

• socia fundadora de Riojas Orozco Castañón y Asociados (ROCA) desde 2022
• abogada penalista externa en León, Guanajuato para el Corporativo Rodríguez Terrón y asociados, de 2019 a 2020
• socia de la empresa Stardust Corporación para el análisis de información, Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, de 2016 a 2024
• Abogada penalista de Carrillo y Gutiérrez del Río abogados y asociados, de 2014 a 2017

Señalan a jueza Amarande Riojas por liberar a feminicida de Maciel Sánchez

La jueza Amarande Riojas Orozco fue señalada por la hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo por ordenar la liberación del feminicida de su mamá, quién recibió prisión preventiva en 2024, a 4 años del feminicidio.

Austria, hija de Maciel Sánchez, señaló que, a pesar de haber prometido brindar justicia para la mujeres, no lo ha cumplido con liberar al feminicida de su mamá y ponerla a ella y su hermano en riesgo.

Luego de que Austria llamara a “no dejarla sola”, usuarios de redes sociales comenzaron a reclamar justicia para Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo y le reclaman no trabajar por la verdad en este caso.

Y cuando esto ocurre en la esfera pública, no es un hecho aislado: es una señal. Si un caso así emerge en el ámbito político, con visibilidad, recursos y defensa, cabe preguntarse qué ocurre todos los días en otros espacios menos visibles: en lo familiar, lo civil, lo mercantil. Este caso no es la excepción; es el reflejo de una práctica que, aunque pocas veces se reconoce abiertamente, sí existe y genera costos humanos e institucionales que no podemos seguir ignorando.

Las falsas denuncias por violencia de género han sido estimadas entre el 2% y el 10% en distintos estudios. Para algunos, eso basta para desestimar el problema. Pero ese argumento parte de una premisa débil: que el fenómeno no ha cambiado. Hoy el contexto es otro. Existen más incentivos para denunciar sin sustento, menos consecuencias para quien miente y una exposición mediática que amplifica el uso estratégico de la denuncia. A ello se suman políticas ministeriales y criminológicas que, en algunos casos, miden el “éxito” institucional por el aumento en el número de denuncias o en la apertura de carpetas de investigación, como si ese dato por sí mismo reflejara mejores resultados. No necesariamente es así. Lo sabemos bien. Incrementar registros no equivale a mejorar la justicia, y menos aún cuando no se distingue entre denuncias fundadas e infundadas. Es, en realidad, un efecto autoinmune institucional: un sistema que, al incentivarse mal, termina afectando su propia credibilidad y debilitando la confianza pública que le da sustento. Además, buena parte de estos casos nunca se contabiliza: no llegan a sentencia, no se investigan como falsos y, en muchos casos, quienes son absueltos prefieren no volver a enfrentar el desgaste de un proceso. Lo que se mide mal, se incentiva peor.

El derecho penal mexicano no es omiso. Existen figuras que sancionan la falsedad ante autoridades, la simulación de pruebas y la imputación indebida. No son normas decorativas: están diseñadas para evitar que el proceso se distorsione. Pero cuando no se aplican con la misma firmeza con la que se persiguen otros delitos, o no se impulsan desde la política criminal, se genera un desequilibrio.

Denunciar la falsedad no es revancha. Es defensa institucional. Es reconocer que el daño de una acusación infundada también merece respuesta. Porque nadie debería enfrentar un proceso, medidas restrictivas o un deterioro reputacional sin razón.

Además, hay un impacto colectivo. Las denuncias falsas no solo afectan a quien las padece: consumen recursos públicos, saturan a las fiscalías y retrasan la atención de víctimas reales. Cada caso sin sustento desplaza a otro que sí requiere justicia.

Pero el punto más delicado es la confianza. La justicia funciona como una válvula de presión social. Es el espacio donde las personas canalizan conflictos bajo reglas comunes. Si ese espacio puede manipularse —por venganza, estrategia o irresponsabilidad—, deja de ser confiable. Y cuando la justicia deja de ser confiable, la democracia se debilita. La discusión no debe quedarse en si los jueces se eligen o no: esa realidad ya está.

El verdadero reto es cómo fortalecer el sistema desde dentro.

Empoderar a quienes lo usan —denunciando delitos, pero también abusos como las denuncias falsas— es parte de esa ruta.

No es un acto individual, es corresponsabilidad democrática. Así se construye legitimidad real, no solo diseño institucional. Denunciar la mentira no es odiar. No es vengarse. Es creer en la justicia lo suficiente como para no permitir que se degrade.

Es, en el fondo, una forma de responsabilidad pública.

Y en una democracia, eso también es hacer lo correcto.

El argumento esgrimido por el Tribunal y el oficialismo fue de que cada uno de los partidos en cuestión (Morena, Verde y PT) eran justo eso: partidos. En otras palabras, han siempre argumentado que la lectura del 54 constitucional fue prístino e incuestionable.

Esta justificación ha venido a reforzarse con la ruptura del PT con Morena en el contexto de las discusiones del Plan B. Como se sabe, ese partido rémora, por motivos que hoy son tema de debate en la opinión pública, optó por votar en contra de ciertos elementos del plan de Sheinbaum, como la inclusión de la revocación de mandato en el día de la jornada electoral del año que viene.

¿Ya ven como sí somos partidos políticos distintos y por lo tanto se ha caído el argumento de los constitucionalistas que aseguraban que “partido” y “coalición” son conceptos distintos? Será, sin duda, la frase prefabricada en boca de individuos como Arturo Ávila. Parece, en principio, una línea argumentativa poderosa.

Sin embargo, lo que los voceros del oficialismo no señalarán fue que la alianza Morena-PT-Verde no ha sido solo de carácter legislativo, es decir, limitado a los momentos de votación en el Congreso, sino también electoral. Los tres partidos, a lo largo de la campaña de 2024, se vendieron diariamente como miembros de un solo movimiento. ¡PT, PT, es la 4T! se escuchaba todos los días en los spots de televisión.

Conviene marcar las diferencias entre esta coalición electoral y la alianza legislativa del Pacto por México en 2013. A diferencia de la de 2024, PRI, PAN y PRD ganaron por su cuenta en las elecciones de 2012. Fue a través de la negociación política del gobierno de Peña lo que hizo posible el alineamiento de las tres fuerzas. Muy distinto.

Lo que ha sucedido estos días en el Congreso ha sido una ruptura como suele ocurrir en el seno de los partidos políticos. Así como los legisladores del PT han optado por dejar solo a Morena en el Plan B, el PAN, PRI o Morena pueden encontrarse con diferencias en el interior de las mismas siglas.

En suma, los mexicanos no deben dejarse engañar con el argumento de que las diferencias entre Morena y PT han sepultado el hecho documentado, y verificado por expertos en derecho constitucional, de que el Tribunal Electoral operó un fraude a la carta magna mediante una interpretación amañada del 54 constitucional.

Y como corolario, el Plan B ha echado a un lado cualquier idea de reforma que impidiese que una fuerza política obtenga un número de escaños o curules que no se les han concedidos en las urnas. Así no son las democracias.

Por ello, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que quedara claro que el Estado mexicano no permitiría una revisión en el derecho interno, señaló el abogado.

Asimismo, destacó que la CIDH fijó un plazo de 4 meses improrrogables para que el gobierno de México presente sus observaciones; además de valorar dar trámite prioritario a la petición de los juzgadores.

Las 5 implicaciones de la reforma judicial en México que CIDH evalúa a petición de juzgadores

Luego de que la CIDH remitiera al Estado mexicano la petición de medidas cautelares contra la reforma judicial en México ante el llamado de 65 juzgadores y juzgadoras en por la violaciones a sus derechos humanos.

El proceso ante la CIDH podría tener efectos en la imagen internacional de México, su marco jurídico y la estabilidad de su sistema judicial, señaló el abogado Zamir Andrés Fajardo Morales.

En este sentido, existen 5 implicaciones para la reforma judicial y el Estado mexicano en el marco de los Derechos Humanos. Estas son:

1. Plazo límite: El Estado mexicano debe responder a la petición en un plazo máximo de 4 meses sin posibilidad de prórroga.
2. Riesgo de condena internacional: México enfrenta posibles condenas por su estabilidad judicial ante posibles violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
3. Pérdida de experiencia judicial: La reconfiguración del sistema judicial implicaría una ruptura en la carrera judicial y una posible pérdida de conocimiento técnico con la salida de los juzgadores experimentados.
4. Señalamientos sobre la calidad democrática: Cuestionamientos sobre la calidad democrática de México, con posibles riesgos de retroceso institucional vinculados a la reforma judicial.
5. Limitaciones en la vía interna: Con los cambios legales, existen menos mecanismos internos para impugnar la reforma judicial, lo que ha llevado el caso a instancias internacionales.

CIDH podría resolver admisibilidad y fondo petición de juzgadores por reforma judicial en México

Zamir Andrés Fajardo Morales señaló que se abrió la puerta a las instancias internacionales ante la falta de mecanismos internos para resolver las peticiones de los juzgadores respecto a la aplicación de la reforma judicial.

Asimismo, destacó que la CIDH, ante la relevancia del caso, podría no sólo resolver la admisibilidad de la petición presentada por 65 juzgadores y juzgadoras, sino resolver el fondo en un mismo informe.

Con ello, el proceso internacional se aceleraría pues, de acuerdo con el reglamentos de la comisión, cuando la violaciones al acceso de justicia están relacionadas con el fondo del caso, le corresponde resolver ambos casos de manera simultánea.

El debate sobre la primacía entre el derecho y la política no es una cuestión meramente académica, sino el núcleo mismo de la organización social. En él, se define el origen de la obediencia, la legitimidad del poder y la forma en que se estructura la vida colectiva. Lejos de las visiones idealizadas del liberalismo, el poder político no es accidental ni reducible a fuerza bruta: es la forma más sofisticada de racionalización del poder: la política es el hecho originario, la actividad que organiza el mando, define antagonismos y establece un horizonte común. El derecho, por su parte, surge como una tecnología de legitimación que permite estabilizar ese poder y proyectarlo en el tiempo.

El derecho no es neutral ni autónomo, es producto de relaciones de poder que, lejos de limitarse a prohibir, producen realidad: generan saberes, fijan verdades y estructuran la vida social mediante normas obligatorias. Cada disposición jurídica es, en el fondo, la cristalización de decisiones políticas que han logrado imponerse históricamente. No hay norma inocente: toda ley es la huella de una correlación de fuerzas.

Sin embargo, esta relación ha sido sistemáticamente oscurecida por corrientes contemporáneas como el neoconstitucionalismo. Al presentar la Constitución como un catálogo de principios morales universales, se le despoja de su carácter histórico y conflictivo. Esta operación convierte al derecho en una estructura aparentemente técnica y neutral, desligada de las luchas que le dieron origen. Así, cada norma se presenta como producto de la razón, cuando en realidad es resultado de conflictos sociales concretos.

El efecto de esta deshistorización es la construcción de un “presente perpetuo” donde el orden vigente aparece como natural e incuestionable. El derecho deja de ser un campo de disputa para convertirse en un marco cerrado, protegido por el lenguaje técnico. De esta forma, el neoconstitucionalismo no solo interpreta la realidad: la estabiliza en favor del statu quo, bloqueando su transformación política.

Desde el realismo político, esta visión resulta insostenible. La Constitución no puede entenderse como una simple ley suprema ni como un acuerdo racional entre iguales; es, ante todo, un documento político. No surge del consenso ideal, sino de rupturas históricas: revoluciones, reformas o procesos de imposición que establecen una nueva correlación de fuerzas. En esencia, es el estatuto de una victoria, la formalización de una hegemonía que logra presentarse como interés general.

Por ello, la validez del orden jurídico no descansa únicamente en su coherencia normativa, sino en la decisión política que le da origen. Toda norma expresa una voluntad que se ha impuesto y que busca perpetuarse mediante formas jurídicas: separar el derecho de la política no lo purifica, lo vacía.

La despolitización del derecho ha propiciado el surgimiento de una élite judicial que, bajo el lenguaje de la técnica, ejerce un poder creciente. Conceptos como la ponderación o la razonabilidad han legitimado la intervención judicial en decisiones que corresponden al ámbito político. Esto ha derivado en una forma de gobierno de los jueces, donde la interpretación jurídica se convierte en un mecanismo para corregir o limitar la voluntad popular.

En América Latina, este fenómeno ha sido identificado como “lawfare”: el uso del derecho como herramienta de confrontación política. Aunque se presenta como neutral, el discurso jurídico encubre decisiones profundamente políticas. Las sentencias no son simples aplicaciones técnicas, sino actos de poder que influyen directamente en la configuración del orden social y en la preservación de determinados intereses.

Reconocer que el derecho es un instrumento del poder no implica degradarlo, sino comprenderlo. La genealogía del derecho permite revelar las relaciones de fuerza que lo constituyen y desmontar la ficción de su neutralidad. El derecho no limita al poder: lo organiza, lo legitima y lo hace operativo. La idea de que es un freno externo al poder es, en gran medida, una construcción ideológica.

Esto no implica prescindir del derecho. Su función es indispensable para la estabilidad social, pero su legitimidad no proviene de una racionalidad abstracta, sino de su capacidad para expresar una realidad histórica concreta. Cuando se desvincula de ella, se vuelve vacío; cuando la política prescinde del derecho, deriva en arbitrariedad. La tensión entre ambos no elimina la primacía de lo político, pero sí revela su interdependencia.

La historia es clave para entender esta relación. Cada orden jurídico es el resultado de una lucha que ha logrado inscribirse en la norma. Olvidar esa dimensión implica despojar a la sociedad de su memoria y naturalizar un orden que es, en realidad, contingente y transformable. Reivindicar la centralidad de la Política no significa negar el valor del derecho, sino ubicarlo en su justa dimensión: la forma racionalizada del poder, el lenguaje mediante el cual se presenta como legítimo. Pero es una construcción histórica y, por tanto, susceptible de transformación.

En conclusión, la primacía corresponde a la política, en tanto es la única capaz de crear, transformar o destruir el orden jurídico. El derecho no es el límite del poder, sino su forma más elaborada. Solo al reconocer esta relación es posible construir un orden jurídico que no funcione como instrumento de dominación encubierta, sino como expresión consciente de una voluntad colectiva soberana.

@RubenIslas3

“Todavía lo estamos revisando”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de febrero en Mazatlán, explicó que el ajuste podría mover ambos procesos a 2028, aunque cualquier decisión deberá ser aprobada por el Congreso.

El debate surge en medio de las preocupaciones del INE sobre la carga presupuestal y logística que implicaría organizar múltiples elecciones en un mismo año.

Elección judicial y revocación de mandato podrían moverse a 2028 aclara Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, la presidenta explicó que existe la posibilidad de enviar al Congreso una propuesta para aplazar estos ejercicios democráticos a 2028.

“Todavía lo estamos revisando. Es una probabilidad cambiar la elección al Poder Judicial al 28’, que lo enviemos como propuesta a definición del Congreso”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum precisó que cualquier modificación deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que aún no hay una fecha definitiva.

De concretarse el ajuste, la elección judicial intermedia y la revocación de mandato presidencial no se realizarían en el marco de las elecciones 2027, sino un año después.

INE enfrenta retos presupuestales y logísticos para 2027

El posible cambio también responde a los retos logísticos y financieros que enfrentaría el INE en 2027, año en el que están previstas elecciones para gubernaturas y otros cargos locales.

La presidenta subrayó que uno de los ejes de su reforma electoral es la reducción de costos en los procesos comiciales, por lo que se evalúa cuidadosamente el impacto presupuestal de realizar múltiples elecciones en el mismo periodo.

Sheinbaum evalúa costos de la elección del Poder Judicial y revocación de mandato

Sheinbaum detalló que, en el caso de la elección del Poder Judicial, únicamente se elegirían magistrados y jueces, lo que implicaría una organización distinta a la de una elección federal tradicional.

Además, confirmó que también se analiza el costo que tendría organizar una eventual revocación de mandato.

“Estamos evaluando también los costos porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo; entonces hacerlo en otro año también implicaría sus costos”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por ahora, el Gobierno federal mantiene el análisis abierto y será el Congreso quien, en su caso, determine si procede el cambio de fecha para la elección judicial y la revocación de mandato.

En plena protesta, alrededor de las 10 de la mañana, trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial fueron sorprendidos por un presunto grupo de choque, quienes comenzaron a agredirlos.

Entre jalones y empujes, los agresores intentaron ingresar al edificio del Poder Judicial, pero los trabajadores lograron evitarlo aún cuando les eran arrojados objetos y botellas de agua.

Debido a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para resguardar la zona, la riña cesó.

🔴 Tensión en Ciudad Judicial: un presunto grupo de choque irrumpió y deshizo el bloqueo; en estos momentos se arrojan botellas de agua en el lugar.

📹🗞️ Ulises Soriano vía @Radio_Formula pic.twitter.com/7rSx60onKC

— Azucena Uresti (@azucenau) February 13, 2026

Paro de trabajadores en el Poder Judicial de la CDMX

Tras la irrupción del presunto grupo de choque, alrededor de 40 trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial retomaron su manifestación sobre avenida Niños Héroes.

El sindicato rechaza el nuevo periodo de presidencia del organismo asumido, a inicios de enero y por tercera ocasión, por Rafael Guerra Álvarez, quien ha estado al frente desde hace ocho años.

Exigen que se repitan las elecciones para elegir al nuevo secretario General y al Comité Ejecutivo Central del Sindicato.

Mediante un comunicado denuncian presuntas irregularidades en las elecciones realizadas entre abril y mayo de 2025, en las que resultó favorecida la denominada “Planilla Naranja”, grupo que ha mantenido el control del sindicato durante más de 24 años.

Por ello salieron a protestar este viernes así como anunciaron el paro de actividades en Ciudad Judicial.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Av. Niños Héroes desde Dr. Lavista, por manifestantes a la altura de Dr. Liceaga, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/guGVODdhRK

— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 13, 2026

Entre las calles afectadas se encuentra Niños Héroes a la altura de Doctor Lavista y Doctor Navarro, así como bloquearon los accesos a Juzgados Civiles, salas civiles y familiares.

Autoridades pidieron evitar la zona así como circular por Doctor Vértiz o Avenida Cuauhtémoc.

Con información de N+ y La Silla Rota

Javier Corral destacó que se deben analizar los perfiles de los jueces sin rostro, pues los gobernadores se habrían aprovechado de esta medida e impusieron a quienes ellos quisieron.

Llama Javier Corral a revisar y corregir la reforma judicial antes de 2027

Durante una mesa de análisis, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, dijo que es necesario revisar y corregir la reforma judicial, en especial en el tema de los jueces sin rostro.

Javier Corral señaló que gobernadores se aprovecharon de la medida de los jueces sin rostro e impusieron personas, por lo que es necesario garantizar antes del 2027:

• Jueces con perfil judicial y profesionalización
• Buen papel de los Comités de Evaluación en los procesos
• Sorteo claro

Asimismo, Javier Corral señaló que, ante los análisis internacionales que se realizan sobre la reforma judicial, el Senado también debe prestar atención a estos señalamientos.

El senador Javier Corral reiteró que no se puede legislar una medida con la de jueces sin rostro sin antes revisar y corregir la reforma judicial y atender los llamados internacionales.

“Sería una contradicción enorme estarnos quejando de que el presidente Trump devasta el orden internacional y también nosotros eludiéndolo. Eso no lo puede hacer el Senado de la República”.

Javier Corral, senador de Morena

El PAN habría presentado la denuncia ante la CIDH en diciembre de 2025 bajo el argumento de que estas reformas contradicen la Constitución Mexicana y los tratados internacionales.

CIDH admite impugnación del PAN contra reforma judicial, Ley de Amparo y Guardia Nacional

Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, anunció que la CIDH aceptó el caso para impugnar la reforma judicial y la Ley de Amparo; celebró que estas leyes vayan a ser estudiadas por el ente internacional.

“Ya activamos la justicia internacional. Ya se prendió una alarma. Y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica”.

Germán Martínez Cázares, diputado del PAN

Pese a que la CIDH admitió el caso, esto no garantiza una resolución, pues sólo se examinará si las reformas son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el Estado mexicano.

El diputado Germán Martínez Cázares solicitó que se suspendan las elecciones del Poder Judicial 2027 hasta que la CIDH dicte una sentencia respecto al caso promovido por el PAN.

Respecto a la denuncia promovida ante la CIDH, Ricardo Monreal aseguró que “las reformas se hicieron bien”, además de que México no acepta la intervención de países u organismos internacionales.

De acuerdo con la información que circula alrededor de dicha acción, los inconformes acusan que con la reforma al Poder Judicial, el Estado mexicano habría incurrido en violaciones a los derechos de los juzgadores.

CIDH admite a trámite denuncia contra el Estado mexicano por la reforma al Poder Judicial

A poco más de medio año de que entró en vigor la controvertida reforma al Poder Judicial, la CIDH revisará su posible implicación en violaciones a los derechos de las personas juzgadoras.

Lo anterior debido a que la Comisión admitió a trámite una denuncia presentada por jueces y magistrados federales, quienes acusan que el Estado mexicano vulneró sus garantías con la reforma.

Al señalar que debido a la reforma al Poder Judicial cientos de trabajadores fueron destituidos de sus cargos para ser electos por voto popular, los quejosos pidieron la intervención de la CIDH.

Al revisar la querella, el organismo la admitió a trámite y remitió oficialmente la petición al gobierno federal, para lo cual fijó un plazo de 3 meses —que podría extenderse a 4— para que el gobierno federal presente una respuesta.

De acuerdo con la CIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la dependencia federal que deberá presentar sus observaciones durante el tiempo que se estableció.

Jueces y magistrados acusan vulneración a derechos de juzgadores

En la denuncia que presentaron ante la CIDH contra el Estado mexicano, un grupo de 14 juzgadores entre jueces y magistrados acusaron que la reforma al Poder Judicial vulneró los derechos del sector por puntos como los siguientes:

• Independencia judicial: Se afirma que la reforma al Poder Judicial debilitó la autonomía de jueces y magistrados frente al poder político
• Igualdad y no discriminación: Se señala que las nuevas reglas afectaron de manera desproporcionada a ciertos grupos, en especial a mujeres
• Honra y reputación: Se acusa que en el proceso legislativo, altos funcionarios del Ejecutivo señalaron públicamente a jueces de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso
• Confianza pública: Se sostiene que las acusaciones dañaron la credibilidad social de la que gozaba el Poder Judicial
• Politización: Se describe la reforma como un mecanismo de captura política de la judicatura, pese a presentarse como neutral

Tal como se establece en la reforma al Poder Judicial, las siguientes elecciones para elegir jueces y magistrados se llevarán a cabo en 2027, año en que se llevarán a cabo comicios en 31 estados.

Elecciones 2027: INE pide cambio de fecha para la elección judicial

El consejero del INE, Arturo Castillo dio a conocer a medios que el Consejo General buscará que se modifique la fecha de la elección judicial ya que no puede coincidir con el voto para otros cargos.

Tal como declaró, la elección judicial es incompatible en cuanto a las reglas con el resto de los cargos a elegir en las elecciones 2027, ya que los partidos no deben intervenir en el caso de la primera.

Sin embargo, en este tenor Arturo Castillo señaló que en este caso, los partidos políticos realizarán propaganda abiertamente para el caso de las elecciones locales.

Asimismo, el consejero señaló que el INE considera que realizar la elección judicial con el resto de los comicios significarían un problema de logística con todos los cargos a elegir en 2027.

También mencionó que la propuesta se planteará al Poder Ejecutivo aunque ya se había señalado a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para su consideración.

Cargos a elegir en las elecciones de 2027 a nivel local y federal

Tal como apuntó brevemente el consejero Arturo Castillo, en las elecciones 2027 se llevarán a cabo comicios a nivel federal y local.

Entre los cargos de elección popular para 2027 están:

• 17 gubernaturas
• 500 diputaciones
• integrantes de 31 congresos locales
• mil 718 ayuntamientos

Por su parte, la elección judicial de 2027 elegirá a cinco integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como:

• 463 Magistraturas de Circuito
• 386 jueces de distrito

Asimismo, en la Cámara de Diputados hay una propuesta para integrar la revocación de mandato al mismo día de las elecciones 2027, que de aprobarse, sería organizada por el INE.

Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Provisional encargada del Proceso Electoral Local Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, también se dio a conocer el Sistema de Consulta de Resultados, el cual permitirá a la ciudadanía acceder a información clara, verificable y de fácil exploración sobre este ejercicio electoral histórico.

IECM detalla metodología y estructura de la estadística electoral

El documento estadístico incluye una nota metodológica que precisa las fuentes de información y los procedimientos utilizados para integrar las bases de datos.

• En el primer capítulo se presentan datos sobre instrumentos registrales e indicadores electorales, como la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal.
• El segundo capítulo describe los resultados de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, organizada bajo una circunscripción única en toda la ciudad.
• En los capítulos tercero y cuarto se desarrolla la información correspondiente a la elección de magistraturas y juzgados del Poder Judicial, organizada en once distritos judiciales electorales locales.
• El quinto capítulo analiza el voto anticipado emitido por personas en estado de postración y por las personas responsables de sus cuidados, en favor de la inclusión y la igualdad en el acceso al sufragio.

Sistema de Consulta de Resultados de la Elección del Poder Judicial

El Sistema de Consulta de la Estadística de Resultados de la Elección del Poder Judicial 2025 está conformado por siete módulos temáticos, que concentran información sobre instrumentos registrales, elecciones de magistraturas y juzgados, voto anticipado, mapas temáticos y un apartado de descargas.

La plataforma integra tablas y gráficas interactivas, organizadas en cinco ámbitos geoelectorales: entidad, Distrito Judicial Electoral Local, Distrito Electoral Local, Sección Electoral y Casilla Única, lo que permite recorrer la información de manera intuitiva y dinámica.

Asimismo, permite la descarga de insumos institucionales como el padrón electoral, la lista nominal por sexo y grupo etario, el número de plazas por materia, las candidaturas aprobadas y los resultados por candidatura y poder postulante.

Con esta estadística y su sistema de consulta, el IECM ofrece una herramienta integral para conocer a detalle los resultados del proceso, fortaleciendo la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso ciudadano a la información electoral.

En una entrevista conducida por Miguel Quintana “El Troll”, Adriana Dávila y el autor del presente texto, conversamos con víctimas de abusos por parte del líder de la iglesia, Naasón Joaquín García.

Sochil Martin y Sharmin Guzmán, las primeras en denunciar a Naasón en Estados Unidos, relataron cómo funciona la maquinaria interna de LLDM: matrimonios arreglados, uso de mujeres como moneda de poder y una red internacional de tráfico humano.

Mientras en México, las investigaciones están detenidas o enterradas. La presidenta Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, a pesar de que existen denuncias presentadas ante la FGR, ha negado tener información sobre investigaciones en curso contra LLDM.

Cuando el líder religioso fue detenido el 3 de junio de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de tráfico de personas, pornografía infantil y violación forzada de menores, cometidos entre 2015 y 2018, unos días antes, el Palacio de Bellas Artes, símbolo cultural nacional, había sido la sede donde se le rindió un homenaje en un acto político-religioso, organizado por Martí Batres, entonces secretario de Gobierno en la CDMX y hoy director del ISSSTE.

Al que acudieron figuras de Morena como Sergio Mayer, Ricardo Ahued, Félix Salgado Macedonio, Julio Menchaca y Gabriela Benavides, entre otros, además, senadores del Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Durante la celebración del cumpleaños de Naasón, se le entregaron dos reconocimientos oficiales, uno de ellos firmado por 35 diputados federales de las 32 entidades, el cual fue financiado por el ahora senador Emmanuel Reyes Carmona, ex del PRD y hoy aliado de Morena.

Más grave aún es que en 2023, el INE otorgó registro oficial a la agrupación política Humanismo Mexicano, dirigida por legisladores de Morena como Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos, todos miembros activos o simpatizantes de LLDM.

Además, a través de esa estructura y gracias al nuevo modelo de elección del Poder Judicial promovido por la 4T, la iglesia logró infiltrarse en el sistema judicial, integrantes vinculados con LLDM fueron electos jueces y magistrados:

​•​Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del obispo Menchaca, fue nombrada jueza en Jalisco.

​•​Eluizai Rafael Aguilar, también asumió como jueza en la misma región.

​•​Cinthia Teniente Mendoza, esposa de Reyes Carmona y exalcaldesa de Villagrán por Morena, ahora es magistrada laboral en Guanajuato.

​•​Job Daniel Ibarra Wong, ahora magistrado laboral en Jalisco y asesor del presidente de la Corte.

Joaquín Inc.

Mientras en México se niegan vínculos y se protegen a los implicados, en Estados Unidos la justicia actúa. Recientemente, en una corte federal de Nueva York, Naasón Joaquín fue acusado de tráfico sexual, pornografía infantil, crimen organizado, destrucción de evidencia y explotación infantil. Esta causa también involucra a su madre, Eva García de Joaquín, a su sobrino Joram Núñez Joaquín y a otros colaboradores como Silem García Peña, en una red criminal a la que se ha denominado “Empresa Joaquín LLDM”.

Finalmente, la madre del líder fue detenida por su participación en la red de tráfico sexual, una estructura que, según víctimas como Sochil y Sharmin, lleva décadas operando con total impunidad en México.

En el ámbito financiero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado a LLDM y a Naasón Joaquín ante la FGR por lavado de dinero y evasión fiscal. La iglesia, aunque registrada como organización sin fines de lucro, ha realizado la compra de inmuebles, vehículos blindados, transferencias internacionales y manejado sumas millonarias no declaradas. Sin embargo, bajo la dirección de Pablo Gómez en la UIF las investigaciones fueron congeladas.

Existen denuncias formales ante la FGR por abuso sexual, entre ellas las presentadas por Sochil Martin y además se suma el reciente operativo llevado a cabo en Michoacán, donde la FGR detuvo a 38 personas en un predio donde se realizaban entrenamientos tácticos y militares. Las autoridades investigan asociación delictuosa y la posible existencia de una guardia armada interna de LLDM.

La gran pregunta: ¿qué va a hacer la presidenta con las pruebas, evidencias y la carpeta que se le entregó a ella y a la fiscalía?

Frente a las evidencias, la presidenta Claudia Sheinbaum guarda silencio o niega los hechos. Siendo que su partido mantiene una relación visible y directa con la cúpula de esta organización religiosa, resulta urgente que el Estado mexicano actúe con firmeza, aplique la ley y garantice justicia a las víctimas de esta red criminal disfrazada de religión.

X: @diaz_manuel

Desde las elecciones del Poder Judicial, Lenia Batres tenía intención de aparecer en las boletas con el apodo de “ministra del pueblo”, pero su petición fue rechazada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras las elecciones y asegurar un lugar en la nueva SCJN, Lenia Batres quiso registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo”, sin embargo, el IMPI rechazó su solicitud; esta fue la razón.

IMPI rechazó solicitud de Lenia Batres de registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo”; la razón

El IMPI rechazó la solicitud de Lenia Batres de registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo” tramitada bajo el expediente de 3273206, que ya había sido objetado por la Dirección Divisional de Marcas.

De acuerdo con el fallo del IMPI, aceptar la solicitud de Lenia Batres y registrar su apodo “ministra del pueblo” como marca “generaría una afectación indebida sin ninguna justificación jurídica”.

En su decisión, el IMPI argumentó que Lenia Batres no sería la única “ministra del pueblo” pues el resto de ministras y ministros también fueron electos por el pueblo de México en los comicios del pasado 1 de junio.

“La denominación propuesta no puede ser objeto de derecho al uso exclusivo para su explotación; ya que prohibiría a los demás prestadores de los mismos servicios el señalar que quien los presta son personas que tienen la misma condición de ser MINISTROS o MINISTRAS y que fueron elegidos o provienen por una decisión del PUEBLO, es decir, se generaría una afectación indebida a los y las otras ocho integrantes de la SCJN, sin ninguna justificación jurídica”.

IMPI

Lenia Batres quiso registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo”; IMPI la señaló como desleal

Asimismo, el IMPI dijo que negó la solicitud de Lenia Batres de registrar como marca el apodo de “ministra del pueblo” ya que la colocaría en una situación de ventaja, lo que sería una competencia desleal.

El cargo de ministra o ministro del pueblo no es de uso exclusivo, ya que es una “denominación que no tiene distintividad” y solo sirve para describir un tipo de servicio, argumento el IMPI.

Alrededor de 850 jueces y ciudadanos recordaron que desde febrero de 2025 solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo colectivo contra la reforma al Poder Judicial.

Estas personas reprochan a la SCJN el papel que tuvieron ante la reforma judicial y aseguran que decidieron omitir la revisión del amparo que obtuvieron y que declaraba inconstitucional esta reforma.

Cientos de personas acusan que SCJN “despreció” amparo colectivo ante reforma del Poder Judicial

Cientos de personas, entre ellos jueces, interpusieron un amparo colectivo para declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial, que consideran el mayor retroceso en la historia en esta materia.

El grupo de personas acusó que la SCJN, que hasta ahora encabeza Norma Lucía Piña Hernández, despreció el amparo que obtuvieron y decidió omitir la revisión de la orden que declaraba inconstitucional la reforma al Poder Judicial.

Asimismo, este grupo de ciudadanos y jueces recordaron que el amparo colectivo lo ganaron desde febrero de 2025 y solicitaron al pleno de la SCJN asumir la competencia, pero no tuvieron una respuesta.

“Hasta el 4 de junio, la presidencia de la Corte turnó indebidamente la petición a la Primera Sala cuando su conocimiento correspondía al pleno. Y el 11 de junio, en sesión privada, esa Sala la rechazó por unanimidad, al parecer, escudándose en tecnicismos y formalismos que ellos mismos fabricaron. Esa decisión no fue un descuido: fue una claudicación deliberada”.

Ciudadanos ante reforma judicial

Reforma Poder Judicial sigue sumando opositores: Cientos de personas acusan a ministros de traición

Ante el poco interés que tuvieron los ministros de la SCJN para revisar el amparo colectivo contra la reforma al Poder Judicial, cientos de personas los acusan de traición, pues no hicieron guardar lo que dicta la Constitución.

“Cuando más se requería de su valor, eligieron callar. Optaron por la omisión. Renunciaron a su deber histórico”.

Ciudadanos ante reforma judicial

De acuerdo con el grupo de personas, los ministros prefirieron protegerse de las presiones o de la posibilidad de perder su retiro, en vez de limitar el poder en “una de las etapas más oscuras de la vida democrática en México”.

“La sociedad no olvidará este agravio. No olvidará que la Corte, en el momento más importante desde 1917, eligió replegarse. Los ministros no serán recordados como jueces, sino como cómplices”.

Ciudadanos ante reforma judicial

Guadalupe Taddei precisó que no hay nada de qué avergonzarse por validar la elección judicial, pues fue el mismo INE que denunció las irregularidades en el 0.9 por ciento de las casillas.

“Somos nosotros mismos los que dijimos que existían, que estaban; y no es de sentirse avergonzado por hacer esto, al contrario, primera vez que desde el INE denunciamos abiertamente que hubo irregularidades”, dijo Taddei tras quejas.

Guadalupe Taddei del INE defendió la validación de las elecciones Poder Judicial 2025: Fue un proceso pulcro, asegura

En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei del INE defendió su voto y el de otros cinco consejeros por validar las elecciones del Poder Judicial 2025 a pesar de las quejas por el uso de acordeones que ‘benefició a candidatos’.

Martín Faz, también consejero del INE, expuso que en el 0.97 por ciento de casillas las irregularidades fueron absolutas, mientras que en la mitad de las casillas ganaron los candidatos que se indicaban en los acordeones.

Frente a esta situación, Guadalupe Taddei reconoció que, si bien existieron irregularidades en algunas casillas, el 99.9 por ciento del trabajo que se realizó en campo fue extremadamente pulcro, íntegro, limpio.

“Eso, así se tendría que recordar. Los que votamos a favor, por supuesto que estamos conscientes de que el 99.99 por ciento del trabajo que se realizó en campo es extremadamente pulcro, íntegro, limpio y es en apego a los principios rectores de la materia.

Guadalupe Taddei

“Quienes quisieron intervenir en las elecciones Poder Judicial 2025 no lo lograron”, dice el consejero Uuc-kib Espadas

Los dichos de Guadalupe Taddei del INE fueron respaldados por el consejero Uuc-kib Espadas, quien afirmó que el INE cumplió con “separar la paja del trigo”, pues quienes quisieron intervenir en la elección, no lo lograron.

“Nadie que se haya dedicado el domingo 1 de junio a tratar de alterar resultados de la elección se salió con la suya”, aseguró Uuc-kib Espadas, y añadió:

“Fue limpia en un 99 por ciento, no estamos ni de muy lejos acercándonos al 20 por ciento de casillas que podrían llevar a que el Tribunal anulara. Las actividades ilícitas en torno a la elección no lograron transferirse a las urnas y eso es lo que me parece relevante”

Guadalupe Taddei

En respaldo a Guadalupe Taddei, el consejero del INE dijo que, por votación unánime, hasta este momento han sido aprobadas como limpias el 99 por ciento de las casillas.

La decisión fue tomada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) bajo el argumento de que el nombre La Ministra del Pueblo es “susceptible de engañar al público” en las Elecciones que se celebrarán en 2025.

De acuerdo con lo informado, la Ministra afín a la Cuarta Transformación presentó la solicitud 3273206 para poder llevar dicho nombre, no obstante la Dirección División de Marcas del IMPI encontró que el registro era improcedente.

Lenia Batres no podrá llamarse la “Ministra del pueblo” rumbo a Elecciones Poder Judicial México 2025: IMPI le rechaza solicitud

Información revelada por El Universal indica que la Dirección División de Marcas del IMPI encontró un “impedimento legal” en el registro de Lenia Batres para poder hacerse llamar “ La Ministra del pueblo” en las elecciones del 2025.

La dependencia alegó que el nombre la Ministra del Pueblo es susceptible de engañar al público e inducir a error de cara al proceso electoral del Poder Judicial México, donde Lenia Batres buscará convertirse nuevamente en Ministra.

“Al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento legal al registro o publicación solicitado, lo siguiente: El signo propuesto no es susceptible de registro”, se indica en la resolución del IMPI.

“El signo solicitado es susceptible de engañar al público e inducir a error respecto de las características de este, toda vez que de acuerdo a los lineamientos legales antes señalados, los cargos públicos de las Ministras y Ministros de la SCJN, magistradas y magistrados de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito, únicamente se podrá obtener y ostentar por la elección popular que conforme a la normativa establecida realice y decida el pueblo de México”

IMPI

Lenia Batres quería llamarse “Ministra del pueblo”: Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial lo prohíbe

Sobre este intento de Lenia Batres para poder llamarse la “Ministra del Pueblo”, el IMPI también determinó que el registro no puede ser permitido debido a la prohibición prevista en los artículos 12, 173 fracción XV y 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

De igual forma, esta solicitud atenta en contra de lo establecido en:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

El Artículo 96 la Constitución establece que las candidatas a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía, lo que quiere decir que estos deberán postularse sin nombres que entorpezcan el proceso.

Por medio de un mensaje que compartió en X, el también senador integrante de la bancada del PT, se pronunció con respecto a las amenazas que hizo María de Jesús Marmolejo.

Al advertir que en su posición de presidente de la Mesa Directiva no puede tolerar los dichos de la legisladora del PAN, Noroña indicó que la denunciará ante la FGR.

Noroña no tolerará amenazas de María de Jesús Marmolejo; la va a denunciar ante la FGR

La amenaza que María de Jesús Marmolejo hizo en contra de los senadores de oposición que voten a favor de la reforma al Poder Judicial, no pasó desapercibida ante Gerardo Fernández Noroña.

A través de X, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores indicó que por su posición no tolerará las advertencias que hizo la senadora del PAN en torno a la reforma al Poder Judicial.

En consecuencia y al resaltar que es su deber garantizar la integridad de todos los integrantes de la Cámara de Senadores, Noroña indicó que presentará una denuncia contra la senadora del PAN.

Al respecto, Noroña apuntó que acudirá ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia correspondiente en contra de María de Jesús Marmolejo.

Lo anterior debido a que en un mensaje previo, el también senador integrante del grupo parlamentario del PT, sentenció que la amenaza de la legisladora panista es “gravísima y verdaderamente fascista”.

En mi condición de presidente de la mesa directiva del @senadomexicano presentaré una denuncia ante la @FGRMexico contra la legisladora Chuya Díaz. Es mi responsabilidad garantizar la integridad de cada integrante de la Cámara de Senadores. https://t.co/OmZd7HB5SV

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 7, 2024

Noroña advierte que María de Jesús Marmolejo convocó “al asesinato” con llamado

El pronunciamiento de Noroña sobre María de Jesús Marmolejo, se dio luego de que la senadora panista llamó a linchar a los senadores de oposición que voten a favor de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, María de Jesús Marmolejo sostuvo que las consecuencias que traería la reforma al Poder Judicial en México, obligan a realizar acciones anticipadas.

En ese sentido, la senadora del PAN hizo un llamado para que a la o el senador de oposición que no vote en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, “lo linchen al pendejo”

Fue ante dichas palabras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sostuvo que presentará una denuncia ante la FGR en contra de la legisladora federal.

Al insistir en la gravedad de las declaraciones, Noroña lamentó que “se llame a ejercer la violencia” y que incluso se “convoque al asesinato” con el llamado al linchamiento.

En ese sentido, Noroña calificó como totalmente irresponsable la declaración que la senadora del PAN por el estado de Aguascalientes hizo con respecto a la reforma al Poder Judicial.

Muy grave que desde la bancada de @AccionNacional se llame a ejercer la violencia contra algún legislador o legisladora. Mucho más grave aún el que convoque al asesinato, pues a eso equivale un linchamiento. Irresponsable declaración de Chuya Díaz. https://t.co/OmZd7HB5SV

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 7, 2024

Fue por medio de un video que Andrea Chávez respondió al llamado de advertencia que hizo María de Jesús Marmolejo contra los legisladores de oposición que voten a favor de la reforma en la Cámara de Senadores.

Pero, ¿qué dijo la senadora de Morena en torno a las amenazas que lanzó la senadora del PAN por Aguascalientes en torno a la reforma al Poder Judicial? Te contamos los detalles.

Esto dijo Andrea Chávez al responder a María de Jesús Maramolejo, senadora del PAN por Aguascalientes

En medio de las especulaciones sobre lo que pasará en la votación de la reforma al Poder Judicial, la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Marmolejo lanzó una grave amenaza.

Lo anterior debido a que la legisladora federal dijo que el senador de oposición que emita un voto a favor de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, “merecer ser linchado”.

Ante el pronunciamiento de María de Jesús Marmolejo, la senadora de Morena, Andrea Chávez, compartió un video en sus redes sociales, en el que respondió a las amenazas.

En el mensaje, Andrea Chávez cuestionó si es verdad que quienes por un lado piden un diálogo permanente, por otro llaman a linchar a los legisladores que voten a favor de la propuesta.

En el mismo sentido, lamentó que legisladores como la senadora del PAN por Aguascalientes, sean quienes se asumen como los “representantes de la la oposición responsable de México”.

Siguiendo con su respuesta, Andrea Chávez indicó que las palabras de María de Jesús Marmolejo generan un compromiso mayor de los senadores con el pueblo de México.

Así lo indicó al afirmar que una gran mayoría de ciudadanos está a favor de la iniciativa y queda en evidencia que quien divide y polariza a la sociedad es justamente la oposición.

Al concluir su respuesta, citó al cantautor cubano, Carlos Puebla, para recriminar el llamado a la violencia que lanzó la senadora del PAN, ante la falta de razón y de votos.

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María de Jesús Marmolejo dice que quienes voten a favor de la reforma al Poder Judicial merecen ser linchados

La respuesta de Andrea Chávez a María de Jesús Marmolejo, se dio luego de la senadora del PAN por Aguascalientes se lanzó en contra de la reforma al Poder Judicial.

Durante una conferencia de prensa desde el Comité Directivo del PAN en Aguascalientes, la legisladora federal elevó el trono de sus críticas en contra de la iniciativa.

En un video que circula en redes sociales, se escucha que María de Jesús Marmolejo señalando que las consecuencias de la reforma al Poder Judicial, merecen castigos anticipados.

Con respecto a ello, la legisladora federal apuntó que es adecuado que a la o el senador de oposición que no vote en contra de la iniciativa “lo linchen al pendejo”.

Al aclarar que sus dichos son en serio, insistió en que hay que castigar con “chingadazos y le den con todo” a quien vote a favor, pues lo que se necesita es “gente con decisión y firme”.

"Al güey que vote en contra lo linchen al pendejo...que lo agarren a chingadazos y le den con todo al güey que no vote en contra de esta Reforma": senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo de #Aguascalientes pic.twitter.com/IDePDZlS42

— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 7, 2024

Ayer jueves 5 de septiembre se llevó a cabo una protesta a favor de la reforma al Poder Judicial, la cual fue impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), así como de instituciones privadas.

Sin embargo, la protesta no solo con contó con la participación de estudiantes que gritaron consignas como “¡Poder Judicial, por voto popular”, “¡Reforma judicial, prioridad nacional!” “¡Fuera Piña, fuera Piña!” y “Poder Judicial, vergüenza nacional”, ya que las ministras de la SCJN, Lenia Batres y Loretta Ortiz, se sumaron al movimiento.

De acuerdo con información de La Jornada, Camilo Villareal, uno de los oradores que tomó la palabra en un templete, frente la SCJN declaró:

“Las condiciones inmejorables para que se produzca una reforma en el sistema de impartición de justicia nada tienen que ver con la voluntad de una sola persona; al contrario, son resultado de la decisión soberana que se expresó en las urnas para determinar las transformaciones que exige el país, transformaciones profundas, no simuladas, que como en otros momentos de nuestra historia producen mecánicamente la reacción de las élites conservadoras y antidemocráticas...”

Camilo Villarreal

Ministra Loretta Ortiz agradece a AMLO su nombramiento en la SCJN: “Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo

La ministra Loretta Ortiz se sumó a la protesta que a las afueras de la SCJN, la cual contó con la participación de estudiantes de universidades públicas y privadas. Desde dicho punto, la ministra recordó su condición de servidora pública y agradeció anticipadamente el voto de las personas.

La reforma al Poder Judicial, impulsada el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pretende modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular por un periodo de 12 años.

En ese contexto, esto dijo la ministra:

“Somos sus servidoras, estamos para servirles, esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia, solo para servirles, ese es mi mandato, y que lo quiero seguir guardando y respetando, y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto”

Loretta Ortiz

Además, destacó su militancia en Morena, partido del que fue fundadora, y agradeció su nombramiento como ministra de la SCJN al presidente López Obrador:

“Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena, y fui propuesta por el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) para ser ministra de la Suprema Corte, distinción que le agradezco infinito”

Loretta Ortiz

Ministra Lenia Batres durante protesta por la reforma al Poder Judicial en la SCJN: “Estamos viviendo un momento histórico”

La ministra Lenia Batres, quien también se sumó a la protesta a favor de la reforma al Poder Judicial afuera de la SCJN, afirmó “el Poder judicial no es propiedad de los jueces y ministros, el dueño es el pueblo”. En ese sentido, consideró histórica la discusión en torno a la iniciativa:

“Estamos viviendo un momento histórico, un fuerzo de transformación, en el que por primera vez se está cuestionando el origen, la composición y las finalidades del Poder Judicial en México”

Lenia Batres

Lenia Batres consideró que en el Poder Judicial predomina el racismos, el clasismo, el sexismo, así como “mucha parcialidad y con frecuencia de grandes actos de corrupción”, hecho por el que consideró urgente la reforma al Poder Judicial.

“Necesitamos jueces sensibles con los problemas de nuestra población. Necesitamos además que la gente pueda plantear esos problemas también en los juzgados, que ya no se reduzca a una pequeña parte de nuestra sociedad el acceso a la justicia, que no se reduzca a quien puede pagar abogados y a quien puede sostener juicio en las diversas instancias de nuestro país”

Lenia Batres

El paro nacional de los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial inició el pasado miércoles 21 de agosto desde las 00:00 horas en la que decidieron suspender labores administrativas de manera indefinida.

Por la protesta se dejaron casos inconclusos como el del ex procurador Murillo Karam, encargado de elaborar la “verdad histórica” del caso de desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.

Paro nacional del Poder Judicial “salva” a Jesús Murillo Karam de audiencia que podría condenarlo hasta 82 años de cárcel por caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam estaba a la espera de la audiencia en la que sería acusado formalmente por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia del caso Ayotzinapa, de los que solicitarían una condena de hasta 82 años de cárcel.

Pero el personal de Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) en el Reclusorio Norte se unió a este paro nacional y con ello un juez de control aplazó la audiencia de Murillo Karam con una nueva fecha.

Aunque por el momento no se sabe de una fecha exacta de cuándo podría ser esta nueva audiencia, todas las partes ya fueron avisadas del aplazamiento, mientras están a la espera de una nueva fecha.

Paro nacional del Poder Judicial “salva” a Jesús Murillo Karam y permanecerá en prisión domiciliaria por caso de los 43 de Ayotzinapa

Cabe recordar que Jesús Murillo Karam permanece bajo prisión domiciliaria desde el pasado viernes 12 de abril debido al cambio de medida cautelar en su caso.

Además esta es la cuarta ocasión en la que se aplaza esta audiencia en la que podrían condenar al ex procurador hasta 82 años de cárcel.

El cambio de medida cautelar se dio para poder resguardar el estado de salud de Murillo Karam, quien presentaba complicaciones por múltiples enfermedades que asegura tener.

Murillo Karam es investigado por el delito de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, uno de los presuntos criminales que participó en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Los audios corresponden a presiones que Carlos Alpízar, bajo las órdenes del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, realizó sobre el caso de Frida Martínez.

De acuerdo con lo expuesto, Frida Martínez Zamora, exsecretaria General de la Policía Federal, fue señalada en 2020 como la responsable de un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos (mdp).

El caso era atendido por el magistrado Alberto Roldán, quien fue presionado por Arturo Zaldívar, Carlos Alpízar y Constancio Carrasco para resolver la situación conforme a una línea dictada; sin embargo, al no hacerlo, fue cambiado de adscripción a Morelos, como castigo.

Los audios fueron revelados por N+, y en ellos se escucha a Carlos Alpízar dar instrucciones a Alberto Roldán por presunto encargo de Arturo Zaldívar.

Audios de Carlos Alpízar revelan extorsión a jueces

En el reportaje del medio señalado, se exhiben más de 3 audios en donde el secretario de Arturo Zaldívar, Carlos Alpízar, presiona a Alberto Roldán para resolver el caso de Frida Martínez, según le convenga al Poder Judicial.

En los audios, Alpízar, bajo presuntas órdenes de Arturo Zaldívar, pide a Roldán que los ayude a “sensibilizar” el caso de la agente de la Policía Federal, al tratarse de un “tema trascendental” para el PJF.

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente (de la SCJN), hemos debatido esto con el presidente. Traer muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá'. O sea, honestamente como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente (…)

Entonces no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución.”

Carlos Alpízar

Asimismo, se expuso que Alberto Roldán fue citado a comidas con Constancio Carrasco y reuniones en el piso 14 de la SCJNen donde el tema era la resolución del caso Frida Martínez.

Fueron 5 las reuniones en el inmueble de la SCJN, y en la primera de ellas, Roldán, advertido por jueces y magistrados, llevó una grabadora, misma que ingresó escondida, pues los celulares no eran permitidos.

En esa reunión, el secretario de Arturo Zaldívar inclusive afirmó que las reformas dependían de la resolución del caso, y apuntó que Roldán ya había recibido la orden de Carrasco de qué “línea” seguir.

“Que nos ayudes a ver cómo le podemos hacer.

Entiendo que Constancio (Magistrado Carrasco) ya más o menos te dio la línea de cómo poder hacerle.

Dependen las Reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea te lo digo de amigos y es un tema que dices tú “¿qué tiene que ver?”

Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional, entonces sí ayúdanos”.

Carlos Alpízar

Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar amenazaron a Alberto Roldán para resolución del caso Frida Martínez

Debido a la decisión de aplazar la respuesta al amparo del caso Frida Martínez, el magistrado Alberto Roldán recibió cada vez más presión por Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar.

En esta ocasión, se hicieron presentes las amenazas, en donde los altos funcionarios de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya involucraron a la familia del magistrado, pues su padre y hermana trabajaban en el Poder Judicial.

“Y ojalá como se lo dije al presidente y como ya te lo dijo Constancio, no haya una sorpresa negativa; al contrario, yo creo que hay una gran disposición como amigo de sumarse en este proyecto institucional.

Te lo reitero porque sí me lo dijo: ‘dile muy claramente, conozco muy bien a su padre, el señor Alejandro, que ya está a punto o ya está jubilado, ¿verdad? Yo lo conozco muy bien, he tenido algunas ahí comunicaciones de él’, de tu hermana que también está allá en Morelos, ‘conozco perfectamente bien cómo son una gran familia, que queremos ayudarla para que salga adelante’”.

Carlos Alpízar

Carlos Alpízar pidió al magistrado Roldán que le informara más sobre el caso de Frida Martínez, pues de esa forma ayudaría a Arturo Zaldívar a prevenir políticamente la situación, y brindar más soluciones alternas, de manera institucional y extraoficial.

“Porque sería muy lamentable que traigamos una idea y que viniera otra y que el presidente dijera ‘uta, me hubieran dicho para ver políticamente qué puedo hacer’. No sé, alguna solución alterna institucionalmente y extraoficialmente. Entonces sí nos ayudarías lo más que se pudiera saber”.

Carlos Alpízar

No obstante, tras reunirse con Arturo Zaldívar y Constancio Carrasco por última vez, y al no resolver el caso como le solicitaban, Alberto Roldán fue cambiado de adscripción a Morelia, en lo que él consideró un “castigo”.

Posteriormente, a dos meses de su salida, el amparo por el caso de Frida Martínez fue aceptado por un secretario del juzgado, quien negó la orden de aprehensión contra la acusada, misma que hasta el momento sigue prófuga de la justicia.

El 12 de abril de 2024, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ordenó iniciar una investigación en contra de Arturo Zaldívar por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

Expresamente, en el expediente de investigación J/108/2024, a Arturo Zaldívar se le acusa de:

“Vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”

Expediente

Según la investigación, Arturo Zaldívar habría ejercido presión sobre los titular de órganos jurisdiccionales por medio del secretario general de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar.

Sin embargo, el propio Arturo Zaldívar aseguró que la investigación es una “cacería de brujas” para desprestigiar a exfuncionarios del CJF, quienes llegaron a emitir resultados favorables hacia las políticas del presidente AMLO.

AMLO reacciona por investigación contra Arturo Zaldívar: “Tiene todo nuestro apoyo, respaldo, confianza”

AMLO habló de la investigación en contra de Arturo Zaldívar, con la cual la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, acusa al ministro en retiro de “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.

En primera instancia, un reportero cuestionó al presidente por sus declaraciones del 21 de febrero de 2024, con las cuales confirmó tener contacto con Arturo Zaldívar cuando su cargo era el de ministro presidente de la SCJN, pues aseguró que, en el presente, los jueces del Poder Judicial han ordenado la liberación de delincuentes:

“Pero cuando se deban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él, y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘cuidado con esto’, ‘si viene mal la averiguación’, porque el ministerio público en vez de poner que detuvieron a la persona a las nueve de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad”

AMLO

En ese sentido, AMLO aseguró hoy 15 de abril en su conferencia mañanera que esto no responde las características de un delito:

“¿Cuál es el delito? Si tiene que ver con la colaboración entre poderes cuando se trata de asuntos de Estado. Imagínense si no nos vamos a poner de acuerdo para ver lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Además es mucha hipocresía de los conservadores”

AMLO

“Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Zaldívar”, dijo el presidente sobre la investigación, y además manifestó su apoyo hacia el exministro:

“Tiene todo nuestro apoyo, respaldo, confianza. Lo considero un abogado integró, un ex miembro del Poder Judicial que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hablara del combate a la corrupción y el nepotismo, las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder que está casi en su totalidad podrido”

AMLO

“Es un linchamiento público, político en contra de Arturo Zaldívar”, aseguró López Obrador.

Arturo Zaldívar asegura que investigación impulsada por Norma Piña busca influir en las elecciones 2024

Arturo Zaldívar respondió ante la investigación en su contra, impulsada por Norma Piña en su carácter de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF); el ministro en retiro aseguró que esto es una “cacería de brujas” para influir en los resultados de las elecciones 2024.

“Es una cacería de brujas, una especie de inquisición, me parece muy grave además que se utilice los medios para tratar de desprestigiar, veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección y tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos que me parecen inadmisibles en un estado de derecho”

Arturo Zaldívar

El exministro dijo que existe preocupación de que se terminen los privilegios de los que goza el Poder Judicial, pues Morena pretende impulsar una reforma en ese sentido:

“Me parece muy muy grave que quien tendría que cuidar el estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma al Poder Judicial”

Arturo Zaldívar