La jueza a cargo modificó la medida cautelar en medio de presiones mediáticas, gestiones del gobierno de Estados Unidos por su doble nacionalidad y la intervención de Claudia Sheinbaum ante el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

El caso contra John Urich‑Sass sigue abierto y se mantiene bajo investigación judicial.

John Urich-Sass, heredero de BACO, fue liberado del Reclusorio Sur de la Ciudad de México

Se dio a conocer que John Urich-Sass de BACO y ciudadano estadounidense, fue liberado del Reclusorio Sur de la Ciudad por un caso de presunta administración fraudulenta derivado de un conflicto familiar.

Tras la modificación de la jueza quie modificó la medida cautelar, ahora enfrentará el proceso en libertad.

Esto en medio de disputas entre hermanos por supuestos desvíos de recursos y uso indebido de la marca.

Urich-Sass, accionista de la empresa mexicana de artículos escolares y de oficina fundada por su padre Horst Urich Sass, denunció desde prisión que el caso en su contra fue fabricado tras acusar a su hermano Edgar Urich Sass de desvíos de recursos y uso indebido de la marca BACO.

Por lo que ahora buscará reclamar su participación accionaria en BACO en medio de una disputa entre hermanos que ha escalado a niveles internacionales.

“El poder no se ejerce simplemente como una obligación o una prohibición, sino como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social”.

Michel Foucault

Hay coincidencias que enternecen. Por ejemplo: que el Estado mexicano descubra súbitamente la importancia de vigilar cuentas bancarias… justo cuando el investigado es incómodo. Nada personal, dirán. Es institucional.

Hay privilegios que no vienen en la Constitución, pero se ejercen con disciplina. Uno de ellos es decidir a quién investigar. Y en eso, la autodenominada Cuarta Transformación ha perfeccionado el método. Porque no, no se trata de persecución. Se trata de justicia… selectivamente eficiente.

El caso de Ricardo Salinas Pliego llega nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero conviene no distraerse: esto no va sobre él (o no solo sobre el empresario). Va sobre algo mucho más relevante —y mucho más peligroso—: hasta dónde puede el Estado meterse en tu vida financiera… Sin pagar costo político.

La respuesta oficial, por supuesto, es impecable. Combatir la corrupción. Frenar el lavado de dinero. Garantizar la justicia fiscal. ¿Quién podría oponerse a eso? Nadie. Ese es justamente el punto.

Porque el problema nunca es el objetivo. Es el instrumento… y quién decide cuándo y por qué razones activarlo. En México, la ley suele ser ciega, pero tiene un olfato político extraordinario. Detecta enemigos con precisión quirúrgica. Y actúa en consecuencia. Todo un sabueso.

Primero viene el señalamiento desde el poder. Luego, casualmente, la maquinaria institucional se pone en marcha.

Pero insistirán: es mera coincidencia. Como también es coincidencia que la Unidad de Inteligencia Financiera despliegue una eficacia admirable cuando se trata de ciertos perfiles —magnates incómodos, voces críticas, adversarios electorales— mientras que, hacia dentro del régimen, la vista se vuelve selectivamente borrosa. Todo un fenómeno digno de estudio clínico.

La discusión en la Corte no es técnica, aunque se disfrace de tal. Es profundamente política. Porque lo que está en juego no es solo si la UIF puede acceder a información bancaria, sino con qué límites… o con qué pretextos.

Y ahí es donde el discurso anticorrupción empieza a mutar de herramienta de justicia a instrumento de control. Es tan simple que hasta un egresado de la nueva escuela mexicana puede entenderlo: cuando el Estado acumula facultades intrusivas sin contrapesos sólidos, deja de ser árbitro y se convierte en jugador. Uno que, además, decide a quién marcarle falta. Spoiler: nunca es al equipo propio.

Tenemos, entonces, que la ingenuidad se vuelve cómplice. Pensar que estas herramientas se usarán de manera neutral en un país con instituciones erosionadas es casi un acto de fe. O de humor negro.

¿Cuántas veces hay que decirlo? México no tiene un problema de falta de leyes. Tiene un problema de aplicación selectiva.

Y eso cambia todo. Hoy es Salinas Pliego, útil como villano perfecto. Mañana puede ser un medio incómodo. Pasado, cualquier profesionista que haya decidido hablar de más. No por delito probado, sino por sospecha útil.

Así funcionan los sistemas que aprenden a castigar la disidencia bajo apariencia de legalidad. No necesitan declarar el autoritarismo. Les basta con administrarlo.

¿El que nada debe, nada teme? Nahhh… La realidad suele ser más precisa: el que incomoda, preocupa; y el que preocupa, que se preocupe.

Y cuando preocupar al poder se convierte en criterio implícito de vigilancia, la legalidad deja de ser garantía y empieza a ser pretexto. Puritito pretexto.

Pero no exageremos. Aquí no pasa nada. Todo es institucional, transparente, democrático. Tan democrático que el poder no solo gobierna: también investiga, acusa… y decide a quién mirar.

El resto, por supuesto, puede dormir tranquilo. Mientras no ronque ni haga ruido.

Porque en la nueva pedagogía del poder, el mensaje no es “cumple la ley”. Es mucho más sencillo: No incomodes. No se te vaya a ocurrir hacerlo.

El derecho insiste en narrarse como el gran árbitro de la vida social: un sistema racional de normas generales que ordena la convivencia y garantiza la justicia. Bajo esa misma lógica, el poder judicial se presenta como su intérprete imparcial, un órgano técnico que simplemente interpreta y aplica la ley. Pero esa imagen, lejos de describir la realidad, constituye una de las ficciones más eficaces para sostener el orden existente.

Como señaló Pierre Bourdieu, el poder más profundo es aquel que logra ocultarse tras la apariencia de legitimidad. El derecho no solo organiza conductas: produce una visión del mundo que se impone como natural. Y en ese proceso, lo que se presenta como neutralidad no es más que la forma más refinada de dominación.

Cuando un conflicto social entra al campo jurídico, no encuentra justicia: encuentra traducción. La desigualdad se convierte en contrato, el despojo en propiedad, la violencia estructural en legalidad. El lenguaje jurídico no describe la realidad; la distorsiona bajo categorías que excluyen todo aquello que no puede ser procesado técnicamente: lo que queda fuera simplemente deja de existir.

En ese universo cerrado, el juez no aplica la ley: la recrea. Cada sentencia no es el descubrimiento de una verdad, sino la imposición de una versión autorizada de los hechos. Sin embargo, esa imposición se reviste de solemnidad, de procedimiento, de técnica. La toga, el lenguaje encriptado, la liturgia judicial no son ornamentos: son dispositivos que producen obediencia.

Aquí la violencia ya no necesita mostrarse. Como advertiría Michel Foucault, el poder más eficaz es el que se ejerce sin ser reconocido como tal. Las personas acatan decisiones que no comprenden, aceptan categorías que las subordinan y terminan reconociendo como justo aquello que las perjudica. No hay imposición visible; hay interiorización.

La promesa de igualdad ante la ley completa el cuadro. Formalmente, todos son iguales. En la práctica, esa igualdad es una ilusión que encubre profundas asimetrías: quien tiene recursos accede a defensa, quien no los tiene se enfrenta a un sistema opaco y distante. Pero el derecho no corrige esa desigualdad: la traduce en términos jurídicos y la legitima.

El principio de que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento revela con crudeza esta lógica. Se exige a todos conocer un sistema que, por su complejidad, está diseñado para no ser comprendido por la mayoría. La responsabilidad se desplaza así hacia el individuo, mientras el sistema permanece incuestionado. No es un principio de justicia; es un mecanismo de disciplinamiento.

La llamada neutralidad judicial cumple entonces una función decisiva: impedir que el poder se reconozca como poder. Si los jueces son neutrales, sus decisiones no son políticas. Si el derecho es imparcial, las desigualdades no son estructurales. Todo queda reducido a casos aislados, a errores corregibles, a desviaciones menores; así el sistema, en su conjunto, permanece intacto.

Pero la realidad es más áspera: el derecho no es un árbitro, sino un campo de lucha donde unos tienen la capacidad de imponer su visión del mundo sobre otros. La neutralidad no es una virtud; es el velo que oculta esa imposición.

En este contexto, hablar de democratizar el derecho puede resultar incluso ingenuo. Mientras su lenguaje siga siendo excluyente, mientras sus operadores concentren el monopolio de la interpretación y mientras sus decisiones se revistan de una autoridad incuestionable, la justicia seguirá operando como una promesa vacía para la mayoría.

Desenmascarar la neutralidad no transforma automáticamente el sistema, pero sí destruye su coartada más poderosa. Y lo que queda al descubierto es incómodo: un orden jurídico que no descansa en la igualdad ni en la comprensión, sino en la aceptación forzada de una realidad que otros han definido: el derecho no fracasa en ser neutral, nunca lo ha sido.

En X: @RubenIslas3

“Le pedimos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso para poder tomar una opinión”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 31 de marzo de 2026, la presidenta de México llamó a evitar juicios anticipados y subrayó la importancia de conocer todas las versiones, ante denuncias de presunta corrupción en el sistema judicial.

El caso en manos del TSJCDMX ha generado interés internacional debido a que Urich-Sass también cuenta con ciudadanía estadounidense.

Claudia Sheinbaum se pronuncia por caso de John Urich-Sass de Baco detenido en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el caso del empresario John Urich-Sass de la empresa Baco, y durante su posicionamiento, la mandataria llamó a evitar juicios anticipados ante las denuncias de la defensa.

Especialmente porque en él se señalan presuntos actos de corrupción dentro del sistema judicial de la Ciudad de México.

Por lo que Sheinbaum enfatizó que es fundamental conocer todas las versiones antes de emitir una postura definitiva sobre el caso.

“Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porque la defensa evidentemente para defender a su cliente, a la persona, va a defenderlo. Entonces hay que escuchar la otra versión.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tribunal debe aclarar el caso: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) explicar públicamente las razones de la detención del empresario John Urich-Sass de Baco.

Asimismo, la mandataria subrayó que cualquier acusación de corrupción debe sustentarse con pruebas y no solo en señalamientos.

“Vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porqué esta persona está detenida, porque probablemente él denuncia que hay corrupción, bueno pues tiene que demostrarse. No lo podemos tomar de antemano como que es así, hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El caso de John Urich-Sass de la empresa de útiles Baco, ha generado interés fuera del país debido a que tiene ciudadanía estadounidense, lo que ha aumentado la presión para que haya transparencia en el proceso.

Ante esto, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de que las autoridades judiciales informen con claridad para garantizar certeza en este caso John Urich-Sass que continúa bajo escrutinio público.

La jueza realizó campaña con la promesa de defender los derechos de las mujeres y compartió que, como abogada se ha dedicado a defender a víctimas de violencia sexual.

Sin embargo, recientemente se le ha señalado por ordenar la liberación del feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos de la jueza Amarande Riojas Orozco, como:

• ¿Quién es Amarande Riojas Orozco?
• ¿Cuántos años tiene Amarande Riojas Orozco?
• ¿Cuál es el signo zodiacal de Amarande Riojas Orozco?
• ¿Amarande Riojas Orozco tiene esposo?
• ¿Amarande Riojas Orozco tiene hijos?
• ¿Qué estudió Amarande Riojas Orozco?
• ¿Cuál es la trayectoria de Amarande Riojas Orozco? y más

¿Quién es Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas, cuyo nombre completo es Aneshuarely Amarande Riojas Orozco jjueza 15 de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación desde el 1 de septiembre de 2025

De acuerdo con la jueza, se ha dedicado al activismo por los derechos de la mujer, así como contra la corrupción.

¿Cuántos años tiene Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas Orozco nació el 4 de febrero de 1992, por lo que actualmente tiene 34 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Amarande Riojas Orozco?

Ya que el cumpleaños de Amarande Riojas Orozco es el 4 de febrero, la jueza 15 de Distrito en Materia Penal nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

¿Amarande Riojas Orozco tiene esposo?

Sí, Amarande Riojas Orozco tiene esposo, se trata de Diego Eduardo Castañón Chávez, actual Secretario Auxiliar de Ponencia del ministro Arístides Guerrero en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Previo a ello fue Secretario Auxiliar de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

¿Amarande Riojas Orozco tiene hijos?

Sí, Amarande Riojas Orozco tiene un hijo con su esposo, se trata de un bebé nacido a finales de 2025.

¿Qué estudió Amarande Riojas Orozco?

Amarande Riojas Osrosco tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, de la que obtuvo su cédula profesional en 2018.

Además de una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la misma universidad que culminó en 2022.

También cuenta con un diplomado en Reconstrucción Craneofacial en el Colegio Nacional de Criminología y Ciencias Forenses A.C y el Colegio de Tecnología y Prótesis Dental de 2010.

¿Cuál es la trayectoria de Amarande Riojas Orozco? y más

Amarande Riojas Orozco, jueza 15 de Distrito en Materia Penal en la CDMX se ha desempeñado la mayor parte de su carrera como abogada penalista independiente.

De acuerdo con su cv compartido para su candidatura en las elecciones del Poder Judicial, se a desempeñado como:

• socia fundadora de Riojas Orozco Castañón y Asociados (ROCA) desde 2022
• abogada penalista externa en León, Guanajuato para el Corporativo Rodríguez Terrón y asociados, de 2019 a 2020
• socia de la empresa Stardust Corporación para el análisis de información, Inteligencia Artificial (IA) y Big Data, de 2016 a 2024
• Abogada penalista de Carrillo y Gutiérrez del Río abogados y asociados, de 2014 a 2017

Señalan a jueza Amarande Riojas por liberar a feminicida de Maciel Sánchez

La jueza Amarande Riojas Orozco fue señalada por la hija de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo por ordenar la liberación del feminicida de su mamá, quién recibió prisión preventiva en 2024, a 4 años del feminicidio.

Austria, hija de Maciel Sánchez, señaló que, a pesar de haber prometido brindar justicia para la mujeres, no lo ha cumplido con liberar al feminicida de su mamá y ponerla a ella y su hermano en riesgo.

Luego de que Austria llamara a “no dejarla sola”, usuarios de redes sociales comenzaron a reclamar justicia para Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo y le reclaman no trabajar por la verdad en este caso.

Y cuando esto ocurre en la esfera pública, no es un hecho aislado: es una señal. Si un caso así emerge en el ámbito político, con visibilidad, recursos y defensa, cabe preguntarse qué ocurre todos los días en otros espacios menos visibles: en lo familiar, lo civil, lo mercantil. Este caso no es la excepción; es el reflejo de una práctica que, aunque pocas veces se reconoce abiertamente, sí existe y genera costos humanos e institucionales que no podemos seguir ignorando.

Las falsas denuncias por violencia de género han sido estimadas entre el 2% y el 10% en distintos estudios. Para algunos, eso basta para desestimar el problema. Pero ese argumento parte de una premisa débil: que el fenómeno no ha cambiado. Hoy el contexto es otro. Existen más incentivos para denunciar sin sustento, menos consecuencias para quien miente y una exposición mediática que amplifica el uso estratégico de la denuncia. A ello se suman políticas ministeriales y criminológicas que, en algunos casos, miden el “éxito” institucional por el aumento en el número de denuncias o en la apertura de carpetas de investigación, como si ese dato por sí mismo reflejara mejores resultados. No necesariamente es así. Lo sabemos bien. Incrementar registros no equivale a mejorar la justicia, y menos aún cuando no se distingue entre denuncias fundadas e infundadas. Es, en realidad, un efecto autoinmune institucional: un sistema que, al incentivarse mal, termina afectando su propia credibilidad y debilitando la confianza pública que le da sustento. Además, buena parte de estos casos nunca se contabiliza: no llegan a sentencia, no se investigan como falsos y, en muchos casos, quienes son absueltos prefieren no volver a enfrentar el desgaste de un proceso. Lo que se mide mal, se incentiva peor.

El derecho penal mexicano no es omiso. Existen figuras que sancionan la falsedad ante autoridades, la simulación de pruebas y la imputación indebida. No son normas decorativas: están diseñadas para evitar que el proceso se distorsione. Pero cuando no se aplican con la misma firmeza con la que se persiguen otros delitos, o no se impulsan desde la política criminal, se genera un desequilibrio.

Denunciar la falsedad no es revancha. Es defensa institucional. Es reconocer que el daño de una acusación infundada también merece respuesta. Porque nadie debería enfrentar un proceso, medidas restrictivas o un deterioro reputacional sin razón.

Además, hay un impacto colectivo. Las denuncias falsas no solo afectan a quien las padece: consumen recursos públicos, saturan a las fiscalías y retrasan la atención de víctimas reales. Cada caso sin sustento desplaza a otro que sí requiere justicia.

Pero el punto más delicado es la confianza. La justicia funciona como una válvula de presión social. Es el espacio donde las personas canalizan conflictos bajo reglas comunes. Si ese espacio puede manipularse —por venganza, estrategia o irresponsabilidad—, deja de ser confiable. Y cuando la justicia deja de ser confiable, la democracia se debilita. La discusión no debe quedarse en si los jueces se eligen o no: esa realidad ya está.

El verdadero reto es cómo fortalecer el sistema desde dentro.

Empoderar a quienes lo usan —denunciando delitos, pero también abusos como las denuncias falsas— es parte de esa ruta.

No es un acto individual, es corresponsabilidad democrática. Así se construye legitimidad real, no solo diseño institucional. Denunciar la mentira no es odiar. No es vengarse. Es creer en la justicia lo suficiente como para no permitir que se degrade.

Es, en el fondo, una forma de responsabilidad pública.

Y en una democracia, eso también es hacer lo correcto.

El argumento esgrimido por el Tribunal y el oficialismo fue de que cada uno de los partidos en cuestión (Morena, Verde y PT) eran justo eso: partidos. En otras palabras, han siempre argumentado que la lectura del 54 constitucional fue prístino e incuestionable.

Esta justificación ha venido a reforzarse con la ruptura del PT con Morena en el contexto de las discusiones del Plan B. Como se sabe, ese partido rémora, por motivos que hoy son tema de debate en la opinión pública, optó por votar en contra de ciertos elementos del plan de Sheinbaum, como la inclusión de la revocación de mandato en el día de la jornada electoral del año que viene.

¿Ya ven como sí somos partidos políticos distintos y por lo tanto se ha caído el argumento de los constitucionalistas que aseguraban que “partido” y “coalición” son conceptos distintos? Será, sin duda, la frase prefabricada en boca de individuos como Arturo Ávila. Parece, en principio, una línea argumentativa poderosa.

Sin embargo, lo que los voceros del oficialismo no señalarán fue que la alianza Morena-PT-Verde no ha sido solo de carácter legislativo, es decir, limitado a los momentos de votación en el Congreso, sino también electoral. Los tres partidos, a lo largo de la campaña de 2024, se vendieron diariamente como miembros de un solo movimiento. ¡PT, PT, es la 4T! se escuchaba todos los días en los spots de televisión.

Conviene marcar las diferencias entre esta coalición electoral y la alianza legislativa del Pacto por México en 2013. A diferencia de la de 2024, PRI, PAN y PRD ganaron por su cuenta en las elecciones de 2012. Fue a través de la negociación política del gobierno de Peña lo que hizo posible el alineamiento de las tres fuerzas. Muy distinto.

Lo que ha sucedido estos días en el Congreso ha sido una ruptura como suele ocurrir en el seno de los partidos políticos. Así como los legisladores del PT han optado por dejar solo a Morena en el Plan B, el PAN, PRI o Morena pueden encontrarse con diferencias en el interior de las mismas siglas.

En suma, los mexicanos no deben dejarse engañar con el argumento de que las diferencias entre Morena y PT han sepultado el hecho documentado, y verificado por expertos en derecho constitucional, de que el Tribunal Electoral operó un fraude a la carta magna mediante una interpretación amañada del 54 constitucional.

Y como corolario, el Plan B ha echado a un lado cualquier idea de reforma que impidiese que una fuerza política obtenga un número de escaños o curules que no se les han concedidos en las urnas. Así no son las democracias.

Por ello, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que quedara claro que el Estado mexicano no permitiría una revisión en el derecho interno, señaló el abogado.

Asimismo, destacó que la CIDH fijó un plazo de 4 meses improrrogables para que el gobierno de México presente sus observaciones; además de valorar dar trámite prioritario a la petición de los juzgadores.

Las 5 implicaciones de la reforma judicial en México que CIDH evalúa a petición de juzgadores

Luego de que la CIDH remitiera al Estado mexicano la petición de medidas cautelares contra la reforma judicial en México ante el llamado de 65 juzgadores y juzgadoras en por la violaciones a sus derechos humanos.

El proceso ante la CIDH podría tener efectos en la imagen internacional de México, su marco jurídico y la estabilidad de su sistema judicial, señaló el abogado Zamir Andrés Fajardo Morales.

En este sentido, existen 5 implicaciones para la reforma judicial y el Estado mexicano en el marco de los Derechos Humanos. Estas son:

1. Plazo límite: El Estado mexicano debe responder a la petición en un plazo máximo de 4 meses sin posibilidad de prórroga.
2. Riesgo de condena internacional: México enfrenta posibles condenas por su estabilidad judicial ante posibles violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
3. Pérdida de experiencia judicial: La reconfiguración del sistema judicial implicaría una ruptura en la carrera judicial y una posible pérdida de conocimiento técnico con la salida de los juzgadores experimentados.
4. Señalamientos sobre la calidad democrática: Cuestionamientos sobre la calidad democrática de México, con posibles riesgos de retroceso institucional vinculados a la reforma judicial.
5. Limitaciones en la vía interna: Con los cambios legales, existen menos mecanismos internos para impugnar la reforma judicial, lo que ha llevado el caso a instancias internacionales.

CIDH podría resolver admisibilidad y fondo petición de juzgadores por reforma judicial en México

Zamir Andrés Fajardo Morales señaló que se abrió la puerta a las instancias internacionales ante la falta de mecanismos internos para resolver las peticiones de los juzgadores respecto a la aplicación de la reforma judicial.

Asimismo, destacó que la CIDH, ante la relevancia del caso, podría no sólo resolver la admisibilidad de la petición presentada por 65 juzgadores y juzgadoras, sino resolver el fondo en un mismo informe.

Con ello, el proceso internacional se aceleraría pues, de acuerdo con el reglamentos de la comisión, cuando la violaciones al acceso de justicia están relacionadas con el fondo del caso, le corresponde resolver ambos casos de manera simultánea.

El debate sobre la primacía entre el derecho y la política no es una cuestión meramente académica, sino el núcleo mismo de la organización social. En él, se define el origen de la obediencia, la legitimidad del poder y la forma en que se estructura la vida colectiva. Lejos de las visiones idealizadas del liberalismo, el poder político no es accidental ni reducible a fuerza bruta: es la forma más sofisticada de racionalización del poder: la política es el hecho originario, la actividad que organiza el mando, define antagonismos y establece un horizonte común. El derecho, por su parte, surge como una tecnología de legitimación que permite estabilizar ese poder y proyectarlo en el tiempo.

El derecho no es neutral ni autónomo, es producto de relaciones de poder que, lejos de limitarse a prohibir, producen realidad: generan saberes, fijan verdades y estructuran la vida social mediante normas obligatorias. Cada disposición jurídica es, en el fondo, la cristalización de decisiones políticas que han logrado imponerse históricamente. No hay norma inocente: toda ley es la huella de una correlación de fuerzas.

Sin embargo, esta relación ha sido sistemáticamente oscurecida por corrientes contemporáneas como el neoconstitucionalismo. Al presentar la Constitución como un catálogo de principios morales universales, se le despoja de su carácter histórico y conflictivo. Esta operación convierte al derecho en una estructura aparentemente técnica y neutral, desligada de las luchas que le dieron origen. Así, cada norma se presenta como producto de la razón, cuando en realidad es resultado de conflictos sociales concretos.

El efecto de esta deshistorización es la construcción de un “presente perpetuo” donde el orden vigente aparece como natural e incuestionable. El derecho deja de ser un campo de disputa para convertirse en un marco cerrado, protegido por el lenguaje técnico. De esta forma, el neoconstitucionalismo no solo interpreta la realidad: la estabiliza en favor del statu quo, bloqueando su transformación política.

Desde el realismo político, esta visión resulta insostenible. La Constitución no puede entenderse como una simple ley suprema ni como un acuerdo racional entre iguales; es, ante todo, un documento político. No surge del consenso ideal, sino de rupturas históricas: revoluciones, reformas o procesos de imposición que establecen una nueva correlación de fuerzas. En esencia, es el estatuto de una victoria, la formalización de una hegemonía que logra presentarse como interés general.

Por ello, la validez del orden jurídico no descansa únicamente en su coherencia normativa, sino en la decisión política que le da origen. Toda norma expresa una voluntad que se ha impuesto y que busca perpetuarse mediante formas jurídicas: separar el derecho de la política no lo purifica, lo vacía.

La despolitización del derecho ha propiciado el surgimiento de una élite judicial que, bajo el lenguaje de la técnica, ejerce un poder creciente. Conceptos como la ponderación o la razonabilidad han legitimado la intervención judicial en decisiones que corresponden al ámbito político. Esto ha derivado en una forma de gobierno de los jueces, donde la interpretación jurídica se convierte en un mecanismo para corregir o limitar la voluntad popular.

En América Latina, este fenómeno ha sido identificado como “lawfare”: el uso del derecho como herramienta de confrontación política. Aunque se presenta como neutral, el discurso jurídico encubre decisiones profundamente políticas. Las sentencias no son simples aplicaciones técnicas, sino actos de poder que influyen directamente en la configuración del orden social y en la preservación de determinados intereses.

Reconocer que el derecho es un instrumento del poder no implica degradarlo, sino comprenderlo. La genealogía del derecho permite revelar las relaciones de fuerza que lo constituyen y desmontar la ficción de su neutralidad. El derecho no limita al poder: lo organiza, lo legitima y lo hace operativo. La idea de que es un freno externo al poder es, en gran medida, una construcción ideológica.

Esto no implica prescindir del derecho. Su función es indispensable para la estabilidad social, pero su legitimidad no proviene de una racionalidad abstracta, sino de su capacidad para expresar una realidad histórica concreta. Cuando se desvincula de ella, se vuelve vacío; cuando la política prescinde del derecho, deriva en arbitrariedad. La tensión entre ambos no elimina la primacía de lo político, pero sí revela su interdependencia.

La historia es clave para entender esta relación. Cada orden jurídico es el resultado de una lucha que ha logrado inscribirse en la norma. Olvidar esa dimensión implica despojar a la sociedad de su memoria y naturalizar un orden que es, en realidad, contingente y transformable. Reivindicar la centralidad de la Política no significa negar el valor del derecho, sino ubicarlo en su justa dimensión: la forma racionalizada del poder, el lenguaje mediante el cual se presenta como legítimo. Pero es una construcción histórica y, por tanto, susceptible de transformación.

En conclusión, la primacía corresponde a la política, en tanto es la única capaz de crear, transformar o destruir el orden jurídico. El derecho no es el límite del poder, sino su forma más elaborada. Solo al reconocer esta relación es posible construir un orden jurídico que no funcione como instrumento de dominación encubierta, sino como expresión consciente de una voluntad colectiva soberana.

@RubenIslas3

Los cobradores, en su afán por recuperar el dinero, suelen utilizar un abanico de amenazas que buscan generar miedo y presión. A continuación, desglosamos las más comunes:

1. Amenazas de acciones legales inexistentes o exageradas:

* Embargo de bienes: esta es, quizás, la amenaza más recurrente. Le dirán que si no paga de inmediato, un juez ordenará el embargo de su casa, coche, salario o cualquier otra posesión. La realidad es que un embargo no puede ser ejecutado sin una orden judicial previa, que a su vez requiere un proceso legal formal. Un cobrador no puede simplemente “ordenar” un embargo.

* Demandas judiciales falsas: le informarán que ya tienen una demanda lista para ser presentada o que ya fue interpuesta, y que usted será notificado en su domicilio por un actuario. Muchas veces, estas demandas no existen o son solo una táctica para asustar.

* Cárcel por deuda: esta es una de las amenazas más graves y, en países como México, completamente inconstitucional. La prisión por deudas de carácter civil está prohibida. Ningún cobrador puede enviarlo a la cárcel por no pagar una tarjeta de crédito, un préstamo personal o cualquier otra deuda de este tipo.

2. Amenazas de afectación a su historial crediticio y reputación:

* Destrucción total de su historial crediticio: aunque es cierto que el impago afecta su historial en el buró de crédito o círculo de crédito, los cobradores a menudo exageran las consecuencias, haciendo creer que jamás podrá obtener un crédito de nuevo o que será “fichado” de por vida. La realidad es que, con el tiempo y una buena estrategia, es posible recuperar la salud financiera.

* Publicación de su nombre como deudor: amenazan con hacer público su nombre en listas de morosos, periódicos o redes sociales. Esta práctica es ilegal y atenta contra su privacidad.

* Notificación a familiares, vecinos o empleadores: Le dirán que informarán a sus allegados o a su lugar de trabajo sobre su deuda. Esto no solo es una violación a su privacidad, sino que también puede constituir acoso.

3. Amenazas de visitas domiciliarias o laborales con fines de intimidación:

* Visitas “sorpresa” al domicilio o trabajo: aseguran que enviarán personal a su casa o a su empleo para “negociar” el pago o para “recoger” bienes. Si bien las visitas domiciliarias no son ilegales per se, su propósito debe ser meramente informativo y no intimidatorio. Cualquier intento de entrar a su propiedad sin consentimiento o de acosar en su lugar de trabajo es inaceptable.

* Uso de lenguaje agresivo y descalificaciones: los cobradores pueden recurrir a insultos, gritos o comentarios denigrantes sobre su persona o su situación económica. Esto es una falta de respeto y un claro abuso.

4. Amenazas de cargos o intereses adicionales exorbitantes:

* Incremento desmedido de la deuda: le dirán que si no paga en un plazo muy corto, la deuda crecerá exponencialmente con intereses moratorios, comisiones y gastos de cobranza que la harán impagable. Si bien los intereses pueden aumentar, a menudo inflan las cifras para generar pánico.

* Cargos por “gastos de cobranza” no estipulados: inventan cargos adicionales que no están contemplados en su contrato original, buscando aumentar el monto a pagar.

Es crucial entender que estas amenazas son herramientas de presión. Su objetivo es que usted, por miedo, pague de inmediato sin cuestionar la legalidad o la veracidad de lo que se le dice. No se deje intimidar.

En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, creemos firmemente que nadie debería vivir bajo el yugo de la intimidación. Si usted está experimentando alguna de estas amenazas, o cualquier otra forma de acoso por parte de un cobrador, es vital que actúe. Documente cada llamada, mensaje o visita: fechas, horas, nombres de los cobradores, nombres de los despachos y el contenido exacto de las amenazas.

Lo más importante es que sepa que no está solo. Le recomendamos encarecidamente que se acerque a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor. Nuestros expertos están listos para brindarle la asesoría necesaria, explicarle sus derechos y ayudarle a trazar una estrategia para enfrentar estas situaciones de manera efectiva y legal. Además, no dude en reportar estas prácticas ante las autoridades competentes, como la CONDUSEF en México, para que se tomen las medidas correspondientes. Su tranquilidad y su defensa son nuestra prioridad.

El desmantelamiento del espejismo

Durante siglos, el pensamiento jurídico ha intentado dotar a la existencia humana de un aura de necesidad. Se ha predicado el “derecho a la vida” como una verdad absoluta, grabada en el tejido mismo de la naturaleza o dictada por una razón universal. Sin embargo, al observar el fenómeno desde la frialdad de la lógica y la escala del cosmos, esa estructura se desmorona. Lo que queda no es un derecho, sino un hecho bruto; no es una esencia, sino una invención.

La vida como hecho contingente

La vida no es un derecho; es una contingencia. Es un suceso biológico, una anomalía de la materia que ocurre en un rincón insignificante del sistema solar. En su estado puro, la vida es muda, amoral y carente de propósito. No existe en el universo una “oficina de garantías” que asegure la permanencia del ser. Un rayo, un virus o el colapso de una estrella son eventos que extinguen la vida sin violar ley alguna, simplemente operando en el plano de lo que es.

La contingencia implica que la vida puede ser o no ser. Tratarla como un “derecho” es incurrir en un error de categoría: se intenta otorgar un poder jurídico (un ius) a un proceso metabólico (un factum) que no reconoce soberanía alguna.

La vida humana: el escenario de la tragedia

Si la vida es el hecho, la “vida humana” es el constructo. Lo “humano” es una etiqueta, una categoría creada por esos mismos sujetos que, atrapados en la conciencia de su propia finitud, necesitaron inventarse un nombre para diferenciarse del silencio mineral del cosmos.

Esta invención es trágica por definición. Al inventar el conocimiento, el hombre no descubrió su grandeza, sino su pequeñez. Somos Sísifos conscientes: cargamos con la piedra de la identidad mientras observamos cómo la inmensidad nos ignora. La vida humana es la invención de los hombres, el relato que intentamos sostener frente al vacío.

La falacia del derecho natural

En este escenario, la teoría de los derechos humanos se revela como una falacia necesaria, pero fatua. La moralidad no se descubre en las estrellas ni en el ADN; se inventa, se crea y se impone como una tecnología social para sobrevivir a la propia agresividad de la especie. El concepto de “derecho natural” es una contradicción: la naturaleza no legisla, solo acontece. Los derechos humanos no son verdades preexistentes, sino acuerdos de convivencia en el vacío, sostenidos por la arrogancia de creer que nuestra voz tiene eco en el cosmos.

El derrumbe de la teoría jurídica

La conclusión es demoledora para la ciencia del derecho: la vida no puede ser un derecho porque es la condición de posibilidad de los mismos. Toda la teoría jurídica del “derecho a la vida” se derrumba por su propia base lógica. La vida humana no es algo que se posea por derecho; es el espacio inevitable en el que los humanos, una vez que existimos, nos vemos obligados a crear la moral y los derechos. Los derechos humanos no son leyes del ser, sino la inversión humana puesta sobre el hecho de la contingencia.

Al reconocer que nosotros somos los únicos autores de esta moral, nos quitamos el carácter antropocéntrico fatuo y arrogante. No somos sujetos de un derecho universal; somos inventores de una ficción protectora. El edificio jurídico no está anclado a nada; flota sobre la decisión humana de seguir llamando “derecho” a lo que es solo un deseo de permanencia frente a la inmensidad que nos borra.

X: @RubenIslas3

La Corte declaró inválido el requisito de mayoría de edad para solicitar la rectificación de nombre y sexo en el acta de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida. Dicho de otro modo: el Estado ya no puede exigir que niñas, niños y adolescentes esperen a cumplir 18 años para que su identidad sea reconocida jurídicamente. Porque, como sostuvo el ministro Arístides Guerrero García, el derecho a la identidad no está sujeto a un calendario civil.

El punto de quiebre no es menor. Durante años, diversas legislaciones locales condicionaron este procedimiento administrativo a la mayoría de edad, bajo la premisa de que las personas menores no tienen capacidad suficiente para definir aspectos esenciales de su personalidad. La Corte desmonta ese supuesto y lo hace con lenguaje constitucional estableciendo que la restricción vulnera los derechos a la igualdad y a la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad y, de forma central, al derecho a la identidad personal y de género.

En ese sentido, existe un principio del derecho que sostiene que “quien puede lo más, puede lo menos”. Si una persona menor de edad, sin distinguir sus etapas, puede decidir sobre su identidad también podría decidir sobre otro tipo de juicios en materia familiar que les impacten.

El derecho a la identidad como núcleo duro

El derecho a la identidad es un derecho fundamental que articula la relación entre el individuo y el Estado. El acta de nacimiento es la puerta de acceso al resto de los derechos. Negar su adecuación a la identidad de género autopercibida equivale, en términos jurídicos, a imponer una ficción estatal sobre la realidad personal. Me parece importante que el debate sobre infancias trans se acompañe de protección y seguridad reforzada pero sin adultocentrismo. Es una realidad que las personas trans enfrentan una hostilidad y violencia específica que puede ser letal y a pesar de que este tipo de resoluciones aportan a resignificar en el ideario colectivo lo que implica ser trans, no basta con eliminar conceptos que discriminan a menores de una decisión tan grande como el nombre y sexo del acta de nacimiento. Especialmente en Guerrero, donde la violencia es elevada y las violencias machistas son particularmente altas. La violencia transfeminicida es una violencia machista que castiga principalmente a quienes nacen como hombre por asumir la identidad de una mujer que, bajo el género como clase, es de una “jerarquía” menor. Esa interpretación es brindada por la teoría feminista, pero se representa en este tipo de escenarios.

El concepto de adultocentrismo a su vez, es estructural. Se traduce en un modelo jurídico y social que coloca a las personas adultas como medida de racionalidad, agencia propia, autonomía y legitimidad, relegando a las infancias a un estatuto de incapacidad presunta. Bajo esta lógica, las decisiones de niñas, niños y adolescentes deben ser siempre validadas, corregidas o, en su caso, pospuestas hasta la edad suficiente.

La exigencia de mayoría de edad para el reconocimiento de la identidad de género era, precisamente, una expresión normativa de ese sesgo: asumía que la identidad, cuando se trata de infancias, es provisional, errática o influenciable. Pero esto también es un debate vivo.

La Corte introduce una ruptura relevante: reconocer que las infancias y adolescencias son titulares plenos de derechos fundamentales, no expectativas de derechos futuros. Como apuntó la ministra Loretta Ortiz Ahlf, imponer restricciones de este tipo parte de estereotipos sobre la capacidad de decisión de las personas menores de edad.

Y el derecho constitucional, cuando funciona, está para desmontar estereotipos, no para institucionalizarlos. Esto implica que en cualquier entidad donde cambiar el acta de nacimiento bajo el trámite de reasignación sexo-genérica haya requisitos sobre la mayoría de edad, aquellos pueden ser combatidos por la vía del amparo y del litigio estratégico. Prácticamente, las infancias trans han sido legalizadas por vía judicial y hacer que esto se extienda a otras entidades será labor del activismo así como de los Congresos locales, que son quienes deben ajustar sus disposiciones en última instancia.

Hablar de infancias diversas implica reconocer que no existe una única forma de vivir la niñez. La diversidad es una realidad social con consecuencias jurídicas que merecen ajustes legales y protección reforzada. En el caso de las infancias trans e intersex, esa diversidad ha estado históricamente atravesada por contextos de vulnerabilidad, invisibilización y violencia estructural.

La Corte además de reconocer esa realidad, la incorpora como elemento de análisis. El contexto socio-jurídico es importante, pues un alto porcentaje de personas trans identifica su género en etapas tempranas, y lo hace en entornos que suelen ser hostiles o incomprensivos.

Negar el acceso a un procedimiento administrativo que adecúe sus documentos oficiales a su identidad profundiza esa vulnerabilidad.

Los publicistas del régimen invocarían los programas sociales y el incremento de los ingresos para disputar esta afirmación. Pero cabe preguntarse: ¿realmente las asignaciones directas y universales han significado un cambio, cuando al mismo tiempo se ha deteriorado gravemente la red social de bienestar? La educación pública padece una situación deplorable; igual que los servicios de salud. Y ni qué decir de las adversas condiciones de vida de amplios sectores de la población. Si se comparan las cifras de pobreza extrema con las del reducido grupo de los superricos, quedaría claro quiénes han sido los beneficiarios del cambio.

Para el observador resulta indispensable ubicarse en la nueva realidad. El mundo, tal como se conocía, dejó de existir. México, incluso, se anticipó a ese proceso. Los referentes de certeza jurídica que acotaban a la autoridad fueron golpeados durante el gobierno de López Obrador, y con la reforma judicial promovida por la presidenta Sheinbaum desapareció el más efectivo de ellos: un Poder Judicial responsable de hacer valer la Constitución y la legalidad.

Trump inauguró su presidencia con la imposición inconstitucional de aranceles. Para justificarla invocó causales extraordinarias que no existían, como recientemente resolvió la Corte. Al mismo tiempo, la corrupción se desbordó. Puede decirse que un presidente con conducta criminal honró esa condición por la forma en que se coludió con distintos actores para enriquecerse junto con su familia. Resulta escandaloso y revela extremos de cinismo impensables, que anticipan que, de perder las elecciones, su destino podría ser la cárcel.

La incertidumbre llegó para quedarse. La pérdida de liderazgo y prestigio de Norteamérica difícilmente podrá revertirse. México transita una ruta similar. No existe poder independiente del régimen político, ni un poder presidencial sólido, porque la institución misma se ha deteriorado severamente al perder su expresión institucional.

La presidenta ordena, pero no manda; gobierna, pero no conduce, porque no detenta el poder real. Decidió prescindir de su principal recurso de autoridad: la Constitución y el régimen de justicia. En el desdén por la legalidad, Estados Unidos y México coinciden, con una diferencia sustancial: allá la Corte existe, también una efectiva libertad de expresión y una ciudadanía capaz de sancionar con su voto al mal gobierno.

No es así en México. La mejor prueba es la elección de 2021, cuando el gobierno fue premiado a pesar de la gestión desastrosa de la pandemia que costó más de doscientas mil vidas, además de ciento treinta mil asesinados y desaparecidos en los primeros tres años de gobierno.

Vivir en la incertidumbre es el desafío, porque se ha prescindido de la ley. Donald Trump decidió hacerse de Venezuela; no recurrió a elecciones ni a tribunales, sino a una operación militar mediante la cual fue detenido el dictador Nicolás Maduro. El chavismo terminó convertido en colaboracionista, en términos semejantes al régimen francés de Vichy durante la ocupación nazi.

La “excursión” en Venezuela lo confundió y cayó en la trampa que le tendió Benjamin Netanyahu, interesado en acabar con Irán. Así comenzó una aventura que ha desestabilizado al mundo —más allá de lo que ya había hecho—, y cuyo desenlace es incierto. Sin importar el malestar dentro de Estados Unidos por su militarismo, inició una guerra absurda, de objetivos discutibles y, peor aún, sin claridad sobre su evolución ni sus consecuencias globales.

Debe tomarse en serio la amenaza de Trump de emprender una iniciativa militar en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su comprensible intento de proyectar serenidad, aparece fuera de lugar frente a la magnitud de los problemas que enfrenta. La presidenta reconoce que no participó ni ordenó el operativo que llevó al aniquilamiento del líder del CJNG.

La incertidumbre en México no se limita a la economía. También afecta la certeza de los derechos, tras la destrucción del Poder Judicial. Pero aún más grave es que no solo la derrota del partido gobernante ni la integridad de la cúpula política están en juego. La impunidad y el fuego cruzado entre narcotraficantes vinculados a la política y el gobierno estadounidense ponen en riesgo algo mayor: la soberanía nacional y la integridad misma del país.

De acuerdo con la presidenta, podría pedir que se posponga la segunda parte de la elección judicial si así es más conveniente tanto en el presupuesto como para la ciudadanía.

Claudia Sheinbaum resaltó que si no se utilizarán los mismos recursos de las elecciones en los estados, podría convenir realizar la segunda elección de jueces y ministros para el 2028.

Sheinbaum podría pedir que elección judicial sea en 2028 en el Plan B

Claudia Sheinbaum señaló que actualmente se analiza para la presentación de su Plan B electoral, las implicaciones económicas de hacer la elección judicial en el 2027, junto con los comicios nacionales, contra realizarlas un año después.

La presidenta resaltó que la intención de hacerlas en 2027 era la de utilizar los mismos recursos materiales y humanos que ya se contemplan para la renovación de cargos locales, municipales y, en 17 entidades, estatales.

Sin embargo, si esto “no es tanto ahorro” por la necesidad de la instalación de dobles casillas, podría solicitarse el aplazamiento de estas elecciones por un año.

“Se está analizando qué tanto implica menos recursos hacerlo en el 27, ese es, digamos, el beneficio, utilizar los propios recursos de la elección para realizar la elección que falta del poder judicial. Pero a lo mejor no es tanto el ahorro porque son dobles casillas y eso generaría problemas en la gente”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta resaltó además que no solo se analiza la conveniencia en cuestión de recursos, sino en la de la ciudadanía.

Esto ya que hacer la elección judicial en 2027 implica que los ciudadanos se trasladen a una segunda casilla y manejar más boletas electorales.

Decisión sobre elección judicial en Plan B se tomará entre a más tardar el 17 de marzo

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que el lunes 16 o martes 17 de marzo se tendrá decidido si vale la pena mover la segunda parte de la elección judicial para el 2028.

Este planteamiento, junto con la revocación de mandato, se planteará en el Plan B de la reforma electoral que enviará la próxima semana al Congreso de la Unión.

Sin embargo, la decisión se tomará una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) envíe su posicionamiento sobre la mejor manera de realizar la elección judicial pendiente.

“El beneficio de pararla al 28 pues es que no sean tantas boletas en el 27… Entonces por eso estamos analizando y en estos días recibimos la opinión también del Instituto Nacional Electoral en este sentido para ver si proponemos la posposición para el 28”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante medios de comunicación, el senador de Morena confirmó que, por acuerdo entre legisladores, decidieron posponer nuevamente el dictamen sobre esta figura, posiblemente hasta el próximo periodo legislativo.

El legislador explicó que una de las principales preocupaciones es que esta medida podría no empatar con el estándar internacional en materia de derechos humanos, ya que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez independiente y plenamente identificado.

Senado pospone dictamen de jueces sin rostro

Durante un encuentro con la prensa, Javier Corral detalló que el aplazamiento permitirá analizar el tema de manera integral dentro de una actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El senador señaló que resulta complejo compatibilizar la figura de los jueces sin rostro con los estándares internacionales, especialmente con los compromisos que México ha asumido en materia de derechos humanos.

En particular, mencionó lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente, independiente, imparcial y autónomo.

“Hemos acordado volver a posponer el dictamen, quizá en este periodo. Resulta muy complejo compatibilizar esta figura con el estándar internacional en materia de derechos humanos”

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado

🔴 La aprobación del dictamen sobre los jueces sin rostro será pospuesta, con el fin de abordar el tema de manera integral en el marco de una actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales, informó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral.… pic.twitter.com/AokvxP9PcC

— Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Jueces sin rostro chocan con la reforma judicial reconoce Javier Corral

El presidente de la Comisión de Justicia también advirtió que la figura de los jueces sin rostro podría contradecir el espíritu de la reforma judicial.

Explicó que, si los jueces serán electos mediante voto popular, su identidad necesariamente será pública, lo que hace difícil aplicar un esquema en el que se oculte su identidad.

“Incluso esta figura choca con el espíritu de la reforma judicial. Si la reforma envía a los jueces a elección popular, ¿cómo les tapamos el rostro?

Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado

Con estas declaraciones del senador morenista aún no queda claro cuándo es que se podría aprobar este dictamen en el Senado y pase al pleno para que siga su proceso legislativo ante los senadores y decidan si es avalado o no.

El contraste se vuelve especialmente claro cuando se compara con la fórmula institucional que emerge del célebre caso Marbury vs. Madison (1803), decidido por la Corte suprema de los Estados Unidos de América bajo la conducción de John Marshall. En ese momento se produce una mutación decisiva: el poder judicial deja de ser un poder subordinado a la ley para convertirse en el intérprete supremo del orden constitucional.

Esta transformación no es menor. Representa, en realidad, la inversión de la arquitectura racional política que Montesquieu había imaginado para preservar la libertad.

En la teoría de Montesquieu, el poder judicial debía ser deliberadamente limitado. A diferencia del poder legislativo, que expresa la voluntad política de la sociedad, y del poder ejecutivo, que dirige la administración del Estado, el juez no debía ejercer voluntad propia. Su función consistía únicamente en aplicar la ley a los casos particulares. De ahí su célebre formulación: los jueces son simplemente “la boca que pronuncia las palabras de la ley”.

Esta idea encierra una profunda intuición política. La libertad no se protege entregando más poder a los jueces, sino evitando que cualquier poder —incluido el judicial— pueda sustituir la voluntad colectiva expresada en la ley. El juez no debe gobernar mediante interpretaciones; debe limitarse a ejecutar el mandato normativo previamente establecido por el legislador. Por ello, Montesquieu concebía al poder judicial como un poder “invisible y casi nulo”: necesario para resolver conflictos, pero incapaz de convertirse en un centro autónomo de poder político.

La decisión en Marbury vs. Madison introduce una lógica completamente distinta. En ese fallo, la Corte estadounidense sostiene que corresponde al poder judicial determinar qué es la ley y, en consecuencia, declarar inválidas aquellas normas que contradigan la Constitución. Con esta afirmación nace el principio del control judicial de constitucionalidad.

La fórmula es aparentemente técnica, pero sus implicaciones son radicales. Si los jueces tienen la última palabra sobre el significado de la Constitución, entonces poseen también la capacidad de anular decisiones del legislador. En ese momento el poder judicial deja de ser un aplicador de la ley y se transforma en un árbitro supremo del sistema político. Lo que Montesquieu había concebido como un poder débil se convierte así en un poder extraordinariamente fuerte.

El resultado histórico de esta transformación ha sido el surgimiento de un fenómeno cada vez más visible en las democracias contemporáneas: la judicialización de la política. Los tribunales constitucionales ya no se limitan a resolver disputas jurídicas. Intervienen en debates sobre políticas públicas, determinan el alcance de derechos fundamentales, delimitan competencias entre poderes y, en ocasiones, corrigen directamente decisiones del legislador democrático. En nombre de la Constitución, el poder judicial termina ocupando un lugar central en la definición del rumbo político de los Estados.

Pero esta evolución plantea una pregunta incómoda: ¿no estamos frente a la aparición de una nueva forma de aristocracia?

Montesquieu temía precisamente eso. Su desconfianza hacia una magistratura permanente se fundaba en la posibilidad de que los jueces se convirtieran en una élite técnica capaz de dominar el lenguaje del Derecho y, a través de él, ejercer poder sobre la sociedad.

La experiencia contemporánea parece confirmar esa preocupación. Defender la tesis de Montesquieu no significa negar la importancia de los tribunales ni desconocer la necesidad de controles institucionales. Significa recordar que la legitimidad democrática descansa, en última instancia, en la capacidad de la sociedad para darse sus propias leyes.

Cuando los jueces se convierten en intérpretes supremos de la voluntad constitucional, el riesgo es que el Derecho deje de ser expresión de la voluntad colectiva y se transforme en el producto de una interpretación técnica monopolizada por una minoría. La crítica de Montesquieu sigue siendo, por ello, profundamente actual. Su propuesta no buscaba debilitar la justicia, sino evitar que el poder judicial se transformara en un poder político autónomo capaz de sustituir al legislador.

Frente a la expansión contemporánea de la supremacía judicial, la pregunta que plantea Montesquieu vuelve a adquirir toda su fuerza: ¿quién debe tener la última palabra en una República, los jueces o el pueblo expresado en la ley?

La historia del constitucionalismo moderno aún no ha terminado de responder esa pregunta. Pero el enfrentamiento conceptual entre Montesquieu y Marbury vs. Madison muestra que, en el fondo, se trata de una disputa sobre el significado mismo de la democracia.

@RubenIslas3

Es por eso que uno de los usos más habituales de la Inteligencia Artificial es consultar situaciones legales o incluso pedir redacciones como escritos para presentar ante un juez, bajo la estricta solicitud de cada usuario según el prompt o instrucciones dadas. Usualmente, ChatGPT advierte que la información que da debe ser verificada con un abogado real, uno humano. Pero igualmente, da la información aun bajo distintas fuentes que prueban como es que esa plataforma se inventa jurisprudencias y leyes inexistentes con tal de dar la razón al usuario. Ya existen multas tanto en Estados Unidos como en otros países que sancionan principalmente a los abogados defensores por usar IA citando legislación y jurisprudencia inexistente.

Pero por primera vez se abre el debate sobre el cliente o usuario final directo y sus implicaciones al pedir asesoría legal a la IA y actuar por sí mismo en juicio, solo con las respuestas que estos grandes y erráticos modelos de lenguaje pueden dar. Dos acontecimientos interesantes sobre esto pasan ahora mismo:

En San Luis Potosí, el abogado José Mario de la Garza, fundador de Perteneces A.C., presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso del Estado para regular cómo debe reaccionar el derecho frente al avance de la Inteligencia Artificial cuando empieza a ocupar espacios tradicionalmente reservados a profesiones que implican responsabilidades directas sobre la vida, el patrimonio o la libertad de las personas. El argumento central es sencillo pero profundo: la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, mientras que el derecho suele moverse con lentitud institucional, y esa brecha no puede seguir ampliándose.

El punto crítico no está en la existencia de la Inteligencia Artificial, sino en el uso que se pretende darle. El problema surge cuando se intenta convertir estas herramientas en sustitutos de profesiones reguladas sin asumir las obligaciones que dichas profesiones implican: formación rigurosa, responsabilidad jurídica, ética profesional y la capacidad de responder por los daños que eventualmente puedan causarse. Una máquina puede producir respuestas; lo que no puede hacer es asumir las consecuencias de ellas.

De ahí que la discusión sea más profunda que un simple debate tecnológico. Si la sociedad permite que la innovación rompa la cadena de responsabilidad humana, lo que se pone en riesgo no es únicamente la regulación de una herramienta digital, sino la confianza pública en profesiones que existen precisamente para proteger derechos fundamentales. Regular la Inteligencia Artificial, desde esta perspectiva, no significa detener el progreso, sino asegurarse de que el progreso no se construya sin responsabilidad. Ese es, en esencia, el planteamiento que él ha hecho públicamente, y la iniciativa puede consultarse en su perfil de X.

El segundo caso ocurre en Estados Unidos y abre un frente aún más delicado. La empresa aseguradora japonesa Nippon Life Insurance Company presentó una demanda contra la compañía tecnológica OpenAI al considerar que su chatbot, ChatGPT, habría proporcionado asesoría jurídica sin licencia a un antiguo beneficiario de un seguro.

De acuerdo con la demanda presentada ante un tribunal federal de distrito en Chicago, en el estado de Illinois, una asegurada que contaba con una póliza de incapacidad había demandado previamente a la aseguradora, con sede en Osaka, después de que los pagos del seguro fueran suspendidos en 2022.

Ambas partes alcanzaron un acuerdo en 2024. Sin embargo, posteriormente la asegurada recurrió a ChatGPT para pedir orientación jurídica con el objetivo de anular dicho acuerdo. Según la denuncia, utilizó la herramienta para elaborar argumentos legales y redactar documentos con los cuales buscó reabrir el litigio.

Más tarde solicitó a un tribunal que el caso se reactivara e incluso presentó una nueva demanda contra la aseguradora. Para Nippon Life, esta situación generó un perjuicio económico concreto: la compañía tuvo que destinar nuevamente recursos, tiempo y dinero a un conflicto que ya había sido resuelto.

Por esa razón, la aseguradora sostiene que OpenAI habría violado una ley estatal que prohíbe ejercer asesoría legal sin licencia, al permitir que su sistema ofreciera orientación jurídica a través de ChatGPT. La empresa reclama ahora una indemnización por daños y perjuicios.

Si este caso prospera, no solo pondrá a prueba los límites legales de la Inteligencia Artificial, sino que podría abrir una pregunta mucho más amplia: si una persona toma decisiones legales basándose en las respuestas de una IA, ¿dónde empieza y dónde termina la responsabilidad? Porque detrás del entusiasmo tecnológico aparece una cuestión que el derecho todavía no ha resuelto del todo: quién responde cuando una máquina se equivoca.

El hecho es que grupos de abogados tanto en México como en Estados Unidos buscan que esto se contemple como un delito, que en México sería el de usurpación de profesiones. Lo que me preocupa, entre otras cosas, es que pareciera que estas iniciativas identifican a la IA como “alguien” y no como algo. Es decir que la IA en sí misma no podría ser tratada como autora de un delito y el delito de usurpación difícilmente podría acreditarse a la empresa desarrolladora que literalmente solo ofrece un modelo de lenguaje que responde conforme a estadísticas y que casi siempre da advertencia de buscar a un abogado. Por otro lado, preocupa que las personas con menos recursos económicos que tal vez busquen una explicación en la IA sobre lo que les sucede puedan ser sancionadas por esto. Máxime cuando creo que la autonomía legal es uno de los objetivos que debemos buscar, que cada vez más personas puedan comprender por sí mismas el derecho y las leyes. Sus propios derechos y sus propias obligaciones y restricciones. Ese es el sueño, que los abogados seamos contratados para resolver problemas pero a partir del empoderamiento legal de las personas que les permita inclusive, entender y exigir mejor a sus abogados.

El debate entre permitir que la IA se pronuncie sobre temas legales también impacta a los estudiantes de Derecho. Si esto se prohibiera, ningún estudiante podría usar la IA ni para estudiar (que con franqueza, suena bastante bien). El punto está en que si esto se hace punitivo, el autor final del delito podría ser el usuario mismo y no la IA. Ese sería el más desastroso de los escenarios. Encima de tener que lidiar con el problema que les llevó a buscar respuestas en la IA, también deberán defenderse por usar tales plataformas para sus juicios. Como abogada, me preocupa más que estas reformas deriven en punitivismo que afecte de nuevo a los que menos tienen que el hecho de que la gente use IA como una guía para entender lo que les pasa. Aun así, creo que la IA jamás debería ser usada para litigar por uno mismo o para dejar de contratar un abogado, pues la IA miente e inventa por lo que el uso de estas herramientas son un riesgo grave para los propios usuarios, pero de ahí a penalizarlo y castigarles hay un largo camino.

“Primero vinieron por los socialistas,

y no dije nada porque yo no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas,

y no dije nada porque yo no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos,

y no dije nada porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí,

y ya no quedaba nadie que hablara por mí”.

Martin Niemöller

La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia que permite a la ciudadanía cuestionar al poder y participar en la vida pública. Sin ella no existen elecciones libres, justicia ni una verdadera rendición de cuentas.

Los casos de Miguel Alfonso Meza y de Emma Zermeño son ejemplos de un fenómeno que se creía erradicado: el uso del aparato institucional para disciplinar la conversación pública y mantener el control del discurso político.

Castigar a quien investiga

El activista y presidente de la organización Defensorxs, Miguel Alfonso Meza fue sancionado por publicar información sobre los antecedentes profesionales de una candidata a jueza que en el pasado participó como abogada en la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Lo que Meza dio a conocer fue información verificable sobre la trayectoria de una aspirante a un cargo de elección que trascendió al debate público —a veces duro, incómodo o incómodamente directo— que sirve como mecanismo por el cual la sociedad evalúa a quienes buscan ejercer el poder.

Sin embargo, el Tribunal Electoral resolvió que esas publicaciones constituían violencia política de género y la sanción incluyó la orden de borrar contenidos, ofrecer disculpas públicas y la inscripción de Meza en el registro de personas sancionadas por violencia política.

¿Desde cuándo señalar antecedentes públicos de una candidata se convirtió en violencia política? La resolución en cambio deja un claro mensaje: la investigación periodística o el escrutinio ciudadano pueden terminar en sanciones judiciales.

Castigar conversaciones privadas

Si el caso de Meza es preocupante, el de Emma Zermeño cruza una línea aún más delicada.

En ese expediente, el Tribunal Electoral terminó sancionando a una ciudadana por mensajes privados enviados a través de WhatsApp. No por publicaciones públicas, discursos políticos ni campañas de difamación; conversaciones privadas que terminaron filtrándose y, posteriormente, fueron utilizadas como prueba para acusarla de violencia política.

La implicación es inquietante: incluso lo que los ciudadanos expresen en espacios privados puede terminar siendo juzgado por tribunales electorales.

Una democracia que permite que conversaciones privadas se conviertan en materia de sanción política toca un terreno peligroso en lo jurídico, psicológico y social. Cuando las personas comienzan a sentir que cualquier mensaje puede ser usado en su contra, el resultado inevitable es la autocensura y el temor a hablar, debatir o disentir.

Un tribunal regulador

El Tribunal Electoral, creado para garantizar elecciones limpias y proteger derechos político-electorales, ha ampliado notablemente su poder. Hoy no solo arbitra comicios: también regula el discurso político, decidiendo qué se puede decir y quién puede hacerlo. Este cambio, impulsado desde el gobierno de López Obrador y profundizado con Sheinbaum, acerca a los tribunales al poder.

Los casos de Meza y Zermeño envían un mensaje muy concreto: hablar tiene consecuencias; criticar a una candidata puede sancionarse; publicar información sobre aspirantes a cargos públicos puede derivar en un proceso judicial e incluso, una conversación privada puede acabar siendo castigada.

La reforma electoral apunta a fortalecer este papel intervencionista, el de consolidar un modelo donde el control del discurso sustituya al debate democrático. Porque no hace falta encarcelar periodistas ni cerrar medios para debilitar la libertad de expresión. A veces basta crear un entorno en el que la gente empiece a preguntarse si vale la pena hablar.

A veces las democracias mueren erosionándose lentamente, decisión tras decisión, sentencia tras sentencia.

X: @diaz_manuel

Hoy por hoy, el nuevo poder judicial no actúa como contrapeso, sino como engranaje funcional del proyecto político dominante. Tan fallida la reforma que en el mismo palacio se corre el rumor de que ya hay un cuarto de junto estudiando cómo revertir algunos aspectos.

Decirlo no es exagerar, la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y su sustitución por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial creó una estructura diseñada para controlar y disciplinar a los juzgadores. El mensaje es inequívoco: quien incomode al poder puede ser investigado, sancionado o inhabilitado.

Un caso ilustrativo es el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. El juez que le concedió un amparo posteriormente fue sancionado por el Tribunal de Disciplina. Más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la protección y validó la orden de aprehensión en su contra. Más allá de simpatías o antipatías políticas, el precedente es inquietante: un juez que resuelve en sentido contrario al interés del poder, terminó enfrentando consecuencias inmediatas.

Advertencias internacionales

La preocupación va más allá de nuestras fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre graves afectaciones a la autonomía judicial tras la aprobación de la reforma. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió recursos para revisar su compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al haber reconocido la competencia de la Corte, México está obligado a acatar sus resoluciones. No se trata de algo menor, sino de un posible incumplimiento de compromisos internacionales.

En momentos, cuando los contrapesos internos se debilitan, la supervisión externa se convierte en el último recurso para preservar estándares mínimos de legalidad.

El cierre del círculo

En este contexto, el análisis de la reforma electoral no puede hacerse de manera aislada. Si el árbitro judicial ya fue debilitado, modificar las reglas del juego electoral implica tocar el corazón mismo de la competencia democrática en un sistema donde el ejecutivo influye en la justicia y redefine las condiciones electorales, la equidad se vuelve frágil y la alternancia, pasa a ser incierta o inexistente.

La concentración de poder no ocurre de golpe; se construye paso a paso. Primero se desacredita a las instituciones, luego se reforman bajo la promesa de hacerlas “más cercanas al pueblo”, para finalmente, subordinarlas al proyecto político en turno, dando como resultado un modelo donde la legalidad se adapta a la voluntad del gobernante y no al revés.

El argumento oficialista de invocar un supuesto “mandato popular” es frágil, rupestre y carente de solidez jurídica. La democracia no se reduce a la regla de la mayoría: implica límites, derechos fundamentales y división de poderes. Sin esos elementos, la mayoría puede convertirse en instrumento de imposición.

La oposición enfrenta un momento decisivo

Pueden guardar silencio o fragmentarse, lo cual equivale a convalidar el rediseño institucional. Los mismos partidos que facilitaron la reforma judicial deberán decidir si repiten la historia o asumen el costo político de frenar lo que muchos consideran un retroceso democrático. La discusión no es coyuntural, sino de régimen.

El riesgo está en que, cuando el poder judicial pierde autonomía y el sistema electoral se rediseña desde el poder, cualquier ciudadano queda potencialmente expuesto.

Hoy puede ser un exgobernador; mañana podría ser un empresario, un periodista o un ciudadano crítico. Sin jueces independientes ni árbitros electorales sólidos, las garantías individuales se vuelven débiles.

En este escenario, la reforma electoral, no es solo una pieza, es la que llega a cerrar el círculo. Si se concreta en los términos anunciados, México dejará atrás un modelo imperfecto pero plural para avanzar hacia uno donde la concentración de poder limite progresivamente la competencia, la crítica y lo que queda de la rendición de cuentas.

¿Se defenderán los contrapesos constitucionales o se normalizará su desmantelamiento? De la respuesta dependerá si la república mantiene su carácter democrático o transita hacia una estructura donde la voluntad del ejecutivo se convierta en la regla suprema de un régimen donde votar no necesariamente significará elegir y donde la competencia política sea simple simulación.

X: @diaz_manuel

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el exfuncionario fue atacado por sujetos armados que lo interceptaron y dispararon en varias ocasiones mientras circulaba en su automóvil.

Por los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, abrió una carpeta de investigación y prometió agotar todas las líneas para hacer justicia en el caso.

Asesinan a Bernardo Soriano, exsubprocurador de Baja California Sur

La mañana del 25 de febrero de 2026, el exsubprocurador de Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, fue atacado a balazos en calles del fraccionamiento Hispania, en la colonia La Cima.

Sobre lo ocurrido, autoridades informaron que sujetos armados interceptaron la camioneta Jeep gris en el que viajaba el exfuncionario y abrieron fuego en su contra en distintas ocasiones.

Hasta el sitio de la agresión se trasladaron elementos de la PGJE, agentes de policía municipal de La Paz y personal de la Mesa de Seguridad, quienes desplegaron un operativo especial en la zona.

Al revisar el auto de Bernardo Soriano, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida del exfuncionario, así como otra persona de quien se desconoce su identidad y que se afirma, resultó ilesa.

Sin embargo, los responsables del crimen no fueron localizados y hasta el momento se ha informado que solo se han asegurado los vehículos y armas que se usaron durante el ataque.

Autoridades investigan asesinato de Bernardo Soriano

Al cumplirse una semana del asesinato de Bernardo Soriano, el titular de la PGJE de Baja California Sur, Antonio López Rodríguez, aseguró que el caso está siendo investigado a fondo.

Lo anterior debido a que aseveró que se van a llevar a cabo todas las indagatorias que correspondan, pues la intención es revisar hasta el final todas las líneas de investigación abiertas.

“Realizaremos todas las investigaciones necesarias, agotando todas las líneas de investigación”

Antonio López. Titular de la PGJE de Baja California Sur

Cabe destacar que el ataque contra el exsubprocu

rador, se ejecutó unos cuantos días después de que removido de su cargo, luego de que lanzo acusaciones por omisiones en la PGJE.

Por medio de TikTok, Bernardo Soriano compartió un video en el que denunció que una decisión administrativa del procurador estatal, provocó la muerte de una persona en Guerrero Negro.

@dr..bernardo.sori

No se puede tolerar 🙌

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• ¿Cuántos años tenía?
• ¿Quién era su esposa?
• ¿Cuál era su signo zodiacal?
• ¿Tuvo hijos?
• ¿Qué estudió?
• ¿En qué trabajó?

¿Quién fue Bernardo Soriano Castro?

Bernardo Soriano Castro fue subprocurador en la PGJE de Baja California Sur, cargo desde el que atendió casos de delitos de alto impacto y coordinaba investigaciones de alta sensibilidad.

En la PGJE se le reconocía por dirigir operativos, supervisar casos complejos y mantener contacto directo con áreas de inteligencia, por lo que se convirtió en una figura de gran visibilidad.

Su papel lo colocó en escenarios de riesgo, pues se reporta que recibió amenazas y presiones en las que se le advertía sobre dejar su labor, a pesar de lo cual siguió en funciones.

El 25 de febrero de 2026, fue interceptado en La Paz, pues sujetos armados dispararon contra su vehículo en una zona residencial, tras el cual perdió la vida de inmediato.

Cabe destacar que el asesinato ocurrió días después de que fue destituido bajo un contexto de tensiones institucionales por distintas investigaciones abiertas por casos de violencia.

¿Cuántos años tenía?

No se ha confirmado públicamente cuántos años tenía Bernardo Soriano Castro al momento de su asesinato, pues los reportes oficiales no han difundido su edad.

¿Quién era su esposa?

Por las labores que desempeñaba, Bernardo Soriano Castro solía mantener un bajo perfil en cuanto a su vida personal, por lo que no se sabe si estaba casado.

¿Cuál era su signo zodiacal?

Al no contar con el dato de su fecha de nacimiento o cumpleaños, tampoco es posible saber el signo zodiacal del ex funcionario de la PGJE de Baja California Sur.

¿Tuvo hijos?

En sus redes sociales solía realizar distintas publicaciones sobre su trabajo, pero también alguna de su entorno personal, por lo que se sabe que sí tuvo al menos 2 hijos.

¿Qué estudió?

A pesar de que se desempeñó en distintos cargos públicos, no existen perfiles curriculares de Bernardo Soriano Castro, por lo que no se sabe qué estudió.

¿En qué trabajó?

En lo que respecta a la experiencia labora con la que contaba el ex funcionario estatal, los datos disponibles señalan que trabajó en estos puestos:

• Subprocurador de Delitos de Alto Impacto en la PGJE de Baja California Sur (más de siete años)
• Titular del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, cargo que ocupó antes de su destitución en febrero de 2026
• Funcionario operativo en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, con más de una década de trayectoria

Bernardo Soriano Castro fue asesinado en La Paz

Bernardo Soriano Castro fue atacado la mañana del 25 de febrero de 2026 en La Paz, cuando viajaba en un vehículo por el fraccionamiento Hispania, en la colonia La Cima.

Sujetos armados interceptaron su unidad y abrieron fuego contra el ex subprocurador que quedó sin vida en el lugar, mientras una persona que lo acompañaba resultó ilesa tras el ataque.

El crimen ocurrió pocos días después de su destitución del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Penales, generando un operativo inmediato de la PGJE y reacciones oficiales de condena.

“Todavía lo estamos revisando”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de febrero en Mazatlán, explicó que el ajuste podría mover ambos procesos a 2028, aunque cualquier decisión deberá ser aprobada por el Congreso.

El debate surge en medio de las preocupaciones del INE sobre la carga presupuestal y logística que implicaría organizar múltiples elecciones en un mismo año.

Elección judicial y revocación de mandato podrían moverse a 2028 aclara Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera del viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, la presidenta explicó que existe la posibilidad de enviar al Congreso una propuesta para aplazar estos ejercicios democráticos a 2028.

“Todavía lo estamos revisando. Es una probabilidad cambiar la elección al Poder Judicial al 28’, que lo enviemos como propuesta a definición del Congreso”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum precisó que cualquier modificación deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión, por lo que aún no hay una fecha definitiva.

De concretarse el ajuste, la elección judicial intermedia y la revocación de mandato presidencial no se realizarían en el marco de las elecciones 2027, sino un año después.

INE enfrenta retos presupuestales y logísticos para 2027

El posible cambio también responde a los retos logísticos y financieros que enfrentaría el INE en 2027, año en el que están previstas elecciones para gubernaturas y otros cargos locales.

La presidenta subrayó que uno de los ejes de su reforma electoral es la reducción de costos en los procesos comiciales, por lo que se evalúa cuidadosamente el impacto presupuestal de realizar múltiples elecciones en el mismo periodo.

Sheinbaum evalúa costos de la elección del Poder Judicial y revocación de mandato

Sheinbaum detalló que, en el caso de la elección del Poder Judicial, únicamente se elegirían magistrados y jueces, lo que implicaría una organización distinta a la de una elección federal tradicional.

Además, confirmó que también se analiza el costo que tendría organizar una eventual revocación de mandato.

“Estamos evaluando también los costos porque finalmente estamos buscando disminuir los costos al pueblo; entonces hacerlo en otro año también implicaría sus costos”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por ahora, el Gobierno federal mantiene el análisis abierto y será el Congreso quien, en su caso, determine si procede el cambio de fecha para la elección judicial y la revocación de mandato.

“El Pleno respalda la decisión de las personas juzgadoras que evalúen la necesidad de declarar el 23 de febrero de 2026 como día inhábil”

OAJ

Así lo decidieron luego de que jueces y magistrados en Jalisco y Michoacán decidieron declarar día inhábil este 23 de febrero.

El OAJ dijo que mantiene comunicación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en las instalaciones del Poder Judicial.

Jueces de Jalisco y Michoacan declaran día inhábil por violencia tras muerte de El Mencho

El domingo 22 de febrero, día en el que se registraron los hechos de violencia en diversos estados como reacción del CJNG, los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer circuito, que corresponde a Jalisco, declararon inhábil el lunes 23 de febrero

De acuerdo con el magistrado Leonel Medina Rubio, los motivos son de fuerza mayor y se tomó por unanimidad de los titulares de los siete tribunales colegiados en materia administrativa.

Ello significa que no van a transcurrir los plazos ni términos procesales en los asuntos de competencia de estos órganos jurisdiccionales.

La decisión busca salvaguardar la integridad del personal judicial, así como de los usuarios.

De la misma manera, los jueces del Décimo Circuito, correspondiente a Michoacán, decidieron declarar como inhábil el 23 de febrero a fin de no afectar decisiones procesales.

252 bloqueos se registraron por muerte de El Mencho; Sheinbaum confirma término

Ambas decisiones se dieron ante los bloqueos carreteros, quemas de vehículos y cancelación de rutas de autobuses en diversos puntos del país.

Por la noche del domingo 22 de febrero, el Gabinete de Seguridad informo que son 252 bloqueos bloqueos los que se registraron en 20 estados hasta las 20:00 horas.

Jalisco concentró la mayoría de bloqueos, con 65. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en la conferencia mañanera de este 23 de febrero que esta mañana ya no hay bloqueos activos.

Conviene recordar que Mountbatten-Windsor es el segundo hijo varón de la difunta reina Isabel II, y por lo tanto, hermano menor del rey Carlos III. Durante años ostentó el título de duque de York, mismo que tradicionalmente es otorgado al segundo hijo varón del monarca, y ocupó durante muchos años el segundo lugar en el orden de sucesión al trono británico. Tras el nacimiento de los hijos de William, príncipe de Gales, el imputado es hoy el sexto en la línea.

Como es sabido, desde que fueron reveladas las sospechas iniciales en su contra, el rey Carlos III ordenó el retiro de sus títulos y cualquier tratamiento como miembro de la familia real.

Las acusaciones contra Mountbatten se insertan en el escándalo mundial protagonizado por Jeffrey Epstein, mismo que involucra una red de tráfico sexual de menores que ha tocado a personajes como Donald Trump y Bill Clinton, y mismo a otros que, como Emmanuel Macron, se han desmarcado y acusado a sus detractores de utilizar a los medios sensacionalistas para atacarles políticamente.

El caso del hermano del rey Carlos ha sentado un nuevo precedente en el alcance de la justicia. Por primera vez en la historia del Reino Unido, se ha imputado penalmente a un miembro senior de la familia real. Este suceso evoca las acusaciones que tuvieron lugar hace algunos años en contra de la infanta Cristina de España y de su marido Iñaki Urdangarín. Ambos escándalos sacudieron a la opinión pública, y en el caso español, lastimaron profundamente la reputación de la Casa Real española y de su titular, el rey Felipe VI.

Sucesos como lo ocurrido en Gran Bretaña no pueden dejar de mostrar un ejemplo al mundo sobre cómo ningún individuo, sea cual sea su posición social o su cercanía con políticos o jefes de Estado, debe ser llevado ante un juez tras la comisión de un delito.

Desafortunadamente, en países como México un auténtico sentido de justicia continúa brillando por su ausencia. Mientras en Inglaterra el hermano del rey ha sido encausado, en las tierras del obradorismo se puede delinquir sin consecuencias. Pueden existir decenas de reportajes periodísticos, señalamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, informes de auditorías, vídeos, grabaciones o evidencias a la luz de todos, mientras que las autoridades responsables de la impartición de justicia miran hacia otro lado cuando se trata de hombres o mujeres cercanos a la cúpula del poder.

El Estado mexicano está capturado por la impunidad. Se señalan actos de corrupción cuando los implicados representan intereses de grupos opositores, mientras que no se hace nada cuando involucra a personajes conspicuos ligados al régimen gobernante. Los nombres de Adán Augusto López, los López-Beltrán, Salgado Macedonio, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Rocha Moya, Américo Villareal, el almirante Ojeda y tantos otros dan testimonio de la putrefacción del sistema de justicia en México.

De acuerdo con los reportes, la Nacional Financiera (Nafin) envió a la Tesorería de la Federación (Tesofe) al menos 10 mil 247 millones de pesos de los cuatros fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que no estaban previstos en ley.

De este dinero, más de $5,000 millones de pesos se preparaban para jueces y magistrados en retiro, así como para los que renunciaron tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Fideicomisos del Poder Judicial: Más de $5,000 millones de pesos estaban destinados a pensiones complementarias de jueces y magistrados

Según fuentes judiciales consultadas por Reforma, Nafin, en su calidad de fiduciaria, aplicó unilateralmente la operación la semana pasada, pero sin que aún se supiera con claridad si estaban vigentes o no las suspensiones otorgadas por jueces para proteger algunos de los fideicomisos del Poder Judicial, como los que eran para las pensiones.

El traspaso no fue notificado oficialmente al CJF. Este fideicomiso que estaba marcado para que los jueces y magistrados no se retiren sólo con la pensión del ISSSTE. tenía un valor 5 mil 458 millones de pesos al cierre de diciembre.

Pero los más de $5,000,000 millones de pesos ya no están disponibles para las pensiones complementarias para los jueces y magistrados que renunciaron tras la reforma al Poder Judicial.

El destino del dinero del retiro de jueces y magistrados está en el ISSSTE, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera del viernes 11 de abril.

Fideicomisos del Poder Judicial: estos son los otros beneficios que desaparecieron para jueces y magistrados

Pero no sólo son los fideicomisos del Poder Judicial dedicados a las pensiones complementarias para los jueces y magistrados, sino que también, desaparecieron los fideicomisos para:

• Financiar nuevas obras de infraestructura del CJF, que tenía 4 mil 637 millones de pesos
• Gastos médicos complementarios
• Mantenimiento de casas donde viven los jueces asignados fuera de su lugar de residencia

Sin embargo, la SCJN había ordenado revocar las suspensiones que pretendía frenar la elección judicial en febrero, pero dejó en manos de tres jueces de Jalisco si se mantenían los otros amparos de las suspensiones contra otros aspectos de la reforma, incluyendo la extinción de los fideicomisos del CJF.

Con base a la información proporcionada por el periódico Reforma, Nafin ya tenía autorización desde diciembre para traspasar a la Tesorería de la Federación el saldo de cinco de los seis fideicomisos de la Suprema Corte.

Pero no lo había hecho por las suspensiones que la Segunda Sala de la Corte ordenó revocar el 5 de marzo.

De esos fideicomisos sumaban 7 mil 346 millones de pesos al cierre de diciembre.

Según Reforma el gran total de recursos a disposición del Gobierno es de 17 mil 593 millones de pesos de fideicomisos.

Mientras que el destino de los fideicomisos del Poder Judicial sigue cambiando ya que el Gobierno de México ha anunciado diferentes planes para repartir este dinero.

México está entrando en una zona donde el Poder Judicial deja de ser solo un poder del Estado para convertirse en una variable macrofinanciera crítica.

I. Estado de derecho: el dato internacional que define el costo del dinero

En el Rule of Law Index 2025 del World Justice Project, México ocupa aproximadamente el lugar 121 de 143 países, con una calificación cercana a 0.40. Este índice mide independencia judicial, cumplimiento de contratos, corrupción, justicia civil y penal.

Para el sector financiero, ese ranking se traduce en:

• Mayor prima de riesgo país.
• Mayor costo de fondeo.
• Menor profundidad crediticia.
• Mayor exigencia de garantías reales.
• Restricción de plazos.
• No es ideología. Es pricing del riesgo.

II. Legitimidad política formal vs. legitimidad social débil

La elección judicial reciente tuvo una participación aproximada de 12.5 %–13.3 % del padrón, un nivel extraordinariamente bajo para rediseñar un poder del Estado.

Desde la perspectiva institucional, esto produce un efecto doble:

• Legalidad formal (fue una elección válida).
• Legitimidad social limitada (mandato débil).

En sistemas políticos, un poder con legitimidad social frágil tiende a reforzar cohesión interna y alineamiento, no necesariamente productividad técnica.

III. Productividad judicial: señales mixtas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reportado variaciones en número de asuntos ingresados y resueltos en los últimos años. Cifras oficiales del INEGI muestran:

• 16,370 asuntos ingresados a la Corte en 2024.
• 13,979 egresados ese mismo año.
• Tendencia descendente respecto a años previos.

El informe anual de labores también indica una ligera reducción en asuntos resueltos entre 2024 y 2025.

El dato no prueba ineficiencia por sí solo, pero sí alimenta una percepción crítica en el sector productivo: menor claridad jurisprudencial y mayor tiempo para obtener criterios definitivos.

IV. Tendencia pro-fisco y asimetría procesal

En materia fiscal, reportes recientes señalan que el Servicio de Administración Tributaria obtuvo resolución favorable en aproximadamente 55% de los juicios definitivos durante 2025.

Esto no implica irregularidad. Implica algo económicamente más importante: predictibilidad sesgada.

Cuando el Estado ejecuta con eficacia coercitiva y el particular enfrenta ejecución lenta, la balanza jurídica se vuelve asimétrica.

Consecuencia financiera:

• Aumento de litigio defensivo.
• Mayor planeación fiscal agresiva.
• Reducción de inversión de largo plazo.
• Migración hacia estructuras menos formalizadas.

V. Calendario real de operación judicial

El Poder Judicial Federal tiene aproximadamente:

• ~230 días hábiles anuales formales.
• Dos periodos vacacionales.
• Múltiples días inhábiles.
• Suspensiones extraordinarias.

Si se consideran paros, contingencias y diferimientos procesales, la capacidad efectiva de resolución puede reducirse significativamente.

El problema no son las vacaciones. El problema es el incentivo institucional: la dilación rara vez tiene consecuencias administrativas directas.

VI. La dilación como mecanismo racional de autoprotección

En muchos órganos jurisdiccionales se observa un patrón:

Mejor no resolver que resolver mal.

Esto se traduce en:

• Emplazamientos por edictos incluso con información de localización.
• Prevención tras prevención.
• Acuerdos de trámite sin resolución de fondo.
• Diferimientos reiterados.
• Excesivo formalismo.
• Desde la óptica judicial, reduce riesgo de nulidad.
• Desde la óptica económica, destruye valor.

VII. Impacto directo en el sector financiero.

Para bancos, SOFOMES, fintechs y fondos de crédito, la pregunta no es jurídica sino actuarial:

¿Cuánto cuesta recuperar un crédito en tribunales?

Cuando la recuperación judicial es lenta e incierta:

• Suben tasas.
• Baja el crédito disponible.
• Se endurecen condiciones.
• Se privilegia crédito de consumo de alto margen.
• Se restringe financiamiento productivo.

La consecuencia social es menos visible pero más profunda: menos inversión, menos empleo y mayor desigualdad crediticia.

VIII. CDMX y estados clave: donde se concentra el riesgo sistémico

La Ciudad de México concentra aproximadamente la mitad de los litigios civiles y mercantiles complejos del país debido a:

• Domicilios corporativos.
• Cláusulas de jurisdicción.
• Concentración económica.

Estados como Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Puebla presentan patrones similares en materia industrial y financiera.

Un paro judicial local no afecta solo a litigantes; afecta cadenas de crédito, garantías y operaciones empresariales.

IX. La sociedad pasiva y el control de los tres poderes

El elemento político no puede ignorarse. Una participación electoral baja permitió a un partido político con base minoritaria efectiva consolidar control sobre Ejecutivo, Legislativo y ahora el rediseño judicial.

No es una anomalía histórica —ocurre en democracias con alta abstención— pero sí tiene consecuencias:

• Menor pluralidad de contrapesos.
• Mayor coherencia en agenda gubernamental.
• Menor capacidad de corrección institucional.

Para el capital, esto se traduce en una pregunta central: ¿quién arbitra cuando el árbitro también es parte?

X. Valoración financiera: innovación vs. resiliencia.

Desde la perspectiva de un financiero, el problema no es si el sector usa tecnología, fintech o cobranza digital. Eso es irrelevante si la fase final —la ejecución judicial— es incierta.

La pregunta real es: ¿qué tan bueno eres gestionando riesgo y cuánto capital puedes absorber cuando una fracción de tu cartera entra al sistema judicial?

Si el 5% de la cartera se vuelve litigiosa, los efectos pueden ser desproporcionados:

• Inmovilización de reservas.
• Consumo de capital regulatorio.
• Presión sobre liquidez.
• Deterioro de ROE.
• Aumento del costo de fondeo.

En mercados con ejecución eficiente, ese 5% se recupera en plazos razonables.

En México puede convertirse en un proceso multianual.

Esto no distingue entre banco tradicional, fintech o fondo privado.

La variable crítica es capacidad de aguante financiero.

XI. Pronóstico: justicia lenta, crecimiento lento

Un Poder Judicial percibido como lento, politizado o impredecible no provoca colapso inmediato. Produce algo más sutil y dañino:

• Estancamiento estructural.
• Crédito caro.
• Inversión cautelosa.
• Informalidad creciente.
• Desigualdad de acceso financiero.

El país sigue funcionando, pero con menor dinamismo.

La justicia no es solo un ideal constitucional. Es infraestructura económica invisible. Cuando esa infraestructura se deteriora, el costo lo pagan todos: empresas, bancos, trabajadores y consumidores.

México no enfrenta ausencia total de justicia. Enfrenta una justicia con incentivos equivocados para la productividad económica.

Y en finanzas, como en medicina, los sistemas no colapsan por una sola falla. Colapsan por acumulación de pequeñas disfunciones que nadie corrige a tiempo.

El capital puede operar con riesgo.

Lo que no puede sostener indefinidamente es la incertidumbre.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.

En plena protesta, alrededor de las 10 de la mañana, trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial fueron sorprendidos por un presunto grupo de choque, quienes comenzaron a agredirlos.

Entre jalones y empujes, los agresores intentaron ingresar al edificio del Poder Judicial, pero los trabajadores lograron evitarlo aún cuando les eran arrojados objetos y botellas de agua.

Debido a que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar para resguardar la zona, la riña cesó.

🔴 Tensión en Ciudad Judicial: un presunto grupo de choque irrumpió y deshizo el bloqueo; en estos momentos se arrojan botellas de agua en el lugar.

📹🗞️ Ulises Soriano vía @Radio_Formula pic.twitter.com/7rSx60onKC

— Azucena Uresti (@azucenau) February 13, 2026

Paro de trabajadores en el Poder Judicial de la CDMX

Tras la irrupción del presunto grupo de choque, alrededor de 40 trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial retomaron su manifestación sobre avenida Niños Héroes.

El sindicato rechaza el nuevo periodo de presidencia del organismo asumido, a inicios de enero y por tercera ocasión, por Rafael Guerra Álvarez, quien ha estado al frente desde hace ocho años.

Exigen que se repitan las elecciones para elegir al nuevo secretario General y al Comité Ejecutivo Central del Sindicato.

Mediante un comunicado denuncian presuntas irregularidades en las elecciones realizadas entre abril y mayo de 2025, en las que resultó favorecida la denominada “Planilla Naranja”, grupo que ha mantenido el control del sindicato durante más de 24 años.

Por ello salieron a protestar este viernes así como anunciaron el paro de actividades en Ciudad Judicial.

#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Av. Niños Héroes desde Dr. Lavista, por manifestantes a la altura de Dr. Liceaga, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Cuauhtémoc y Dr. José María Vértiz. pic.twitter.com/guGVODdhRK

— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) February 13, 2026

Entre las calles afectadas se encuentra Niños Héroes a la altura de Doctor Lavista y Doctor Navarro, así como bloquearon los accesos a Juzgados Civiles, salas civiles y familiares.

Autoridades pidieron evitar la zona así como circular por Doctor Vértiz o Avenida Cuauhtémoc.

Con información de N+ y La Silla Rota

Javier Corral destacó que se deben analizar los perfiles de los jueces sin rostro, pues los gobernadores se habrían aprovechado de esta medida e impusieron a quienes ellos quisieron.

Llama Javier Corral a revisar y corregir la reforma judicial antes de 2027

Durante una mesa de análisis, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, dijo que es necesario revisar y corregir la reforma judicial, en especial en el tema de los jueces sin rostro.

Javier Corral señaló que gobernadores se aprovecharon de la medida de los jueces sin rostro e impusieron personas, por lo que es necesario garantizar antes del 2027:

• Jueces con perfil judicial y profesionalización
• Buen papel de los Comités de Evaluación en los procesos
• Sorteo claro

Asimismo, Javier Corral señaló que, ante los análisis internacionales que se realizan sobre la reforma judicial, el Senado también debe prestar atención a estos señalamientos.

El senador Javier Corral reiteró que no se puede legislar una medida con la de jueces sin rostro sin antes revisar y corregir la reforma judicial y atender los llamados internacionales.

“Sería una contradicción enorme estarnos quejando de que el presidente Trump devasta el orden internacional y también nosotros eludiéndolo. Eso no lo puede hacer el Senado de la República”.

Javier Corral, senador de Morena

A través de un posicionamiento público, la representación diplomática mexicana rechazó los señalamientos y subrayó que, pese a las críticas, México registró una Inversión Extranjera Directa (IED) histórica de 40.9 mil millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un incremento de 14.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Carlos A. Gimenez critica elección popular de jueces

En una publicación en su cuenta oficial de X, Carlos A. Gimenez cuestionó la reforma judicial impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum, la cual contempla la elección popular de jueces.

El legislador estadounidense aseguró que esta medida genera incertidumbre legal, desincentiva inversiones de empresas estadounidenses y podría afectar el crecimiento económico de México.

“Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, México se ha convertido en un paria regional que roba y expropia empresas y roba ciegamente a los inversionistas estadounidenses.”

Carlos A. Gimenez, Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Gimenez citó reportes financieros, como los de Bloomberg, que señalan que algunas compañías han optado por mecanismos de arbitraje internacional ante la desconfianza en los tribunales nacionales.

Embajada de México responde con cifras de inversión

En contraste, la Embajada de México destacó que los datos oficiales confirman un flujo récord de inversión extranjera, citando información difundida por Mexico News Daily, lo que —según el gobierno mexicano— demuestra que la confianza de los inversionistas se mantiene pese a la reforma judicial.

“México es un socio sólido y confiable para Estados Unidos y la comunidad internacional. Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país ha registrado una confianza inversionista récord, con una Inversión Extranjera Directa que alcanzó la cifra histórica de 40.9 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2025. ”

Embajada de México en Estados Unidos

Asimismo, recordó que México y Estados Unidos son mutuamente sus principales socios comerciales, una relación estratégica que se mantiene sólida a pesar de las tensiones políticas y los desacuerdos en torno a temas como la reforma judicial y la política exterior hacia Cuba.

El juicio ejecutivo mercantil: cuando el embargo llega sin avisar

En México, el juicio ejecutivo mercantil es uno de los procedimientos más rápidos y efectivos para que un acreedor recupere una deuda. A diferencia de otros juicios, este proceso está diseñado para ser expedito, y una de sus características más importantes es que el embargo puede realizarse al momento mismo de notificar la demanda al deudor.

Así es: el actuario judicial puede presentarse en tu domicilio con la demanda en una mano y la orden de embargo en la otra. No hay periodo de gracia, no hay tiempo para prepararte. En cuestión de minutos, los bienes que se encuentren en tu hogar pueden ser asegurados como garantía del pago de la deuda. Esta rapidez es precisamente lo que toma por sorpresa a la mayoría de los demandados, quienes asumen erróneamente que tendrán tiempo para “arreglar las cosas” o que, simplemente, como no tienen nada a su nombre, no hay nada que embargar.

“No tengo nada, así que no pueden embargarme”: el error más costoso

Este es quizá el mito más común sobre este tema. Muchas personas se confían pensando que, como no tienen propiedades, vehículos o cuentas bancarias a su nombre, están a salvo de un embargo. Técnicamente, esto podría ser cierto si vivieras en un espacio completamente vacío. Pero la realidad es muy diferente.

Es posible que el demandado efectivamente, no tenga bienes muebles, como vehículos automotores, bicicletas, televisores, computadoras, equipos de sonido, lavadoras, consolas de videojuegos, etcétera, pero si dichos bienes se encuentran en el lugar donde habita, pueden ser perfectamente embargables. Y aquí viene lo crucial: no importa si la casa o el departamento no está a su nombre. La carga de la prueba recae completamente en el demandado o en los propietarios de esos bienes. Para efectos legales, todo lo que esté en ese domicilio se considera propiedad del demandado, a menos que pueda demostrar lo contrario.

¿Y cómo se demuestra? El documento más sólido y recomendable es la factura fiscal, ya que acredita fehacientemente la propiedad de un bien ante un actuario judicial. Sin embargo, si no puedes presentar documentación que respalde la propiedad en el momento del embargo, esos bienes serán asegurados y eventualmente rematados para cubrir la deuda. Recuperarlos durante el juicio es posible mediante un proceso legal llamado “tercería excluyente de dominio”, que acepta diversos medios de prueba como facturas, estados de cuenta que muestren la compra, contratos de compraventa y garantías a nombre del tercero. No obstante, este camino requiere tiempo, dinero y esfuerzo que se pudo haber evitado con información oportuna y preparación adecuada.

Para el actuario, todo es tuyo hasta que demuestres lo contrario

Es fundamental entender la perspectiva del actuario judicial. Esta persona no llega a tu domicilio a investigar quién compró qué o a escuchar historias sobre cómo adquiriste cada objeto. Su trabajo es ejecutar una orden judicial, y esa orden establece claramente que debe asegurar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda reclamada.

Por lo tanto, el actuario opera bajo un principio muy simple: todo lo que se encuentra en el domicilio del demandado es de su propiedad, salvo prueba en contrario. Esta presunción legal es la que ha provocado innumerables injusticias, donde personas han visto cómo se llevaban bienes de sus padres, hermanos, cónyuges o incluso roommates, simplemente porque no pudieron acreditar en ese momento que esos objetos no les pertenecían.

Tres mitos que debes eliminar de tu cabeza

Si has visto videos de embargos en redes sociales, habrás notado que todos tienen algo en común: el demandado se confió. Estos son los mitos más peligrosos:

“Si no abro la puerta, no pueden embargarme”. Falso. El actuario puede solicitar apoyo de la fuerza pública, y tu negativa puede interpretarse como obstrucción a la justicia, agravando tu situación.

“Los embargos solo le pasan a la gente rica”. Completamente falso. Los embargos afectan a personas de todos los niveles socioeconómicos, y quienes tienen menos recursos suelen ser los más vulnerables por falta de asesoría oportuna.

“Como no firmé pagaré, no me pueden embargar”. Este es quizá el más peligroso. Los contratos de crédito, físicos o digitales, tienen el mismo valor legal que un pagaré. El artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los contratos de apertura de crédito y tarjetas de crédito son títulos ejecutivos. Incluso ese préstamo que solicitaste desde una app, aceptando términos con un clic, puede ser base de un juicio ejecutivo mercantil.

¿Qué puedes hacer para proteger tus bienes y los de tu familia?

La prevención es tu mejor herramienta. Si estás enfrentando una situación de deuda, nunca la ignores. Reúne inmediatamente toda la documentación de los bienes que se encuentran en tu domicilio, especialmente si no son tuyos. Las facturas fiscales son el documento más sólido, pero también conserva estados de cuenta, contratos de compraventa y garantías que puedan acreditar la propiedad.

Busca asesoría legal especializada. No esperes a que el actuario llegue a tu puerta. Si tienes dudas sobre los riesgos que tienen tus deudas, actúa ya e infórmate.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, hemos acompañado a miles de personas en situaciones similares. Si te encuentras en esta situación o quieres estar preparado, acércate a nosotros. Contamos con especialistas que pueden orientarte sobre tus derechos y las mejores estrategias para tu caso particular. De igual forma, entidades como la CONDUSEF pueden apoyarte con asesoría gratuita sobre tu caso.

La desinformación y el exceso de confianza constituyen tus principales enemigos. ¡Elimínalos!

El PAN habría presentado la denuncia ante la CIDH en diciembre de 2025 bajo el argumento de que estas reformas contradicen la Constitución Mexicana y los tratados internacionales.

CIDH admite impugnación del PAN contra reforma judicial, Ley de Amparo y Guardia Nacional

Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, anunció que la CIDH aceptó el caso para impugnar la reforma judicial y la Ley de Amparo; celebró que estas leyes vayan a ser estudiadas por el ente internacional.

“Ya activamos la justicia internacional. Ya se prendió una alarma. Y yo lo vuelvo a decir, la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica”.

Germán Martínez Cázares, diputado del PAN

Pese a que la CIDH admitió el caso, esto no garantiza una resolución, pues sólo se examinará si las reformas son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el Estado mexicano.

El diputado Germán Martínez Cázares solicitó que se suspendan las elecciones del Poder Judicial 2027 hasta que la CIDH dicte una sentencia respecto al caso promovido por el PAN.

Respecto a la denuncia promovida ante la CIDH, Ricardo Monreal aseguró que “las reformas se hicieron bien”, además de que México no acepta la intervención de países u organismos internacionales.

“Ofreció disculpas (...) malo hubiera sido que no hubiera dicho nada. Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir ‘no fue mi intención’, malo sería que él no hubiera dicho nada”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde Morelia, la presidenta de México destacó el valor de reconocer errores y subrayó que la “humildad” debe ser una característica permanente en los servidores públicos.

Sheinbaum atribuye críticas a Hugo Aguilar por la reforma al Poder Judicial

La presidenta de México respaldó la disculpa ofrecida por Hugo Aguilar Ortiz a Amanda Pérez Bolaños, titular de Comunicación Social de la SCJN, luego de que esta limpió los zapatos al ministro.

No obstante, Claudia Sheinbaum externó que detrás de las críticas a Hugo Aguilar Ortiz está la oposición y la molestia que sigue causando la reforma al Poder Judicial y la nueva SCJN.

El contexto del video y la disculpa de Hugo Aguilar

Durante la mañanera del pueblo del 6 de febrero de 2026, celebrada en Morelia, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el video que se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a Amanda Pérez Bolaños limpiando los zapatos del ministro Hugo Aguilar Ortiz, mientras este aparentemente no interviene.

Posteriormente, Hugo Aguilar explicó que sí pidió que se detuviera, y que el acto ocurrió luego de que se derramara café y nata sobre su calzado.

El ministro presidente de la SCJN aseguró que fue una acción voluntaria por parte de la funcionaria y ofreció una disculpa pública por lo ocurrido.

Sheinbaum: “La humildad debe guiar a los servidores públicos”

Sheinbaum calificó como “loable” que el ministro haya dado la cara, explicado los hechos y ofrecido disculpas, al tiempo que enfatizó que la humildad debe guiar siempre el actuar de quienes ocupan cargos públicos.

“El error se cometió, pero se reconoció”, sostuvo la presidenta de México al cerrar filas con el presidente de la SCJN.

Tres años después, el nuevo presidente de la Corte, quien obtuvo la mayor votación, en un tema que seguramente para él es menor, exhibió su pequeñez al dejar que una directiva de la Corte y otro empleado más, limpiaran su calzado en una inaceptable e insultante imagen de soberbia. Los discursos fueron importantes, el de la presidenta Sheinbaum quien reitera su compromiso con la soberanía y, todavía más, el de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo quien hace ver que la reforma política no acabará con la representación proporcional y el del gobernador anfitrión, Mauricio Kuri, panista quien reitera la defensa a la presidenta en su relación con EU y su postura de que la reforma política sea un paso más para las libertades y la democracia.

Es una noticia mayor que la reforma no acabará con el régimen mixto de integración de las Cámaras del Congreso. El comisario Gómez y la línea dura del morenismo tuvieron que hacerse a la idea de que no tienen los votos y que no hay manera de que el PT y el PVEM los acompañen en todo, incluso en lo que atenta contra su propia existencia. Esa es la nota del día de ayer y en el ecosistema informativo debería ser el centro de la atención por todo lo que implica. Se resuelve un tema, el más relevante, del intento autocrático del régimen. De alguna manera la victoria más relevante desde hace mucho tiempo. No importa que la resistencia haya corrido a cuenta de dos organizaciones vistas con desprecio por muchos y que la razón de su oposición fueran sus intereses y no, precisamente, la defensa del sistema de representación que garantiza la pluralidad.

El tema del 5 de febrero ha sido trágico para el presidente de la Corte y de la peor manera. La imagen puede más que el discurso y el acontecimiento es una metáfora del desastre de reforma del poder judicial y del triste ocaso de la Suprema Corte. Difícilmente pudiera pensarse en una situación semejante en el pasado, lo que constata que nunca la Corte había estado en tan bajo lugar con integrantes tan menores en un momento en el que el país más requiere de sus instituciones republicanas ante la amenaza del crimen y del expansionista vecino. La nula calidad humana del ministro presidente Hugo Aguilar hace contraste con su antecesora la ministra Norma Piña. La retiraron por su sentido de dignidad; a él lo llevaron al cargo, precisamente por carecer de ella.

Lo importante no es detenerse en los incidentes, sino interpretarlos. Entender lo que significan más allá de las personas involucradas, no para absolverlas sino para dar relevancia a lo que importa. Por ejemplo, la presidenta, con razón, busca promover el crecimiento del país y está dispuesta a mucho ante tal cometido, pero no advirtió que acabar con la autonomía del poder judicial acabó también con la certeza jurídica, fundamental para la confianza del inversionista.

La conmemoración del 109 aniversario de la Constitución es un evento histórico. Simbólico porque puso al descubierto en una irrefutable y significante imagen el resultado de la reforma judicial. Por la otra, el freno del despotismo morenista de acabar con el fundamento de la reforma democrática: la integración de la pluralidad a la representación parlamentaria como fórmula para la coexistencia política.

Existe un correlato entre ellas, de modo que la Constitución de 1917 recupera los planteamientos esenciales y definiciones de las precedentes y, de hecho, se formuló sobre la base articulada de su antecesora de 1857; puede decirse que el asidero constitucional ha brindado fuerza y legitimidad al Estado y también ha marcado sus límites y necesidades de actualización.

Ha sido consistente la aspiración de conformar una república representativa, federal, democrática y laica, tal y como lo establece el artículo 40 de la carta magna y que, desde luego, se inscribe atenta a lo mencionado en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, el cual ha pergeñado la cultura del constitucionalismo en el mundo y donde se señala que: “Toda sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni la separación de los poderes no tiene constitución”.

Así, hablar del aniversario de la Constitución mexicana refiere necesariamente la relación que se ha construido entre el Estado y la sociedad; entre el poder y el pueblo, que implica necesariamente la forma de gobernarnos y de integrar los poderes constitutivos de nuestra organización política para garantizar los derechos humanos y lograr el desarrollo nacional dentro del régimen republicano.

Constitución como expresión del arreglo que nos hemos dado para ordenar nuestra convivencia en el devenir de nación soberana, libre e independiente que interactúa con otros países y se inserta en el impulso que ha tenido el constitucionalismo en el mundo, especialmente en el marco de las duras experiencias que tuvieron lugar hacia los finales de la Segunda Guerra Mundial con la brutal explosión del fascismo y de sus dramáticos excesos, con el sorprendente hecho de que dio lugar a un sistema político que pudo instaurarse en Italia y en Alemania en el marco de regímenes democráticos.

El impacto del fascismo y del nazismo fueron telúricos, pues conmocionaron la presunción de la solidez democrática como expresión inmutable del sentir popular, al tiempo de mostrar su vulnerabilidad ante los efectos de los liderazgos carismáticos, de los movimientos de masas y de la seducción que produjeron hacia la sociedad, así como del impacto de la publicidad y la propaganda como medios alineadores, a través de técnicas específicas, del uso de la fuerza y de los medios masivos de comunicación, la radio y la prensa.

Seguir aquí a un gran pensador de este fenómeno, Luigi Ferrajoli, resulta de gran utilidad, con él se asume que la democracia ha tomado nueva conciencia de sí misma a través de la negación del fascismo y de lo que este rechazó -el valor de la paz, la división de poderes, especialmente el papel de las constituciones como garantía de la división de poderes y de los derechos fundamentales, para lo cual se hizo necesario el carácter rígido de la constitución, que implica la sujeción al derecho de todos los poderes, incluso el poder legislativo, en el plano del derecho interno y también del derecho internacional-. Nos dice Ferrajoli, ¿qué significa en realidad la rigidez de las constituciones? Significa el reconocimiento de que las constituciones son normas supraordenadas a la legislación ordinaria, a través de la previsión, por un lado, de procedimientos especiales para su reforma y, por otro, de la institución de control constitucional de las leyes por parte de tribunales constitucionales…”

Ahora bien, en la etapa actual es difícil que se tengan expresiones abiertas a favor de apoyar a los regímenes fascistas, sin embargo se vive una clara expansión que promueve distintos modelos autoritarios y de cobertura populista que, de alguna manera, son émulos de aquellos, pues retoman algunos de sus paradigmas como lo es incubar sistemas dictatoriales dentro de las estructuras democráticas.

El debate sobre este asunto toca filones complejos, pero un elemento decisorio en cuanto al relajamiento del régimen democrático y de la propensión a caer en desvaríos autoritarios se encuentra en el rechazo a la rigidez o garantismo constitucional y, en cambio, la proclividad para generar un proceso de concentración del poder que, obviamente, atenta contra la división de los poderes.

Dentro de ese tono se ubica la disminución o eliminación de los controles constitucionales, lo que conlleva a convertir a la propia Constitución en un cuerpo poroso que diligentemente se amolda a las necesidades y conveniencia del poder concentrado; se reconvierte así el papel que estas tienen; dejan de ser garantía de derechos y se tornan en instrumentos legitimadores de los abusos del poder.

Inevitable advertir que, en México, tal cosa ocurre en tanto la división de los poderes ha sido vulnerada por la cooptación que ha hecho el ejecutivo respecto del legislativo y el judicial; el primero sometido a través de la instauración de una super mayoría del partido en el gobierno que no se corresponde con los votos emitidos por la ciudadanía y que convirtió a la Cámara de Diputados en un órgano que trastocó su integración en la expresión casi exclusiva del partido en el poder y de sus aliados, mientras integró a senadores que no le correspondían a través de métodos de carácter gansteril.

Con una votación del 54% fue posible que el partido en el poder y sus aliados alcanzaran una representación en la Cámara de Diputados del 73%, mientras la oposición con un porcentaje del 46% de los sufragios alcanzó una presencia del 27% en ese órgano legislativo.

Lo que sucedió con el poder judicial no es menos ominoso, pues inscrito en una línea de renovación a través del voto popular conforme a los intereses e inclinaciones del gobierno, dentro de un ejercicio marcado por el desaseo, la manipulación y la simulación, además con la complacencia de las instancias que debieron calificar y ordenar el proceso electivo se cambió la naturaleza de este poder para politizarlo y someterlo a la línea de dominio establecido por el gobierno en cuanto poder ejecutivo.

A ello se sumó la determinación de eliminar órganos autónomos que implicaban un contrapeso al poder ejecutivo. Para colmo, se agregó la vulneración del control constitucional por parte del poder judicial mediante la consideración que las reformas aprobadas a la Constitución a través de la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y respaldadas por la mayoría de las legislaturas locales, no son objeto de revisión o de control por parte del poder judicial.

En efecto, la Constitución ha sido asesinada; se mantiene como símbolo de un proyecto democrático que fue cancelado a base de invertir la ecuación respecto de controlar al poder, para hacer que el poder sea quien ejerza el control dentro de una ficción democrática. En esta lógica, pronto se conocerá la propuesta de reforma electoral que impulsará el gobierno, pero los antecedentes que acompañan el proceso de reformas constitucionales hasta ahora aprobadas por el oficialismo, y la propia electoral que se intentó aprobar recientemente, no permiten albergar grandes expectativas.

Una y otra vez el gobierno ha dado muestras de su carácter indómito y de su vena despótico-autoritaria. La Constitución ha sido asesinada.

El morenista señaló durante una conferencia de prensa que dicho planteamiento será analizado por el Pleno del Congreso de la Unión, a la espera de que esta misma semana se de su aprobación.

Cabe recordar que Morena busca conseguir la reforma al Poder Judicial al comienzo de la próxima legislatura, luego de que obtuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Sí la entregaron a la Mesa Directiva, que no la cantó al Pleno. https://t.co/GNUFx7Xdr3

— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 16, 2024

Comisión Permanente recibirá mañana propuesta de parlamentos abiertos para Reforma Judicial, adelanta Ignacio Mier

Ignacio Mier adelantó que será el día de mañana cuando la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados reciba la propuesta para realizar los parlamentos abiertos en materia de la llamada reforma Judicial.

El coordinador parlamentario de Morena aseveró que con este proyecto se llevarán a cabo los foros que se consideren necesarios para analizar de fondo la iniciativa.

De acuerdo con Ignacio Mier, una vez que la Comisión reciba este 17 de junio la propuesta, espera que se analizada y aprobada por el Pleno del Congreso este próximo miércoles 19 de junio.

En caso de que esto ocurra, será la Comisión de Puntos Constitucionales la que deberá realizar la propuesta de calendario para los parlamentos, así como la mecánica y la forma en la que se llevarán a cabo.

Ignacio Mier indicó que la reforma al Poder Judicial es en virtud de los resultados de las elecciones 2024, toda vez que dijo son una muestra de lo que demanda la ciudadanía.

Cabe destacar que la propuesta de parlamentos abiertos a la mesa de la Comisión Permanente fue presentada desde el pasado 12 de junio, sin embargo, la misma no había sido presentada por el Pleno.

‼️EXTRA EXTRA‼️ Siempre SÍ “ingresó” al Pleno de la Comisión Permanente, desde el miércoles, la propuesta de los foros sobre la reforma al Poder Judicial.

Ahí están los sellos: se entregó a la Mesa, pero la Mesa NO la cantó al Pleno.

La aprobará mañana la Primera Comisión. pic.twitter.com/WvRj5db5G9

— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 16, 2024

¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial?

La reforma al Poder Judicial, lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y con el respaldo de legisladores de Morena y aliados, busca modificar la forma en que son electos ministros, jueces y magistrados.

De acuerdo con el proyecto, se busca eliminar la elección de los integrantes del Poder Judicial mediante los poderes Legislativo y en algunos casos del poder Ejecutivo. ¿Con qué fin? Para que esta decisión se someta a la elección de la propia ciudadanía.

Por ello se buscará que los tres poderes de la unión tengan solo la facultad de presentar candidatos para ocupar dichos cargos, pero estos serán elegidos mediante el voto popular en las urnas.

Es decir, en caso de aprobarse esta reforma al Poder Judicial, se buscaría establecer una jornada extraordinaria de elecciones, la cual se contempla llevarse a cabo a inicios de 2025.

Será el mañana martes 30 de julio, a las 17:00 horas, que se lleve a cabo el séptimo Diálogo Nacional para la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

Por ello, Ignacio Mier pidió estar pendiente del diálogo “Elección Popular de Integrantes del Poder Judicial” y adelantó que con la reforma se garantizará que los jueces elegidos sean autónomos e independientes.

Diálogo de la reforma al Poder Judicial abordará que jueces elegidos sean autónomos e independientes: Ignacio Mier

Sobre el séptimo Diálogo Nacional para la reforma al Poder Judicial, Ignacio Mier dijo que se buscará afinar la propuesta en torno a los criterios de idoneidad.

Ello con el fin de que los jueces elegidos por voto cumplan con los criterios de autonomía e independencia.

Recalcó que las propuestas de los ponentes en materia de criterios deberán quedar bien definidos en la convocatoria que se reflejarán a su vez en el proyecto de la reforma al Poder Judicial.

Por lo que en el diálogo “Elección Popular de Integrantes del Poder Judicial” se abordará el cómo garantizar que los candidatos a jueces, sugeridos por los tres Poderes de la Unión, sean autónomos e independientes.

Reforma al Poder Judicial reducirá de 11 a 9 ministros en la SCJN

Por otra parte, Ignacio Mier reiteró que con los 6 diálogos de la reforma al Poder Judicial, ya está más definido que con la iniciativa de AMLO se reduzca el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con lo que una vez aprobada la reforma, pasarán de 11 a 9 ministros del Poder Judicial.

“Hay prácticamente definido un horizonte para reducir la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9 ministros”, aseguró Ignacio Mier.

Cabe mencionar que el pasado 23 de julio, Ignacio Mier explicó que las modificaciones al anteproyecto de la reforma al Poder Judicial iniciarán en la Comisión de Puntos Constitucionales el próximo 9 de agosto.

Será en dicha fecha porque será cuando concluyan los Diálogos Nacionales de la reforma, y ésta podría discutirse hasta después del 15 de agosto.

Mientras que el 1 de agosto se aprobará la propuesta de ruta para las 18 reformas constitucionales de AMLO.

En entrevista a medios de comunicación, Ignacio Mier habló sobre la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Reiteró que el dictamen de la iniciativa continúa en circulación luego de que se llevaron a cabo los diálogos nacionales, además de un diálogo adicional para escuchar a todas las voces.

Este diálogo adicional fue ordenado por la Comisión Permanente y la Junta de Coordinación Política, con el fin de escuchar tanto especialistas como trabajadores del Poder judicial de la Federación.

Por lo que el dictamen de la reforma al Poder Judicial avanza y ya está siendo analizado por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Reforma al Poder Judicial va a pesar de paro nacional de trabajadores: Ignacio Mier

Ignacio Mier aseguró que la discusión de la reforma al Poder Judicial se llevará a cabo a pesar del paro nacional convocado por trabajadores, magistrados, jueces y ministros.

El morenista recalcó que no habrá freno a la reforma porque ya se llevaron a cabo todos los diálogos necesarios.

“No (no se frena); ya fue discutido, fue analizado, se escucharon a todas las voces, personalmente lo he hecho”

Ignacio Mier

La reforma al Poder Judicial será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto de 2024 y una vez discutida y aprobada, se remitirá a la Mesa Directiva para continuar con el proceso legislativo, explicó Ignacio Mier.

57% de los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan desinforman sobre la reforma

Por otra parte, Ignacio Mier señaló que el 57% de los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan en contra de la reforma tienen una relación directa ya sea de carácter familiar o de amistad.

Así Ignacio Mier llamó “composición feudal” a la integración de jueces y magistrados en el Consejo de la Judicatura Federal.

En palabras del morenista, son esos trabajadores los que desinforman al resto de los que integran el Poder Judicial de la Federación, por lo que invitó a leer el dictamen que demuestra que la reforma no violentará derechos adquiridos.

Ignacio Mier (@NachoMierV) advirtió que, pese al paro nacional de jueces, magistrados, ministros y trabajadores del Poder Judicial, la reforma judicial será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto.

Afirmó que "casi el 60% de quienes se manifiestan, tienen una relación directa… pic.twitter.com/22F8OJ5k3f

— Emeequis (@emeequis) August 20, 2024

“Como Consejera Electoral me deslindo completamente de la idea y de la contratación de la miniserie sobre la elección judicial”

Carla Humphrey, consejera del INE

Este proyecto ha generado varias críticas, incluyendo las de Carla Humphrey, porque la miniserie sobre la elección del Poder Judicial tendrá un costo de aproximadamente un millón 157 mil pesos.

De igual forma, se ha cuestionado que el productor del proyecto, Gilberto Solís, esté implicado en un caso de desvío y simulación de contratos, equivalentes a más de 200 millones de pesos en el estado de Hidalgo.

Carla Humphrey niega participación de la miniserie sobre la elección del Poder Judicial

En opinión de la Consejera Carla Humphrey, no hacía falta contratar productores porque el INE tiene la capacidad de realizar la miniserie que pretende mostrar el proceso de la elección del Poder Judicial.

“El propio INE podría haberla realizado la ‘miniserie´ que contendrá elementos gráficos, en su gran mayoría, de la autoridad electoral”

Carla Humphrey, consejera del INE

Carla Humphrey reiteró que, entre sus atribuciones y facultades, no se encuentra ninguna relacionada a contratar bienes y servicios institucionales, por lo que se deslindó de haber autorizado el presupuesto por un millón 157 mil pesos.

En ese sentido, marcó distancia del procedimiento de adjudicación y de las personas involucradas en él. “Naturalmente me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron diversas personas”.

Sostuvo que algunas personas habrían percibido recursos del propio INE, “aunque todas en su momento formaron parte de la misma agencia de publicidad”, señaló.

El momento más crítico llegó cuando usuarios preguntaron “¿Para qué una miniserie sobre la elección del Poder Judicial?“, a lo que Carla Humphrey contestó: ”Me lo sigo preguntando".

Tras las críticas generadas por la compra de costosas camionetas para los ministros —que ya no utilizarán—, la SCJN se encuentra bajo polémica de nuevo por la adquisición de togas.

SCJN desata polémica tras la compra de togas de casi 300 mil pesos

En julio de 2025, la SCJN gastó cerca de 300 mil pesos en la adquisición de seis togas para ceremonias extraordinarias y seis para ordinarias, lo que ha desatado gran crítica a sus discursos de austeridad.

De acuerdo con la información, cada una de las togas tuvo un costo de 23 mil pesos, más un descuento del 16% en las togas ordinarias, por lo que el precio total que se pagó fue de 294 mil 547 pesos.

Los reportes señalan que solo se pidieron seis togas pues tres de las ministras fueron reelectas y no necesitaban la investidura; los ministros beneficiados con esta compra son:

• Hugo Aguilar
• Estela Ríos
• Giovani Figueroa
• Irving Espinosa
• Arístides Guerrero
• Sara Herrerías

La compra fue adjudicada a Édgar Juan Hernández García y se aclaró que las tallas serían personalizadas, por lo que se necesitaba tomar medidas a casa de unos de los ministros de la SCJN.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si estas togas ya han sido entregadas a los ministros o si son estas las que ocupan en cada una de sus sesiones ordinarias, pues la compra se realizó hace seis meses.

De acuerdo con la información que circula alrededor de dicha acción, los inconformes acusan que con la reforma al Poder Judicial, el Estado mexicano habría incurrido en violaciones a los derechos de los juzgadores.

CIDH admite a trámite denuncia contra el Estado mexicano por la reforma al Poder Judicial

A poco más de medio año de que entró en vigor la controvertida reforma al Poder Judicial, la CIDH revisará su posible implicación en violaciones a los derechos de las personas juzgadoras.

Lo anterior debido a que la Comisión admitió a trámite una denuncia presentada por jueces y magistrados federales, quienes acusan que el Estado mexicano vulneró sus garantías con la reforma.

Al señalar que debido a la reforma al Poder Judicial cientos de trabajadores fueron destituidos de sus cargos para ser electos por voto popular, los quejosos pidieron la intervención de la CIDH.

Al revisar la querella, el organismo la admitió a trámite y remitió oficialmente la petición al gobierno federal, para lo cual fijó un plazo de 3 meses —que podría extenderse a 4— para que el gobierno federal presente una respuesta.

De acuerdo con la CIDH, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la dependencia federal que deberá presentar sus observaciones durante el tiempo que se estableció.

Jueces y magistrados acusan vulneración a derechos de juzgadores

En la denuncia que presentaron ante la CIDH contra el Estado mexicano, un grupo de 14 juzgadores entre jueces y magistrados acusaron que la reforma al Poder Judicial vulneró los derechos del sector por puntos como los siguientes:

• Independencia judicial: Se afirma que la reforma al Poder Judicial debilitó la autonomía de jueces y magistrados frente al poder político
• Igualdad y no discriminación: Se señala que las nuevas reglas afectaron de manera desproporcionada a ciertos grupos, en especial a mujeres
• Honra y reputación: Se acusa que en el proceso legislativo, altos funcionarios del Ejecutivo señalaron públicamente a jueces de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso
• Confianza pública: Se sostiene que las acusaciones dañaron la credibilidad social de la que gozaba el Poder Judicial
• Politización: Se describe la reforma como un mecanismo de captura política de la judicatura, pese a presentarse como neutral

Tras el anuncio de la aprobación de esta reforma secundaria por las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, ahora se echa para atrás para su análisis.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio su respaldo para que esta figura avance y recordó que el propósito de la misma es proteger la integridad de los jueces que llevan casos de delincuencia organizada.

Javier Corral pospone aprobación de la reforma de jueces sin rostro para su análisis y mejoras en 2026

De acuerdo con la periodista Leti Robles de la Rosa, fue el senador Javier Corral quién decidió posponer el dictamen de esta reforma secundaria de jueces sin rostro.

Con el fin de que se analice todo el mes de enero de 2026 y esta sea aprobada en el próximo periodo extraordinario que comienza en febrero de 2026.

Según la periodista este retiro del dictamen se hizo para buscar precisiones y mejoras de esta reforma.

Cabe recordar que la figura de jueces sin rostro proviene de una iniciativa presidencial enviada en junio pasado.

Que recibió múltiples críticas al asegurar que se afectaba al debido proceso, así como reducir la transparencia al desaparecer la rendición de cuentas, lo que dificulta el detectar abusos.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum además de defender esta figura, resaltó que se debe tener “pulcritud” para que esta no sea utilizada fuera de su propósito que es la protección de la vida e integridad de los jueces.

La figura de los jueces sin rostro está contemplada dentro de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que será parte de la administración del Poder Judicial de la Federación, y que también funcionará a solicitud del Ministerio Público.

Recientemente la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos en la Cámara de Senadores aprobó la figura de jueces sin rostro de una iniciativa presidencial enviada en junio pasado.

Ahora tras ser cuestionada de esta figura de jueces sin rostro que es criticada por diferentes sectores al asegurar que afecta al debido proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum la defiende.

Sheinbaum respalda figura de jueces sin rostro por juicios particulares de delincuencia organizada

En el marco de esta aprobación en comisiones en la Cámara de Senadores de los jueces sin rostro, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propósito de protección para las personas juzgadoras.

Porque recordó que esta figura de jueces son rostro se hizo particularmente para los juicios que se trate de delincuencia organizada, y donde la persona juzgadora pueda correr algún riesgo al dictar una sentencia.

“Se consideró la necesidad de que hubiera, se llaman jueces sin rostro, qué quiere decir esto, que no se conozcan sus nombres de quién realizar una sentencia. Porqué es esto, por la condición de delincuencia organizada que hay en el país, juicios de extradición y otros temas que muchas veces ponen en riesgo a los jueces a las jueces y que al permitir este mecanismo se da la posibilidad de que se haga la sentencia protegiendo la vida de las personas”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

🔴La figura de “jueces sin rostro” es para que quien realice una sentencia, no se conozcan sus nombres, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto debido a los juicios que se llevan a cabo en temas de delincuencia organizada o de extradición. Es un mecanismo para proteger la… pic.twitter.com/g9utWZQmaS

— Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2025

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que se tiene que hacer “con toda pulcritud” para que esta figura de jueces sin rostro no sea utilizada en otros temas fuera de su propósito principal.

Cabe resaltar que los jueces sin rostro podrán aplicar sólo en ciertos delitos que están contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada y que será parte de la administración del Poder Judicial de la Federación además de una solicitud del Ministerio Público.

Adicionalmente se ordenan medidas que prevén la protección de la identidad de las personas juzgadoras en estos casos particulares de la delincuencia organizada.

Ya que en casos anteriores se tienen registros de que grupos del crimen organizado han llegado a atentar contra la vida de los jueces que dictan sentencia en contra de uno de sus miembros por estos delitos.

De acuerdo con Carlos Loret, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pío López Obrador, se siente respaldado el “nuevo Poder Judicial de Morena” y busca usarlo para ganar la demanda en su contra.

Asimismo, Carlos Loret de Mola resaltó que hay una demanda en su contra y de Latinus por 400 millones de pesos, cantidad que calificó como “desaforada”.

Carlos Loret de Mola: A Pío López Obrador se le “queman las manos por usar su nuevo juguete”

A través de su programa en Latinus, Carlos Loret de Mola aseveró que Pío López Obrador quiere “estrenar el nuevo Poder Judicial” para usarlo en su contra con una demanda de 400 millones de pesos.

“El hermano del expresidente de México quiere estrenar el nuevo Poder Judicial y usarlo contra Latinus y contra mi…este es el régimen al que se le queman las manos para usar su nuevo juguete, su nuevo poder judicial”

Carlos Loret de Mola

Recordó el video que compartió el hermano del expresidente en redes sociales, donde asegura que fue exonerado porque “no cometió ningún delito electoral” y ahora busca justicia.

“Ayer publicó un video para decir que el INE ya lo exoneró en el caso de los sobres amarillos llenos de billetes que recibió clandestinamente diciendo que era dinero para su hermano”

Carlos Loret de Mola

Sin embargo, resaltó, esta justicia viene en forma de dos demandas, por 200 millones de pesos, una en su contra y otra en contra de Latinus que suman 400 millones de pesos.

Carlos Loret de Mola recordó que López Obrador aclaró que no busca una disculpa pública por los supuesto agravios cometidos por el periodista al difundir los videos donde se le ve recibir sobres con dinero en efectivo que tanto él como AMLO reconocieron como “aportaciones voluntarias” para Morena.

“Pío dijo que no cometió ningún delito y que no le basta una disculpa pública, que quiere más, y confía en que las autoridades hagan justicia. Es una amenaza. Está tirando línea a los nuevos jueces y magistrados y ministros, Va contra Latinus y va contra mí”

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola asegura que Pío López Obrador lo quiere enviar a la cárcel por exponerlo recibiendo dinero

Por otra parte, aseguró que Pío López Obrador, con su video, está dando línea a jueces, magistrados y ministros, para que el periodista termine en la cárcel por hacer su trabajo.

Señaló que el nuevo Poder Judicial “de Morena” le va a dar la razón en su demanda y, como es una cantidad desaforada que no puede pagar “entonces procede a embargar lo que haya o la cárcel”

“El mensaje es claro, está diciendo que el Poder Judicial está de su lado y que nos va a hacer pagar por haberlo exhibido, por hacer nuestro trabajo”

Carlos Loret de Mola

Asimismo aseguró que López Obrador está actuando como “un extorsionador” y resaltó que tiene esta actitud porque se sabe respaldado a pesar de que existen videos contundentes donde se le ve recibir dinero, así como audios donde habla de estos recurso que califica como “aportaciones voluntarias para apoyar al movimiento”

Carlos Loret de Mola recordó que el INE compartió que los videos donde se le ve recibiendo dinero fueron rechazados como evidencia procesal por el Tribunal Electora, donde, según el periodista “está controlado por Morena”

Además, recordó que el mismo INE reconoció que las acciones eran evidentes pero no se podía proceder debido a la decisión del Tribunal Electoral.

En concreto, el libro señala que Arturo Beltrán Leyva quería poner un spa, en Altavista, para tener un “harem” de artistas de Televisa y que un ejecutivo de apellido Burillo le facilitó, desde Televisa San Angel, un catálogo de mujeres en donde estas se podían contratar para “comidas privadas”.

El libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno” establece que Arturo Beltrán Leyva quería tener sexo con las actrices y que la televisora a través del citado ejecutivo las ofrecía a cambio de exorbitantes precios. Argumento que para “vender” su libro hizo la periodista Anabel Hernández en varios foros.

La sentencia contra la editorial más grande del mundo -con ventas de más de 4 mil millones de euros-, está en poder de SDPnoticias.

Televisa probó ante tribunal que “Burillo” nunca trabajó en la televisora

Televisa, en un juicio que duro casi dos años y en varias instancias del Poder Judicial Federal, acreditó que:

• Los catálogos de artistas no tienen precio de contratación
• No hay catalogo de “mujeres”
• Los catálogos que existen incluyen a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores
• Los catálogos que existen que usan, desde 1971, en toda la industria de medios para castear elencos para TV, Cine y Teatro

Pero sobre todo Televisa probó con registros del IMSS y su base de contratos notarizada que en los años 2005-2006, en que esto habría pasado con los Beltrán Leyva, no laboró ninguna de apellido Burillo en la televisora.

Mientras Televisa probó falsedad, la editorial Penguin Random House y la periodista Anabel Hernández no tuvieron como sustentar su dicho. Su argumento fue que, dado que Televisa es la “preponderante” en medios en México, si la información publicada no era cierta, que la televisora hiciera el anuncio en sus programas de televisión.

Ante tales argumentos, por unanimidad los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur establecieron que la editorial Penguin Random House no podía difamar a cientos de mujeres, en el sentido de que se prestaban a la prostitución, pero tampoco a Televisa.

Penguin Random House deberá pagar a Televisa multa millonaria, pero eso no es todo

En la sentencia 192/2025 se condenó a la editorial Penguin Random House a:

• Pagar una multa millonaria
• Ofrecer disculpas
• Corregir el libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno”

Asimismo, la sentencia ordena a Penguin Random House tener una persona habilitada para recibir las demandas de réplica de personas agraviadas con información falsa o inexacta, algo que la radio, la TV y los periódicos tienen desde el 2015, pero que las editoriales – aunque también obligadas a ello desde ese año- se habían resistido a realizar.

Con este fallo, el Poder Judicial pone un alto a la información falsa en la industria editorial, asunto que varios funcionarios y ex funcionarios del gobierno se habían quejado ante libros sensacionalistas, varios de ellos de Anabel Hernández.

Anabel Hernández publicó información falsa sobre Violeta Vizcarra en el libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno”

En el libro “Las señoras del narco: Amar en el infierno”, Anabel Hernández publicó información falsa respecto a las artistas de Televisa, pero también sobre la mujer en la portada del libro, la socialité Violeta Vizcarra.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) le otorgó la razón a Violeta Vizcarra en el uso de su imagen sin autorización, por lo que la editorial Penguin Random House también deberá de entregar como pena el 40% de sus ventas por el citado libro.

Así, fallos judiciales y del IMPI están afectado a la editorial más grande del mundo en México y a la periodista Anabel Hernández que había venido publicando libros polémicos. Ahora sabemos sin sustento alguno.

Alrededor de 850 jueces y ciudadanos recordaron que desde febrero de 2025 solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo colectivo contra la reforma al Poder Judicial.

Estas personas reprochan a la SCJN el papel que tuvieron ante la reforma judicial y aseguran que decidieron omitir la revisión del amparo que obtuvieron y que declaraba inconstitucional esta reforma.

Cientos de personas acusan que SCJN “despreció” amparo colectivo ante reforma del Poder Judicial

Cientos de personas, entre ellos jueces, interpusieron un amparo colectivo para declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial, que consideran el mayor retroceso en la historia en esta materia.

El grupo de personas acusó que la SCJN, que hasta ahora encabeza Norma Lucía Piña Hernández, despreció el amparo que obtuvieron y decidió omitir la revisión de la orden que declaraba inconstitucional la reforma al Poder Judicial.

Asimismo, este grupo de ciudadanos y jueces recordaron que el amparo colectivo lo ganaron desde febrero de 2025 y solicitaron al pleno de la SCJN asumir la competencia, pero no tuvieron una respuesta.

“Hasta el 4 de junio, la presidencia de la Corte turnó indebidamente la petición a la Primera Sala cuando su conocimiento correspondía al pleno. Y el 11 de junio, en sesión privada, esa Sala la rechazó por unanimidad, al parecer, escudándose en tecnicismos y formalismos que ellos mismos fabricaron. Esa decisión no fue un descuido: fue una claudicación deliberada”.

Ciudadanos ante reforma judicial

Reforma Poder Judicial sigue sumando opositores: Cientos de personas acusan a ministros de traición

Ante el poco interés que tuvieron los ministros de la SCJN para revisar el amparo colectivo contra la reforma al Poder Judicial, cientos de personas los acusan de traición, pues no hicieron guardar lo que dicta la Constitución.

“Cuando más se requería de su valor, eligieron callar. Optaron por la omisión. Renunciaron a su deber histórico”.

Ciudadanos ante reforma judicial

De acuerdo con el grupo de personas, los ministros prefirieron protegerse de las presiones o de la posibilidad de perder su retiro, en vez de limitar el poder en “una de las etapas más oscuras de la vida democrática en México”.

“La sociedad no olvidará este agravio. No olvidará que la Corte, en el momento más importante desde 1917, eligió replegarse. Los ministros no serán recordados como jueces, sino como cómplices”.

Ciudadanos ante reforma judicial

Fue el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien impulsó la creación de la figura de “jueces sin rostro”, que consiste en brindar medidas de protección a las personas importidoras de justicia.

El ex presidente AMLO dijo que buscaría dotar de seguridad a los jueces que se relacionen en casos vinculados al crimen organizado, por lo que se incluyó esta iniciativa en el proyecto de la reforma al Poder Judicial.

Iniciativas para regular figura de jueces sin rostro serían enviadas a la Cámara de Diputados

Ayer jueves 5 de diciembre, el diputado Ricardo Monreal rindió una entrevista a medios de comunicación desde la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal proporcionó detalles sobre la agenda legislativa de la próxima semana y adelantó que se podrían presentar iniciativas para regular la figura de jueces sin rostro.

De acuerdo con el morenista, dichas iniciativas de reformas serían a la Ley de Amparo y al Código Penal y de Procedimientos Penales en materia de jueces sin rostro.

El propósito de estas iniciativas será adecuarse a lo establecido en la reforma al Poder Judicial ya promulgada en la Constitución.

No obstante, Ricardo Monreal señaló que no se ha definido un periodo extra de sesiones, y debido a que tienen pendientes de aprobar más de 40 leyes reglamentarias, no es seguro que se puedan sacar a tiempo las reformas en torno a jueces sin rostro.

Esta será la agenda de la próxima semana en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal también brindó algunos detalles sobre la agenda legislativa de la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Las sesiones en la cámara baja se realizarán los días martes, miércoles, jueves y probablemente el sábado.

Será en la sesión del martes cuando diputados lleven a cabo la discusión de las siguientes 4 leyes:

• Ley de Plataformas
• Ley Órgánica del Poder Judicial
• Ley de Carrera Judicial
• Ley de Responsabilidades

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/kSAM66mPxM

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 6, 2024

Por medio de un mensaje que compartió en X, el también senador integrante de la bancada del PT, se pronunció con respecto a las amenazas que hizo María de Jesús Marmolejo.

Al advertir que en su posición de presidente de la Mesa Directiva no puede tolerar los dichos de la legisladora del PAN, Noroña indicó que la denunciará ante la FGR.

Noroña no tolerará amenazas de María de Jesús Marmolejo; la va a denunciar ante la FGR

La amenaza que María de Jesús Marmolejo hizo en contra de los senadores de oposición que voten a favor de la reforma al Poder Judicial, no pasó desapercibida ante Gerardo Fernández Noroña.

A través de X, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores indicó que por su posición no tolerará las advertencias que hizo la senadora del PAN en torno a la reforma al Poder Judicial.

En consecuencia y al resaltar que es su deber garantizar la integridad de todos los integrantes de la Cámara de Senadores, Noroña indicó que presentará una denuncia contra la senadora del PAN.

Al respecto, Noroña apuntó que acudirá ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia correspondiente en contra de María de Jesús Marmolejo.

Lo anterior debido a que en un mensaje previo, el también senador integrante del grupo parlamentario del PT, sentenció que la amenaza de la legisladora panista es “gravísima y verdaderamente fascista”.

En mi condición de presidente de la mesa directiva del @senadomexicano presentaré una denuncia ante la @FGRMexico contra la legisladora Chuya Díaz. Es mi responsabilidad garantizar la integridad de cada integrante de la Cámara de Senadores. https://t.co/OmZd7HB5SV

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 7, 2024

Noroña advierte que María de Jesús Marmolejo convocó “al asesinato” con llamado

El pronunciamiento de Noroña sobre María de Jesús Marmolejo, se dio luego de que la senadora panista llamó a linchar a los senadores de oposición que voten a favor de la reforma al Poder Judicial.

En conferencia de prensa, María de Jesús Marmolejo sostuvo que las consecuencias que traería la reforma al Poder Judicial en México, obligan a realizar acciones anticipadas.

En ese sentido, la senadora del PAN hizo un llamado para que a la o el senador de oposición que no vote en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, “lo linchen al pendejo”

Fue ante dichas palabras que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sostuvo que presentará una denuncia ante la FGR en contra de la legisladora federal.

Al insistir en la gravedad de las declaraciones, Noroña lamentó que “se llame a ejercer la violencia” y que incluso se “convoque al asesinato” con el llamado al linchamiento.

En ese sentido, Noroña calificó como totalmente irresponsable la declaración que la senadora del PAN por el estado de Aguascalientes hizo con respecto a la reforma al Poder Judicial.

Muy grave que desde la bancada de @AccionNacional se llame a ejercer la violencia contra algún legislador o legisladora. Mucho más grave aún el que convoque al asesinato, pues a eso equivale un linchamiento. Irresponsable declaración de Chuya Díaz. https://t.co/OmZd7HB5SV

— Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 7, 2024

Fue por medio de un video que Andrea Chávez respondió al llamado de advertencia que hizo María de Jesús Marmolejo contra los legisladores de oposición que voten a favor de la reforma en la Cámara de Senadores.

Pero, ¿qué dijo la senadora de Morena en torno a las amenazas que lanzó la senadora del PAN por Aguascalientes en torno a la reforma al Poder Judicial? Te contamos los detalles.

Esto dijo Andrea Chávez al responder a María de Jesús Maramolejo, senadora del PAN por Aguascalientes

En medio de las especulaciones sobre lo que pasará en la votación de la reforma al Poder Judicial, la senadora del PAN por Aguascalientes, María de Jesús Marmolejo lanzó una grave amenaza.

Lo anterior debido a que la legisladora federal dijo que el senador de oposición que emita un voto a favor de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, “merecer ser linchado”.

Ante el pronunciamiento de María de Jesús Marmolejo, la senadora de Morena, Andrea Chávez, compartió un video en sus redes sociales, en el que respondió a las amenazas.

En el mensaje, Andrea Chávez cuestionó si es verdad que quienes por un lado piden un diálogo permanente, por otro llaman a linchar a los legisladores que voten a favor de la propuesta.

En el mismo sentido, lamentó que legisladores como la senadora del PAN por Aguascalientes, sean quienes se asumen como los “representantes de la la oposición responsable de México”.

Siguiendo con su respuesta, Andrea Chávez indicó que las palabras de María de Jesús Marmolejo generan un compromiso mayor de los senadores con el pueblo de México.

Así lo indicó al afirmar que una gran mayoría de ciudadanos está a favor de la iniciativa y queda en evidencia que quien divide y polariza a la sociedad es justamente la oposición.

Al concluir su respuesta, citó al cantautor cubano, Carlos Puebla, para recriminar el llamado a la violencia que lanzó la senadora del PAN, ante la falta de razón y de votos.

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María de Jesús Marmolejo dice que quienes voten a favor de la reforma al Poder Judicial merecen ser linchados

La respuesta de Andrea Chávez a María de Jesús Marmolejo, se dio luego de la senadora del PAN por Aguascalientes se lanzó en contra de la reforma al Poder Judicial.

Durante una conferencia de prensa desde el Comité Directivo del PAN en Aguascalientes, la legisladora federal elevó el trono de sus críticas en contra de la iniciativa.

En un video que circula en redes sociales, se escucha que María de Jesús Marmolejo señalando que las consecuencias de la reforma al Poder Judicial, merecen castigos anticipados.

Con respecto a ello, la legisladora federal apuntó que es adecuado que a la o el senador de oposición que no vote en contra de la iniciativa “lo linchen al pendejo”.

Al aclarar que sus dichos son en serio, insistió en que hay que castigar con “chingadazos y le den con todo” a quien vote a favor, pues lo que se necesita es “gente con decisión y firme”.

"Al güey que vote en contra lo linchen al pendejo...que lo agarren a chingadazos y le den con todo al güey que no vote en contra de esta Reforma": senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo de #Aguascalientes pic.twitter.com/IDePDZlS42

— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 7, 2024