La FGR detalló que el hombre se transportaba en la silla de ruedas y que en las costuras de encontró un total de 8 kilogramos de cocaína.

Vinculan a proceso a hombre que intentó transportar en su silla de ruedas en el AICM

Desde la FGR se informó hoy 17 de mayo de 2026 que se logró la vinculación a proceso de Adrián N, un hombre que fue detenido en el AICM por buscar introducir drogas en su silla de ruedas.

Según el informe dado por la FGR, la detención de Adrián N se logró luego de que la Secretaría de Marina decidió inspeccionar su silla de ruedas en la Terminal 2 del AICM.

Fue en las costuras del asiento de la silla de ruedas eléctrica, que se encontraron ocho paquetes de plástico, mismos que en total dieron 8 kilogramos de cocaína.

Los hechos presentados en el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) se aportaron las pruebas que llevaron a la vinculación a proceso de Adrián N con prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.

Asimismo, en trabajo en conjunto con distintas dependencias federales y estatales se detuvo una camioneta blanca por el sector de Valle de Alto donde se decomisaron armas de distintos calibres.

Sinaloa decomisa drogas, armas y equipo táctico en inmueble

Hoy 17 de mayo de 2026, la SSP de Sinaloa informó que el Grupo Interinstitucional realizó una OTI en un inmueble en el fraccionamiento La Conquista en Culiacán, Sinaloa que llegó a decomisar armamento, así como drogas y armas de fuego.

Con un trabajo en conjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército de México, Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras autoridades del estado, se ejecutó la OTI en el inmueble que estaba asegurado.

Este trabajo llevó a que tras la inspección se localizaron materiales químicos para presuntamente, elaboración de drogas sintéticas. Además de 10 kilos de pastillas que presuntamente eran fentanilo.

Asimismo, se decomisó armamento como:

2 cargadores abastecidos con 30 cartuchos

200 cartuchos

1 chaleco portacargadores

Investigaciones iniciales informan que el inmueble al que acudieron en La Conquista era un laboratorio para drogas sintéticas.

Sinaloa detiene equipo táctico en vehículo blindado con tecnología ponchallantas

Un segundo informe sobre acciones de la SSP de Sinaloa de hoy 17 de mayo de 2026, se detalló que el Grupo Interinstitucional detuvo una camioneta blindada en Culiacán cuando se trasladaban en el sector Valle Alto.

Acciones por la SSP de Sinaloa, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, así como el Ejército, GN, Semar, SSPC y la FGR y la del Estado, llevó al decomiso de:

• 4 fusiles tipo AK-47 de diferentes marcas
• 30 cartuchos calibre .50
• Dos mil 465 cartuchos de distintos calibres
• 4 chalecos con 2 placas balísticas cada uno
• 4 cascos Kevlar

Sinaloa informó que el decomiso de esto fue tras la revisión de un vehículo marca Ford tipo F-150 modelo 2021 que era blindado y que tenía “sistema para arrojar ponchallantas” con 98 ponchallantas a bordo.

El gabinete de seguridad de la presidenta de México, recordó que siguen trabajando coordinadamente para “proteger a la población” y reforzar a Sinaloa, uno de los estados donde hay más presencia de narcotráfico.

Sinaloa detiene a 35 personas, desmantela áreas de concentración y decomisa marihuana

Un informe desde el gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, informó que tanto Sedena como GN siguen trabajando en Sinaloa llevando a detallar resultados obtenidos del 1 al 15 de mayo.

Según Sedena y GN, se detuvo a 35 personas en esos quince días, además de que decomisaron más de 300 kilos de droga, entre estas 39 kg de metanfetamina y 335 de marihuana.

Por otra parte, informaron que se inhabilitaron 62 “áreas de concentración”, así como materiales químicos para la elaboración de droga sintética.

Sumado a ello, otras cifras como:

• 51 armas de fuego y una granada
• 11, 543 cartuchos y 304 cargadores
• 350 artefactos explosivos improvisados
• 40 vehículos
• 233 plantíos de marihuana
• 68 plantíos de amapola

Finalmente, se recordó que estas acciones en Sinaloa son muestra de que el objetivo de reducir violencia y “avanzar en la construcción de paz” prospera. Sin embargo, las acciones continuarán.

Las “autoridades” por omisión o complicidad les dan el derecho de piso. Los Ardillos siembran droga, la procesan y la venden. Ellos necesitan sus tierras para el cultivo, para el negocio, los indígenas son un estorbo…. Este grupo violento secuestra, tortura o asesina a aquellos que osan protestar… los indios deben bajar la cabeza y obedecer.

Los indígenas lo único que han deseado es vivir cultivando sus tierras, manteniendo vivas sus costumbres; vender sus mercancías diversas, vivir con sus carencias y morir con sus creencias, pero en paz. Los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos viven en el terror, víctimas desde hace años y años del crimen organizado y de los gobiernos cómplices. Cientos de familias han tenido que abandonar sus casas para irse a refugiar a la sierra, madres con sus hijos a sus espaldas subiendo empinadas cuestas bajo el sol abrasador para luego descansar en la noche en que la oscuridad se traga todo menos el miedo; otros miembros cargan con lo que pueden para poder sobrevivir.

La era de la marihuana y la amapola en la década de los 60 y 70 se intensificó, el cultivo en la Sierra Madre del Sur creció. Alianzas entre los operadores locales y autoridades se forjó, y los indígenas solo estorbaban.

Gobernadores del estado, presidentes municipales y presidentes de la República comenzaron a interesarse por lo que se podía producir en aquella sierra tan compleja y productiva pero “invadida” de indígenas que se atrevían a protestar…

Israel Nogueda Otero del PRI fue gobernador de 1971 a 1975. Los indígenas cimbraban su gobierno con sus peticiones; todo se agravó por los movimientos de oposición que lidereaba Lucio Cabañas cabeza del “Partido de los Pobres”.

Cabañas, maestro egresado de la Escuela Rural de Ayotzinapa, fundó el partido para defender los derechos de los campesinos, contra la explotación forestal y contra los abusos de los caciques.

Impulsó la educación pública y gratuita. En 1967, durante la gestión del gobernador Raymundo Abarca Alarcón, padres de familia liderados por Lucio, exigían la destitución de la directora de la escuela primaria “Juan N. Álvarez” por imponer cobros excesivos y maltrato. Cuando llegaron los padres a la plaza de Atoyac, la policía estatal abrió fuego desde las azoteas contra la manifestación. Fueron masacradas 11 personas, Cabañas sobrevivió a la balacera y se refugió en la sierra.

El siguiente mandatario fue Rubén Figueroa Figueroa, quien en campaña del PRI para gobernador fue secuestrado por el “Partido de los Pobres”, liderado por Cabañas a raíz de que los estuviese reprimiendo por su oposición.

Fue rescatado y ganó las elecciones para gobernador el 1 de abril de 1975. A los campesinos se les oscureció de nuevo la vida, otra mano más autoritaria y violenta estaría al frente. A Figueroa se le señaló como responsable de desapariciones forzadas de indígenas, activistas sociales, maestros y estudiantes.

Daba la orden de detención de personas para someterlas a interrogatorios en los separos de la Dirección de Policía y Tránsito de Acapulco. Ahí se determinaba a quién se lo otorgaba la amnistía o la muerte, la cifra superó los 1,500. “El Tigre de Huitzuco”, así lo apodaban fue un gobernador cobarde represor, torturador y violador.

Figueroa, el presidente Echeverría, y la CIA andaban como tigres al acecho de Lucio Cabañas. El 2 de diciembre de 1974 durante un operativo en el paraje “El Otatal”, ubicado en el municipio de Tecpan de Galeana, el ejército emboscó al pequeño grupo que acompañaba a Cabañas y en un intercambio de disparos, según la “versión oficial”, Lucio fue abatido. Los sobrevivientes afirman que Cabañas prefirió el suicido antes de ser capturado vivo.

La muerte de Cabañas, no bastó a Rubén Figueroa Figueroa. No podía perdonarle que lo hubiese secuestrado… la sangre le hervía para vengarse, tenía el poder y la impunidad garantizada. Liberó a Isabel, la viuda de Cabañas -ella y su hija habían sido detenidas en noviembre de 1974-, la mandó llamar a su oficina y ahí la violentó sexualmente. Isabel quedó embarazada, el hijo del engendro murió unos meses después, hay otra versión en la que se dice que Isabel sufrió de un aborto espontáneo. En 2011 Isabel y su hermana Reyna fueron asesinadas en Xaltianguis, Guerrero.

Gobernadores priistas siguieron, las comunidades continuaban sometidas a la violencia y al despojo; cada vez tenían menos, sus protestas eran silenciadas a balazos…

Otros gobiernos continuaron, sin embargo las municipalidades y las alcaldías siguieron y siguen bajo el mando del crimen organizado. Actualmente la alcaldesa de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, está identificada como cuñada de uno de los máximos líderes de Los Ardillos…

Rubén Figueroa Alcocer llega a la gubernatura en 1993, -hijo del llamado gobernador “Tigre Huitzuco” el que persiguió a Cabañas-, solo gobernó tres años, debido a que el 28 de junio de 1995 ocurriera la Masacre de Aguas Blancas que se produjo porque otros indígenas “imprudentes” iban a exigir al gobierno corrupto y represor, el cumplimento de la entrega de fertilizantes, herramientas agrícolas, y la presentación con vida de un líder campesino que había desaparecido semanas antes.

Pertenecían a la “Organización Campesina de la Sierra del Sur” y viajaban en un camión de carga hacia Atoyac de Álvarez, al llegar al vado del río de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, fueron emboscados por fuerzas gubernamentales, una ráfaga de balas terminó con la vida de 17 campesinos y 27 fueron heridos de gravedad.

Rubén Figueroa criminalizó a los campesinos. Tras asesinarlos, les sembraron armas para simular un enfrentamiento. Los mataron a quemarropa, con alevosía, ventaja y crueldad. Los indígenas iban desarmados, llevando en el alma únicamente la convicción de exigir sus derechos. Para los indígenas de Guerrero y de todo el país, alzar la voz los condenaba a la muerte. Figueroa Alcocer pidió licencia definitiva en 1996, quedando impune, al igual que el presidente de entonces Ernesto Zedillo.

Ángel Aguirre Rivero fue gobernador del Estado de 2011 a 2014, su gobierno se tiñó de sangre tras la “desaparición” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, jóvenes que secuestraron camiones para asistir a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco. La noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas tomaron uno de los camiones de transporte de pasajeros que el grupo criminal de entonces, Guerreros Unidos usaba para enviar cargamentos de heroína a Estados Unidos.

Los delincuentes tenían que recuperar la mercancía a costa de lo que fuera. Al notificarse que el camión había sido tomado por los estudiantes, fuerzas “del orden” persiguieron y dispararon contra los autobuses para someter a los muchachos y entregarlos a los Guerreros Unidos. Este caso sigue bajo investigación, han pasado doce años de su desaparición y la “mentira histórica” prevalece… Peña Nieto, Chong, Ángel Aguirre el entonces gobernador, Murillo Karam todos libres e impunes, y los padres de los jóvenes presos por el dolor, con una llaga en sus corazones.

La hoy gobernadora Evelyn Salgado de Morena, sigue el ejemplo de sus antecesores, en Guerrero no pasa nada… los criminales se apoderan de más territorio, hay más desplazamiento de indígenas, y los que se resisten a abandonar sus tierras, esos tercos igualados, son asesinados.

La gobernadora Salgado celebró en 2025, un homenaje para Rubén Figueroa Figueroa, “El Tigre de Huitzuco”, el represor, el violador de la viuda de Cabañas, el que fue señalado por torturar y desaparecer campesinos; un reconocimiento al que mandó masacrar a todos los hombres mayores de 18 años de edad en las comunidades de “Los Piloncillos” y “Río Chiquito”.

Las comunidades indígenas de Guerrero no existen para los que han gobernado, ni para los que hoy están al mando. Los habitantes de Chilapa se han ido a la sierra, otros, escondidos en sus casas, si se atreven a salir para sembrar o a cosechar una bala los habrá de silenciar.

La “verdad histórica” de Guerrero es que es un estado en el que los pobladores originarios, los indígenas, han vivido tragedias que son heredadas solo que hoy, más sangrientas y cruentas.

Las letras de la historia se han borrado…

“Elementos de Semar, en coordinación con SSPC Mexico y FGR, detuvieron en Quintana Roo a Denis ‘N’.”

Gabinete de Seguridad

Así lo dio a conocer el mismo Gabinete de Seguridad por medio de un mensaje en redes, en el que indicó que el individuo es señalado por ser operador logístico de una organización delictiva trasnacional.

De la misma forma, el organismo resaltó que debido a las acusaciones que pesan contra Denis Ivziku, hay una ficha roja de Interpol activa y una orden de extradición vigente.

Detienen en Quintana Roo a sujeto buscado en Canadá por tráfico de drogas y armas

Como resultado de la puesta en marcha de trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades de Canadá, autoridades mexicanas detuvieron a un ciudadano extranjero de nombre Denis Ivziku.

De acuerdo con la información emitida por el Gabinete de Seguridad, la detención del sujeto que es buscado por autoridades de Canadá, se logró en Quintana Roo gracias a la participación de 3 instancias:

• Secretaría de Marina
• Secretaría de Seguridad Pública
• Fiscalía General de la República

Sobre el sujeto, el gabinete refirió que las labores de inteligencia que se han puesto en marcha han permitido establecer que es "operador logístico de una organización delictiva trasnacional vinculada al tráfico de drogas y armas".

En torno a ello, reportes indican que Denis Ivziku aprovechaba la fachada y estructura de un club motociclista en Cancún para ejecutar labores de trasiego de narcóticos y armamento.

Denis Ivziku sería extraditado tras ser detenido en Quintana Roo

Al informar sobre la detención en Quintana Roo de Denis Ivziku, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal indicó que por los señalamientos en su contra, hay una orden de extradición vigente.

Al respecto, el organismo resaltó que sobre Denis Ivziku hay una ficha roja de Interpol activa, misma que derivó en su captura en las calles del municipio de Cancún.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad señaló que las acciones permiten “continuar fortaleciendo la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir a las organizaciones criminales”.

Por lo que este viernes, José Enrique Martínez Flores, nombre real del “Chuqui”, compareció por primera vez ante una corte federal en Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con terrorismo.

Delitos cometidos por el “Chuqui”, presunto líder del Tren de Aragua

Autoridades estadounidenses identifican al “Chuqui“ como el presunto líder del Tren de Aragua en Bogotá, así como miembro del “círculo interno de la dirigencia superior” de dicha organización criminal.

El agente especial del FBI, Jason Hudson, califica al Tren de Aragua como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y sus comunidades, debido a que la organización transnacional que se originó en Venezuela se ha expandido en el país, incluidas las calles de Houston.

Sus actividades incluyen:

• Tráfico de drogas
• Tráfico de armas
• Tráfico sexual comercial
• Secuestro
• Asesinato
• Robo
• Fraude
• Extorsión

Delitos por los que hoy el “Chuqui” compareció ante autoridades estadounidenses.

Asimismo, el narcotraficante venezolano de 24 años de edad, también es investigado por la distribución de al menos cinco kilos de cocaína en Colombia, destinados a Estados Unidos.

Suspected Tren de Aragua (TdA) leader Jose Enrique Martinez Flores aka "Chuqui" made his initial appearance in federal court this morning after being extradited to Houston from Colombia. "TdA is a designated foreign terrorist organization and a threat to our national security and… pic.twitter.com/kBhGWJBCgF

— FBI Houston (@FBIHouston) May 15, 2026

Hasta hace unos días, Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares (más de 86 millones de pesos) por información que condujera a su captura, por lo que hoy destacan la colaboración de Colombia para que su detención y extradición fuera posible.

El caso ya se encuentra en manos de los fiscales adjuntos, Casey N. MacDonald y John Pearson.

De ser hallado culpable, José Enrique Martínez podría ser sentenciado a cadena perpetua, así como tendría y una multa de hasta 10 millones de dólares, dijo el Departamento de Justicia.

La instrucción habría sido hecha el miércoles 13 de mayo por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Bajo la idea de combatir a narcotraficantes con leyes sobre terrorismo, las autoridades estadounidenses intensificarían su estrategia contra el narcotráfico y contra autoridades mexicanas.

Estados Unidos se pone más agresivo con México en el combate al narco: The New York Times

La instrucción es usar nuevos estatutos sobre terrorismo, la cual se dio en una conferencia telefónica interna en la que se les notificó la petición a 93 fiscales regionales.

Para The New York Times, esta decisión tensará aún más la relación de Estados Unidos con México debido a que se trata de una táctica agresiva.

Esas acciones van en línea con la designación de Donald Trump a los cárteles como organizaciones terroristas.

Estados Unidos quiere triplicar señalamientos contra funcionarios mexicanos más allá de Rocha Moya

La indicación a los 93 fiscales es triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos en México que ha usado su poder y cargos para permitir que narcotraficantes, señalados como terroristas, trafiquen con veneno.

También señala que ello es subsecuente a acciones como los ataques a embarcaciones, supuestamente “narcolanchas”, en el Caribe y Océano Pacífico.

También se enmarca en la solicitud de 10 funcionarios mexicanos para que sean detenidos con fines de extradición, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La acusación modificada señala que Audias Flores Silva traficaba cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, además de conspirar para lavar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas internacionales.

Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “El Jardinero” creyó asumir el control del CJNG tras la muerte de El Mencho, pero aseguró que “se equivocó”.

DEA destaca cooperación con México tras captura de “El Jardinero”

El Departamento de Justicia estadounidense indicó que Flores Silva fue detenido el 27 de abril por autoridades mexicanas, tras trabajos conjuntos con agencias internacionales y la Secretaría de Marina.

Según las autoridades, el presunto operador criminal enfrenta cargos por conspiración para distribuir drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero vinculado con narcotráfico.

La acusación sostiene que el integrante del CJNG habría enviado cargamentos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos para financiar operaciones criminales internacionales ilícitas.

Cole agradeció públicamente a la Secretaría de Marina por colaborar en la captura del presunto líder criminal, considerado posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes dentro del cártel.

El funcionario estadounidense aseguró que la DEA continuará persiguiendo a dirigentes de organizaciones criminales señaladas por generar violencia, tráfico de drogas y desestabilización en distintas comunidades estadounidenses.

John A. Condon, directivo interino de HSI, afirmó que las investigaciones buscan desmantelar estructuras financieras y operativas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales relacionadas con narcotráfico y violencia.

De ser declarado culpable, Flores Silva podría recibir una sentencia mínima de 10 años de prisión o incluso cadena perpetua en Estados Unidos por los delitos imputados.

El dirigente de la ANAC sostuvo que el discurso sobre la “soberanía nacional” promovido por el Gobierno federal busca encubrir a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras se ataca a gobiernos que, afirmó, han enfrentado a la delincuencia.

Mauricio Tabe acusa distractores en medio de crisis de seguridad

Mauricio Tabe señaló que la postura del Gobierno federal refleja una estrategia para evitar que se investiguen ciertos casos relacionados con el crimen organizado y aseguró que el debate público se ha utilizado para generar distractores políticos.

Esto obviamente le molestó al gobierno, ya sabemos para quién trabajan, a quién le responden y por eso todo este cuento de la soberanía, todo es un distractor de un gobierno que defiende a narcogobernadores, todo esto es distracción para no llevar a la justicia a Rocha Moya.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

El alcalde panista expresó preocupación por el panorama de seguridad en el país y advirtió que la violencia y el control del crimen organizado continúan afectando a comunidades y familias mexicanas. También afirmó que el incremento en delitos como el cobro de piso y los homicidios refleja un escenario de creciente temor entre la población.

Asimismo, indicó que los alcaldes de Acción Nacional respaldarán a Maru Campos debido a los resultados obtenidos en materia de seguridad en Chihuahua y por las acciones emprendidas contra grupos delictivos.

ANAC refrenda respaldo a Maru Campos

Mauricio Tabe reiteró el respaldo institucional de la ANAC a la gobernadora de Chihuahua y destacó que continuará acompañada por gobiernos municipales panistas que reconocen su estrategia de seguridad y combate a la delincuencia.

Por su parte, el presidente municipal de Delicias, Chihuahua, Jesús Valenciano, se sumó al apoyo hacia Maru Campos y afirmó que el debate debería centrarse en los resultados obtenidos contra el crimen organizado, como el desmantelamiento de un narcolaboratorio que evitó la distribución de millones de dosis de metanfetaminas.

El edil sostuvo que desde el Gobierno federal se intenta desviar la atención de los señalamientos realizados contra actores políticos vinculados con Morena y pidió que las autoridades prioricen las investigaciones y el combate a la inseguridad.

Finalmente, tanto Mauricio Tabe como Jesús Valenciano coincidieron en que el Gobierno federal debe concentrarse en fortalecer la seguridad y garantizar tranquilidad para la población de Chihuahua y del resto del país.

En esa entidad la frontera entre crimen organizado y poder político parece que dejó de existir bajo los gobiernos de Morena encabezados por Evelyn Salgado y el grupo político de Félix Salgado Macedonio.

Tierra sin ley

De un estado violento pasó a ejemplo de cómo los grupos criminales penetraron gobiernos municipales, capturaron territorios y terminaron coexistiendo con el poder estatal.

La crisis en La Montaña baja, dominada por el grupo criminal de Los Ardillos es el resultado de años de tolerancia, omisiones y presuntos pactos de protección. La agrupación delictiva que surgió en Quechultenango hace más de dos décadas bajo el liderazgo de Celso Ortega Rosas y sus hijos, primero fue vinculada con los Beltrán Leyva y, posteriormente, con estructuras del CJNG.

Su expansión convirtió a regiones enteras de Guerrero en corredores de extorsión, secuestro, narcotráfico y de control político territorial. Mientras el poder criminal crecía, también lo hacía el poder político de Félix Salgado Macedonio.

Durante su paso por la Alcaldía de Acapulco, la infiltración criminal en corporaciones policiacas y gobiernos comenzó a profundizarse. El puerto se transformó en uno de los municipios más violentos del país, atrapado entre cárteles, ejecuciones y control territorial del crimen organizado.

Con el tiempo, Félix Salgado heredó su capital político a su hija Evelyn, quien llegó a la gubernatura como sustituta de la candidatura cancelada de su padre. La gobernadora estuvo casada con el operador financiero de Beltrán Leyva, conocido como El Abulón, con quien tuvo un hijo.

Política, crimen y silencio

Un episodio que exhibió crudamente la realidad en Guerrero, ocurrió en 2023, cuando apareció un video de la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, reunida con Celso Ortega, líder de Los Ardillos. La grabación apareció después de una jornada de extrema violencia en la capital del estado donde fueron abandonados cuerpos desmembrados y cabezas humanas.

Aquella imagen fue la confirmación pública de una relación que durante años se denunció en Guerrero: la convivencia entre autoridades y crimen organizado.

La descomposición se agravó todavía más en 2024. Alejandro Arcos, alcalde electo de Chilpancingo, asumió el cargo en medio de amenazas y disputas territoriales. Apenas seis días después fue asesinado y decapitado. Su muerte se convirtió en símbolo del colapso del estado en Guerrero. Versiones señalaron presiones de grupos criminales vinculados con Los Ardillos y una ausencia total de protección gubernamental.

La disputa criminal trascendió, ahora Los Ardillos mantienen enfrentamientos en diversas regiones con Los Tlacos relacionados con estructuras vinculadas al CJNG. El resultado ha sido devastador: desplazados, pueblos sitiados y comunidades enteras sometidas al terror permanente.

La organización indígena CIPOG-EZ ha denunciado durante años que Los Ardillos operan con impunidad y que las fuerzas estatales y federales nada más observan. En semanas recientes, comunidades completas fueron atacadas con drones, armas largas y explosivos improvisados haciendo que más de un centenar de personas abandonaran sus hogares.

El Estado ausente

Quizá la imagen más devastadora para el gobierno mexicano fue el video que circuló en redes sociales donde mujeres, niños y habitantes de comunidades indígenas suplican ayuda internacional y piden la intervención de Donald Trump porque, según sus propias palabras, “si no nos ayudan, nos van a matar”.

Ese mensaje retrata el nivel de abandono que vive Guerrero, que aparte de violencia padece la ausencia de Estado.

Ante el impacto político del video, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación para acudir a la zona, sin embargo, la reacción llegó varios días tarde, con las comunidades sitiadas por grupos criminales y las familias desplazadas de sus hogares.

Mientras el gobierno estatal aparece únicamente en fotografías, mesas de seguridad y comunicados burocráticos.

Aquí la pregunta ya no es si el crimen organizado infiltró Guerrero, sino cuánto depende el poder político de esa relación.

Guerrero es el argumento perfecto para quienes afirman que en amplias regiones de México manda el crimen organizado.

X: @diaz_manuel

En el documento enviado a la Corte de Nueva York, presuntamente, El Chapo Guzmán asegura que no hizo daño “a nadie” y responsabiliza al gobierno mexicano por la violencia ligada al narcotráfico.

Surgen dudas sobre autenticidad de nueva carta atribuida a El Chapo Guzmán

Autoridades federales de Estados Unidos analizan la autenticidad de una serie de cartas atribuidas a El Chapo Guzmán, luego de que una séptima misiva llegó al juez que lleva el caso: Brian Cogan.

De acuerdo con Pie de Nota, una fuente del centro penitenciario donde se encuentra recluido El Chapo Guzmán reveló que “todo apunta a que (las cartas) no están siendo enviadas por él”.

En la nueva carta, El Chapo Guzmán estaría insistiendo ser sometido a un nuevo juicio, pues su condena solo “se basa en un solo testigo”, además de que solicita ser extraditado a México.

La polémica aumentó porque la nueva carta aparece en medio de investigaciones sobre presuntos vínculos del narcotráfico con la política en Sinaloa y de la disputa interna que vive el Cártel de Sinaloa.

Actualmente, Guzmán Loera permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. Su defensa ha denunciado condiciones de aislamiento extremo y problemas de salud.

“Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.

FGR

En un comunicado, reiteró que los trabajos para desmantelar laboratorios clandestinos de sustancias ilegales son una acción que compete únicamente al fobierno federal, no a las autoridades locales.

Asimismo, la FGR precisó que la conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y no de Chihuahua u otro.

FGR detectó irregularidades del operativo estatal: aviso tardío y falta de cadena de custodia

Según señaló la FGR, la investigación sobre el narcolaboratorio, a cargo de la Fiscalía Federal de Chihuahua, comenzó tras una llamada telefónica de autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua recibida el pasado 18 de abril.

Es decir, las autoridades competentes fueron notificadas después de que el operativo ya había sido planeado y ejecutado por la Fiscalía de Chihuahua, hecho que constituye una irregularidad.

Lo anterior se suma a que, al llegar al lugar, agentes federales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal no recibieron cadena de custodia de las sustancias e indicios localizados, ni del área intervenida.

La situación quedó asentada dentro de la carpeta de investigación federal mediante un acta circunstanciada en la que se registraron diversas anomalías tras el operativo en Chihuahua.

Más funcionarios serán citados por caso de agentes de la CIA en Chihuahua

Sobre las investigaciones por la comisión de posibles delitos en materia de seguridad nacional que se integra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, indicó que ya concluyeron varias entrevistas.

No obstante, podría convocarse a otros servidores públicos estatales considerados importantes para las líneas de investigación sobre los hechos ocurridos en Chihuahua y el ingreso de agentes de Estados Unidos.

El senador hizo referencia a los acontecimientos registrados en las últimas horas, así como a diversos posicionamientos realizados por funcionarios estadounidenses y publicaciones de medios internacionales relacionadas con la seguridad y la relación bilateral entre ambos países.

También mencionó declaraciones emitidas por el titular de la DEA y por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, particularmente respecto a expresiones relacionadas con acciones de “limpieza” en ciudades, tema que consideró preocupante dentro del actual contexto político y diplomático.

Clemente Castañeda advierte sobre un contexto delicado para México

El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que las señales registradas en las últimas semanas deben poner en alerta máxima al Estado mexicano, al considerar que existe un escenario delicado que requiere respuestas institucionales firmes y coordinadas.

Indicó que, desde su perspectiva, las reacciones de la clase política han sido limitadas frente a la gravedad del contexto internacional y mencionó que diversos medios como CNN, Los Angeles Times y The New York Times han publicado información relacionada con posibles escenarios de intervención estadounidense en territorio mexicano.

Castañeda sostuvo que cualquier tipo de intromisión extranjera en asuntos internos de México es inaceptable; sin embargo, afirmó que la defensa de la soberanía nacional debe realizarse mediante instituciones sólidas y con apego a la ley.

Asimismo, consideró que el discurso sobre soberanía no debe utilizarse como argumento para evitar investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

El senador también señaló que parte de la retórica del gobierno estadounidense podría estar relacionada con el contexto electoral en aquel país, aunque advirtió que eso no minimiza la relevancia de las señales políticas y diplomáticas actuales.

Clemente Castañeda critica evasivas ante tensión bilateral

Durante su intervención, el coordinador parlamentario reprochó que, en lugar de enfrentar el tema con seriedad, se hayan generado distractores y evasivas frente a la situación bilateral con Estados Unidos.

En ese sentido, pidió a la mayoría legislativa respaldar la solicitud realizada por Movimiento Ciudadano para que la Fiscalía General de la República avance en las investigaciones relacionadas con los señalamientos públicos contra diversos funcionarios.

Castañeda advirtió que negar o minimizar las acusaciones podría generar mayores presiones internacionales y dar argumentos para que Estados Unidos incremente su participación en temas de seguridad relacionados con México.

Además, exhortó al Gobierno federal, a la Presidencia de la República y a las instituciones encargadas de procuración de justicia a actuar con responsabilidad y evitar descalificaciones frente a quienes expresan opiniones distintas sobre el tema.

Finalmente, cuestionó que el Senado de la República aún no haya instalado las comisiones bicamerales de Seguridad y de Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente, al considerar que ambos órganos deberían mantenerse sesionando de manera constante ante el contexto actual.

Esto por conspiración para realizar transacciones con bienes de narcotraficantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a pesar de enfrentar hasta 10 años de prisión, fue sentenciado a solo 8 meses.

Luca Scalisi llega a acuerdo que reduce drásticamente su pena

Tal y como revela la periodista Laura Sánchez Ley, Luca Scalisi, un empresario italiano de 59 años, quien previamente trabajó en finanzas para el rapero Eminem, gestionó fondos relacionados con conciertos organizados a través del promotor Jesús Pérez Alvear.

Este fue sancionado por Estados Unidos desde 2018 por lavar dinero para el CJNG y Los Cuinis, y se sabe que Scalisi fue el último de los implicados en ser sentenciado en el caso Del Entertainment.

El 24 de abril de 2025, Scalisi firmó el acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California, Estados Unidos aceptando un cargo de conspiración a cambio de que se desestimaran 13 de los 14 cargos originales.

Luca Scalisi llega a acuerdo por lavado ligado al CJNG y recibe 8 meses de prisión

Además, también en el acuerdo de Scalisi con Estados Unidos, estaba que se recomendara una reducción significativa en su sentencia.

Ante esto, el pasado 8 de abril de 2026, un juez federal en Los Ángeles, California, Estados Unidos, lo condenó a 8 meses de prisión y una multa de 15 mil dólares, es decir 257 mil 713 pesos.

Scalisi, quien llegó a manejar aspectos financieros de streaming y licencias en Del Records, evitó así el máximo rigor de la justicia estadounidense por operaciones ligadas al lavado de dinero del CJNG.

En una carta enviada a la jueza antes de la sentencia, Scalisi expresó vergüenza y aceptó plena responsabilidad, detallando su trayectoria intachable: nacido en Roma, educado en escuelas del Vaticano, emigrado a Estados Unidos.

Mantuvo estudios en Beverly Hills y USC, y una carrera en capital de riesgo, bienes raíces y la industria del entretenimiento antes de unirse a Del Records en 2014.

El caso surgió por los negocios de Del Records y Del Entertainment con Pérez Alvear, a pesar de conocer sus nexos con el cártel.

Ángel del Villar, fundador y CEO de la disquera, fue sentenciado a 4 años de prisión y una multa de 2 millones de dólares (34 millones 361 mil 800 pesos) tras ser declarado culpable por un jurado.

El cantante Gerardo Ortiz fungió como testigo clave, afirmando que fue engañado respecto a los eventos organizados con el promotor sancionado.

Han recurrido consistentemente al discurso de las “pruebas”, en un torpe intento de hacer parecer las acusaciones del distrito sur de Nueva York como un documento vacío de contenido que pueda ni siquiera sugerir la culpabilidad de Rocha. Lo que no dicen a la opinión pública es que el momento procesal correcto para la presentación de los indicios tendría lugar, a la luz del tratado, en un periodo posterior a que haya sido enviado el sujeto hacia el país que lo ha requerido.

La sospecha más presente entre los analistas y medios de comunicación es la idea de que personajes de Morena se hubiesen beneficiado del dinero aportado a sus campañas por parte del gobernador Rocha, quien fue, de acuerdo a testimonios públicos, a la demanda presentada ante la OEA y al propio Departamento de Justicia, beneficiado por la intervención del Cártel de Sinaloa en 2021.

Rocha, una vez instalado en el gobierno de su estado, habría utilizado recursos, de la entidad o del propio crimen organizado, para el financiamiento de candidatos en la elección de 2024; desde gobiernos locales, diputaciones o hasta las más altas esferas de las administraciones estatales y federal.

De allí derivaría –se estima- la defensa cuasi institucional llevada a cabo por Morena para evitar, a toda costa, que el caso de Rocha avance y así incrementen las probabilidades reales de que sea efectivamente extraditado a Estados Unidos.

La presidenta Sheinbaum se ha colgado del gran distractor de la semana pasada, a saber, la presencia de Isabel Diaz-Ayuso en México y el trasnochado debate sobre Hernán Cortés, para restar importancia al hecho mismo de que el gobierno federal del principal socio comercial de México ha acusado a destacados miembros del morenismo de tener vínculos con el crimen organizado.

¿Será que algunos temen que el caso de Rocha destape la red de corrupción y lazos con el Cártel de Sinaloa de personajes del partido oficial? ¿O se tratará, como dicen ellos, de argumentos técnicos para hacer valer la soberanía nacional? ¿Quién se habrá beneficiado en 2024 de los apoyos financieros y “logísticos” aportados por el Cártel de Sinaloa a la campaña de Rubén Rocha?

“La portavoz de la CIA Liz Lyons emitió una declaración a CNN diciendo: “Este es un informe falso y lascivo” (...) sin especificar qué aspecto del informe es falso”

CNN

Así se destaca en una nota aclaratoria publicada en el sitio web, en la que se retoma la respuesta que el organismo emitió luego de la publicación de la nota que ha generado la polémica.

Asimismo, CNN aseveró que antes de compartir la nota también se buscó la versión de la CIA; sin embargo, en ese momento el organismo no respondió a la solicitud.

CNN defiende su reporte sobre presencia de CIA en México en operativo contra El Payín

El martes 12 de mayo, la cadena de noticias de Estados Unidos, CNN, publicó una nota en la que aseguró que la CIA ha intensificado su "guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México“.

En específico, el reporte señala que la agencia gubernamental participó en un operativo que derivó en la muerte de Francisco Efraín Beltrán de la Peña, El Payín; sin embargo, la CIA rechazó la versión.

A pesar del desmentido que emitió la portavoz de la CIA, Liz Lyons, CNN defendió su reporte al sentenciar que la vocera no explicó qué parte del informe es falsa.

“Después de la publicación, la portavoz de la CIA Liz Lyons emitió una declaración a CNN diciendo:

“Este es un informe falso y lascivo que no sirve como más que una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, sin especificar qué aspecto del informe es falso"

CNN

En la nota aclaratoria publicada en el portal web, se explica que Liz Lyons les envió una declaración que corresponde al mismo contenido del mensaje que la portavoz publicó en X para desmentir la información.

Además, CNN advirtió que antes de publicar la nota se pidió a la CIA un comentario, pues se le presentaron los informes con los que se elaboró el contenido, sin embargo, la agencia rechazó hacer declaración alguna.

Gobierno federal también negó participación de la CIA en muerte de El Payín

Cabe destacar que antes del reclamo de la CIA por el reporte que CNN defendió, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que no existió intervención extranjera en la muerte de El Payín en Tecámac.

Sobre el tema, el funcionario explicó que los peritajes realizados en el Estado de México confirmaron que el hecho fue local y descartó cualquier operación encubierta atribuida a la CIA.

En especial porque las acciones operativas en México corresponden solo las autoridades locales competentes, a pesar del marco de cooperación entre México y Estados Unidos.

“Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles”

Liz Lyons. Portavoz oficial de la CIA

Así lo sentenció la directora de Asuntos Públicos y portavoz oficial de la CIA, Liz Lyons, por medio de un mensaje en el que advirtió que la información publicada es falsa.

Incluso, al reprochar por el reporte falso sobre la supuesta participación de la CIA en el operativo en México, la vocera acusó que se pone en riesgo la vida de estadounidenses.

CIA se lanza contra CNN por información falsa sobre El Payín

La CIA se lanzó en contra de la CNN al desmentir un reporte que vinculaba a la agencia con la explosión en Tecámac, Estado de México, en la que murió Francisco Beltrán, alias El Payín.

Liz Lyons, portavoz oficial, difundió un mensaje en su cuenta de X en la que calificó la publicación como falsa y sensacionalista, además de que advirtió que ponía en riesgo la seguridad de ciudadanos estadounidenses.

El reclamo de la vocera se centró en el reporte exclusivo de CNN en el que sugería que la CIA desplegó operaciones letales contra cárteles en México, incluyendo la muerte de El Payín cerca del AIFA.

La vocera enfatizó que la información difundida era una campaña de relaciones públicas a favor de los cárteles y rechazando cualquier vínculo institucional de la CIA con el hecho reportado por CNN.

Omar García Harfuch también desmintió participación de la CIA en muerte de El Payín

Previo al reclamo que lanzó la CIA en contra del reporte de CNN, mismo que desmintió, el gobierno de México también aclaró que no existió participación extranjera en la muerte de El Payín.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, señaló que las investigaciones confirmaron que la explosión en Tecámac fue un hecho local, sin intervención de agencias internacionales como la CIA.

Asimismo, el funcionario explicó que los peritajes realizados en el Estado de México descartaron cualquier operación encubierta, vinculando el caso únicamente a circunstancias internas relacionadas con la camioneta siniestrada.

La postura oficial del gobierno mexicano se difundió horas antes del mensaje de la CIA, reforzando la versión institucional que negó cualquier vínculo con la muerte de El Payín.

El operativo federal, realizado recientemente en territorio tabasqueño, detonó versiones y señalamientos que involucran al entorno político del alcalde de Movimiento Ciudadano, Armin Marín Saury, empresario gasolinero y presidente municipal de Emiliano Zapata.

Aunque hasta ahora no existe imputación formal contra el edil ni pronunciamiento oficial que lo vincule directamente con actividades ilícitas, el caso comenzó a generar repercusión política debido a testimonios y versiones locales que relacionan el aseguramiento con terrenos presuntamente vinculados a su entorno patrimonial y empresarial.

Fuentes consultadas en Tabasco señalaron que el episodio revivió viejos rumores sobre presuntas redes de influencia y protección política en una región históricamente observada por autoridades de seguridad debido a su ubicación geográfica y conectividad hacia rutas del sur-sureste mexicano.

Región bajo atención federal

La zona de Los Ríos ha sido considerada durante años un corredor estratégico por su cercanía con rutas terrestres y fluviales que conectan Tabasco con entidades como Chiapas, Campeche y Veracruz, además de su proximidad con la frontera sur.

Especialistas en seguridad consultados señalaron que el uso de aeronaves para el traslado de cargamentos ilícitos ha sido una modalidad recurrente en distintos puntos del sureste mexicano, particularmente en áreas rurales o de baja vigilancia terrestre.

En este contexto, el aseguramiento de la aeronave en Tabasco generó atención debido a las implicaciones políticas derivadas del entorno donde ocurrió el operativo.

Versiones sobre presuntas redes de influencia

Tras el aseguramiento comenzaron a circular testimonios y versiones locales sobre la presunta existencia de operadores regionales con capacidad de influencia política y territorial.

Entre los nombres mencionados por fuentes anónimas aparece un personaje identificado con el alias de “El Zorro”, a quien distintas versiones atribuyen presunta cercanía con actores municipales y estructuras locales de poder.

Las afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades federales ni existen resoluciones judiciales públicas que acrediten los señalamientos.

El tema tomó mayor dimensión luego de que versiones locales mencionaran la cercanía del personaje con Cinthia Segura, actual titular de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación Municipal (DECUR) de Emiliano Zapata.

Hasta ahora no existe investigación pública contra la funcionaria ni pronunciamientos oficiales relacionados con dichas versiones.

Impacto político y percepción pública

El caso comenzó a generar atención entre actores políticos estatales debido a que ocurre en un contexto nacional de presión federal sobre estructuras locales vinculadas a presuntas redes de protección institucional.

Analistas consultados consideran que el principal efecto inmediato podría darse en términos de percepción pública y desgaste político para el gobierno municipal encabezado por Armin Marín Saury.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata no ha emitido un posicionamiento amplio sobre el impacto político derivado del caso.

“No hay duda de que los narcotraficantes y los altos funcionarios del gobierno mexicano han estado coludidos durante años”

Terrance C. Cole. Director de la DEA

Terrance C. Cole aseguró que hay evidencias suficientes para asegurar que altos funcionarios del gobierno mexicano han estado coludidos por años el crimen organizado.

Ante ello, el director de la DEA expresó su confianza al presidente Donald Trump, pues advirtió que las acciones que ha desplegado contra el narcotráfico en México son apenas el inicio de lo que está por venir.

DEA asegura que hay evidencias de vínculos de políticos con el narcotráfico en México

El 12 de mayo, los directores del FBI y la DEA comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos. En la sesión, Terrance C. Cole aseguró que hay evidencias suficientes de los vínculos de políticos con el narcotráfico en México.

Así lo señaló el director de la DEA al resaltar que en su experiencia como agente especial, se desempeñó en zonas como Colombia y Afganistán, además de que terminó su carrera en México.

Durante una comparecencia en el Congreso los directores del FBI y de la DEA hablaron sobre México. @FBIDirectorKash calificó la cooperación en seguridad de “histórica”. El jefe de la DEA mencionó a García Luna y dijo tener certeza absoluta de los vínculos entre narcos y gobierno. pic.twitter.com/Z7pftFRtjC

— Enrique Acevedo (@Enrique_Acevedo) May 12, 2026

Sentenció que por el conocimiento que obtuvo durante sus años de trabajo, puede asegurar que no existe ningún tipo de duda sobre que los narcotraficantes y los altos funcionarios mexicanos han estado coludidos por años.

Incluso, citó el caso específico del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue detenido por sus nexos con las organizaciones criminales.

Director de la DEA advierte acciones más fuertes contra el narco en México

Luego de asegurar que hay evidencias suficientes que demuestran la complicidad del narco con los políticos en México, el director de la DEA advirtió que se estarían preparando acciones más contundentes en el país.

Sobre el punto, Terrance C. Cole refirió que el presidente Donald Trump apoya con plenitud al pueblo de Estados Unidos, al que describió como víctima del “veneno” que producen los cárteles.

“Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”

Terrance C. Cole. Director de la DEA

Ante dicho escenario, el director de la DEA indicó que las acciones que se han puesto en marcha para enfrentar a los grupos criminales mexicanos, solo son el inicio de que “está por venir”.

“[..] sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales”

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Tal como escribe Omar García Harfuch, el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pueda sugerir la existencia de operativos encubiertos de parte de la CIA.

Omar García Harfuch apuntó que si bien la cooperación con Estados Unidos existe y es importante derivado de los resultados para ambos países, se realiza bajo el respeto de la soberanía.

Omar García Harfuch rechaza participación de la CIA en muerte de El Payín

Tras señalamientos de CNN, Omar García Harfuch destacó que la CIA no ha actuado en operativos encubiertos contra narcotraficantes, como la muerte de El Payín.

Ya que en México, las acciones operativas corresponden de manera exclusiva a las autoridades mexicanas competentes sin interferencia de agencias extranjeras.

Omar García Harfuch resaltó que la cooperación entre México y Estados Unidos se da con respeto a la soberanía en confianza mutua y responsabilidad compartida.

Lo que ha derivado en avances importantes en el combate al crimen organizado, como detenciones de objetivos relevantes y aseguramiento de armas y drogas.

Dichos resultados demuestran precisamente la colaboración bilateral tras el intercambio de información en respeto al marco legal de cada país, como resalta Omar García Harfuch.

El mensaje finaliza destacando que cualquier cooperación internacional se limita a coordinación institucional, sin agencias como la CIA en operativos de territorio nacional.

Qué dice CNN sobre muerte de El Payín y supuesta participación de la CIA

La aclaración de Omar García Harfuch es respuesta a CNN y su publicación de este martes 12 de mayo, en la que apunta la participación no reportada de la CIA en la muerte de El Payín.

Acorde con lo señalado por CNN, la operación contra El Payín fue encabezada por la Rama Terrestre de la CIA, quienes colocaron un explosivo en su vehículo, lo que causó dos muertes.

Añaden que según sus fuentes, la CIA habría estado participando directamente en ataques letales contra integrantes del crimen organizado, lo que significaría una “expansión significativa”.

Sin embargo, la CIA no confirmó dicha información de CNN ni tampoco brindó declaraciones, pese a que las fuentes del medio señala que su implicación data de hace un año.

Por medio de un comunicado, la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, asegura que Morena busca desacreditar constantemente Maru Campos pese a que no existe una sola acusación formal en su contra.

Ataque que responde al actuar de la gobernadora de Chihuahua, acusada por Morena de faltarle a la soberanía nacional y la Constitución al permitir la intervención de agentes de la CIA en un operativo militar contra el narcotráfico.

Acción que la dirigente estatal asegura forma parte de una estrategia frontal de combate al crimen organizado e inversión en seguridad.

Por lo que condena que la oposición insista en llevar a cabo un juicio político e incluso de desafuero para evitar hablar de los señalamientos existentes contra sus propios perfiles políticos.

“Los ciudadanos no son tontos y no se les puede engañar”

Daniela Álvarez Hernández. Presidenta estatal del PAN

PAN acusa a Morena de politizar la soberanía nacional para proteger a Rubén Rocha Moya

El diputado panista, Alfredo Chávez Madrid, respalda lo dicho por la funcionaria, asegurando que Morena intenta convertir el debate público en una cortina de humo para evitar responder sobre el caso de Rubén Rocha Moya.

Así como quiere politizar la soberanía nacional para proteger a integrantes que tienen nexos con el crimen organizado.

Asegurando que Chihuahua no será como Sinaloa, advierte que las instituciones no serán tomadas por organizaciones criminales y defiende la cooperación institucional con autoridades estadounidenses en material nacional.

Señala que trabajar coordinadamente para combatir al crimen no representa una traición a la patria.

Por su parte, Jorge Soto recuerda que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación abierta sobre el operativo que tuvo lugar el 19 de abril en el Municipio de Morelos, cuyos delitos cometidos corresponden al ámbito de la delincuencia organizada federal, reitera:

“Morena no representa una defensa de la soberaría nacional sino una postura política para responder a los señalamientos que hoy enfrenta en materia de seguridad y crimen organizado”

Jorge Soto. Diputado del PAN

Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, Pete Hegseth afirmó que México debe “dar un paso adelante” para evitar una intervención directa de Washington.

El funcionario reconoció la cooperación de la administración de Claudia Sheinbaum con las Fuerzas Armadas mexicanas, aunque insistió en acelerar resultados contra organizaciones criminales transnacionales.

Estados Unidos endurece discurso sobre seguridad fronteriza y narcotráfico

Hegseth sostuvo que la Casa Blanca busca que México encabece el desmantelamiento de los cárteles, especialmente en regiones cercanas a la frontera suroeste estadounidense.

El funcionario reiteró que Washington considera actualmente a varios grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas, dentro de una estrategia militar enfocada en seguridad regional compartida.

También destacó los patrullajes espejo realizados entre fuerzas estadounidenses y mexicanas, además del despliegue de más de 20 mil militares estadounidenses en zonas fronterizas.

La administración encabezada por Donald Trump condicionó parte de la cooperación bilateral a mayores avances mexicanos en el combate contra redes dedicadas al tráfico de drogas.

Hegseth aseguró que existe una “asociación sin precedentes” con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina en tareas de seguridad estratégica.

Sin embargo, el secretario de Defensa insistió en que los resultados deben mostrarse con mayor rapidez para disminuir el tráfico ilegal y fortalecer el control fronterizo conjunto.

Las declaraciones incrementaron la tensión política entre ambos países, especialmente por las advertencias estadounidenses sobre posibles acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos.

Omar García Harfuch rechazó que el Gabinete de Seguridad esté investigando a Rubén Rocha Moya porque no hubo conducta que los llevara a eso.

SRE pidió a Estados Unidos las pruebas que inculpan a Rubén Rocha Moya

Roberto Velasco, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fue cuestionado sobre el caso de Ruben Rocha Moya y su vinculación con el Cártel de Sinaloa, según Estados Unidos.

En la conferencia del pueblo, Velasco aseguró que a través de la embajada de México en Washington pidieron las pruebas a Estados Unidos, pero “no las han enviado”.

“Estamos esperando la respuesta del departamento de estado. Hasta el momento no han mandado las pruebas”.

Roberto Velasco, titular SRE.

Velasco compartió que la solicitud la realizó a través de una “nota diplomática”.

México no investiga a Rubén Rocha Moya: Harfuch

México está en espera de que Estados Unidos envíe las pruebas que incriminan a Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, pues el gobierno no tiene motivos para comenzar una investigación.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, aseguró que el gabinete no desarrolla investigación sobre Rocha Moya, pues cuando ellos no detectaron ninguna conducta ilícita en el gobernador con licencia.

“En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad (...) nunca hubo un impedimento para que el gabinete de seguridad desarrollara sus actividades”.

Omar García Harfuch, titular SSPC.

Lo delicado —y lo que México no puede minimizar— es lo que ocurre cuando ese marco se convierte en política exterior: México aparece como territorio clave de origen y tránsito y, por tanto, como socio obligado… o como un gobierno insuficientemente comprometido susceptible de presión. Trump ya elevó el tono al afirmar que, si México “no hace el trabajo”, lo hará Estados Unidos.

Qué anunció realmente EU

El documento oficial muestra una estructura muy clara:

1. Cárteles como terroristas

La estrategia presume la designación de cárteles como Foreign Terrorist Organizations (FTO), lo que permite utilizar herramientas legales típicas de contraterrorismo, incluidas las de material support o apoyo material.

Para México esto es mucho más que retórica: significa que EU buscará encuadrar ciertas conductas como apoyo a una organización terrorista aunque el hecho original sea narcotráfico y protección institucional. El ejemplo más visible hoy es el caso Rocha Moya.

2. El fentanilo como amenaza estratégica

El documento insiste en tratar el fentanilo como una amenaza equivalente a un arma de destrucción masiva (Weapon of Mass Destruction), elevando la urgencia política y operativa del tema.

3. Facilitadores bajo la mira

No solo van contra traficantes. También anuncian consecuencias para empresas, ejecutivos y facilitadores que, “knowingly or through willful blindness”, ayuden con químicos, logística o insumos.

Ese punto impacta directamente a bancos, navieras, paquetería, logística, comercio exterior y cadenas de suministro donde México participa todos los días.

4. Cooperación condicionada

La estrategia habla de cooperación con México, pero condicionada a “resultados tangibles”: arrestos, procesos y extradiciones de líderes criminales.

La cooperación deja de ser una mesa diplomática y se convierte en un checklist de cumplimiento.

¿Por qué ahora pueden ir más lejos contra políticos mexicanos?

Lo distinto no es que EU quiera más decomisos o más detenciones. Eso ocurre desde hace décadas. Lo nuevo es el tipo de “guerra” que plantea: investigaciones de gran escala (enterprise investigations) con inteligencia, finanzas, extradición y sanciones integradas.

En ese modelo, los funcionarios que protegen redes criminales dejan de ser daño colateral y se convierten en objetivo.

¿Cómo?

• Acusaciones federales por conspiración y facilitación cuando exista conexión con EU.

• Sanciones financieras de OFAC y FinCEN que pueden operar incluso sin sentencia penal.

• Casos construidos bajo la lógica de material support vinculada a organizaciones FTO.

Esa última figura es la clave: convierte protección institucional o facilitación en un expediente de seguridad nacional, algo políticamente mucho más agresivo.

Además, el fiscal general interino Todd Blanche ya advirtió que podrían venir más acusaciones contra políticos mexicanos.

El efecto diplomático

Si el enfoque estadounidense es “resultados medibles”, el costo para México de responder únicamente con discursos aumenta.

La presión no ocurre solo en cancillería: ocurre en visas, reputación internacional, nearshoring, T-MEC, banca corresponsal y cadenas logísticas.

La estrategia además insiste en “hold countries accountable”. Traducido: si Washington percibe falta de resultados, aumentarán las medidas unilaterales, desde sanciones hasta restricciones migratorias y condicionamientos de cooperación.

Y esa escalada ya empezó a insinuarse públicamente.

Lo que México debe hacer

Primero, responder con una ruta jurídica y no solo con indignación política.

Si EU acusa, México debe exigir evidencia formal, pero también abrir investigaciones nacionales reales. No hay mejor defensa de la soberanía que un Estado capaz de investigar y sancionar.

Segundo, elevar el estándar de cooperación. Ya no basta el decomiso mediático; el foco estará en redes financieras, precursores químicos, aduanas, protección institucional y corrupción.

Tercero, fortalecer la trazabilidad logística y financiera. El propio documento insiste en supply chain integrity y due diligence. Si México no fortalece controles en puertos, aduanas y sistema financiero, otros lo harán desde afuera mediante sanciones y listas.

Cerrando

Hay una línea delgada —y peligrosa— entre cooperación internacional y presión extraterritorial.

Si México no responde con instituciones y resultados, la agenda terminará dictándose desde Washington: primero con sanciones, luego con condicionamientos y después bajo narrativas de seguridad nacional.

Pero también existe un límite para Estados Unidos: convertir unilateralmente la etiqueta FTO en sustituto del debido proceso mexicano erosiona la confianza bilateral.

La salida no está en el choque de discursos, sino en cooperación con reglas, evidencia y capacidad institucional real.

Porque en 2026 el dilema ya no es si habrá presión sobre México. La verdadera pregunta es si el Estado mexicano responderá con instituciones… o con improvisación.

Ese hecho ocurre en un marco de omisión, incapacidad, insuficiencia o hasta de confabulación de las autoridades que debieran combatir los abusos que se perpetúan. Trátese del ejército, de la guardia nacional o de los cuerpos de seguridad y prevención estatales y municipales, ocurre la explotación arbitraria y hasta el desplazamiento de comunidades indígenas en algunas regiones del país.

Se trata de un fenómeno que tiene lugar en lugares donde se registran los niveles más altos de pobreza, como sucede en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En efecto, la delincuencia organizada ha demostrado tener un gran olfato para detectar las regiones más vulnerables para penetrarlas y someter a sus habitantes.

Un grito desesperado ha sido emitido por comunidades nahuas de la montaña baja de Guerrero al verse sometidas a ataques despiadados por parte del grupo conocido como “Los ardillos” que, durante años, han asolado la zona; en este momento se denuncian ataques con armas de fuego y con drones, sin que las autoridades los auxilien, protejan y detengan a los criminales.

Los hechos que se denuncian, si bien ocurren en estos momentos, forman parte de una larga secuela de sucesos que se remite a años atrás cuando la organización delictiva que comandaba Beltrán Leyva sufrió la captura de este, de lo que se derivaron reacomodos y luchas internas para asumir el liderazgo y aprovechar la red que estaba desquebrajada. De esa nueva recomposición surgieron “Los ardillos” que desde entonces han trabajado para garantizar sus intereses en la región.

Sin embargo, las comunidades indígenas han resistido negándose a someterse y entregarse a la organización criminal. Se trata de pueblos indígenas ubicados en el municipio de Chilapa, Guerrero, y específicamente de comunidades de Xicotlán, Acuecuetlán y Tula, principalmente.

En ese contexto, se reunió el Congreso Nacional indígena, CNI para denunciar que comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, CIPOG-EZ, enfrentan la violencia que se adjudica al grupo “Los ardillos”. El gran impacto que ha tenido el despliegue de los ataques armados y el desplazamiento que este ha ocasionado, sin que se tenga respuesta por parte de las instancias encargadas de proporcionar seguridad, ha hecho que se plantee el involucramiento de las autoridades estatales como parte fundamental de la inseguridad en que se vive.

Son especialmente evidentes las agresiones que se han recibido en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán por medio de drones y de ataques armados. Conforme al pronunciamiento realizado por el CNI, integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata, viven una grave situación de hostigamiento, al tiempo de denunciar que el grupo “Los ardillos” tiene en asedio a comunidades de la montaña baja de Guerrero. En la parte final de su denuncia señalan:

“Exigimos el cese inmediato de los actos de violencia contra el CIPOG-EZ y denunciamos la situación de guerra que viven las comunidades indígenas que se atreven a resistir. Con dolor observamos las imágenes, videos y testimonios que documentan la violencia que azota la región de la Montaña de Guerrero. Hasta ahora son ya 76 integrantes del CIPOG-EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos”.

Las páginas escritas y los discursos pronunciados a favor de las comunidades y pueblos indígenas que se expresan y circulan para exaltar el signo e identidad que a la Nación aportan, y que alentaron la reforma constitucional a su artículo segundo, debe corresponderse con una visión y acción del Estado que, en términos efectivos, alienten su desarrollo.

Es motivo de indignación y de vergüenza que ocurran hechos como los que aquí se denuncian.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, muchos de los acusados son inmigrantes indocumentados originarios de Venezuela, Colombia y Honduras, presuntamente ligados a actividades criminales transnacionales.

Durante los cateos y detenciones, autoridades federales aseguraron más de 80 armas de fuego, aproximadamente 18 kilogramos de drogas y más de 100 mil dólares.

Autoridades estadounidenses refuerzan ofensiva contra el Tren de Aragua

Los cargos fueron presentados en distritos judiciales ubicados en Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, donde continúan las investigaciones sobre redes criminales vinculadas con narcotráfico.

Entre los delitos señalados por fiscales federales destacan tráfico de armas, posesión ilegal de armamento y distribución de drogas para facilitar operaciones criminales dentro de Estados Unidos.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el operativo como una acción “impactante” que permitió desarticular estructuras relacionadas con actividades violentas atribuidas al Tren de Aragua.

Washington mantiene una política de presión contra la organización criminal venezolana, considerada actualmente una agrupación “terrorista” por autoridades estadounidenses debido a su expansión internacional.

El Departamento de Justicia aseguró que desde enero de 2025 han sido presentados cargos federales contra más de 260 integrantes y asociados de esta organización criminal.

En febrero pasado, fiscales estadounidenses acusaron a 27 miembros de Anti-Tren, facción disidente vinculada con homicidios, secuestro, tráfico sexual y crimen organizado en Nueva York.

Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán en distintos estados para identificar nuevas células delictivas relacionadas con operaciones internacionales del Tren de Aragua.

De acuerdo con la publicación, los hijos de El Chapo han mantenido comunicación con funcionarios estadounidenses desde hace un año, analizando escenarios tras los procesos judiciales de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán.

La supuesta negociación de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán incluiría posibles beneficios legales, lo que marcaría un giro en la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Iván Archivaldo, figura clave en el caso contra el gobernador de Sinaloa

De acuerdo con Los Angeles Times, Iván Archivaldo Guzmán Salazar es una figura clave en el caso contra el gobernador de Sinaloa.

Se presume que el hijo de El Chapo ordenó a sus sicarios a tomar casillas, inflarlas e incluso quemar papeletas, así como intimidar a candidatos, para asegurar la victoria en las elecciones de 2021, de acuerdo con las acusaciones de Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades de México y Estados Unidos desconocerían el paradero de Iván Archivaldo.

Jeffrey Lichtman, abogado de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, ha guardado silencio ante el informe de Los Angeles Times.

Se desconoce si la colaboración con Estados Unidos, donde enfrenta múltiples acusaciones federales, incluiría la emboscada de El Mayo Zambada.

Cabe mencionar que hasta el momento, Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares (casi 172 millones de pesos mexicanos) por la captura de Iván Archivaldo Guzmán.

• ¿Quién es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?
• ¿Qué edad tiene José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?
• ¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene esposa?
• ¿Qué signo zodiacal es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?
• ¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene hijos?
• ¿Qué estudió José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?
• ¿En qué trabajó José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

¿Quién es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

José Antonio Cortés Huerta, conocido como “El Mamado”, es un fisicoculturista y presunto operador criminal detenido en Nuevo León.

Destacó en el mundo del culturismo, donde fue considerado uno de los más fuertes del país, pero recientemente fue detenido por autoridades federales en Nuevo León, señalado como líder de una célula afín al Cártel del Noroeste (CDN), dedicada al contrabando de combustible (huachicol), lavado de dinero y operaciones ilícitas.

Se le vincula como operador de Roberto Blanco Cantú “El Señor de los Buques”. En los operativos se aseguraron armas, droga, vehículos y siete tigres que mantenía sin permisos.

Su caso ganó notoriedad después de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informara sobre su captura en mayo de 2026.

¿Qué edad tiene José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

De acuerdo con información oficial difundida tras su detención, José Antonio Cortés Huerta tiene 39 años de edad pues nació en en 1987.

¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene esposa?

Hasta ahora no existe información pública confirmada sobre si José Antonio Cortés “El Mamado” está casado o tiene esposa.

Las autoridades y reportes periodísticos disponibles no han difundido detalles de su vida sentimental.

En el operativo de su detención se reportó la detención de una mujer de 41 años llamada Rosario Flores Alemán, pero no se ha especificado su relación exacta pues podría ser pareja, familiar u otra.

¿Qué signo zodiacal es José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

No se conoce la fecha exacta de nacimiento de José Antonio Cortés Huerta, por lo que no es posible confirmar su signo zodiacal.

¿José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León tiene hijos?

No hay información pública confirmada sobre hijos de José Antonio Cortés “El Mamado”.

¿Qué estudió José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

No se han dado a conocer estudios académicos o carrera profesional de José Antonio Cortés Huerta en reportes oficiales o medios nacionales.

¿En qué trabajó José Antonio Cortés “El Mamado”, fisicoculturista señalado por narcotráfico en Nuevo León?

Públicamente era relacionado con el fisicoculturismo como atleta de alto nivel, compitiendo con pesos de hasta 104 kg en competencia y 127 kg en offseason.

Fuentes lo describen como entrenador o relacionado con gimnasios; sin embargo, autoridades federales acusan a José Antonio Cortés de operar actividades ilícitas vinculadas a:

• Contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos
• Nexos con el narcotráfico en Nuevo León

Durante su conferencia matutina de este 11 de mayo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que Rubén Rocha Moya actualmente se encuentra en Sinaloa.

“Él está en Sinaloa”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Incluso adelantó que el gobernador con licencia, de 76 años de edad, en su momento lo saldrá a decir al igual que los 9 funcionarios que también están involucrados.

“Él está en Sinaloa y él mismo podrá informar, al igual que las 9 personas podrán informarlo”, agregó.

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La revelación llega tras aclarar que la propiedad baleada que fuera del gobernador, está abandonada desde hace una década.

Sheinbaum califica como “propaganda política” información difundida sobre Rubén Rocha Moya

El fin de semana una propiedad en Culiacán de Rubén Rocha Moya, fue baleada.

Esto generó nuevos rumores sobre una fuga de Rubén Rocha Moya y su colaboración con el crimen organizado por lo que Sheinbaum buscó desmentir lo que calificó “una propaganda política”.

Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, aclaró que él se encuentra en Sinaloa y que la propiedad no la habita desde hace diez años.

Posteriormente señaló que la información que difunden algunos medios de comunicación que van en contra del funcionario y de la Cuarta Transformación es “propaganda política”.

“Hay mucha propaganda. Que es propaganda, no es información; hay que diferenciar. Hay periódicos en México que se dedican a la propaganda política. Hay muchos que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, pero dan información. Hay mucha mentira en las redes y mucha propaganda en las redes”

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Insistiendo que todo lo negativo que se dice sobre el Gobierno de México y su partido es “propaganda”, reprobó que se cree un ambiente de rumores que tienden a promover la idea que que hay más problemas de los que en realidad existen.

Donald Trump parece haber entrado en una nueva fase de su lógica política: ya no le basta tensar relaciones comerciales, amenazar con aranceles o utilizar la migración como arma electoral. Ahora empieza a tocar algo todavía más delicado: la presencia diplomática mexicana en Estados Unidos. Y aunque para algunos podría parecer un asunto técnico o burocrático, el fondo es muchísimo más profundo y peligroso.

Porque los consulados mexicanos no son simples oficinas administrativas. Son puntos de protección, identidad, asistencia y defensa para millones de mexicanos que viven, trabajan, estudian o sobreviven del otro lado de la frontera. Para muchísimos de ellos, el consulado no representa solamente diplomacia: representa refugio institucional mínimo frente al miedo, la incertidumbre y la vulnerabilidad cotidiana. Y precisamente por eso el tema resulta tan explosivo.

La posibilidad de revisar, limitar o incluso cerrar consulados mexicanos en territorio estadounidense no debe entenderse únicamente como una medida diplomática. Debe leerse como parte de una lógica política mucho más amplia: la utilización permanente del conflicto exterior como herramienta de control interno, propaganda y espectáculo electoral.

Trump entendió desde hace años que confrontar vende. Confrontar moviliza. Confrontar distrae. Confrontar fabrica enemigos útiles. Y México ha sido históricamente uno de sus blancos favoritos. Primero fueron los migrantes, convertidos en amenaza discursiva permanente. Después la frontera, utilizada como símbolo de invasión y miedo. Más tarde los cárteles, elevados a argumento de seguridad hemisférica. Luego los aranceles y el chantaje comercial. Después el T-MEC utilizado como mecanismo de presión política. Más tarde las remesas. Luego el fentanilo. Y ahora los consulados.

Pero hay algo todavía más grave que tampoco puede olvidarse: ICE. Porque mientras el debate público gira entre elecciones, aranceles y amenazas diplomáticas, la maquinaria migratoria estadounidense sigue operando. Quizá con menos visibilidad mediática momentánea, pero sigue ahí. Redadas. Separaciones familiares. Detenciones. Deportaciones aceleradas. Centros de retención cuestionados. Vejaciones. Abusos. Muertes. Y entre las víctimas, muchísimos mexicanos y latinoamericanos atrapados durante años entre el miedo, la persecución administrativa y el uso político de la migración como espectáculo de poder.

Y lo más brutal es que gran parte del sistema terminó normalizando lo intolerable. Porque el problema ya no es solamente migratorio. Es humano. Cuando un gobierno convierte personas vulnerables en herramienta narrativa para sostener popularidad, el deterioro moral ya empezó desde hace mucho tiempo.

Todo termina entrando en la misma narrativa: la del tirano que necesita enemigos permanentes para sostener cohesión interna mientras vende la imagen del hombre fuerte dispuesto a “poner orden” frente a amenazas externas. Porque el problema ya no es únicamente político. Empieza a ser psicológico. Trump ya no parece actuar solamente como presidente. Empieza a actuar como tirano, como pseudoemperador, como dirigente convencido de que toda relación internacional debe convertirse en prueba de obediencia.

Y cuando un gobernante empieza a exigir sumisión permanente incluso de aliados, vecinos y socios históricos, termina revelando algo que los imperios siempre intentan ocultar: que detrás del exceso de fuerza suele empezar a crecer el miedo a perderla.

Lo delicado es que esta vez el golpe tendría enorme carga simbólica y humana. México posee una de las redes consulares más grandes del mundo dentro de Estados Unidos. Son decenas de consulados que diariamente atienden documentación, protección legal, asistencia migratoria, orientación laboral, apoyo en detenciones, repatriaciones y defensa básica de derechos para millones de personas.

Por eso tocar los consulados equivale también a enviar un mensaje político brutal: “Estados Unidos puede reducir incluso los espacios de protección de los mexicanos dentro de su propio territorio”.

Legalmente, Washington tiene facultades amplias para revisar, limitar o incluso cerrar consulados extranjeros bajo argumentos diplomáticos, de seguridad o de interés nacional. No sería la primera vez que ocurre. Trump ya lo hizo antes con representaciones chinas durante su primer mandato. Estados Unidos históricamente ha utilizado cierres consulares como instrumento de presión política y geopolítica.

Pero con México el impacto sería incomparablemente mayor. Porque aquí no se trata de una disputa fría entre potencias rivales. Aquí hablamos de millones de personas, familias enteras, comunidades binacionales, economías integradas y décadas de convivencia humana, cultural y laboral imposibles de separar mediante discursos incendiarios.

Y ahí aparece el verdadero problema: Trump ya no parece actuar desde lógica de gobierno estable. Empieza a actuar desde lógica de confrontación compulsiva. China. Europa. Migrantes. Universidades. Jueces. Prensa. Vaticano. Organismos internacionales. México. Todo termina convertido en escenario de choque. Porque el conflicto permanente se volvió método político.

Y cuando un régimen necesita vivir multiplicando enemigos para conservar cohesión interna, empieza también a exhibir síntomas de desgaste profundo. Ahí está la paradoja: mientras intenta proyectar fuerza absoluta hacia afuera, internamente acumula fracturas cada vez más visibles. La popularidad se erosiona. Los escándalos se acumulan. La polarización desgasta. Las investigaciones siguen abiertas. Y su base real de apoyo empieza a reducirse mucho más de lo que aparenta el ruido mediático de sus sectores radicalizados.

Ni siquiera los grandes espectáculos construidos alrededor de su figura —incluyendo el episodio del tirador convertido casi en narrativa épica— lograron modificar completamente el deterioro político de fondo. Y además existe otro frente que empieza a perseguirlo cada vez más incómodamente: el caso Epstein.

Porque mientras intenta monopolizar la conversación pública mediante conflictos externos, amenazas internacionales y retórica nacionalista, la presión periodística sobre viejos vínculos, silencios incómodos y preguntas sin resolver sigue creciendo. Y ahí aparece otro rasgo típico de los proyectos autoritarios modernos: el ataque permanente contra la prensa crítica. Trump ya no confronta solamente medios: intenta desacreditarlos sistemáticamente cuando investigan, cuestionan o exigen respuestas. Especialmente cuando tocan temas que golpean directamente la construcción casi mesiánica de su personaje político.

Por eso, cada vez parece más claro que muchas de estas tensiones exteriores funcionan también como gigantescas cajas chinas destinadas a desplazar la conversación pública estadounidense lejos de sus propios conflictos internos.

Pero el problema para Trump es que el mundo ya empieza a notar el patrón.

Europa se distancia. Y no solamente se distancia: empieza incluso a endurecer posiciones frente a Washington. Macron confronta. Sánchez se planta. Alemania recalcula. Italia empieza a incomodarse frente al tono imperial estadounidense. Inglaterra ya no actúa con la misma docilidad automática de otros tiempos. Y hasta el Vaticano terminó entrando indirectamente en tensión frente a la radicalización ideológica del trumpismo y sus choques crecientes con posiciones humanitarias y éticas defendidas por el Papa.

Canadá articula nuevos espacios políticos propios. En Toronto comenzaron a reunirse figuras políticas y exdirigentes occidentales bajo discursos cada vez más críticos frente al trumpismo y el deterioro del viejo equilibrio atlántico. En Barcelona, líderes progresistas y bloques internacionales empezaron a articular narrativas comunes frente al nuevo nacionalismo autoritario. Y Lula, mientras tanto, juega otra partida: aparece en Europa, dialoga con Washington, mantiene BRICS y viaja a Corea del Sur para fortalecer autonomía tecnológica, económica y estratégica sin someterse completamente ni a China ni a Estados Unidos.

Todo eso envía un mensaje silencioso pero poderosísimo:

El mundo empieza lentamente a reorganizarse para depender menos de Washington.

Y eso quizá explica buena parte de la agresividad creciente de Trump. Porque los proyectos de poder personalista suelen endurecerse justamente cuando empiezan a percibir pérdida de control.

Y ahí aparece otro frente delicadísimo: México. Porque ya no solamente se habla de consulados, aranceles o migración. Empiezan también a deslizarse amenazas cada vez más peligrosas alrededor de posibles operaciones directas dentro de territorio mexicano bajo el argumento de capturar criminales o combatir cárteles. De momento se maneja más como presión discursiva y narrativa de fuerza, pero el simple hecho de insinuarlo ya representa una señal gravísima.

Porque una cosa es cooperación bilateral.

Otra muy distinta es sugerir intervenciones unilaterales sobre territorio soberano.

Y ahí probablemente empieza a configurarse algo que Washington quizá no ha calculado completamente: una reacción mexicana mucho más clara, firme, inteligente y estructurada.

Porque durante años buena parte de la relación bilateral funcionó bajo una lógica donde Estados Unidos presionaba y México administraba daños. Pero el contexto político cambió. Y aunque existe enorme dependencia económica, también empieza a surgir algo que incomoda profundamente al trumpismo: resistencia pública frente a la presión externa.

Ese es el fondo real del conflicto. No los consulados. No la burocracia diplomática. No los trámites. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: si Estados Unidos seguirá tratando a México como socio o como subordinado.

Y ahí aparece nuevamente el problema histórico de los proyectos políticos que comienzan a confundirse con poder imperial: terminan creyendo que presión equivale automáticamente a obediencia. Pero la historia demuestra otra cosa. Llega un momento en que incluso los aliados, vecinos o socios más dependientes empiezan a cansarse de vivir bajo amenaza permanente.

Y cuando eso ocurre, el poder desmesurado descubre algo incómodo: que el terror puede producir silencio durante algún tiempo… pero rara vez produce respeto duradero.

Porque ningún liderazgo basado en intimidación constante logra sostener indefinidamente legitimidad internacional. Mucho menos cuando empieza a pelear simultáneamente contra aliados, bloques económicos, jueces, universidades, iglesias, migrantes, prensa crítica y hasta gobiernos vecinos.

Ahí el problema deja de ser diplomático.

Empieza a ser psicótico.

El poder comienza a actuar no desde seguridad, sino desde obsesión de control. Y cuando un gobernante necesita convertir cada relación internacional en una prueba de obediencia, termina revelando algo que los imperios siempre intentan ocultar: que detrás de la fuerza excesiva suele empezar a crecer el miedo a perderla.

Y quizá ahí reside la imagen más peligrosa para Trump: la del pseudoemperador que ya no consigue obediencia genuina y empieza a sustituirla con presión, amenazas y confrontación permanente.

Porque cuando un tirano necesita pelear simultáneamente contra el mundo exterior y contra el desgaste interno, el problema deja de ser político.

Empieza a convertirse en decadencia.

Y la decadencia de los imperios suele comenzar exactamente así: cuando el poder deja de producir admiración y empieza solamente a producir cansancio, resistencia y terror.

Como en la vieja canción “My Way” —“A mi manera”— que Trump utilizó hace poco casi como gesto de burla frente al mundo, y que inicia con una frase inquietantemente simbólica:

“El final… se acerca ya”.

Quizá sin darse cuenta, eligió la sentencia perfecta para retratar su propio momento.

Porque incluso los hombres que se sienten dioses terminan descubriendo algo que la historia jamás perdona.

Nerón también creyó que podía incendiar Roma mientras seguía tocando música entre las llamas.

Y al final, los imperios que juegan demasiado tiempo con fuego terminan descubriendo la misma verdad:

Las llamas nunca obedecen eternamente al emperador.

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De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Armada de México detectó movimientos sospechosos de una pequeña embarcación durante labores de vigilancia marítima y patrullaje en altamar.

Tras una inspección, los marinos localizaron 26 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, así lo informó el Gabinete de Seguridad.

Semar asegura 26 bultos de cocaína en embarcación de Guerrero; detienen a dos involucrados

Durante un operativo en las costas de Guerrero, la Semar aseguró una embarcación con 26 bultos de cocaína, sumando 89 bultos interceptados en operaciones marítimas de esta semana.

En el operativo fueron detenidos dos tripulantes, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar su situación jurídica y confirmar el peso exacto del cargamento asegurado.

La Semar señaló que estas acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para frenar el tráfico de drogas y otras actividades del crimen organizado.

Autoridades federales han intensificado los aseguramientos en el Pacífico mexicano. Días antes, la Semar informó sobre el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec.

“El fenómeno de la delincuencia organizada no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente para justificar posibles actos de injerencia”

Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el legislador señaló que el tema del crimen organizado no puede ser usado como pretexto para intentar proceder con acciones de injerencia.

Incluso, Reginaldo Sandoval resaltó que en los problemas del narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en México, son en gran medida responsabilidad directa de Estados Unidos.

Reginaldo Sandoval pide a Estados Unidos no usar crimen organizado como justificación de injerencia

El 6 de mayo de 2026, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos está dispuesto a realizar una “operación terrestre” en México para hacer frente a los cárteles de la droga.

Dos días después, el 8 de mayo, reiteró sus dichos al sostener que si el gobierno mexicano no actúa ante los los “cárteles que gobiernan” el país, ordenará una intervención “muy pronto”, ante lo cual Reginaldo Sandoval respondió con firmeza.

El diputado del PT recriminó que el gobierno de Estados Unidos use como argumento el tema de los grupos del crimen organizado para intentar justificar sus intenciones de injerencia.

Sobre ello, Reginaldo Sandoval indicó que los dichos del presidente Donald Trump son cuestionables debido a que el asunto de las organizaciones delictivas “no puede analizarse de manera simplista ni utilizarse políticamente”.

De la misma forma, el coordinador de la bancada del PT negó las afirmaciones del mandatario, pues rechazó que los cárteles gobiernen el país y advirtió que no son más que “expresiones irresponsables, ofensivas y alejadas de la realidad”.

Incluso, acusó que las declaraciones agravian a México y “alimentan narrativas intervencionistas” que solo han intentado vulnerar la soberanía de los pueblos de América Latina.

Reginaldo Sandoval afirma que Estados Unidos también es responsable del crimen organizado en México

Al seguir con su crítica a las declaraciones de Donald Trump en torno al crimen organizado que opera en México, Reginaldo Sandoval señaló que Estados Unidos también es responsable de la problemática.

El diputado federal sentenció que Estados Unidos es culpable de forma directa debido a que no han contenido temas como el del tráfico de armas de fuego y el lavado de dinero.

“Estados Unidos también tiene una responsabilidad directa en problemáticas como el tráfico ilegal de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas, factores que fortalecen a los grupos criminales en toda la región”

Reginaldo Sandoval

Aunado a lo anterior, Reginaldo Sandoval resaltó que el asunto del consumo de drogas en Estados Unidos, es uno de los factores que más generan ganancias a las organizaciones delictivas de la región.

El magistrado Brian Cogan aceptó la solicitud de la defensa para reunir pruebas adicionales antes de la audiencia final.

Zambada ya se declaró culpable de delitos graves como lavado de dinero y posesión de armamento, que podrían derivar en cadena perpetua.

La prórroga para la sentencia en Estados Unidos refleja las complicaciones legales que enfrenta su equipo jurídico.

Será el 20 de julio cuando se conozca la sentencia a Ismael “El Mayo” Zambada

El magistrado Brian Cogan, quien ya ha pospuesto la sentencia varias veces, estableció el 20 de julio para que tanto la defensa como la fiscalía presenten sus argumentos finales antes de la audiencia.

Cabe recordar que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de delitos graves como lavado de dinero y posesión de armamento, los cuales podrían resultar en una cadena perpetua.

La prórroga se debe principalmente a las complicaciones que enfrentan los abogados de Ismael “El Mayo” Zambada para obtener información relevante para su defensa.

En diciembre de 2025, el abogado Frank Pérez argumentó ante la corte que la “violencia e inestabilidad” en México complicaban la recopilación de datos y testimonios necesarios para preparar adecuadamente la defensa de su cliente.

Es la tercera ocasión que se pospone la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada:

• Primero estaba prevista para enero de 2026, pero se pospuso a abril después de que el equipo legal de Zambada solicitara más tiempo para prepararse.
• Después se pospuso para el 18 de mayo y ahora para el 20 de julio

La defensa tendrá hasta el 6 de julio para entregar su memorando de sentencia y presentar objeciones al Informe de Presentencia (PSR).

Posteriormente, la Fiscalía de Estados Unidos contará hasta el 13 de julio para responder a dichos argumentos antes de la audiencia definitiva.

Estados Unidos busca cadena perpetua para Ismael “El Mayo” Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada fue detenido en julio de 2024 tras aterrizar en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, EU, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán.

En 2025, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero, por lo que ahora enfrenta una posible cadena perpetua o a unos 30 años de prisión como pena mínima en una corte federal de Brooklyn.

Ismael “El Mayo” Zambada inicialmente estaba acusado de 17 cargos, luego de que sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009.

La Fiscalía de Estados Unidos prevé solicitar la cadena perpetua contra Zambada García, debido a la gravedad de los delitos que se le imputan.

Ismael “El Mayo” Zambada permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El enfrentamiento ocurrió durante un operativo de investigación contra una célula criminal vinculada a secuestros recientes.

Tras controlar la situación en la capital de Sinaloa, las fuerzas federales aseguraron armas largas, granadas, equipo táctico y una camioneta con la leyenda “MF”.

De acuerdo con El Financiero, el detenido sería presunto integrante de la facción de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Así fue el violento ataque en Culiacán, contra personal de Harfuch que dejó saldo fatal en Sinaloa

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobe un enfrentamiento armado en las cercanías de Culiacán, Sinaloa.

Esto luego de que elementos de la corporación que encabeza fueron agredidos por civiles armados.

Omar García Harfuch detalló que los elementos realizaban una investigación a una supuesta organización criminal que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas.

Las víctimas habrían sido liberadas en días pasados, aunque no se dieron más detalles sobre el caso.

El enfrentamiento resultó en la muerte de dos agresores y la captura de un sospechoso vinculado a una célula criminal responsable de secuestros previos.

Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad confiscaron un arsenal compuesto por:

• Armas largas
• Cargadores
• Granadas
• Equipo táctico
• Placas vehiculares.
• Camioneta con la leyenda “MF”

De acuerdo con El Financiero, en el operativo de Sinaloa se capturó a un presunto integrante de la facción del ‘Mayito Flaco’.

El apodo ‘Mayito Flaco’ corresponde a Ismael Zambada Sicairos, segundo hijo del matrimonio entre Ismael ‘El Mayo’ Zambada y María del Refugio Sicairos Aispuro.

Tras ataque violento, Omar García Harfuch confirmó que el despliegue operativo continúa en Culiacán, Sinaloa

Tras el violento ataque, Omar García Harfuch compartió que la situación se encuentra controlada en Culiacán, Sinaloa.

Actualmente, el despliegue operativo se mantiene activo en la región para salvaguardar a la ciudadanía y localizar a otros posibles implicados.

Esta intervención forma parte de una investigación en curso que busca desarticular a los generadores de violencia en la zona.

Este operativo se realizó en coordinación con:

• Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
• Fiscalía General de la República (FGR)

Estas incautaciones y detenciones en Chiapas, significó un golpe al narcotráfico de 2.8 millones de pesos, señaló la Semar.

Semar realiza detenciones en Chiapas tras operativos contra el narcotráfico

El Gabinete de Seguridad de México informó que, como resultado de los trabajos de investigación e inteligencia en el estado de Chiapas, se logró la detención de 2 personas.

Elementos de la SSPC, así como de la Semar y la FGR, realizaron varios cateos en 5 inmuebles vinculados a un grupo delictivo relacionado con el narcotráfico ubicados en los municipios de:

• Tuxtla Chico
• Metapa
• Frontera Hidalgo

Estos inmuebles fueron identificados como puntos de operación vinculados a una estructura delictiva con presencia en Chiapas.

Durante los cateos se detuvo a una mujer y un hombre vinculados al tráfico transnacional de droga.

Asimismo, se aseguraron:

• 2 inmuebles
• 7 armas de fuego
• 109 cartuchos de diferentes calibres
• 19 cargadores
• 6 equipos telefónicos
• 2 chalecos tácticos
• 2 vehículos
• diversa documentación y equipo electrónico

Semar da golpe al narcotráfico en Chiapas por 2.8 millones de pesos

Por otra parte, la Semar compartió que estos trabajos de investigación e inteligencia en la que se realizaron incautaciones y detenciones en Chiapas, significó un golpe al narcotráfico de 2.8 millones de pesos.

Asimismo, reiteró que la afectación al grupo delincuencial relacionado con el narcotráfico por 2 millones 804 mil 190 pesos, alcanza la estructura operativa y financiera.

Junior H de 25 años de edad, argumentó que era adolescente cuando comenzó a escribir corridos, además de que lo normalizó al crecer en ese ambiente.

No sabía que era apología al delito, dice Junior H de sus corridos tumbads

En una entrevista a Sale el Sol, Junior H fue cuestionado sobre la censura en los corridos con apología al delito, lo que lo llevó a sincerarse diciendo que no sabía que lo que cantaba era eso.

El cantante nacido en Guanajuato aseguró que no sabía que los corridos que cantaba desde su adolescencia y que más tarde componía eran apología al delito.

Incluso compartió que como creció entre esas canciones, normalizó las letras hasta que se enteró que hacían apología al delito.

“Yo empecé a esto siendo un niño, empecé a los 17 años (...) desgraciadamente hemos crecido en un país [violento], creí ahí, yo creí que cantaba lo que quería, pero según yo en mi carrera estaba haciendo música, desgraciadamente no sabía que realmente era la apología, ahora lo entiendo”.

Junior H, cantante.

Por otra parte, apuntó que “sí es triste” que no pueda cantar sus corridos en conciertos debido a la prohibición, pero dijo sentirse afortunado por no enfocar su carrera únicamente en esas letras.

Asimismo, dijo sentirse responsable con las letras que canta por la cantidad de niños que lo oyen.

El documento no solo redefine prioridades; reconfigura el lenguaje. Y en política, el lenguaje es acción anticipada. Equiparar a los cárteles con organizaciones terroristas abre la puerta a un abanico de herramientas que no se limitan a la cooperación judicial o al intercambio de inteligencia. Hablamos de operaciones extraterritoriales, de intervenciones quirúrgicas —o lo que se quiera vender como tales—, de un uso de la fuerza que históricamente ha dejado cicatrices profundas en regiones enteras. La retórica de “cazar y eliminar” no es retórica cuando viene acompañada de doctrina, presupuesto y voluntad política.

El problema no es negar la gravedad del narcotráfico. Sería absurdo. Los cárteles han demostrado una capacidad de violencia, penetración institucional y expansión económica que rebasa fronteras. Han envenenado comunidades, corrompido autoridades y sembrado terror. Pero convertir el combate al narco en una cruzada militar con tintes de guerra global es otra cosa. Es una simplificación peligrosa que reduce un fenómeno complejo a una narrativa de buenos contra malos, de héroes y objetivos a neutralizar. Y esa narrativa, cuando se traduce en acción, suele ignorar los daños colaterales, los vacíos legales y las consecuencias políticas.

Trump no habla al vacío. Su mensaje resuena en una sociedad cansada de la crisis de opioides, de las cifras de muertes por sobredosis, de la percepción de que la frontera es una herida abierta. En ese contexto, la dureza vende. Prometer mano firme, sin matices, sin titubeos, es rentable políticamente. Pero lo rentable no siempre es lo responsable. Y menos cuando se juega con la estabilidad de una región entera.

Para México, el anuncio no es una anécdota lejana. Es una advertencia directa. Porque aunque el documento se redacte en Washington, sus efectos potenciales se sentirían aquí. La posibilidad de que Estados Unidos decida actuar unilateralmente, bajo el argumento de la seguridad nacional, no es un escenario de ciencia ficción. Es una hipótesis que ha rondado en distintos momentos y que ahora encuentra un marco doctrinal más explícito.

La soberanía no es un concepto ornamental. Es el límite que separa la cooperación de la imposición. Y cuando desde la Casa Blanca se habla de eliminar objetivos más allá de sus fronteras, ese límite se vuelve difuso. México ha padecido durante años la violencia del narcotráfico, pero también ha construido —con errores, sí, pero también con aprendizajes— una estrategia propia, con énfasis recientes en atender causas sociales, reconstruir el tejido comunitario y evitar la lógica de guerra frontal que dejó un saldo devastador en el pasado.

El discurso de Trump choca con esa visión. Y no solo eso: la pone en riesgo. Porque la presión política y mediática que puede derivarse de esta nueva estrategia podría empujar a decisiones apresuradas, a replanteamientos forzados, a concesiones incómodas. La historia reciente muestra que cuando Estados Unidos endurece su postura, México se ve obligado a responder, a negociar, a ceder en algunos frentes para evitar escenarios peores.

Pero hay algo más inquietante en este giro: la normalización de la violencia como herramienta de política exterior. Decir “los mataremos” desde la investidura presidencial no es cualquier cosa. Es institucionalizar la eliminación física como solución. Es enviar el mensaje de que ciertos problemas no se resuelven con justicia, ni con cooperación, ni con inteligencia, sino con fuerza letal. Y esa lógica, una vez instalada, es difícil de contener.

La experiencia internacional debería servir de advertencia. Las guerras contra enemigos difusos, sin rostro único, suelen prolongarse, mutar y generar nuevas formas de violencia. Afganistán, Irak, Siria… los ejemplos sobran. ¿De verdad alguien cree que declarar a los cárteles como terroristas y perseguirlos con lógica militar resolverá el problema de fondo? ¿O más bien lo desplazará, lo fragmentará y lo hará aún más impredecible?

El narcotráfico no es solo una estructura criminal; es un sistema que se alimenta de desigualdades, de mercados ilegales altamente rentables, de fallas institucionales y de una demanda constante del otro lado de la frontera. Mientras haya consumidores dispuestos a pagar, habrá organizaciones dispuestas a proveer. Y mientras esas organizaciones encuentren territorios donde operar, seguirán adaptándose a cualquier embate.

La estrategia de Trump parece ignorar esa dimensión. O, peor aún, la reconoce pero decide apostar por el atajo de la fuerza. Es más fácil prometer eliminar enemigos que asumir la responsabilidad compartida en la crisis. Es más sencillo señalar hacia el sur que revisar las políticas internas que han permitido que el consumo y la distribución de drogas sintéticas se disparen.

En México, la reacción no puede ser tibia ni complaciente. Tampoco puede caer en la tentación de la confrontación estéril. Se requiere claridad, firmeza y una lectura estratégica del momento. Defender la soberanía no significa negar la cooperación, pero sí establecer límites claros. Significa exigir corresponsabilidad, no aceptar imposiciones disfrazadas de ayuda.

También implica hacer la tarea interna. Porque cualquier discurso extranjero encuentra eco cuando hay debilidades domésticas. La infiltración del crimen organizado en instituciones, la impunidad persistente, la falta de resultados contundentes en algunos frentes, son factores que alimentan la narrativa de que México no puede —o no quiere— controlar a los cárteles. Y esa percepción es el terreno fértil para justificar intervenciones externas.

La nueva estrategia estadounidense no es solo un documento; es un mensaje político de alto calibre. Marca una línea de acción que, de concretarse, podría alterar el equilibrio regional. Y frente a eso, no basta con declaraciones diplomáticas. Se necesita una posición de Estado, una coordinación efectiva entre poderes, una política de seguridad coherente y sostenida.

El riesgo es claro: que en nombre de la seguridad se abra la puerta a escenarios de mayor violencia, de tensiones bilaterales y de decisiones unilaterales que terminen por agravar lo que dicen querer resolver. Porque cuando la política se reduce a consignas de fuerza, suele perder de vista a las personas que quedan en medio.

Trump ha puesto sobre la mesa una apuesta dura, sin matices. Ahora toca ver quién está dispuesto a seguir ese camino y quién tiene la lucidez de advertir sus consecuencias. Porque una cosa es combatir al crimen y otra muy distinta es convertir esa lucha en una guerra sin reglas claras. Y las guerras, por definición, rara vez terminan como quienes las inician prometen.

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Un juez federal en México decretó su detención provisional con fines de extradición, lo que activa el plazo para que Estados Unidos presente la documentación correspondiente.

Mientras tanto, la defensa interpuso un amparo que frena su entrega inmediata.

Audiencia y situación jurídica de El Jardinero

La decisión judicial contra Audias Flores Silva fue dictada la semana pasada durante una audiencia celebrada por videoconferencia, mientras el detenido permanecía en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Flores Silva, identificado también como jefe de plaza del CJNG, fue capturado el 27 de abril de 2026 tras un operativo en el estado de Nayarit.

No obstante, la defensa del imputado ha comenzado a interponer recursos legales.

La jueza Azucena Lazalde Íñiguez admitió a trámite un amparo y concedió una suspensión de oficio y de plano, lo que por el momento frena su entrega inmediata, deportación o expulsión del país hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Cargos en Estados Unidos y recompensa

El Jardinero es un objetivo prioritario para las autoridades de Estados Unidos, quienes ofrecían una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

En agosto de 2020, una Corte Federal del Distrito de Columbia lo señaló como responsable de:

• Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y uno o más de heroína para su importación a Estados Unidos.
• Portación y uso de armas de fuego vinculadas a delitos de narcotráfico.
• Control de rutas logísticas que utilizan camiones con remolque para transportar droga desde Centroamérica hacia México, y vehículos de pasajeros para distribuir narcóticos en estados como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Próximos pasos del proceso de extradición para El Jardinero

Una vez que Estados Unidos formalice la petición dentro del plazo de 60 días, un juez de Distrito conocerá el procedimiento, informará al requerido sobre sus derechos y abrirá un periodo probatorio.

ras el desahogo de pruebas, el juez emitirá una opinión jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual dispondrá de 20 días para resolver si concede o no la extradición definitiva.

Este proceso podría verse afectado si el Gobierno Federal determina que el envío del capo debe aplazarse por razones de seguridad nacional.

“Nuestro grupo conjunto del @FBI y Seguridad Nacional desmanteló una red de narcotráfico en Kansas City con vínculos hacia México”

Kash Patel. Director del FBI

Así lo informó el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por medio de un mensaje en el que detalló que en la acción también participó personal de Seguridad Nacional.

Luego de informar sobre el decomiso, Kash Patel aseveró que el modelo que se ha puesto en marcha para enfrentar al crimen organizado, ha dejado buenos resultados.

FBI decomisó metanfetamina en Kansas City ligada a una red de tráfico enMéxico

El miércoles 6 de mayo de 2026, el FBI encabezó en Kansas City, un operativo que derivó en el decomiso de más de 70 kilogramos de metanfetamina, además de dinero en efectivo y armas.

La acción fue ejecutada por la Homeland Security Task Force, un esquema conjunto que integró agencias federales y autoridades locales, con participación de la oficina del FBI Kansas City.

Además del decomiso, las autoridades lograron desmantelar una red de tráfico vinculada organizaciones criminales en México, es decir que se trató de un golpe trasnacional.

En el operativo fueron detenidas 7 personas de las que no se han agregado detalles como identidad o vínculos con México, se incautaron 35 mil dólares en efectivo y se aseguraron 3 armas de fuego.

Sobre las personas que fueron detenidas durante la operación de decomiso, se reporta que ya fueron presentadas ante las autoridades y podrían enfrentar condenas de hasta 25 años de cárcel.

Kash Patel resalta buenos resultados de acciones contra el tráfico de drogas

Al pronunciarse sobre el decomiso del FBI en Kansas City ligado a México, el director del organismo, Kash Patel, destacó la efectividad del modelo Homeland Security Task Force.

En su mensaje, afirmó que la Fuerza de Tareas conjunta, integrada por agencias federales y autoridades locales, mantiene resultados constantes y se consolida ante las organizaciones de tráfico de drogas.

De la misma forma, Karh Patel enfatizó que la operación en Kansas City forma parte de una estrategia nacional que se replica en distintas ciudades para enfrentar redes criminales trasnacionales.

Los imputados fueron interceptados a 86 millas náuticas de Puerto Chiapas mientras viajaban en una embarcación con tres motores fuera de borda.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa y otorgó dos meses para la investigación complementaria, mientras los acusados permanecen recluidos en el penal de Tapachula.

FGR obtiene vinculación a proceso por transporte de más de 900 kilos de cocaína

Según las investigaciones federales, los detenidos viajaban en una embarcación equipada con 3 motores fuera de borda cuando fueron detectados por autoridades marítimas mexicanas.

Los detenidos son Luis “N”, Bryan “N”, Andrés “N”, Guillermo “N”, Manolo “N” y Erwin “N”.

Las autoridades aseguraron un total de 904 kilos 358 gramos 600 miligramos de clorhidrato de cocaína durante la operación realizada frente a costas chiapanecas.

La puesta a disposición fue realizada por elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente personal de la Secretaría de Marina desplegado en Puerto Chiapas.

Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó pruebas suficientes para que un juez dictara auto de vinculación a proceso contra los seis presuntos responsables detenidos.

La Fiscalía Especializada de Control Regional también obtuvo un plazo de 2 meses para desarrollar la investigación complementaria relacionada con el caso de narcotráfico.

Además, el órgano judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los imputados mientras avanzan las investigaciones federales correspondientes.

Los acusados permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Tapachula, mientras continúa el proceso judicial por delitos contra la salud.

El documento fue dirigido a la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde el narcotraficante alegó presuntas violaciones a sus derechos humanos y reiteró su inocencia respecto a diversos crímenes por los que responsabilizó al Gobierno de México.

Además, Guzmán Loera solicitó ser extraditado a México y pidió la realización de un nuevo juicio con el objetivo de regresar al país.

El Chapo Guzmán asegura que en México era conocido por “las cosas buenas” que hizo

En la carta, Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmó que en México no era reconocido por hechos negativos, sino por “las cosas buenas” que realizó durante su vida.

El ex líder del Cártel de Sinaloa sostuvo que únicamente quería que “la familia comiera unida y tuviera una gran vida”.

Asimismo, acusó al Gobierno de México de ser responsable de los actos violentos que ocurrieron en el país, mientras que él aseguró no haber causado daño a nadie.

El Chapo Guzmán acusa violaciones a sus derechos humanos en Estados Unidos

En el mismo escrito, “El Chapo” Guzmán señaló que las autoridades de Estados Unidos lo responsabilizan de delitos que, según él, “no tienen nada que ver con América”.

También afirmó que los cargos que derivaron en su condena a cadena perpetua estuvieron sustentados únicamente en el testimonio de un testigo. De acuerdo con el capo, nunca supo a quién permitió declarar el gobierno federal estadounidense durante el proceso judicial.

Además, aseguró que ha solicitado ante los tribunales una apelación para obtener un nuevo juicio, así como la aplicación de una cláusula de extradición para regresar a México. Según explicó, su petición busca que se respeten sus derechos como extranjero conforme a las leyes y políticas de Estados Unidos.

Finalmente, Guzmán Loera agradeció a los tribunales por aceptar su carta y reiteró su petición de justicia, al considerar que las pruebas presentadas en su contra no fueron concluyentes.

EU se siente amenazado por la porosidad fronteriza para migrantes indocumentados y para el tráfico de drogas; las armas de allá vienen y, según la estrategia 2026 de EU, ello es de interés para el gobierno norteamericano. Las autoridades de México atendieron, con buenos resultados, el freno a la migración. El mayor logro de Donald Trump, según la opinión pública, se ha dado en seguridad fronteriza. El tema de las drogas es más complejo y difícil de resolver, especialmente en materia de fentanilo, una droga perniciosa, fácil de producir y transportar. Se ha documentado que quienes la introducen a EU lo hacen por vía terrestre y mediante “mulas”, en su mayoría ciudadanos norteamericanos.

En la acción norteamericana respecto a las drogas se entreveran la postura sostenida desde hace décadas por las agencias norteamericanas y la agresiva determinación del gobierno de Trump, a partir de una visión de hegemonía hemisférica, que se ha servido de la declaratoria de los cárteles de la droga como organizaciones extranjeras terroristas, lo que amplía los recursos y las atribuciones extraterritoriales para combatirlas. El marco legal para enfrentar el narcotráfico es diferente al del terrorismo, no solo por las atribuciones que se arrogan las autoridades norteamericanas, sino por el espectro de responsabilidad que resulta de la asociación política, logística o económica con dichas organizaciones.

Por esta consideración, la amenaza al país es mayúscula, producto de la destrucción de la justicia institucional o legal. Ningún delincuente de relieve ha sido juzgado en casi ocho años, no se diga de los políticos asociados. En este contexto de impunidad se emprenden investigaciones en EU, no solo respecto a la acción estrictamente delictiva, sino también a la asociación financiera o a la protección política. Trump afirma que lo que no hagan las autoridades mexicanas, ellos lo harán y el fiscal Todd Blache anuncia que vendrán más casos contra políticos narcos.

Para EU el cártel Sinaloa es una organización terrorista relevante en el envío de drogas a EU y a todo el mundo. La investigación policial y de inteligencia, así como los testimonios de jefes criminales, revelan la vinculación de políticos en momentos electorales, en un siniestro intercambio de interferencia y dinero para ganar elecciones a cambio del aparato gubernamental al servicio del grupo criminal. Las pruebas son abrumadoras y convincentes, además de la evidencia resultado de la actividad criminal documentada por periodistas locales de excelencia, a los que alude con acierto Ciro Gómez Leyva.

El gobierno de México ya perdió la batalla legal y política porque no actuó con oportunidad, especialmente en el ámbito judicial. Todavía peor: no se le considera incapaz o incompetente, sino coludido, y ahora se refugia en una acción de contención y de control de daños. Queda la idea de que no actúa porque es parte de la organización criminal. Esto vuelve extremadamente peligrosa la amenaza del gobierno norteamericano, especialmente si la respuesta para entregar criminales es elusiva o engañosa, como ha ocurrido con el gobernador Rubén Rocha y otros nueve implicados.

Sinaloa no es el único caso. La investigación norteamericana sobre el contrabando de combustible y las revelaciones asociadas a las actividades del empresario Sergio Carmona muestran que las campañas de Morena fueron financiadas con recursos de dicha actividad criminal. En 2021 tuvieron lugar, además de Sinaloa, otras 14 elecciones de gobernador; 12 fueron ganadas por Morena o por el PVEM.

La concurrencia de la investigación judicializada —que viene desde hace años— y la manera como el gobierno del presidente Trump ha resuelto combatir al crimen organizado significan que el país enfrenta la mayor amenaza de su historia. Como se advierte, el origen del problema es estrictamente doméstico. La impunidad a lo largo del régimen obradorista deja poco espacio para la prédica soberanista.

Estas cifras resultan alentadoras al señalar que más personas generadoras de violencia están siendo detenidas, pero eso nos conlleva a una serie de encrucijadas; la primera es que nuestra población penitenciaria está creciendo a pasos agigantados, y nos podría encaminar a una crisis de hacinamiento sin precedentes, al no tener dimensionado y estar preparados para un crecimiento constante hasta el final del sexenio, y lo peor; casi el 40% de estas personas que son detenidas, no cuenta con una sentencia judicial. Este es un problema profundo: estamos llenando las cárceles, pero no vaciando las calles de violencia. Sin embargo, la solución no reside en construir más penales, sino en derribar la ineficiencia del sistema judicial. Para revertir esta tendencia, planteo tres pilares fundamentales:

​1. El rezago procesal contra la justicia

Es inaceptable que un poco más del 40% de los internos no tenga una sentencia, y esto se puede deber a diversas razones, pero un elemento clave es que la mayoría de las fiscalías del país no han digitalizado y modernizado sus trámites y procesos internos; lo cual nos deja con una limitante inaceptable para la época en la que vivimos. El poder judicial debe agilizar y modernizar los procesos para garantizar que la prisión preventiva no sea una condena anticipada. La justicia que tarda no es justicia; es una falla administrativa que vulnera los derechos humanos y satura las instituciones.

​2. Continuar con la atención de las causas, realizar una prevención en la raíz

El enfoque principal debe desplazarse hacia la prevención social, la atención a las causas como lo propone la presidenta Sheinbaum. El gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con bloques de servidores públicos con territorio, como lo son Siervos de la Nación, que pueden llegar a todas las comunidades y con un enfoque de bienestar social, determinar zonas con alta incidencia delictiva y llevar los programas del gobierno para disminuir la deserción escolar, identificar posibles adicciones, mientras el gobierno atiende las causas más profundas en la desigualdad social.

​3. Cambiar el enfoque de centros de reclusión a centros de reinserción

Debemos transformar las cárceles en verdaderos centros de rehabilitación y de reinserción social. Ya que si los mantenemos sin una inversión pública en programas educativos y laborales dentro de los penales, el sistema seguirá siendo una “escuela del crimen”. La meta no debe ser solo el castigo a través del aislamiento, sino evitar la reincidencia y lograr que las personas encuentren un camino a volver a ser una parte productiva de núcleo trabajador, que es quien genera la verdadera riqueza del país.

​La seguridad nacional no puede medirse por cuántas personas encarcelamos, sino por cuántos delitos logramos prevenir, en cuántas personas se salvan de caer en las manos del crimen organizado, por las diversas causas que conocemos, como lo son la precariedad económica, aislamiento y la vulnerabilidad social. No podemos convertirnos en un sistema penitenciario como lo es Estados Unidos. Debemos de pasar de una política de punitivismo reactivo a una política criminal inteligente y humana. Esto no significa que se debe de dejar de hacer una por la otra, es más bien, hacer ambas al mismo tiempo, lo cual plantea un reto mayúsculo y para nada creo que sea fácil; es como siempre comento: “debemos reparar el motor del avión en pleno vuelo, no podemos detenernos”.

Como conclusión, creo que la estrategia de seguridad planteada por la presidenta Sheinbaum e implementada por el secretario García Harfuch está dando resultados irrefutables y debemos presionar que las fiscalías se modernicen en digitalizar sus procesos, darles transparencia y trazabilidad, para estar al nivel del gobierno federal. También por nuestra situación geográfica, no debemos caer ante el canto de las sirenas, donde un gobierno externo va a llegar a “salvarnos”, ya que como dijo un sabio expresidente: “solo el pueblo puede salvar al pueblo”, y México es una gran nación autodeterminada, donde la solución está aquí mismo.

X: @lalodelmazo

En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos aseguró que mantendrán el trabajo contra el tráfico de drogas hacia su país, lo que podría incluir operaciones terrestres en territorio mexicano.

“Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”

Donald Trump

Esto en el marco de la presentación de la nueva Estrategia Antiterrorista que coloca a los cárteles del narcotráfico como una de las principales amenazas para su seguridad nacional.

Trump asegura que intervendrá en México si “no van a hacer el trabajo “ contra el narcotráfico

Donald Trump resaltó la estrategia para el combate al narcotráfico que ha implementado en Estados Unidos, con la que, aseguró, se ha reducido la entrada de drogas por mar en un 97%.

Durante su discurso por el Día de la Madre Militar, resaltó que ahora también implementará operaciones terrestres contra el tráfico de drogas lo que “es mucho más fácil”.

Además, Donald Trump aseguró que si bien estas acciones terrestres podrían traer críticas de representantes de México, “si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

“El tráfico de drogas por mar se ha reducido en 97%... y ahora hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucho más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”

Donald Trump

Estrategia Antiterrorista de Trump va contra cárteles del narcotráfico

El miércoles 6 de mayo la Casa Blanca presentó su nueva Estrategia Antiterrorista contra los cárteles del narcotráfico y su operación en Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, esta nueva política exige a México “resultados tangibles” de sus acciones en contra del tráfico de drogas como:

• capturas
• extradiciones
• acciones contra funcionarios corruptos

Asimismo, reitera que los cárteles del narcotráfico serán considerados amenaza comparables con grupos terroristas.

En el mismo sentido, el gobierno de Donald Trump señaló que se asegurará de continuar con campañas militares y policiales contra cualquier grupo designado como organización terrorista.

“Depende de él. Imagínense que yo ande decidiendo si él pide licencia o no (...) es un asunto de ellos, no es un asunto de la presidenta”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

En la mañanera, la presidenta de México subrayó que la decisión de separarse de un cargo es personal y recordó que, a diferencia de Enrique Inzunza, otros funcionarios implicados han renunciado por cuenta propia.

Con ello, descartó cualquier imposición desde el Ejecutivo y afirmó que su gobierno no reproduce el “presidencialismo de las calandrias griegas” que centralizaba decisiones políticas.

Claudia Sheinbaum no le pedirá a Enrique Inzunza que pida licencia en el Senado

Pese a que Enrique Inzunza es el único funcionario público de Sinaloa que no ha renunciado ni pedido licencia a sus funciones como Senador pese a señalamientos que lo ligan con el narcotráfico, Sheinbaum dejó claro que ella no le pedirá la esperada acción.

En la conferencia del pueblo del 6 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum externó que no es su deber como presidenta de México el pedir a Inzunza la licencia como senador.

Asimismo, recordó que los demás involucrados en señalamientos de Estados Unidos, lo han hecho por cuenta propia, de modo que es decisión individual hacerlo o no.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron momentos antes de que Enrique Inzunza hiciera público que no iría a la sesión de hoy en la Comisión Permanente del Senado, argumentando que se haría de la sesión “un espectáculo indigno”.

Gobernador de Sinaloa desde 2021 hasta el 1 de mayo de 2026, cuando solicitó licencia tras ser acusado en Nueva York de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, inició su carrera como maestro a los 19 años y fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su trayectoria incluye cargos sindicales, legislativos y federales, consolidándose como figura clave en la política sinaloense y de Morena.

¿Quién es Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya es un académico, escritor y político mexicano de izquierda, militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De 2018 a 2021, se desempeñó como Senador de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, donde presidió la Comisión de Educación.

Rubén Rocha Moya es el gobernador de Sinaloa desde el año de 2021 y fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Asimismo, cuenta con una larga trayectoria académica y política que no se salva de escándalos; como enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y tráfico de influencias.

¿Qué edad tiene Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya nació el 15 de junio de 1949 en Badiraguato, Sinaloa.

Al momento de la publicación original de esta nota, el gobernador de Sinaloa tiene 76 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya estuvo casado con Socorro Ruiz Carrasco desde el 23 de diciembre de 1973 hasta su muerte el 2 de junio de 2016, causada por cáncer.

El gobernador de Sinaloa todavía recuerda a su esposa con mucho cariño, ya que ha compartido algunas publicaciones en redes sociales donde manifiesta que la extraña.

“El día que te conocí me gané la lotería, no pude haber elegido mejor compañera de vida. Te amo y extraño mi amada Socorro”.

Rubén Rocha Moya sobre su esposa

¿Quiénes son los hijos de Rubén Rocha Moya?

Junto con su esposa, Rubén Rocha Moya tuvo 4 hijos. Se trata de:

1. Eneyda Rocha Ruiz, quien actualmente es presidenta del Sistema DIF Sinaloa y académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
2. José de Jesús Rocha Ruiz
3. Ricardo Rocha Ruiz
4. Rubén Rocha Ruiz

Respecto a la descendencia del gobernador de Sinaloa que presuntamente iba a reunirse con El Mayo Zambada, han sido acusados de enriquecimiento súbito, así como de tráfico de influencias dentro del gobierno del estado.

El medio De Primera Noticias informó que el 14 de mayo del 2009, Rubén Rocha Ortiz, junto con su hermano Ricardo Rocha Ortiz y otras dos personas, constituyeron la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V., en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A través de esta empresa es que han logrado licitaciones para la realización de obras para el Gobierno de Sinaloa.

Asimismo, se ha acusado a los hijos de Rubén Rocha Moya de comprar mansiones de gran lujo en zonas exclusivas.

¿Qué estudió Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya estudió para desempeñarse como profesor en Educación Primaria por la Escuela Normal Gral. Plutarco Elías Calles en el año de 1977.

Posteriormente, el gobernador de Sinaloa se licenció en 1989 como profesor de Educación Media en el área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior del Estado de Oaxaca en Liquidación.

Asimismo, Rubén Rocha Moya cuenta con una Maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual obtuvo en 1993; y con un Doctorado en Ciencias Sociales que la UAS le otorgó en 2006.

Finalmente, el morenista Rubén Rocha se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 2020, convirtiéndose esta en su segunda carrera profesional.

¿En qué ha trabajado Rubén Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya tiene una larga experiencia curricular, tanto en el ámbito académico como político.

Y es que el actual gobernador de Sinaloa desde el 2021 inició su carrera profesional como maestro a los 19 años de edad en la Escuela Primaria Federal Héroe de Nacozari de Plano Oriente, en Ciudad Obregón, Sonora, donde laboró de 1969 a 1972.

Después, trabajó como profesor en la primaria de Carricitos, en Salvador Alvarado, Sinaloa.

A la temprana edad de 20 años, Rubén Rocha Moya fue electo como Secretario General de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, organización estudiantil, para el periodo de 1968 a 1969.

De 1980 a 1983, Rubén Rocha Moya representó a la base trabajadora como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Sección Académicos.

También, dio clases de física y matemáticas en la Preparatoria de Guamúchil, en donde llegó a ser director a los 5 meses de docencia y con 23 años de edad.

Y donde trabajó para incorporar a la institución al sistema de bachillerato de la UAS.

De diciembre de 1983 a diciembre de 1986, Rubén Rocha Moya fue elegido como diputado local de representación proporcional en la LII Legislatura del Estado de Sinaloa, por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM).

De 1989 a 1992, Rubén Rocha Moya se desempeñó como Secretario General de la UAS, y posteriormente fue elegido rector de la universidad para el periodo 1993-1997.

De 2005 a 2010, fungió como coordinador de Asesores del gobernador Jesús Aguilar Padilla.

En el Gobierno Federal, Rubén Rocha Moya fue Subdirector de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE, de 2013 a 2017.

En el 2017, volvió a ser Coordinador de Asesores, aunque ahora del gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Rubén Rocha Moya también fue Coordinador Estatal de Morena en Sinaloa en el 2017 que, junto con el PT y el PES, lo postularon como candidato a senador en las elecciones de 2018, donde resultó ganador.

Finalmente, después de haber sido candidato a gobernador de Sinaloa en tres ocasiones, Rubén Rocha Moya resultó electo para este puesto en 2021.

Ataque contra camioneta de la hija de Rubén Rocha fue intento de robo; abordo viajaba su nieta

La Secretaria de Seguridad Publica de Sinaloa confirmó el 23 de septiembre de 2025 que elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, al sur de Culiacán.

El ataque dejó como saldo a un agente estatal con heridas de gravedad, identificado como el conductor de la camioneta y quien forma parte de la escolta de la hija de Rubén Rocha.

Durante la agresión, dos agentes resultaron lesionados, mientras que la nieta menor de edad de Rubén Rocha salió ilesa junto a los tripulantes de un autobús recibió impactos de bala.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”.

Rubén Rocha Moya

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, presuntamente iba reunirse con El Mayo Zambada

Este sábado 10 de agosto de 2024, se dio a conocer una carta escrita por El Mayo Zambada donde relata que, el día en que fue capturado, presuntamente iba a reunirse con Rubén Rocha Moya.

Sin embargo, el líder narcotraficante fue emboscado y secuestrado por Joaquín Guzmán López cuando llegó a su presunta cita con el mandatario estatal el pasado 25 de julio.

Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha dado una declaración oficial respecto a estas acusaciones de El Mayo Zambada.

No obstante, resurgió una entrevista con Carlos Loret de Mola en donde el entonces candidato a gobernador refiere que los gobiernos deben coordinarse con el narcotráfico.

BREAKING: Statement released by El Mayo Zambada through his lawyer says he was ambushed when expecting to meet Rubén Rocha Moya, the governor of Sinaloa, and Héctor Melesio Cuen Ojeda, politician who was killed on the days of the arrests. pic.twitter.com/iXLq6EC3AD

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) August 10, 2024

Rubén Rocha Moya se pronuncia sobre carta de Ismael “El Mayo Zambada”: “Me quieren hacer narco a fuerza”

En torno a los cuestionamientos hacia Rubén Rocha Moya sobre su presunta reunión que reveló la carta del Mayo Zambada, el gobernador negó tener nexos con el narco o haber pactado una reunión.

“Si dijeron que iba a estar yo, mintieron, y si creyó, cayó en la trampa (El Mayo). No tengo complicidades con nadie” dijo en referencia al líder del Cártel de Sinaloa.

Sobre la carta del Mayo Zambada, Rubén Rocha Moya recordó que el 25 de julio estaba fuera de Sinaloa, más precisamente en los Ángeles, fecha en la que fue detenido el capo junto a Joaquín Guzmán López, en el Paso, Texas.

“Quiero decirles una cosa sin ataduras (...) yo no estaba ese día en Sinaloa, todo me lo estuvieron informado durante el día y durante la noche, y yo regresé al día siguiente tempranito”

“No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema (...) los problemas que le tocan al gobierno lo resolver”

Rubén Rocha

Rubén Rocha sentencio no tener relación alguna con el narcotráfico, por lo que declaró que existe un complot en el que “lo quieren hacer narco a fuerza”, cuyo propósito es mancharlo a él “y de paso” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

También recordó que expresó sus condolencias en video a la familia de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex secretario de Salud de Sinaloa, de quien pidió que no se relacionara su asesinato con nexos con El Mayo.

"Me quieren hacer narco a fuerzas": Rubén Rocha se deslinda del señalamiento del Mayo Zambada y acusa que el propósito es "mancharme a mí y de paso ver si se mancha al Presidente". pic.twitter.com/8zCfAzvxQZ

— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) August 10, 2024

En la acción conjunta participaron la SSPC, FGR, Guardia Nacional, CNI y Policía Estatal, logrando además la captura de ocho presuntos delincuentes y el aseguramiento de armas y teléfonos celulares.

El grupo está vinculado con delitos de extorsión, robo de vehículos, homicidio y trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Dos elementos de la SSPC resultaron heridos y un agresor murió en el enfrentamiento en Morelos.

Harfuch confirma detención del líder de Los Linos en Morelos

Omar García Harfuch confirmó la detención de ‘Don Ramón’, líder de Los Linos, grupo criminal que opera en Morelos.

De acuerdo con el secretario, se trató del resultado de los trabajos de investigación e inteligencia “para desarticular grupos delictivos dedicados al trasiego de droga” en el que participaron elementos de:

• SSPC
• Fiscalía General de la República (FGR)
• Guardia Nacional (GN)
• Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
• Policía Estatal

Durante el operativo coordinado, se logró la detención de 8 personas, entre ellas Rodolfo “N”, alias ‘Don Ramón’, señalado como uno de los principales líderes de “Los Linos”.

El operativo se realizó en el municipio de Yautepec, donde se identificaron a los miembros de dicho grupo, vinculado con delitos como:

• extorsión
• robo de vehículos
• homicidio
• trasiego de droga hacia Estados Unidos

Aseguran armas y teléfonos en operativo contra Los Linos en Morelos

Por otra parte, el titular de la SSCP compartió que durante el operativo se logró el aseguramiento de armas y teléfonos celulares.

Los elementos lograron asegurar

• 4 armas largas
• 5 armas cortas
• 24 teléfonos celulares

Estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes igual que los detenidos, a quienes se les informaron sus derechos.

Cabe señalar que en el desarrollo de esta operación dos elementos de la SSPC resultaron heridos; ya se encuentran recibiendo atención médica especializada en una unidad hospitalaria.

Y cuando aumentan los combustibles, aumentan todo. Los precios de la comida, en especial la carne de res, cereales, verduras, frutas y hasta de la comida chatarra o fast food están por las nubes en suelo estadounidense. No sorprende, por esto, que Trump sea considerado ya el presidente más impopular de la historia de EE. UU., alcanzando apenas un 33% de aprobación en encuestas recientes.

De sus capacidades disminuidas también hemos hablado en este espacio, rivalizando ya en este aspecto a los dos últimos años de “gobierno” de Biden, quedándose abiertamente dormido en actos transmitidos en vivo en la Casa Blanca.

Así, a medio gas y completamente entregado a los intereses del sionismo apocalíptico es como Trump y su régimen, buscan intimidar a México (y a quien se deje) publicando rimbombantes directivas para el “combate” al narcotráfico sin mencionar ni siquiera la rehabilitación de sus decenas de millones de adictos o el endurecer penas contra su sistema de salud que receta opiáceos a diestra y siniestra.

Pero ni siquiera perdiendo el tiempo con México podrán Trump y sus secuaces lograr distraer a su población del desastre que ya tienen encima. Cuando el dinero no alcance para ponerle gasolina a sus carros para ir a trabajar, ni para tener un plato que comer, habrá sangre en las calles. Y no son malos deseos. Son realidades históricas.

De momento, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no ha brindado más detalles sobre el ataque al buque, como parte del operativo Lanza del Sur.

Sin embargo, el anuncio del Comando Sur se da tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, la tarde de este martes 5 de mayo, que se centraron en los esfuerzos de Estados Unidos.

Estados Unidos da nuevo golpe al narcotráfico en el Pacífico; hay tres muertos

Mediante redes sociales, el Comando Sur de Estados Unidos dio a conocer el nuevo ataque cinético letal en contra de un buque que, presuntamente, era operado por el narcotráfico en el Pacífico.

El Comando Sur también confirmó que en el ataque al buque fueron abatidos tres presuntos narcotraficantes —terroristas— hombres, sin señalar si había más tripulación.

Acorde con el comando, el operativo estuvo bajo el mando del comandante Francis L. Donovan y fue perpetrado por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Lanza del Sur.

Y fue tras trabajos de inteligencia que se confirmó que el buque estaba involucrado en operaciones del narcotráfico, sin señalar a alguna organización.

Aunado a que el buque circulaba por rutas conocidas por Estados Unidos para el tráfico de drogas, en las cuales ya ha hundido otras naves.

Estados Unidos destaca a su vez que el ataque al buque del narcotráfico no dejó daño a sus fuerzas armadas.

Marco Rubio visitó al Comando Sur mismo día del ataque al narcotráfico en el Pacífico

El Comando Sur también dio a conocer en sus redes que Marco Rubio realizó una visita en el marco del ataque al buque del narcotráfico y de la Conferencia de Jefes de Misión.

La misma, en la cual se reunió con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y del Departamento de Guerra, abordó la seguridad y estabilidad del Hemisferio Occidental.

Por lo mismo, se señalaron los esfuerzos colaborativos para contrarrestar el narcotráfico y avanzar en los objetivos de la estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio.

Marco Rubio se reunió a su vez con el comandante del operativo en el Pacífico de este 5 de mayo, con quien busca contrarrestar las amenazas en contra de Estados Unidos.

La acusación formulada desde el Distrito Sur de Nueva York no ha caído en el vacío. Ha confirmado rumores que circulaban con insistencia y ha abierto una caja de Pandora que ningún argumento sobre soberanía nacional puede cerrar con ligereza. Invocar el intervencionismo como explicación total de lo que ocurre en Sinaloa es insuficiente. Y lo es precisamente porque la violencia que ha desangrado esa entidad durante meses no requiere de una conspiración extranjera para explicarse, basta con observar la fragmentación territorial, los desplazamientos forzados y la parálisis institucional que los propios ciudadanos padecen.

Ahí está el verdadero problema. No en los titulares ni en las conferencias de prensa, sino en el miedo cotidiano. En la imposibilidad de transitar una carretera sin calcular el riesgo. En la fiesta que no se celebra, en el negocio que no se abre o el que se tiene que cerrar, en la libertad que se va restringiendo sin decreto formal pero con una eficacia que ningún gobierno debería tolerar ni normalizar. Ese miedo no lo fabrican los medios de comunicación ni las agencias de inteligencia de Washington. Lo producen estructuras criminales que operan donde el Estado, en el mejor de los casos, hace como que gobierna.

Un gobierno acorralado es un gobierno en problemas. Si es que hay pactos con el narco, las mujeres que han llegado a ocupar el despacho temporal de actividades en todos los espacios de los investigados se encuentran en riesgo. Los acuerdos se vuelven imposibles de cumplir, la presión por investigar y detener aumenta. Ya antes se ha abierto fuego total por el abatimiento de criminales. Pero si se ignoran las señales y se trata como simple intervencionismo, la hostilidad norteamericana avanza junto con las sospechosas de complicidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una postura firme en materia de soberanía y eso, en términos de principio, es defendible. Ningún país debe aceptar pasivamente que una potencia extranjera dicte los términos de su política interior. Pero esa defensa solo es sostenible si va acompañada de una condición irrenunciable: que el rechazo al intervencionismo no funcione simultáneamente como cobertura para la corrupción. Es perfectamente posible y políticamente necesario rechazar la injerencia norteamericana y al mismo tiempo exigir que ningún funcionario de ningún nivel tenga vínculos con estructuras criminales. Una cosa no cancela la otra. Confundirlas es, en el mejor escenario, un error de cálculo. En el peor, una coartada.

La comparación con García Luna tiene sus límites pero también sus lecciones. Rocha Moya no es el secretario de seguridad de la Cuarta Transformación; el titular de esa cartera en el gobierno actual cuenta con una trayectoria que lo distingue de aquella figura, que es eficiente, incorruptible, honesto y de primer nivel. Pero la presión estadounidense, amplificada por las redes sociales con una narrativa que sugiere equivalencias donde quizás no las hay, forma parte de una estrategia más amplia. Una que no busca necesariamente la verdad judicial, sino la erosión de la gobernabilidad mexicana.

Reconocer eso no implica absolver a nadie. Implica leer el tablero completo. Y leerlo obliga a concluir lo siguiente: si los aparatos de inteligencia nacionales no se adelantan a Washington en identificar y separar a quienes tengan vínculos comprometedores, el gobierno seguirá llegando tarde a cada revelación, seguirá reaccionando en lugar de actuar, y seguirá prestándole al discurso del encubrimiento la única cosa que ese discurso necesita para prosperar: credibilidad prestada por la omisión.

El daño a la imagen de incorruptibilidad que la Cuarta Transformación construyó como su activo político más valioso ya ha comenzado. No porque los medios lo decreten, sino porque la acusación existe, el expediente crece y las explicaciones oficiales no alcanzan a cubrir la distancia entre lo que se dice y lo que se sabe.

Sinaloa es el talón de Aquiles. No porque un gobernador sea culpable o inocente pues eso lo determinará un proceso judicial, sino porque el modo en que el gobierno mexicano gestione esta crisis dirá más sobre su naturaleza que cualquier plan de desarrollo o cualquier reforma constitucional. Los Estados que se contaminan con el crimen no siempre lo hacen de golpe. Lo hacen gradualmente, normalizando cada cesión como si fuera una excepción, hasta que la excepción se convierte en el sistema.

El 4 de mayo de 2026, la Casa Blanca presentó su Estrategia Nacional de Control de Drogas para este año. El documento, firmado bajo la tutela de Sara Carter, la nueva zar de la drogas del presidente Trump, no es una política sanitaria. Es un manual de guerra con lenguaje de salud pública.

La designación activa marcos jurídicos específicos que autorizan al Departamento de Guerra a intervenir en emergencias domésticas vinculadas a armas de destrucción masiva. Habilita al Departamento del Tesoro a perseguir activos e instituciones financieras en cualquier parte del mundo. Otorga al Fiscal General poderes ampliados de enjuiciamiento. En otras palabras: convierte la guerra contra el narcotráfico en una operación de seguridad nacional de primer orden, con todas las herramientas militares e institucionales que eso implica. Nuestro país enfrenta la doctrina jurídica de una potencia que ha reencuadrado el problema del fentanilo como un acto de guerra química perpetrado por “entidades terroristas” que operan, en buena medida, desde territorio mexicano. El momento comienza a parecer crítico.

“Ante las calumnias difundidas hacia mi persona y mi familia lanzo el siguiente emplazamiento: muestra una sola prueba”.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena

En una carta difundida en redes sociales, negó los señalamientos y calificó a Loret de Mola como “pseudoperiodista” y “mercenario al servicio de los intereses más mezquinos”.

López Beltrán aseguró que las acusaciones son calumnias y defendió que su familia nunca ha recibido recursos ilícitos, mientras acusó al comunicador de enriquecimiento irregular y de fabricar montajes mediáticos.

López Beltrán acusa a Loret de Mola de “calumnias” y lo señala de enriquecimiento irregular

En respuesta a la columna Andy y Rocha Moya, publicada en El Universal, Andrés López Beltrán calificó a Loret de Mola como un “periodista mercenario” al “servicio de los intereses más mezquinos”.

“De no presentar dichas pruebas seguiremos asumiendo lo que siempre hemos sabido”.

Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena

Asimismo, López Beltrán aseguró que las acusaciones de Loret de Mola son calumnias y defendió que su familia nunca ha recibido dinero del narcotráfico ni de funcionarios de Sinaloa.

Finalmente, agregó que existen pruebas sobre la riqueza, propiedades y actividades empresariales del comunicador, así como sobre sus montajes relacionados con condenados en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Loret de Mola acusó a López Beltrán de recibir dinero del narcotráfico

En su columna, Loret de Mola afirmaba que Enrique Díaz Vega, exsecretario de administración y finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, les había dado dinero a Andrés Manuel y Bobby López Beltrán.

“Así me lo revelan fuentes con acceso de primer nivel a la investigación. Me relatan que a veces, los hermanos López Beltrán visitaban Sinaloa. El gobernador los recibía personalmente

Carlos Loret de Mola, periodista

Según Loret de Mola, dicho exfuncionario conectaba a Rubén Rocha con el Cártel de Sinaloa, situación que supuestamente también beneficiaría a López Beltrán.

“Se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y niños, y al otro se le defiende a capa y espada”.

Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua.

Señaló que mientras a ella se le cuestiona por combatir al crimen organizado, a otros, como Rubén Rocha Moya, se les defiende pese a las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

Campos advirtió que la ciudadanía debe observar “quién es quién” en la política de México.

Maru Campos hizo un señalamiento a la 4T por la defensa de Ruben Rocha Moya

Durante la ceremonia del 5 de mayo de 2026 en Chihuahua, Maru Campos denunció que la 4T y el Gobierno Federal la han criticado por sus acciones contra el crimen organizado, mientras a otros los defienden.

Esto a pesar de que esas otras figuras políticas están bajo sospecha, de acuerdo con el significado implícito de las palabras de Maru Campos.

No solo eso, señala que la ciudadanía debe de comenzar a ver las verdaderas intenciones de los gobernantes en todo el país, para ver “quién es quién”.

Aunque no lo mencionó de manera explícita, todo entra dentro del contexto de las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El cual ha recibido el apoyo del gobierno federal, así como de otros miembros de la 4T, tras haber sido señalado de nexos con el crimen organizado.

Palabras de Maru Campos vienen tras la desarticulación de un laboratorio de estupefacientes

Las palabras de Maru Campos se deben a los señalamientos recibidos tras la desarticulación de un laboratorio de estupefacientes en Chihuahua.

Según Maru Campos, a ella se le ataca a pesar de impedir que la droga “llegue a las familias, a nuestros niños y niñas”.

Para la gobernadora de Chihuahua, este trato diametralmente opuesto es incoherente, pues se ataca a quien combate el delito y se protege a quien está bajo investigación internacional.

Asimismo enfatizó que los hechos hablarán por sí mismos y que la lucha democrática e histórica de México, permite a la población revelar la verdad sobre sus líderes.

Ingresó al narcotráfico en 2002 con apoyo de los pilotos Jorge Gustavo Kessler y Richard García Sánchez, creando una red de tráfico de drogas en avionetas hacia México, Venezuela y ocho estados de Estados Unidos.

Además de formar pilotos, consolidó un esquema de lavado de dinero mediante empresas agrícolas, comerciales y deportivas, que según el Departamento del Tesoro operaba junto a su esposa Diana Toro Díaz.

¿Quién es Alejandro Flores Cacho?

Alejandro Flores Cacho ingresó al mundo del narcotráfico con ayuda de dos pilotos: Jorge Gustavo Kessler y Richard García Sánchez.

En 2002 inició una red de tráfico de drogas en avionetas en México, Venezuela y ochos estados en Estados Unidos.

Actualmente dirige las operaciones aéreas del Cartel de Sinaloa en México. Entre sus labores está la formación de pilotos y las operaciones de lavado de dinero.

Se encuentra prófugo de la justicia.

¿Qué edad tiene Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandro Flores Cacho; sin embargo, algunos medios de comunicación informan que el hombre tendría aproximadamente 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alejandro Flores Cacho?

Alejandro Flores Cacho es esposo de Diana Toro Díaz, actualmente está detenida en Canadá, en espera de su extradición a Estados Unidos.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandro Flores Cacho y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce este dato sobre Alejandro Flores Cacho.

¿Qué estudió Alejandro Flores Cacho?

Se desconoce el grado de estudios de Alejandro Flores Cacho.

¿En qué ha trabajado Alejandro Flores Cacho?

Alejandro Flores Cacho recurrió a su familia y a sus amigos para formar una red de pilotos que trasladaran drogas desde Suramérica hacia México para el Cartel de Sinaloa. Para ello construyó una escuela de formación y una línea de cargo.

Así como creó empresas para el lavado de dinero. De acuerdo con una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, junto a su esposa, opera:

• Un rancho de ganado
• Un negocio agrícola
• Un restaurante
• Una empresa de manufacturas y distribución
• Una empresa de aparatos electrónicos
• Un almacén de bienes para oficinas
• Un club deportivo

La ciudadana colombiana y mexicana, de 44 años, se encuentra en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval en espera de una posible extradición a Estados Unidos.

Toro Díaz, casada con Alejandro Flores Cacho, líder de pilotos del cártel, ya había sido señalada por narcotráfico y lavado de dinero en investigaciones previas.

La detención de Diana Toro Díaz en Canadá

Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue arrestada en el aeropuerto Montreal-Trudeau al intentar ingresar a Canadá con un pasaporte falso.

La detención tuvo lugar la semana pasada derivada de una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Diana Toro Díaz, de 44 años de edad, se encuentra en la lista de personas buscadas por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

De acuerdo con información publicada en medios como The Suburban y TVA Nouvelles, Toro Díaz se está en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, en espera de una posible extradición a Estados Unidos.

En tanto que la Agencia de Servicios Fronterizos investiga los métodos de ocultamiento y el uso de identidades falsas por parte de Diana Toro.

La mujer de ciudadanía colombiana y mexicana, llevaba varios años viviendo en Montreal junto a sus hijos, quienes asistían a un colegio privado y de gran prestigio.

Vivía con su familia en una exclusiva zona donde convivía con ciudadanos mexicanos y latinos.

Antecedentes penales de Diana Toro Díaz

Diana Toro Díaz, está casada con Alejandro Flores Cacho, líder de pilotos del Cártel de Sinaloa.

En 2006 fue detenida al ser interceptada en el aeropuerto de Ciudad del Carmen con 5.5 toneladas de cocaína; no obstante, un año después recuperó su libertad “por falta de pruebas”.

En 2010, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó congelar sus bienes y restringir sus transacciones por sus vínculos con el narcotráfico.

Esto luego de que una extensa investigación destapara que Diana Toro Díaz y su esposo, mediante empresas lavaban dinero de la organización criminal.

Junto a su esposo operaba empresas de carga aérea, negocios agrícolas, un club deportivo y restaurantes.

En el análisis firmado por Jack Nicas se advierte que las acusaciones representan un desafío político para México y colocan a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un dilema: enfrentar la corrupción interna o defender la soberanía frente a las presiones de Donald Trump.

El artículo señala que el proceso en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya podría marcar un punto de inflexión histórico.

Caso de Rubén Rocha Moya llega a la porta del diario The New York Times

The New York Times publicó una cobertura sobre la presunta corrupción ligada a Rubén Rocha Moya, señalando que los cargos en su contra representan un desafío para México.

En el artículo firmado por el periodista Jack Nicas se analiza la crisis política que se ha desatado por el indiciamiento de Rubén Rocha Moya, a quien las autoridades de Estados Unidos acusan de recibir sobornos y colaborar con el narcotráfico.

Aunque no se ha presentado ninguna prueba en contra de Rubén Rocha Moya, el articulo señala que este escenario coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante su mayor dilema político.

Y es que enfrenta la crisis de decidir entre desarticular la corrupción interna o mantener la defensa de la soberanía frente a las presiones del gobierno de Donald Trump.

El artículo del diario The New York Times destaca que este proceso representa un punto de inflexión para México, pues una investigación real contra funcionarios de alto nivel marcaría un cambio histórico en la lucha contra la corrupción institucional.

The New York Times advierte que la información obtenida por fiscales estadounidenses de capos extraditados podría implicar a más figuras políticas de México en presuntas redes de impunidad.

The New York Times analiza caso de Rubén Rocha Moya

El análisis The New York Times enfatiza que la acusación contra Rubén Rocha Moya no es un hecho aislado y ha expuesto la vulnerabilidad del sistema político mexicano.

Fiscales estadounidenses dieron a conocer un indiciamiento que describe años de presunta colusión entre el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya y otros diez funcionarios.

De acuerdo con las acusaciones los líderes del cartel habrían entregado sobornos y votos a cambio de impunidad.

The New York Times recordó que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya no son nuevas y es que en 2024 el cofundador del Cártel de Sinaloa declaró tras su detención que creía ir a una reunión con el propio gobernador.

De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno mexicano ya había evaluado investigar a Rocha Moya antes del indiciamiento y concluyó que no había evidencia suficiente para proceder.

Ante la presión, Rubén Rocha Moya optó por una licencia temporal para enfocarse en su defensa legal.

Esta maniobra le permite conservar su inmunidad procesal mientras la Fiscalía General de la República evalúa el caso.

Este lunes 4 de mayo, Estados Unidos dio a conocer su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que endureció las condiciones para el gobierno de México en el combate al narcotráfico.

Cabe mencionar que este anunció se da luego de que Estados Unidos señalara a 10 funcionarios mexicanos de estar vinculados al crimen organizado, específicamente al Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos condiciona a México ayuda para combate al narcotráfico

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento crucial en materia de seguridad, pues Washington ha condicionado su apoyo en el combate al narcotráfico a resultados más concretos por parte de las autoridades mexicanas.

“La asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las ONF y desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”.

Estrategia Nacional Antidrogas 2026

El gobierno de Estados Unidos ha puesto énfasis en frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, por lo que exige avances tangibles en:

• Detenciones de alto nivel para su extradición
• Desarticulación de redes criminales y sus laboratorios
• Mayor control territorial

La Estrategia Nacional Antidrogas 2026 señala que la cooperación entre México y Estados Unidos ha dejado de ser automática para convertirse en un mecanismo sujeto a evaluación.

Estados Unidos ha endurecido sus exigencias de cooperación, por lo que el intercambio de inteligencia, la asistencia técnica, e incluso la colaboración operativa, podrían ajustarse dependiendo del papel de México.

Asimismo, Estados Unidos ha reforzado otras medidas de presión, como el incremento en solicitudes de extradición, restricciones migratorias y el señalamiento de actores políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Este 4 de mayo se dio la captura de Lorenzo Sánchez, “El Chucky” o “El Curro” en un trabajo coordinado de la SSPC y Secretaría de Marina, mediante su Unidad de Inteligencia Naval y Operaciones Especiales.

Confirman detención de “El Chucky”, presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo

“El Chucky”, presunto jefe de plaza del CJNG en Manzanillo acusado de extorsión, homicidio y desaparición, fue detenido en un operativo terrestre y aéreo sin realizar ningún disparo.

En imágenes compartidas por el periodista Carlos C4 Jiménez, se ve el momento exacto de la captura de Lorenzo Sánchez en la zona de Las Hadas.

LO VIGILARON DESDE el AIRE, lo CERCARON y DETUVIERON
Así acabó sometido, esposado y detenido Lorenzo Sánchez El Chucky, jefe de Plaza del CJNG en Manzanillo @gobiernocolima
Mataba, secuestraba…
Agentes de @SSP_COLIMA @SSPCMexico y @SEMAR_mx lo detuvieron.
Así acabó

El caso… pic.twitter.com/SKb2vjDxFF

— Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 4, 2026

Versiones indican que Lorenzo Sánchez, “El Chucky” o “El Curro” iba en un mototaxi al momento de su detención.

Al ser revisado, se le detectaron sustancias ilícitas presuntamente para su distribución.

Tras ser capturado, “El Chucky” fue trasladado bajo un importante operativo de seguridad para ser puesto a disposición de las autoridades que determinará su situación jurídica.

“El Chucky” cuenta con órdenes de captura tanto en el estado de Colima y Michoacán.

Manzanillo se ha convertido en una zona clave para las operaciones del CJNG que mantiene el control desde hace una década.

Esto porque el puerto funciona como puerta de entrada a insumos necesarios para la fabricación de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas.

Durante su mensaje, el dirigente señaló que el estado debe apostar por la continuidad del proyecto actual al considerar que ha generado resultados positivos en áreas claves como seguridad, movilidad, infraestructura, salud y educación.

Movimiento Ciudadano defiende resultados en Nuevo León

Baltazar Martínez sostuvo que la percepción ciudadana respalda el trabajo realizado por su partido, al señalar que recientes mediciones reflejan una ventaja considerable frente a otras fuerzas políticas.

Asimismo, señaló que los principales temas que preocupan a la población han sido atendidos por la actual administración, lo que explicaría el nivel de aprobación. Además, enfatizó que los avances no solo reflejan el gobierno estatal, sino también el desempeño de alcaldes, legisladores y representantes locales de Movimiento Ciudadano.

“Entonces, si esos son los dos principales temas de la gente de Nuevo León, y este gobierno del Estado está atendiendo esos dos temas de manera muy contundente o de manera muy notoria, pues claro que la gente va a estar contenta porque estás trabajando en lo que es una prioridad para la gente de Nuevo León”

Baltazar Martínez, coordinador de MC en NL

En su mensaje, el dirigente insistió en que quienes buscan evitar un cambio de gobierno deben concentrar su voto en Movimiento Ciudadano, al considerarlo la opción más competitiva frente a Morena.

“Si la gente de Nuevo León, que yo sé que sí, es un estado antiMorena que por ningún motivo quiere que llegue un narcoestado o esas formas tan burdas y equivocadas de gobernar que hemos visto en todos los estados y en el Gobierno Federal, si quiere evitar que llegue a Nuevo León, tenemos que tener claro que el verdadero voto útil antiMorena es votando por Movimiento Ciudadano”

Baltazar Martínez, coordinador de MC en NL

Además, reiteró que la continuidad permitiría consolidar proyectos en curso y mantener indicadores positivos en distintos rubros que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Finalmente, Baltazar Martínez subrayó que el futuro del estado depende de mantener políticas públicas enfocadas en resolver las principales demandas sociales, por lo que llamó a la ciudadanía a respaldar el rumbo actual.

Durante la Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que Rocha Moya no se encuentra bajo amenaza; sin embargo, se recomendó que se acompañará de un cuerpo de seguridad.

Esto como parte de los protocolos vigentes para la protección de funcionarios, pero sobre todo porque en Sinaloa, la violencia continúa aumentando.

“No fue una solicitud sino se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad... No tenemos indicios de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga una amenaza”

Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Harfuch revela esquema de seguridad de Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) garantiza la integridad y la seguridad de Rubén Rocha Moya, de 76 años de edad, tras señalamientos en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

Razón por la que luego de evaluar riesgos, el Gabinete de Seguridad Federal recomendó a Rocha Moya acompañarse de escoltas; sin embargo, no se dará información sobre cuántas personas lo acompañan.

“No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos... Cuántas escoltas se asignan es de manera confidencial”

Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Omar García Harfuch, de 44 años de edad, insiste, nadie lo está amenazando, pero al vivir en Sinaloa donde no cesa la violencia, es necesario que lo acompañen elementos de la Guardia Nacional.

Aún cuando, asegura, en el estado no ha repuntado la violencia luego de que el gobernador solicitara licencia temporal.

“Es un exfuncionario, al ser Sinaloa un estado donde ha habido hechos violentos se considera que use escolta... No hemos detectado un repunte de violencia por la licencia solicitada por el gobernador, se está haciendo un reforzamiento y una evaluación de la situación permanente del estado”

Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Cabe mencionar que Rocha Moya permanece en Sinaloa.

El gobernador perdió el fuero al pedir su separación temporal al cargo de gobernador. Yeraldine Bonilla Valverde, hoy funge como gobernadora interina.

Sinaloa y Culiacán viven un fin de semana violento

Pese a que Harfuch asegura que no aumentó la violencia en Sinaloa tras la solicitud de Rocha Moya, el propio cae en la contradicción al aceptar que el fin de semana el estado y Culiacán, una vez más, se tiñeron de rojo.

Durante la madrugada del 3 de mayo, tres hombres murieron y una mujer resultó lesionada durante dos balaceras que tuvieron lugar en plaza comercial de Tres Ríos.

Así como se llevó a cabo un operativo federal en el que se logró la detención de José Porfirio Díaz Medina, alias El Pío, identificado como un miembro de importancia en la estructura de ‘El Mayo’ Zambada.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Tras pedir licencia el 2 de mayo, Rubén Rocha Moya quedó sin fuero pero con protección oficial, al considerarse que enfrenta un riesgo real.

La presidenta de México explicó que cualquier servidor público o ciudadano puede pedir seguridad al Gabinete, aunque no detalló el número de elementos asignados al gobernador con licencia.

Claudia Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal

En la conferencia mañanera del 4 de mayo del 2026, Claudia Sheinbaum confirmó que tras la petición de licencia como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió seguridad federal luego de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico.

“Sí [pidió seguridad] en este momento tiene la seguridad”, explicó la mandataria, asegurando que tras un análisis se confirmó el riesgo que tiene.

Sheinbaum explicó que un gobernador, servidor público o bien, hasta un ciudadano tiene el derecho a pedir protección al Gabinete de Seguridad, circunstancia a la que recurrió Rocha Moya.

La mandataria aseguró que tras la licencia de Rocha Moya obtuvo seguridad federal luego de un análisis previo que apuntó que sí necesitaba de este servicio por el gobierno.

“Normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador, gobernador con licencia, de cualquier estado de la república [mexicana], sea un diputado, un senador,incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o el Gabinete de Seguridad apoyo. Se hace una análisis de riesgo y sobre eso se establece si se da o no”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum no especificó cuánta seguridad se le brindó a Rubén Rocha Moya.

Fue el 2 de mayo que el gobernador de Sinaloa pidió licencia al Congreso del Estado, mismo que se le otorgó y lo que lo dejó sin fuero.

La solicitud de Rubén Rocha Moya se hizo tres días después de que la Fiscalía de Nueva York lo acusó de narcotráfico ligado al Cártel de Sinaloa.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia

De acuerdo con el coordinador general de Política y Gobierno, la inmunidad procesal —conocida como “fuero”— protégé a la función, no a la persona que ocupa el cargo en ese momento.

Es decir, cuando un gobernador solicita licencia, como es el caso de Rubén Rocha, deja de ejercer la función, por lo que pierde la inmunidad y puede ser detenido como cualquier persona.

Rubén Rocha puede ser detenido tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa

El artículo 112, párrafo primero, de la Constitución de México, explica que cuando algún servidor público se encuentra separado de su función, por ejemplo, por licencia, ya no cuenta con fuero y puede ser detenido.

Esto quiere decir que Rubén Rocha, como exgobernador de Sinaloa luego de solicitar licencia y recibir la aprobación del Congreso estatal el viernes 1 de mayo, puede ser arrestado.

El Artículo 112 establece con claridad que la citada protección constitucional no se disfrutará cuando los servidores públicos estén separados de empleo, cargo o comisión... no significa una concesión del servidor público, sino de la función

Semanario Judicial de la Federación

La misma situación aplicaría para el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Díaz, quien también hizo oficial la separación temporal de su cargo en medio de las acusaciones de Estados Unidos.

Rubén Rocha solicitó licencia en medio de investigación de la FGR

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anunció el viernes por la noche que solicitó licencia temporal a su cargo, en medio de una investigación abierta por la FGR y tras señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el exmandatario estatal aseguró que las acusaciones en su contra son “falsas y dolosas”, subrayando que su trayectoria pública respalda suactua r.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”

Rubén Rocha

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el gobernador tenía vínculos con el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, el cual, de acuerdo con el expediente, podría rastrearse desde 2021, antes de que asumiera el cargo.

La FGR enviará una comunicación a la cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, informó el 1 de mayo de 2026 que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigir todas las pruebas y documentos necesarios antes de proceder.

Según la FGR, el pedimento de Estados Unidos no incluye evidencia ni motivos que justifiquen la urgencia de la medida.

El caso se mantiene en etapa cautelar y será revisado conforme al Tratado de Extradición Bilateral. Los 10 funcionarios solicitados por Estados Unidos son:

1. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.
2. Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
3. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
4. Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
5. Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
6. Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
7. Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
8. Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
9. Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
10. Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

FGR acusa falta de evidencia y urgencia

De acuerdo con la FGR, en la solicitud enviada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos “no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia” que justifique la urgencia de la detención provisional.

no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional

Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial

Asimismo, la fiscalía señaló que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable la medida.

La institución subrayó que, al tratarse de una restricción a los derechos humanos, la detención solo puede otorgarse si existen motivos y pruebas sólidas que se encuadren en la normatividad nacional e internacional.

“Nuestra obligación es la procuración de justicia con base en las atribuciones que nos otorga la Constitución... nada ni nadie por encima de la ley”, afirmó Raúl Armando Jiménez Vázquez.

FGR reclama a Estados Unidos confidencialidad

Otro punto de fricción es la difusión pública de la información que sirve de base para el pedimento, lo cual, según la FGR, pone en riesgo el debido proceso.

Por esta razón, la comunicación que se enviará a la SRE exigirá que la información sea entregada por vías que garanticen la confidencialidad para que la fiscalía pueda fijar una posición institucional definitiva.

Es importante precisar que el proceso se encuentra actualmente en la etapa de medida cautelar y no en un procedimiento de extradición formal, el cual implicaría etapas adicionales ante el Poder Judicial y la propia Cancillería.

La FGR esperará la respuesta de Estados Unidos para realizar un segundo análisis y determinar si la petición se ajusta a lo dispuesto en el artículo 11 del Tratado de Extradición Bilateral entre México y Estados Unidos.

Finalmente, la FGR reiteró que se están llevando a cabo investigaciones propias sobre los hechos referidos ocurridos en territorio nacional, reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El decomiso incluye paquetes envueltos y conectados por cuerdas recuperados del mar gracias al operativo marítimo de la SEMAR.

“Elementos de la SEMAR de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec. ”

Gabinete de Seguridad de México

Fuerte impacto al narcotráfico se suma al sexenio de Sheinbaum

Elementos de la Armada de México dieron a conocer que se aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, ubicado entre los estados de Oaxaca y Veracruz.

Este decomiso de paquetes de cocaína suma un fuerte golpe al narcotráfico, pues se estima que tuvo una afectación estimada en más de 4 millones de pesos.

Este decomiso se suma a los resultados de la Secretaría de Marina, que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado más de 65 toneladas de cocaína en eventos marítimos.

“Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles. En la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 65 toneladas de cocaína en eventos marítimos.”

Gabinete de Seguridad de México

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los paquetes envueltos de cocaína listos para ser incautados, con personal naval resguardando la evidencia en tierra.

En el comunicado de la SEMAR se reveló que la dependencia continúa reforzando la vigilancia en zonas estratégicas del Pacífico mexicano para combatir el tráfico internacional de drogas.

Elementos de @SEMAR_mx, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec.

Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que… pic.twitter.com/xVY0v8uktT

— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 3, 2026

Hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación y lo hago desde mi profunda convicción republicana

Rubén Rocha Moya

La decisión ocurre en medio de acusaciones de narcotráfico y terrorismo formuladas por la justicia estadounidense, que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya aseguró el 1 de mayo de 2026 tener la “conciencia tranquila” y que su separación busca facilitar el proceso judicial sin afectar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Rocha Moya defiende su integridad

Durante su anuncio, Rocha Moya reafirmó tener la “conciencia tranquila” y calificó las imputaciones en su contra como “falsas y dolosas”.

Explicó que el propósito de separarse temporalmente de la gubernatura es facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación y demostrar la falta de sustento de lo que considera una calumnia.

Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran

Rubén Rocha Moya

El ex gobernador de Sinaloa subrayó que no permitirá que se dañe al movimiento de la Cuarta Transformación al que pertenece.

La postura de la FGR ante el caso

La solicitud de licencia ocurre de forma paralela a la conferencia ofrecida por la FGR, donde Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, confirmó que se están llevando a cabo investigaciones sobre posibles hechos ocurridos en territorio nacional relacionados con el caso.

Respecto a la petición de los Estados Unidos para detener provisionalmente a Rocha Moya y otros nueve funcionarios con fines de extradición, la FGR aclaró que:

• La solicitud enviada por la Embajada de Estados Unidos carece de evidencias anexas que acrediten la comisión de un delito.
• No se ha acreditado la urgencia de una detención provisional bajo la normatividad mexicana.
• México ha solicitado formalmente a la autoridad requirente todas las pruebas y documentos necesarios por vías confidenciales para fijar un posicionamiento institucional definitivo.

La acusación contra Rocha Moya en Estados Unidos

El proceso se originó tras una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya de haber pactado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según el expediente estadounidense, el gobernador habría recibido apoyo electoral en 2021 mediante el secuestro de oponentes políticos a cambio de permitir que el cártel operara con impunidad, facilitando el tráfico de fentanilo y heroína.

De ser hallado culpable en Estados Unidos enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión.

Por ahora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha turnado el expediente a la FGR para evaluar la viabilidad legal de las solicitudes bajo el sistema jurídico mexicano, manteniendo un extrañamiento hacia el gobierno estadounidense por la difusión pública de información que consideran violatoria de la confidencialidad de los tratados vigentes.

Trump relató haber mantenido una conversación con Claudia Sheinbaum a la que describió como una “mujer refinada” con una “voz elegante”, destacando además que ella fue bailarina de ballet.

Durante su intervención en el Centro Raymond F. Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida, Donald Trump procedió a imitarla, recreando una supuesta súplica:

“Presidente, presidente, no, no, no. Presidente, dígame que solo está bromeando. No va a cambiar el nombre del Golfo de México”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Ante la insistencia, Trump aseguró haberle confirmado sus planes, lo que lo llevó a concluir que actualmente “no lo quieren mucho en México”.

Donald Trump también mencionó que la actual “presidenta de México” no siente gran aprecio por él en este momento, aunque en su relato alterna el uso de pronombres masculinos y femeninos al referirse a la comunicación con el gobierno mexicano.

La respuesta de Sheinbaum: “La soberanía no se negocia”

Casi de forma simultánea a estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un contundente mensaje desde Palenque, Chiapas, durante la inauguración del Ecoparque “La Ceiba”.

Sin referirse explícitamente a la parodia, Sheinbaum reafirmó que la soberanía nacional es una barrera infranqueable para cualquier intervención o influencia externa.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria”, sentenció la mandataria el 1 de mayo de 2026.

Sheinbaum enfatizó que la autoridad de su administración emana del “pueblo empoderado” y que cualquier intento de injerencia extranjera se “topará” con la dignidad de la historia nacional.

México y Estados Unidos, un clima de tensión política

Las declaraciones de Donald Trump y Claudia Sheinbaum del 1 de mayo de 2026 se dan en un contexto extremadamente grave.

Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador Rubén Rocha Moya fue elegido en 2021 gracias a que la facción de “Los Chapitos” secuestró e intimidó a sus oponentes políticos para asegurar su victoria.

A cambio de este apoyo, el gobernador Rocha Moya habría asistido a reuniones custodiadas por sicarios armados con ametralladoras, donde prometió protección para las operaciones de tráfico de fentanilo, heroína y cocaína del cártel.

De ser procesado en Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. En México, la FGR desestimó las pruebas enviadas a la SRE.

Mientras Trump se autodenomina una de las “personas de consecuencias” que corren peligro por sus decisiones audaces, el gobierno mexicano ha endurecido su postura ante las amenazas de intervención de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum concluyó su intervención asegurando que su gestión se define por mantener el orgullo nacional como eje rector, descartando que influencias externas puedan dictar las decisiones de política interior de México.

De acuerdo con la información, la detención de “El Pío” se realizó el jueves 30 de abril en la zona residencial Las Misiones, ubicada en la localidad de Los Mochis.

La captura de “El Pío” se suma a las recientes bajas que el Gabinete de Seguridad ha ejecutado contra el crimen organizado, entre ellas, la de “El Jardinero”, operador del CJNG.

Capturan a “El Pío”, socio de “El Mayo” Zambada, en operativo en Ahome

Durante un operativo entre elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad en una zona residencial de Ahome, José Porfirio Díaz Medina, “El Pío”, fue capturado.

El Registro Nacional de Detenciones detalló que la detención se dio cerca de las 10:15 de la mañana del pasado jueves 30 de abril y fue puesto bajo custodia del Ministerio Público Federal.

La ficha describe que, en el momento de su detención, “El Pío” vestía una playera color café, pantalón de mezclilla azul y sandalias azul con negro; no se especifica si portaba algun tipo de arma.

¿Quién es “El Pío”? El socio de “El Mayo” Zambada fue detenido

José Porfirio Díaz Medina, “El Pío”, es identificado como un miembro de importancia en la estructura de “El Mayo” Zambada, acusado de delitos como:

• Tráfico de drogas
• Extorsión
• Secuestro
• Generación de violencia

“El Pío” sería hijo de Baltazar Díaz Vega, alías “El Balta”, quien fue uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada y asesinado en 1995 en la Ciudad de México (CDMX).

Como es común dentro del crimen organizado, “El Mayo” Zambada y Baltazar Díaz Vega sellaron su alianza al volver consuegros, pues un hijo de uno se casó con una hija del otro.

Más allá de enfrentamientos y persecuciones, subsiste una estructura delincuencial que se mantiene y expande a través de los vínculos que construye, de los intereses que integra y de su capacidad para corromper tanto a mandos policiales como a representantes de las estructuras de gobierno, de modo que se desempeña como una organización que se regenera con gran destreza.

El caso de Sinaloa es paradigmático. La mirada que se ofrece a través de las elecciones de 2021, ilustra la expansión orgánica-política que el narco tuvo, cuando se trató de elegir a quien gobernaría la entidad que finalmente le sería acreditada a Rubén Rocha Moya. En efecto, de una narcoelección derivó un narcogobernador.

Fueron comicios electorales que se desarrollaron con el protagonismo y huellas evidentes de la participación del narco, tal y como fue expuesto con el robo de urnas, el secuestro e intimidación de candidatos y dirigentes, que tuvo uno de los ejemplos más notables en la declinación de la candidata a la presidencia municipal de Badiraguato en el mismo día de las elecciones, Guadalupe Iribe Gascón, en el contexto del secuestro de su hermano y de las presiones que recibiera para lograr su liberación; también el secuestro de José Alberto Salas, secretario de organización del PRI en Sinaloa, que diera lugar a la petición de que una vez concluida la jornada electoral fueran liberados los activistas que habían sido retenidos.

Las elecciones del 2021 en Sinaloa fueron una vitrina de exposición de los intereses del narco, visibilizados en su operación como estructura de campaña a favor del entonces candidato Rocha Moya y para derrotar por la vía de la ilegalidad al abanderado del PRI, Mario Zamora. El menú de acciones emprendidas por la delincuencia fue efectiva y diversa, pues se valió del recurso de la violencia, ya fuese como acción efectiva o a manera de amenaza. Se exhibió entonces un entreverado entre el narco y el gobierno que se consolidó durante la administración que está vigente.

Todo ese tiempo las autoridades federales actuaron con permisibilidad y descuido, lo que permitió que las cifras de desaparecidos y de asesinatos tuvieran constante incremento; sin duda las huellas de la componenda fueron evidentes. Por eso, ahora que se reclama por parte del gobierno norteamericano la extradición de varios funcionarios, empezando por el nombre del propio gobernador, no parece extraño; en cambio, lo sorprendente es la parálisis de las autoridades para combatir de manera efectiva la criminalidad.

La solicitud de extradición es una oportunidad para combatir el narco, no solo como una actividad propia de organizaciones delincuenciales sino, a más de eso, como una operación inscrita en el ámbito de la estructura política del gobierno, pues ello habla de una confabulación y complicidad que resultaba conocida, pero que se evadía afrontar y confrontar de forma resuelta, con el resultado de impulsar una gran complicidad.

Argüir ahora que la solicitud del gobierno norteamericano y la eventualidad de atenderla en sus términos vulnera la soberanía, es un recurso contradictorio y pueril. La soberanía implica la determinación de atender los preceptos y determinaciones que la Constitución consagra como expresión suprema de la voluntad del pueblo, lo que conlleva a garantizar la vigencia del orden jurídico, los derechos humanos, mantener la vigencia del régimen republicano y democrático de gobierno y promover una relación con otros países que asegure la promoción de nuestros legítimos intereses en un contexto de igualdad entre las naciones, de respeto y de solución pacífica de las controversias en el marco del derecho internacional, de los acuerdos, convenciones y tratados de los que formamos parte y entre los que se encuentra el tratado de extradición suscrito con los Estados Unidos.

La soberanía implica, pues, la vigencia del Estado de derecho y supone que esta se debilita cuando se incumplen sus exigencias, se admite la corrupción y la prevalencia de los intereses ilegítimos, como es el caso del dominio territorial que imponen las organizaciones delictivas en amplias zonas del territorio nacional.

Con la idea de soberanía se adopta la convicción de que existe un mandato superior que ordena la convivencia política, económica y social del país, y que no admite por encima de él ningún otro poder. La soberanía se vulnera cuando se incumplen los grandes propósitos que animan la vida de la República y se admite que sean sustituidos por grupos, personas u organizaciones que buscan prevalecer por encima de aquellos.

La visión en retrospectiva permite advertir que todo lo que emerge con la solicitud norteamericana de extradición de distintos personajes, se encuentra inscrita en una cuidadosa trama para permitir el dominio del narcotráfico en Sinaloa, y en donde se encuentran los acuerdos entre el gobierno de López Obrador y del entonces gobernador Quirino Ordaz para que este último coadyuvara en el triunfo de Morena a cambio de su nombramiento como embajador de México en España; en esa misma dirección la participación del narcotráfico como estructura electoral y fuerza de intimidación para inhibir y lacerar la campaña de Mario Zamora; es decir toda un complejo de acciones concertadas desde la presidencia de la República para derrotar al PRI y, por consecuencia, acreditar para el partido en el poder al gobierno de Sinaloa.

Se trata de un estándar que incomoda pues, en el sistema penal estadounidense, la acusación (indictment) no surge de la voluntad política de un fiscal, sino de la validación de un gran jurado. Esto implica que la evidencia presentada ha superado un umbral mínimo de suficiencia: probable cause.

No es prueba plena. No es sentencia. Pero tampoco es especulación.

Es, jurídicamente, la afirmación de que existen elementos razonables para sostener que se cometió un delito y que los imputados participaron en él.

En el caso que nos ocupa, la acusación no es menor: se trata de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, acompañada de imputaciones por uso de armas y participación en una estructura criminal transnacional.

La gravedad cualitativa del caso radica en que no estamos frente a un funcionario retirado, ni a un actor marginal. Estamos frente a un gobernador en funciones, altos mandos de seguridad, operadores políticos y estructuras completas de gobierno señaladas como parte de una red criminal.

La acusación describe un esquema sistemático consistente en protección institucional al narcotráfico, filtración de operativos de seguridad, control de corporaciones policiales, recepción de sobornos periódicos y participación en actos de violencia. No es corrupción aislada. Es captura del Estado.

Uno de los elementos más disruptivos del documento es la naturaleza de la evidencia, el caudal probatorio: listas de pagos mensuales a funcionarios, testimonios de fuentes confidenciales, evidencia de reuniones con líderes criminales, casos específicos de intervención operativa, vinculación con eventos de violencia y represalias, se apilan uno sobre otro en una lista que, cuando se comienza a leer, pareciera no tener fin.

Este conjunto de pruebas no es circunstancial. Muestra la acción estructural. Supera, con claridad, el estándar requerido para una acusación formal en cualquier país, pero más en los Estados Unidos.

En el sistema de Nueva York, el gran jurado no solo autoriza la acusación; también habilita al juez para emitir órdenes de aprehensión.

Cierto que, para ser objetivos, esto no implica culpabilidad. Implica que el sistema considera legítimo llevar al imputado a juicio, donde operan garantías fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a defensa, la contradicción de pruebas y el juicio público. Es decir; el proceso estadounidense es severo en la acusación, pero robusto en las garantías.

Y ahora que están de moda las extradiciones; ahora que algunos países parecen pelearse el derecho de enjuiciar a presuntos delincuentes, se vuelve necesario recordar que el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos permite la detención provisional de los imputados, siempre que:

1. El delito sea punible en ambos países (doble incriminación)

2. Exista una solicitud formal con sustento probatorio y

3. Se cumplan requisitos procesales

En este caso, los delitos imputados: tráfico de drogas, conspiración y corrupción, cumplen sobradamente con dichos criterios. No se ve fácil argumentar nacionalidad o que se investigará en México; no después de la previa experiencia y mal sabor que dejó la justicia mexicana tras solicitar de regreso a un alto mando militar bajo el argumento de que se le investigaría de este lado de la frontera y el resultado fue que no había elementos.

Negar la procedencia de la extradición bajo argumentos políticos, implicaría ignorar un marco jurídico internacional vigente y funcional.

Aquí emerge el punto más incómodo.

Durante años, México ha entregado a decenas de personas a Estados Unidos bajo estándares probatorios incluso menores, muchas veces mediante figuras como la expulsión administrativa o la entrega acelerada.

Sin embargo, cuando la acusación alcanza a figuras políticamente relevantes, el discurso cambia, se exige prueba plena antes del juicio al tiempo que se desacredita el sistema judicial extranjero o se usa el ya evidenciado y desgastado doble estándar en el que se invoca soberanía selectiva.

Ese es el verdadero problema: la inconsistencia; no puede haber dos estándares, uno para los prescindibles y otro para los protegidos. Menos aún, cuando lo que está en juego no es solo la situación jurídica de los imputados sino algo más profundo: La credibilidad del Estado mexicano, la viabilidad de la cooperación bilateral en seguridad y la percepción internacional sobre la infiltración criminal en estructuras de nuestro gobierno.

Este caso marca un antes y un después porque rompe un supuesto central del sistema político: la intocabilidad.

Y no se mal entienda; no se trata de “entregar” sin más ni más a un gobernador. Defender el debido proceso es una obligación, politizar la defensa, no. El gobierno mexicano debe exigir garantías procesales para los imputados cuando estos son mexicanos al tiempo que debe respetar los mecanismos de cooperación internacional para evitar convertir un caso penal en un conflicto diplomático.

Y por aquello de los casi inmediatos posicionamientos de instituciones mexicanas en redes, blindar políticamente a los acusados no es defender la soberanía. Es debilitar el Estado de derecho.

En conclusión, la acusación presentada y hecha pública no condena. Pero tampoco es inocua. Es el resultado de un proceso institucional que ha determinado que existe evidencia suficiente para llevar a juicio a funcionarios de alto nivel por delitos graves.

Negarlo, minimizarlo o politizarlo no cambia su naturaleza, solo exhibe el problema de fondo y que desmenuza a detalle un sistema que durante años toleró lo que hoy ya no puede ocultarse.

El caso marca un punto de quiebre, porque ya no se trata de columnas, rumores o filtraciones de informes extraoficiales. Las acusaciones fueron presentadas formalmente por el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma instancia que procesó a Genaro García Luna.

La diferencia es que ahora los señalados pertenecen al círculo político de Morena.

La doble vara de Morena

De acuerdo con autoridades estadounidenses, existen testimonios y evidencias aportadas por personajes ligados al narcotráfico, incluyendo integrantes del Cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Es decir, son pruebas testimoniales, exactamente el mismo esquema de testigos colaboradores que el obradorismo validó y celebró durante el juicio contra García Luna.

También se han presentado pruebas documentales derivadas de investigaciones del propio gobierno estadounidense e incluso provenientes de áreas de inteligencia mexicanas.

Durante años, Andrés Manuel López Obrador utilizó las declaraciones de narcotraficantes como Jesús “El Rey” Zambada o Sergio Villarreal “El Grande” para sostener que México había vivido un “narcoestado” bajo gobiernos anteriores. Testimonios considerados por el expresidente como suficientes para condenar políticamente a gobiernos del pasado, y en particular, a García Luna.

Sin embargo, ahora que ese mismo sistema de justicia alcanza a Morena, el discurso cambió.

Los datos ahí están. El sexenio de López Obrador cerró como el más violento de la historia reciente, los grupos criminales presentaron una expansión territorial y niveles de impunidad alarmantes. Pero, mientras el gobierno mexicano repetía y sostenía la narrativa de “abrazos, no balazos”, Estados Unidos avanzaba en la integración de expedientes judiciales.

El propio García Luna en una carta escrita desde prisión, acusó directamente a López Obrador y a colaboradores cercanos de mantener vínculos con líderes del narcotráfico.

“El Mayo” Zambada, también en una misiva, escrita de su puño y letra, aseguró haber sido llevado a Estados Unidos bajo la promesa de que iba a participar en una mediación política en Sinaloa, donde supuestamente estarían presentes Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.

Y lanzó una advertencia que hoy cobra fuerza: si México no intervenía para su repatriación, el caso provocaría un “colapso” político y tensiones graves entre ambos países.

A la luz de la reacción del gobierno de México ante los hechos recientes, la pregunta es inevitable: ¿por qué los testimonios de narcotraficantes eran válidos antes y hoy son descalificados?

El fuero o la impunidad

Los personajes señalados cuentan con fuero constitucional. Un blindaje que se ha convertido en muro para evitar investigaciones y posibles extradiciones.

Para que Rocha Moya enfrente cualquier proceso, primero tendría que perder esa protección mediante un juicio de procedencia impulsado por la Fiscalía General de la República, aprobado por la Cámara de Diputados y validado por el Congreso de Sinaloa.

Con una salvedad: Morena controla esas instancias.

La propia Fiscalía ya adelantó su postura al señalar que las solicitudes estadounidenses “carecen de pruebas suficientes” conforme a la legislación mexicana. Es decir, la defensa política parece haber sustituido a la investigación judicial.

Una contradicción. Al mismo tiempo que se argumenta falta de pruebas en este caso, el gobierno sí actuó con rapidez en la solicitud de extradición del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Y ese caso precisamente conecta con Sinaloa, donde versiones apuntan a que recursos provenientes de estas actividades habrían financiado campañas políticas.

Una red de protección

El caso no termina en Rocha Moya. Bajo ese mismo blindaje aparecen otros actores: el senador Enrique Inzunza, autoridades municipales y una larga lista de figuras políticas.

Entre ellos, los gobernadores de Morena mencionados en distintos reportes se encuentran Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Ávila, Evelyn Salgado, Alfredo Ramírez Bedolla, Rocío Nahle y Layda Sansores. Además de legisladores y personajes como Ricardo Monreal, Cuauhtémoc Blanco, Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado e incluso Andrés López Beltrán.

Todos resguardados tras su fuero político, mayoría legislativa y respaldo de la fuerza institucional.

¿México estará dispuesto a investigar o todo el aparato del Estado será utilizado para garantizar su protección?

Porque si el gobierno se decide a actuar como defensor de los acusados y no como garante de justicia, el problema se convertirá en una crisis del régimen.

X: @diaz_manuel

Jay Clayton y Terrence Cole acusan al gobernador de Sinaloa de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicitaron su extradición al gobierno de México.

Clayton, reconocido por encabezar casos de alto impacto, también lidera el proceso contra Nicolás Maduro.

El expediente fue turnado a la jueza federal Katherine Polk Failla, marcando un precedente en la persecución internacional de corrupción vinculada al narcotráfico.

Jay Clayton lidera acusaciones contra Rubén Rocha y Nicolás Maduro

En una acción coordinada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la que solicitan la extradición de Rocha Moya, se ha revelado que la acusación formal esta liderada por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

Este juzgador es reconocido en Estados Unidos durante fechas recientes, debido a que es el encargado de encabezar las acusaciones contra Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras ser capturado en Venezuela.

La gestión de Clayton al frente de la fiscalía ha destacado por la resolución de casos de alto impacto, que abarcan desde fraudes corporativos masivos y delitos sexuales, hasta acusaciones contra líderes extranjeros por narcoterrorismo.

Reportes señalan que el fiscal está centrando sus esfuerzos en combatir el tráfico de fentanilo, así como el lavado de dinero y las amenazas a la seguridad nacional para Estados Unidos.

Hasta el momento, el proceso contra Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses fue turnado a la jueza federal Katherine Polk Failla, marcando un precedente en la persecución de la corrupción institucional vinculada al crimen organizado internacional.

En 2026, su nombre cobró relevancia internacional al ser señalada como la jueza encargada de llevar el caso contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una investigación impulsada por autoridades de Estados Unidos.

¿Quién es Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla es una jueza federal de distrito en el Distrito Sur de Nueva York. Fue nominada por el expresidente Barack Obama en 2012 y confirmada por el Senado en marzo de 2013.

Antes de llegar al cargo, desarrolló una sólida carrera como fiscal federal, donde trabajó durante más de una década en casos de alto perfil. También ha participado en resoluciones relevantes, como disputas legales en la NFL y casos relacionados con transparencia policial en Nueva York.

¿Qué edad tiene Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla nació en mayo de 1969, por lo que en 2026 tiene 56 años.

¿Quién es el esposo de Katherine Polk Failla?

No hay información pública verificable sobre la situación sentimental o estado civil de Katherine Polk Failla.

¿Qué signo zodiacal es Katherine Polk Failla?

Al no contar con el día exacto de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal con precisión.

¿Katherine Polk Failla tiene hijos?

Katherine Polk Failla mantiene su vida familiar en el ámbito privado, por lo que no hay información pública confirmada sobre hijos.

¿Qué estudió Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla cuenta con formación académica en derecho y humanidades:

• Licenciatura en Artes (summa cum laude) – College of William & Mary
• Doctorado en Jurisprudencia (cum laude) – Facultad de Derecho de Harvard

¿En qué ha trabajado Katherine Polk Failla?

Katherine Polk Failla es conocida por su trayectoria en el sistema judicial de Estados Unidos, con experiencia en el sector privado, la fiscalía y el poder judicial.

• 1993–1994: Secretaria jurídica (law clerk) para el juez Joseph E. Irenas, en Nueva Jersey
• 1994–2000: Abogada en Morgan, Lewis & Bockius (litigios comerciales y valores)
• 2000–2013: Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (Assistant U.S. Attorney)
• 2013–actualidad: Jueza federal del Distrito Sur de Nueva York

“Ruben Rocha está exactamente en la misma situación legal de Nicolás Maduro cuando tenía la orden de arresto en su contra”.

Especialista Arturo Ángel

El analista Arturo Ángel explicó que ambos expedientes son llevados por los mismos fiscales, incluido Jay Clayton, y que Rocha Moya enfrenta una situación legal similar a la del exmandatario venezolano.

Aunque México exige pruebas contundentes antes de una extradición, expertos advierten que el caso podría escalar en escenarios extremos como el de la sustracción de Nicolás Maduro.

Rocha Moya está en la misma situación legal que Maduro, señalan especialistas

En entrevista en Carlos Loret de Mola para W Radio, el especialista Arturo Ángel comparó el caso de Rocha Moya con la captura de Maduro y señaló que el gobernador de Sinaloa se encuentra en la misma situación legal.

El especialista relató que Estados Unidos emitió una orden de aprehensión contra Nicolás Maduro por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles, lo que justificó su captura en Venezuela.

Explicó que sería el mismo caso con Rocha Moya, pues se ha dictado una orden de aprehensión en su contra y su solicitud de extradición, sin embargo, el gobierno de México exige pruebas contundentes.

Cuando Venezuela ignoró la orden de Estados Unidos, fuerzas militares ingresaron a Venezuela y capturaron a Nicolás Maduro; lo que podría pasar en México en uno de los escenarios más extremos.

Arturo Ángel explicó que aunque México exige más pruebas, estas deben desahogarse en un juicio y con los abogados, pero en este caso, el gobierno estaría siendo abogado de Rocha Moya.

Asimismo, se detalló que, hasta la fecha, México nunca ha dejado de cooperar en los procesos de extradición con Estados Unidos, por lo que se tendría que esperar a ver si Rocha Moya es la excepción.

“Al PRI y en lo personal, a mí me pueden acusar de todo lo que quieran: calumnias, mentiras, pero de tener un pacto con los narcos, jamás. Hay que investigarlos, perseguirlos y destruir los cárteles. Nosotros no somos pendejos para gobernar; sabemos hacerlo y lo hemos hecho bien durante muchos años”

Alito Moreno, senador y dirigente nacional del PRI

En conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores, Alito Moreno criticó las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien se vincula con el Cártel de Sinaloa y otros presuntos delitos.

Durante su intervención, el líder priista utilizó palabras altisonantes para defender la postura de su partido.

Moreno reiteró que, aunque puede enfrentar diversas acusaciones, nunca ha tenido vínculos con el crimen organizado.

Además, defendió los gobiernos del PRI al asegurar que “han dado resultados” en el país.

Alito Moreno advierte riesgo para el T-MEC por caso Rocha Moya

El dirigente del PRI también alertó sobre un posible impacto en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, especialmente en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Señaló que las decisiones del actual gobierno podrían afectar directamente a millones de familias mexicanas si se deteriora la cooperación internacional.

“No es un tema personal o ideológico: están poniendo en riesgo los intereses nacionales. Las decisiones que tomen tendrán impacto en millones de familias. Destruir el tratado comercial es destruir empleos y oportunidades”

Alito Moreno, senador y dirigente nacional del PRI

Moreno advirtió que un manejo inadecuado del caso podría generar incertidumbre económica y afectar el comercio entre ambos países.

🚨🇲🇽 ALITO ADVIERTE RIESGO EN RELACIÓN CON EU POR CASO ROCHA

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó la negativa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a entregar al gobernador Rubén Rocha Moya.

Señaló que la decisión pone en riesgo la relación bilateral con… pic.twitter.com/sUq94Hvgb4

— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) April 30, 2026

FGR evaluará posible extradición de Rocha Moya a Estados Unidos

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) analizará la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya conforme a la legislación mexicana.

El Gobierno de México ha solicitado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York que presente pruebas sólidas para sustentar las acusaciones. Esto permitirá determinar si procede una eventual extradición.

En la conferencia matutina del 30 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó documentos con supuestos pagos de sobornos a funcionarios del gobierno de Sinaloa, presuntamente incluidos en el expediente estadounidense.

No obstante, dichos documentos fueron cuestionados por carecer de información suficiente para ser considerados concluyentes.

Ante ello, la FGR pidió a las autoridades de Estados Unidos ampliar las pruebas para continuar con la evaluación del caso.

“Yo actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano…”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México señaló el 30 de abril de 2026 que cualquier mexicano señalado en el extranjero debe defenderse conforme a la ley nacional y subrayó que su papel es garantizar ese derecho.

Tras conversar con Rubén Rocha, le aconsejó mantener la calma y reiteró que “si no hay nada, no hay nada que temer”.

Además, recalcó que las jurisdicciones mexicanas deben prevalecer ante solicitudes externas.

“No actuaría distinto”: Sheinbaum apoyaría a cualquier gobernador

Ante la postura de Sheinbaum sobre el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que “no actuaría distinto” si fuera otro funcionario, pues apoyaría a cualquier gobernador.

Palabras de Sheinbaum que se dan en el marco de su postura por el caso de Rocha Moya, gobernador que resalta por ser del mismo partido, Morena.

Sin embargo, ante este conflicto, Sheinbaum precisó que como presidenta de México no tiene ninguna influencia sobre uno u otros, pues defendería a gobernadores o gobernadoras de otros partidos, pues es su trabajo defender y aplicar la ley para todos y todas.

“Imagínense que viene una detención de extradición o con fines a un gobernador o gobernadora de otro partido sin ninguna prueba, que porque es de otros partido ¿voy actuar distinto? No, me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía. La ley es para todos y todas”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Si no hay nada, no hay nada que temer”, esto le dijo a Sheinbaum a Rocha Moya

Entre los detalles sobre el caso Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum confirmó que habló con el gobernador, tras los señalamientos de Estados Unidos.

A lo que Sheinbaum le aconsejo a Rocha Moya estar tranquilo, pues si no tenía nada de qué temer, esto no escalara.

“Manifieste lo que manifiesto aquí, si no hay nada, no hay nada que temer, nada”, apuntó Sheinbaum, así como recalcó que pese a la solicitud de Estados Unidos, primero deberá hacerse valer las jurisdicciones de México.

“Se tiene que haber pruebas… Una detención sin pruebas pues no ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador, que en todo caso, primero debería haber un desafuero, por el estado de derecho”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Vámonos dando cuenta quién es quién”

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Campos, quien rechazó comparecer ante el Senado por el caso de la CIA en Chihuahua, subrayó la ironía de que quienes exigían su presencia ahora enfrentan señalamientos de Estados Unidos y narcotráfico.

“Vámonos dando cuenta quién es quién”, expresó la gobernadora de Chihuahua, en referencia a la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra Enrique Inzunza, acusado junto a Rubén Rocha Moya, Juan de Dios Gámez Mendívil y más funcionarios de Sinaloa.

“Vámonos dando cuenta quién es quién”, asegura Campos ante acusaciones contra Inzunza

Maru Campos señaló la ironía de que, “quienes iban a hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer” están en la lista roja de Estados Unidos por posibles relaciones con el narcotráfico en Sinaloa.

De acuerdo con Maru Campos, es momento de darse cuenta de “quién es quién”, luego de que Estados Unidos pidiera la detención provisional con fines de extradición del senador por Sinaloa, Enrique Inzunza por posibles nexos con el narcotráfico.

“Pues ya ves cómo iba a ir yo a comparecer a comparecer o a una reunión de trabajo al Senado, quienes iban a eh hacer a la gobernadora de Chihuahua comparecer, pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vamos, vámonos dando cuenta quién es quién”

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Enrique Inzunza señala injerencia en denuncia

El senador Enrique Inzunza aseguró que la acusación sobre su posible relación con el narcotráfico surgió “casualmente” tras hablar de la presencia de la CIA en México.

“Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”

Enrique Inzunza, senador de Sinaloa por Morena

Asimismo, acusó los señalamientos como falsos y dolosos; y rechazó las imputaciones hechas en su contra junto a otros funcionarios como:

1. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
2. Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
3. Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
4. Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
5. Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
6. Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
7. Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
8. Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

Por lo que Sheinbaum exigió pruebas y advirtió trasfondo político, pues conforma a la jurisdicción de México “tiene que haber pruebas contundentes para que se gire una orden de aprehensión”.

Ya que “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, expresó de manera contunden la presidenta Sheinbaum

Las palabras de la presidenta de México llegan luego de que el pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios mexicanos de delitos relacionados con narcotráfico y armas ligados al Cártel de Sinaloa.

🔴 SHEINBAUM EXIGE PRUEBAS A EU Y NIEGA ENCUBRIR A FUNCIONARIOS

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no protegerá a nadie que haya cometido delitos, tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros… pic.twitter.com/lLdbKe6uns

— Círculo de Poder (@circulo_depoder) April 30, 2026

FGR deberá ser quien proceda ​​sobre caso Rocha Moya: Sheinbaum

Ante la solicitud de extradición de Estados Unidos sobre Rocha Moya y otros funcionarios, la presidenta Sheinbaum dejó en claro que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá ser quien proceda ​​sobre el caso bajo las jurisdicciones de México.

“FGR señaló que iniciará una investigación para conocer si existen datos de prueba que establezcan que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum recalcó que la FGR es la autoridad competente para “recibir pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana … de encontrar elementos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

Así como Sheinbaum también aseguró que no se cubrirá a nadie “lo he dicho siempre y vamos actuar de forma clara”.

Sheinbaum no permitirá injerencia de Estados Unidos; reitera verdad, justicia y defensa de la soberanía en México

Ante los alegatos, Sheinbaum terminó su posicionamiento sobre el caso Rocha Moya apuntando que no permitirá la injerencia de Estados Unidos, pues en México se vela por la “verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

“Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a l pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo apuntó la mandataria mexicana que de no existir pruebas sobre los señalamientos de Estados Unidos “es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

Mensaje completo de Claudia Sheinbaum sobre caso Rocha Moya

“Al pueblo de México: El 28 de abril por la noche, la SRE recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma SRE, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información a la FGR para la evaluación de las solicitudes conforme a la legislación mexicana.

El miércoles 29, al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos para el distrito de Nueva York hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.

Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado Acusación de reemplazo bajo reserva esto lleva un extrañamiento del jurídico de relaciones exterior, dado que estos procedimientos son confidenciales acorde con los tratados en la materia.

Ayer por la tarde, la FGR emitió un comunicado donde establece lo siguiente: con fundamento en la Constitución, el Código Nacional y las leyes aplicables en la materia, es obligación de la Fiscalía a través de la Fiscalía especial para asuntos internacionales analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud establecer si existen los elementos probatorios para tal fin y, en su caso, determinar la viabilidad de la solicitud.

De manera paralela, la FGR señaló que iniciará una investigación para conocer si existen datos de prueba que establezcan que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.

La propia Fiscalía estableció que la legislación mexicana señala que para solicitar una orden de aprehensión se debe presentar datos de prueba que infieran en la posibilidad de que una persona ha cometido un delito.

Desde que asumí la Presidencia, juré hacer respetar la Constitución y las leyes, asimismo asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.

Como presidente de la república mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la FGR, que es la autoridad competente recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o, en su propia investigación, encuentra elementos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.

Lo he dicho siempre y vamos actuar de forma clara, nosotros no vamos a encubrir a nadie; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político.

Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente a l pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía”.

“Nosotros vamos a seguir protegiendo a Sinaloa, al pueblo de Sinaloa (...) La garantía del bienestar del pueblo de Sinaloa, todo continua”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México destacó la presencia de fuerzas federales y autoridades de seguridad en Sinaloa, y pidió pruebas contundentes para seguir el debido proceso.

En ese sentido, Sheinbaum subrayó la grandeza de los sinaloenses y reiteró que siempre tendrán la protección de su administración frente a la estigmatización.

“El pueblo de Sinaloa es un pueblo grandioso porque es muy grave esta estigmatización que se ha hecho de Sinaloa. Sinaloa tiene un pueblo extraordinario y es un gran estado, es el granero de México y los ciudadanos requieren protección (...) ahí vamos a estar protegiendo a los sinaloenses siempre”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum: En Sinaloa hay fuerte presencia de seguridad

Durante la mañanera del 30 de abril de 2026, Claudia Sheinbaum detalló que en Sinaloa se mantiene una fuerte presencia de autoridades de seguridad:

• El general Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad en Sinaloa
• La Fiscalía General de la República (FGR)
• Sedes locales de la FGR
• Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

La presidenta de México subrayó que las instituciones trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad en Sinaloa.

Sheinbaum resalta la grandeza del pueblo de Sinaloa pese a caso Rocha Moya

Claudia Sheinbaum resaltó la grandeza del pueblo de Sinaloa ante la estigmatización que asegura que se ha dado ante los casos de violencia y narcotráfico en la entidad.

Además la presidenta Sheinbaum destacó que Sinaloa tiene un pueblo extraordinario, al que reconoció y destacó que los ciudadanos requieren protección que asegura que siempre se las dará.

A pesar de los señalamientos en contra de Rocha Moya, la presidenta de México pidió a Estados Unidos que se presenten pruebas contundentes ante las acusaciones en contra del funcionario para seguir el debido proceso conforme a las leyes mexicanas.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

Por su parte autoridades de Estados Unidos le imputan a Rubén Rocha Moya, cargos criminales que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa como:

• Conspiración para la importación de narcóticos
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Así como a otros funcionarios y ex servidores públicos del Gobierno de Sinaloa, que son acusados en su mayoría de los mismos cargos.

La presidenta de México cuestionó el 30 de abril de 2026 qué pensarían otros países si México investigara a sus autoridades, subrayando que se trata de asuntos internos.

Además, señaló que la oposición en México “se cuelga del exterior” para ganar argumentos ante la ciudadanía y recordó el incidente en Chihuahua con agentes de la CIA, aún sin aclarar.

“Pongámoslo al revés…¿Qué pensaría cualquier país si México investigara a sus autoridades? Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum responde a las acusaciones de Rocha Moya invirtiendo los roles

Tras las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por parte de autoridades de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema durante la conferencia del jueves 30 de abril.

Para su respuesta, la presidenta Sheinbaum utilizó un argumento hipotético al invertir los roles sobre qué pensarían los países si México investigara a sus autoridades, cuestionando así la intervención externa de Estados Unidos en asuntos internos mexicanos.

“Eso no quiere decir que no se investigue, porque luego que se investigue y que se actúe en consecuencia si hay pruebas.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Asimismo, Claudia Sheinbaum no solo cuestionó la injerencia de Estados Unidos sino que también subrayó la actitud de la oposición, de los conservadores quienes aseguró que “se cuelgan del exterior para tener un argumento con el pueblo de México.

Finalmente Sheinbaum reiteró que aún no se ha aclarado el incidente de Maru Campos en Chihuahua sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo antidrogas, responsabilizando al gobierno estatal por solicitar esa colaboración sin los canales adecuados.

“Todavía no se ha aclarado lo de Chihuahua. Siguen las investigaciones de haber permitido que agentes extranjeros operaran en territorio nacional.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa. Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia.

Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa rechazó de manera categórica los señalamientos de narcotráfico, terrorismo y corrupción en Estados Unidos, asegurando que carecen de sustento y violentan la soberanía nacional.

La postura del gobernador por Morena coincide con la SRE, que señaló falta de pruebas en las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

En Estados Unidos, el gobernador de 76 años de edad enfrenta cargos con penas de hasta cadena perpetua por un presunto vínculo con Los Chapitos, grupo del Cartel de Sinaloa.

Rubén Rocha defiende la soberanía de México y rechaza las “calumnias”

A través de un mensaje público, Rubén Rocha Moya rechazó de manera “categórica y absoluta” los señalamientos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, asegurando que las acusaciones carecen de veracidad y fundamento.

El gobernador de Sinaloa denunció que este proceso legal forma parte de una “estrategia perversa” que busca violentar la soberanía nacional y el orden constitucional de México.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, afirmó el gobernador de 76 años, quien prometió demostrar la “falta de sustento de esta calumnia” en el momento procesal oportuno.

SRE respalda a Rubén Rocha

La postura del gobernador coincide con la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual confirmó haber recibido las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios.

No obstante, la SRE puntualizó que, tras una revisión jurídica inicial, los documentos enviados por la Embajada de los Estados Unidos no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados bajo el sistema legal mexicano.

Debido a la difusión pública de estas acusaciones, el Gobierno de México anunció el envío de un extrañamiento formal a la Embajada de los Estados Unidos, alegando una violación a las cláusulas de confidencialidad establecidas en los tratados vigentes.

La gravedad de la acusación contra Rocha Moya en Nueva York

A pesar de la defensa política en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene una acusación de extrema gravedad contra el gobernador de Sinaloa y 9 de sus funcionarios.

El fiscal Jay Clayton alega que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 gracias a que la facción de “Los Chapitos” secuestró e intimidó a sus rivales políticos.

Según el expediente estadounidense, el gobernador habría participado en reuniones con líderes del cártel —custodiadas por sicarios armados con ametralladoras— donde prometió protección a cambio de apoyo electoral y sobornos.

Entre los funcionarios implicados en la acusación estadounidense se encuentran:

• Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
• Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
• Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
• Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
• Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
• Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
• Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

De ser procesado en Estados Unidos, Rocha Moya enfrenta una pena mínima de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua por cargos que incluyen conspiración para la importación masiva de fentanilo y posesión de armas de grado militar.

Las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha han sido turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de decidir si existen pruebas suficientes para proceder con las órdenes de detención solicitadas por Washington.

A través de un comunicado la Embajada de Estados Unidos en México pide transparencia en el caso contra el gobernador de Sinaloa para fortalecer a las instituciones y seguridad de ambos países.

Las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya giran en torno a supuestos nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y cargos como conspiración para la importación de narcóticos.

¿De qué cargos acusa Estados Unidos a Rocha Moya?

Ante la información que surgió de la cancelación de la visa del gobernador de Sinaloa, es la Corte del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, quienes acusan a Rocha Moya de los siguientes cargos:

• Conspiración para la importación de narcóticos como el fentanilo
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Los cargos presentados por Jay Clayton podrían dar una cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión al gobernador de Sinaloa.

Aunque, Rubén Rocha Moya no es el único señalado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, porque también otros funcionarios y ex servidores públicos de Sinaloa están acusados de nexos con el Cártel de Sinaloa, así como de otros delitos.

Ellos son los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa que acusa Estados Unidos

Además de Rocha Moya, surgen más acusaciones en contra de otros funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, al estar vinculados con el Cártel de Sinaloa, entre ellos figuran:

• Enrique Inzunza Cazárez, senador mexicano; ex secretario general de Sinaloa
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
• Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
• Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
• José Antonio Dionisio Hipólito, también conocido como “tornado”, ex subdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
• Juan de Dios Gamez Mendívil, alcalde de Culiacán
• Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”, ex comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán

A todos se les acusa por los mismos cargos que al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aunque algunos se les agregan los cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

Según documentos judiciales, los acusados habrían recibido apoyo de “Los Chapitos” para ganar elecciones y permitir operaciones criminales en el estado.

De ser hallados culpables, enfrentan penas mínimas de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

Fiscalía de NY acusa nexos de Rocha Moya con “Los Chapitos”

Según los documentos judiciales, Rubén Rocha y nueve acusados estaban estrechamente alineados con la facción del cártel dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”.

La acusación alega que la facción de Los Chapitos ayudó a Rocha Moya a ganar la gubernatura en 2021 mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos.

A cambio de este apoyo, Rocha Moya habría prometido protección a la organización criminal antes y después de asumir su cargo el 1 de noviembre de 2021, permitiendo que “Los Chapitos” operaran con total impunidad en el estado de Sinaloa.

Funcionarios implicados y red de corrupción

Además del gobernador Rubén Rocha, la acusación de la Fiscalía de Nueva York incluye a figuras de alto nivel como:

1. Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
2. Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
3. Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
4. Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
5. Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
6. Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
7. Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
8. Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
9. Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

Imputan conspiración a Rubén Rocha para traficar fentanilo

Los delitos imputados a Rubén Rocha y nueve funcionarios incluyen conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y dispositivos destructivos.

De ser hallados culpables, la mayoría de los acusados, incluido Rocha Moya (de 76 años), enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua.

En el caso de Valenzuela Millán, debido a los cargos de secuestro con resultado de muerte, la pena obligatoria es de cadena perpetua.

Cártel de Sinaloa operó con éxito por colaboración con autoridades

El fiscal Jay Clayton enfatizó que el Cártel de Sinaloa no podría operar con tal éxito sin la colaboración de “políticos y oficiales de la ley corruptos en su nómina”.

Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al cártel como una organización terrorista y advirtió que “nadie está por encima de la ley”.

Las autoridades de Estados Unidos reiteraron que los cargos son acusaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.

Con una trayectoria marcada por su política de cero tolerancia al narcotráfico, Clayton ha ocupado cargos clave como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), socio en Sullivan & Cromwell y asesor en la Reserva Federal y el Departamento de Justicia.

Originario de Virginia y criado en Pensilvania, Jay Clayton también ha sido profesor de derecho en la Universidad de Pensilvania.

¿Quién es Jay Clayton?

Walter Joseph Clayton II o bien, Jay Clayton es un abogado de Estados Unidos que actualmente ejerce como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, luego de que Donald Trump lo designó en 2025.

El fiscal Jay Clayton ha actuado de la mano del presidente de Estados Unidos por su política de cero tolerancia al narcotráfico que ha llevado el fentanilo y otras sustancias al país.

Jay Clayton nació en Virginia, pero creció en Pensilvania.

¿Qué edad tiene Jay Clayton?

Jay Clayton tiene 59 años de edad, pues nació el 11 de julio de 1966.

¿Quién es la esposa de Jay Clayton?

La esposa de Hay Clayton es Gretchen Clayton.

¿Qué signo zodiacal es Jay Clayton?

Jay Clayton es del signo zodiacal de Cáncer, pues nació un 11 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Jay Clayton?

Se dice que Jay Clayton tiene tres hijos, pero se desconocen sus identidades.

¿Qué estudió Jay Clayton?

Jay Clayton estudió ingeniería en la Universidad de Pensilvania, así una Master of Business Administration (MBA) en el King’s College de Cambridge. Más tarde, estudió derecho en la Universidad de Pensilvania, de donde se graduó con honores y obtuvo un doctorado en Jurisprudencia.

¿En qué ha trabajado Jay Clayton?

Jay Clayton trabaja actualmente como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York.

Anteriormente se desempeñó en estos trabajos, por mencionar algunos:

• Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés)
• Asistente de Marvin Katz en el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania
• Abogado en Sullivan & Cromwell
• Socio codirector del Grupo de Práctica General de Sullivan & Cromwell
• Asesor en la Reserva Federal
• Asesor en el Departamento de Justicia
• Profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania
• Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Metropolitana de Golf

Asimismo es accionista e inversionista de empresas como Apollo Global Management, Bain Capital, JC Flowers & Co, entre otras.

Se trata del senador Enrique Inzunza Cazarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes aparecen como punteros en la encuesta MetricsMx.

Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador enfrentan acusaciones de conspiración y sobornos ligados al Cártel de Sinaloa, con penas que podrían alcanzar cadena perpetua.

Punteros en encuesta de MetricsMx bajo la sombra del fentanilo

De acuerdo con la encuesta de MetricsMx realizada a finales de febrero de 2026, tanto Enrique Inzunza Cázarez como Juan de Dios Gámez Mendívil registran un 8.0% de las preferencias electorales, situándose en un empate técnico en el segundo lugar de los aspirantes morenistas, solo detrás de la senadora Imelda Castro.

Este posicionamiento ocurre mientras la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los señala como piezas clave en una red de corrupción y narcoterrorismo.

El expediente judicial de Estados Unidos detalla acusaciones graves que contrastan con las carreras políticas de Inzunza y Gámez:

• Enrique Inzunza Cazarez: El actual senador y exsecretario general de Gobierno es acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras. Se le señala de haberse reunido con líderes del cártel para acordar planes de protección gubernamental a cambio de favores políticos que ayudaran a los funcionarios a mantenerse en el poder.
• Juan de Dios Gámez Mendívil: El alcalde de Culiacán es acusado de recibir sobornos mensuales de más de 10,000 dólares del Cártel de Sinaloa. A cambio, habría permitido que la organización criminal operara en la capital sinaloense sin interferencia gubernamental, protegiendo sus cargamentos y evitando la detención de sus miembros.

De ser extraditados y hallados culpables en los Estados Unidos, Inzunza y Gámez enfrentan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

A pesar de estas acusaciones, en el ámbito local, el gobernador Rubén Rocha Moya ha defendido a su equipo, calificando los señalamientos como un “ataque a la Cuarta Transformación”.

Durante 2025 y 2026, reportes periodísticos y filtraciones de agencias de inteligencia estadounidenses han apuntado hacia presuntos nexos entre actores políticos mexicanos y redes criminales, mismos que durante meses fueron desestimados como “señalamientos sin sustento”, pero, a la luz de los hechos recientes, toman una dimensión distinta.

Acusaciones formales

Dos figuras cercanas a Morena ya habían sido detenidas fuera del territorio nacional: Hernán Bermúdez, capturado en Paraguay y devuelto a México y Fernando Farías Laguna, en Argentina, donde incluso habría solicitado asilo político alegando riesgo para su vida en caso de ser extraditado.

El común denominador en ambos casos fue que la justicia mexicana no actuó primero.

Sin embargo, en este caso el escenario es muy distinto. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, marcan un punto de inflexión al confirmar la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios, entre ellos un senador y un presidente municipal.

El senador por Morena Enrique Inzunza ha protagonizado recientemente una confrontación política al exigir sanciones contra la gobernadora de Chihuahua por la destrucción de laboratorios de fentanilo y, en su defensa, aseguró que las acusaciones en su contra eran también un ataque contra López Obrador y Morena.

No obstante, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados —funcionarios actuales y exfuncionarios de alto nivel— habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa en la distribución de narcóticos hacia territorio estadounidense.

No son insinuaciones: son acusaciones formales.

Pedían pruebas… y llegaron

La postura de Sheinbaum de exigir pruebas verificables y no simples “señales políticas” fue, durante meses un escudo; pero ahora, esas pruebas —al menos en el ámbito judicial estadounidense— existen y han sido presentadas.

Se cumplió su petición. Ahora ¿qué sigue?

Las investigaciones dejaron de ser mediáticas, ya están en tribunales, son procesos judiciales con implicaciones internacionales y eso lo cambia todo.

El caso ya no puede resolverse en conferencias mañaneras ni mediante control narrativo. México está obligado a responder institucionalmente. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la ley.

La responsabilidad ahora recae en la fiscal Ernestina Godoy, quien enfrenta una prueba decisiva: actuar con independencia o repetir los esquemas de evasión que caracterizaron a su antecesor.

Todo regresa

Las acusaciones contra Rocha Moya de alguna manera reactivan episodios controvertidos del sexenio anterior. Las múltiples visitas de López Obrador a Badiraguato, el encuentro con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la fallida captura de Ovidio Guzmán regresan al debate público.

No son simples anécdotas, son piezas que, si encajan, podrían adquirir un nuevo significado a la luz de las investigaciones en curso.

En paralelo, toma relevancia que el caso de Farías Laguna, vinculado al huachicol, esté siendo relacionado con estructuras políticas en Sinaloa. Versiones periodísticas apuntan a que recursos provenientes de estas actividades habrían financiado campañas políticas.

El alcance del problema llega a otras entidades y actores, incluyendo al secretario de Educación, Mario Delgado y gobernadores como Américo Villarreal, Alfonso Durazo y Marina del Pilar Ávila, mencionados en distintos reportes, así como Félix Salgado Macedonio y Evelyn Salgado, cuyos señalamientos, aunque no han derivado en procesos formales, sí reflejan la profundidad y tensión del caso.

Todo acurre en un momento político delicado. A días del Consejo Nacional de Morena, donde se definirán cambios en su dirigencia, estas acusaciones golpean directamente al núcleo del partido, más cuando se anticipa la ratificación de Durazo y Andrés López Beltrán a pesar de que sus nombres aparecen en diversas investigaciones.

La interrogante es hasta dónde llegarán las investigaciones de Estados Unidos y sobre todo, hasta dónde estará dispuesto el gobierno mexicano a acompañarlas o si las confrontará.

En cualquier escenario el costo es alto: si las investigaciones avanzan, el impacto será brutal y si se frenan, la sospecha permanente.

X: @diaz_manuel

“Es obligación de esta Fiscalía (...) analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”

Ulises Lara López. Vocero de a FGR

A través de un video, el vocero de la fiscalía federal, Ulises Lara López, destacó que la revisión pretende determinar si hay elementos suficientes para proceder con las peticiones de detención y extradición.

Además, resaltó que la FGR iniciará una investigación paralela para establecer si existen los fundamentos legales necesarios para solicitar órdenes de aprehensión contra los señalados.

FGR revisará viabilidad de solicitudes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya

Por medio de un video, el vocero de a FGR, Ulises Lara López, informó que la dependencia ya está revisando a detalle las solicitudes que la Fiscalía de Nueva York presentó contra Rubén Rocha Moya.

Al respecto, el portavoz explicó que el análisis sobre las peticiones de detención y extradición contra el gobernador y 9 funcionarios, están a cargo de la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales.

Asimismo, dijo que se revisa si en los documentos que recibió la Secretaría de Relaciones Exteriores, se incluyen los elementos probatorios necesarios para proceder con las capturas y traslados.

“El tratado bilateral en la materia refiere con toda precisión que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso, de nuestro país”

Ulises Lara López. Vocero de a FGR

En especial porque el tratado bilateral en la materia refiere que las extradiciones solo se pueden ejecutar si hay datos de prueba suficientes conforme a las leyes locales, en este caso México.

Así lo apuntó al señalar que la solicitud que turnó Estados Unidos no cuenta con los elementos necesarios, pues no aportan evidencias contundentes contra Rubén Rocha Moya y los 9 funcionarios.

Cabe destacar que además del gobernador, los 9 funcionarios de Sinaloa que la Fiscalía de Nueva York incluyó en su solicitud por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa son los siguientes:

• Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
• Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas
• Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos
• Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
• Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
• Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
• Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

FGR investigará caso de Rubén Rocha Moya para determinar si pide su detención

Al informar sobre el análisis que realiza en torno a las solicitudes de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios de Sinaloa, la FGR destacó que realizará una investigación en paralelo.

Sobre el punto, Ulises Lara López expuso que abrirá una indagatoria para determinar si hay elementos de prueba que establezcan la probabilidad de la acusación contra el gobernador y los funcionarios.

“Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”

Ulises Lara López. Vocero de a FGR

En ese sentido, señaló que se busca establecer si los señalamientos cuentan con el respaldo legal que permita solicitar por su parte, las respectivas órdenes de aprehensión contra la imputados.

Incluso, recordó que si las investigaciones así lo determinan, se procederá con el retiro de la inmunidad procesal que se requiera, es decir, se abrirán los procesos de desafuero que se necesiten.

El partido indicó que los señalamientos por delitos contra la salud han pasado de ser especulaciones a investigaciones formales, lo que, a su consideración, rebasa el ámbito político y exige respuestas inmediatas por parte de las autoridades.

PAN pide acciones inmediatas y plantea desaparición de poderes en Sinaloa

Acción Nacional sostuvo que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio un contexto de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.

En este sentido, consideró que una administración bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones necesarias para enfrentar la crisis ni garantizar la tranquilidad de la población.

Por ello, el PAN planteó que el Senado de la República evalúe de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como un mecanismo contemplado en la Constitución para situaciones extraordinarias.

El partido subrayó que esta medida no debe interpretarse como extrema, sino como una respuesta necesaria ante un escenario que, afirmó, ha rebasado a las autoridades locales.

Finalmente, Acción Nacional advirtió que el país no puede permitir que funcionarios encargados de combatir al crimen organizado se encuentren bajo sospecha de vínculos con estas actividades.

Sin embargo, la cancillería señaló que los documentos, recibidos el 28 de abril de 2026, carecen de pruebas suficientes y turnó los expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR).

México también expresó inconformidad por la filtración pública de la acusación, al considerar que viola la confidencialidad establecida en los tratados bilaterales.

SRE turna expediente de Estados Unidos a la FGR

Las solicitudes contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa fueron recibidas por la SRE el 28 de abril a las 18:00 horas a través de la Embajada de los Estados Unidos.

Siguiendo el marco normativo de la Ley de Extradición Internacional, la cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR).

Será la FGR la instancia encargada de evaluar si existen elementos probatorios suficientes bajo el sistema jurídico mexicano para proceder con las detenciones y determinar la viabilidad de las solicitudes de extradición.

Publicación de acusación contra Rocha Moya tensa relación con Estados Unidos

La SRE manifestó su inconformidad por la manera en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación.

Debido a que los tratados vigentes establecen cláusulas de confidencialidad sobre esta información, el Gobierno de México anunció que enviará un extrañamiento formal a la Embajada estadounidense por la difusión de los cargos antes de que se completaran los procesos legales correspondientes en México.

Alcance de la acusación en Estados Unidos contra Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa

Mientras México cuestiona la falta de pruebas en la solicitud de extradición, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York desclasificó una acusación que señala a Rocha Moya y a su círculo cercano de participar en una conspiración de narcotráfico y terrorismo.

Según las autoridades estadounidenses, los acusados habrían recibido millones de dólares en sobornos para proteger las operaciones de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Entre los funcionarios implicados en la solicitud y la acusación estadounidense se encuentran:

• Enrique Inzunza Cázares: Senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa.
• Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas.
• Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos.
• Juan Valenzuela Millán: Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023.
• Marco Antonio Almanza Aviles. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Alberto Jorge Contreras Nunez. Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
• Gerardo Mérida Sánchez. Exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
• Jose Antonio Dionisio Hipolito. Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
• Juan De Dios Gamez Mendivil. Presidente municipal de Culiacán

La acusación en Estados Unidos incluye cargos por importación de fentanilo y cocaína, así como posesión de ametralladoras.

Las autoridades de Nueva York sostienen que incluso el triunfo electoral de Rocha Moya en 2021 fue apoyado por el cártel mediante el secuestro de rivales políticos.

Por el momento, todos los acusados por Estados Unidos se presumen inocentes bajo la ley estadounidense hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, mientras que en México el proceso queda en manos de la FGR para determinar si las acusaciones tienen sustento legal suficiente.

En 2026, autoridades del gobierno de Estados Unidos lo han vinculado, junto a otros funcionarios, incluido el mandatario estatal Rubén Rocha Moya, con presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez es general de división en retiro desde 2022. Durante su gestión al frente de la seguridad pública estatal, se comprometió a reducir la incidencia delictiva en Sinaloa.

A lo largo de su carrera, desempeñó funciones estratégicas dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde fue subjefe y jefe en áreas de inteligencia, operaciones y logística.

¿Qué edad tiene Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez nació en Poza Rica; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es la esposa de Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez no ha brindado información pública sobre su estado civil ni sobre una posible relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Mérida Sánchez?

Al no contar con una fecha de nacimiento completa, no es posible determinar el signo zodiacal de Gerardo Mérida Sánchez.

¿Gerardo Mérida Sánchez tiene hijos?

Se desconoce si Gerardo Mérida Sánchez tiene hijos, ya que mantiene su vida familiar fuera del ámbito público.

¿Qué estudió Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez cuenta con formación académica en el ámbito militar y jurídico, con estudios enfocados en seguridad, defensa y derecho.

• Licenciatura en Administración Militar, Escuela Superior de Guerra
• Licenciatura en Derecho
• Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, Colegio de Defensa Nacional
• Doctorado en Derecho

¿En qué ha trabajado Gerardo Mérida Sánchez?

Gerardo Mérida Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en seguridad pública y defensa nacional, con experiencia en distintos estados como Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Entre sus principales cargos destacan:

• Comandante del Mando Especial “Mante”, en Tamaulipas
• Comandante de la 21/a Zona Militar (Morelia, Michoacán)
• Comandante de la 44/a Zona Militar (Miahuatlán, Oaxaca)
• Comandante de la 25/a Zona Militar (Puebla, Puebla)
• Subjefe y jefe en las secciones Segunda (Inteligencia) y Tercera del Estado Mayor
• Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa

Periodista: ¿Qué le dijo la presidenta, gobernador?

Rubén Rocha Moya: Nada, hablamos

Entrevista a Rocha Moya

Aunque comentó que cuenta con el apoyo de Claudia Sheinbaum, Rocha Moya evitó dar detalles sobre los motivos por los que Estados Unidos lo vinculó con actividades criminales del Cártel de Sinaloa.

Asimismo, dio a conocer que nunca recibió un comunicado por parte de Estados Unidos sobre la cancelación de su visa ni las razones por las que se tomó esa decisión.

“No va a pasar nada”: Rubén Rocha por acusación de Estados Unidos

Cuestionado por la prensa, el gobernador Rubén Rocha se dijo tranquilo y comentó que “no va a pasar nada” en cuanto a la solicitud de detención con fines de extradición emitida por Estados Unidos.

En ese sentido, hizo un llamado a los sinaloenses a mantenerse tranquilos y a seguir trabajando por el bien de Sinaloa, e incluso comentó que no habría cambios en su agenda política.

“Voy a permanecer trabajando aquí (en Sinaloa). Entrando y saliendo”

Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

De igual forma, informó que tampoco recibió notificación sobre las acusaciones de Estados Unidos y reiteró que se siente tranquilo al respecto.

¿De qué acusa Estados Unidos a Rubén Rocha Moya?

Según la acusación del Distrito Sur de Nueva York, a Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, se le imputan tres cargos federales:

• Conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos con Los Chapitos
• Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos para el Cártel de Sinaloa
• Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos

En sus redes sociales, Rocha Moya negó rotundamente las acusaciones, afirmando que “no tienen ninguna verdad ni fundamento”, al mismo tiempo señaló a Estados Unidos de vulnerar la soberanía nacional.

“Hoy, causalmente, autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”.

Enrique Inzunza, senador de Sinaloa por Morena

Mediante un mensaje en redes sociales, Enrique Inzunza señaló que el día de ayer, martes 28 de febrero, defendió desde el Senado la soberanía de México ante agentes estadunidenses.

Y hoy miércoles 29 de abril, “casualmente” son las autoridades de Estados Unidos dan a conocer una investigación en su contra por tráfico de drogas y posesión de armas.

Enrique Inzunza asegura que acusaciones de Estados Unidos surgen tras hablar de la CIA

Mediante un mensaje compartido en redes sociales, Enrique Inzunza rechazó los señalamientos de Estados Unidos.

Al respecto, el senador aseguró que estos serían consecuencia de hablar sobre la CIA desde el Senado.

Enrique Inzunza recordó la actuación ilegal de los agentes de la CIA en territorio mexicano, por lo que cree que este ataque tiene “intenciones muy claras” con imputaciones que definió como dolosas.

Asimismo, adjudicó las acusaciones de Estados Unidos a que es originario de la misma comunidad que Los Chapitos, Badiraguato, Sinaloa, algo de lo que se siente orgulloso.

Ante ello, Enrique Inzunza refiere que a nombre de su pueblo, rechaza que sea una comunidad de delincuentes, sino que prefieren vivir entre fieras y se han alzado con trabajo.

Finalizó con un mensaje para los sinaloenses: demostrará su trabajo, estudio y servicio ante acusaciones de Estados Unidos.

Enrique Inzunza afirma que acusaciones de Estados Unidos son para atacar a Morena

Enrique Inzunza también hizo otra acusación ante los señalamientos de parte de Estados Unidos, y es que buscan atentar contra la Cuarta Transformación.

Acorde con lo escrito, las acusaciones son un ataque dirigido al movimiento y a su “máximo referente político”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así como en contra de sus valores y principios, los cuales no cederán ante Estados Unidos porque así lo dejó escrito el también expresidente Benito Juárez.

Este hecho no será tolerado por Morena, aseguró Enrique Inzunza, quien fue acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa de parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

“Vamos a esperar y respetar y esperar a ver qué dicen tanto el gobernador como el senador, a ver cuál es su opinión (…) Nunca, nunca, porque no lo ha dicho nuestra presidenta, no debe de haber impunidad y menos en nuestro país”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

El senador por Morena aseguró que no habrá impunidad, pero subrayó que las autoridades mexicanas deben analizar las evidencias antes de emitir juicios contra Rubén Rocha Moya o los 9 funcionarios sinaloenses.

Monreal consideró que las acusaciones no afectarán a Morena, pues cada persona debe responder por sus actos.

Saúl Monreal insta a esperar las pruebas contra Rocha Moya y su posible vínculo con el narcotráfico

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En medio de las acusaciones en su contra, Saúl Monreal pidió esperar las pruebas y aseguró que serán las autoridades mexicanas las encargadas de investigar.

“Quien sea, hay que esperar. Primero, aquí hay instancias que el gobierno en ese ámbito de colaboración y de cooperación presente las pruebas o presente las evidencias de ese vínculo que hay y aquí serán juzgados o aquí serán investigados”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Luego de que las acusaciones vienen de Estados Unidos, Saúl Monreal destacó que el Gobierno de México debe de tener todas las evidencias y una vez que se tengan se podrá analizar su caso.

“Cada quien tendrá que responder por sus propios hechos. No, porque tendremos, aunque estén acusados en Estados Unidos, aquí el gobierno de México debe de tener información y debe de tener todas las evidencias que hay y una vez que se tengan se podría analizar”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Saúl Monreal dejó en claro que no habrá impunidad, pero antes de hacer una acusación se deben de mostrar las pruebas.

“Todo se está castigando. Ustedes lo han visto, hasta elementos de la marina, a todos los que tengan relación y que haya evidencia, se tendrá que castigar”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Durante su conversación Saúl Monreal señaló que los implicados deben de dar sus argumentos de las acusaciones en su contra.

“Tienen que aclarar y tienen que dar sus argumentos también, los dos, tanto el gobernador como el senador”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Saúl Monreal cree que EU tuvo que haber informado al Gobierno de México primero

Al ser cuestionado sobre si Rubén Rocha Moya debería pedir licencia, Saúl Monreal destacó que no es necesario hasta que Estados Unidos presente las pruebas en su contra.

“No, hasta que se tengan, porque eso los está acusando, se tengan los elementos. Si no hay elementos, si no hay acreditaciones, si no hay elementos para una posible renuncia o pedir licencia, pues no tiene por qué hacerlo”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Saúl Monreal puntualizó que no es que no creen en los señalamientos de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, pero se deben de seguir los procedimientos.

“Sí creemos, pero todo bajo un procedimiento. Mire, lo hemos hecho, por eso, como en el caso de Chihuahua, fueron, se rebasaron los procedimientos. Estuvieron por debajo del agua, eso es lo que no se va a permitir”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Para Saúl Monreal, Estados Unidos primero tuvo que haber comunicado las acusaciones contra Rubén Rocha Moya al gobierno de México.

“Lo demás se tiene que hacer en coordinación y bajo la comunicación con los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de México. Por supuesto, y decir, tenemos estas acusaciones, tenemos estas pruebas o estos elementos, ¿y qué vamos a hacer? Eso es lo ideal, que haya esa coordinación”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Saúl Monreal señaló que debe de haber coordinación y comunicación entre los gobiernos e instó la importancia de seguir protocolos.

“Hasta ahorita ha funcionado esa coordinación y esa comunicación. No creo, no creo. Vamos a esperar a ver. No, aquí hay, si rompe con los protocolos, si rompe con, o sea, si hay elementos de seguridad de Estados Unidos en su territorio, por supuesto, pero mientras, ahorita no hay elementos”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Por último, Saúl Monreal instó a esperar a que se muestren las pruebas de las acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya.

Además considera que estás acusaciones no afectarán a Morena, pues cada persona se debe de hacer responsable de sus actos.

“No, vamos a esperar a que tengamos los elementos y por qué están acusados. No creo, porque cada quien se hace responsable de sus propios actos y de sus propios hechos”

Saúl Monreal, senador de Zacatecas por Morena

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses sostienen que Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos utilizaron sus posiciones de poder para colaborar con el narcotráfico, facilitando el envío masivo de drogas a cambio de sobornos y apoyo político.

En 2026, su nombre aparece en una lista de políticos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, con acusaciones relacionadas con conspiración para la importación de narcóticos y posesión de artefactos explosivos. Conoce más sobre su trayectoria.

¿Quién es Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega fue nombrado titular de la Secretaría de Administración y Finanzas en 2021, donde fue responsable del manejo del presupuesto estatal, la asignación de recursos a dependencias, la verificación de contratos públicos y el pago de la nómina gubernamental.

Ocupó este cargo hasta 2024, cuando presentó su renuncia para retomar sus actividades en el sector empresarial. Fue sustituido por Joaquín Landeros Güicho.

¿Qué edad tiene Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega tiene 50 años en 2026; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento exacta.

¿Quién es la esposa de Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega mantiene su estado civil en el ámbito privado y no ha hecho pública información al respecto.

¿Qué signo zodiacal es Enrique Díaz Vega?

Al no contar con una fecha precisa de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Enrique Díaz Vega.

¿Enrique Díaz Vega tiene hijos?

Enrique Díaz Vega mantiene su entorno familiar en privado, por lo que no hay información pública disponible sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Enrique Díaz Vega?

Enrique Díaz Vega cuenta con una Licenciatura en Contabilidad.

¿En qué ha trabajado Enrique Díaz Vega?

Enrique Alfonso Díaz Vega se ha desempeñado en el ámbito empresarial y en el sector público. Entre sus cargos más relevantes se encuentran:

• Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (2021–2024)
• Director general de Housesin Desarrollos S.A. de C.V. (2008–2021)
• Director general de Comercial DIGAX S.A. de C.V. (2002–2008)

En 2026, fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presunta conspiración para importar narcóticos, así como por su posible participación en secuestros que habrían derivado en asesinatos.

¿Quién es Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán fue acusado por el Departamento de Justicia en Nueva York, Estados Unidos, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información disponible, habría participado en el secuestro de una fuente y de familiares relacionados con la DEA.

¿Qué edad tiene Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán tiene aproximadamente 35 años, según reportan algunas fuentes; sin embargo, no se cuenta con una fecha de nacimiento confirmada.

¿Quién es la esposa de Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán mantiene un perfil discreto y no ha brindado declaraciones sobre su vida personal, por lo que se desconoce su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Juan Valenzuela Millán?

Al no contar con una fecha precisa de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Juan Valenzuela Millán.

¿Juan Valenzuela Millán tiene hijos?

No hay información pública disponible que confirme si Juan Valenzuela Millán tiene hijos, ya que mantiene su vida familiar en el ámbito privado.

¿Qué estudió Juan Valenzuela Millán?

No existen registros públicos claros sobre la formación académica de Juan Valenzuela Millán. Su perfil profesional se ha desarrollado principalmente dentro de corporaciones de seguridad pública.

¿En qué ha trabajado Juan Valenzuela Millán?

Juan Valenzuela Millán desarrolló su carrera en el ámbito de la seguridad pública en Culiacán, destacando por su trayectoria dentro de la Policía Municipal.

• Policía Municipal de Culiacán
• Comandante de la Policía Municipal de Culiacán (2018–2024)

Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque la SRE señaló que no existen pruebas suficientes en los documentos enviados.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa rechazó categóricamente los señalamientos y denunció una violación a la soberanía mexicana por parte del gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos pide la extradición de Rocha Moya tras acusaciones

El miércoles 29 de abril de 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo pública la respuesta a la solicitud de Estados Unidos, en la que piden la detención de Rubén Rocha Moya y 9 de sus funcionarios con fines de extradición.

Sin embargo, la SRE puntualizó que no hay elementos de prueba que sustenten la relación de Rubén Rocha y sus funcionarios con Los Chapitos, grupo del Cártel de Sinaloa.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la solicitud de Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya y los nueve funcionarios de Sinaloa están siendo acusados de cargos como:

• Conspiración para la importación de narcóticos como el fentanilo.
• Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos
• Conspiración para poseer estas armas

Dichos delitos tienen una pena mínima de 40 años de prisión, siendo que de proceder a juicio la fiscalía podría solicitar cadena perpetua.

Por su parte, Rubén Rocha Moya se pronunció vía X en torno a las acusaciones.

El gobernador rechazó categóricamente los señalamientos, a la par de denunciar una violación a la soberanía mexicana por parte de los Estados Unidos.

“Seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión”

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La mandataria señaló que su gobierno trabajará en el marco de la ley y en coordinación con instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de Derecho, con el objetivo de garantizar un estado tranquilo para las familias.

En su mensaje, Campos destacó el reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, acción que calificó como un logro en la lucha contra el crimen en el país.

Maru Campos llama a consolidar calles seguras y certeza para negocios

La gobernadora de Chihuahua declaró que el ejercicio más firme de la soberanía es garantizar condiciones de vida dignas, por lo que se comprometió a fortalecer la seguridad en calles, en negocios y ofrecer tranquilidad para las familias.

Sobre los hechos registrados el pasado 19 de abril, la gobernadora informó que las investigaciones siguen en curso y recordó que el Gobierno estatal creó una unidad especializada para coadyuvar en el caso.

También reiteró que existe colaboración con la Fiscalía General de la República para aportar información de manera transparente y ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido, así como identificar responsables.

Coparmex llama al diálogo en México

En el mismo evento, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, reconoció la presencia de la gobernadora y destacó la necesidad de impulsar un diálogo social entre gobiernos, empresarios y sociedad.

Además, indicó que México enfrenta retos internos y externos que requieren la colaboración de distintos sectores.

Finalmente, Maru Campos aseguró que Chihuahua ha superado momentos complejos a lo largo de su historia y reiteró que su gobierno continuará trabajando para garantizar seguridad, bienestar y crecimiento económico.

En 2026, Marco Antonio Almanza Avilés es investigado por el fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, junto a otros funcionarios de Sinaloa, incluido el mandatario estatal Rubén Rocha Moya, por su presunta participación en una red de protección al narcotráfico.

¿Quién es Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés rindió protesta como comisario general de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa en 2019, durante un evento con autoridades de Seguridad Pública estatal.

Aspiró a la Fiscalía de Sinaloa en 2024, destacando su trayectoria y su compromiso de trabajar con colectivos de búsqueda. En 2026, forma parte de los 10 funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

¿Qué edad tiene Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés nació en 1971, por lo que en 2026 tiene aproximadamente 55 años.

¿Quién es la esposa de Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés está casado con María Elena de la Rocha, quien se desempeñaba como auxiliar jurídico en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

¿Qué signo zodiacal es Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés solo ha hecho público su año de nacimiento; al no contar con el día y mes, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Marco Antonio Almanza Avilés tiene hijos?

Sí, es padre de familia junto a su esposa María Elena de la Rocha; sin embargo, mantiene la información sobre sus hijos en el ámbito privado.

¿Qué estudió Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (INDEPAC).

¿En qué ha trabajado Marco Antonio Almanza Avilés?

Marco Antonio Almanza Avilés cuenta con una amplia trayectoria dentro del sistema de justicia de Sinaloa. Desde 1991 fue agente adscrito a la Dirección de Policía Judicial del Estado.

Sus cargos más relevantes son:

• Coordinador General de la Unidad Especializada en Atención a Delitos Patrimoniales (UNEDEP) (2011–2017)
• Participación en el Sistema de Justicia Penal en Sinaloa (2014–2016)
• Policía de Investigación del Estado de Sinaloa (2017–2021)

La respuesta, sin matices, es esta: porque México no es El Salvador, y replicar ese modelo en territorio mexicano no solo es improbable, sino estructuralmente inviable.

No se trata de una defensa o crítica moral al modelo salvadoreño. El punto es más básico y, al mismo tiempo, más incómodo: las condiciones económicas, institucionales y territoriales que permitieron la estrategia de Bukele no existen en México. Y sin esas condiciones, cualquier intento de replicación está condenado a fallar o, en el mejor de los casos, a generar costos mucho mayores que los beneficios esperados.

El primer error en la comparación es de escala. El Salvador tiene poco más de 6 millones de habitantes; México supera los 130 millones. Pero el tamaño no es solo un dato demográfico: es un problema operativo. En El Salvador, una política de seguridad puede implementarse con un mando relativamente centralizado. En México, esa misma política tendría que atravesar 32 entidades federativas, más de 2,400 municipios y una estructura institucional fragmentada.

El problema se vuelve más evidente cuando se observan los datos de violencia. México ha registrado, en los últimos años, entre 25,000 y 35,000 homicidios anuales, con tasas que rondan los 20 a 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. Pero el dato agregado es engañoso: hay estados como Yucatán con tasas cercanas a 2 o 3 homicidios por cada 100 mil, y otros como Colima o Zacatecas que han superado los 70 u 80 en distintos momentos, esto no es una variación menor. Es la evidencia de que México no enfrenta un solo problema de seguridad, sino múltiples realidades criminales coexistiendo en el mismo país.

En El Salvador, previo a la estrategia de Bukele, la violencia estaba altamente concentrada en pandillas con control territorial definido. En México, la economía del crimen es más compleja: narcotráfico, extorsión, trata, control de rutas logísticas. No son estructuras locales aisladas, son redes económicas con integración nacional e incluso internacional.

Eso cambia todo. Porque lo que está en juego no es solo seguridad, es estructura de mercado ilegal.

A esta complejidad se suma una restricción estructural que rara vez se menciona en la conversación pública: la informalidad. En México, alrededor del 55% de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad. En estados como Oaxaca, Guerrero o Chiapas, esa cifra puede superar el 70%.

Esto tiene implicaciones directas. Un país con ese nivel de informalidad tiene una base fiscal limitada. Y un Estado con recursos limitados tiene menor capacidad para financiar políticas intensivas en seguridad.

Los países que suelen ponerse como referencia incluido el propio El Salvador en su contexto reciente operan con niveles de control territorial más homogéneos y con estructuras menos fragmentadas. México, en cambio, combina alta informalidad, baja recaudación relativa alrededor del 16% del PIB en ingresos tributarios y una carga creciente en gasto público.

Ahora bien, incluso dentro del país, las diferencias económicas refuerzan el argumento. El PIB per cápita de Nuevo León es más del doble que el de estados como Chiapas. Mientras entidades del norte y el Bajío están profundamente integradas a cadenas globales de valor, otras regiones siguen dependiendo de economías de subsistencia o de bajo valor agregado.

Esto importa porque la seguridad no es independiente de la estructura económica. Las regiones con mayor dinamismo económico, mayor formalidad y mayor presencia institucional tienden a generar mejores condiciones de gobernabilidad. No es casualidad que estados como Querétaro o Aguascalientes presenten indicadores más favorables en múltiples dimensiones, pero incluso esos estados operan dentro de un entorno nacional que limita su alcance.

Y aquí es donde el argumento central se vuelve inevitable: México no tiene un problema de falta de modelos, tiene un problema de falta de capacidades homogéneas.

El modelo de Bukele descansa en la posibilidad de concentrar poder, reducir costos de coordinación y actuar con rapidez. México está diseñado exactamente al revés: dispersión del poder, capacidades desiguales y altos costos de coordinación entre niveles de gobierno.

Intentar imponer una estrategia centralizada en este contexto no solo es difícil, es inconsistente con la propia arquitectura del Estado mexicano, pero hay algo más. El modelo de Bukele, más allá de sus resultados en seguridad, implica costos institucionales. Requiere niveles de control y concentración que, en el caso mexicano, entrarían en tensión directa con su diseño constitucional y su historia política.

Y aquí conviene ser claros: no es un tema ideológico, es un tema de incentivos y sostenibilidad institucional. México no puede darse el lujo de implementar una estrategia que, en el corto plazo, reduzca la violencia pero que en el mediano plazo erosione su equilibrio institucional sin garantizar resultados sostenibles, por eso la comparación, aunque atractiva, es incompleta.

La pregunta correcta no es si México debería hacer lo mismo que El Salvador. La pregunta es qué puede hacer México con su nivel de informalidad, su capacidad fiscal, su heterogeneidad regional y su estructura criminal.

Y la respuesta es menos espectacular, pero más realista: construir capacidades de manera diferenciada, fortalecer policías locales, mejorar inteligencia, reducir espacios de informalidad y, sobre todo, recuperar control territorial de forma gradual, no hay atajos.

El caso de Bukele funciona en un contexto específico: un país pequeño, un problema criminal más concentrado y un margen político amplio para centralizar decisiones. México es lo contrario: grande, diverso, con múltiples economías ilegales y con restricciones fiscales y operativas claras.

Compararlos como si fueran equivalentes no solo es un error analítico. Es una forma de evadir la discusión de fondo.

México no puede replicar a Bukele. No porque no quiera, sino porque no tiene las condiciones estructurales para hacerlo sin asumir costos desproporcionados o sin fracasar en el intento.

Y entender esto no es una señal de conformismo. Es el punto de partida para algo más serio: dejar de buscar soluciones importadas y empezar a construir una estrategia que funcione en el contexto mexicano.

Porque el verdadero riesgo no es no parecerse a El Salvador. El verdadero riesgo es seguir insistiendo en una comparación que, desde la economía, nunca tuvo sentido.

“La Fiscalía General de la República (FGR) integra dos investigaciones, con motivo de los hechos ocurridos en días pasados en la Sierra del Pinal, estado de Chihuahua”.

FGR

Según el comunicado oficial, la investigación federal inició por comunicación de la Fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un narcolaboratorio entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La segunda investigación en torno a agentes de la CIA en Chihuahua comenzó a raíz de una noticia criminal, luego de que el entonces fiscal estatal ofreciera una rueda de prensa el 19 de abril de 2026.

Casos Complejos de la FECOR llevará investigación de agentes de la CIA en Chihuahua

En el comunicado de la FGR, se explica que el ingreso de los supuestos agentes de la CIA será investigado por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR.

Lo anterior, debido a las características y relevancia de este tema, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

El comunicado señala que, tras reiteradas solicitudes de la FGR, la Fiscalía de Chihuahua envió una copia de la carpeta iniciada en el ámbito local, la cual será integrada a la investigación federal.

Las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas referidas del ámbito federal

FGR

Finalmente, el comunicado indica que se investigan posibles delitos que competen a la FGR, con el objetivo de aclarar los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades de cualquier persona involucrada.

FGR no tenía conocimiento de los operativos en Chihuahua

Según el comunicado, la Fiscalía General de Chihuahua había comenzado desde hace meses las investigaciones contra los narcolaboratorios en Chihuahua, sin el previo conocimiento de la FGR.

Sin embargo, luego del accidente en el que dos agentes perdieron la vida, la FECOR inició sus propias indagatorias con base en la información estatal, lo que evidenciaría una posible falta de coordinación entre ambas autoridades.

Acorde con lo que se había dado a conocer, Audias Flores “El Jardinero” era cercano a “El Mencho” por lo que se esperaba fuera el nuevo líder del CJNG.

Esto fue mencionado por la DEA en un mensaje compartido en redes sociales, en la que comparten un cartel de se busca, con recompensa de 5 millones de dólares.

Debido a que era un objetivo prioritario tanto para Estados Unidos como México, el operativo de la Secretaría de Marina para detener a “El Jardinero”, fue conjunto.

DEA destaca detención de El Jardinero: fue un golpe a sucesión de El Mencho

La DEA celebró la captura de Audias Flores “El Jardinero”, de parte de la Semar, como un paso a un Estados Unidos sin fentanilo.

Este golpe, explica la DEA, también afecta a la sucesión de El Moncho, ya que se esperaba que El Jardinero fuera el próximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, las autoridades tenían otros planes que derivaron en la detención de El Jardinero, en pro de hacer ambas naciones, México y Estados Unidos, más seguras.

Desde el día de la detención de Audias Flores, el director de la DEA, Terrance Cole, también destacó su captura en México, con el mensaje de Omar García Harfuch.

Por lo mismo, agradeció tanto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Pública, como a la Semar por la detención de un líder del CJNG.

El Jardinero buscaba liderar el CJNG tras muerte de El Mencho, afirma Semar

En conferencia del Gabinete de Seguridad este martes 28 de abril, Semar brindó detalles sobre la sucesión de El Mencho tras ser abatido el pasado 22 de febrero.

Acorde con lo dado a conocer, El Jardinero era el segundo al mando del CJNG, por lo que tras muerte de El Mencho, Audias Flores inició la movilización de recursos para obtener el control.

Audias Flores “El Jardinero” también tiene influencia en los siguientes estados:

• Jalisco
• Michoacán
• Guerrero
• Zacatecas

Los trabajos de inteligencia para la detención de “El Jardinero” comenzó previo a la muerte de El Mencho, tal como señaló el titular de Semar, Raymundo Morales.

Durante la audiencia del 28 de abril de 2026, su defensa solicitó más tiempo a la jueza Joan M. Azrak, quien fijó una nueva comparecencia para el 28 de julio.

Carrillo Fuentes enfrenta siete cargos, entre ellos narcotráfico, lavado de dinero y violencia, tras haber sido extraditado en 2025 luego de su captura en México en 2014.

Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, busca acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos; fijan fecha para nueva audiencia

Fuentes revelan que la defensa de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, analiza la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos a fin de obtener una sentencia reducida.

Ante un posible acuerdo, la defensa de Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, solicitó tiempo a la jueza Joan M. Azrak, de la corte del Distrito Este de Nueva York, para estudiar la viabilidad.

La jueza Joan M. Azrak accedió a la solicitud y fijó la nueva fecha para la siguiente comparecencia, en la que se definirá si es posible un acuerdo de culpabilidad. La audiencia será el 28 de julio de 2026.

Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, fue capturado en 2014 en México, donde fue sentenciado a 48 años en prisión. En febrero de 2025 “El Viceroy” fue extraditado a Estados Unidos.

De acuerdo con la información, Vicente Carrillo Fuentes enfrenta cerca de siete cargos en Estados Unidos, entre ellos:

• Narcotráfico
• Lavado de dinero
• Participación en una empresa criminal continua
• Uso de violencia