Cuando las y los gobernantes violan derechos humanos de sus gobernados, así como los derechos de habitantes de otras naciones, al no tener la capacidad de controlar a los criminales de sus pueblos, se da el traspaso fronterizo de delitos como la trata de personas y el crimen organizado. Así como pasa en México y otros países. “En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron alguna droga”.

“Una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de las drogas, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos, afirma la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su informe Mundial sobre las Drogas”, (UNODC, 2025).

El respeto a los derechos humanos de las personas, no son favores o concesiones otorgados por las autoridades de los gobiernos de las naciones, su obligación es protegerlos, garantizarlos y hacerlos efectivos.

La gran responsabilidad de las y los gobernantes; de las y los servidores públicos que se contratan para servir a las personas es fundamental, es su deber y obligación respetar los derechos humanos, pero muchas veces su incapacidad los obstaculiza.

Existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), Convención de Palermo, instrumento internacional que aborda problemáticas globales, como el tráfico ilícito de migrantes, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación y esclavitud de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, así como la explotación y el comercio sexuales internacional, entre otros delitos graves.

Hace casi 26 años se dio a conocer este instrumento internacional en Italia, dejando en claro que, si los delincuentes y delitos traspasan fronteras, las leyes también tienen que hacerlo para combatirlos, no se quedarán solo con el actuar de las autoridades y gobernantes a nivel nacional, se tendrá que hacer de forma internacional.

La sociedad incivil tendrá que ser combatida por las leyes nacionales e internacionales, en beneficio de las personas y familias que son víctimas de los delitos transnacionales, realizados por delincuentes que han aprovechado la globalización del siglo XXI.

Estados Unidos ha advertido sobre las problemáticas persistentes y que van en aumento; que no se minimice el poder de la nación aún más fuerte a nivel mundial encabezada por el presidente Donald Trump.

Los gobernantes a nivel mundial tienen que trabajar coordinadamente para avanzar en la eliminación de conductas delictivas, impulsar la economía de las naciones, la riqueza cultural y turística, hermandad de los pueblos, trabajar en la equidad de género y en la justicia social, de forma transversal y multidisciplinaria por el avance del desarrollo sostenible, respeto a los derechos humanos para llegar al bien común.

Bajo el contexto antes mencionado, poco o nada han hecho los gobiernos locales para solucionar dicha problemática, muchas veces no por falta de voluntad, sino por incapacidad presupuestal para resolver su adversa situación. No obstante, con intención política se pueden llevar a cabo diversas acciones no onerosas para incrementar o favorecer la absorción de agua para los mantos freáticos, pozos, ríos, lagunas, lagos, presas (o cualquier tipo de cuerpo de agua), ya que no todo depende de obras costosas para abonar a la resolución del problema.

Dentro de esa lógica es que aparece el concepto de ciudades esponja, las cuales, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “aprovechan la infraestructura urbana verde, desde la revegetación de superficies impermeables hasta los techos verdes y humedales construidos, para dar resultados positivos en términos de disponibilidad de agua, calidad y reducción de inundaciones”, (ONU, 2018). En ese mismo orden de ideas, pugnando por soluciones basadas en la naturaleza (SbN), las cuales están inspiradas y amparadas por métodos propios de la misma naturaleza para favorecer la gestión del agua.

Uno de los pocos municipios periféricos que he visto introducir en su gobernanza de manera formal, más allá del discurso, este tipo de proyectos ecológico-gubernamentales es Atizapán de Zaragoza, lo cual me parece un acierto, derivado de que, según datos del INEGI, la precipitación pluvial total anual promedio oscila entre los 800 y 1,000 milímetros; en otras palabras, la cantidad de agua de lluvia por año que aterriza en el territorio municipal es enorme comparada con otras municipales aledañas. Sin embargo, muy poca de esa agua es recolectada, y es ahí donde el concepto de ciudad esponja cobra relevancia al presentarse como una opción inteligente y sensata ante la escasez, porque lo más fácil era buscar traer agua de otro sitio o perforar más pozos; no obstante, eso no resolvería el problema, solo lo aplazaría o lo paliaría como se ha venido haciendo en los últimos años.

No quisiera echar las campanas al vuelo con la puesta en marcha de esta política pública, puesto que tampoco es una idea original de dicho gobierno (y no necesita serlo), pero lo que es innegable es que Atizapán hoy se presenta con esta acción como un ejemplo a seguir en toda la entidad mexiquense en cuanto a buenas prácticas de sustentabilidad de un gobierno municipal que no necesitó innovar, sino retomar una buena idea y ponerla en práctica, como muchas de esas “buenas ideas” que nos proponen los organismos internacionales y nacionales que desdeñamos (casi) en automático porque las vemos lejanas y ajenas, cuando en bastantes ocasiones podrán ser la punta de lanza o la base para encontrar una luz al final del camino en lo que respecta a los grandes males que nos aquejan en cuestión hídrica.

¡Nos leemos pronto!

1. Violeta Núñez
2. Sol González
3. Paulina del Castillo

De acuerdo con el movimiento, el único “crimen” de las mexicanas fue defender los derechos humanos e intentar romper el cerco de Israel para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Israel detiene a tres mexicanas de la Sumud Flotilla; activistas exigen su liberación

Tres activistas mexicanas fueron detenidas durante una misión de la Global Sumud Flotilla, que zarpó el pasado jueves 14 de mayo desde el sur de Turquía para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Tras darse a conocer la detención de las tres mexicanas, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, informó que mantiene contacto con Israel para garantizar su integridad física y respeto a sus derechos humanos.

Global Movement to Gaza Mexico exige que los gobiernos y organismos internacionales intervengan para que Israel libere a las tres mexicanas de la Sumud Flotilla que siguen detenidas.

¿Quién es Violeta Núñez, mexicana detenida por Israel?

Violeta Núñez es profesora y activista, principalmente en movimientos de solidaridad con Palestina. Ha participado en campañas humanitarias e iniciativas de denuncia sobre la situación en Gaza.

¿Quién es Sol González, mexicana detenida por Israel?

Sol González Eguía es defensora de derechos humanos y colaboradora con diversas organizaciones civiles enfocadas en temas migratorios y de justicia social.

¿Quién es Paulina del Castillo, mexicana detenida por Israel?

De acuerdo con la información, Paulina del Castillo Poblano también ha participado en actividades de apoyo humanitario y movilizaciones internacionales en favor del pueblo palestino.

En el Congreso de Michoacán, ha trabajado en comisiones relacionadas con desarrollo social y derechos ciudadanos, además de impulsar proyectos comunitarios y programas sociales dirigidos a mujeres y familias, como la Ley Cazzu.

Su labor legislativa y de gestión pública se ha caracterizado por la cercanía con comunidades locales y organizaciones civiles en distintas regiones del estado.

¿Quién es Sandra María Arreola Ruíz?

Sandra María Arreola Ruíz es una legisladora michoacana que forma parte del Congreso local de Michoacán por el Partido Verde (PVEM).

A lo largo de su carrera política ha participado en actividades legislativas y de gestión social enfocadas en atención ciudadana, programas sociales y fortalecimiento de políticas públicas.

En el Congreso de Michoacán ha impulsado iniciativas relacionadas con derechos sociales, igualdad de género y participación ciudadana. También ha trabajado de cerca con comunidades locales y organizaciones civiles en diferentes regiones del estado.

¿Qué edad tiene Sandra María Arreola Ruíz?

Sandra María Arreola nació un 10 de febrero; sin embargo, hay información disponible sobre la fecha de nacimiento de Sandra María Arreola, por lo que se desconoce cuál es su edad.

¿Sandra María Arreola Ruíz tiene esposo?

La vida personal de Sandra María Arreola es privada, por lo que se desconoce si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Sandra María Arreola Ruíz?

Al haber nacido el 10 de febrero, Arreola Ruíz es Acuario, signo que se caracteriza por ser independiente, creativo y original.

¿Sandra María Arreola Ruíz tiene hijos?

Se desconoce si Sandra María Arreola tiene hijos, pues la información disponible se centra en su trabajo como legisladora.

¿Qué estudió Sandra María Arreola Ruíz?

Se desconoce la vida académica de Sandra María Arreola.

¿En qué ha trabajado Sandra María Arreola Ruíz?

A lo largo de su trayectoria ha trabajado principalmente en actividades políticas, legislativas y de gestión pública, entre ellas:

• Diputada local en el Congreso del Estado de Michoacán
• Participación en comisiones legislativas relacionadas con desarrollo social y derechos ciudadanos
• Gestión y atención ciudadana en municipios de Michoacán
• Colaboración en proyectos comunitarios y programas sociales dirigidos a mujeres y familias

La realidad es que la venta de deudas existe, tiene fundamento legal sólido y es una práctica común en el sistema financiero mexicano. Jurídicamente se conoce como cesión de derechos de crédito. Aunque suena complejo, es importante que entiendas cómo funciona y cómo te afecta.

Qué es la venta de deuda

Cuando un banco, financiera o tienda departamental transfiere a otra empresa el derecho de cobro de un crédito vencido, eso es una venta de deuda. El Código Civil Federal regula esta figura en el artículo 2029: “Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor”.

Esto significa que legalmente el banco puede vender la cartera vencida a un tercero, generalmente un fondo de recuperación o despacho de cobranza, sin pedirte autorización.

¿Aceptaste esta posibilidad desde el inicio?

Aquí está un detalle importante que muchos desconocen: cuando aceptaste el contrato de crédito, ya aceptaste implícitamente la posibilidad de que tu deuda fuera vendida. Esta cláusula está contenida en los términos y condiciones del contrato que respalda tu deuda, ya sea en formato físico o digital.

No importa si recibiste un documento impreso o si aceptaste los términos en una plataforma digital. En ambos casos, el contrato original especifica que el acreedor tiene derecho a ceder, transferir o vender tu deuda a terceros. Esto significa que legalmente ya diste tu consentimiento desde el momento en que aceptaste el crédito.

¿Necesita permiso adicional?

No. El consentimiento del deudor no es requisito legal adicional para que la cesión sea válida porque ya fue otorgado en el contrato original. Lo obligatorio es que el nuevo acreedor te notifique. El artículo 2036 del Código Civil Federal establece que el cesionario debe informarte sobre la transferencia para poder ejercer sus derechos de cobro. La Suprema Corte ha sostenido que esta notificación busca que tengas certeza sobre quién es tu nuevo acreedor y evites pagos indebidos.

La deuda no desaparece

Este es el punto clave que debes entender: cuando tu deuda es vendida, la deuda no desaparece. Tú sigues obligado a pagar. Lo único que cambia es la identidad del acreedor. Muchas personas creen erróneamente que si el banco vendió su deuda ya no tienen que pagar. Esto es completamente falso.

El artículo 2032 del Código Civil Federal establece que la cesión transmite también los derechos accesorios del crédito, incluyendo intereses y garantías. El nuevo acreedor adquiere el derecho de cobrar, los intereses pactados originalmente, las garantías asociadas, y la posibilidad de demandarte judicialmente.

¿Puede aumentar mi deuda?

Sí, pero con limitaciones. Muchos despachos compran deuda por montos muy bajos y, posteriormente, intentan recuperar capital, intereses ordinarios, intereses moratorios y gastos de cobranza. Sin embargo, el cesionario no puede inventar nuevas condiciones que no estuvieran en el contrato original.

El artículo 2031 del Código Civil Federal es claro: en la cesión deben respetarse las disposiciones del acto jurídico original. El nuevo acreedor no puede cambiar unilateralmente tasas, crear penalidades inexistentes, ni alterar el contrato.

¿Puede demandarme?

Sí. El cesionario adquiere legitimación para cobrar judicialmente. Puede iniciar juicio ejecutivo mercantil, juicio ordinario mercantil, o acciones civiles según el tipo de crédito. Sin embargo, debe acreditar la existencia de la deuda, la cesión del crédito y la cadena legal de transmisión. Muchos juicios fracasan porque el comprador de cartera no logra demostrar correctamente la cesión o no exhibe documentación suficiente.

¿Qué sucede en el Buró de Crédito?

Aquí es donde el impacto puede ser más grave de lo que imaginas. La venta de deuda no elimina tu historial negativo, pero el nuevo acreedor puede reportarte nuevamente ante el Buró de Crédito. Esto es especialmente perjudicial para tu historial crediticio.

Lo que ocurre es lo siguiente: el acreedor original reporta la cuenta como vencida, posteriormente aparece una actualización indicando que fue cedida, y el nuevo acreedor puede continuar reportando el adeudo. Peor aún, algunos cesionarios reportan la deuda como si fuera un nuevo crédito vencido, lo que genera múltiples registros negativos sobre la misma deuda.

Esto puede afectar tu historial crediticio durante muchos años. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que algunas deudas pueden permanecer hasta 72 meses (6 años), siempre que no exista fraude, no haya juicio y el monto no exceda ciertos límites. Sin embargo, cuando el nuevo acreedor reporta nuevamente la deuda, el tiempo de permanencia puede extenderse significativamente, dificultando tu acceso a créditos, hipotecas, tarjetas de crédito y otros servicios financieros durante años.

Tus derechos como deudor

Aunque tu deuda sea vendida, conservas todos tus derechos legales. Puedes exigir prueba de la cesión, solicitar estado de cuenta, negociar descuentos o quitas, impugnar intereses abusivos, o poner excepciones legales, y denunciar cobranza ilegal. La jurisprudencia reconoce que puedes oponer frente al nuevo acreedor las mismas defensas que tenías contra el acreedor original.

Lo que no pueden hacer

Los despachos de cobranza no pueden amenazarte con cárcel por deudas civiles, hacerse pasar por autoridades, exhibirte públicamente, intimidar a familiares, embargar sin juicio, ni ingresar a tu domicilio sin orden judicial. En México nadie puede ser privado de libertad por deudas civiles.

¿Conviene pagar?

Siempre será lo ideal. Los compradores de cartera adquieren créditos por montos bajos, lo que abre negociaciones. Puedes obtener descuentos significativos, quitas o reestructuras. Si decides pagar, respalda correctamente tu negociación, todo por escrito, verifica el titular actual, confirma el saldo exacto y conserva todos los comprobantes.

Conclusión

La venta de deuda es legal en México. Cuando aceptaste tu contrato de crédito, ya aceptaste esta posibilidad. El acreedor original puede transferir el derecho de cobro sin autorización adicional, pero tú conservas tus derechos de defensa. La deuda no desaparece y puede afectar tu Buró de Crédito durante muchos años, especialmente si el nuevo acreedor reporta nuevamente la deuda.

Si enfrentas una situación de venta de deuda o tienes dudas sobre tus derechos, te recomendamos acercarte a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor. Nuestro equipo está disponible para orientarte y ayudarte a defender tus derechos ante cualquier acreedor.

La maestra era Elena, una mujer que siempre creyó que la educación debía llegar a todos, sin excepciones. Pero había un alumno que asistía a clases y tenía otras necesidades. Se llamaba Daniel, tenía diez años de edad y era ciego de nacimiento. Se pasaba las horas sentado en su pupitre, callado, con las manos reposando sobre sus rodillas, mientras sus compañeros leían o escribían.

A Elena se le partía el corazón.

La escuela contaba con lo mínimo indispensable y atender a un pequeño con discapacidad visual, parecía algo imposible.

Trataba siempre de explicarle todo de forma oral, leyendo ella misma los libros, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Daniel memorizaba mucho, pero no comprendía la estructura de las palabras, ni podía leer por sí mismo, ni descubrir el mundo más allá de lo que alguien le contara. Cuando sus compañeros aprendían a escribir o resolvían ejercicios, él solo escuchaba, sin poder participar de verdad. Un día, lo escuchó decirle a su abuela, a la salida:

—“Abuela, yo no aprendo como los otros. Yo no puedo leer”. Esas palabras se clavaron en el corazón de la maestra como una aguja, y le hicieron entender que, sin las herramientas adecuadas, la escuela se había convertido para él en un lugar incómodo.

Fue entonces cuando decidió viajar por su cuenta hasta la ciudad más cercana para buscar ayuda. En su comunidad nadie pudo apoyarla, pero encontró en la capital del estado un lugar donde podía aprender el sistema Braille: ese código de puntos en relieve, inventado en 1825 por Louis Braille que permite a las personas invidentes leer y escribir usando solo la punta de los dedos. Le explicaron que no era solo un alfabeto distinto, sino la llave que abría las puertas del conocimiento, la autonomía y la dignidad a las personas.

Regresó a su pueblo feliz aunque sabía que el reto no era menor: nadie en la zona sabía usar ese sistema, los materiales eran escasos y no tenía experiencia enseñándolo.

En México, el sistema Braille sigue teniendo poco alcance en el sistema educativo.

Según datos de la SEP, actualmente existen alrededor de 1,200 espacios educativos en todo el país donde se enseña, se usa o se apoya el aprendizaje en Braille, distribuidos en todas las entidades federativas, aunque con mucha desigualdad regional.

En ciudades grandes como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, hay mayor cantidad de escuelas y mejor capacitación. En cambio, en zonas rurales o comunidades indígenas hay muy pocas, y a veces un solo centro atiende a alumnos de varios municipios, obligando a muchas familias a trasladarse largas distancias o renunciar a la educación especializada.

Algo más: aunque el número de escuelas que dicen que enseñan Braille ha aumentado, muchas solo lo hacen de forma parcial o incompleta. El verdadero problema no es solo cuántas son, sino cuántas tienen docentes capacitados, materiales adecuados y libros impresos en este sistema. Actualmente, menos de la mitad de estos espacios tienen todo lo necesario para una enseñanza de calidad. Muchos maestros aprenden a usarlo por su cuenta o con cursos breves, y la producción de libros sigue siendo insuficiente para la demanda: cada año se imprimen alrededor de tres a cinco mil títulos, demasiado poco para lo que se requiere en un país donde se lucha por la inclusión.

Urge que en México existan más maestras como Elena, con esa entrega, con esa empatía, con esa vocación de servicio.

Enseñar Braille no es un lujo, es un derecho. Quienes lo aprenden logran autonomía: pueden leer, escribir, estudiar cualquier carrera, trabajar y participar plenamente en la sociedad.

Ojalá este tema forme parte de la agenda de las autoridades educativas para que en México nadie se quede sin la oportunidad de leer con sus dedos y escribir su propio futuro.

Abril Rojas declaró que luego de la detención de la Flotilla Global Sumud, el 29 de abril, las 175 personas que iban a bordo fueron sometidas a hacinamiento y privación de agua y alimentos.

Ejército de Israel habría torturado a activistas de Flotilla Sumud, denuncia Abril Rojas

En el intento de llevar ayuda humanitaria a Gaza, la Flotilla Global Sumud fue interceptada por el Ejército de Israel pese a que se encontraba en aguas internacionales, cerca de Grecia.

De acuerdo con el testimonio de Abril Rojas, el grupo de activistas fue víctima de tortura por parte del Ejército de Israel, ya que se les golpeó, usaron de gases irritantes, y los privaron de agua y alimentos.

Abril Rojas denunció que los tuvieron en un “campo de concentración flotante”, pues tras ser interceptados fueron sometidos a condiciones extremas como estar sin abrigo y mojados o expuestos al calor intenso.

La activista destacó que al menos 37 personas necesitaron atención médica tras el operativo, además de que Saif Abukeshek y Thiago Ávila, permanecieron detenidos en Israel bajo condiciones de “tortura psicológica y física”.

Autoridades de Israel han rechazado que las acusaciones de Abril Rojas y otros activistas sean ciertas, argumentando que los trataron conforme a estándares internacionales.

Tras regresar a México, Abril Rojas convocó a manifestaciones de apoyo a Palestina y exigió que el gobierno mexicano condene las acciones de Israel y solicite protección para los activistas involucrados.

La CNDH consideró que la decisión va en contra de la Recomendación 36VG/2020, emitida por graves violaciones a derechos humanos registradas en 2018 en Nuevo Laredo.

La recomendación documentaba:

• Detenciones arbitrarias
• Desapariciones forzadas 
• Homicidios atribuidos a elementos de la Semar

CNDH cuestionó la absolución de nueve marinos pese a las investigaciones por desapariciones

En el comunicado, se informó que en 2021 la Semar entregó a la FGR a 30 marinos relacionados con desapariciones y abusos, sumándose a varias carpetas de investigación abiertas desde 2018.

En ese entonces, la investigación de la CNDH había confirmado violaciones a derechos de:

• Libertad personal
• Integridad
• Trato digno
• Derecho a la vida
• Verdad y acceso a la justicia

En relación con el caso, la CNDH indicó que ha seguido de cerca los procedimientos penales y ha contribuido a las investigaciones, aunque reconoció que aún hay pendientes en la reparación total del daño.

Por lo anterior, el organismo supo que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con sede en Ensenada, absolvió a nueve marinos pese a estar acusados de desaparición forzada.

CNDH alertó que ningún marino detenido en 2021 sigue en prisión

La CNDH advirtió que ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 por los delitos de desaparición permanece en prisión por este caso, por lo que el organismo expresó su preocupación y alerta de fallos absolutorios.

Asimismo, hizo un exhorto para que el Tribunal de Disciplina Judicial investigue la actuación del juzgador y, en caso de encontrar irregularidades, aplique las medidas correspondientes.

Y quiero aprovechar el espacio para hacer un llamado a las autoridades laborales del país y la gente que está encargada de este caso, y le den celeridad al pago de los trabajadores de Interjet, quienes solamente han recibido un 47% del 100% del total que se consiguió para su liquidación.

Y es que, no queremos que se diluya este punto penoso en todo el maremágnum de información que hay dentro de la industria aérea, en general. Sabemos que la problemática más reciente es la de Magnicharters, y el 8 de mayo las autoridades publicaron un comunicado oficial hablando de mesas de coordinación, entre otras acciones.

Pero en el caso de los trabajadores de Interjet, no se ha vuelto a tener información por parte del sindicato, la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ni de los personajes que se supone son los actuales dueños -los Del Valle-, aunque en realidad solo funjan como “tapaderas” de la familia Alemán.

De acuerdo con los trabajadores de la aerolínea, la familia Del Valle está promoviendo juicios de amparo justamente para evitar la segunda dispersión, y yo voy a ser bien sincera con el gobierno: no se puede permitir que pseudoempresarios entorpezcan la impartición de justicia.

Yo esperaría que un gobierno de izquierda esté del lado de la clase trabajadora, para que, en el marco de sus facultades legales, impidiera se siga dilatando la impartición de justicia. Más cuando sabemos que, y esto hay que decirlo fuerte y claro, lo que cobrarán los trabajadores es tan solo una pequeñísima fracción de lo que en realidad se les debe.

La familia Del Valle, que adquirió el 95% de las acciones de la aerolínea, se la ha pasado inflando la nómina para decir que “había aviadores” y con ello, retorcer la información, manipulándola para que las autoridades laborales no tengan certeza de quiénes sí eran trabajadores al momento del cese de operaciones.

Además, no podemos olvidar, porque sería un crimen hacerlo, el grado de compromiso de estos trabajadores, que estuvieron sin cobrar un centavo durante meses, y jamás abandonaron su trabajo, sacando las operaciones hasta el último minuto, y dando la cara para salvar a la empresa.

Los trabajadores pusieron dinero de sus bolsillos para no dejar el trabajo tirado. Y no solo ellos, también están los que renunciaron antes del cese de operaciones porque no contaban con los recursos económicos para seguirse presentando a laborar, a los que, hasta la fecha, se les adeudan los finiquitos correspondientes; de ellos, que quedaron en un limbo jurídico, hoy nadie habla.

¿Quién les responde a este grupo de trabajadores? Como bien me comentaron, cuando comenzaron a dejarles de pagar, metieron su renuncia y los trajeron durante meses “vuelta y vuelta”, y jamás recibieron su liquidación, estos trabajadores fueron mañosamente sacados de las listas por parte de la familia Del Valle, porque no estaban en “activo”, entonces pasaron literalmente a estacionarse en un limbo, del que nadie, ni autoridades, ni los supuestos dueños, se hacen responsables.

Es lamentable que este tipo de situaciones se sigan dando, porque no es la primera vez; tenemos varias décadas que las aerolíneas desaparecen de un día para otro. Sucede bajo distintos gobiernos, tricolores, azules o guindas, y en todos los casos, la historia siempre se repite.

Los dueños quedan completamente impunes y nunca pagan por las consecuencias de sus actos; y los trabajadores, proveedores y clientes siempre se quedan chiflando en la loma. Es larga la lista de todas las líneas aéreas que han pasado por esta misma historia.

Una cosa es cierta, mientras los dueños de las concesiones no tengan castigos ejemplares, las seguirán botando sin pudor alguno, ya sea por malos manejos administrativos, desinterés en la administración de la línea aérea, o cualquier otro motivo que provoque el incumplimiento de la concesión.

Y no estamos hablando de una industria “menor”, la aviación aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país el 4.9%, según el último informe de la “Aviation Benefits Beyond Borders basado en datos de Oxford Economics, Grupo de Acción de Transporte Aéreo, 2024”.

En la actualidad, tanto la salida del aire de la empresa mexicana Magnicharters como de la norteamericana Spirit Airlines han encarecido los costos de los boletos, y han contribuido a una disminución importante en cuanto al transporte de pasajeros. Por eso, es deber primordial del actual gobierno impedir que quiebren las aerolíneas, sobre todo por no poner la suficiente atención, cuidado y fiscalización de las concesiones.

Y si ya quebraron, pues que los trabajadores no esperen años por unas pocas migajas de justicia. En diciembre de 2020 Interjet cerró la cortina, y para el 2023 la quiebra ya se había decretado. Estamos a punto de llegar a la mitad de 2026, y el tema se sigue litigando.

Espero que no lo echen en saco roto y que le den celeridad al tema, y por favor, de la manera más encarecida les pido que, por la temeridad y mala fe de los artilugios legaloides de la familia Del Valle, estos sean desechados por las autoridades judiciales; no es posible que el tratar de conseguir un poco de justicia se convierta en un viacrucis.

Tengo el compromiso moral, y la convicción de que, con la misma fuerza que aplaudo los logros de la aviación del país, debo señalar los temas pendientes, y en el caso de los conflictos laborales de las empresas en quiebra, el saldo es francamente impresentable.

Hoy hablo de los compañeros de Interjet, pero al mismo tiempo les recuerdo que los de la antigua Mexicana de Aviación seguimos en espera de la segunda dispersión del pago de los bienes. En cuerda separada están los compañeros de Aeromar, y muy recientemente se agregan los afectados por el caso de Magnicharters. A todos ellos: ¡ánimo y fuerza!, que también estaremos pendientes de que resuelvan cuanto antes.

La ONU-DH México, publicó un mensaje especial en su cuenta de X en el que el Alto Comisionado Volker Türk calificó las desapariciones forzadas como “uno de los desafíos más graves y dolorosos”.

Esto en materia de derechos humanos en el país, provocando un sufrimiento prolongado para miles de familias.

“Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México”. Los colectivos, muchos de ellos liderados por mujeres, desempeñan una labor esencial de búsqueda, memoria y exigencia de rendición de cuentas."

Volker Türk, alto comisionado de la ONU-DH

ONU reconoce a madres buscadoras en Día de las Madres: “Uno de los desafíos más graves en México”

A través de un mensaje publicado por la ONU-DH México, el alto comisionado Volker Türk enfatizó que estas madres y colectivos no solo buscan a sus seres queridos, sino que también luchan por verdad, justicia y rendición de cuentas ante un Estado que ha perdido la confianza de la sociedad.

En su publicación, ONU-DH México compartió imágenes en donde muestran a Volker Türk junto a madres buscadoras, así como gráficas con reflexiones sobre el rol fundamental de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos y la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones.

Este reconocimiento ocurre en un contexto donde México registra decenas de miles de personas desaparecidas.

Además, los colectivos de madres se han convertido en la principal fuerza para exigir respuestas del gobierno de México por personas desaparecidas.

El Día de las Madres suele estar envuelto en una narrativa de sacrificio absoluto y abnegación silenciosa. Desde el feminismo, hoy nos toca cambiar el “regalo” por la exigencia de derechos. La maternidad no debe ser un destino biológico impuesto por la inercia social o la falta de opciones, sino una decisión política, consciente y profundamente personal.

El primer acto de soberanía sobre nuestra propia vida es el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Esto implica que la maternidad sea por elección y no “lo que la vida mande”. Para que esto sea real, el acceso a la información y a la salud sexual es fundamental: las mujeres tienen el derecho irrenunciable a determinar el número de hijos o hijas que desean tener, o incluso el derecho a no tener ninguno, sin ser juzgadas por ello.

Esta libertad debe proteger, por encima de todo, a nuestras niñas. El grito de “niñas, no madres” es una urgencia de justicia básica; forzar a una menor a la maternidad es una de las formas de violencia más crueles que existen. Necesitamos erradicar el embarazo adolescente para que el futuro de nuestras jóvenes no sea truncado antes de empezar.

Para quienes deciden ser madres, el derecho a la salud debe ser integral, digno y libre de violencia obstétrica. Pero la dignidad no termina en el parto. La estructura social actual castiga a la madre trabajadora: se tiene que hacer valer el derecho a continuar carreras profesionales sin techos de cristal ni penalizaciones por cuidar. Y para aquellas que deciden libremente permanecer en el hogar, es vital construir mecanismos que les otorguen una fuente de ingresos y libertad financiera, el trabajo de cuidados sostiene al mundo y no debe ser sinónimo de dependencia económica ni vulnerabilidad.

Hoy también abrazamos las ausencias. Acompañamos con el corazón a las madres que han perdido a una hija o un hijo, una herida que requiere justicia y consuelo social. Y no podemos olvidar el otro extremo de la vida: las madres adultas mayores que enfrentan el abandono. Una sociedad que celebra a la madre en mayo, pero la olvida en la vejez es una sociedad hipócrita.

Ser madre no debe restar derechos como mujeres. Se tiene que garantizar una vida libre de violencia en todos los espacios, incluyendo en el hogar, asegurar que la crianza sea una responsabilidad compartida y no una carga solitaria. Que la maternidad sea un camino de goce, de autonomía y de derechos garantizados.

Juntas y juntos impulsemos los derechos de todas las mujeres que deciden convertirse en mamás.

Jennifer Islas

Política y conferencista

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“La desaparición forzada no es solamente una técnica de terror. Es también una tecnología política del olvido”.

Pilar Calveiro

“A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio

A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio

A ti que peleaste con uñas y dientes

Valiente en tu casa y en cualquier lugar

A ti rosa fresca de abril

A ti mi fiel querubín”

Denisse de Kalafe

México amanece —otra vez— cubierto de globos rosas, promociones de licuadoras y funcionarios publicando fotografías abrazando a sus madres con esa emotividad industrial que tanto le gusta a la política mexicana. El 10 de mayo convertido en liturgia nacional: restaurantes llenos, festivales escolares y discursos oficiales sobre “el corazón de la familia mexicana”.

Mientras tanto, en otra parte del país —o más bien en el país real—, miles de madres saldrán a buscar restos humanos bajo el sol. Igual que los otros 364 días del año. Pero no hay que arruinar el algoritmo con detalles forenses...

Las madres buscadoras son el gran fracaso visual de la Cuarta Transformación. Desentonan con la escenografía del Bienestar. Destruyen el relato de un país humanista. Son demasiado incómodas para la propaganda oficial: mujeres cavando tierra con fotografías colgadas al pecho mientras el gobierno habla de transformación moral…

A ellas nadie les canta “Señora, señora”. El Estado les responde con citas canceladas, carpetas empolvadas y funcionarios que las reciben como quien atiende un trámite molesto antes de irse a comer. Lo más cercano a una política pública ha sido entregarles una pala para que hagan solas el trabajo que el gobierno abandonó hace años.

La cifra oficial supera las 132 mil personas desaparecidas. Oficiales. Es decir: después de pasar por el filtro estadístico de un régimen obsesionado con corregir números como si las fosas clandestinas pudieran maquillarse desde una hoja de Excel.

López Obrador dejó una innovación política difícil de superar incluso para los estándares nacionales: desaparecer desaparecidos. Reducir registros, cuestionar censos, manipular bases de datos y convertir la tragedia humanitaria más grave del país en una discusión administrativa.

Mientras desde Palacio Nacional se repetía que “ya no somos los mismos”, el país siguió llenándose de fosas clandestinas, restos humanos y crematorios improvisados. La diferencia es que ahora todo convivía con mañaneras, playlists de campaña y propaganda sobre la revolución de las conciencias. La desaparición dejó de ser únicamente un crimen.

Se convirtió en una forma de administración nacional del desastre.

Ese es el verdadero fondo del problema. No se trata solamente de que el Estado no encuentre personas. Se trata de que aprendió a convivir con su ausencia. A normalizarla. A absorberla burocráticamente. México ya institucionalizó la desaparición como paisaje.

Por eso las madres buscadoras resultan tan incómodas para el poder. No por lo que encuentran, sino por lo que exhiben.

Cada madre excavando sustituye simbólicamente al Estado entero. Cada pala enterrándose en la tierra demuestra que el monopolio gubernamental de la seguridad colapsó hace mucho tiempo. Cada fosa clandestina localizada por civiles destruye meses de propaganda oficial sobre gobernabilidad y control territorial. Ahí está la humillación histórica del Estado mexicano: las fosas no las descubre la inteligencia gubernamental; las encuentran madres arrodilladas bajo el sol.

Ellas tuvieron que convertirse en investigadoras, peritas, rastreadoras, abogadas y excavadoras humanas mientras las fiscalías perfeccionaban el deporte burocrático favorito del país: aventarse responsabilidades unas a otras hasta que el expediente envejezca solo.

Y a pesar de tener todo en contra, estas otras madres encuentran cuerpos. Rancho Izaguirre en Jalisco. Bolsas con restos humanos en Guadalajara. Fosas en Zacatecas. Restos abandonados a pie de carretera en el Estado de México. Pedazos de país convertidos en cementerios clandestinos mientras la clase política sigue atrapada en su reality show electoral permanente.

La 4T no creó esta tragedia. Sería intelectualmente mediocre afirmarlo. Pero sí perfeccionó algo todavía más perverso: la administración propagandística del horror. El régimen entendió muy pronto que el asunto no era la violencia, sino el costo político de hablar de ella.

Por eso hubo tiempo para rifas, peluches del bienestar, ataques cotidianos contra periodistas, campañas electorales adelantadas y horas enteras de catequesis ideológica en las mañaneras. Lo único que nunca apareció fue tiempo suficiente para escuchar a las madres buscadoras.

Escucharlas implicaría reconocer algo devastador: que el Estado perdió enormes fragmentos del territorio nacional y que quienes realmente peinan el país son mujeres solas con botas, picos y fotografías plastificadas.

Organismos internacionales ya recomendaron reconocer formalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. La respuesta mexicana rozó el humor negro burocrático: negarse siquiera a incorporar el término en la ley. Nombrarlas implicaría aceptar el tamaño del derrumbe.

Aceptar que miles de mujeres tuvieron que reemplazar al Estado mientras este se dedicaba a reemplazar la realidad por propaganda.

Hoy marcharán del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia exigiendo apoyo internacional para encontrar a sus hijos. Y mientras ellas caminan entre fotografías y cruces, Mario Delgado anda concentrado en mover el calendario escolar para que la CNTE no le arruine el Mundial ni el humor político al régimen.

La prioridad nacional quedó clarísima. Mover millones de estudiantes: sí se puede. Recibir madres buscadoras: complicado. Coordinar elecciones gigantescas: sin problema. Coordinar búsquedas nacionales: después vemos. Llenar el Zócalo: rapidísimo. Encontrar hijos: ahí sí “no hay presupuesto”, “no hay competencia”, “no hay información”. “Es complot”.

La transformación prometió primero a los pobres. Terminó primero en las encuestas.

Y esas otras madres siguen solas, excavando un país entero que hace tiempo dejó de oler a tierra y empezó a oler a fosa.

No se vale vitorear la violencia que causa muerte de inocentes. Pero tampoco es válido aceptar y hacer como que no pasa nada frente a la actuación tiránica de quienes abusan de la fe para utilizar a seres humanos como carne de cañón, mientras al mismo tiempo prohijan las más tremendas vejaciones y la violación contumaz de los más elementales derechos bajo la bota de un aparato político-religioso que convirtió el miedo en instrumento cotidiano de control.

El mundo tiene razón en rechazar la lucha armada que además de objetivos militares mata inocentes, pero se equivoca gravemente cuando, en nombre de evitarla, termina tolerando lo intolerable. Porque una cosa es oponerse a una escalada militar en Medio Oriente —que podría incendiar la economía mundial, disparar otra crisis energética y empujar al planeta a una confrontación de consecuencias imprevisibles— y otra muy distinta es mirar hacia otro lado frente a décadas de opresión, persecución y control brutal sobre el pueblo iraní.

Y ahí está el punto incómodo que muchos prefieren evitar. Irán no es solamente un conflicto geopolítico. Es también una tragedia humana.

Mientras el mundo discute petróleo, Ormuz, misiles, bloqueos navales y equilibrio regional, millones de iraníes siguen atrapados entre represión política, vigilancia religiosa, miedo institucionalizado y una estructura de poder que convirtió el control social en doctrina de Estado. La tensión en el estrecho de Ormuz mantiene al mundo entero conteniendo el aliento. La posibilidad de cierres parciales, bloqueos, ataques marítimos y nuevas confrontaciones militares sigue golpeando mercados, rutas energéticas y cadenas comerciales globales. Pero detrás de esa discusión estratégica existe otra realidad mucho menos mencionada: la de una sociedad cansada, vigilada y reprimida desde hace años.

Porque mientras gobiernos y potencias negocian “estabilidad”, el ciudadano iraní sigue pagando el costo completo. Y ese costo no es abstracto. Tiene rostro. Tiene cárceles. Tiene tortura. Tiene ejecuciones. Tiene miedo cotidiano. Tiene mujeres perseguidas por desafiar códigos religiosos obligatorios. Tiene jóvenes encarcelados por protestar. Tiene periodistas silenciados. Tiene opositores desaparecidos. Tiene estudiantes reprimidos. Tiene familias viviendo bajo vigilancia permanente. Tiene presos políticos sometidos a procesos sin garantías, confesiones arrancadas bajo presión y condenas ejemplares utilizadas para sembrar terror social.

Y aun así, buena parte del mundo actúa como si señalar eso fuera “hacerle el juego a la guerra”. No. Defender derechos fundamentales no equivale a respaldar bombardeos. Y rechazar una guerra no obliga a romantizar una tiranía. Ese es el falso dilema que muchos intentan imponer.

Porque hoy existe una peligrosa tendencia global a dividir todo en bloques absolutos: o estás con Washington e Israel… o entonces debes callar frente a lo que ocurre dentro de Irán. Y esa lógica termina convirtiendo a los ciudadanos iraníes en daño colateral ideológico. Mientras tanto, el liderazgo iraní sigue utilizando el conflicto externo como mecanismo de cohesión interna. La confrontación sirve para endurecer controles, reforzar narrativa nacionalista y justificar medidas de excepción. Y al otro lado, sectores occidentales utilizan la amenaza iraní para justificar agendas militares, comerciales o energéticas propias.

En medio de ambos extremos queda la gente. Siempre la gente.

Porque mientras los líderes negocian, amenazan y calculan, el ciudadano común enfrenta inflación, restricciones, incertidumbre y miedo. El aislamiento prolongado ha deteriorado profundamente la economía iraní y debilitado oportunidades, inversión y calidad de vida. Pero además ha permitido que el aparato represivo encuentre nuevas excusas para endurecerse. Las ejecuciones aumentan. Las detenciones se multiplican. El internet se restringe. La disidencia se criminaliza. El miedo se institucionaliza. Y mientras tanto, gran parte del mundo sigue discutiendo solamente petróleo, rutas marítimas y cálculos militares.

Y sin embargo, tampoco puede ignorarse que una guerra abierta sería devastadora no solo para Irán, sino para toda la región y buena parte del planeta. El estrecho de Ormuz sigue siendo una arteria crítica para el comercio energético mundial y cualquier escalada fuerte podría provocar un efecto económico global inmediato.

Por eso, el mundo debe rechazar la guerra. Pero también debe dejar de fingir que el problema iraní es solamente estratégico. Es humano. Y moral.

Porque cuando la comunidad internacional se acostumbra a administrar tensiones geopolíticas sin exigir cambios reales en materia de libertades y derechos fundamentales, termina normalizando la opresión como parte aceptable del equilibrio internacional. Eso también es hipocresía.

Hoy Washington mueve portaaviones, revisa operaciones sobre Ormuz y negocia pausas tácticas mientras intenta evitar que la crisis se descontrole. Israel mantiene presión militar y retórica de seguridad existencial. Irán responde endureciendo posiciones y utilizando el conflicto para reforzar cohesión interna.

Todos calculan. Todos miden costos. Todos hablan de estabilidad. Pero casi nadie habla realmente de los iraníes. De sus presos. De sus muertos. De sus desaparecidos. De las mujeres golpeadas por exigir libertad. De los jóvenes ejecutados para sembrar terror. De los opositores destruidos por un aparato político-religioso que aprendió a sobrevivir administrando miedo.

Y ahí está el gran riesgo. Porque los sistemas que viven permanentemente tensando a su sociedad terminan acumulando presión interna aunque hacia afuera aparenten control.

Irán puede contener. Puede endurecer. Puede vigilar. Puede reprimir. Pero ninguna sociedad soporta indefinidamente vivir entre miedo, restricciones y crisis permanentes.

Y cuando el hartazgo madura, muta. Primero en silencio. Después en rabia. Y finalmente… en ruptura.

Pero hay algo todavía más peligroso: que el mundo siga creyendo que puede administrar eternamente ese equilibrio enfermo entre guerra contenida y tiranía tolerada. Porque los pueblos pueden sobrevivir durante años bajo miedo, censura y precariedad; lo que no soportan indefinidamente es la sensación de asfixia permanente mientras el resto del planeta calcula petróleo, rutas marítimas y conveniencias estratégicas sobre sus espaldas.

Y cuando las sociedades sienten que ya no tienen nada que perder, dejan de obedecer el miedo. Ahí empiezan los verdaderos terremotos históricos. No los que anuncian los gobiernos. Los que revientan desde abajo.

Por eso el mundo debería entender algo elemental: no se trata de elegir entre guerra o tiranía. Se trata de rechazar ambas.

Porque cuando la humanidad termina aceptando que la estabilidad geopolítica vale más que la libertad de las personas, el problema deja de ser iraní. Se vuelve global.

Y cuando el mundo empieza a justificar guerras “preventivas” mientras tolera tiranías “convenientes”, deja de defender civilización. Empieza simplemente a administrar barbarie.

Y la historia demuestra algo brutal: las sociedades pueden soportar miedo durante mucho tiempo… pero los sistemas construidos sobre miedo terminan incendiándose desde dentro.

Y cuando eso ocurre, ya no hay portaaviones, sanciones, discursos religiosos ni amenazas nucleares capaces de contener el derrumbe.

Porque ninguna tiranía, ningún fanatismo y ninguna maquinaria de guerra son eternos. Aunque hoy actúen como si lo fueran.

Y quizá ahí reside la mayor advertencia de todas: cuando el mundo decide acostumbrarse simultáneamente a la guerra y a la opresión, termina perdiendo lentamente la capacidad de distinguir entre seguridad y barbarie, entre estabilidad y miedo, entre gobernar y someter.

Y cuando una civilización deja de distinguir eso… empieza también su propia decadencia.

Estas cifras resultan alentadoras al señalar que más personas generadoras de violencia están siendo detenidas, pero eso nos conlleva a una serie de encrucijadas; la primera es que nuestra población penitenciaria está creciendo a pasos agigantados, y nos podría encaminar a una crisis de hacinamiento sin precedentes, al no tener dimensionado y estar preparados para un crecimiento constante hasta el final del sexenio, y lo peor; casi el 40% de estas personas que son detenidas, no cuenta con una sentencia judicial. Este es un problema profundo: estamos llenando las cárceles, pero no vaciando las calles de violencia. Sin embargo, la solución no reside en construir más penales, sino en derribar la ineficiencia del sistema judicial. Para revertir esta tendencia, planteo tres pilares fundamentales:

​1. El rezago procesal contra la justicia

Es inaceptable que un poco más del 40% de los internos no tenga una sentencia, y esto se puede deber a diversas razones, pero un elemento clave es que la mayoría de las fiscalías del país no han digitalizado y modernizado sus trámites y procesos internos; lo cual nos deja con una limitante inaceptable para la época en la que vivimos. El poder judicial debe agilizar y modernizar los procesos para garantizar que la prisión preventiva no sea una condena anticipada. La justicia que tarda no es justicia; es una falla administrativa que vulnera los derechos humanos y satura las instituciones.

​2. Continuar con la atención de las causas, realizar una prevención en la raíz

El enfoque principal debe desplazarse hacia la prevención social, la atención a las causas como lo propone la presidenta Sheinbaum. El gobierno federal y los gobiernos estatales cuentan con bloques de servidores públicos con territorio, como lo son Siervos de la Nación, que pueden llegar a todas las comunidades y con un enfoque de bienestar social, determinar zonas con alta incidencia delictiva y llevar los programas del gobierno para disminuir la deserción escolar, identificar posibles adicciones, mientras el gobierno atiende las causas más profundas en la desigualdad social.

​3. Cambiar el enfoque de centros de reclusión a centros de reinserción

Debemos transformar las cárceles en verdaderos centros de rehabilitación y de reinserción social. Ya que si los mantenemos sin una inversión pública en programas educativos y laborales dentro de los penales, el sistema seguirá siendo una “escuela del crimen”. La meta no debe ser solo el castigo a través del aislamiento, sino evitar la reincidencia y lograr que las personas encuentren un camino a volver a ser una parte productiva de núcleo trabajador, que es quien genera la verdadera riqueza del país.

​La seguridad nacional no puede medirse por cuántas personas encarcelamos, sino por cuántos delitos logramos prevenir, en cuántas personas se salvan de caer en las manos del crimen organizado, por las diversas causas que conocemos, como lo son la precariedad económica, aislamiento y la vulnerabilidad social. No podemos convertirnos en un sistema penitenciario como lo es Estados Unidos. Debemos de pasar de una política de punitivismo reactivo a una política criminal inteligente y humana. Esto no significa que se debe de dejar de hacer una por la otra, es más bien, hacer ambas al mismo tiempo, lo cual plantea un reto mayúsculo y para nada creo que sea fácil; es como siempre comento: “debemos reparar el motor del avión en pleno vuelo, no podemos detenernos”.

Como conclusión, creo que la estrategia de seguridad planteada por la presidenta Sheinbaum e implementada por el secretario García Harfuch está dando resultados irrefutables y debemos presionar que las fiscalías se modernicen en digitalizar sus procesos, darles transparencia y trazabilidad, para estar al nivel del gobierno federal. También por nuestra situación geográfica, no debemos caer ante el canto de las sirenas, donde un gobierno externo va a llegar a “salvarnos”, ya que como dijo un sabio expresidente: “solo el pueblo puede salvar al pueblo”, y México es una gran nación autodeterminada, donde la solución está aquí mismo.

X: @lalodelmazo

En un acto oficial, la Fiscalía de CDMX reconoció que la institución vulneró los derechos de la familia de Julio César Cervantes al obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la debida diligencia.

Julio César Cervantes desapareció el 20 de septiembre de 2021, fue localizado sin vida y su cuerpo fue donado a la Escuela de Medicina del IPN, justificando que no había sido identificado ni reclamado.

Recuento de la desaparición de Julio César Cervantes en 2021 y la actuación de la Fiscalía CDMX

Julio César Cervantes, un hombre con discapacidad intelectual, desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de haber salido de su hogar rumbo a la tienda.

Desde el inicio, su madre, Laura Cabañas Arreola, denunció la desaparición ante las autoridades y advirtió sobre la condición vulnerable de su hijo. Pese a esto, no se aplicaron los protocolos correspondientes.

La familia denunció omisiones y falta de información por parte de la Fiscalía de CDMX. El caso tomó mayor relevancia cuando se confirmó que el cuerpo de Julio César había sido localizado tiempo atrás, pero no fue identificado oportunamente.

Los restos permanecieron bajo resguardo del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y fueron entregados al IPN para prácticas académicas, pese a que existía una carpeta de investigación activa; de esto se enteraron tres años después.

Laura Cabañas Arreola se unió al colectivo “Una Luz en el Camino” para buscar a su hijo. En enero de 2024 fue notificada que el cuerpo de su hijo se encontraba en la Escuela de Medicina del IPN.

Fiscalía de CDMX ofrece disculpa pública por caso Julio César Cervantes de 2021

La madre de Julio César acusó que su hijo “desapareció dos veces”: primero al no ser localizado con vida y después por errores administrativos y forenses que impidieron a la familia conocer su paradero durante un largo periodo.

El caso derivó en la Recomendación 09/2025 de la CDHCM, en la que se documentaron violaciones a derechos humanos relacionadas con la debida diligencia, acceso a la justicia y trato digno a las víctimas.

Organizaciones civiles consideran que el caso refleja las deficiencias estructurales en los sistemas de búsqueda e identificación forense en CDMX y han exigido reformas para evitar nuevas omisiones institucionales.

El acto se realizó este 6 de mayo tras la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, luego de que se comprobaran irregularidades en la investigación y el manejo del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con la información, Julio César Cervantes desapareció el 20 de septiembre de 2021, fue localizado sin vida y su cuerpo fue donado a la Escuela de Medicina del IPN sin consentimiento.

Pese a que Laura Cabañas denunció la desaparición de su hijo Julio César Cervantes, los procesos de la Fiscalía de CDMX fallaron y el cuerpo fue donado al IPN tras reportase como persona no identificada.

Fiscalía CDMX ofrece disculpa pública por irregularidades en el caso de Julio César Cervantes

Omar Gutiérrez, coordinador de Derechos Humanos de la Fiscalía de CDMX, ofreció una disculpa pública al reconocer que hubo fallas institucionales en el caso de Julio César Cervantes.

“A la memoria de Julio César Cervantes Cabañas rendimos respeto y homenaje. Su historia nos obliga a corregir, a mejorar y a trabajar para que hechos como estos no se repitan. La búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad absoluta para el Estado mexicano”

Omar Gutiérrez

El funcionario señaló que la Fiscalía de CDMX vulneró los derechos de la familia de Julio César Cervantes al obstaculizar el acceso a la verdad, la justicia y la debida diligencia.

La madre de Julio César Cervantes, hombre que vivía con una discapacidad mental, afirmó que su hijo “desapareció dos veces”: primero físicamente y después de manera administrativa, a causa de la Fiscalía de CDMX.

Dolores González, presidenta de la CDHCM, destacó que la disculpa pública debe traducirse en acciones concretas y garantías de no repetición para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.

Su defensa argumenta que el caso de feminicidio no cumple con criterios de relevancia excepcional y denuncia presuntas irregularidades, como la anulación de un fallo absolutorio y la reposición del procedimiento.

El abogado Édgar López García advirtió que validar estas decisiones sentaría un precedente negativo en derechos humanos.

Validar las irregularidades denunciadas sentaría un precedente regresivo en materia de derechos humanos. Confiamos en que el máximo tribunal garantizará la seguridad jurídica y el respeto al debido proceso.

Édgar López García, abogado defensor de Juan Antonio Vera Carrizal.

Defensa de Juan Vera Carrizal cuestiona proceso y fallo absolutorio

La defensa sostuvo que Vera Carrizal se presentó voluntariamente ante la autoridad tras conocer la orden de aprehensión, confiando en su inocencia. Sin embargo, denunció que durante el proceso se habrían presentado limitaciones al acceso al expediente y obstáculos para ejercer una defensa adecuada.

Según su versión, tras más de cinco años de proceso, el 14 de agosto de 2024 el Tribunal de Enjuiciamiento de la Mixteca dictó un fallo absolutorio, ordenando su liberación inmediata.

No obstante, horas después, una jueza sustituta dejó sin efecto la boleta de libertad, anuló lo actuado en el juicio oral y ordenó la reposición del procedimiento, manteniendo la medida de prisión preventiva, lo que la defensa calificó como una decisión arbitraria.

Amparos y solicitud para frenar intervención de la SCJN en caso de Juan Vera Carrizal

El abogado explicó que se promovieron diversos juicios de amparo, entre ellos el 961/2024, que fue negado en primera instancia, por lo que se interpuso el recurso de revisión 55/2025 ante un Tribunal Colegiado, mismo que estaba listo para resolverse cuando se solicitó la intervención de la SCJN.

La defensa argumentó que el caso no cumple con los criterios constitucionales para ser atraído por el máximo tribunal, al no representar un asunto novedoso ni de relevancia excepcional, por lo que debe resolverse en la instancia correspondiente.

Finalmente, Édgar López García, abogado defensor de Juan Antonio Vera Carrizal, advirtió que validar las presuntas irregularidades podría sentar un precedente negativo en materia de derechos humanos.

Este es el primero de los efectos reales que vemos de la reforma a la Ley de Amparo del año pasado, pues uno de los puntos más importantes (pero no por ello más discutidos con la sociedad) es que se limita a las asociaciones y organizaciones para que no puedan seguir promoviendo estos juicios de amparo en el país, a menos que se demuestre una afectación directa y probada. Este tipo de asociaciones son de tipo ecológico, de colonos, de vecinos, de niños, de salud, ambientales, generalmente de carácter civil, quienes durante las últimas dos décadas han utilizado este instrumento del juicio de amparo, alegando derechos humanos difusos (lo cual estaba permitido), para suspender proyectos de desarrollo del ámbito privado y público en todo el territorio nacional.

En muchas ocasiones tenían razón, hay abusos y afectaciones, sobre todo de tipo ecológico por parte de las empresas, pero en otras ocasiones no está claro realmente cómo se constituye ese derecho a ampararse, por lo que se tendrá que profundizar en el debate, tanto legislativo como académico, en los medios sociales, sobre la manera en que se transforma la defensa y lucha jurídica social en nuestro país.

Para darnos una idea de la magnitud del tema que estamos hablando, hagamos memoria de algunos proyectos de desarrollo que fueron detenidos por juicios de amparo promovidos por asociaciones, tanto del ámbito público como privado, pero si haces una buena investigación son más de cien en los últimos 20 años, van desde carreteras, gasoductos, hasta aeropuertos.

Hagamos memoria, algunos los vas a reconocer.

1.- Fraccionamiento Infinity en Mérida, detenido por amparos de vecinos en 2022.

2.- Constellation Brands en Mexicali fue cancelada en 2020 tras consultas ciudadanas y múltiples recursos de amparo interpuestos por colectivos y agricultores locales.

3.- Cien menores en Cancún logran amparo contra proyecto Tajamar, Cancún 2015.

4.- El Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye una termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto (iniciado en 2012), diversos amparos y suspensiones legales interpuestos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua han detenido la operación del gasoducto.

5.- Admiten amparos presentados por organizaciones debido a irregularidades de cuatro megaproyectos de gas fósil licuado en el Golfo de California. Se trata del Gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad), la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa 2025.

6.- Planta de Gas y Gasoducto Energía Mayacán (Yucatán) [1] 2025.

7.- Tren Maya, en Quintana Roo, en 2023.

8.- Aeropuerto Felipe Ángeles, en 2020

9.- Se amparan más ejidatarios ante expropiación en Presa Libertad. Seis ejidatarios promovieron la suspensión luego de que personal del Gobierno de Nuevo León se apersonara en sus tierras para pedirles que desalojaran, en 2023.

Es muy profundo el debate, si eres estudioso del juicio de amparo lo considerarás un retroceso en la amplitud de la protección constitucional, que había avanzado en los últimos años en estos derechos difusos; si eres economista lo analizarás bajo la lente del desarrollo, la inversión y la legalidad, en el sentido de que no será deteniendo proyectos como avanzará el país, sino haciendo que las empresas cumplan la ley; si eres politólogo verás los cambios en el ejercicio del poder del Estado, que le da mayor libertad en la decisión degobierno para el desarrollo del país; como sociólogo, sin duda se refleja un cambio en los ejes del poder social, un debilitamiento en los instrumentos de la población ante el poder económico y político.

Independientemente de la lente con que analices estos cambios, no puedes dislocar la reforma a la Ley de Amparo como un hecho aislado, una ocurrencia legislativa, es un cambio profundo que se inserta en la nueva estructura geopolítica que estamos experimentando en todo el mundo, sin duda, una reforma de gran calado.

X: @riclandero

Durante años se vendió la idea de un cambio. Se habló de salida, de transición, de oportunidad histórica. Se generó expectativa. Se sembró esperanza. Pero lo que ocurrió fue otra cosa: un reacomodo funcional, un cambio de manos para que nada cambiara en el fondo. Y en ese proceso hubo actores que no solo observaron: intervinieron, prometieron, se presentaron —directa o indirectamente— como facilitadores de una salida. No lo eran.

Estados Unidos —con Donald Trump en el momento clave— no actuó como libertador. Actuó como operador. No entró para liberar a un pueblo oprimido: entró para reposicionarse, asegurar influencia, reordenar intereses energéticos y políticos frente a otros bloques. Hizo como que hacía, vendió presión, simuló acción y, en el fondo, negoció con los mismos engranajes que sostienen la opresión. No fue intervención para la libertad. Fue transacción. Se manipuló la expectativa, se administró el conflicto, se compraron tiempos, se toleraron nuevos operadores, se recicló el sistema. Y mientras tanto, el pueblo siguió igual. Oprimido.

Europa no confrontó, Rusia y China aprovecharon, América Latina se replegó, la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas hablaron sin alterar nada. No hubo vacío: hubo acuerdo tácito. Dejar que Venezuela funcione mientras no incomode demasiado. Ese es el verdadero pacto, no escrito pero evidente. Y en ese pacto, el ciudadano venezolano no cuenta: es variable, es daño colateral.

¿Y los derechos humanos? ¿Dónde están las organizaciones que dicen defenderlos? ¿Dónde están los líderes que los enarbolan cuando conviene? Siguen los presos políticos. Liberaron a unos cuantos para construir narrativa, no para cambiar la realidad. La opresión sigue. La falta de libertades sigue. La persecución se adaptó, no desapareció. Y junto a esa opresión, la miseria extendida convive con la opulencia de los favorecidos, de los que sí ganaron en este reacomodo. Ese es el verdadero retrato: un país contenido desde fuera y exprimido desde dentro.

Incluso la voz moral que debería incomodar más ha quedado reducida a exhortación. El Papa insiste en la dignidad humana, en el límite ético del poder, en la urgencia de poner a la persona en el centro. Pero sus palabras chocan contra un sistema internacional que ya no responde a principios, sino a intereses. Y cuando la ética habla y el poder calcula, la ética queda aislada.

La realidad es brutal en su claridad: la estructura autoritaria sigue operando, la crisis económica no cede, la precariedad se volvió rutina, la represión se volvió método. Nada esencial cambió. Y eso no es casualidad: es diseño. Cuando todos los actores relevantes coinciden en que cambiar el fondo es más costoso que tolerarlo, el problema deja de ser crisis y se convierte en sistema.

Pero hay algo que no están midiendo, o peor, que están decidiendo ignorar. Venezuela no es un sistema estable: es una olla express. Presión social, presión económica, presión política acumulada durante años. Y la presión no desaparece: se acumula, se intensifica, se acerca al límite. La inconformidad no murió: se contuvo. Y lo contenido no se disuelve: se transforma.

¿Puede el pueblo volver a levantarse? Sí. No necesariamente con liderazgo claro, no necesariamente con estrategia definida, pero sí con la fuerza suficiente para romper el equilibrio artificial que hoy se sostiene. Y cuando ocurre, no pide permiso. No será ordenado, no será controlado, no será negociado. Será ruptura.

Eso implica desborde interno, choque social, escenarios de violencia, fragmentación del poder. Hacia afuera, una nueva ola migratoria de millones, presión sobre países vecinos, tensión regional inmediata, un efecto dominó que ningún cálculo previo podrá contener. Ese es el costo real. Y no lo pagarán quienes calcularon: lo pagará la gente, dentro y fuera de Venezuela.

Porque ningún sistema de opresión administrado desde fuera se sostiene indefinidamente desde dentro. Lo que sigue no es estabilidad: es acumulación de ruptura. Y cuando esa ruptura llegue, no vendrá de Washington, ni de Bruselas, ni de Moscú, ni de Pekín. Vendrá de la calle.

El error ya no es no haber resuelto el problema. El error es haber engañado a un pueblo haciéndole creer que lo estaban resolviendo. Porque cuando se juega con la expectativa de libertad y se sustituye por control, el costo no es político: es histórico.

Y entonces, lo que hoy se vende como control se convertirá en detonación. No será culpa de un solo tirano. Será responsabilidad de todos los que decidieron administrar la opresión en lugar de terminarla.

Y cuando ocurra, ya no habrá gestión ni contención. Habrá ruptura. Y las rupturas no distinguen responsables: arrasan.

X: @salvadorcosio1 o @chavacosio | Correo:Opinion.salcosga23@gmail.com

La libertad de prensa no es una propiedad de los medios, sino un derecho de la ciudadanía. Es la herramienta que nos permite asomarnos a las decisiones que nos afectan, cuestionar lo establecido y dar voz a quienes han sido silenciados por el poder o la indiferencia. Hoy esa libertad enfrenta amenazas que van desde la violencia directa hasta el sutil acoso en redes sociales y la desinformación programada.

Cuando la prensa retrocede, la oscuridad avanza. Una o un periodista que puede preguntar sin miedo es la garantía de que la transparencia no sea solo un discurso, sino una realidad tangible. Proteger este oficio es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos y a nuestra capacidad de decidir sobre nuestro futuro con conocimiento de causa.

La construcción de una sociedad más justa y transparente no es tarea de un solo sector, sino un compromiso colectivo que requiere valentía y empatía. Hoy más que nunca, es vital que juntos y juntas impulsemos un entorno donde la palabra sea libre, la verdad sea el norte y el respeto a la información sea la base de nuestra democracia.

Jennifer Islas, política y conferencista

La justicia social es imperante. Las y los activistas de derechos humanos alzamos la voz ante diversas violaciones que se siguen cometiendo -en la época contemporánea- que afectan severamente a la niñez. 30 de abril, día de la niña y el niño en México.

Es fundamental que los gobiernos coordinadamente con el sector empresarial, instituciones públicas, la sociedad en general, operen para trabajar por el bien común de las personas, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad; por la niñez.

Las políticas públicas y leyes tienen que ser elaboradas por expertos multidisciplinarios, no por politiqueros que solo buscan perpetuarse en el poder y enriquecerse sin importar las problemáticas que acechan diariamente a la niñez.

Trabajar por el bien común forma parte de la justicia social que se busca alcanzar, para respetar los derechos humanos de niñas y niños, a través de la elaboración e implementación de leyes y políticas públicas que beneficien a los menores de edad desde sus hogares. Asimismo, por la niñez institucionalizada y los que se encuentran en situación de calle.

La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revela que en México -aproximadamente- hay 40 millones de niños, niñas, 35% de la población, y más de la mitad se encuentra en pobreza (51.1%).

Las cifras son alarmantes. Asimismo, en el Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2025 “Poner fin a la pobreza infantil: Un imperativo universal”, la UNICEF dio a conocer que “más de 400 millones de niños y niñas en todo el mundo viven en la pobreza y no pueden satisfacer al menos dos necesidades diarias como la nutrición y el saneamiento”.

La pobreza abarca diversas problemáticas: hambre, hambruna, escasez de agua, viviendas en condiciones deplorables o vivir en las calles, consumo de drogas lícitas e ilícitas, deserción escolar, matrimonios infantiles, violencia psicológica, física, sexual; conductas criminógenas.

No permitamos que la falta de empatía nos obligue a quedarnos de brazos cruzados ante las injusticias que se viven con la niñez a nivel mundial, el respeto a los derechos humanos es responsabilidad de todas y todos. Resulta deplorable normalizar la violencia y las conductas delictivas; nadie está exento de vivir violaciones a los derechos humanos.

La UNICEF solicitó en 2018: “Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes asistan a la escuela y aprendan. Fortalecer los mecanismos de evaluación formativa de niños, niñas y adolescentes y de docentes, pertinentes a sus contextos y entornos. Diseñar modelos de inclusión escolar que permitan a niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela reinsertarse con éxito en el sistema educativo”.

La igualdad de oportunidades es un principio de dignidad humana. La politiquería que en diversos lugares realizan las y los gobernantes abre más la brecha para alcanzar el desarrollo sostenible. En México hay más de 20 millones de niños y niñas viviendo en la pobreza.

“Rigoberta Menchú, laureada mexicana con el Premio Nobel de la Paz, contribuirá a la SRE con el diseño de una política integral destinada a promover y proteger los derechos de las mujeres y comunidades indígenas”

SRE

El nombramiento de la SRE, realizado en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, responde a la directriz impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, contribuirá al diseño de una política integral que promueva la igualdad sustantiva, la interculturalidad y la protección de comunidades indígenas, afromexicanas y de los derechos de las mujeres.

Rigoberta Menchú protegerá los derechos de las mujeres y comunidades indígenas en la SRE

En un comunicado, la SRE informó que el nombramiento de Rigoberta Menchú como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas forma parte de la directriz promovida desde la presidencia.

En ese sentido, se establece que su designación tendrá el objetivo de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales de la acción internacional de México.

Entre las funciones de Rigoberta Menchú, también ganadora del Premio Nobel de la Paz, está contribuir al diseño de una política integral enfocada en:

• Promover y proteger los derechos de las mujeres
• Impulsar medidas a favor de pueblos y comunidades indígenas
• Incentivar la protección de derechos de sectores afromexicanos

Rigoberta Menchú agradece nombramiento de la SRE

En sus redes sociales, Rigoberta Menchú agradeció la designación como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

“Representa para mí un desafío y una plena dignificación en lo personal y en las diversas luchas de las mujeres y de los pueblos indígenas de México y del mundo. Lo acepto como una misión histórica y lo llevaré con responsabilidad", sostuvo.

Yo tengo una casita que es así y así

Que por la chimenea sale el humo así y así

Canción infantil popular

Recuerdo la letra de esa canción infantil, que cuando mi hija era pequeña solíamos cantar y me vienen a la mente aquellos lejanos recuerdos en los que, ella siendo una bebé, mi principal preocupación era que creciera en una casa con enormes jardines, que fuera amplia y en una zona segura.

Y es que aunque sabemos que el derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución, tener una casa propia es, cada vez más, un sueño guajiro, más aún si vives en la Ciudad de México, donde rentar también es una odisea.

Las cifras no mienten: el mercado de vivienda de alquiler en la capital del país ha sufrido transformaciones drásticas en la última década, generando una crisis de accesibilidad que afecta a millones de hogares y que justifica plenamente la creación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles anunciada por la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Sí, esta ley está plenamente justificada en una ciudad donde los costos de alquiler han crecido exponencialmente, lo mismo que la demanda, sin que haya un justo equilibrio entre lo que cuesta alquilar una casa o departamento y los otros gastos que debe cubrir una familia.

Tan grave es, que si se destina más del cincuenta por ciento de lo que se gana a pagar la renta, las personas se quedan casi sin comer, sin cubrir gastos de salud, educación o transporte, comprometiendo su bienestar y su desarrollo.

Así, este incremento en la demanda vino acompañado de alzas desmedidas en los costos: entre 2019 y 2023, en algunas zonas de la capital las rentas subieron más del 30%, un ritmo muy superior al crecimiento de los salarios y al aumento del poder adquisitivo de las familias.

La presión sobre los bolsillos se explica también por la evolución del valor de los inmuebles: el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, lo que ha impulsado los montos de alquiler al alza, al estar vinculados al valor comercial de las propiedades. Este escenario ha generado una brecha de desigualdad que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la población.

Estas cifras son precisamente el punto de partida de la reforma constitucional que busca crear nuevas reglas en el mercado inmobiliario. La iniciativa no solo pretende frenar los incrementos injustificados, sino también evitar que la gentrificación siga desplazando a las familias de sus colonias, como ha ocurrido en zonas que en pocos años han visto cómo los costos de la vida se vuelven inalcanzables para sus habitantes originales.

La propuesta para crear la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, es un marco normativo diseñado para proteger los derechos de más de dos millones de capitalinos que dependen de una vivienda de alquiler, además de frenar el avance de la gentrificación que ha desplazado a familias enteras de sus lugares de origen.

Tal es el caso de la colonia Roma, donde la presencia de extranjeros es cada vez mayor. No hace mucho, mientras hacía unas compras en el Mercado de Medellín, uno de los locatarios me comentó cómo ha dejado de ver clientes que se han mudado a otra zona, pues la renta se los estaba devorando. “Puro fuereño hay por acá “, me dijo.

En esta nueva propuesta, con seguridad hay voces en contra.

Estoy casi segura que muchos "alucinógenos" (por aquello de los alucines), estarán poniendo el grito en el cielo, asegurando que los propietarios saldrán perjudicados, pero la realidad es que no. Se pretende proteger los derechos de los inquilinos sin afectar los derechos o intereses legítimos de los propietarios de inmuebles. El objetivo central es establecer reglas claras que eliminen abusos, como incrementos desmedidos en los precios de alquiler, desalojos injustificados o condiciones de habitabilidad precarias, sin impedir que los dueños obtengan una retribución justa por su patrimonio.

Para hacer realidad este equilibrio, la reforma contempla la creación de la Defensoría de los Derechos Inquilinarios, un organismo especializado que será mediador y regulador en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios.

Se pretende, quiero entender, que también se evitarán los desalojos violentos o que terminen en tragedia como la de doña Carlota y su familia.

“Será toda una reforma legal de vanguardia a nivel mundial, en cuanto al derecho a la vivienda”, echó las campanas al vuelo Clara Brugada, quien dijo que con esta medida, la CDMX busca posicionarse como referente en políticas públicas que garantizan el acceso a una vivienda digna, un derecho consagrado en tratados internacionales y en la propia Constitución mexicana.

Suena bien, habrá que ver.

Seguramente usted como yo está pensando que sobre la marcha iremos viendo muchos asegunes, como por ejemplo, que el precio elevado de las rentas ya están ahí, ¿los bajarán? Imposible. Además, algo que me parece terrible es la cantidad grosera de requisitos que se piden para poder rentar, donde además de la renta y el depósito inicial, tienes que pagar un dineral por un contrato legal que te exigen para investigar si eres solvente, si no tienes deudas bancarias, entre otras cosas. A veces pagas hasta cinco mil pesos por este detallito y si no eres el elegido o la elegida, adiós dinero.

Negociazo, sin duda, porque si van cien personas a ver el inmueble, el dueño y sus abogados salieron ganando.

La iniciativa pasará al análisis del Congreso de la Ciudad de México, donde se abrirán espacios de diálogo con todos los actores involucrados: inquilinos, propietarios, expertos en derecho urbano y organizaciones sociales. Desde ahí veremos qué tan bien o tan mal resulta esto.

La meta es aprobar un marco normativo que responda a las necesidades reales de la población y que marque un antes y un después en la forma en que se gestiona el mercado de alquiler en la capital.

Es necesario, es justo y es urgente que así sea.

El alto comisionado señaló que México cuenta con un marco jurídico e institucional de “gran potencial” que sirve como referencia internacional, pues en el modelo se incluye la participación de las víctimas.

Cabe mencionar que, durante su visita, Volker Türk sostuvo reuniones con colectivos de búsqueda y organizaciones en la defensa de los derechos humanos; los desaparecidos en México fue un tema centran en el diálogo.

Volker Türk destaca protección a periodistas y defensores en México tras visita oficial

Volker Türk reconoció que el país ha avanzado en su modelo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así lo informó el gobierno de México en un comunicado.

El alto comisionado de la ONU destacó que México tiene un marco jurídico e institucional que permite el mecanismo de protección para estos actores.

Asimismo, Volker Türk habría señalado que son tales los avances en materia de protección a periodistas y defensores en México, que el país se ha llegado a convertir en un referente mundial.

Pese a estas declaraciones, la periodista Marion Reimers denunció recientemente que Gobernación no ha cumplido con el mecanismo de protección que se le otorgó por violencia digital.

Marion Reimers acusó que la única acción que se implementó de “protección” fue el envío de una patrulla a su domicilio; sin embargo, el mecanismo exige velar por la prevención y un acompañamiento real.

“No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México resaltó que existe la disposición para fortalecer el trabajo conjunto con la ONU para avanzar en distintos temas relacionados con derechos humanos.

Claudia Sheinbaum coincide con Volker Türk en no politizar desapariciones en México

Tras la visita de cuatro días de Volker Türk, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de atender el fenómeno de las desapariciones desde una perspectiva centrada en las víctimas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum coincidió con el planteamiento del Alto Comisionado, quien hizo un llamado a no politizar las desapariciones.

Claudia Sheinbaum resaltó que la atención debe centrarse en las víctimas y en el fortalecimiento institucional, sin trasladarlo al debate político.

“De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas. Pues, su declaración fue esa, me parece muy pertinente, ¿no? No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que, evidentemente, nos ocupa a todos”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno reconoce el delito de desaparición en el país y mantiene acciones para fortalecer su atención.

Claudia Sheinbaum destacó que durante su reunión con Volker Türk tuvo la oportunidad de explicarle a la estrategia que ha seguido su gobierno para enfrentar el tema de las desapariciones.

Desde la construcción del registro de personas desaparecidas hasta el fortalecimiento del trabajo de las fiscalías en materia de búsqueda.

Claudia Sheinbaum destaca apertura de Volker Türk a una colaboración entre México y la ONU

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum dejó en claro que la agenda de Volker Türk en México no solo se limitó al tema de las desapariciones.

Y es que si bien fue un tema central que abordaron ya que Volker Türk tuvo reuniones con instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con víctimas.

También sostuvo encuentros con diversas instituciones y sectores, además de revisar políticas públicas en distintos ámbitos.

Claudia Sheinbaum resaltó que Volker Türk quedó sorprendido durante su visita al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por la forma en que se realizan las consultas indígenas bajo metodologías establecidas por Naciones Unidas.

“No solo venía al tema de desaparecidos, sino venía también a revisar otros temas; estuvo con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quedó muy sorprendido de cómo realizamos las consultas indígenas, cómo llevamos a cabo la metodología establecida por Naciones Unidas, del presupuesto que estamos destinando a pueblos indígenas, de la modificación al segundo constitucional, de la nueva ley que va a entrar a consulta, de los pueblos indígenas”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Destacó que existe disposición para fortalecer el trabajo conjunto a través de la representación de Naciones Unidas en México para avanzar en distintos temas relacionados con derechos humanos.

Claudia Sheinbaum informó que se pidieron varias colaboraciones a Volker Türk, sobre distintos temas:

• Pueblos indígenas
• Protección de activistas
• Desapariciones
• Otros asuntos relacionados con los derechos humanos en México

“Y él se mostró muy amable en el sentido de, a través de su representación en México y la representación de Naciones Unidas, abrir todos estos canales de colaboración”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Volker Türk resaltó que la inquebrantable valentía, fortaleza y resiliencia de familias de desaparecidos lo inspiran profundamente, por lo que exigió justicia.

“Aún más difícil es comprender su dolor y sufrimiento. Su inquebrantable valentía, fortaleza y resiliencia me inspiran profundamente; su búsqueda de la verdad y la justicia debe ser satisfecha”

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Tras reunirse con familias de desaparecidos, Volker Türk reconoce su dolor y exige justicia

En su gira de trabajo por México, Volker Türk se reunió con colectivos de búsqueda para abordar la crisis de desapariciones que afecta al país.

Durante los encuentros en el Centro Cultural de España en México, el funcionario reconoció el profundo sufrimiento de las familias y la urgencia de garantizar verdad y justicia.

A través de un mensaje público, Volker Türk destacó que era difícil encontrar las palabras que pudieran describir su encuentro con familiares de personas desaparecidas en México.

“Es difícil encontrar las palabras para describir mis intercambios de hoy en México”

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El Alto Comisionado reconoció el dolor de las familias de personas de desaparecidos, a quienes manifestó su solidaridad.

Volker Türk destacó la fortaleza, resiliencia y persistencia de los colectivos de búsqueda, subrayando que su demanda de verdad y justicia debe ser atendida.

Volker Türk realiza una gira en México por desapariciones en el país

Volker Türk reconoció la gravedad de la crisis de desapariciones en México y exigió justicia tras escuchar los testimonios de las familias.

Como parte de su agenda, Volker Türk también se reunió con autoridades, organizaciones civiles y representantes del Poder Judicial para evaluar la respuesta institucional frente a las desapariciones.

El Alto Comisionado continuará con su agenda para esta semana, que incluye una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum el 22 de abril en Palacio Nacional.

La llegada de Volker Türk ocurre en medio de la discusión internacional sobre la crisis de desapariciones en México.

Ante este panorama, la Organización de las Naciones Unidas ha solicitado formalmente al gobierno mexicano aclarar si estos eventos constituyen una práctica generalizada o sistemática.

Este movimiento responde a la activación del artículo 34, una herramienta legal diseñada para evaluar violaciones graves a los derechos humanos.

El Gobierno mexicano expresó diferencias con el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), pero señaló que se mantiene abierto al diálogo y colaboración.

“Ayer nos reunimos durante un buen lapso, ahí en la Secretaría de Gobernación, con el Alto Comisionado de la ONU que llegó de Ginebra, y con su equipo de trabajo”

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Durante la conferencia matutina del 21 de abril, la titular de la Secretaría de Gobernación destacó que el encuentro con Volker Türk se desarrolló en un ambiente respetuoso y abordó temas como el sistema de derechos humanos en México, migración, víctimas y protocolos de búsqueda.

En nombre del Gobierno de México, refrendó el compromiso de continuar colaborando con organismos internacionales y negó confrontación con Naciones Unidas.

Gobierno de México refrenda su cooperación y compromiso con el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos

Rosa Icela Rodríguez, en nombre del Gobierno de México, manifestó a Volker Türk la convicción de continuar trabajando con todos los organismos internacionales como hasta el día de hoy.

“Fue un gran compromiso de colaborar, no solamente por una cuestión de ley, de orden legal, sino la convicción de estar trabajando permanentemente en una relación con respeto y restricto de derechos humanos”

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Rosa Icela Rodríguez niega confrontación con la ONU por reporte de personas desaparecidas

A principios de este mes de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), argumentando que no considera información oficial y se basa en datos desactualizados.

Ante esto, Rosa Icela Rodríguez negó haber tocado el tema con Volker Türker; sin embargo, dijo haber manifestado la posición del Gobierno de México, de colaborar plenamente con todos los organismos de las Naciones Unidas.

Desde la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nos hemos dado a la tarea de investigar la veracidad de este contenido. Hemos tenido acercamientos directos con despachos y creadores que encabezan esta tendencia, como es el caso de “Los Embargadores” y “Los Solucionistas”. Tras analizar su operatividad y la documentación de sus casos, podemos confirmar que sus diligencias son totalmente reales.

El derecho del acreedor vs. el derecho del deudor

Es vital establecer una distinción clara: aunque hemos verificado la autenticidad de sus procesos, estos despachos y nuestra Organización representan intereses opuestos. Mientras que figuras como “Los Embargadores” actúan legítimamente en favor de bancos u otros acreedores para recuperar activos, nuestra labor es la protección y defensa de quien debe.

Reconocer que sus videos son verídicos no es un gesto de camaradería, sino un ejercicio de honestidad profesional. Hay que ser realistas: ningún abogado en su sano juicio utilizaría sus redes sociales como plataforma para exhibir un acto ilegal. Grabar una diligencia que no cuenta con un ordenamiento judicial sería entregarle al adversario las pruebas necesarias para una demanda penal o administrativa en bandeja de plata.

El peligro del “exceso de confianza”

El peor enemigo de una persona con deudas no es el abogado que toca a su puerta, sino la mala asesoría. En México, existe un fenómeno de desinformación alimentado por el “clásico consejo” del amigo, el compadre o el familiar que, con buena intención pero nulo conocimiento legal, asegura frases peligrosas como:

- “En México los embargos son ilegales”.

- “Por una tarjeta de crédito no te pueden hacer nada”.

- “Solo si debes más de 100 mil pesos te pueden demandar”.

Estas afirmaciones son mitos que generan un exceso de confianza fatal. La realidad es que cualquier deuda documentada en un título de crédito es demandable, y estos videos son la prueba fehaciente de que el sistema judicial, cuando se activa, no se detiene por leyendas urbanas.

Cómo evitar ser “la próxima estrella” de las redes sociales

Para no terminar como el protagonista de un video dramático de cobranza, la prevención es la única estrategia infalible. Nadie llega a una ejecución de embargo de la noche a la mañana; siempre hay señales y etapas procesales que permiten maniobrar.

El papel de la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor es, precisamente, evitar que el deudor llegue a esos extremos de vulnerabilidad. Nuestra labor consiste en brindar el contrapeso legal necesario para que, en lugar de una mudanza forzada frente a una cámara de celular, exista una negociación justa, una defensa técnica sólida y una salida digna al problema financiero.

Conclusión:

¿Son reales los embargos en redes sociales? Absolutamente. Pero que sean reales no significa que sean inevitables. El drama que vemos en video es, casi siempre, el resultado de una deuda en abandono y una defensa inexistente. En la era del morbo digital, la mejor protección no es dudar de lo que vemos, sino entender que mientras los acreedores tienen a sus ejecutores, los deudores tienen el derecho —y la obligación— de buscar una defensa profesional que equilibre la balanza.

A continuación, presentamos un extracto de nuestra conversación con Carlos:

Organización Nacional de la Defensa Del Deudor (ONDDD): Carlos, gracias por aceptar esta entrevista. Para empezar, ¿cómo es que alguien termina trabajando en un despacho de cobranza? ¿Qué expectativas se tienen al inicio?

Carlos: pues yo entré pensando que era un call center normal, como cualquier trabajo de esos. Pero la verdad, la realidad te golpea desde el primer día. La orden es clara: aquí lo único que importa es sacar dinero. El sueldo base es muy bajo, apenas para vivir. Lo que de verdad te motiva son las comisiones. Si no recuperas, no ganas. Y si no sacas algo dos meses seguidos, te despiden. Así de simple. Uno aprende rápido que si el deudor paga, uno tiene para comer. Es mucha presión, ¿sabes?

ONDDD: esa presión interna que mencionas, ¿se traduce en una capacitación para intimidar o presionar a los deudores? ¿Les enseñan técnicas específicas?

Carlos: oficialmente, no. En realidad no hay una “capacitación” como tal, solo te dan las bases con la información y casi, casi de inmediato empiezas a chambear. Obvio te dicen lo básico del trabajo, pero nada más. La verdad, la verdadera “escuela” la aprendes con los compañeros que llevan tiempo ahí. Ellos son los que te enseñan los trucos, las frases. Te dicen cómo hablarle a la gente para que sientan la presión, para que crean que el problema ya es grave. Aprendemos a decir cosas como que el caso “ya está en proceso legal” o que “la visita ya está autorizada”. Sabemos que eso no es cierto, pero lo decimos bien seguro para que el deudor sienta que ya no tiene salida.

ONDDD: ¿cómo saben cuándo es el momento de aumentar la presión? ¿Hay alguna señal que buscan en la reacción del deudor?

Carlos: sí, claro. Es por cómo reacciona la gente. Si lo oyes nervioso, que no sabe qué decir, que empieza con sus excusas o a poner pretextos... ahí sabemos que ya cayó. Entonces le subimos el tono. Le decimos que la cuenta está en “negativa de pago”, que “puede haber un embargo”, o que la situación “iremos a su casa”. El objetivo es que el deudor pague algo, lo que sea, ese mismo día o sacarle una promesa de pago aunque sea.

ONDDD: una queja recurrente es sobre las llamadas al trabajo. ¿Qué sucede cuando un deudor pide explícitamente que no se le llame a su empleo?

Carlos: ahí es donde insistimos más. Suena mal, pero así funciona. Si alguien te dice “no me llames al trabajo porque me pueden despedir”, muchos de nosotros lo tomamos como una señal para presionar. Sabemos que por ahí le duele, que es su punto débil. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos más a ese número. Porque si el deudor siente que su trabajo está en riesgo, es más probable que pague.

ONDDD: ¿y qué pasa cuando llaman a un número y la persona que contesta no es el deudor, a veces ni lo conoce y explica que no es la persona que buscan?

Carlos: eso, la verdad, no nos interesa mucho. Si alguien contesta, significa que la línea está activa. Y si la línea está activa, pues insistimos. No importa si nos dicen que no es el deudor o que no lo conocen. Para nosotros, esa es una oportunidad. A veces la gente se harta de que les marquen y terminan buscando al deudor para que pague y ya no les molesten. Es más, a veces esa misma persona paga con tal de que ya no la molestemos. Mientras haya una respuesta, vamos a seguir llamando a ese número, no nos importan mucho sus explicaciones.

ONDDD: ¿y qué papel juegan las referencias personales que se proporcionan al solicitar un crédito? ¿También se utilizan como herramienta de presión?

Carlos: sí, claro. También para presionar. Cuando el deudor no contesta o no se deja localizar, le empezamos a marcar a las referencias. A veces les decimos cosas que los asustan, como que el caso “está muy avanzado” o que el deudor tiene “un problema serio con la deuda”. Incluso les hacemos creer que son avales o responsables de la deuda, aunque no lo sean. Muchas veces esas personas ni sabían que estaban como referencia. Pero la idea es que ellos presionen al deudor para que pague.

ONDDD: finalmente, hemos recibido muchos reportes de deudores que pagaron un “convenio” que luego resultó no existir. ¿Es una práctica común?

Carlos: sí, eso pasa mucho. Cuando el deudor se resiste mucho, le ofrecemos un “convenio especial”. Les decimos que si depositan cierta cantidad de dinero, se detiene el proceso o se congela la cuenta. El deudor, desesperado, va y deposita pensando que ya resolvió algo. La verdad la mayoría de las veces es un engaño para sacar ese pago. El dinero entra como un pago normal, uno cobra su comisión... y el deudor sigue con la deuda. Lo vi varias veces. Mejor no nos crean y pidan todo por escrito.

ONDDD: Carlos, agradecemos tu testimonio. Es información que seguramente servirá a muchas personas.

El testimonio de Carlos es revelador. Nos muestra que detrás de cada llamada de cobranza, a menudo hay un sistema diseñado para explotar el miedo y la vulnerabilidad, impulsado por metas agresivas y comisiones. El cobrador no es, en la mayoría de los casos, un experto legal, ni mucho menos tiene capacidad para embargar, sino un eslabón en una cadena de presión.

Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, queremos reiterar que las deudas pueden y deben pagarse, pero siempre con transparencia y respeto. Es fundamental que los deudores conozcan sus derechos:

* Un despacho de cobranza no puede embargar sus bienes por sí mismo. Solo un juez, a través de un proceso legal, puede ordenar tal acción.

* Nunca realice un pago sin un convenio formal y validado correctamente.

* Las amenazas, intimidaciones, engaños o el acoso constante son prácticas ilegales y pueden y deben ser denunciarse ante las autoridades competentes, como la CONDUSEF.

Cuando el deudor comprende cómo funciona este sistema desde adentro, el miedo deja de ser la herramienta principal de la cobranza. Si usted se encuentra en una situación de deuda y siente que está siendo víctima de estas prácticas, no dude en acercarse a las autoridades competentes y, por supuesto, a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor. Estamos aquí para brindarle la información y el apoyo que necesita para defender sus derechos y encontrar una solución justa.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ordenó congelar sus bienes y prohibió transacciones financieras.

Organizaciones cuestionaron la falta de transparencia en las imputaciones, mientras el caso revive tensiones entre seguridad nacional y defensa de derechos humanos.

Ramos también fue víctima de espionaje con Pegasus, situación confirmada por filtraciones y aún sin responsables sancionados.

Ordenan congelar bienes de Jesús Raymundo Ramos

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ordenó congelar bienes y prohibió transacciones con Jesús Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos.

Jesús Raymundo Ramos fue señalado de liderar campañas de desinformación contra autoridades mexicanas, aunque no existen acusaciones formales ante tribunales ni documentos oficiales que respalden las imputaciones difundidas recientemente.

La medida incluyó el bloqueo de activos en Estados Unidos y restricciones financieras, mientras organizaciones cuestionaron la falta de transparencia en las acusaciones contra Jesús Raymundo Ramos.

El Tesoro afirmó que Ramos actuaba en beneficio del Cártel del Noreste, grupo considerado organización terrorista, aunque no detalló evidencias específicas que sustenten dicha relación.

En Nuevo Laredo, donde opera el CDN, se registran entre 2 mil 300 y 2 mil 700 desapariciones acumuladas desde 2010, según cifras oficiales.

Diversos analistas advierten que el caso refleja tensiones entre seguridad nacional y defensa de derechos humanos en una región marcada por violencia y presencia del crimen organizado.

Caso Pegasus: espionaje militar contra Jesús Raymundo Ramos sigue sin resolverse

Entre 2020 y 2021, el teléfono de Jesús Raymundo Ramos fue intervenido con Pegasus mientras investigaba abusos militares, situación confirmada posteriormente por organizaciones especializadas en ciberseguridad y derechos digitales.

Filtraciones conocidas como “Guacamaya” revelaron que era objetivo de interés para el Ejército, reforzando denuncias de vigilancia directa durante investigaciones sensibles relacionadas con fuerzas armadas.

Hasta 2026, el caso permanece abierto sin responsables sancionados, consolidándose como un referente sobre espionaje a activistas en México y la falta de resoluciones judiciales claras.

Es doloroso aceptar que millones de infancias enfrentan hoy una realidad que les arrebata el derecho a ser niños y niñas. La calle no debería ser un hogar, ni el hambre una compañera de juegos. Cuando un niño o una niña vive a la intemperie, se vulneran en cascada sus derechos más básicos: el acceso a una educación que le abra puertas, la seguridad económica que le brinde estabilidad, el tejido social que lo sostenga, el derecho a la salud y el calor familiar que le dé identidad.

El gobierno tiene la obligación ineludible de hacerse responsable. No basta con la caridad momentánea, se requieren políticas públicas integrales que garanticen sus derechos de forma permanente. Es urgente que el Estado castigue con firmeza a quienes los tienen en situación de calle y a quienes lucran con su vulnerabilidad. La omisión también es una forma de violencia.

La calle no cría, la calle solo impone la sobrevivencia. Hoy, el llamado es a la reflexión, pero sobre todo a la acción exigente. No podemos llamar “progreso” a un mundo donde un niño o una niña duerme sobre cartones y/o trabaja en lugar de disfrutar su niñez.

Urge hacer un pacto inquebrantable sociedad y gobierno en el que juntas y juntos impulsemos un entorno donde ningún niño, ninguna niña tenga que pedir permiso para soñar, porque su único lugar seguro debe ser el abrazo de una sociedad que los protege y el respaldo de un Estado que les cumple.

Esto significa que el Proyecto Saguaro, proyecto de exportación de gas hacia Asia, debe detener el tránsito de buques en la zona.s

Jueza ordena suspensión al Proyecto Saguaro en el Golfo de California

Una jueza otorgó suspensión definitiva que impide el ingreso de buques a sus aguas, vinculados al Proyecto Saguaro, diseñado para exportar más de 15 millones de toneladas anuales de gas.

La medida cautelar ordena detener el tránsito de estas embarcaciones hasta que se emita una sentencia final, toda vez que se determinó que existe riesgo para las ballenas en el Golfo de California.

Entre los más de 10 juicios de amparo que tienen detenida la construcción de la Planta de Licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL), Proyecto Saguaro, destacan:

• Colisiones con embarcaciones, debido a que los buques que transportan combustibles miden más de 300 metros y representan un riesgo de choques, una de las principales causas de muerte de ballenas a nivel global
• Contaminación acústica, pues el ruido de motores y operaciones altera la comunicación y rutas migratorias de delfines y ballenas
• Alteración del hábitat, toda vez que el Golfo de California es una zona de reproducción y alimentación de cetáceos, por lo que el tránsito constante de buques podría modificar patrones de comportamiento

Qué cambió

La jurisprudencia 2a./J. 46/2018 exigía orden judicial para bloqueos nacionales; solo los de origen internacional podían prescindir del juez. Era la garantía de que si el gobierno quería tocar su cartera, primero debía pedir permiso a un juez. Hoy, la mayoría validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito y redefinió el bloqueo como «medida administrativa preventiva», no como sanción. En términos llanos: el gobierno congela su dinero primero y le da explicaciones después. Como un restaurante que cobra antes de mostrar el menú y luego le dice que puede quejarse con el mesero —que resulta ser el dueño—.

Por qué es problemático

El Poder Judicial existe para equilibrar la enorme fuerza del Estado con los derechos de los gobernados. Los artículos 14 y 16 constitucionales y el 8.1 de la Convención Americana exigen que nadie sea privado de sus derechos sin juicio ante tribunal independiente. Decir que un bloqueo no es «privación» sino «medida cautelar» es tan convincente como decir «no te estoy despidiendo, te estoy liberando para que persigas tus sueños». Una persona con cuentas congeladas no puede vivir. Punto.

La ley otorga cinco días para solicitar audiencia y diez para ofrecer pruebas —ante la propia UIF—. Es decir, la misma autoridad que bloqueó juzga si el bloqueo fue correcto: el árbitro es también delantero del equipo contrario. La Corte Interamericana ha sido enfática: cuando una medida afecta gravemente derechos patrimoniales, debe existir revisión judicial pronta e independiente, no un procedimiento ante el propio órgano que restringe.

La mayoría citó los estándares del GAFI para justificarse, pero lo hizo editando más que interpretando: el GAFI permite congelamiento expedito en urgencias, pero siempre con revisión judicial independiente inmediata, criterios legales claros y proporcionalidad temporal. Jamás ha recomendado poder discrecional ilimitado sin juez. Citar al GAFI aquí es como citar las reglas de tránsito para justificar que alguien maneja en sentido contrario.

El patrón que preocupa

Esto no ocurre en un vacío. En años recientes, la UIF ha usado el bloqueo como herramienta de presión política: opositores, periodistas y organizaciones civiles han visto sus cuentas congeladas sin proceso penal ni denuncia formal. La UIF bloqueaba primero y explicaba nunca. Validar esta facultad sin controles judiciales robustos es entregarle al Ejecutivo un arma de destrucción financiera selectiva. Y la resolución se inscribe en un patrón más amplio: una Corte que, desde la reforma judicial, mueve la portería sistemáticamente a favor del poder y en contra del gobernado. Los tres ministros disidentes —Guerrero García, Figueroa Mejía y Esquivel Mossa— lo advirtieron: no hay parámetros claros, no hay límites rígidos, no hay certeza para el ciudadano. Tres voces de razón en un tribunal de nueve. Suficiente para que conste en actas; insuficiente para proteger sus derechos.

A todos nos toca

Nadie serio está en contra de combatir el lavado de dinero. Pero las democracias se distinguen de los regímenes autoritarios en cómo lo hacen: con garantías, con jueces independientes, con contrapesos. Un gobierno que puede congelar el patrimonio de cualquier persona sin pasar por un juez no es eficiente; es peligroso. Hoy, cualquier persona en México está a un oficio de la UIF de distancia de ver sus cuentas bloqueadas, sin Ministerio Público, sin juez, sin denuncia. Y una vez bloqueado, es usted quien debe demostrar su inocencia ante la misma autoridad que lo congeló. Esto no es Estado de Derecho; es Estado de sospecha permanente.

Cuando una Corte Suprema deja de ser contrapeso del poder y se convierte en su validadora, por más que envuelva la sentencia en papel de regalo con moño de «proporcionalidad», quien pierde siempre es el ciudadano de a pie. Hoy perdimos todos un poco. Aunque algunos lo descubrirán recién cuando intenten usar su tarjeta de débito.

Las restricciones de internet, las ejecuciones de ciudadanos ahora suman un nuevo arresto de la activista, por ello te contamos quién es Nasrín Sotudé:

• ¿Quién es Nasrín Sotudé?
• ¿Qué edad tiene Nasrín Sotudé?
• ¿Quién es el esposo de Nasrín Sotudé?
• ¿Qué signo zodiacal es Nasrín Sotudé?
• ¿Cuántos hijos tiene Nasrín Sotudé?
• ¿Qué estudió Nasrín Sotudé?
• ¿En qué ha trabajado Nasrín Sotudé?

¿Quién es Nasrín Sotudé?

Narín Sotudé es una activista y abogada en Irán, reconocida dentro y fuera de su país por su trabajo a favor de los derechos humanos, no obstante, ello le ha ocasionado al menos tres detenciones en últimos años.

¿Qué edad tiene Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotudé tiene 63 años de edad, ya que nació el 3 de abril de 1963.

¿Quién es el esposo de Nasrín Sotudé?

Reza Jandán es el esposo de Nasrín Sotudé, quien ha anunciado públicamente atropellos contra su esposa en detenciones pasadas. El hombre también es activista y abogado.

¿Qué signo zodiacal es Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotude es de signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotudé y su esposo Reza Jandán tienen dos hijas, una de ellas es Mehraveh Jandán.

¿Qué estudió Nasrín Sotudé?

Nasrín Sotudé estudió Derecho en la Universidad Shahid Behesjtí de Teherán.

¿En qué ha trabajado Nasrín Sotudé?

El trabajo de Nasrín Sotudé ha sido defensora de presos políticos, menores condenados a muerte y de mujeres que se han revelado contra el uso obligatorio del hiyab.

Detienen a Nasrín Sotudé, abogada de derechos humanos en Irán

Nasrín Sotudé fue reportada como detenida por parte de su familia, pues mientras estaba sola en su casa autoridades de Irán habría entrado por ella.

En el pasado, la activista ha sido acusada por Irán de difundir información contra el Estado, insultar al líder supremo se Irán y espiar.

La abogada y activista de derechos humanos es reconocida por su trabajo tanto dentro como fuera de Irán, quien ha sido detenida dos veces más en el pasado.

Su hija dio a conocer la más reciente detención en su cuenta de Instagram y agregó que no han tenido más detalles sobre el paradero de su madre.

Nasrín Sotudé, incómoda defensora de derechos humanos en Irán

Nasrín Sotudé ha sido defensora de las mujeres y activista contra la imposición del velo o hiyab.

La activista de 63 años no solo ha defendido a mujeres que han salido a la calle sin hiyab sino también a menores condenados a muerte y a opositores políticos del gobierno.

La activista tiene vigente una condena de 38 años de cárcel y 148 latigazos, pero le había sido permitido salir en libertad. Los delitos que le adjudican son:

• Difundir información contra el Estado
• Insultar al líder supremo se Irán
• Espiar

Nasrín Sotude ha sido detenida en el pasado por manifestarse contra imposiciones de vestimenta en Irán

Nasrín Sotudé fue arrestada en 2018 por defender a las mujeres que se manifestaron contra la ley islámica y contra el shador, la prenda tradicional femenina negra que cubre de la cabeza a los pies y solo deja al descubierto la cara.

En ese año se detuvieron a alrededor de 30 activistas como parte de movimiento Girls Of Revolution Street.

8 de abril de 1945: cerca de Hanóver, Alemania, guardias de las SS obligaron a 200 prisioneros de guerra soviéticos y a otros reclusos a cavar su propia tumba antes de fusilarlos. Tropas estadounidenses descubrieron la fosa varias semanas después.

2 de mayo de 1945: las SS realizaron una ejecución masiva de 51 prisioneros políticos en el gueto de Theresienstadt, desobedeciendo órdenes de Berlín de detener los asesinatos. Esto ocurrió después de la caída de Berlín (2 de mayo) y solo días antes de la rendición oficial alemana (8 de mayo).

Ya que la historia no se repite, pero muchas veces “rima”, en las sabias palabras de Mark Twain, el gobierno de “Israel” acaba de aprobar su propia “solución final” contra los palestinos.

El parlamento de Israel aprobó una ley que establece la pena de muerte para palestinos condenados por asesinar a israelíes en actos considerados “terroristas”. La medida, impulsada por la extrema derecha y celebrada por el ministro Itamar Ben-Gvir, recibió el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu.

La ley ha sido duramente criticada por la comunidad internacional, grupos de derechos humanos y la Autoridad Nacional Palestina, que la consideran discriminatoria, inhumana y una forma de legitimar ejecuciones extrajudiciales.

Expertos señalan que la legislación contraviene el derecho internacional y es discriminatoria de facto, ya que prácticamente excluye a los ciudadanos judíos israelíes de su aplicación. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ya presentó un recurso ante el máximo tribunal para impugnarla. Sin embargo, como siempre, poco pasará y la masacre de palestinos continuará hasta que cese la existencia de “Israel”.

Con una inversión estimada de entre 15 y 20 mil millones de dólares, contempla la construcción de un gasoducto, una planta de licuefacción y un puerto en Sonora.

Sin embargo, ha generado polémica por el impacto ambiental que provocaría en el Mar de Cortés, uno de los ecosistemas marinos más diversos del mundo.

¿Qué es el Proyecto Saguaro?

El Proyecto Saguaro es una obra de exportación de gas licuado de Estados Unidos. Lo impulsa la empresa LNG Alliance de Singapur.

Se trata de un megaproyecto que contempla un gasoducto, una planta de licuefacción y un puerto en el Golfo de California.

El objetivo del Proyecto Saguaro es transportar gas natural del oeste de Texas, para procesarlo y después enviarlo en gigantescos buques metaneros a Asia desde Puerto Libertad, Sonora.

Con una inversión aproximada 15 a 20 mil millones de dólares, el Proyecto Saguaro ha generado polémica al no representar un gran beneficio para México porque el gas licuado sería dirigido para mercados asiáticos.

Lo que generaría un impacto ambiental en nuestro territorio, sin beneficios reales a nivel de industria nacional.

Voces como la de la bióloga marina Cristina Mittermeier se han manifestado en contra del Proyecto Saguaro.

Expresando la necesidad de proteger el patrimonio natural de México.

Así sería el impacto ambiental del Proyecto Saguaro en el Mar de Cortés

El Proyecto Saguaro ha sido cuestionado por el impacto ambiental que provocaría en el Mar de Cortés, en donde hay uno de los ecosistemas marinos más diversos del mundo.

En el Golfo de California habitan:

• Ballenas
• Tiburones
• Tortugas
• Delfines

Esas especies marinas se verían afectadas por diversos factores como:

• Ruido submarino
• Industrialización de rutas marítimas
• Alteración a la biodiversidad

Junto con el impacto ambiental, el Proyecto Saguaro también afectaría a las economías locales.

Fundadora de la organización SeaLegacy, ha dedicado su carrera a visibilizar la fragilidad de los ecosistemas marinos y la importancia de protegerlos.

Su trabajo combina ciencia y arte, pues a través de la fotografía ha logrado sensibilizar a millones de personas sobre la urgencia de cuidar la biodiversidad marina, convirtiéndose en una de las voces más influyentes en el ámbito ambiental.

¿Quién es Cristina Mittermeier?

Cristina Goettsch Mittermeier, conocida como “Mitty”, es una bióloga marina, fotógrafa, autora y activista mexicana.

La carrera de Cristina Mittermeier destaca por ser un referente de la conservación marina a nivel internacional.

¿Cuántos años tiene Cristina Mittermeier?

En la actualidad, Cristina Mittermeier tiene 59 años de edad. Nació el 26 de noviembre de 1966.

¿Quién es el esposo Cristina Mittermeier?

La pareja actual de Cristina Mittermeier es el fotógrafo canadiense Paul Nicklen.

Anteriormente, “Mitty” estuvo casada con Russell Mittermeier hasta el año 2008.

¿Qué signo zodiacal es Cristina Mittermeier?

Por su fecha de nacimiento, Cristina Mittermeier pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Mittermeier?

La bióloga marina Cristina Mittermeier es madre de tres hijos:

• John
• Michael
• Juliana

¿Qué estudió Cristina Mittermeier?

Cristina Mittermeier estudió Ingeniería Bioquímica en Ciencias Marinas en la Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

​Posteriormente, asistió al programa de Fotografía de Bellas Artes en el Corcoran College for the Arts en Washington, DC.

En 2022, Cristina Mittermeier recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes de la Universidad Simon Fraser en la Columbia Británica, en Canadá.

¿En qué ha trabajado Cristina Mittermeier?

La bióloga Cristina Mittermeier ha realizado trabajos de campo, los cuales han aparecido en revistas científicas sobre el Golfo de California y la Península de Yucatán.

Su trabajo se ha publicado en:

• National Geographic
• TIME
• McLean’s
• The Men’s Journal

Además, su obra fotográfica ha sido expuesta en galerías como:

• Hilton Asmus
• Saatchi Gallery
• Eisele Gallery

Para 2005, Cristina Mittermeier fundó la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación (ILCP).

Esto con el objetivo de crear una plataforma para fotógrafos que trabajan en temas ambientales, y acuñó la frase “fotografía de conservación”.

​Hacia 2014, Cristina Mittermeier cofundó SeaLegacy, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la comunicación estratégica y que combina arte, ciencia y conservación.

Su objetivo es proteger y restaurar el océano en su estado natural en beneficio de la biodiversidad, la humanidad y el clima.

En 2018, Cristina Mittermeier fue nombrada una de las Aventureras del Año de National Geographic, junto con su pareja Paul Nicklen.

La serie Welcome to Earth de la plataforma de streaming Disney+ cuenta con la participación de Cristina Mittermeier.

El trabajo de Cristina Mittermeier ha sido condecorada con diversos premios, destacando:

• Fotógrafa de Conservación del Año del Smithsonian
• Premio a la Creadora de Contenido Humanitario de HIPA
• Premio de Imagen para Fotógrafos con Responsabilidad Social
• Medalla Sylvia Earle del Acuario de Seattle
• Premio Visión Global de Travel + Leisure

Además fue nombrada una de las 100 latinas más comprometidas con la acción climática.

También, Cristina Mittermeier es miembro de la Academia Mundial de Fotografía. Así como artista de imagen de Sony. ​

Cristina Mittermeier de igual forma colabora con la iniciativa Perpetual Planet de Rolex en proyectos conjuntos para preservar el mundo.

“Yo espero que sea un buen Mundial en todo sentido: en México, Estados Unidos y en Canadá y que los tres gobiernos, los gobiernos de los estados y municipales pues den todas las facilidades para la asistencia a los estadios, para la llegada de visitantes y para la asistencia a los estadios.”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 30 de marzo de 2026, la presidenta de México descartó un panorama de riesgos y destacó la coordinación con Estados Unidos y Canadá para proteger a aficionados y participantes.

El informe de Amnistía Internacional había alertado sobre posibles abusos contra migrantes, manifestantes y comunidades vulnerables.

Sheinbaum rechaza escenario de riesgos para el Mundial 2026

Durante su respuesta, la mandataria Claudia Sheinbaum descartó un panorama negativo y expresó confianza en que el torneo se desarrollará sin violaciones a derechos humanos en México, Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, Sheinbaum subrayó que existe coordinación entre los tres países anfitriones para garantizar la seguridad de aficionados y participantes, y afirmó que el objetivo es que el Mundial sea “un buen evento” en todos los sentidos.

Además, defendió que México trabaja bajo principios de respeto a los derechos humanos, en contraste con las preocupaciones planteadas por la organización internacional.

Cabe mencionar que el informe de Amnistía advierte que políticas migratorias, operativos de seguridad y posibles restricciones a la protesta podrían poner en riesgo a millones de personas durante el torneo.

También señala que aficionados, periodistas y comunidades locales podrían enfrentar detenciones arbitrarias o discriminación si no se implementan medidas preventivas adecuadas.

• CDMX
• Monterrey, Nuevo León
• Guadalajara, Jalisco

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dijo que en las ciudades mundialistas mexicanas hay un mayor riesgo de explotación sexual infantil debido a que el Mundial 2026 es un “catalizador del turismo sexual infantil”.

Gabriela González, directora del Programa Nacional contra la Trata de Personas en México dijo que el Mundial 2026 podría aumentar significativamente el riesgo de explotación sexual infantil.

Mundial 2026 podría agravar problemas sociales en entornos violentos

Por su parte Amnistía Internacional dijo que el Mundial 2026 incluso podría agravar los problemas sociales, sobre todo en lugares afectados por la violencia.

También dijo que el Mundial 2026 podría ser “tapadera para las redes de trata de personas”.

Alertan por rutas de trata de personas en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Amnistía Internacional alertó que las tres ciudades sede, CDMX, Monterrey y Guadalajara ya son conocidas por la explotación sexual infantil y forman parte de rutas establecidas.

Los mayores riesgos son para niños y niñas que se encuentran sin supervisión en zonas concurridas, además de quienes viven en pobreza.

También destaca que México tiene tasas altas de violencia sexual y trata de personas en el mundo, lo cual genera daños permanentes como:

• Lesiones
• Enfermedades de transmisión sexual
• Embarazos adolescentes
• Traumas
• Otras

Según yo, misoginia es que una de cada diez mujeres en México sufra de endometriosis y los permisos especiales por dolor menstrual sean mal vistos y aprobados apenas, mucho menos un sistema de salud que investigue y prevenga ese dolor tan intenso del cual son víctimas tantas mujeres. Misoginia es que estudiaran la endometriosis desde que tan atractivas son las mujeres que la sufren en vez de un estudio que honestamente busque encontrar una cura.

Según yo, misoginia es que un chamaco de quince años fue hasta su escuela con un arma de calibre militar y mató a tiros a dos de sus maestras, específicamente ellas, mujeres, porque el chavito estaba inundado de contenido incel, porque ya había pasado hace unos meses, porque, para el país, las dos maestras son solo dos cifras más y el mocoso es solo uno más de tantos que siente aversión por las mujeres.

A mi me dan aversión los hombres que no se limpian el pene después de orinar, me dan asco los que les gritan a las niñas de secundaria cosas por la calle, me repugnan los que creen que las niñas pueden consentir, los que no levantan un dedo en casa cuando su mujer en postparto lo necesita, los que llegaron a la adultez sin saber cocinar, sin comprarse sus propios calzones y sin lavarse bien el culo. Bien registrada que tengo esa aversión, pero jamás, jamás se me ocurriría deshacerme de ellos con una AR 15 y mucho menos a los quince años. A esa edad trataba de sobrevivir a la violencia estética, sexual, económica y emocional ejercida en mi contra por mi novio, mis compañeros, la sociedad misma y mi propio padre.

Esa es la enorme diferencia y el enorme sesgo entre la definición de misoginia del diccionario y la práctica y ejecución de ella en la vida real.

En la vida real nos odian. No les desagradamos, nos odian. Nos quieren muertas. Nos quieren desaparecidas, calladas, sumisas, esclavas.

En 2025 desaparecieron 34 mujeres al día, de 13 a 14 mujeres asesinadas diariamente, 5,000 feminicidios registrados y poco mas del 10% tipificados como tal.

¿Cuántas muertas más le sumamos por los desórdenes hormonales provocados por la anticoncepción femenina que enloquece nuestros ciclos y nos crea cáncer y otras tragedias en nuestros cuerpos? ¿Cuántas se mataron después de un abuso sexual sostenido o único, de tanto dolor que es imposible habitar el cuerpo? ¿Cuántas más muertas por depresión y sus consecuencias después de ser confinada a cuatro paredes, a la crianza y el cuidado no remunerado? ¿Cuántas siguen pariendo a los 11, 12, 13 años de edad, cuántas paren en las calles, cuántas no tienen acceso al aborto legal, digno y seguro? ¿Cuántas de las desaparecidas ya están muertas? ¿Cuántas están muertas en vida enterradas en un sistema que se niega a entregarnos la dignidad básica?

Eso es misoginia. Un sistema que se sostiene sobre nuestros cuerpos mientras les enseña a nuestros hijos a idolatrarnos si somos madrecitas santas y a odiarnos si pretendemos ser libres. El capitalismo patriarcal es misógino y se construye desde diferentes espacios.

En los hogares vacíos mientras mamá trabaja doble turno porque no hay sanciones para los deudores alimentarios y las pensiones alimenticias son una burla. En la internet y el creciente aumento de gurús que prosperan lanzando mensajes de violencia, alimentándose de la sensación de soledad generalizada. Ellos tienen tiempo para decidir matarnos. Nosotras corremos todos los días de un trabajo a otro, de una esquina a otra, tratando de cuidarnos de aquellos con demasiado tiempo libre de la edad que sean.

Dicen que la sociedad le falló al asesino de María y Tatiana, pero yo digo que la sociedad le ha fallado a todos y se sostiene gracias a los esfuerzos no pagados de las mujeres. ¿Cómo es posible que mientras las mujeres sostenemos todo, nuestros hijos estén expuestos impunemente a contenidos que les invitan a odiarnos y a accionar ese odio en nuestra contra?

Si, es responsabilidad de todos, pero es responsabilidad de todos levantar la enorme losa de encima de las mujeres y empezar a cargar parejo. Pensiones alimenticias dignas, aborto legal, seguro y digno, sistema nacional de cuidados, castigos ejemplares para los odiadores, pagar el trabajo de cuidados, crianza y doméstico de forma justa.

Es integral. Nosotras ya hacemos lo que podemos. Ya hacemos más de lo humanamente posible. ¿Qué van a hacer ustedes al respecto?

Y cuando esto ocurre en la esfera pública, no es un hecho aislado: es una señal. Si un caso así emerge en el ámbito político, con visibilidad, recursos y defensa, cabe preguntarse qué ocurre todos los días en otros espacios menos visibles: en lo familiar, lo civil, lo mercantil. Este caso no es la excepción; es el reflejo de una práctica que, aunque pocas veces se reconoce abiertamente, sí existe y genera costos humanos e institucionales que no podemos seguir ignorando.

Las falsas denuncias por violencia de género han sido estimadas entre el 2% y el 10% en distintos estudios. Para algunos, eso basta para desestimar el problema. Pero ese argumento parte de una premisa débil: que el fenómeno no ha cambiado. Hoy el contexto es otro. Existen más incentivos para denunciar sin sustento, menos consecuencias para quien miente y una exposición mediática que amplifica el uso estratégico de la denuncia. A ello se suman políticas ministeriales y criminológicas que, en algunos casos, miden el “éxito” institucional por el aumento en el número de denuncias o en la apertura de carpetas de investigación, como si ese dato por sí mismo reflejara mejores resultados. No necesariamente es así. Lo sabemos bien. Incrementar registros no equivale a mejorar la justicia, y menos aún cuando no se distingue entre denuncias fundadas e infundadas. Es, en realidad, un efecto autoinmune institucional: un sistema que, al incentivarse mal, termina afectando su propia credibilidad y debilitando la confianza pública que le da sustento. Además, buena parte de estos casos nunca se contabiliza: no llegan a sentencia, no se investigan como falsos y, en muchos casos, quienes son absueltos prefieren no volver a enfrentar el desgaste de un proceso. Lo que se mide mal, se incentiva peor.

El derecho penal mexicano no es omiso. Existen figuras que sancionan la falsedad ante autoridades, la simulación de pruebas y la imputación indebida. No son normas decorativas: están diseñadas para evitar que el proceso se distorsione. Pero cuando no se aplican con la misma firmeza con la que se persiguen otros delitos, o no se impulsan desde la política criminal, se genera un desequilibrio.

Denunciar la falsedad no es revancha. Es defensa institucional. Es reconocer que el daño de una acusación infundada también merece respuesta. Porque nadie debería enfrentar un proceso, medidas restrictivas o un deterioro reputacional sin razón.

Además, hay un impacto colectivo. Las denuncias falsas no solo afectan a quien las padece: consumen recursos públicos, saturan a las fiscalías y retrasan la atención de víctimas reales. Cada caso sin sustento desplaza a otro que sí requiere justicia.

Pero el punto más delicado es la confianza. La justicia funciona como una válvula de presión social. Es el espacio donde las personas canalizan conflictos bajo reglas comunes. Si ese espacio puede manipularse —por venganza, estrategia o irresponsabilidad—, deja de ser confiable. Y cuando la justicia deja de ser confiable, la democracia se debilita. La discusión no debe quedarse en si los jueces se eligen o no: esa realidad ya está.

El verdadero reto es cómo fortalecer el sistema desde dentro.

Empoderar a quienes lo usan —denunciando delitos, pero también abusos como las denuncias falsas— es parte de esa ruta.

No es un acto individual, es corresponsabilidad democrática. Así se construye legitimidad real, no solo diseño institucional. Denunciar la mentira no es odiar. No es vengarse. Es creer en la justicia lo suficiente como para no permitir que se degrade.

Es, en el fondo, una forma de responsabilidad pública.

Y en una democracia, eso también es hacer lo correcto.

Quienes respaldan esta determinación sostienen que el principio fundamental del deporte es la competencia justa. Argumentan que existen diferencias biológicas que pueden influir en el rendimiento físico, por lo que permitir la participación de mujeres transgénero en categorías femeninas podría generar desventajas para las atletas nacidas biológicamente mujeres. Desde esta perspectiva, el COI no hace más que proteger la integridad de las competencias y responder a una preocupación creciente en diversas federaciones deportivas.

Sin embargo, la medida también ha sido duramente criticada por sectores que la consideran excluyente y discriminatoria. Para activistas y defensores de los derechos de las personas trans, la decisión representa un retroceso en la lucha por la inclusión y el reconocimiento. Señalan que el deporte, como espacio social, debe evolucionar hacia modelos más integradores que no dejen fuera a ningún grupo, especialmente a uno que históricamente ha enfrentado marginación.

El dilema no es sencillo. Entre la búsqueda de justicia competitiva y la necesidad de inclusión, el deporte enfrenta uno de sus mayores desafíos contemporáneos. Lo cierto es que la decisión del COI no cierra el debate, sino que lo amplifica. En los próximos meses, serán las federaciones, los gobiernos y la sociedad en su conjunto quienes tendrán que encontrar un punto de equilibrio, si es que tal punto realmente existe.

X: @pipemx

Michelle Small, miembro del grupo de trabajo de la ONU en la materia, señaló que el fenómeno de reclutar personas del extranjero para combatir en guerras ha ido en aumento los últimos años.

“El fenómeno de ir al extranjero a combatir o a apoyar operaciones de seguridad va en aumento y plantea diversos retos a las autoridades”.

Michelle Small

ONU alerta por reclutamiento de 10 mil colombianos como mercenarios en el mundo

El Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU estima que más de 10 mil ciudadanos de Colombia han sido reclutados para participar en conflictos armados del mundo.

La ONU explica que los colombianos son los más solicitados debido a que, en su mayoría, son exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad, buenos perfiles para desempeñarse en combate.

Este organismo advirtió que el reclutamiento de extranjeros como mercenarios pone en riesgo los derechos humanos, pues muchos suelen desaparecer o morir en la guerra y su familia nunca vuelve a saber de ellos.

La falta de oportunidades en sus lugares de origen y la promesa de un buen salario, son dos de las razones que motivan a colombianos y ciudadanos de otros países a aceptar ser mercenarios en el extranjero.

Pese a la promesa de un pago, se desconoce la calidad de vida que llevan los mercenarios, así como las situaciones de su muerte, por lo que no se descarta redes de engaños y violaciones a los derechos humanos.

A sus 25 años de edad, Noelia se convirtió en el rostro de un debate donde no hay respuestas fáciles, sino convicciones profundamente enfrentadas: el derecho a decidir sobre la propia vida frente al deber del Estado de protegerla.

Para quienes defendieron su derecho a la eutanasia, el eje es claro: la dignidad humana está íntimamente ligada a la libertad de elección. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no puede medirse con parámetros externos. Para Noelia, su condición —marcada por la paraplejia y el trauma derivado de agresiones sexuales— no representaba un desafío superable, sino una realidad permanente e insoportable.

La legislación española, particularmente la Ley Orgánica 3/2021, reconoce no solo el dolor físico, sino también el padecimiento psíquico como motivo válido cuando este es constante e intolerable. Además, el criterio de mayoría de edad y plena capacidad fue determinante. El Tribunal Constitucional sostuvo que una persona en uso de sus facultades es soberana de su biografía. Bajo esta lógica, negarle la eutanasia habría implicado imponerle una vida que ella misma rechazaba.

A esto se suma un argumento clave: el respeto al proceso. Noelia cumplió con todas las evaluaciones médicas y los filtros institucionales establecidos, demostrando una voluntad persistente y razonada. En el lado opuesto, la postura encabezada por su familia y respaldada por diversas organizaciones civiles plantea una preocupación de fondo: la vulnerabilidad.

El punto central de crítica es que el deseo de morir no surgió en el vacío, sino en un contexto marcado por trauma, violencia y antecedentes de intento de suicidio. Para este sector, el Estado debió agotar todas las alternativas de acompañamiento psicológico y social antes de validar una decisión irreversible.

La pregunta que queda en el aire es incómoda pero necesaria: ¿puede considerarse plenamente libre una decisión nacida del dolor emocional profundo?

También advierten sobre el riesgo de un precedente peligroso. Permitir la eutanasia en personas jóvenes con discapacidad podría enviar un mensaje implícito: que algunas vidas son menos valiosas o que el sufrimiento mental puede resolverse con la muerte. A ello se suma el componente humano y familiar. El recurso presentado ante instancias europeas no solo fue jurídico, sino emocional: el reclamo de unos padres que consideraban que su hija aún podía reconstruir su vida.

El caso de Noelia Castillo Ramos deja una herida abierta en el debate público. Para unos, representa la victoria de la libertad individual frente al paternalismo estatal. Para otros, evidencia una falla estructural: una sociedad que, ante el dolor, opta por facilitar la salida en lugar de fortalecer las razones para quedarse.

Lo cierto es que la justicia española ha marcado un precedente relevante al priorizar la autodeterminación, incluso en contextos profundamente complejos. Este caso no cierra el debate: lo profundiza. Porque en el fondo, la pregunta sigue intacta: ¿hasta dónde debe llegar la libertad individual… Y en qué momento comienza el deber de proteger?

Pero hay una pregunta que incómoda —y que rara vez se responde con honestidad—: ¿cuánto de este impulso es transformación real y cuánto es narrativa política?

El reciente foro internacional sobre derechos de las mujeres en el Senado confirma algo evidente: el tema está en la agenda. Sin embargo, también revela una paradoja. Mientras más se habla de igualdad, más se normaliza la distancia entre el discurso y la realidad.

Porque los diagnósticos no son nuevos.

Sabemos que la violencia persiste, que la desigualdad económica sigue marcando la vida de millones de mujeres y que el acceso a la justicia continúa siendo, en muchos casos, una promesa incumplida. Sabemos también que México ha avanzado en representación política femenina y en marcos legales. Y, aun así, el país sigue siendo profundamente desigual para las mujeres.

Entonces, ¿qué significa realmente “poner el tema en el centro”?

Hay un riesgo que pocas veces se señala: que la igualdad se convierta en un lenguaje cómodo. Un consenso políticamente correcto que todos pueden enunciar, pero que pocos están dispuestos a ejecutar a fondo.

Los foros, los discursosy las conmemoraciones cumplen una función simbólica importante. Articulan ideas, visibilizan causas, generan conversación. Pero también pueden operar como una forma de simulación sofisticada: la sensación de avance sin el costo real del cambio.

Porque transformar implica incomodar.

Implica tocar intereses, redistribuir poder, exigir resultados medibles. Y eso rara vez ocurre en espacios donde el consenso es el punto de partida.

Incluso propuestas bien intencionadas —como la creación de nuevas fechas conmemorativas— corren el riesgo de diluir la urgencia en lugar de atenderla. México no necesita más días para hablar de los derechos de las mujeres. Necesita más días en los que esos derechos se cumplan.

El problema no es la falta de marcos legales ni de compromisos internacionales. Es la brecha persistente entre lo que se dice y lo que se hace. Entre la narrativa de igualdad y la experiencia cotidiana de millones.

Y esa brecha no se cierra con más conversación.

Se cierra con consecuencias.

Tal vez el verdadero reto no es seguir organizando foros, sino transformarlos en espacios de rendición de cuentas. Lugares donde no solo se compartan diagnósticos, sino donde se exijan resultados concretos. Donde la igualdad deje de ser un discurso que se aplaude y se convierta en una realidad que se mide.

Porque mientras eso no ocurra, existe el riesgo de que estemos perfeccionando algo peligroso: una narrativa impecable sobre los derechos de las mujeres… En un país donde esos derechos siguen siendo, demasiadas veces, una deuda.

No tienen marcador, no hay árbitro y casi nadie los está viendo. Pero se juegan todos los días. Y muchas veces, quienes más los sufren, son también quienes menos pueden hablar de ellos.

Durante años, nos enseñaron que el deporte era sinónimo de disciplina, de esfuerzo, de superación. Un espacio donde el talento, la constancia y el carácter definían quién ganaba y quién no. Y sí, en muchos casos sigue siendo así. Pero también es cierto que para miles de niñas y mujeres, el deporte ha sido otra cosa: un terreno incómodo, desigual, y muchas veces, silencioso.

Un espacio donde el miedo también compite.

Porque hay violencias que no se ven. No aparecen en las estadísticas del juego ni en los resúmenes del fin de semana. No hacen ruido en las tribunas. Pero están ahí: en un comentario que minimiza, en una oportunidad que no llega, en un trato que incomoda, en una decisión que excluye.

Y lo más grave es que, por mucho tiempo, se normalizaron.

Se normalizó que una deportista tuviera que “aguantarse” para no perder su lugar. Se normalizó que denunciar implicara quedarse fuera. Se normalizó que el talento de una mujer se cuestionara más, se pagara menos o se exigiera el doble. Se normalizó, incluso, que el entorno que debería proteger fuera el mismo que lastima.

Ese es el verdadero problema: no solo la violencia, sino el silencio que la rodea.

Porque cuando una niña tiene que elegir entre su pasión y su seguridad, algo está profundamente mal. Cuando una joven deja el deporte no porque no tenga capacidad, sino porque el entorno se vuelve hostil, estamos perdiendo mucho más que una atleta. Estamos perdiendo confianza, oportunidades y futuro.

Y eso ya no puede ser parte del juego.

Hoy estamos frente a una realidad que no podemos seguir ignorando. No se trata de casos aislados ni de excepciones incómodas. Es un problema estructural que atraviesa disciplinas, niveles y espacios. Y como todo problema estructural, requiere respuestas de fondo.

Por eso, desde el Estado de México, dimos un paso importante: reconocer la violencia en el deporte como lo que es. Nombrarla, visibilizarla y, sobre todo, establecer consecuencias.

Porque lo que no se nombra, no existe. Y lo que no tiene consecuencias, se repite.

Pero también hay que decirlo con claridad: ninguna ley, por sí sola, cambia una realidad si la cultura sigue siendo la misma.

Las reglas pueden modificarse en el papel, pero el verdadero cambio ocurre en lo cotidiano. En cómo hablamos, en cómo tratamos, en lo que permitimos y en lo que ya no estamos dispuestos a tolerar. En dejar de justificar lo injustificable. En dejar de callar lo que incomoda.

Cambiar el juego implica asumir una responsabilidad colectiva, así como entender que el deporte no solo forma atletas, forma personas. Y que el entorno en el que se desarrollan importa tanto como su rendimiento. Implica también construir espacios donde competir no signifique resistir, donde crecer no implique callar y donde el único reto sea mejorar, no sobrevivir.

Porque el objetivo es claro: que ninguna niña tenga que pasar por esto para poder cumplir sus sueños. Que el talento sea suficiente y el esfuerzo sea lo que cuente. Sobre todo, que la cancha vuelva a ser lo que siempre debió ser: un espacio de libertad.

Hoy tenemos la oportunidad de corregir algo que durante años se dejó pasar. De cambiar no solo las reglas, sino la forma en la que entendemos el juego.

Y hay partidos que, como sociedad, no podemos permitirnos perder.

Los responsables sustrajeron computadoras, teléfonos y documentos vinculados con su labor de defensa de migrantes, lo que fue interpretado como un intento de intimidación.

El Centro Fray Matías responsabilizó a las autoridades de Chiapas por no garantizar su seguridad.

Centro Fray Matías en Chiapas cierra sus oficinas tras dos allanamientos

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, radicado en Tapachula, Chiapas lamentó que tras 29 años de labor interrumpida se veían obligados a cerrar sus oficinas.

Esto, tras considerar que no contaban con la seguridad necesaria para continuar con sus labores en la atención de personas migrantes.

El viernes 20 de marzo, el Centro de Derechos Humanos denunció el allanamiento y robo de “computadoras, teléfonos y documentos directamente vinculados” con el trabajo de defensa de personas en situación de movilidad.

Los trabajadores señalaron que pese a la existencia de otros objetos de valor, estos no fueron sustraídos. Lo que sugiere que el robo tuvo como objetivo específico obtener información relacionada con su labor de defensa.

De acuerdo con la denuncia, los responsables ingresaron por el patio trasero, manipularon las cámaras de seguridad y revisaron todas las oficinas, dejando huellas en distintos espacios.

El 22 de marzo, el Centro Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo con intención de intimidarlos, obstruir y desarticular su labor de defensa de derechos humanos.

El centro puntualizó que pese a que habían solicitado explícitamente el resguardo de la oficina, esta no fue atendida, resultando en un segundo ataque.

Es por ello responsabilizaron directamente al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como a autoridades en materia de seguridad en Chiapas, por no atender sus solicitudes de resguardo.

Estos dos allanamientos se suman a otros incidentes que ya habían sido debidamente notificados al Mecanismo y a las autoridades competentes, sin que hayan tenido respuesta.

Centro Fray Matías en Chiapas instan a las autoridades que garanticen las condiciones de seguridad para su labor

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova lamentó que se vean obligados al cierre parcial, ya que consideraron que los más afectados serán las personas migrantes.

Destacaron que es la primera vez que se ven obligados a suspender actividades.

Tras estos hechos, hicieron un llamado a los responsables del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas a que no sean omisos ante sus solicitudes y que generen rutas efectivas para garantizar su seguridad y su derecho a defender derechos.

También instaron a las autoridades locales y a la Fiscalía General del estado a realizar una investigación y que garanticen las condiciones de seguridad.

Ya que desean que la integridad de quienes laboran en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova sea protegida, así como las instalaciones y sus equipos.

El Centro advirtió que estos hechos no solo representan pérdidas materiales, sino un riesgo directo para su trabajo y para la seguridad de su personal.