“Corte, por favor, ya está el proyecto del ministro Irving, analísenlo y una vez más díganle al congreso de Aguascalientes que es inconstitucional lo que están haciendo aunque las y los diputados ya amenazaron que no le van a hacer caso a la corte”

Angélica Contreras, vocera del colectivo “Mujeres vivas, mujeres libres”

El llamado responde al aplazamiento de la SCJN para invalidar en Aguascalientes el límite de 6 semanas para realizar un aborto.

Esto por una imposición jurídica en Aguascalientes que busca “proteger la vida desde la concepción”, lo que para Angélica Contreras es vulnerar los derechos fundamentales a la salud de las mujeres.

Penalización del aborto genera desinformación y miedo en las mujeres

Angélica Contreras también puntualizó los peligros de que la SCJN no intervenga lo antes posible en las decisiones del congreso de Aguascalientes.

Esto debido al discurso que manejan los y las diputadas al hablar del aborto con términos como “asesinar” o “acabar con la vida”.

En sus palabras, Contreras aseguró que la penalización del aborto genera miedo en las mujeres, esto sumado a un fuerte manejo de desinformación.

La prioridad, puntualizó, debe ser que desde la libertad de elegir haya un acceso completo e informado al procedimiento para que se realice en condiciones de seguridad.

Lo anterior porque se trata de salvaguardar a las mujeres y su salud.

“Estamos buscando que podamos tener información, educación, prevenir, y lo más importante, que se pueda acceder desde el derecho a la salud [...] y que no sean las instancias públicas, que deberían garantizar esta salud, quien se interponga, por eso una vez más este llamado”.

Angélica Contreras, vocera del colectivo “Mujeres vivas, mujeres libres”

Contreras recordó que la SCJN determinó a nivel nacional que es inconstitucional criminalizar el aborto voluntario.

Sin embargo, reconoció que el aplazamiento se debe a que la corte suele tardar en este tipo de decisiones, esto a pesar de que el proyecto se presentó en 2024, año cuando se dio la reducción a 6 semanas.

Aún así se siente confiada en que el tema haya llegado hasta esas instancias para que se siga discutiendo y dándole visibilidad.

De acuerdo con la activista, una de sus preocupaciones es que ahora los diputados de Aguascalientes han amenazado con una reducción a 3 semanas como límite para poder llevar a cabo un aborto.

De conseguirse, el congreso de Aguascalientes seguiría actuando en contra de la SCJN, motivo por el que Angélica Contreras enfatizó su llamado.

La propuesta elaborada por el ministro Irving Espinosa Betanzo plantea eliminar disposiciones que penalizan la interrupción del embarazo después de 6 semanas de gestación.

El proyecto también cuestiona la protección jurídica establecida “desde la concepción”, al considerar que vulnera derechos fundamentales y limita el acceso a decisiones reproductivas informadas.

SCJN aplaza discusión sobre reformas de aborto en Aguascalientes

La SCJN pospuso la votación del asunto luego de que diversas partes interesadas solicitaran audiencias para presentar argumentos ante ministras y ministros.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que el expediente permanecerá en lista mientras concluye este proceso de escucha institucional.

La ponencia de Espinosa sostiene que fijar un límite de 6 semanas resulta insuficiente para identificar un embarazo y acceder oportunamente a información médica.

Según el proyecto, la falta de certeza para determinar con precisión el inicio de la gestación genera dudas sobre cuándo podría configurarse una conducta sancionable.

La propuesta contempla invalidar los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal estatal, además de diversas disposiciones de la legislación local.

De prosperar la resolución, también quedarían sin efecto normas que denominan “niña o niño” al producto de la gestación dentro del marco jurídico.

Mientras continúa el análisis constitucional, organizaciones religiosas y grupos provida han expresado rechazo al proyecto, mientras colectivos respaldan el fortalecimiento de los derechos reproductivos.

Por lo mismo, Aguascalientes sería el estado número 12 en sumarse a la despenalización del aborto, por lo mismo, las mujeres que han abortado y quedaron vinculadas a proceso debido a esto, podrían ser liberadas.

Y es que tan solo en el transcurso de los primeros 7 meses del 2023, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se abrieron 8 carpetas de investigación por aborto.

SCJN ordena a Aguascalientes dejar de castigar penalmente el aborto

La Primera Sala de la SCJN ordenó al congreso de Aguascalientes modificar los artículos 101, 102 y 103 de su Código Penal, declarándolos inconstitucionales al criminalizar a mujeres y/o personas con capacidad de gestar que se realizan un aborto.

Dicha decisión consiguió el fallo a favor gracias a un amparo interpuesto por las siguientes asociaciones civiles (quienes han destacado que el fallo con 4 votos a favor en la SCJN es histórico):

• Cultivando Género
• Morras Help Morras
• Cecadec
• Terfu y
• Gire

Este proyecto, llevado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien declaró que las mujeres tienen el derecho para decidir voluntariamente sobre la interrupción de su embarazo, añadiendo que hay 73 personas procesadas por aborto.

Y declaró que la Primera Sala no debe ser indiferente a la situación sobre elaboró en Aguascalientes, agregando que es imperativo que los tribunales rompan con la discriminación y el castigo penal de 6 meses a 3 años de prisión.

En caso de que el congreso de Aguascalientes vote en contra para derogar los artículos que castigan penalmente el aborto, sería inconstitucional.

El Código Penal de Aguascalientes también establece que las víctimas de abuso sexual deben pedir autorización judicial para poder realizar un aborto, a lo que el proyecto de la SCJN agrega que es “un total desconocimiento de la dignidad humana”.

Estos son los 11 estados en donde no se castiga penalmente el aborto, al que se sumaría Aguascalientes:

1. Baja California
2. Baja California Sur
3. Ciudad de México
4. Coahuila
5. Colima
6. Guerrero
7. Hidalgo
8. Oaxaca
9. Quintana Roo
10. Sinaloa
11. Veracruz

La @SCJN despenaliza el aborto en Aguascalientes gracias a un amparo presentado por CECADEC, TERFU, @CultivandoAc, @helpmorras y GIRE. Este amparo forma parte de una estrategia jurídica nacional para lograr el acceso al aborto y ¡vamos por más! 🔥 #AbortoLegalAguascalientes 💚🌊 pic.twitter.com/64570cQ4X8

— GIRE (@GIRE_mx) August 30, 2023

¿Qué dicen los artículos que castigan penalmente el aborto y declarados inconstitucionales por la SCJN?

Tal como se mencionó, el proyecto de la SCJN declara inconstitucionales los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal de Aguascalientes, por lo que el congreso del estado debe derogarlos; esto es lo que dice el documento sobre el aborto:

El artículo 101 habla sobre el aborto doloso, el cual es definido como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y quien lo ejecute (incluyendo personal), será castigado penalmente de 1 a 3 años de prisión más multa.

Por otra parte, el artículo 102 menciona que si el aborto doloso es realizado por un médico, cirujano o partero, además de la sentencia del inciso anterior, será acreedor a la suspensión de su profesión de 2 a 5 años.

Y finalmente el artículo 103 considera exclusión cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico si no se le práctica el aborto.

Añade a su vez que en caso de que el embarazo sea por un “hecho punible tipificado como violación”, se podrá realizar el procedimiento en cualquier etapa de la gestación con autorización judicial para que sea el personal médico quien lo lleve a cabo.

Las organizaciones civiles en pro de los derechos reproductivos de las mujeres han interpuesto amparos en contra de los Códigos Penales de otros 17 estados, más el Código Penal Federal.

Y es que paradójicamente la misma legislatura del Congreso de esa ciudad, que en agosto del año pasado despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, ayer se echó para atrás y en una álgida sesión, con 19 votos a favor, seis en contra y una abstención, se votó para reformar los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal del estado y de este modo reducir de 12 a 6 semanas la interrupción legal del embarazo. En consecuencia la nueva legislación establece penas de tres a seis meses de prisión a quien aborte después de las seis semanas de gestación. Una grave afrenta a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Debemos recordar que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por despenalizar el aborto en aquella entidad, la gobernadora Teresa Jiménez se declaró Provida. Por ello, y tras aprobarse en la misma sesión de ayer la Ley de Protección a la Vida, que advierte, además, que para que una mujer no sea penalizada si aborta en forma espontánea, se requerirá de al menos dos médicos o trabajadores de la salud que testifiquen si el aborto fue espontáneo o provocado. No solo eso: se eliminan las causales de riesgo a la vida y a la salud para interrumpir un embarazo y en caso de alteraciones genéticas en el embrión, serán también dos médicos los que certificarán la gravedad para autorizar un aborto. Una atrocidad.

Las voces de colectivas y organizaciones feministas estaban alertas desde días atrás a lo que pudiera pasar ayer en el Congreso local, pues se sabía que al tener mayoría panista, la iniciativa se iba a aprobar. Afuera del recinto legislativo, fuertemente custodiado por la policía estatal, grupos de inconformes gritaban consignas y trataron de impedir que se consumara tal atropello que echa por tierra una lucha por nuestro derecho a decidir que se ha venido librando desde hace más de veinte años en nuestro país.

Más tarde se dio a conocer el pronunciamiento conjunto emitido por organizaciones feministas donde se advierte que la reforma “es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho al aborto, poniendo en riesgo la salud y la autonomía de las niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans, personas no binaries y otras personas”. Y no solo eso, se corre el riesgo de que en otros estados se pueda replicar lo aprobado en el congreso de esa ciudad.

De nuevo, al hablar del aborto estamos haciéndolo desde el punto de vista legal, como si decidir interrumpir un embarazo sea el más grave de los delitos. El aborto, hay que recordarlo, es un problema de salud pública y cada estado debe verlo desde esa óptica para implementar las medidas adecuadas que permitan realizarlo sin temor a acabar en prisión.

Qué absurdo que en estos tiempos, donde se pregona la libertad en todos los sentidos y donde las mujeres hemos avanzado enormemente para poder elegir sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro futuro, y donde tendremos una mujer liberal en la presidencia, existan entidades envueltas en el oscurantismo como Aguascalientes, que se atreven a decidir sobre nosotras desde la ignorancia y el fanatismo, aprobando iniciativas que van en contra de lo establecido por la Corte y la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se recomienda “evitar la promulgación de leyes que prohíban el aborto con límites gestacionales”, según sostiene el Grupo en Información y Reproducción Elegida (GIRE).

Dije ayer en este mismo espacio que la reforma al poder judicial carece por completo de perspectiva de género y criminaliza a las mujeres. Pues para muestra, basta un botón. ¿Será que la SCJN eche un vistazo a lo que ocurre en ese estado? ¿Tendrán las mujeres y personas gestantes garantía de que alguien podrá brindarles apoyo jurídico ante tal atropello a sus derechos humanos?

Lo veremos…

El miércoles 28 de agosto se aprobó en Aguascalientes una reforma para reducir a la mitad el tiempo de gestación permitido para que las mujeres puedan solicitar un aborto.

En ese sentido, la interrupción legal del embarazo se reducirá de 12 semanas a las 6 semanas de gestación, según lo indicado en la 65 Legislatura de Aguascalientes.

Aguascalientes reduce a la mitad el tiempo permitido para realizar un aborto y pasa de 12 a 6 semanas de gestación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró el 30 de agosto de 2023 que la prohibición del aborto en Aguascalientes es inconstitucional.

No obstante, un año después, se retrocedió en el derecho a decidir de las mujeres al pasar de 12 a 6 semanas de gestación para hacer legal un aborto en Aguascalientes.

Esta iniciativa fue presentada por la gobernadora Tere Jiménez, quien se dijo “provida” a principios de año tras la resolución de la SCJN y advirtió desde entonces que “promovería una iniciativa para proteger el derecho a la vida”.

La iniciativa de la panista fue votada con 19 votos a favor por:

• 14 diputados del PAN
• 1 del PVEM
• 1 del PRI
• 1 de MC
• 1 de Morena
• 1 del PT

quienes estuvieron en contra, fueron:

• 2 de Morena
• 2 del PRD
• 1 del PVEM

En tanto que la diputada panista Mayra Torres se abstuvo y José Altamira del PAN no estuvo presente en la sesión para reducir el tiempo permitido de aborto en Aguascalientes.

¿Cuáles serán los castigos para quienes aborten después de las 6 semanas en Aguascalientes?

Además de la reducción del límite de tiempo a la mitad, este retroceso también implica que al menos dos trabajadores del sector salud deberán verificar que un “aborto espontáneo” fue en realidad involuntario.

La nueva legislación señala que las personas que incumplan la reforma, tanto médicos o mujeres embarazadas, podrían recibir penas de hasta 3 o 6 meses de cárcel o multas económicas por aplicar el aborto después de la semana 6.

La discusión de la iniciativa del PAN, con mayoría en el Congreso de Aguascalientes, se dio entre protestas y gritos de grupos a favor de los derechos de las mujeres.

La muerte viene con la vida

Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris: Polvo eres y en polvo te convertirás, sentencia el Génesis 3:19 con una crudeza que atraviesa los siglos. No hay escapatoria: la vida es finita, el cuerpo es transitorio y el destino común no distingue entre poderosos y vulnerables.

En este recordatorio judeo-cristiano, se instala el reciente caso de la española Noelia Castillo Ramos, cuya decisión personalísima volvió a sacudir un debate que México ha procrastinado. No se trata solo de una discusión médica o jurídica, sino de una pregunta profundamente humana: ¿cómo queremos vivir…y cómo estamos dispuestos a morir?

No se hagan bolas: es la eutanasia

Al respecto, conviene aclarar algunos términos que aparecen en la discusión pública. La eutanasia (buena muerte) es la provocación intencionada y consentida de la muerte de una persona que padece una enfermedad grave e incurable. Mientras que, la ortotanacia (muerte digna), es el tratamiento paliativo para evitar sufrimientos, hasta que llegue la muerte.

En tanto que, la distanasia, es el empleo de todos los medios posibles, para prolongar artificialmente la vida y retrasar el advenimiento de la muerte, aun cuando ello extienda la agonía y agudice el dolor del paciente.

México ha optado por la ortotanasia, mediante leyes de voluntad anticipada, que ya existen en 19 estados de la república. Pero el núcleo del debate, la eutanasia, sigue sin prosperar en el Congreso de la Unión, en donde han sido escasas y variopintas las iniciativas durante la última década.

Olga Sánchez Cordero quiere la ortotanasia

Incluso, entre las y los integrantes de la misma bancada, las propuestas van en sentidos distintos, como sucedió en la Cámara de Diputados el segundo semestre de 2025. La diputada Olga Sánchez Cordero presentó iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, para incluir la ortatanasia. Mientras que sus compañeras de bancada guinda, Irma Juan Carlos, Carina Piceno Navarro, Olga Chávez Rojas y Naty Poob Pijy Jiménez, proponen por separado incluir en el texto constitucional a la eutanasia. Tal parece que la ministra en retiro evade meterse en honduras y adopta la posición más cómoda entre los dos extremos.

La encuesta y el derecho a morir

De acuerdo a una encuesta realizada en 2022 por la consultora, Investigación en Salud y Demografía, INSAD, solicitada por el colectivo Derecho a Morir con Dignidad, DMD, el 72.7% de las mexicanas y mexicanos considera que se deben cambiar las leyes, para permitir que las personas enfermas tengan el derecho a recibir ayuda para terminar con su vida si así lo deciden.

Igualmente, el 68.3% de las personas entrevistadas dijo que, en caso de estar en la fase terminal de una enfermedad, le gustaría tener la posibilidad de pedir ayuda a su médico para adelantar su muerte. Para el 68.6%, un paciente que se encuentra en fase terminal y con un sufrimiento que ya no se puede evitar, debería tener la opción de decidir adelantar su muerte.

Ley Trasciende llega al Senado y el PAN le marca distancia

Hoy, el debate está en el Senado, con la iniciativa de Ley Trasciende, que es impulsada por Samara Alejandra Martínez Montaño, una periodista que sufre los estragos de una serie de enfermedades crónicas degenerativas.

La iniciativa es avalada por 128 mil firmas y fue llevada al Senado a finales de octubre de 2025, siendo arropada por un grupo de senadoras y senadores de Morena, PT, PVEM, PRI y MC, presentándola como suya en la sesión del 19 de noviembre del año pasado. La bancada del PAN pintó su raya.

Propone eliminar de la Ley General de Salud la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, derogando el artículo 166 bis 21, así como adicionar un Título Octavo Ter para regularla.

Freezer para la eutanasia

Han pasado cinco meses desde entonces y no hay visos de voluntad política para su aprobación. Tal parece que, el costo de legislar sobre la eutanasia, sigue siendo muy alto y ningún partido está dispuesto a pagarlo.

Ante la demora, Margarita Valdez Martínez, Celeste Ascencio Ortega, Virgilio Mendoza Amezcua, Francisco Barrera Pavón, Emmanuel Reyes Carmona, Geovanna Bañuelos de la Torre, Claudia Anaya Mota y Luis Donaldo Colosio Riojas, tienen el compromiso de evitar que congelen la iniciativa arropada y no defraudar al 72.7% de mexicanas y mexicanos, que exigen incorporar la eutanasia al marco jurídico nacional.

Envión que deben mostrar con sus iniciativas en la Cámara de Diputados, las cuatro diputadas de Morena que impulsan la eutanasia y el suicidio asistido.

Las JUCOPO de Nacho Mier y Ricardo Monreal

Por cierto, en el caso de la Ley Trasciende, se requiere mayoría simple para aprobarla, por ser una reforma legal. Y Las bancadas de Morena, PVEM, PT, PRI y MC, a las que pertenecen las y los senadores que la respaldan, suman 106 de los 128 votos totales. Ya sabemos que el conservadurismo del PAN, aportará 21 votos en contra. Falta saber el sentido del voto del senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, que no pertenece a ningún Grupo Parlamentario.

Ya veremos también, cuánta voluntad política tienen Ignacio Mier y Ricardo Monreal, para evitar que las JUCOPO frenen la eutanasia y las metan a sus respectivas neveras. Porque seguramente, las coordinaciones de los Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras, medirán su aprobación o rechazo, en términos de votos que les aporte o reste un tema tan polémico, de cara a la elección de 2027.

En la pionera Ciudad de México (antes Distrito Federal) en abril de 2007 fue aprobado el aborto y su despenalización. La OMS solicita que dicha intervención debe realizarse por las y los doctores para evitar riesgos y complicaciones para las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, y que no mueran por las condiciones en las que abortan.

“Trágicamente, solo alrededor de la mitad de los abortos se realizan en esas condiciones, y los abortos no seguros causan alrededor de 39 mil muertes al año y hacen que millones de mujeres más sean hospitalizadas por complicaciones. La mayor parte de estas muertes se concentran en los países de ingreso bajo —más del 60% en África y el 30% en Asia— y entre quienes viven en las situaciones más vulnerables”, (OMS, 2022).

El gobierno del estado de Querétaro sigue encarcelando a niñas y mujeres por abortar, el diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, le llama arcaico e injusticia social.

Herrera Ruiz, legislador feminista, sí, porque ser feminista también es cosa de hombres, desde su trinchera busca que el gobierno de Querétaro deje de violar los derechos humanos de las niñas y adolescentes embarazadas, producto de una violación. Son estigmatizadas y criminalizadas por las y los servidores públicos.

Dejó en claro que continuará luchando desde la academia y el legislativo por la justicia social que tanto se necesita en el territorio mexicano.

La educación sexual desde las escuelas y los hogares ayudaría a prevenir la interrupción del embarazo, los gobiernos incrementan las leyes para que paguen con más años de cárcel las personas que cometen delitos. Las ideologías religiosas condenan esta práctica, la OMS deja en claro que la prohibición no disminuye el número de abortos, sólo pone en riesgo la vida de las niñas y mujeres.

La vida es un derecho humano plasmado en documentos internacionales, la OMS insta a las autoridades a brindar el apoyo médico a las mujeres cumpliendo los estándares internacionales. No olvidemos que los embarazos de niñas y adolescentes son producto de una violación sexual por parte de los hombres.

Los casos de violencia institucional que siguen presentes a nivel mundial vulneran los derechos humanos de todas y todos; la tecnología avanza, operan en la impunidad los delincuentes de cuello blanco, así como el crimen organizado a nivel global, se benefician obteniendo dinero de actos delictivos, medios de comunicación nacionales e internacional han informado.

¡Qué incongruencia! Mientras la niña Esmeralda, en 2024 fue investigada por la fiscalía estatal de Querétaro tras sufrir un aborto espontáneo producto de una violación, y recibió una sentencia de tres años de prisión y reparación del daño de 500 mil pesos en favor de su agresor. ¡Las niñas y adolescentes merecen un trato digno y justicia!

Aunque fue trasladado de inmediato al Hospital General Dr. José María Rodríguez, más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar quién abandonó al menor de edad, hallado aún con el cordón umbilical en la colonia La Estrella.

Murió bebé abandonado el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

Trabajadores de limpieza del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, reportaron que durante las labores de higiene en los sanitarios del instituto, localizaron a un bebé con vida y aún con el cordón umbilical.

Sobre lo ocurrido, los empleados declararon que el recién nacido fue localizado en un bote de basura al interior de uno de los baños de mujeres del plantel ubicado en la colonia La Estrella.

Ante el hallazgo, el personal de limpieza solicitó la intervención de las autoridades del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, mismas que se pusieron en contacto con policías municipales.

En primera instancia, personal médico de la institución brindó los primeros auxilios al bebé y posteriormente elementos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar para trasladarlo al Hospital General Dr. José María Rodríguez.

La información establece que el recién nacido fue ingresado al hospital en estado delicado, por lo que especialistas le brindaron la asistencia requerida, pese a la cual más tarde se confirmó que murió.

Fiscalía abre carpeta de investigación por muerte de bebé abandonado

Derivado del hallazgo y muerte del bebé recién nacido que fue abandonado en un sanitario de mujeres del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, autoridades estatales informaron que atraerán el caso.

En específico, la FGJEM reportó que abrirá la carpeta de investigación correspondiente para resolver con puntualidad qué pasó y quién o quiénes fueron responsables de abandonar al recién nacido.

Cabe resaltar que el bebé fue encontrado cerca de las 7 de la mañana del 14 de abril, por lo que se presume que pudo haber sido dejado en el sitio desde la noche anterior.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al estudiar el amparo en revisión 63/2024 está por hacer frente a la nulidad de contratos de vientres de alquiler que contienen cláusulas explotadoras y reparar las consecuencias que esto conlleva para todas las partes, principalmente para las mujeres que han sido madres gestantes y las niñas o niños nacidos mediante este tipo de transacciones que se enfrentan a la amenaza de sus derechos más básicos, como la identidad, el acta de nacimiento y hasta la nacionalidad. El caso surge a partir de gemelos qué nacieron por vientres de alquiler en Jalisco, mediante un contrato plagado de reglas y asimetrías de origen, como el hecho de que la mujer que rento su vientre no supiera el contenido o significado del contrato que estaba firmando así como que ella tenía una vulnerabilidad evidente por ser de escasos recursos en tanto que la pareja que contrató el servicio lo hizo mediante una empresa intermediaria, en la que tanto la empresa como los contratantes tenían mucho más recursos, información, poder y un lugar dominante en la relación.

El contrato fue firmado con una pareja estadounidense que, además de imponer condiciones inhumanas, pretendía registrar a los menores exclusivamente con los apellidos de la madre intencional -no biológica- en el Registro Civil de Puerto Vallarta, Jalisco. Sin embargo, esta autoridad se negó, con razón, a validar la filiación de una madre no biológica sin que existiera un marco legal o prueba del consentimiento libre e informado de la mujer que gestó. La pareja inició entonces un juicio, al que se sumó la madre gestante.

La Primera Sala de la Corte plantea un análisis muy avanzado y profundo al entrar en la propia naturaleza del “Contrato de Reproducción Humana Asistida Altruista” suscrito entre la madre gestante y la pareja contratante.

La sentencia, aprobada el 9 de julio de 2025, es un parteaguas porque va más allá del análisis formal sobre el registro civil. La Corte examinó a fondo el “Contrato Altruista” y lo calificó como un mecanismo de posible explotación. No fue un simple desacuerdo sobre apellidos: fue un caso que evidenció la urgencia de regular la gestación subrogada para prevenir formas modernas de trata de personas.

Encima, la Primera Sala hizo énfasis en que si bien, la gestación subrogada es una realidad social en México, la ausencia de regulación federal o local adecuada en Jalisco expone a mujeres y niños a riesgos graves. En el punto de partida, había manipulación restrictiva a la autonomía reproductiva ya que la empresa intermediaria convenció a la mujer gestante de que estaba ayudando a una familia mientras que ella misma podía salir de problemas económicos, pero nunca recibió asesoría independiente de ningún tipo, ni legal, médica o psicológica en cualquier momento previo, durante y posterior a la firma del contrato, es decir que la falta de información se tradujo en un riesgo de que el consentimiento no fuera plenamente informado o libre de vicios. Pero lo que viene es lo peor.

Cláusulas abusivas y control del cuerpo

El contrato contenía condiciones que rozan lo inhumano:

• Penalidades económicas y amenazas de cárcel si la mujer interrumpía el embarazo o si el embarazo se perdía, en un tono amenazante.

• Restricciones extremas sobre su conducta durante la gestación (desde no fumar hasta evitar cualquier acto que pudiera “dañar al embrión”, como ejercicio), con vigilancia constante. Incluyendo la “renuncia” a un derecho irrenunciable que es el derecho de suspender el embarazo, lo que convirtió el contrato en embarazo forzoso.

• Renuncia anticipada a emprender acciones legales por daño físico o moral.

• Cláusulas de confidencialidad que la amenazaban con consecuencias legales si revelaba detalles del proceso, lo cual además atenta contra el derecho de los menores a conocer sus orígenes.

Además, el contrato prohibía expresamente el ejercicio de acciones civiles o penales, despojando a la mujer de cualquier vía para defenderse legalmente. Como si fuera poco, la pareja contratante eligió aplicar exclusivamente la ley mexicana (donde no hay regulación adecuada) y evitó expresamente que el asunto pudiera ser llevado ante tribunales de California, donde la gestación subrogada está regulada y se reconocen ciertos derechos mínimos para las mujeres gestantes.

Vale la pena mencionar que los procesos para rentar vientres pueden estar cargados de violencia y hostigamiento así como de malestares hormonales que provocan a las mujeres gestantes pues para lograr el éxito de embarazo se incluyen distintas técnicas de reproducción asistida con las que se les obliga a recibir diario inyecciones en el vientre, consumir medicamentos o acudir a controles qué provocan consecuencias en la salud desconocidas al momento de aceptar una acción así, por lo que más de una mujer en estas condiciones pudiera no desear continuar con un procedimiento de este tipo pero una vez firmado el contrato, no hay vuelta atrás.

Explotación sin nombre, pero con estructura

La Corte, al aplicar una perspectiva de género e interseccional, reconoció que la mujer firmó este contrato sin recibir asesoría jurídica, médica ni psicológica independiente. En esas condiciones, ¿puede hablarse de consentimiento real? ¿Puede una mujer en situación de vulnerabilidad socioeconómica, sin información completa, aceptar libremente entregar su cuerpo durante nueve meses a cambio de una supuesta “retribución altruista”?

El desequilibrio era absoluto: mientras la pareja contratante limitaba su responsabilidad al pago de gastos médicos, la mujer ponía en riesgo su salud física, mental y su integridad, sin red de protección, sin respaldo económico adicional y sin garantías jurídicas.

Encima, el contrato nunca mencionó algo sobre los derechos de los menores que iban a nacer, ni sobre su interés superior, el derecho a la no discriminación o a conocer sus orígenes biológicos. Como si fueran objetos.

¿Dónde empieza la gestación subrogada y dónde la trata de personas?

Este caso pone en el centro una discusión que México ya no puede seguir postergando. Es momento de distinguir entre los supuestos legítimos de gestación subrogada (si es que se consideran válidos) y los que constituyen, sin ambigüedad, formas modernas de trata de personas. Cuando se cosifica a la mujer, cuando se compra su silencio, se controla su cuerpo, se le niega el derecho a decidir sobre el embarazo y se le impone una renuncia anticipada a sus derechos fundamentales, estamos frente a una forma de explotación.

Es profundamente indignante el caso, lo es porque no se trata del único y parece sintomático que justo haya llegado a la Corte un amparo promovido por la pareja contratante pues las víctimas que han pasado por procesos de gestación como madres gestantes terminan sin dinero y llenas de miedo por los procesos que ejecutan en su contra las empresas intermediarias qué cuentan con equipos legales capaces de impedir que sus voces sean escuchadas.

La SCJN ordenó lo siguiente:

• La madre gestante debe ser informada, en lenguaje claro, de que fue víctima de explotación y tiene derecho a buscar una indemnización civil.

• El Registro Civil solo podrá registrar a los menores con los apellidos de la pareja contratante si la madre biológica ratifica, con acompañamiento legal y social, su consentimiento libre y sin vicios.

• Las actas de nacimiento definitivas deberán incluir anotaciones que remitan a esta sentencia, salvo que la pareja opte por la vía de adopción plena.

Asimismo, la Corte declaró inconstitucionales disposiciones del Código Civil de Jalisco que discriminaban a las parejas en concubinato al impedirles adoptar plenamente, abriendo así la puerta a una vía jurídica más digna y respetuosa de los derechos de todas las personas involucradas.

La urgencia de legislar con enfoque de derechos humanos

La gestación subrogada no puede seguir operando en la opacidad ni bajo contratos redactados desde el privilegio y la desigualdad. Es urgente que el Congreso de la Unión y los congresos locales asuman su responsabilidad y legislen con enfoque de género y derechos humanos, evitando que estos acuerdos se conviertan en instrumentos de explotación y violencia contra mujeres vulnerables. Abordarlo como trata de personas es más que urgente.

Este caso es una advertencia clara: la ausencia de regulación no es neutral. Favorece al más fuerte, al extranjero, al que ha encontrado sitios como Tabasco y Sinaloa en donde los bebés son productos mientras se desprotege al más débil y abre la puerta a que, en nombre del “altruismo”, se repitan esquemas de abuso que deberían escandalizarnos como sociedad. Ningún contrato puede legitimar la explotación de un cuerpo. Ni en nombre de la ciencia, ni de la maternidad, ni del deseo de ser padres.

X: @ifridaita