Durante años, los partidos políticos vendieron la idea de que la alternancia resolvería los viejos vicios del sistema. Morena llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción “de arriba hacia abajo”, pero la realidad en muchos municipios del país demuestra que el problema no desapareció; simplemente cambió de colores y de protagonistas.

Lo ocurrido en Chiapas es gravísimo por varias razones. Primero, porque las acusaciones no hablan de errores administrativos menores, sino de presuntos actos de extorsión agravada: funcionarios utilizando el cargo para exigir pagos indebidos y condicionar obras públicas o inversiones privadas. Es decir, el poder municipal convertido en una caja de cobro.

Segundo, porque el hermetismo con el que actuó el Congreso local deja más preguntas que respuestas. Una sesión convocada desde la mañana y arrancada hasta horas después, diputados admitiendo desconocer la orden del día y un ambiente de total opacidad revelan que, incluso en momentos de alta relevancia institucional, la política sigue manejándose entre acuerdos de pasillo y decisiones cocinadas en lo oscurito.

Y tercero, porque este caso desnuda una realidad incómoda para Morena en Chiapas: el partido gobierna muchos municipios, pero no necesariamente controla la conducta de quienes postula. La improvisación política y el reciclaje de perfiles cuestionables están pasando factura. El discurso anticorrupción pierde fuerza cuando alcaldes emanados del propio movimiento terminan bajo investigación penal apenas meses después de asumir funciones.

La rapidez con la que se aprobó el desafuero también merece análisis. En México, históricamente el fuero ha funcionado como un blindaje político casi impenetrable. Por eso llama la atención que el Congreso haya actuado con tanta contundencia. ¿Estamos frente a un verdadero combate a la corrupción o ante una operación política cuidadosamente calculada? La pregunta es inevitable, sobre todo, en un estado donde las disputas internas por el control territorial y político son intensas.

Porque en política pocas veces existen decisiones inocentes. Cuando un gobierno decide exhibir y derribar públicamente a sus propios cuadros, normalmente busca enviar un mensaje. El problema es que ese mensaje puede interpretarse de dos maneras: como una señal de que nadie está por encima de la ley o como una advertencia de quién tiene realmente el control del tablero.

Mientras tanto, la ciudadanía vuelve a quedar atrapada entre discursos y escándalos. Los municipios afectados seguirán enfrentando rezagos, obras detenidas y gobiernos fracturados. Al final, quienes pagan las consecuencias no son los grupos políticos, sino los ciudadanos que confiaron en autoridades que prometieron transformación y terminaron reproduciendo las mismas prácticas que juraron combatir.

La detención de la exalcaldesa y de funcionarias municipales podría marcar un precedente importante en Chiapas, siempre y cuando las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y no se conviertan únicamente en un espectáculo mediático momentáneo. Porque si la justicia se aplica selectivamente, entonces no hay transformación: solo hay administración del poder.

Y esa es la verdadera tragedia política del país. México no necesita más gobiernos expertos en narrativa; necesita instituciones capaces de castigar la corrupción sin importar el partido, el apellido o el grupo político al que pertenezcan los responsables.

Pero la propuesta no es otra cosa que el reconocimiento de un problema que Morena ya no puede ocultar. Las acusaciones sobre narcopolíticos apuntan cada vez más hacia figuras del partido y el descrédito público aumenta conforme aparecen nuevas evidencias sobre vínculos entre políticos, funcionarios y grupos criminales.

Lo que ya no pueden ocultar

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó recientemente el desmantelamiento de una red de funcionarios y políticos de diversas filiaciones (incluyendo al PAN, PRI, PRD, PES y Morena) vinculados al crimen organizado en Morelos. El operativo, denominado Operación Enjambre, exhibió estructuras de protección política y financiamiento ilícito ligadas al Cártel de Sinaloa.

Todo un entramado criminal que se desarrolló bajo la administración de Cuauhtémoc Blanco, hoy diputado federal por Morena que siendo gobernador fue exhibido en fotografías junto a personajes señalados como operadores criminales vinculados al CJNG y grupos regionales.

Guerrero, donde no pasa nada

La Operación Enjambre comenzó desde finales de 2024 en el Estado de México, donde fueron detenidos alcaldes y mandos policiales de municipios relacionados con la Familia Michoacana. El objetivo central era desmantelar estructuras criminales incrustadas dentro de gobiernos municipales.

Sin embargo, hasta hoy, en Guerrero, donde las evidencias son todavía más graves, no se ha desplegado un operativo similar.

Ahí existen videos, información de inteligencia, reportajes periodísticos y asesinatos de alcaldes que exhiben el nivel de penetración criminal en la política local. Incluso, a partir de la reciente crisis provocada por Los Ardillos, surgió información altamente comprometedora sobre la relación entre grupos criminales y figuras cercanas al obradorismo.

Celso Ortega, líder de Los Ardillos, declaró en Latinus que antes de encabezar ese grupo criminal formó parte de Los Zetas y aseguró que participaron en operaciones políticas y de financiamiento electoral desde la campaña presidencial de López Obrador en 2006. También afirmó que continuaron apoyando políticamente al obradorismo en Guerrero junto a Félix Salgado Macedonio.

A ello se suma la revelación de imágenes de reuniones entre López Obrador y Celso Ortega en 2017, presuntamente gestionadas por Salgado Macedonio, así como el escándalo de la reunión de la exalcaldesa de Chilpancingo con el propio líder criminal.

Y si eso no fuera suficiente, la gobernadora Evelyn Salgado contrajo matrimonio con el hijo de un personaje señalado durante años como operador financiero de los Beltrán Leyva.

Protección y simulación

Mientras Guerrero vive sometido por la violencia y un control criminal que desplaza a los pobladores de sus hogares, la respuesta del gobierno federal y estatal se ha limitado a visitas políticas y llamados absurdos a “firmar acuerdos de paz” con comunidades aterrorizadas.

Pero, ¿por qué en unos estados sí se despliegan operativos federales contundentes y en otros parece existir protección política?

Lo mismo ocurre en Sinaloa con el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, donde el gobierno federal exige pruebas mientras cierra filas en su defensa.

Pruebas pide, aun cuando dos exfuncionarios relacionados con el caso ya se entregaron a autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, quien trascendió, llegó con cajas y expedientes que entregará y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, señalado como operador de los recursos que se entregaban a políticos cercanos al círculo de Morena.

El mensaje es claro: en Morena no se investiga al que tiene nexos con el crimen; se protege al que todavía resulta útil.

Ningún comité burocrático así lo llamen “Comisión de Integridad” puede resolver un problema que lleva años incrustado en un gobierno que usa el aparato del Estado como escudo protector para los suyos.

Cualquier discurso anticrimen no es más que propaganda destinada no a combatir la narcopolítica, sino a intentar limpiar la imagen del régimen y su partido, cada vez más contaminada por la violencia, el dinero ilícito y la sombra del narcopoder.

X: @diaz_manuel

1. Hidalgo
2. Estado de México
3. Ciudad de México
4. Coahuila
5. Yucatán

Estos estados presentaron incrementos estadísticamente significativos en la tasa de victimización, reflejando un deterioro alarmante en la confianza ciudadana.

Hidalgo lidera con 21,452 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que la capital del país y su zona conurbada muestran un repunte preocupante.

El contacto con policías sigue siendo el principal foco rojo, con 63.5% de afectados.

ENCIG 2025: Cinco estados tuvieron incremento estadísticamente significativo en corrupción

De acuerdo con los resultados de la ENCIG 2025, estas cinco entidades federativas destacan por ser las únicas en México que registraron un incremento estadísticamente significativo en su tasa de prevalencia de la corrupción (número de víctimas) en comparación con el ejercicio de 2023.

1. Hidalgo

Es la entidad donde el crecimiento fue más drástico, convirtiéndose en el estado con la mayor prevalencia e incidencia de corrupción a nivel nacional en 2025.

• Víctimas: Pasó de una tasa de 13,107 en 2023 a 21,452 en 2025.
• Actos de corrupción: La tasa de incidencia subió de 30,353 a 46,219 actos por cada 100,000 habitantes.

2. Estado de México

• Víctimas: Registró un aumento considerable, pasando de 12,031 víctimas en 2023 a 17,899 en 2025.
• Actos de corrupción: El número de actos reportados creció de 25,856 a 30,086 por cada 100,000 habitantes.

3. Ciudad de México

• Víctimas: La tasa de ciudadanos que experimentaron corrupción subió de 15,739 a 17,905.
• Actos de corrupción: Se registró un salto de 28,777 actos en 2023 a 38,866 en 2025.
• Costo: Específicamente en la capital, se estima que el costo total de la corrupción ascendió a 3,342 millones de pesos en el último año.

4. Coahuila

• Víctimas: La prevalencia aumentó de 11,464 en 2023 a 14,619 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2025.
• Actos de corrupción: La incidencia también mostró una tendencia al alza, pasando de 20,289 a 22,143 actos.

5. Yucatán

• Víctimas: Experimentó un crecimiento de 11,419 víctimas en 2023 a 15,570 en 2025.
• Actos de corrupción: El incremento en la cantidad de actos fue notable, elevándose de 16,184 a 26,439 actos por cada 100,000 habitantes

El principal punto de conflicto para la ciudadanía sigue siendo el contacto con las autoridades de seguridad pública.

A nivel nacional, el 63.5% de las personas que tuvieron interacción con la policía experimentaron algún acto de corrupción, un incremento respecto al 59.4% reportado anteriormente.

ENCIG 2025: Crece tasa de victimización

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, la tasa nacional de ciudadanos que experimentaron al menos un acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos subió a 15,642 personas por cada 100,000 habitantes.

Los datos oficiales colocan a Hidalgo como la entidad con la mayor tasa de víctimas de corrupción en México, registrando 21,452 víctimas por cada 100,000 habitantes.

A esta lista le siguen:

1. Oaxaca: 20,330 víctimas.
2. Sinaloa: 19,836 víctimas.
3. Chihuahua: 18,420 víctimas.
4. Sonora: 18,355 víctimas.
5. Ciudad de México: 17,905 víctimas.

En el extremo opuesto, las entidades que presentaron los niveles más bajos de victimización de corrupción fueron Colima (6,992), Nayarit (8,915) y Zacatecas (9,366).

Impacto de la corrupción es económico y de género

La corrupción no solo afecta la confianza, sino también el bolsillo de los mexicanos.

En 2025, el costo total de estas prácticas se estimó en 17,707.4 millones de pesos, lo que representa un gasto promedio de 3,865 pesos por persona afectada.

Asimismo, el INEGI identificó una brecha de género considerable en este fenómeno: la tasa de victimización en hombres es más del doble que en las mujeres, con 21,620 víctimas masculinas frente a 10,343 femeninas por cada 100,000 habitantes.

Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, señaló que estos datos permiten a las administraciones estatales identificar específicamente en qué trámites y servicios existen mayores riesgos para mejorar la transparencia y la gestión pública.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025) muestra que el 15.6% de los ciudadanos sufrió directamente algún acto de corrupción, mientras que el 84.1% percibe estas prácticas como frecuentes.

Los focos rojos incluyen la seguridad pública, donde dos de cada tres personas que interactuaron con policías fueron víctimas de extorsión.

ENCIG 2025: 15.6% experimentó un acto de corrupción

De acuerdo con la ENCIG 2025, el 15.6% de la población que tuvo contacto con servidores públicos experimentó al menos un acto de corrupción durante 2025.

Sin embargo, la percepción de corrupción se mantiene en niveles mucho más elevados: el 84.1% de los adultos en zonas urbanas considera que estas prácticas son “frecuentes” o “muy frecuentes” en sus entidades.

Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, explicó que aunque la percepción es un dato “duro” basado en la cultura y la comunicación, la victimización directa (el 15.6%) es el dato central que refleja la experiencia real de los ciudadanos al ser extorsionados o enfrentar solicitudes de dinero para agilizar servicios.

La pregunta clave fue si, al hacer un trámite o recibir un servicio, la persona sufrió algún acto de corrupción, como que le pidieran dinero o favores para obtener lo que buscaba. Aunque no se formuló exactamente así, esa fue la idea central. El resultado fue que 15.6% de las personas reportó haber sido víctima de corrupción. Ese es uno de los datos más relevantes de la encuesta. Sobre qué indicador es más importante —percepción, incidencia o victimización directa—, la respuesta es que los tres son igual de importantes porque se complementan entre sí.

Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI.

ENCIG 2025: Seguridad pública, el principal foco rojo de corrupción

El contacto con las autoridades de seguridad pública sigue siendo el principal punto crítico de corrupción.

La encuesta revela un dato alarmante: 2 de cada 3 personas que interactuaron con policías fueron víctimas de corrupción a nivel nacional.

Otros sectores con altos costos e incidencia son los trámites ante el Ministerio Público, que sumaron un costo de 5,000 millones de pesos, y los permisos relacionados con la propiedad.

A nivel estatal, las tasas de victimización más altas se registraron en:

1. Hidalgo: 21,452 víctimas por cada 100 mil habitantes.
2. Oaxaca: 20,330 víctimas por cada 100 mil habitantes.
3. Sinaloa: 19,836 víctimas por cada 100 mil habitantes.

En contraste, los estados con menor incidencia fueron Colima (6,992 víctimas), Nayarit (8,915) y Zacatecas (9,366).

No obstante, resalta el caso de Nuevo León, donde a pesar de no tener la tasa de incidencia más alta, el costo promedio por persona afectada fue el mayor del país, alcanzando los 17,501 pesos.

ENCIG 2025: Digitalización de trámites como alternativa

Frente a estos retos, la ENCIG 2025 destaca un avance en el gobierno electrónico.

El uso de internet para realizar trámites aumentó de un 16.2% en 2023 a un 21.7% en 2025.

Las autoridades del INEGI señalaron que esta tendencia creciente hacia la digitalización es fundamental para asegurar una atención más transparente y cercana a las necesidades de las personas.

Graciela Márquez Colín, Presidenta del INEGI, reiteró que esta información es un bien público vital para que las administraciones estatales y municipales identifiquen los trámites con mayores deficiencias y riesgos de corrupción para mejorar su gestión.

Esta encuesta funciona como una guía detallada para identificar qué trámites, servicios e interacciones con autoridades tienen más problemas de satisfacción. También muestra cuáles presentan mayores riesgos y casos de corrupción, así como la percepción de corrupción y el nivel de confianza que la población tiene hacia las administraciones públicas, especialmente las estatales y municipales.

Graciela Márquez Colín, Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

¿Cómo se calculó el costo de la corrupción?

El cálculo del costo de la corrupción, según los resultados de la ENCIG 2025, se basa en la experiencia directa reportada por la ciudadanía a través de un proceso metodológico específico que incluye los siguientes puntos clave:

1. Metodología de Captación Directa

El costo se determina a partir de la información proporcionada por los informantes en la encuesta. El proceso sigue estos pasos:

• Identificación del acto: Primero se pregunta a las personas si tuvieron ocasión de experimentar un acto de corrupción al realizar trámites o tener contacto con autoridades.
• Identificación del actor: Si la respuesta es afirmativa, se les pregunta con qué autoridades o actores específicos ocurrió el evento.
• Erogación económica: Posteriormente, se les cuestiona si dicho acto de corrupción les generó algún costo o si tuvieron que realizar alguna erogación económica.

2. Alcance del Cálculo

Es importante destacar que la cifra resultante (que en 2025 ascendió a 17,707.4 millones de pesos) tiene un alcance delimitado:

• Corrupción cotidiana: Representa únicamente los actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares.
• Exclusiones: No incluye los costos derivados de actos de corrupción que afectan el desarrollo de unidades económicas (empresas) ni las actividades propias de los servidores públicos.

3. Estandarización Monetaria

Para que las cifras sean comparables a lo largo del tiempo, el INEGI realiza ajustes económicos:

• Precios constantes: Los montos totales se presentan deflactados, utilizando la segunda quincena de julio de 2018 como año base. Esto permite eliminar el efecto de la inflación en la comparación de los costos entre diferentes años.

4. Indicadores Resultantes

A partir de estos datos, la encuesta genera dos indicadores principales a nivel nacional:

• Costo total: La suma estimada de todas las erogaciones reportadas por la población urbana.
• Costo promedio por persona: El gasto medio que cada víctima de corrupción tuvo que pagar, el cual en 2025 se estimó en 3,865 pesos por persona afectada

Demasiados símbolos acumulándose al mismo tiempo. Y la historia enseña que cuando empiezan a coincidir fracturas internas, desgaste imperial, tensiones militares y cuestionamientos morales globales, normalmente algo mucho más profundo, empieza a moverse debajo de la superficie.

Porque lo que hoy ocurre dentro de Estados Unidos ya no parece solamente polarización política. Empieza a parecer agotamiento estructural del propio sistema. Mientras el Senado estadounidense enviaba señales de ruptura interna al frenar parcialmente los poderes de guerra de Donald Trump respecto a Irán —con apoyo incluso de sectores republicanos— otra noticia explotaba casi simultáneamente: el acuerdo que impediría al IRS continuar investigaciones o auditorías fiscales sobre Trump, sus empresas y parte de su entorno familiar.

Y ahí el problema deja de ser solamente jurídico. Empieza a ser obscenamente político.

Porque la discusión ya no gira únicamente alrededor de impuestos, tecnicismos legales o disputas administrativas. La percepción que empieza a instalarse dentro y fuera de Estados Unidos es mucho más grave: la idea de que el poder político comienza lentamente a doblar las instituciones para protegerse a sí mismo.

Y eso es devastador para cualquier democracia que todavía pretenda llamarse democracia funcional.

Según los reportes difundidos en medios estadounidenses, el acuerdo derivado de la demanda multimillonaria impulsada por Trump contra el IRS incluiría cláusulas que limitarían o bloquearían futuras acciones de auditoría relacionadas con declaraciones fiscales previas de Trump, sus empresas y familiares. Técnicamente existen matices legales y funcionarios intentando explicar alcances específicos. Siempre aparecen los expertos dispuestos a explicar que “no es exactamente eso”, que “debe interpretarse cuidadosamente”, que “jurídicamente existen matices”.

Naturalmente. Los imperios decadentes suelen llenarse de especialistas explicando por qué lo anormal todavía debe considerarse normal.

Pero políticamente el daño ya está hecho. Porque el mensaje que recibe la opinión pública es brutalmente simple: el hombre más poderoso del país parece negociar protección fiscal con organismos que deberían investigarlo independientemente.

Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser solamente Trump. El problema empieza a ser el sistema.

Porque las democracias pueden sobrevivir presidentes polémicos. Pueden sobrevivir escándalos. Pueden sobrevivir incluso líderes autoritarios. Lo que rara vez sobrevive intacta es la percepción de que el poder ya no tiene límites reales.

Ahí es donde ambos acontecimientos —la rebelión parcial en el Senado y el escándalo alrededor del IRS— empiezan a conectarse peligrosamente. Porque mientras algunos sectores institucionales estadounidenses intentan todavía colocar frenos, contrapesos y límites al expansionismo político del trumpismo, otras áreas empiezan a proyectar exactamente lo contrario: concentración creciente de poder alrededor de una figura personalista.

Y eso suele ser señal de tensión estructural interna.

El Senado lo entendió parcialmente con Irán. Porque lo verdaderamente importante de la votación para limitar facultades de guerra no fue solamente el tema militar. Fue el mensaje político. Republicanos comenzaron a despegarse. Y cuando sectores del propio bloque gobernante empiezan a enviar señales de distancia, preocupación o incomodidad, normalmente significa que el desgaste interno ya empezó a ser demasiado visible para ocultarlo completamente.

La famosa “pared roja” empieza lentamente a mostrar grietas. No porque Trump haya perdido todavía el control total del Partido Republicano. Sino porque algunos empiezan a hacer algo que en política suele resultar letal para los liderazgos mesiánicos: empezar a calcular costos.

Costos económicos. Costos geopolíticos. Costos electorales. Costos históricos. Y hasta costos penales futuros.

Porque mientras Washington multiplica tensiones —Irán, China, Europa, comercio, migración, sanciones, amenazas y desgaste diplomático— el resto del mundo empieza lentamente a reacomodarse. Y ahí aparece la otra escena brutalmente simbólica de estos días: Xi Jinping desplegando una recepción monumental para Vladimir Putin en Pekín apenas días después de la visita de Trump.

La imagen es devastadora para Washington.

Porque mientras Trump fue recibido bajo protocolos fríos, tensos y cuidadosamente calculados, Putin apareció tratado prácticamente como socio estratégico de civilización.

No fue solamente diplomacia. Fue escenografía imperial. Fue mensaje.

Mensaje hacia BRICS. Mensaje hacia Europa. Mensaje hacia Medio Oriente. Mensaje hacia Washington.

China ya no se siente obligada a esconder que está construyendo un eje alternativo de poder global mientras Estados Unidos parece atrapado entre desgaste interno, polarización extrema y liderazgo cada vez más reactivo.

Y mientras tanto, desde Roma también empiezan a surgir mensajes incómodos. El Papa volvió recientemente a cuestionar el deterioro moral de la política internacional, el abuso de la fuerza, la normalización de la guerra y la pérdida de humanidad en las relaciones entre potencias. No mencionó directamente a Trump en el centro del discurso, claro. El Vaticano suele hablar en un lenguaje infinitamente más elegante que Truth Social. Pero el mensaje político quedó flotando con bastante claridad: las potencias empiezan a comportarse nuevamente como imperios obsesionados con fuerza, control y confrontación.

Y ahí aparece quizá la ironía más extraordinaria de esta época.

Trump insiste en presentarse como defensor de Occidente mientras buena parte de Occidente empieza lentamente a tomar distancia de él.

Europa recalcula. Canadá endurece posiciones. Sectores republicanos comienzan a dudar. La Iglesia cuestiona la lógica de confrontación permanente. Y China aprovecha el vacío para vender estabilidad estratégica.

Eso no convierte a Pekín en potencia moralmente superior. Ni democrática. Ni altruista. Xi Jinping encabeza un régimen profundamente autoritario, vigilante y controlador. Pero ahí está justamente el dato perturbador de esta etapa histórica: buena parte del planeta empieza a preferir estabilidad autoritaria predecible antes que volatilidad occidental permanente.

Y eso representa quizá una de las derrotas simbólicas más graves para Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría.

Porque durante décadas Washington logró vender no solamente poder militar y económico. Vendió institucionalidad. Vendió reglas. Vendió contrapesos. Vendió cierta idea de legalidad.

Pero cuando un presidente parece obtener acuerdos extraordinarios que lo blindan frente a investigaciones fiscales, mientras simultáneamente intenta ampliar facultades militares y endurece discursos imperiales sobre Venezuela, Groenlandia, Canadá o la Doctrina Monroe, la percepción internacional inevitablemente empieza a cambiar.

El problema ya no parece ser solamente político. Empieza a parecer sistémico.

Porque las potencias rara vez empiezan a deteriorarse únicamente desde afuera. Primero se desgastan internamente. Primero aparece polarización extrema. Después desconfianza institucional. Luego concentración de poder. Y finalmente algo todavía más peligroso: la sensación de que las reglas ya no aplican igual para todos.

Ahí es donde las sociedades comienzan lentamente a perder confianza no solamente en sus líderes, sino en el sistema completo.

Y cuando eso ocurre, las democracias entran en zonas muy oscuras.

Porque el verdadero riesgo nunca es solamente un líder fuerte. El verdadero riesgo aparece cuando las instituciones empiezan a adaptarse para protegerlo.

Y la historia demuestra algo brutal: cuando el poder empieza a blindarse de la ley, normalmente significa que ya empezó a sentir miedo de ella.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinionsalcosga23@gmail.com

La sentencia, emitida el 10 de abril de 2026, los obliga a pagar una indemnización de más de 261 millones de pesos y los inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos.

Gavira Segreste, ex titular de Administración y Finanzas, enfrenta además siete procesos penales por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Inhabilitan por 10 años a René Gavira Segreste y dos funcionarios de Segalmex

René Gavira Segreste y dos subordinados en Segalmex deberán pagarán una indemnización de poco más de 261 millones de pesos.

Además, los tres ex funcionarios de Segalmex quedarán inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos o participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

• Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones
• Miguel Carrillo Villarreal, Director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos

De acuerdo con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los funcionarios no lograron no acreditar que existiera emergencia por desabasto en tiendas Diconsa, por lo que se determinó que no era procedente la adquisición de maíz y frijol a precios de mercado mediante adjudicaciones directas, distinta de la prevista en el Programa de Precios de Garantía.

En su defensa, y de acuerdo a lo informado por Grupo Fórmula, los exfuncionarios argumentaron que la compra se realizó por orden de Ignacio Ovalle, en aquel entonces director general de Segalmex.

Condenaron que éste no haya sido imputado por irregularidades que generaron un daño patrimonial a Segalmex.

Cabe señalar que los exfuncionarios pueden impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado; no obstante, al ratificarse el dictamen, intervendrá el Servicio de Administración Tributaria para la reparación del daño mediante un crédito fiscal, bienes o cuentas de los responsables.

René Gavira enfrenta siete procesos penales

René Gavira se encuentra preso desde diciembre de 2023. Además de desviar dinero de Segalmex, enfrente siete procesos penales por distintos delitos:

• Compra ilegal de títulos bursátiles
• Defraudación fiscal equiparable
• Delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado
• Desfalco

La mandataria capitalina acudió este 8 de agosto a la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en la zona del Ajusco, donde se dijo “totalmente de acuerdo” con erradicar la corrupción de las instituciones públicas.

En este sentido, pidió que se sepa la verdad y haya justicia por el desvío de 2 mil 500 millones de pesos en el gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, actos en los que estuvo involucrado el exfuncionario.

Además, señaló que Orta Martínez se sometió y aprobó un control de confianza previo a su incorporación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como sucede con todos los altos mandos de la dependencia.

“En el caso de esta persona (…) supimos en su momento que había una investigación y fue una de las razones por las que pidió su renuncia”.

Jesús Orta Martínez

FGR solicita aprehensión de Jesús Orta y otros 18 exfuncionarios

La FGR solicitó este viernes a un juez federal órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluyendo al exsecretario de Seguridad Ciudadana.

El acusado se desempeñó como secretario general de la Policía Federal (PF) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y habría participado en el desvío de unos 2 mil 500 millones de pesos de presupuesto originalmente destinado a tareas de seguridad.

La FGR también pidió la aprehensión de Frida Martínez Zamora por el mismo caso, quien fue colaboradora cercana de Miguel Ángel Osorio Chong desde que se desempeñó como gobernador del estado de Hidalgo.

Indicó que las investigaciones de la OIC confirmaron graves faltas administrativas y el retiro indebido de dinero de cuentahabientes, acciones cometidas presuntamente por:

1. Víctor R, exsubadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT
2. Juan D, exsubjefe de área en el Banco del Bienestar
3. Orlando P, exauxiliar de sucursal en el Banco del Bienestar
4. Marco M, exasistente administrativo en el Banco del Bienestar

Según el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a los cuatro exfuncionarios se les impusieron castigos que van desde su inhabilitación de hasta 10 años para ocupar empleos, además de sanciones económicas.

Anticorrupción descubrió retiros indebidos de las cuentas de clientes del Banco del Bienestar

En el caso del SAT, Anticorrupción investigó a una persona servidora pública por asignar de manera irregular citas para trámites, usando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial.

En el Banco Bienestar se acreditaron irregularidades cometidas por tres personas servidoras públicas, dos de los cuales habrían retirado recursos de cuentas bancarias sin consentimiento por un monto superior a 275 mil pesos.

Un tercer funcionario del Banco Bienestar también fue señalado por haber retirado dinero de cuentahabientes, esto a través de una realización de conciliaciones con información no verídica.

Anticorrupción sancionó con hasta 250 mil pesos a exfuncionarios

Las sanciones económicas impuestas a los exfuncionarios por cometer irregularidades oscilan entre los 25 mil y los 250 mil pesos, mismas que tienen derecho a impugnar.

Anticorrupción señaló que sus sanciones serán:

• Víctor R, del SAT: Inhabilitado por 1 año para desempeñarse en el servicio público
• Juan D, del Banco Bienestar: Inhabilitado por 10 años y sanción económica
• Orlando P, del Banco Bienestar: Inhabilitado por 10 años y sanción económica
• Marco M, del Banco Bienestar: Inhabilitado por 10 años y sanción económica

De acuerdo con la información, el director del IPN creó una asociación civil a donde se redireccionaron más de 12 millones de pesos mensuales, correspondientes a pagos por concepto de cuotas.

Presentan denuncia ante FGR contra Arturo Reyes Sandoval, director del IPN

La organización Fundación Politécnico AC acusó formalmente a Arturo Reyes Sandoval, director del IPN, ante la FGR por presunto peculado, al identificar desvío del dinero de las cuotas del alumnado.

Autoridades de la FGR habrían confirmado que la asociación presentó una denuncia formal y se indaga si existen las pruebas suficientes para iniciar una investigación en contra del director del IPN.

Desde 1996, las cuotas de los alumnos del IPN eran recibidas por la Fundación Politécnico AC, hasta el pasado julio de 2025, cuando el director pactó con el Patronato Guinda y Blanco S.C.

La denuncia destaca que Arturo Reyes Sandoval y un grupo de altos funcionarios del IPN son los que manejan Patronato Guinda y Blanco S.C., y reciben el dinero de cuotas.

Cabe mencionar que esta denuncia llega luego de que Javier Tapia Santoy, exfuncionario del IPN, fuera vinculado a proceso por irregularidades millonarias vinculadas al ISSSTE.

Pese a las acusaciones en su contra, José Ignacio Peralta enfrentará el proceso en libertad ya que ha comparecido cuando se les ha convocado.

¿Quién es José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta Sánchez nació en Colima el 1 de octubre de 1970, es un político, economista y académico.

Actualmente se enfrenta un proceso legal tras ser acusado por presuntas irregularidades financieras detectadas durante su administración en Colima entre 2016 y 2021.

¿Cuántos años tiene José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

En el año 2000 se casó con Nora Luisa Moreno Peralta, quién ocupó la titularidad del sistema DIF Municipal cuando José Ignacio Peralta fue presidente Municipal de Colima en 2010.

Sin embargo, tiempo después la pareja puso fin a su relación antes de que José Ignacio Peralta se convirtiera en gobernador de Colima.

¿Qué signo zodiacal es José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta es del signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta tiene una hija llamada Adriana Emilia, fruto de su matrimonio con Nora Moreno.

¿Qué estudió José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

También cursó una Maestría en Economía (M.A. in Economics) en la Universidad de Essex, Reino Unido.

¿En qué ha trabajado José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

Se desempeñó en las áreas de análisis e investigación económica del Centro de Estudios de Competitividad (CEC) del ITAM.

José Ignacio Peralta desarrolló diversos proyectos para el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Trabajó como asesor en materia económica en la Secretaría de Educación Pública.

Laboró como Subgerente de Cambios Internacionales y Metales y Subgerente de Cambios Nacionales de la división Cambios y Política Económica en el Banco de México.

Del 2004 al 2009 fue titular de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima.

Se desempeñó como Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto.

Posteriormente fue presidente municipal de Colima, cargó que desempeñó hasta el 2012.

José Ignacio Peralta fue gobernador de Colima del 2016 al 2021.

Se ha desempeñado como profesor de Macroeconomía, Teoría Monetaria y Política Monetaria de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima (UCOL), y profesor de Finanzas Públicas, maestría en Administración Pública, CIDE.

También fue asistente de profesor, Introducción a Econometría de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima, fue vinculado a proceso

El exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y su antiguo secretario de Finanzas han sido vinculados a proceso penal por presuntas irregularidades financieras.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción los acusa de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión entre 2016 y 2021.

Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el juez otorgó un plazo de cinco meses para profundizar en las investigaciones sobre este supuesto daño al erario.

José Ignacio Peralta sostiene que sus acciones fueron legales y atribuye las acusaciones a modificaciones presupuestarias que, según él, estaba facultado para realizar.

Este caso representa un hecho histórico en la entidad, ya que es la primera vez que un exmandatario estatal es llevado ante la justicia por el manejo de recursos públicos.

Se tratan de 13 millones que fueron destinados a un contrato para el mantenimiento de las oficinas sede de Segalmex en Zacatecas, acción que no pudo ser comprobada por las autoridades.

FGR investigará a Segalmex por desvío de 13 millones de René Gavira en Zacatecas

La FGR inició un nueva línea de investigación por el caso Segalmex, la cual añade señalamientos por irregularidades de al menos 13 millones 800 mil pesos en los fondos de dicha institución.

Con información de Alejandra Barriguete de N+, Segalmex no pudo comprobar que los 13 millones se hayan usado como se aseguró para el mantenimiento de sus oficinas centrales.

Incluso, se acusó que el contrato estipulada obras estructurales en el complejo y otras instalaciones de Segalmex, acciones que se señaló quedaron inconclusas o fueron inexistentes.

Por parte de la FGR, se sabe que el contrato se otorgó por adjudicación directa en agosto de 2019 a la Inmobiliaria Terbix.

Dicha empresa está relacionada con la renta de bodegas de almacenamiento a Segalmex por más de 150 millones de esos, actividad que tampoco se pudo corroborar.

Tras este caso, René Gavira suma ya 7 expedientes en su contra, señalado como principal sospechoso de los fraudes, aprovechándose del cargo que ostentaba como director de administración y finanzas de Selgalmex de 2019 a 2020.

En tanto, se desconoce el destino de los millones de pesos que debían ser empleados en el cuidado de las nuevas oficinas centrales en Zacatecas.

La FGR investigará a Segalmex y a la propia compañía Terbix, para determinar culpabilidad e indagar las conexiones entre ambas empresas.

Este 27 de abril se llevó a cabo comparecencia de Ernestina Godoy ante la Comisión de Justicia del Senado de México.

México supera el 90% de cifra negra por falta de confianza ciudadana, asegura FGR

Ante la Comisión de Justicia, Ernestina Godoy presentó el Plan Estratégico de Justicia 2026-2029 donde se propone una reingeniería institucional con enfoque humanista y prioridad a las víctimas.

Durante el encuentro con Ernestina Godoy, se habló de que en México hay un “cifra negra”, ya que el 90% o más de los delitos no se denuncian por falta de confianza ciudadana.

De acuerdo con datos del INEGI citados en el encuentro, los ciudadanos evitan realizar denuncias por diversos factores por temor al maltrato, las largas esperas y percepción de que su caso no será resuelto.

Además, se reconoció que 6 de cada 10 personas no confían en la Fiscalía General de la República y consideran que existe posibilidad de que se lleven a cabo actos de corrupción.

Ante tal cifra negra que fue evidenciada en la presentación del Plan Estratégico de Justicia 2026-2029, se plantearon diversas acciones para recuperar la confianza de la población como:

• Atención humana y digna por parte de la FGR a la ciudadanía
• Transparencia y cero corrupción: mediante una administración eficiente, ejercicio transparente del presupuesto y sin privilegios
• Resultados visibles: realizar investigación basada en inteligencia y pruebas científicas irrefutables que eviten la impunidad

Según la filtración de su baja, el subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco, terminó de laborar con la empresa el 20 de abril de 2026, con argumento en el artículo 87 del reglamento de la empresa.

Padrino de los XV años en Tabasco es separado de su cargo en Pemex

Los millonarios XV años de María Fernanda Guerrero en Tabasco en marzo 2026, llamaron la atención por los vínculos que su familia tiene con Pemex, siendo que ahora su padrino habría resultado afectado.

Imágenes del evento mostraron a Marcos Torres Fuentes, subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) en Tabasco, disfrutando de los artistas, lo que lo llevó a además ser señalado como el padrino.

Sin embargo, a poco más de un mes de los lujos por la fiesta de XV años en Tabasco, se filtró que Pemex terminó su relación laboral con Marcos Torres Fuentes.

Aunque aún se desconoce el motivo que llevó al fin de la relación laboral, se cree que una investigación interna en Pemex y el gasto de al menos 45 millones de pesos en la fiesta, condujo al desenlace.

Según los datos filtrados con imágenes desde el sistema de Pemex, Marcos Torres Fuentes dejó de laborar el 20 de abril de 2026, con sustento al artículo 87 del reglamento de la empresa.

Sin embargo, se desconoce cuál es el contenido explícito del artículo 87 del reglamento del personal de Pemex, pues mientras algunos aseguran que fue renuncia por voluntad, también puede existir la posibilidad de una renuncia tras una negociación por el escándalo.

Vínculo de Juan Carlos Guerrero y el padrino de los XV en Tabasco

El vínculo entre Marcos Torres Fuentes señalado como el padrino de los XV en Tabasco y Juan Carlos Guerrero, el padre de la festejada, radica desde Pemex.

Además de que se reportó que ambos tenían negocios irregulares que los vinculan en Tabasco, también existe el señalamiento de contratos por Pemex en el estado con Juan Carlos Guerrero, mismos que aseguran son millonarios.

Se argumentó que Marcos Torres Fuentes fue uno de los padrinos de los XV años millonarios, así que te contamos más detalles de él con estos datos:

• Quién es
• Edad
• Esposa
• Signo zodiacal
• Hijos
• Estudios
• Trabajo
• Marcos Torres Fuentes deja su cargo en Pemex

¿Quién es Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes es un trabajador de Pemex, que tiene años laborando en distintos cargos de la empresa de hidrocarburos.

Se sabe que en la actualidad, Marcos Torres Fuentes tenía un cargo de alto mando, pero se desconoce si es subdirector de Pemex Exploración y Producción (PEP) o bien, Subdirector de Extracción Región Terrestre Sur en Pemex.

Otros de los datos que se conocen de Marcos Torres Fuentes es que nació Veracruz, donde estudió hasta la escolaridad básica.

Fuentes ha externado que no siempre tuvo el interés en ser ingeniero petrolero, sino que estaba más enfocado en la mecánica o ingeniería electrónica.

¿Qué edad tiene Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes tiene 59 años de edad, pues nació el 31 de enero de 1967.

¿Quién es la esposa de Marcos Torres Fuentes?

Se desconoce quién es la esposa de Marcos Torres Fuentes.

¿Qué signo zodiacal es Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes es del signo zodiacal de Acuario, pues nació un 31 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Marcos Torres Fuentes?

Se desconoce si Marcos Torres Fuentes tiene hijos.

¿Qué estudió Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes estudió la licenciatura en Ingeniería Petrolera en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional (IPN) con expedición de su título en 1991.

¿En qué ha trabajado Marcos Torres Fuentes?

Marcos Torres Fuentes trabajó como subdirector en Pemex, habiendo pasado por varios puestos dentro de la empresa.

Otro de los puestos que Marcos Torres Fuentes tuvo fue como subdirector de la Región Marina Sur, así como subdirector técnico de Exploración y Producción.

Marcos Torres Fuentes también forma parte del Colegio de Ingenieros Petroleros de México A.C.

Marcos Torres Fuentes deja su cargo en Pemex

A un mes de la millonaria fiesta de XV años en Tabasco donde Marcos Torres Fuentes fue señalado como padrino de la festejada, el subdirector dejó su cargo.

En una filtración desde el sistema de Pemex, se detalla que Marcos Torres Fuentes dejó de trabajar para Pemex desde el 20 de abril de 2026.

Según los datos del sistema, el sustento del fin de la relación laboral entre Marcos Torres Fuentes fue basado en el artículo 87 interno de Pemex. Sin embargo, se desconoce el contenido explícito de este.

Respecto a esto, existen especulaciones de que Marcos Torres Fuentes pudo haber renunciado tras una negociación con Pemex, o bien, que él mismo decidió dejar el cargo por su voluntad.

Ambos señalamientos son argumentados con el escándalo que dejó la fiesta de XV años y el manejo de contratos de Pemex que Marcos Torres Fuentes hizo con Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de la quinceañera.

El Grupo Parlamentario del PRI desde el momento en que se detonó el proceso tuvo severas reservas respecto de su pulcritud, transparencia y objetividad, lo que motivó que negara su participación en la firma de la convocatoria que expidió la Junta de Coordinación Política.

En ese momento las sospechas pudieron haber sido precipitadas, pero los hechos, lamentablemente, demostraron que había razón para tener reservas. En efecto, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se opuso a la firma del documento del que se desprendería la inscripción de las y los aspirantes para participar en el proceso electivo.

Entre la publicación de la convocatoria, el 19 de marzo pasado, y el momento actual han transcurrido más de 30 días; en ese lapso, lejos de despejarse las incógnitas que se tuvieron, se acrecentaron los motivos para tener reservas, e incluso, para rechazar en términos absolutos el proceso.

Varios puntos descalifican el ejercicio electivo de las personas consejeras, en primer lugar, la falta de transparencia para integrar el comité técnico evaluador; la carencia de la debida publicidad a los criterios y resoluciones que tomaron; la omisión relativa a brindar publicidad sobre las fichas técnicas que teóricamente sirvieron para evaluar los perfiles que sostuvieron la integración de las quintetas; se eludió informar sobre las calificaciones individuales de los aspirantes y se reservaron los criterios empleados para definir a los elegibles.

La opacidad y la arbitrariedad marcan este proceso. Ciertamente, lo que se experimentó es la historia de un secuestro, como lo decía García Márquez en su novela. Pero en este caso no hablamos de una historia de ficción, sino de un proceso que tiene que ver con la integración de una de las instituciones más relevantes y estratégicas del sistema electoral mexicano como lo es el Consejo General del INE.

La historia nos habla cómo a través de distintas reformas electorales, fueron conformándose una serie de criterios y principios para constituir nuestro órgano electoral.

Después de haber sido un órgano subordinado a la Secretaría de Gobernación se revisó su configuración en 1990, y en 1994 se impulsó lo que se conoció como la “ciudadanización” del IFE, que tuvo como divisa el de que se integraran a él personas reconocidas por la sociedad y que tuvieran entre sus características, su independencia y una trayectoria que generara confianza.

Con la reforma de 1996 se modificó la forma de conformar el órgano electoral para dar lugar a los consejeros electorales que, hasta la fecha, siguen en pie como las figuras para organizar la máxima instancia de decisión del órgano electoral; también en ese año, el entonces IFE alcanzó la autonomía que la Constitución le sigue confiriendo.

Nadie puede negar la trascendencia e importancia que tiene lo que ahora es el INE en su condición de heredero de un proceso que arrancó desde 1990 cuando se dejó atrás a la vieja Comisión Federal Electoral con una integración dominada por la Secretaría de Gobernación.

Las distintas reformas llevadas a cabo para formalizar y consolidad al INE tuvieron todas, el antecedente de amplios acuerdos políticos entre los distintos partidos. Tales acuerdos no fueron producto de actos de debilidad o de concesión graciosa, sino de una convicción por generar auténticos consensos que blindaran la confianza en la instancia electoral encargada de organizar los comicios.

A contrapelo de esa proclividad a los acuerdos, nos encontramos ahora frente a un proceso viciado, opaco, con evidentes rasgos de manipulación y sujeto a tiempos, momentos y horarios para dar a conocer sus resultados, que despiertan, no solo la sospecha, sino que brindan certeza a la idea de control de un proceso alineado a los intereses del partido en el poder a fin de someter al Consejo Electoral a las decisiones y voluntad del gobierno.

Distintos medios de comunicación han dado cuenta de hallazgos realizados por analistas, periodistas y por quienes han llevado a cabo seguimiento del proceso, donde muestran los vínculos, relaciones directas e indirectas entre buena parte de los aspirantes y el comité evaluador, de modo que se evidencia la conformación de una especie de camarilla que se integrará a la lógica y determinaciones que tenga el oficialismo sobre las elecciones. Todo esto indica que estamos frente a una mascarada.

La red de vínculos que se ha exhibido entre personas calificadoras y aspirantes, muestran una inocultable complicidad que cancela la aspiración de imparcialidad y, por el contrario, evidencia una gran componenda. Lo que ocurrió en el tiempo transcurrido entre la emisión de la convocatoria para elegir a los consejeros electorales y la sesión del pasado 21 de abril en el que se aprobó la propuesta presentada para cubrir los tres espacios requeridos para completar la integración del Consejo Electoral del INE ha sido la crónica de un secuestro hacia una institución fundamental de la vida democrática de México.

La duda es: ¿México estará listo para beneficiarse o terminará atrapado en sus propias debilidades? El regaño del representante de comercio de Estados Unidos a Marcelo Ebrard, nos hace pensar que nuestros sódicos no están contentos.

Regionalización

Durante décadas, la globalización —o la “globalifilia”, como la definió Ernesto Zedillo— fue el eje del crecimiento económico. Hoy, ese paradigma parece agotarse. Estados Unidos busca reducir su dependencia de Asia, endurecer sus controles comerciales e incluso replantear reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A ello se suma un entorno internacional inestable, donde el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reconfigurado prioridades estratégicas, particularmente en sectores como energía, seguridad y comercio.

Este tipo de tensiones ha acelerado una lógica de bloques regionales y de relocalización productiva, donde la seguridad nacional pesa tanto como la eficiencia económica, debilitando aún más el modelo de apertura irrestricta que dominó las últimas décadas.

En teoría, este nuevo entorno podría beneficiar a México. El nearshoring coloca al país en una posición estratégica dentro de las cadenas de suministro. Sin embargo, existe una diferencia clave entre aprovechar una tendencia y depender pasivamente de ella.

Sin una política industrial seria —que fortalezca empresas nacionales, impulse innovación y eleve el contenido local de las exportaciones—, México corre el riesgo de quedarse como simple ensamblador dentro de la región. Es decir, más integración, pero no necesariamente más desarrollo.

El problema es que el proteccionismo no es en sí mismo una solución debe acompañarse de capacidades internas.

El costo oculto

El endurecimiento comercial y regulatorio suele tener efectos secundarios que pocas veces se reconocen en el discurso político. Cuando importar se vuelve más difícil, caro o burocrático, los incentivos para evadir la ley aumentan.

En ese terreno, las aduanas se vuelven un punto crítico. No solo como filtro del comercio, sino como espacio donde pueden reproducirse —o combatirse— prácticas de corrupción, discrecionalidad e impunidad.

Diversas denuncias públicas han señalado posibles irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México: desde presuntos cobros indebidos para liberar mercancías, hasta manipulación de procesos administrativos o debilitamiento de mecanismos de vigilancia. Son acusaciones graves que deben investigarse a fondo, pero que, independientemente de su resolución, revelan la fragilidad institucional.

Si el cumplimiento de la ley depende de pagos extraoficiales o de redes informales de poder, cualquier intento de fortalecer el control comercial puede terminar generando el efecto contrario: más contrabando, más informalidad y menos recaudación.

Orden interno

El debate no debería centrarse únicamente en si México debe alinearse con una política más proteccionista o mantener su apertura. El verdadero desafío está dentro del país.

Sin una reforma fiscal que simplifique el cumplimiento, sin instituciones capaces de hacer valer la ley de manera consistente y sin una estrategia clara para elevar la productividad, cualquier cambio en el entorno internacional será insuficiente.

Lo mismo ocurre en el ámbito laboral: encarecer la formalidad sin mejorar las condiciones de productividad solo empuja a más personas hacia la informalidad y ahí es tierra fértil para que proliferan los abusos y la precariedad.

México no necesita más controles si estos no vienen acompañados de Estado de derecho. No necesita más barreras si estas pueden ser negociadas en la práctica, ni mucho menos necesita más discursos sobre soberanía económica si, en los hechos, las instituciones encargadas de hacerla valer son vulnerables.

La eventual regionalización de América del Norte (o México y Estados Unidos sin Canadá) podría ser una oportunidad histórica. Pero también corre el riesgo de convertirse en uno de los mayores obstáculos si no se entiende que el desarrollo no viene del exterior, que si México no se desarrolla como se espera, es por las fallas internas que lleva años postergando.

X: @diaz_manuel

Nos tiene en alerta, pero también indignados, indignadas, hartos y hartas de ver cómo la vida de una mujer joven termina de manera violenta ante la pasividad, el cinismo y la corrupción de quienes están ahí, en la Fiscalía, en los ministerios públicos, para atendernos, para cuidarnos, para protegermos y hacen lo contrario: extorsionan, revictimizan, volviéndose cómplices por omisión.

La historia de esta joven no es solo la de una víctima, sino la de una búsqueda que debió ser oficial, pero que terminó siendo liderada por quienes más la amaban y la amarán por siempre.

A Edith la mataron mientras funcionarios públicos no hicieron nada para impedirlo. Ni siquiera la buscaron. Ni siquiera levantaron un acta. Dijeron que eso es común, que las chicas se van por voluntad propia, que volvieran después de 72 horas.

Lo mismo de siempre. Lo que se suponía no debería pasar ya porque México se transforma y hay instituciones que nos cuidan. Encima pidieron dinero a los hoy deudos para hacer su trabajo. Al no recibirlo, ni el bolígrafo sacaron del cajón.

Hoy las hijas de esos cínicos, si las tienen, por fortuna duermen en su casa. La familia de Edith velará sus restos.

De no ser por sus deudos seguiría desaparecida. Ellos y ellas reconstruyeron los hechos, le siguieron la pista, recorrieron comercios, hablaron con vecinos y solicitaron acceso a grabaciones del C5 y de cámaras de seguridad privadas. Las imágenes no dejaban dudas: Edith llegó al edificio, cruzó la puerta principal… y nunca volvió a salir. Esa fue la primera prueba contundente que las autoridades no habían logrado recabar.

Todo comenzó el 15 de abril. Esa mañana, la chica salió de su casa en Iztapalapa con esperanza de progresar. Había recibido la oferta de un empleo y la cita era en Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez. Abordó un transporte de aplicación, convencida de que estaba dando un paso adelante en su vida. Su familia nunca imaginó que esa entrevista no existía. Era uno de tantos engaños de los que se valen algunos delincuentes para violentar mujeres jóvenes. Incluso, una tía de sus tías dijo que por el modus operandi podría tratarse de una red de trata de personas.

Y es que el edificio ubicado en Avenida Revolución 829 no es un centro laboral ni una oficina, como les habían dicho a Edith y a otras mujeres. Se trata de un conjunto habitacional, un detalle que levantó de inmediato sospechas. Familiares y activistas han dicho que este lugar se utilizaba para citar a mujeres jóvenes bajo falsas promesas de empleo. Hoy, las investigaciones analizan si este inmueble funcionaba como un punto sistemático de enganche, lo que elevaría la gravedad del caso. Más porque la zona está bajo sospecha de que justo ahí, en esa avenida tan transitada de la Ciudad de México, están matando mujeres.

No hace mucho supimos de otro feminicidio, el de Karen, una joven argentina de 24 años de edad que fue encontrada sin vida en un hotel. Le dieron un balazo. Según las investigaciones fue citada por alguien en ese lugar. Se ignora si eran conocidos pero es lo de menos. Karen también fue asesinada.

Los familiares de Edith, al saber que no había salido del sitio donde se supone fue citada, insistieron una y otra vez en que revisaran a fondo el edificio cuando las autoridades accedieron a inspeccionar cada rincón. Allí, en un sótano oculto, sin ventilación y alejado de la vista pública, fue localizado el cuerpo sin vida. El lugar confirma que el crimen fue planeado y ejecutado en un espacio pensado para no dejar huellas, un dato que ahora forma parte de las pruebas para calificar el delito como feminicidio.

Durante los días de búsqueda, la familia entregó a las fiscalías datos clave: números de teléfono desde los que se contactó a Edith, perfiles de redes sociales, descripciones de las personas que la citaron. Sin embargo, según denuncian, estos elementos quedaron archivados o no se les dio seguimiento oportuno. Esas omisiones son ahora objeto de una investigación paralela, para determinar si hubo negligencia o incluso complicidad por parte de servidores públicos.

Al momento de escribir estas líneas, hay un detenido, pero no tenemos mayores detalles.

La historia de Edith Guadalupe deja al descubierto que, en muchos casos, la justicia depende de la capacidad de lucha de las familias. Las autoridades han prometido que este caso no quedará impune, pero para sus seres queridos, la verdad ya está escrita: si hubieran actuado a tiempo, Edith podría estar hoy con ellos.

El chofer del poder

Es el caso de Nicolás Mollinedo Bastar, Nico, quien durante años se desempeñó como chofer personal de Andrés Manuel López Obrador y no solo manejaba su vehículo, también controlaba agendas, accesos y fungía como filtro político.

Esa proximidad le permitió ocupar posiciones dentro del aparato público, particularmente en la Ciudad de México, donde fue coordinador de logística y director de servicios urbanos e incluso se ha documentado, que se habría beneficiado con terrenos cercanos a estaciones del Tren Maya en Quintana Roo.

Su ascenso es representativo de una lógica que contradice el discurso meritocrático. Sin poseer formación técnica destacada, su principal carta de presentación fue la lealtad. En su paso por el gobierno capitalino, llegó a ser señalado por presuntas irregularidades, sin embargo, como en muchos otros casos, no hubo investigaciones ni consecuencias judiciales.

En enero de 2024, el periodista Tim Golden de ProPublica, señaló que la DEA investigó a Nico por presuntamente negociar y recibir entre dos y cuatro millones de dólares del Cártel de Sinaloa (específicamente a través de operadores de Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”), para financiar la campaña presidencial de AMLO en 2006.

En 2019, Nico también quiso formar su propio partido político, llamado “Movimiento Ambientalista Social por México”. Y, por qué no, también favoreció a su primo, Rafael Fernando Marín Mollinedo, quien quiso ser candidato de Morena a Quintana Roo después de su paso como director de la Agencia Nacional de Aduanas y ser responsable del Corredor Interoceánico.

Redes informales de poder

Pero el caso de Nico no es único, diversas investigaciones apuntan al chofer de Andrés López Beltrán: Javier Núñez López, quien habría tejido una red de relaciones en Pemex y otras instancias gubernamentales.

Tras décadas como chofer de la familia López Obrador, su cercanía se tradujo en una posición estratégica dentro de Pemex Exploración y Producción, donde fue nombrado subdirector de Abastecimiento.

Reportes recientes señalan que es objeto de investigación en Estados Unidos por su presunta participación en redes de financiamiento y asignación de contratos vinculados al sector energético. También se le relaciona con operadores y consultores que habrían gestionado pagos millonarios para asegurar contratos, lo que apunta a la existencia de esquemas paralelos de gestión fuera de los canales institucionales.

Pero, aquí lo relevante no es solo el cargo formal que estos personajes ostentan sino el acceso al poder.

Su cercanía con el círculo familiar de los López Obrador les permite intermediar, influir y facilitar decisiones que deberían estar sujetas a reglas claras, no a influencia política.

La verdadera cara

Colaboradores, amigos y allegados de la familia del expresidente se han beneficiado de contratos, concesiones y posiciones estratégicas sin rendir cuentas ni estar sujetos a controles institucionales.

Desde obras públicas hasta servicios energéticos, se ha documentado cómo obtienen oportunidades que deberían asignarse bajo criterios de competencia y transparencia.

Los “choferes del Bienestar” son una nueva élite política que, contrario al discurso antiélite de la 4T, reproduce mecanismos de concentración de poder y riqueza ya conocidos.

La diferencia es que ahora se hace en nombre del pueblo, lo que añade una capa de cinismo difícil de ignorar.

Al final, la pregunta es inevitable: ¿cuántos “Nicos” más existen hoy operando en las sombras del poder? ¿Cuántos intermediarios informales toman decisiones sin rendir cuentas? ¿Quién los está vigilando?

Porque si el combate a la corrupción depende de los mismos que les brindan el amparo del poder, se confirma que no tal hay transformación.

Que lo que hay es pura simulación.

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El caso de Los Legionarios de Cristo se asemeja a La Luz del Mundo, reflejando de manera brutal la forma en que un sistema puede proteger a los suyos mientras abandona a las víctimas.

La comparación es inevitable. En Estados Unidos el líder religioso Naasón fue investigado, procesado y condenado, se declaró culpable de delitos sexuales contra menores, las víctimas fueron escuchadas, los fiscales actuaron y la ley se impuso.

En México, por el contrario, el caso se diluyó entre expedientes, omisiones y decisiones políticas. Bajo la conducción de Ernestina Godoy, la fiscalía optó por el “no ejercicio de la acción penal”. Un tecnicismo bajo el cual, el Estado decidió no investigar.

Un carpetazo bastante significativo que ocurrió cuando el poder político abrió espacios a liderazgos religiosos, normalizando una cercanía que desdibuja la frontera entre Iglesia y Estado.

Dos varas, una misma verdad

Mientras los tribunales estadounidenses acumularon testimonios de años de abuso, en México se ignoraron indicios y denuncias.

Faltó voluntad y eso hace una enorme diferencia, no solo en lo jurídico, sino en lo moral. En un país se privilegió la protección de las víctimas; en el otro, las relaciones políticas.

El caso de La Luz del Mundo, los Legionarios de Cristo y demás organizaciones religiosas, evidenciaron no solo delitos graves, también la forma en que funcionan las redes cercanas al poder. Durante años, figuras del oficialismo de todos los partidos, han mantenido vínculos públicos con estas organizaciones.

El símbolo de la complicidad

Si hay una escena que sintetiza esta historia, es el homenaje que en 2019 recibió Naasón Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes, un recinto emblemático del Estado mexicano que fue utilizado para la inusual celebración.

Aquello no fue un descuido, fue una señal política en momentos en que el líder religioso ya enfrentaba acusaciones graves.

Todo esto ocurrió bajo la jefatura de gobierno de Claudia Sheinbaum y con Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Un mensaje atroz: mientras en otros países se investigaba, aquí le rendían homenaje.

Al evento acudieron figuras políticas de Morena como Martí Batres uno de los principales organizadores y Félix Salgado Macedonio, Sergio Mayer, Julio Menchaca, entre otros; además de Rogelio Israel Zamora Guzmán del PVEM.

Al final, la escena quedó como símbolo de la normalización de la indiferencia institucional.

La impunidad

Siendo papel de la Fiscalía investigar delitos y procurar justicia. Cuando decide no hacerlo, rompe el pacto básico entre Estado y ciudadanos.

Bajo la gestión de Godoy, la Fiscalía optó por la pasividad en un caso que exigía rigor e independencia. Y al hacerlo falló a las víctimas y al país.

Lo más preocupante es que forma parte de un patrón donde las redes de poder —políticas, económicas o religiosas— generan zonas de inmunidad.

México no carece de leyes, pero sí de voluntad para aplicarlas.

El discurso oficial habla de transformación, de justicia y de combate a la corrupción. Pero los hechos es un sistema que protege a los cercanos, que cierra expedientes cuando así conviene y que deja a las víctimas en el abandono.

Hay otros ejemplos, donde las responsabilidades se diluyen, las investigaciones se desvían o simplemente no avanzan, como la vinculación de Adán Augusto y el huachicol o la tragedia del Tren Interoceánico, donde peritajes apuntaron responsabilidad de Almicar Olán, socio de Gonzalo López Beltrán, por mala construcción y materiales de segunda que provocaron el descarrilamiento y la muerte de 13 personas. El tema lo cerró la Fiscal Godoy inculpando al maquinista.

La justicia que no llegó

El caso de Naasón Joaquín García, como de Marcial Maciel en el pasado, exhibe lo putrefacto de las organizaciones religiosas y de todo un aparato institucional que hasta ahora responde más al mandato de un líder que a la ley.

Y, al final, la tragedia está en que la impunidad no solo se ha normalizado, se ha convertido en doctrina.

X: @diaz_manuel

Estamos hablando de una ciudad que empieza a fracturarse desde su sistema más esencial, mientras quienes deberían sostenerlo parecen más preocupados por administrar el impacto político que por resolver el problema de fondo. Y en medio de ese cálculo, como siempre, queda el ciudadano, pero lo más grave no es la falla en sí. Es la reiteración. Es la sensación de que no se trata de un accidente, sino de una constante. Y cuando la excepción se vuelve regla, la explicación técnica deja de ser suficiente.

En ese punto, la discusión inevitablemente se desplaza hacia otro terreno: el de las decisiones. ¿Quién está operando realmente el sistema? ¿Bajo qué lógica? ¿Con qué incentivos?

El actuar del director general del Metro no puede leerse en el vacío. En las últimas semanas, más que certezas, han circulado versiones: que si ya hubo acuerdos, que si se están reconfigurando equilibrios internos, que si las decisiones pasan por filtros que poco tienen que ver con la eficiencia operativa. No sería sorprendente que esta situación de esta publicidad del mejor negociador ayude para que en un futuro “inmediato” lo posicione como uno de los candidatos mejor colocados para buscar gobernar la Ciudad de México, espero equivocarme, si bien cada quien es libre de buscar su manera, lo que no me parece justo es que sea a costa de los ciudadanos.

Pero hay una variable que no puede ignorarse y que agrava todo el escenario: las obras en curso. La ciudad se está preparando para el Mundial, y el Metro inevitablemente forma parte de esa narrativa de modernización. Intervenciones, cierres parciales, ajustes operativos que, en el papel, prometen un mejor sistema hacia el futuro, pero que en el presente están generando retrasos, cuellos de botella y limitantes adicionales para millones de usuarios.

La pregunta no es si las obras son necesarias, innegablemente lo son. La pregunta es otra: ¿quién está absorbiendo el costo de esa transición?

Porque, de nuevo, no es el sistema. No son las instituciones. Son las personas. Es el trabajador que sale con más tiempo y aun así llega tarde. Es la madre que no alcanza a recoger a sus hijos. Es el estudiante que pierde clases. Es el pequeño comerciante que vende menos porque el flujo de gente se vuelve impredecible.

En un entorno político donde cada espacio cuenta, el Metro se ha convertido voluntaria o involuntariamente en un escaparate. Cada falla, cada intento de explicación, cada control de daños posiciona nombres, construye narrativas y deja ver aspiraciones. Pensar que esto ocurre en un vacío político sería ingenuo.

La idea de que estamos viendo una especie de “publicidad gratuita” puede incomodar, pero resulta difícil ignorarla cuando la exposición crece al mismo ritmo que el deterioro del servicio. Y si ese fuera el caso si la crisis también funciona como plataforma entonces el problema deja de ser solo administrativo y se vuelve éticamente insostenible, porque implicaría que el desgaste de la ciudad está siendo, de alguna forma, capitalizado.

En mi opinión lo más peligroso es que todo esto empieza a normalizarse. El retraso deja de ser indignante y se vuelve esperado. La saturación deja de ser excepcional y se convierte en rutina. Y cuando eso ocurre, el umbral de exigencia social se desplaza peligrosamente hacia abajo, ese es el verdadero colapso: no el de los trenes, sino el de la confianza y esa, a diferencia de un tren, no se repara con mantenimiento.

La semana pasada tuvieron lugar sucesos entrelazados: la publicación del informe sobre de desaparición forzada por parte del Comité de Naciones Unidas y trascendió que Hernán Bermúdez Requena, secretario de seguridad de Tabasco durante el gobierno de López, hoy preso en el Altiplano, había sido vinculado precisamente por desaparición forzada en su estado, y apenas ayer, se sumó el delito de peculado.

En adición, se ha reportado el incremento del número de desaparecidos durante la administración de López, y por tanto, durante la gestión del líder de la Barredora como responsable de seguridad, en el mismo estado de Tabasco. Al mismo tiempo, los voceros de la autoproclamada 4T pretender restar veracidad al documento. Así las cosas en el México obradorista.

Las sospechas que golpean a Adán Augusto han sido desde siempre en sobremanera pesadas para la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, como si el senador contase con una suerte de halo protector llegado desde sitios desconocidos (todo apuntaría hacia un rancho en Palenque, Chiapas), continúa plácidamente sentado en su escaño del Senado, a pesar de haber recibido el “castigo” simbólico de no liderar más la bancada.

Y encima, el ”hermano” de AMLO, ufano y seguro de la protección que le rodea, ha declarado abiertamente que él “no da declaraciones ni concede entrevistas” en un abierto desdén hacia cualquier sentido de la ética de un servidor público que se ha enriquecido al amparo del poder, y solo por formar parte un conspicuo grupo de políticos tabasqueños que se creen dueños y señores de los destinos del país.

Las recientes imputaciones hechas contra Bermúdez Requena, especialmente la relacionada con la desaparición forzada, han recrudecido las sospechas sobre la figura de López Hernández. ¿Fue cómplice, articulador, coordinador, o simplemente observador de la creciente lista de actividades delincuenciales de su exsecretario de Seguridad?

¿Algún día los mexicanos, y especialmente los tabasqueños, escucharán que la FGR de Ernestina Godoy ha decidido dar el paso e investigar formalmente a un hombre que no solo ha sido motivo vergüenzas para toda la nación, sino que golpea al propio proyecto de gobernanza y credibilidad que la presidenta Sheinbaum intenta construir cada día desde su mañanera?

E incluso, Patricia Armendáriz afirmó haber llevado al consejo de Morena preocupaciones por casos escandalosos de corrupción dentro de la 4T que deben detenerse.

“Lo que dice la gente es que la corrupción está peor que antes, no he hecho ningún estudio pero soy miembro del Consejo Nacional de morena y es un punto en el que hay que poner sobre la mesa.”

Patricia Armendáriz

“La población percibe más corrupción ahora que en gobiernos anteriores”: Patricia Armendáriz

La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, admitió que la población percibe más corrupción ahora que en gobiernos anteriores.

Es por eso que Armendáriz lanzó una alerta interna al llevar al Consejo Consultivo Nacional de Morena su preocupación por “casos escandalosos” que, según ella, deben frenarse de inmediato.

En un video que circula en redes, la legisladora Armendáriz reconoció abiertamente el descontento ciudadano, pues “la población afirma que hay más corrupción que antes”.

@augementalmx

Corrupción, polarización y privilegios en México. ¿Estamos en el bando correcto o nos sentimos invadidos por la nueva clase media? #Mexico #Corrupcion #Politica #Sociedad #Debate

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Acto seguido, detalló que ya expuso estas inquietudes ante el consejo nacional del partido de Morena, insistiendo en la necesidad de detener prácticas corruptas dentro de la llamada Cuarta Transformación.

“Yo nací en una clase privilegiada donde se le dice criada a la sirvienta. Si un señor llega y le da más privilegios a la criada, yo me siento invadida”.

Patricia Armendáriz

Como era de esperarse, esta declaración de Patricia Armendáriz, ha causado revuelo en redes sociales, donde usuarios la interpretan como un dardo contra políticas de apoyo a sectores populares impulsadas por la 4T.

Además, se ha señalado que la admisión de Armendáriz sobre la corrupción dentro del partido de izquierda, contrasta con la narrativa oficial de Morena.

Pues cabe recordar que Morena que ha posicionado la lucha anticorrupción como uno de sus principales ejes; muchos señalan que este tipo de reconocimientos internos podrían reflejar crecientes tensiones al interior del movimiento de cara a futuros procesos electorales.

Porque la consolidación del autoritarismo no necesariamente llega con un golpe de Estado, llega con reformas, ajustes legales y decisiones, en apariencia administrativas, que terminan por afectar la vida pública y el equilibrio del poder.

Las reformas

Primero, la seguridad. La transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue la consolidación de un modelo donde la seguridad pública dejó de ser civil para quedar bajo control militar. Esto no solo reduce la rendición de cuentas, sino que normaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas, de inteligencia e incluso de vigilancia ciudadana, mucho más allá de su mandato original.

Después, la justicia. La reforma judicial de 2024 cambió la forma en que se elegían los jueces para ser electos por el voto popular, un asunto nada menor, porque también abrió la puerta a su politización y, cuando el poder gana espacios en candidaturase influye con narrativas, termina por afectar la imparcialidad del órgano garante de justicia.

Diversos organismos internacionales advirtieron que este modelo, que puede sonar democrático, compromete la independencia judicial y expone a los juzgadores a presiones políticas, electorales e incluso criminales.

A lo anterior se suma la reforma a la Ley de Amparo, que limita uno de los principales mecanismos de defensa del ciudadano frente al Estado, así como la eliminación o debilitamiento progresivo de organismos autónomos, cuyas funciones han sido absorbidas por el Ejecutivo.

El control

El siguiente paso es el control financiero. La decisión de la Suprema Corte que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin orden judicial previa marca un punto de inflexión. Aunque se presenta como una herramienta contra el crimen, lo cierto es que también abre la puerta a abusos y arbitrariedades.

Militarización, debilitamiento judicial, concentración administrativa y ampliación de facultades discrecionales. El patrón del autoritarismo, que se construye en las leyes y se ejerce en los hechos.

Castigo selectivo

En los últimos años se ha documentado un uso creciente del aparato institucional para presionar a voces críticas. Periodistas, analistas, exfuncionarios y actores públicos han sido objeto de descalificaciones, investigaciones o procesos legales que, más allá de su fundamento, generan un efecto inhibidor.

La organización Artículo 19 ha registrado decenas de casos de acoso judicial contra periodistas, muchos impulsados por funcionarios públicos, utilizando figuras legales como mecanismos de censura.

Casos de comunicadores como Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola por su sátira y por sus investigaciones periodísticas; de Azucena Uresti, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva-Herzog, Pascal Beltrán del Río, Sergio Aguayo o Benito Jiménez que han enfrentado batallas legales por demandas de daño moral y, qué decir del atentado contra Ciro Gómez Leyva y de los periodistas que han sido privados de la vida por ejercer su labor de informar.

Los casos se amplían y tocan a exfuncionarios como Guillermo García Alcocer, expresidente de la CRE. Carpetas abiertas contra opositores, empresarios y líderes sociales; jueces y organizaciones civiles, deslegitimados públicamente. Entre ellos el exministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, a quien le abrieron una carpeta de investigación en la UIF; Sanjuana Martínez, despedida de Notimex. El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, despedido y denostado públicamente. Víctor Manuel Toledo, exsecretario de Medio Ambiente, suspendido y también denostado.

Por otro lado, la respuesta del Estado frente a la protesta social también ha cambiado, ahí están los episodios de represión: transportistas bloqueados y disueltos por fuerzas de seguridad; manifestaciones contenidas bajo el argumento del orden público; protestas sociales enfrentadas con dispositivos cada vez más militarizados. La respuesta del Estado frente al conflicto dejó de ser política para ser coercitiva, bajo una lógica distorsionada del orden público.

El círculo se cierra, las reglas se modifican, se controla a los árbitros, se presiona a los críticos y se reduce el espacio para la disidencia. Todo dentro de la legalidad.

Ese es el rasgo más inquietante. El sistema no se está rompiendo, se está rediseñando en uno donde no se cancela la democracia, se vacía. Las elecciones permanecen, pero los contrapesos desaparecen.

El resultado es progresivo y claro: instituciones debilitadas, ciudadanía desprotegida y apática y un poder cada vez más concentrado, sin que nadie lo detenga.

X: @diaz_manuel

Resulta fascinante, por decir lo menos, la elasticidad del tiempo en la memoria de los hijos del primer matrimonio de Aguirre Gómez. Según su propia narrativa, su padre vivió casi una década “privado de su libertad” bajo el yugo de su esposa, Rosa María Rubio Zepeda. Sin embargo, durante esos diez años, no hubo una sola llamada al 911, ninguna solicitud de auxilio, ninguna denuncia ante el Ministerio Público, ni un intento de rescate.

La epifanía de la justicia les llegó exactamente ocho días después de la muerte del empresario, el 21 de diciembre de 2020. Es una temporalidad que desafía cualquier lógica de protección a la vida y solo cobra sentido bajo la lógica del despojo. Denunciar un secuestro cuando la supuesta víctima ya no puede dar su testimonio es, en el mejor de los casos, una cobardía procesal; en el peor, una fabricación diseñada por Juan Carlos Aguirre Corcuera para anular a la heredera universal.

Para entender el “porqué” de esta ofensiva, hay que mirar el “quién”. La acusación no nace de testigos independientes ni de una investigación de oficio; nace de un bloque familiar compuesto por Juan Carlos, Sofía y Alejandra Aguirre Corcuera.

La historia previa es reveladora: no es un extraño al patrimonio de su padre. Durante años, recibió flujos constantes de capital para emprender negocios que, sistemáticamente, terminaron en la quiebra. Incluso frente al fracaso empresarial, el padre mantuvo el subsidio de su estilo de vida, pagando tarjetas de crédito y gastos corrientes.

Estamos, pues, ante una dinámica de dependencia económica rota. Cuando la fuente de recursos se extingue y el testamento no favorece sus expectativas, la vía civil les resulta insuficiente. Intentaron impugnar el testamento en dos ocasiones y el sistema les dijo que no. Ante la derrota en los tribunales familiares, optaron por la ruta del miedo: la vía penal.

La contradicción que desmorona el caso

Uno de los puntos más endebles de esta trama es la declaración de la propia Sofía Aguirre Corcuera. En un descuido de congruencia, reconoció ante la autoridad ministerial que, apenas un día antes del fallecimiento, su padre “se veía sano y bien de salud”.

¿Cómo se sostiene una acusación de secuestro, maltrato o incapacitación física y mental cuando los propios denunciantes admiten haber visto a la “víctima” en buen estado horas antes de su muerte? Esta fisura no es un detalle menor; es el colapso total de la premisa de los acusadores. Una persona secuestrada durante diez años no luce “sana y bien” ante sus supuestos rescatadores justo antes de expirar.

Si quedaba alguna duda sobre la naturaleza instrumental de este proceso, las fechas de marzo de 2026 lo aclaran todo:

1. 27 de marzo: un tribunal confirma la plena validez del testamento, ratificando a Rosa María Rubio como heredera universal. La batalla legal por la vía civil estaba definitivamente perdida para los hijos.

2. 31 de marzo: apenas cuatro días después de la sentencia definitiva, Rosa María es detenida en Estados Unidos a petición de las autoridades mexicanas.

La sincronía es quirúrgica. al agotarse los argumentos legales sobre la propiedad de los bienes, los denunciantes activaron la maquinaria criminal para forzar una negociación. Es la definición de libro de texto de una extorsión disfrazada de proceso legal.

El riesgo sistémico: la justicia como arma

Frente a la ambición de los hijos, se levanta la trayectoria de Rosa María Rubio Zepeda, una mujer cuya vida pública ha transcurrido en la transparencia de la labor social, destacando como vicepresidenta de la Asociación Civil Gilberto. Su perfil de servicio comunitario choca frontalmente con la imagen de una captora clandestina que intentan proyectar sus detractores.

Lo que aquí se dirime no es solo la herencia de un empresario exitoso. Lo que está en juego es la integridad del Poder Judicial. Si permitimos que las disputas sucesorias se resuelvan encarcelando a la contraparte mediante denuncias fabricadas “post-mortem”, estamos enviando un mensaje peligroso: en México, la ley no es un escudo, sino un garrote disponible para el mejor postor o para el más rencoroso.

La Fiscalía tiene la obligación de no dejarse instrumentalizar. Ignorar la falta de testigos imparciales y la evidente motivación económica de los denunciantes no es solo un error procesal; es una complicidad que corroe el Estado de Derecho. La justicia que llega solo cuando hay dinero de por medio, no es justicia: es un negocio.

X: @pipemx

La fundación, históricamente vinculada a labores asistenciales y de beneficencia, enfrenta señalamientos que van más allá de simples disputas internas. Son denuncias que apuntan a posibles irregularidades en el manejo de recursos, decisiones discrecionales y una estructura opaca que habría desviado el propósito original de la institución. Y, lo más preocupante no es el presunto fraude, sino las relaciones políticas que parecen rodearlo y que podrían estar actuando como manto de protección.

Poder y conflictos de interés

En el centro de la polémica aparece el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, cuya cercanía con figuras clave de la fundación, como la apoderada legal, Verónica Blanco, ha levantado sospechas legítimas sobre un posible conflicto de interés por lo que implica en términos de acceso privilegiado al poder.

Investigaciones periodísticas revelaron que Cravioto habitó durante más de 15 años un departamento en Polanco propiedad de la fundación que hoy enfrenta denuncias ante la Fiscalía por despojo, fraude y falsificación de documentos.

El dato, aparentemente menor, adquiere otra dimensión, por la posición que ocupa en el gobierno capitalino.

El escándalo se amplificó luego del operativo en que ocurrió el desalojo del Refugio Franciscano en Cuajimalpa, predio ligado a la organización. Para activistas y observadores, la coincidencia entre las decisiones gubernamentales y los intereses de la fundación resulta, por decir lo menos, inquietante y, la salida de Cravioto del inmueble en febrero de 2026, justo después de que se hicieran públicas las irregularidades, lejos de cerrar el caso, terminó por alimentar las sospechas.

Aunque el funcionario ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que su estancia fue estrictamente como inquilino, presentando contratos y pagos comprobables e incluso respaldados por facturas recientes, se mantienen dudas sobre todo por la relación inquilino-propietario con la apoderada legal de la fundación.

El presunto saqueo

Más allá de los nombres, el asunto radica en el manejo del patrimonio de la fundación. Familiares del filántropo Antonio Haghenbeck y de la Lama han denunciado que directivos, apoderados legales y administrativos habrían saqueado bienes mediante la venta de propiedades, obras de arte y antigüedades para beneficio personal.

Incluso han salido a la luz documentos fiscales que apuntan a desvíos superiores a 200 millones de pesos entre 2023 y 2025, transferidos a cuentas personales, familiares y proveedores fantasma.

Entre los señalamientos destaca que la apoderada legal habría recibido pagos millonarios, al igual que personas cercanas a su entorno.

Y un elemento especialmente delicado: la negativa de las autoridades a transparentar información. Los familiares Haghenbeck solicitaron datos sobre la venta de propiedades, pero la Junta de Asistencia Privada —organismo encargado de supervisar este tipo de instituciones y que depende del propio gobierno capitalino— clasificó la información como confidencial.

En su declaración Patricio Haghenbeck acusa que no existe una autoridad efectiva que controle a quienes hoy administran la fundación, lo que ha permitido, según su versión, un saqueo sistemático.

El problema es público, no privado

En este punto el caso deja de ser un conflicto privado para convertirse en un problema público. Cuando actores políticos de alto nivel mantienen vínculos estrechos con organizaciones que manejan recursos significativos y, además, enfrentan acusaciones de irregularidades.

No se trata de acusar culpabilidades, sino de exigir claridad. La respuesta institucional hasta ahora ha sido insuficiente: silencios, evasivas y una preocupante falta de rendición de cuentas. Todo en una ciudad que presume avances en transparencia.

La Fundación Haghenbeck administra recursos y confianza. Y si esa confianza se fractura, difícilmente se recupera.

Si las acusaciones son infundadas, corresponde demostrarlo con auditorías independientes y apertura total. Si son ciertas, las consecuencias deben ser ejemplares, sin importar los nombres o los cargos de los involucrados.

X: @diaz_manuel

Los anterior, luego de que Pemex presentara una denuncia con la intención de que autoridades anticorrupción investiguen a Virginia Guillén Ávalos, esposa del empresario y contratista Juan Carlos Guerrero Rojas, y determinen la procedencia y legalidad de los bienes adquiridos.

El salario y los gastos irregulares de Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de Pemex

Ante los señalamientos contra Virginia Guillén Ávalos por la millonaria fiesta de XV años, se dio a conocer que, registrada como auxiliar técnico “B” en el área de Exploración y Producción de Pemex, percibe un salario mensual de 38 mil pesos netos.

Con información de El Universal, estos ingresos no concuerdan con los bienes que posee Guillén Ávalos. Esto debido a que registros del año 2021, revelan la propiedad de varios inmuebles y un automóvil de lujo marca BMW, adquiridos mediante pagos al contado.

En este sentido, las investigaciones señalan una vivienda adquirida en 2018 por cerca de 900 mil pesos y un terreno comprado ese mismo año, ambos liquidados totalmente en efectivo.

A esto se suma una residencia obtenida mediante un préstamo del sindicato petrolero y otros activos donados en décadas pasadas.

Con información de El Universal, estos bienes “desaparecieron” en la última declaratoria patrimonial de Virginia Guillén Ávalos, llamando la atención debido a que las normativas federales exigen reportar cualquier venta o transferencia de propiedades.

Ante esto, la trabajadora de Pemex no especificó el destino de sus vehículos ni de sus terrenos, lo que ha generado sospechas sobre un posible ocultamiento de riqueza.

Ahora, ante la denuncia de Pemex, será la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quienes determinen la procedencia, el destino y la legalidad patrimonial de Virginia Guillén Ávalos.

De acuerdo con la información, Pemex presentó la denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para esclarecer la fiesta de casi 40 millones de pesos

La denuncia surge luego de que se dio a conocer que Virginia Guillén Ávalos le organizó una lujosa fiesta de XV años a su hija en Tabasco, a la que asistieron artistas como Belinda.

Virginia Guillén Ávalos será investigada en Buen Gobierno tras denuncia de Pemex por XV Años en Tabasco

Pemex denunció a Virginia Guillén Ávalos, empleada de la paraestatal, luego de que la fiesta de su hija se hiciera viral en redes sociales por la participación de artistas como:

• Belinda
• Galilea Montijo
• J Balvin
• Xavi
• Matute

Investigaciones periodísticas han revelado que Virginia Guillén Ávalos ha adquirido casas, terreros y camionetas de contado, pese a que su salario mensual en Pemex es de 38 mil pesos.

Asimismo, Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario de Tabasco y contratista de Pemex, quien fue señalado de tener vínculos con Adán Augusto López.

Un partido sin árbitro

Los enfrentamientos tienen como origen la ausencia de un liderazgo que ordene. Andrés Manuel López Obrador, el gran articulador del movimiento, está fuera de la escena pública, encerrado en su jaula de oro y la presidenta Claudia Sheinbaum no ha logrado —o no ha podido— contener a los grupos internos que disputan el control político y territorial del partido.

A ello se suma la presión de los “aliados”, el PT y el PVEM, que también exigen espacios y candidaturas, poniendo en riesgo coaliciones locales. El resultado son disputas simultáneas donde cada grupo juega por sus propios intereses.

De ahí, la decadencia. Morena ya no opera como un movimiento unificado, sino como una suma de intereses, y, cuando las reglas no son claras, los equilibrios son frágiles y la lucha por el poder se dispara.

Tanto Morena como el proyecto de AMLO tuvieron como base una estrategia caciquil y de nepotismo.

AMLO creó su partido y al retirarse a su rancho dejó a su hijo Andrés López Beltrán como secretario de Organización. Una posición que debería servirle como plataforma para ocupar puestos de mayor poder.

También dejó a María Luisa Alcalde, otro producto del nepotismo. Su padre fue asesor de López Obrador y su madre presidenta del Consejo de Morena y funcionaria de su gobierno. La familia de la presidenta morenista, hermanas, primas y hasta cuñados, todos están insertos en la nómina gubernamental.

Sin embargo, el control vertical del lopezobradorismo está siendo sustituido por una lógica de reparto de cuotas familiares y políticas.

Guerrero, ejemplo de nepotismo

Si hay un caso que sintetiza esta crisis, es Guerrero. El experredista Félix Salgado Macedonio pasó de personaje incómodo a factor de confrontación con la dirigencia nacional de Morena e incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su insistencia en volver a competir por la candidatura a la gubernatura reabre fisuras internas y desafía cualquier intento de ordenar los tiempos políticos.

Pero el problema no es solo su ambición. Es el entramado familiar que domina el poder estatal: su hija, Evelyn Salgado funge como gobernadora en un caso que desde el principio fue señalado como sustitución política. La estructura gubernamental en Guerrero muestra una gravísima concentración de poder familiar, la lista es larga y el patrón evidente: hermanos, cuñados, parejas y operadores cercanos ocupan espacios legislativos y posiciones clave en la administración estatal.

Paradójicamente, y mordiéndose la lengua, el propio Salgado ha acusado de nepotismo a la dirigencia nacional de Morena, en particular a María Luisa Alcalde, y a los partidos aliados PVEM y PT, los considera unos “zánganos”.

El poder como moneda

Acostumbrado a protagonizar escándalos, lejos de moderar su postura, Salgado Macedonio ha elevado el tono y, con una lógica amenazante, ha advertido sobre el peso de su voto en el Senado: “Soy un voto que hace la mayoría calificada. Mi voto puede hacer la diferencia”.

Lo mismo ocurre en otros estados: los Monreal en Zacatecas, las tensiones en Baja California entre la gobernadora María del Pilar y el exgobernador Bonilla; Ricardo Gallardo y su esposa en San Luis Potosí, son ejemplos destacados de cómo el poder se convierte en patrimonio familiar.

Morena, construido bajo la narrativa de combatir los privilegios y del “no somos iguales” enfrenta su propia versión de nepotismo, cacicazgos y luchas internas que lo van erosionando desde dentro.

La pregunta de si habrá conflicto rumbo a 2027, ya no viene al caso, la verdadera interrogante es si el partido lo sobrevivirá.

X: @diaz_manuel

“El poder no se ejerce simplemente como una obligación o una prohibición, sino como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social”.

Michel Foucault

Hay coincidencias que enternecen. Por ejemplo: que el Estado mexicano descubra súbitamente la importancia de vigilar cuentas bancarias… justo cuando el investigado es incómodo. Nada personal, dirán. Es institucional.

Hay privilegios que no vienen en la Constitución, pero se ejercen con disciplina. Uno de ellos es decidir a quién investigar. Y en eso, la autodenominada Cuarta Transformación ha perfeccionado el método. Porque no, no se trata de persecución. Se trata de justicia… selectivamente eficiente.

El caso de Ricardo Salinas Pliego llega nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero conviene no distraerse: esto no va sobre él (o no solo sobre el empresario). Va sobre algo mucho más relevante —y mucho más peligroso—: hasta dónde puede el Estado meterse en tu vida financiera… Sin pagar costo político.

La respuesta oficial, por supuesto, es impecable. Combatir la corrupción. Frenar el lavado de dinero. Garantizar la justicia fiscal. ¿Quién podría oponerse a eso? Nadie. Ese es justamente el punto.

Porque el problema nunca es el objetivo. Es el instrumento… y quién decide cuándo y por qué razones activarlo. En México, la ley suele ser ciega, pero tiene un olfato político extraordinario. Detecta enemigos con precisión quirúrgica. Y actúa en consecuencia. Todo un sabueso.

Primero viene el señalamiento desde el poder. Luego, casualmente, la maquinaria institucional se pone en marcha.

Pero insistirán: es mera coincidencia. Como también es coincidencia que la Unidad de Inteligencia Financiera despliegue una eficacia admirable cuando se trata de ciertos perfiles —magnates incómodos, voces críticas, adversarios electorales— mientras que, hacia dentro del régimen, la vista se vuelve selectivamente borrosa. Todo un fenómeno digno de estudio clínico.

La discusión en la Corte no es técnica, aunque se disfrace de tal. Es profundamente política. Porque lo que está en juego no es solo si la UIF puede acceder a información bancaria, sino con qué límites… o con qué pretextos.

Y ahí es donde el discurso anticorrupción empieza a mutar de herramienta de justicia a instrumento de control. Es tan simple que hasta un egresado de la nueva escuela mexicana puede entenderlo: cuando el Estado acumula facultades intrusivas sin contrapesos sólidos, deja de ser árbitro y se convierte en jugador. Uno que, además, decide a quién marcarle falta. Spoiler: nunca es al equipo propio.

Tenemos, entonces, que la ingenuidad se vuelve cómplice. Pensar que estas herramientas se usarán de manera neutral en un país con instituciones erosionadas es casi un acto de fe. O de humor negro.

¿Cuántas veces hay que decirlo? México no tiene un problema de falta de leyes. Tiene un problema de aplicación selectiva.

Y eso cambia todo. Hoy es Salinas Pliego, útil como villano perfecto. Mañana puede ser un medio incómodo. Pasado, cualquier profesionista que haya decidido hablar de más. No por delito probado, sino por sospecha útil.

Así funcionan los sistemas que aprenden a castigar la disidencia bajo apariencia de legalidad. No necesitan declarar el autoritarismo. Les basta con administrarlo.

¿El que nada debe, nada teme? Nahhh… La realidad suele ser más precisa: el que incomoda, preocupa; y el que preocupa, que se preocupe.

Y cuando preocupar al poder se convierte en criterio implícito de vigilancia, la legalidad deja de ser garantía y empieza a ser pretexto. Puritito pretexto.

Pero no exageremos. Aquí no pasa nada. Todo es institucional, transparente, democrático. Tan democrático que el poder no solo gobierna: también investiga, acusa… y decide a quién mirar.

El resto, por supuesto, puede dormir tranquilo. Mientras no ronque ni haga ruido.

Porque en la nueva pedagogía del poder, el mensaje no es “cumple la ley”. Es mucho más sencillo: No incomodes. No se te vaya a ocurrir hacerlo.

El Indep confirmó que existe una carpeta de investigación actualmente abierta por la pérdida o robo de bienes y objetos de su inventario.

De acuerdo con la respuesta de la Plataforma Nacional de Transparencia solicitada por El Sol de México, es la carpeta de investigación FED/DGCAP-CDMX/0000070/2022, abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2022.

Al ser solicitada la información sobre los bienes y objetos que fueron robados del Indep desde 2020, cuando oficialmente dejó de llamarse Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la dependencia negó proporcionar la información.

Para negar transparentar la información, el Indep se escudó con el argumento de que “está directamente relacionada con una carpeta de investigación que se encuentra en trámite” (...) y “relacionada con un proceso penal en sustanciación (en curso)”.

De modo que al no tener una resolución final del caso, todas las actuaciones de la carpeta deben protegerse.

Indep reserva información de robos de bienes y objetos por tres años

El Indep detalló que la información de robos de bienes y objetos que estaban en posesión de la dependencia fue reservada por un periodo de tres años.

De tal forma que dicha información no podrá ser consultada hasta el año 2025, una vez culminado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se hace de su conocimiento que la información requerida tiene el carácter de reservada, de conformidad con el artículo 113 fracción XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Lineamiento Trigésimo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por un periodo de tres años”, señaló el Indep en la respuesta vía transparencia.

La dependencia explicó que tal información se encuentra estrictamente relacionada con un proceso penal en sustanciación, “por lo que publicar la información y documentación solicitada generaría una afectación real, demostrable e identificable, hasta en tanto no se adopte la decisión definitiva”.

Indep niega indicar valor de objetos robados o extraviados en la dependencia

Al ser solicitada la información sobre el valor de los objetos que fueron robados o extraviados en la dependencia sin que se espeficiquen nombres o cargos de funcionarios, el Indep también negó transparentar ello.

Tampoco accedió a revelar cuántos funcionarios han sido investigados y sancionados por robos o extravíos de objetos o bienes.

Es importante mencionar que desde su creación en enero de 2020, el Indep ha tenido tres titulares:

• Ricardo Rodríguez
• Jaime Cárdenas
• Ernesto Prieto

En mayo de 2019, AMLO anunció la creación del Indep como el propósito de poner a la venta objetos decomisados a criminales y a servidores públicos que incurrieron en corrupción o desfalco.

No obstante, el primer director del Indep, Ricardo Rodríguez, fue señalado de presuntamente cometer diversos actos de corrupción al frente de la dependencia, lo que a la postre, le significaría su remoción del cargo.

Aunque lo anterior no ha sido confirmado y su salida se manejó como que aspiraba a ser Procurador de Defensa de los Contribuyentes, cargo al cual nunca llegó.

Recientememte, Jaime Aguirre Mejía fue señalado por movimientos inusuales de varios millones de pesos desde cuentas del gobierno municipal hacia cuentas personales, además de huir con dicho dinero.

¿Quién es Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato?

Jaime Aguirre Mejía es un servidor público que se desempeña como tesorero municipal del Ayuntamiento de Apaseo el Alto, dentro de la administración 2024–2027.

Su nombramiento fue comunicado oficialmente por el gobierno municipal en octubre de 2024, donde se le identifica como contador público y responsable de la Tesorería Municipal.

También, ha sido ratificado en el cargo durante la actual administración encabezada por la presidenta municipal Monserrat Mendoza Cano, lo que indica continuidad en funciones financieras del municipio.

Es decir que su función principal es administrar los recursos públicos municipales, ingresos, egresos y control financiero del ayuntamiento.

¿Qué edad tiene Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

No existe información pública disponible sobre la fecha de nacimiento o edad de Jaime Aguirre Mejía.

¿Quién es la esposa de Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

No hay datos públicos confirmados sobre el estado civil de Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto.

¿Quiénes son los hijos de Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

No hay información pública disponible sobre si Jaime Aguirre Mejía tiene hijos.

¿Qué estudió Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

De acuerdo con documentos oficiales, a Jaime Aguirre Mejía se le identifica como contador público, lo que indica formación en contaduría o área financiera.

Sin embargo, no se especifica la institución educativa ni estudios adicionales.

¿En qué ha trabajado Jaime Aguirre Mejía, tesorero municipal de Apaseo el Alto?

Jaime Aguirre Mejía se ha desempeñado como:

• Tesorero municipal de Apaseo el Alto (actualidad, administración 2024–2027)
• Ha sido ratificado en el mismo cargo, lo que sugiere experiencia previa en la administración municipal.
• Forma parte del gabinete municipal en funciones financieras (Tesorería).

Fuera de su rol en el gobierno municipal, no hay registros públicos detallados sobre trayectoria previa en el sector privado o público.

De acuerdo con reportes, el funcionario lleva más de una semana sin presentarse a trabajar y dejó de responder a las autoridades, lo que encendió las alertas dentro del Ayuntamiento.

Tesorero de Apaseo el Alto desaparece; investigan presunto desfalco millonario

El tesorero municipal de Apaseo el Alto, Guanajuato, Jaime Aguirre Mejía, desapareció tras revisiones internas que revelaron movimientos inusuales de varios millones de pesos desde cuentas del gobierno municipal hacia sus cuentas personales.

Esto derivó en una auditoría y una denuncia formal ante la Fiscalía estatal de Guanajuato contra Jaime Aguirre Mejía, tesorero de Apaseo el Alto en Guanajuato.

Aunque el monto exacto no ha sido confirmado, versiones señalan que el posible daño al erario podría ascender a decenas de millones de pesos, incluso hasta 100 millones, según estimaciones preliminares.

La alcaldesa Monserrat Mendoza Cano informó que el caso ya fue denunciado y que se realiza una auditoría interna para determinar el alcance del posible desfalco de Jaime Aguirre Mejía, tesorero de Apaseo el Alto.

Tesorero se reportó enfermo antes de desaparecer

Jaime Aguirre Mejía, tesorero del municipio Apaseo el Alto en Guanajuato, ha desaparecido junto con millones de pesos que pertenecen al erario municipal, lo cual ha derivado en una denuncia formal por parte de la alcaldesa.

Previo a su desaparición, el funcionario habría justificado su ausencia por motivos de salud; sin embargo, ya no regresó ni volvió a comunicarse, lo que incrementó las sospechas.

El caso ha generado indignación en Apaseo el Alto, donde autoridades y ciudadanos exigen claridad sobre el destino de los recursos públicos.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para localizar al tesorero Jaime Aguirre Mejía y determinar si hubo un desfalco al erario municipal.

El caso ha sido señalado por empleados como uno de los factores que detonaron la huelga que mantiene detenidas las actividades de la compañía.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el accidente ocurrió debido a que una máquina no estaba ensamblada correctamente y además no funcionaba el botón de paro de emergencia.

Actualmente, la huelga en la empresa Tornel suma poco más de un mes.

Entre las principales exigencias de los trabajadores se encuentran aumentos salariales y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, medida que fue aprobada.

Así fue el accidente de Marcos en la planta de Tornel

Además de sus demandas laborales, los trabajadores de Tornel también exigen justicia para su compañero Marcos, quien perdió ambos brazos a causa del accidente ocurrido dentro de la planta.

Según versiones de los empleados, Marcos se encontraba operando una de las máquinas cuando uno de sus brazos quedó atorado en el mecanismo.

Al intentar detener el equipo mediante el botón de emergencia, este no respondió, lo que provocó que ambos brazos quedaran atrapados en la maquinaria.

Mientras Marcos pedía ayuda, el ruido de las demás máquinas dificultó que sus compañeros escucharan sus gritos de auxilio. Minutos después lograron intervenir para detener el equipo y rescatarlo.

Tras el accidente, el trabajador fue trasladado a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron posteriormente que perdió ambos brazos.

Tornel señala que la huelga retrasa incapacidad de Marcos

Luego del accidente laboral, Marcos buscó recibir la incapacidad correspondiente por riesgo de trabajo, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, según versiones de los trabajadores, la empresa Tornel argumentó que el pago podría retrasarse debido a la huelga que mantienen sus compañeros.

A más de un mes del estallido de la huelga en la planta de Tornel, ubicada en Tultitlán, Estado de México, el trabajador continúa a la espera de que se le reconozca este derecho.

La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón está obligado a reincorporar al trabajador que sufrió un riesgo laboral, siempre que esté capacitado para desempeñar sus funciones y se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad.

@margaritasocial__

¡NO FUE UN ACCIDENTE, FUE NEGLIGENCIA! #TORNEL #tornel #claseobrera #pfypシ #parati

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De acuerdo con la información, Rosa Aidé Domínguez, exsecretaria de Educación en Chiapas, habría realizado estos pagos indebidos defraudando al erario público y desviando millones de pesos.

Acusan a Rosa Aidé Domínguez de desviar 35 millones en pago a fallecidos y jubilados en Chiapas

Ante los medios, Ana Laura Basurto reveló que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en los pagos de la SEP de Chiapas durante el gobierno de Rutilio Escandón.

Reportes señalan que, durante la administración de Rutilio Escandón, la Secretaría de Educación de Chiapas, encabezada por Rosa Aidé Domínguez, pagó sueldos a personas fallecidas y jubiladas sumando más de 35 millones.

Las irregularidades no habrían sido únicamente en la Secretaría de Educación, por lo que se indaga en otras dependencias y, de ser necesario, se comenzará un proceso contra los funcionarios.

Roger Mandujano, actual secretario de Educación en Chiapas, ya había señalado hace unos meses que la administración anterior tenía alrededor de 77.5 millones de pesos pendientes por aclarar.

Hasta el momento, se sabe que la Auditoría Superior de la Federación realiza una investigación a fondo y tendría la facultad de sancionar de manera directa a los exfuncionarios involucrados.

Se trata de una plataforma digital cuyo objetivo es la capacitación y actualización continúa de los servidores públicos para transformar su ejercicio diario.

Nace la Escuela de Buen Gobierno para capacitar a los servidores públicos

A través de un comunicado se informó sobre la nueva Escuela de Buen Gobierno, un nuevo espacio digital diseñado para la capacitación constante de los servidores públicos.

Con la Escuela de Buen Gobierno se fortalece un servicio público más íntegro, eficiente y cercano a la ciudadanía mediante la formación continua y con enfoque en valores.

La nueva Escuela de Buen Gobierno se orienta a tres objetivos principales:

1. Elevar la profesionalización: La formación se adapta a las responsabilidades específicas de cada funcionario y el desarrollo de competencias puntuales que respondan a las necesidades de cada puesto
2. Alianzas estratégicas: Se fortalecen las alianzas con instituciones nacionales e internacionales, lo que permite diversificar y enriquecer la oferta académica y fortalecer los contenidos de los cursos disponibles
3. Acceso universal a la capacitación: Los cursos estarán abiertos no solo a funcionarios federales, sino también a trabajadores estatales, municipales y a la ciudadanía en general

Para este 2026, la Escuela de Buen Gobierno contempla 12 cursos claves para el desarrollo profesional en el sector público, entre ellos:

• Ética e Integridad en el servicio público
• Manejo de conflictos de interés
• Protección de datos personales
• Transparencia en México
• Igualdad sustantiva y derechos de las mujeres
• El uso de Inteligencia Artificial en el servicio público

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno resaltó que la formación permanente es clave para el fortalecimiento de las instituciones y para garantizar mejores resultados para la sociedad.

La Escuela de Buen Gobierno sustituye al Sicavisp

La Escuela de Buen Gobierno sustituye al Sistema de Capacitación Virtual para las Personas Servidoras Públicas (Sicavisp), plataforma donde se realizaba la capacitación de los trabajadores del sector público.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que en 2025 Sicavisp alcanzó una cifra histórica de 1.3 millones de participaciones, superando las 1.2 millones registradas en sus primeros cinco años.

Lo que representó un incremento del 290% respecto a 2024, reflejando la creciente demanda y el interés por la formación en el sector público.

Aunque tiene su base en Sicavisp, la nueva Escuela de Buen Gobierno busca mejorar la experiencia de usuario y eliminar las limitaciones de cupo, facilitando el acceso a un mayor número de personas.

Legisladoras de Morena aseguran que el esquema recuerda a la “Estafa Maestra” y señalan contratos irregulares desde enero de 2026.

Mientras tanto, Grupo Meor se deslindó de cualquier relación con la alcaldesa y negó vínculos actuales con las compañías señaladas en la investigación.

MEOR aclara relación con Alessandra Rojo de la Vega

En una carta enviada a la redacción de SDPnoticias, Grupo MEOR, desvincula a la empresa y a sus directivos de las investigaciones relacionadas con la Alcaldía Cuauhtémoc y la su alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

De acuerdo a su comunicado, Grupo MEOR asegura que:

“MEOR no ha realizado ni mantiene negocios, contratos o vínculos comerciales con gobiernos de ningún nivel (federal, estatal o municipal), incluyendo la Alcaldía Cuauhtémoc”

Grupo MEOR

De igual manera, Grupo Meor aclara que “ningún socio o representante legal de MEOR forma parte actualmente de las empresas aludidas“, las cuales se señalan en la denuncia hecha por las diputadas de Morena.

De acuerdo con el CEO de Grupo Meor, Javier Camarena e Iser Ravinobitz realizaron la venta de su participación en las empresas que han sido relacionadas con Alessandra Rojo de la Vega desde hace ya 7 años.

Por lo que tal y como aseguran en su carta dirigida a la redacción, no hay ningún vínculo con los contratos en la Alcaldía Cuauhtémoc o con Alessandra Rojo de la Vega.

“Las actasque documentan este hecho fueron presentadas al medio “La Razón” y estamos a su disposición para compartirlas con ustedes, en caso de requerirlas para la pertinente aclaración en su publicación.”

Grupo Meor

Grupo MEOR finaliza ratificando su compromiso en todas sus operaciones en México, asegurando que actúan “bajo los más estrictos estándares de ética corporativa, transparencia y un riguroso sistema de cumplimiento legal”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el crecimiento económico del país, manteniendo siempre nuestra política de neutralidad.”

Grupo Meor

Denuncian a Alessandra Rojo de la Vega por irregularidades en su administración

Las diputadas Leonor Otegui, Iliana Sánchez y Diana Sánchez de Morena, han impulsado una denuncia en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega por desvío de 97 millones de pesos en su administración de la alcaldía Cuauhtémoc.

Incluso aseguran que siguió el esquema a la “Estafa Maestra” del sexenio de Peña Nieto en donde se reveló un desvío masivo vía universidades y empresas fantasma, alegando que Rojo de la Vega empezó su carrera política en el PRI en esa época.

La denuncia asegura que hubo irregularidades en la administración de Rojo de la Vega por contratos que desviaron aparentemente 97 millones de pesos a Grupo Meor desde enero del presente año.

Por lo que en febrero del 2026, el Congreso capitalino aprobó que Contraloría y la Auditoría Superior local hagan una investigación formal, la cual ya fue abierta el pasado 1 de marzo, contra la alcaldesa por posible triangulación y simulación de competencia con el Grupo Meor.

Alessandra Rojo de la Vega ha rechazado categóricamente los intereses económicos y calificó el caso de la denuncia en su contra como persecución política.

Cabe recordar que estas acusaciones provienen de un reportaje que salió en a finales de enero del 2026, en donde se revelaba que la alcaldía Cuauhtémoc, bajo la gestión de Rojo de la Vega, había otorgado alrededor de 16 contratos por un total de más de 97 millones de pesos a empresas vinculadas al Grupo Meor que incluye nombres como:

• Operadora Meor
• Carbonusa
• TECNOVA
• Alianza Comercialización y Construcciones, Monasil
• Levana MNR y más

En dicho reportaje se señala que varias de esas empresas pertenecen al mismo grupo o comparten apoderados legales y socios, lo que hace sospechar de simulación de competencia en licitaciones por invitación restringida; es decir, se invita a varias “empresas diferentes” que en realidad son del mismo consorcio para aparentar competencia, y luego se adjudica a una de ellas.

También hay menciones de adjudicaciones directas sin licitación abierta, lo que viola presuntamente la Ley de Obras Públicas y la normativa de adquisiciones de la CDMX en el artículo 51 y relacionados.

Asimismo, se confirmó la detención de su presunta cómplice, quien fungió como su directora de Obras Públicas del municipio, Sandra, aunque de momento se desconoce si por el mismo delito.

Exalcalde de Michoacán, Francisco Javier, fue detenido por desvío de recursos públicos

El miércoles 28 de enero, la Fiscalía Especializada dio a conocer la detención del exalcalde Copándaro, Francisco Javier Acosta, debido al desvío de 6.4 millones de pesos de los recursos públicos.

Tal como explicó la Fiscalía Especializada, el delito de peculado se habría cometido durante su administración al frente de Copándaro de 2008 a 2011, de manera precisa en el 2010.

Dicho dinero estaba destinado para obras de infraestructura hidráulica y sistema de agua potable para el municipio michoacano de Copándaro, sin llevarse a cabo.

La Fiscalía finalizó su ficha informativa resaltando que tanto el exalcalde de Michoacán como la exdirectora de Obras Públicas de Copándaro, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Previo a la detención del exalcalde de Michoacán, no se tenía información sobre presuntos desvíos de recursos ni otras denuncias de irregularidades durante su gestión.

Copándaro: lo que se sabe de la detención del exalcalde de Michoacán

Acorde con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, el exalcalde de Michoacán fue detenido en Copándaro, mientras circulaba por la calle Galeana de la colonia Centro, la mañana del miércoles 28 de enero.

El exalcalde de Copándaro fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y posteriormente al Centro Penitenciario “Licenciado David Franco Rodríguez” en Morelia, Michoacán.

“Es una decisión que tomó el director de Aduanas, y si hay algún señalamiento de que cualquier servidor público estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (...) Si en su revisión encuentra algún problema que tenga que ver con penal, lo denunciará directamente la Fiscalía General de la República y ellos tienen que investigarlo”

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La decisión de remover a Alex Tonatiuh Márquez fue tomada por el director de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta remoción ocurre después de que el funcionario federal fuera señalado por el delito de crimen organizado e irregularidades en su patrimonio, además de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le habría retirado la visa.

Si hay ilícitos, Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas podría ser investigado adelanta Sheinbaum

Aunque no ofreció muchos detalles de su salida, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional en su conferencia mañanera del pueblo del martes 16 de diciembre dijo que en caso de existir algún ilícito en torno a Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas, este ex funcionario podría ser investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o causa penal entonces se podría denunciar con la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que se encargaría de investigarlo.

Sin embargo, la presidenta de México negó que la salida de Alex Tonatiuh Márquez de la ANAM tuviera que ver con huachicol fiscal, aunque resaltó que la decisión fue tomada por Rafael Marín.

Sostuvo que se podría investigar en caso de presentarse alguna irregularidad porque su Gobierno “no es tapadera de nadie”.

Estas declaraciones surgen en medio de este retiro de la visa de Alex Tonatiuh Márquez de Estados Unidos, así como otros escándalos que lo rodean como la adquisición de relojes de lujo.

Además de hacer operaciones con la empresa Aledo S.A. de C.V., investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la que se decía que era una de sus fuentes de ingresos.

Con esta decisión, Emilio Lozoya deberá seguir enfrentando el proceso penal en su contra por haber comprado a sobreprecio una planta chatarra de Agronitrogenados al empresario acerero Alonso Ancira Elizondo.

Emilio Lozoya buscaría evitar ser acusado de lavado de dinero

El Tribunal Colegiado declaró improcedente la petición de Emilio Lozoya para frenar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la compra de la planta valuada en 475 millones de pesos.

Se especula que Emilio Lozoya había presentado dicho amparo para que el proceso no llegue a la etapa intermedia, pues la FGR buscaría acusarlo por el delito de lavado de dinero.

Incluso, en su demanda argumentó que el empresario Alonso Ancira cubrió la reparación del daño por la venta de la planta de Agronitrogenados, situación que lo beneficia de hacer alguna reparación económica.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado señaló que no es válido asumir que porque uno de los coimputados ya garantizó la reparación del daño, los demás resulten beneficiados, pues la responsabilidad solidaria no puede aplicarse como una regla general en estos casos.