Luego de que el Comité Contra las Desapariciones Forzadas pidió a la ONU remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México para que se consideren medidas destinadas para intervenir en la prevención, investigación, castigo y la erradicación del crimen.

“Desaparición forzada ya no es política de Estado”: CNDH responde a la ONU

A través de un comunicado CNDH ha respondido a la ONU con un contundente mensaje en el que precisa que la “desaparición forzada ya no es política de Estado”.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos difiere de las conclusiones a las que arribó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada”

CNDH

Tras criticar su conclusiones, bajo el argumento de que en México existen indicios “fundados” de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas, pues el Comité de la ONU se basa en peticiones de organizaciones no gubernamentales, por lo que se señala “manipulación” y sesgo político para lucrar con la causa.

“Se difiere de las consideraciones, hay que decir que, para considerar legítima su participación en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales y tomar en cuenta los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales que se han llevado a cabo por el Estado mexicano en los últimos 7 años, se optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh”

CNDH

A lo que la CNDH recordó que en defensa de la administración actual, la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado en la administración actual, pues la crisis de desapariciones principalmente llegó en los periodos de la “Guerra Sucia” (1951-1990) y la “Guerra contra el narcotráfico” (2006-2012).

Así como la CNDH argumenta que la ONU se contradice al reconocer que no hay una política federal deliberada para desaparecer personas, pero por otro, concluye que el fenómeno sigue siendo “generalizado”.

La desaparición forzada ha disminuido en México: CNDH

Ante el rechazo por las conclusiones de la ONU, la CNDH también argumentó que la desaparición forzada ha disminuido en México desde 2018.

Además de los propios resultados de la CNDH en los que se ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada.

Pese a esto la CNDH aseguró que continuará el diálogo con organismos internacionales, pero rechazará la politización de los derechos humanos en perjuicio del Estado mexicano.

El funcionario subrayó que este tema es una prioridad absoluta para la administración actual, involucrando una coordinación estrecha entre fiscalías, gobernadores y los poderes de la Unión.

Medina calificó la desaparición de personas como una herida que requiere atención inmediata, destacando que el Estado mexicano hoy utiliza metodologías científicas y análisis de datos para garantizar el acceso a la verdad y el apoyo directo a las familias.

Los dos momentos históricos de la desaparición en México: Arturo Medina

El informe identifica dos etapas críticas en la historia del país. La primera se ubica entre las décadas de los 50 y los 90, periodo de la Guerra Sucia, donde el Estado ejerció la desaparición forzada como herramienta de represión política contra disidentes y movimientos sociales. Para atender este legado de impunidad, se mantienen activos los trabajos de la Comisión de la Verdad y fiscalías especializadas.

La segunda etapa comenzó en diciembre de 2006, vinculada a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. En este contexto, el subsecretario hizo mención especial al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asegurando que se dedicarán espacios específicos para informar sobre los avances en su búsqueda e investigación.

La actual administración ha reafirmado su compromiso de no utilizar jamás la fuerza pública para reprimir al pueblo. En materia de desaparecidos, el enfoque actual busca subsanar las deficiencias del pasado, especialmente las del registro creado tras la ley de 2017, el cual carecía de metodologías claras y rigor en la calidad de la información.

Compromiso de Claudia Sheinbaum con la justicia y la verdad

Bajo la gestión de la presidenta Sheinbaum, se ha iniciado una fase de revisión integral que prioriza la cercanía con los colectivos de búsqueda. Esta nueva etapa garantiza que la investigación no se detenga hasta localizar a las personas y asegurar que los responsables enfrenten la justicia, fortaleciendo la coordinación con la Fiscalía General de la República.

A raíz de los hallazgos en el Rancho Izaguirre en 2025, el Gobierno de México impulsó reformas estructurales a las leyes de desaparecidos y de población. Estos cambios, publicados en julio de ese mismo año, establecen la Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de las fiscalías de iniciar carpetas de investigación de manera inmediata ante cualquier reporte de ausencia.

La estrategia contempla además la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Con la contratación de especialistas y la adquisición de equipo forense de alta tecnología, la Comisión Nacional de Búsqueda busca consolidar registros oficiales con datos mínimos de identificación, garantizando que el sistema nacional de búsqueda opere con eficiencia y transparencia.

Pablo Lemus aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por omisiones graves en el caso del Rancho Izaguirre.

Pablo Lemus se compromete a otorgar medidas de reparación y una disculpa pública por Rancho Izaguirre

Durante la mañanera realizada en el estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus subrayó la “responsabilidad institucional” para fortalecer las investigaciones y garantizar justicia, refiriéndose al caso del Rancho Izaguirre.

Esto después de asegurar que está dispuesto a ofrecer disculpas públicas tal y como recomendó la CNDH por las omisiones graves como la pérdida, alteración y mal procesamiento de evidencias.

Y es que de acuerdo a la Comisión, estas omisiones como fallas en los procesamientos, ausencia de peritajes completos y problemas en la cadena de custodia, violaron los derechos a la justicia y legalidad de víctimas del CJNG y a sus familias.

Aunque el gobernador Lemus atribuyó las anomalías a la administración anterior, se compromete a medidas reparadoras sin descartar una disculpa pública por el caso del Rancho Izaguirre atribuido al CJNG.

“Se declara la invalidez del articulo 293 bis, fracción III, del Código Penal para el estado de Sinaloa, reformado mediante decreto numero 107, publicado el 23 de abril de 2025…”

Proyecto acción de inconstitucionalidad 61/2025 en SCJN

El proyecto se generó a partir de la acción promovida por la CNDH y su presidenta Rosario Piedra Ibarra, el cual ha sido elaborado por la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.

SCJN corregirá a Congreso de Sinaloa por fallas al legislar sobre halconeo

El motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida fue contra el artículo 293 bis, fraccionado III, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, es debido a no cumplir con el principio de taxatividad.

Es decir, tiene que ver con la redacción ya que no explica con precisión las conductas y sanciones.

“Incumplió con el principio de taxatividad, porque no estableció herramientas necesarias para que el intérprete conozca claramente que lo que se pretende sancionar es únicamente la conducta que en el procedimiento legislativo se identificó como el halconeo”

Proyecto acción de inconstitucionalidad 61/2025 en SCJN

CNDH vs Código Penal de Sinaloa: legislación sobre halconeo pone en riesgo acceso a la información

De acuerdo con Rosario Piedra Ibarra y la CNDH dicha norma “transgrede los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión”.

Acusó que se criminaliza la difusión de datos vinculados con las actuaciones de instituciones y genera un impacto desproporcionado sobre el gremio periodístico ya que criminaliza la búsqueda y difusión de cualquier información relativa a la seguridad publica.

La CNDH también dijo que la norma abre la posibilidad de aplicarla se manera arbitraria y transgrede el derecho a la seguridad jurídica.

Incluso se podría aplicar de manera negativa cuando se consiga información derivada del ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y libertad de expresión.