El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio (M5J), emitió hoy un comunicado a la opinión pública donde exige al poder legislativo someter a juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Vals Hernández.
Manuel Alfredo Rodríguez, uno de los deudos afectados por el incendio de la guardería subrogada del IMSS, dio lectura al boletín sobre la solicitud interpuesta ante la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y explicó los fundamentos por los cuales solicitan el juicio político, la inhabilitación de los cargos por no menos de 20 años y la disposición de los ministros ante el Ministerio Público.
El M5J afirma que González Sala y Vals Hernández violaron las fracciones I, II y III del artículo 109 constitucional al no excusarse por estar imposibilitados de intervenir en la discusión de la investigación sobre el accidente que privó de la vida a 49 niños en Hermosillo, Sonora, el pasado 14, 15 y 16 de junio pasado.
Es decir, los ministros cometieron "actos u omisiones que perjudicaron los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración de justifica", violaciones comprendidas en el artículo 225 del Código Penal Federal por conductas que afectaron la honradez e imparcialidad de sus funciones, así como la vulneración al derecho a la justicia comprendido en el artículo 17 de la Carta Magna y faltar a los principios del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Según los padres de familia, los ministros debieron ausentarse de la sesiones, por haber estado vinculados a los intereses del IMSS: "No omitimos señalar que el rechazar la causa de impedimentos esgrimida por el ministro José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Vals Hernández, se advierte el deliberado propósito del pleno de la Suprema Corte por asegurarse una mayoría que le permitiese emitir la resolución final que dictó... ello con el fin de proteger a los servidores públicos de la federación, del gobierno del estado de Sonora y del ayuntamiento del municipio Hermosillo a los cuales alcanza un alto grado de responsabilidad la violación grave de las garantías".
Rodríguez aclaró que el movimiento acude al tercer poder del Estado mexicano en busca de que se resuelvan sus peticiones, porque las instituciones de procuración de justicia local y federal "dejaron de cumplir a su obligación de hacer justicia". Y aseguraron que, de no encontrar respuesta ante el Congreso, seguirán agotando todas las instancias legales para no permitir que la impunidad siga siendo regla general y que el sacrificio de sus hijos siga siendo un crimen sin castigo.