Soldados irán a juicio por masacre 250 civiles guatemaltecos
09-09-2010GUATEMALA (AP) --- Tres militares enfrentarán un juicio como acusados de uno de los más sangrientos episodios del conflicto armado interno, en el que un comando militar aniquiló hace 28 años de hasta 178 civiles guatemaltecos, muchos de ellos niños.
La jueza Carol Patricia Flores estimó el miércoles que "existen suficientes elementos de pruebas para que ellos enfrenten juicio" ante las acusaciones de la fiscalía que responsabiliza a los procesados de la denominada masacre de Las Dos Erres.
La fecha del juicio será determinada por el Tribunal de Alto Impacto, que realizará el debate oral contra los procesados cuando lo pueda incorporar en su calendario de actividades.
El órgano colegiado realizará el lunes una audiencia para recibir las pruebas de la parte acusadora y la defensa.
Según la Fiscalía, los acusados eran parte del grupo de por lo menos 17 "kaibiles", militares especializados en lucha antiguerrillera, que cercaron la comunidad de Las Dos Erres en el municipio de La Libertad, en el departamento de Petén a 440 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982. Allí mataron a todos los habitantes presentes en la comunidad.
Los imputados Manuel Pop Sun, Reyes Collin Cualip y Carlos Antonio Carías López se han declarado inocentes de la acusación y ninguno ostentaba un rango de mando en las filas castrenses.
Otros cuatro sospechosos se encuentran detenidos en Estados Unidos, debido a que mintieron en su solicitud de ciudadanía estadounidense al haber negado su participación en la masacre.
Uno de ellos narró cómo asesinaron a los bebés.
Guatemala solicitó la extradición de todos los detenidos.
La matanza es uno de los casos descritos en el informe de una Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) instaurada por las Naciones Unidas después que el gobierno y las guerrillas firmaron en 1996 un tratado de paz que puso fin a 36 años de conflicto armado interno.
El informe "Guatemala: Memoria del Silencio" relata, con base a la descripción de sobrevivientes o de testigos anónimos, que "todos los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los árboles, sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo".
Después de liquidar a todos los niños, la patrulla militar ejecutó uno por uno a los adultos, también asestándoles golpes con la almádana en la cabeza y lanzándolos al pozo.
"A las mujeres embarazadas les provocaron abortos como consecuencia de los golpes recibidos", detalla el informe.
Al terminar el exterminio, los militares incendiaron las casas, maquinaria agrícola y prácticamente desaparecieron físicamente a la comunidad, según la CEH.
La exhumación de los restos de las víctimas de la matanza reveló que fueron asesinados por lo menos 67 niños menores de 12 años y otras 24 víctimas fueron mujeres.
La comisión de la ONU pudo individualizar a un total de 178 víctimas y los antropólogos forenses que desenterraron la fosa común dijeron que habían restos de por lo menos 162 individuos, aunque aclararon que "pudo haber habido un número mayor de muertos".
También se registró la violación de varias niñas, según la CEH, que atribuyó a los militares más del 80% de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra interna.
A lo largo de los 36 años de conflicto se cometieron numerosas masacres, principalmente de comunidades indígenas, y se registran por lo menos 200.000 muertos y desaparecidos.
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