El
vicecoordinador de la fracción de Convergencia en la LXI Legislatura de
la Cámara de Diputados, Jaime Álvarez Cisneros, señaló que la
conducción de la Nación por parte de la administración federal
evidencia que está en entredicho la viabilidad del sistema político
mexicano.
En
la comparecencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont,
ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador convergente
agregó que “no sólo vivimos y sufrimos una crisis económica de enormes
dimensiones, también vivimos entre otras, una crisis de seguridad, de
gobernabilidad y de legitimidad del gobierno en turno”.
Al
exponer el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Convergencia,
Álvarez Cisneros indicó que la delincuencia organizada ha puesto en
evidencia la incapacidad del Estado para combatir a estos grupos
delictivos. “Esta guerra se está perdiendo en los hechos, quebrantando
la solidez del propio Estado”, precisó.
El
diputado morelense refirió que en la conducción política de la Nación,
se aprecia una falta de rumbo y de interés por fortalecer nuestro
régimen democrático. Desde el año 2000 hasta la fecha, la alternancia
política, solo ha servido para fomentar y fortalecer complicidades.
Criticó
que figuras como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y
la revocación del mandato, sigan siendo un anhelo para la ciudadanía.
Álvarez
Cisneros, precisó que debido a los titubeos e indefiniciones del
gobierno federal el “rompimiento social está presente”.
Resaltó
además que ante estas deficiencias, es urgente la Reforma del Estado
que permita la gobernabilidad “tenemos que adecuar las instituciones
políticas; establecer mecanismos de responsabilidad política y
administrativa ante la sociedad, instrumentar la capacidad de demanda y
social y la respuesta gubernamental, y en general cambiar los términos
de nuestro pacto social”.
Explicó
que la Reforma del Estado busca generar “más sociedad y menos
gobierno”, el cual debe hacer valer las garantías constitucionales,
respete a los derechos humanos, instaure y defienda los derechos
sociales y promueva un desarrollo económico incluyente y sustentable”.