México, 3 Jul (Notimex).- El Consejo General del IFE ordenó a la editorial El Sol S.A. de C.V., responsable de la publicación del periódico El Norte, rectifique u otorgue el derecho de réplica al candidato a diputado federal del PRD en Monterrey, Nuevo León, Alberto Picasso Barroel.
En una decisión que el consejero electoral Marco Gómez calificó de "histórica", el pleno del Instituto Federal Electoral (IFE) otorgó a la empresa un plazo de 24 horas, a partir de que sea notificado, para que en su edición más próxima publique la rectificación o respuesta a la referida nota.
En la sesión extraordinaria de este viernes, Gómez Alcántar indicó que "por primera vez una autoridad administrativa ordena a un periódico que subsane un derecho de réplica constitucional, que fue violado al no garantizar el contenido que debe tener una réplica conforme a una disposición legal vigente".
Los consejeros aprobaron otorgar el derecho de réplica a Picasso Barroel, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputado federal en el Distrito 8 de Nuevo León, en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Ello al declarar fundado el procedimiento especial sancionador iniciado contra la editorial, responsable de la nota periodística publicada el 6 de mayo en el periódico El Norte titulada "Falsifica título de doctor, PRD lo postula (.) busca Alberto Picasso una Diputación Federal; lo expulsa la UANL desde 2004".
"Para mí es, en buena medida, un avance que tiene que ser regulado, que tiene que ser acotado, pero sin duda esta discusión que se dio el día de hoy va a ser un parámetro que va a enriquecer el debate que defina cuál va a ser la ley definitiva", puntualizó el también presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE.
El consejero electoral Benito Nacif cuestionó la sentencia del TEPJF al crear una norma que establece que es el procedimiento especial sancionador la vía para dirimir el caso y dar facultades al IFE para reglamentar e interpretar el Artículo 6 constitucional, en relación con la Ley de Imprenta.
Se trata, dijo, de una "antiquísima, anacrónica e inoperante Ley de Imprenta que estamos aplicando. En ninguna parte dice que es el IFE quien debe aplicar esta ley".
"Desde mi perspectiva la resolución que acataremos es un claro ejemplo de los riesgos del activismo judicial que rebasa los límites del orden constitucional. Ninguna autoridad puede erigirse por encima de la Constitución. Ese es el principio esencial del Estado de derecho".