El diario El País tuvo acceso a un informe clasificado, el 3329/02, el cual revela la tolerancia Española ante las transgresiones a la ley cometidas por Estados Unidos, pues sabía que aviones estadounidenses que sobrevolaban y hacían escala en España llevaban a bordo a personas detenidas en condiciones cuya legalidad era más que dudosa.
Según el diario, el 10 de enero de 2002, casi cuatro meses después del ataque contra las Torres Gemelas y dos desde la salida de los talibanes de Kabul, el consejero político-militar de la Embajada de Estados Unidos en Madrid llamó al director general de Política Exterior para América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Aguirre de Cárcer, y le pidió una cita urgente.
Se concertó para primera hora de la tarde.
Nada más salir la visita de su despacho, el diplomático español se puso a redactar un informe sobre la inesperada entrevista.
Iba dirigido al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y a su secretario de Estado, Miquel Nadal.
Lo firmó, estampó el sello de "muy secreto" en el encabezamiento y lo numeró con el 3329/02. Aguirre de Cárcer escribió en el documento, "Los EE UU van a iniciar muy próximamente vuelos para trasladar prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán hasta la base de Guantánamo, en Cuba", "Estos vuelos se realizarán con aviones de largo alcance y, en consecuencia, sin escalas", proseguía.
"Sin embargo, en caso de que por razones no previstas fuera necesario realizar un aterrizaje de emergencia, el Gobierno de EE UU quisiera disponer de autorización del Gobierno español para utilizar algún aeropuerto de nuestro país".
Sorprendente petición, ante el hecho de que nadie necesita autorización previa para un aterrizaje de emergencia, mucho menos Estados Unidos, que disponía de un convenio de cooperación para a defensa con España, en donde el artículo 25.7 establece que "En caso de emergencia en vuelo, las aeronaves norteamericanas operadas por o para las Fuerzas de Estados Unidos de América, están autorizadas a utilizar cualquier base, aeródromo o aeropuerto español".
Los estadounidenses querían asegurarse que España supiera que esos aviones transportaban a "prisioneros talibanes y de Al Qaeda".
Según le hizo constar su interlocutor a Aguirre de Cárcer, "esta misma gestión las están realizando [los estadounidenses] con varios países que se encuentran a lo largo de la ruta que deben seguir los aviones en cuestión".
Por lo menos, Turquía, Italia y Portugal.
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