. Mérida, 19 Sep (Notimex).
- La presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (Inaip) de Yucatán, Ana Rosa Payán Cervera, destacó que la negativa de dar a conocer la nómina municipal es una práctica recurrente entre los alcaldes del estado.
Previo a una reunión informativa con los ediles del estado para dar a conocer las recientes reformas a la ley respectiva, señaló que el rechazo a precisar información de las obras públicas, en especial las polémicas, también es una acción frecuente.
En entrevista, indicó que hay un mayor interés ciudadano en cómo trabajan los municipios, por ello también demandan con mucha frecuencia que los alcaldes den a conocer sus actividades públicas.
Insistió en que la población es cada vez más demandante de información, "en general preguntan de todo, desde cuáles son los sueldos de los funcionarios públicos, hasta qué come la gobernadora".
Payán Cervera resaltó que contrario a lo que piensan muchos ediles, la época en la que se ocultaba la información oficial se ha acabado, y es necesario que transparenten la actividad municipal y su quehacer.
En torno a los cambios aprobados a la ley y la figura jurídica de este instituto, que cuenta con autonomía desde el pasado 30 de julio, destacó que cuenta con capacidad para emitir apercibimientos, sanciones, multas y promover denuncias penales contra los ediles.
Además hace obligatoria la digitalización de la información y ponerla a disposición de los ciudadanos en portales electrónicos, y sólo en los casos en que se requiera de manera impresa, se cobrará lo mínimo por su proceso.
Comentó que la instancia a su cargo ha empezado a corregir los señalamientos que hace este organismo, aunque hay algunos que aún son renuentes, contra quienes ya se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones.
Dijo que su tarea es "interponer sanciones ni mucho menos mandar a alguien a la cárcel, nuestra labor es vigilar que se transparente la actividad pública para generar confianza ciudadana en sus autoridades".
La presidenta del Inaip explicó que ha sostenido encuentros con funcionarios de instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y partidos políticos para detallar los cambios a la ley.
Por último, expuso que promueve el cumplimiento de la ley para todos los sujetos obligados, así como intensifica la capacitación ciudadana, que estimula a quienes participen en los cursos con la entrega de un aditamento USB.
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