En 1997 en San

Andrés Larráinzar, población de los Altos de Chiapas, se firmaron los

históricos Acuerdos de San Andrés por el Gobierno Federal y el Ejército

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con la mediación de la Comisión de

Concordia y Pacificación (COCOPA), que se lograron gracias a un proceso de

diálogo complicado, que comenzó después del alzamiento armado del EZLN el

primero de enero de 1994 por el reconocimiento de los derechos de los pueblos

indígenas.

Los Acuerdos de

San Andrés, pondrían fin al conflicto armado en Chiapas, y sus disposiciones

serían Constitucionales, pero lo más importante es que con la firma y

reconocimiento del Gobierno Federal se daría inicio a una nueva relación del

Estado con los pueblos originarios de México. Meses después, el Presidente

Ernesto Zedillo desconoció los acuerdos que había firmado y comprometido a

respetarlos.

Lo que motivó el

desconocimiento de los acuerdos por parte de Zedillo, y posteriormente de Fox y

Calderón, fue principalmente por el contenido del capítulo: "Derechos y Cultura

Indígenas", que en resumen reconoce a las comunidades indígenas como entidades

de derecho público y con libre determinación.

Dicho capítulo

dice señala: "Se creará un marco jurídico a partir de reconocer la libre

determinación de los pueblos indígenas... y como tales.. Podrán decidir su

forma de gobierno interno y sus maneras de organizarse política, social,

económica y culturalmente... El Congreso de la Unión reconocerá a las

comunidades como entidades de derecho público. Las autoridades realizarán la

transferencia de recursos, para que las comunidades administren los fondos

públicos que se les asignen."

Como vemos, los

acuerdos de San Andrés reconocen a las comunidades indígenas como entidades de

derecho público con autonomía y libre determinación, y con los recursos

necesarios para que estas comunidades ejerzan un presupuesto. Con lo dispuesto

en los Acuerdos se sientan las bases constitucionales para la creación de un

cuarto orden de gobierno, entendiendo a la Federación, Estados y Municipios

como los otros tres. Con esto se desconcentrarían las atribuciones, y los

recursos públicos para destinarlos a las comunidades para que sus habitantes

canalizaran sus presupuestos de acuerdo a las decisiones que tomaran

colectivamente.

Ernesto Zedillo

desconoció los Acuerdos después de haberlos firmado, después de que políticos

de todos los partidos le hicieron saber que había cometido un grave error, pues

ponía en peligro el status quo del sistema político mexicano: Una vez que se

reconociera constitucionalmente a las comunidades indígenas como entidades de

derecho público, se sentaría un precedente y cualquier comunidad del país

podría exigir ser reconocida igual.

En cualquier

estado de la República, las comunidades urbanas y rurales, como barrios y

ejidos, podrían haber gozado del mismo reconocimiento. De respetarse los

Acuerdos de San Andrés, en todo México cambiarían las formas de gobierno establecidas,

dando paso al cuarto orden de gobierno a nivel nacional.

El efecto que

preocupó al gobierno federal y a las cúpulas partidistas, es que al ser otro

orden de gobierno, las comunidades de todo el país tendrían derecho a acceder a

los presupuestos públicos y a decidir cómo ejercerlo, y aplicando herramientas

de la democracia participativa, las comunidades indígenas, barrios y ejidos

manejarían en su territorio los programas sociales y de obra pública, sin la

intervención de otros niveles de gobierno.

Hoy en día los programas y la obra pública se maneja a discreción por políticos

y funcionarios públicos a través de sus estructuras partidistas, dependiendo

del gobierno en turno, y se utilizan con fines clientelares para comprar y

coaccionar el voto en las elecciones, lo cual es una práctica común de todos

los políticos. De perder el control de los programas sociales y de obra

pública, los partidos no tendrían con que comprar votos, ya no podrían lucrar

con la necesidad de la gente y perderían el control político.

Con las

comunidades del país tomando decisiones se definiría el rumbo del país y

existiría un contrapeso a los poderes establecidos y a los fácticos, dándole

equilibrio a la vida política de México. Esta es una causa más por la cual los

Acuerdos de San Andrés siguen sin reconocerse.

¿Qué pasaría con

los partidos políticos sin clientelas electorales y sin el voto duro? Hay dos

respuestas: Una, modernizarse, cambiar su discurso anacrónico y adaptarse a las

nuevas formas de democracia participativa, abrir los partidos a la

participación activa de la sociedad, hacer trabajo de base organizativo y de

convencimiento a través de propuestas, ideología y honestidad, y mejorar su

imagen ante la opinión pública.

La segunda

posibilidad, que es la más probable que sucedería, es que serian rebasados

totalmente agotando el sistema representativo partidista, dando paso a una

nueva democracia, donde la sociedad fuera la verdadera protagonista: La

democracia participativa y popular...

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