A Regina Martínez la mataron el 28 de abril de 2012 dentro de su domicilio en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Regina era mujer, pero también era periodista. Su crimen, como el de muchos periodistas de investigación ha quedado impune y no solo eso, se ha querido revictimizar y confundir a la opinión pública con versiones erróneas, confusas.

Cuando asesinaron a “la chaparrita”, como se le conocía en el gremio, las autoridades se encargaron de dar carpetazo en los seis meses posteriores al crimen. Les urgía, pues, cerrar el caso.

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Como es común, la conclusión de las investigaciones fue una farsa: se dijo que había sido un robo y se detuvo al “culpable”. En la rueda de prensa que las autoridades ofrecieron para pararse el cuello y decirle a la opinión pública que habían dado con el asesino de la comunicadora, se presentó a José Antonio Hernández Silva, conocido como “El Silva”, quien confesó que había ido a la casa de Regina en compañía de otro sujeto, que había tenido con la periodista una relación sentimental, y que la obligaron a confesar dónde tenía las cosas de valor. Al negarse la víctima, la mataron.

La confesión, tan absurda como increíble, se vino abajo ante las declaraciones de colegas cercanos a Regina, que habían sido interrogados por las autoridades, queriendo culparlos del asesinato. Pero ya había un preso, un “culpable”, que por cierto, quedó en libertad meses después porque un juez determinó que se habían violado sus garantías individuales. Ridículo e inaceptable.

Ese grupo cercano a Regina, conocido como “La banda de los indeseables” por ser periodistas críticos al gobierno de Javier Duarte, desmintió de inmediato la versión del robo, pues aseguran que en su domicilio estaban las pocas cosas de valor que la periodista poseía.

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Era necesario, pues, que la noticia corriera como pólvora y hacer creer a la opinión pública que el asesinato de Regina no estaba ligado a su profesión y solo se trató de un intento de robo.

Quienes tenemos memoria recordaremos que las redes sociales casi en el acto se inundaron con la versión “oficial” que se publicó en un sitio de internet, muy dado a difundir las “buenas obras” del entonces gobernador, Javier Duarte.

Regina había muerto a manos de un bandido y un cómplice (que extrañamente no fue detenido) y el caso se cerraba, teniendo que aplaudir la destreza de las autoridades. Punto y se acabó.

Pero los que también tenemos memoria recordamos que durante el sexenio de Javier Duarte, un pillo de grandes vuelos que se encuentra recluido en prisión desde 2017 por delitos graves, entre ellos la desaparición forzada de personas, Veracruz se convirtió en un paraíso para el crimen organizado, que bajo el amparo de la autoridad, tejió sus redes, desatando un clima de terror entre los habitantes.

¿Cómo olvidar las balaceras, los levantones, los secuestros que ocurrieron durante esa época?

Los medianamente informados sabemos también que durante el paso del impresentable priista la prensa era sobornada para mantenerse callada o en su defecto, para mal informar.

Ir en contra de las órdenes de los “poderosos” representaba ser perseguido, e incluso morir.

Quienes conocieron a Regina sabían que ella nunca aceptó un soborno. Su profesionalismo y rectitud eran conocidos en el gremio, su fama vino de su capacidad, no de su fortuna, que por cierto, jamás tuvo.

La reportera de Proceso murió sin dinero, y en vida se le conoció por su humildad.

A 11 años de su cobarde asesinato no sabemos con certeza quién es el responsable del crimen ni sabemos qué secretos se llevó a la tumba.

Pero el asesinato de Regina puede dar un giro repentino que cambiaría el rumbo de la historia del periodismo en México.

El día de ayer leía en varias notas periodísticas que en octubre de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revisar de nuevo el caso, esto debido a que desde 2021 la organización Propuesta Cívica, junto con el semanario Proceso, insistieron en que la revista fundada por Julio Scherer García era “víctima indirecta” del asesinato de la comunicadora.

Por medio de las redes sociales Propuesta Cívica y Proceso dieron el siguiente comunicado:

“Nuestro Máximo Tribunal tiene la oportunidad histórica de reconocer la existencia de una afectación hacia el Semanario Proceso por el homicidio de Regina, al coartar la libertad de expresión del medio de comunicación”.

Los argumentos de esta afectación se deben a que el conocido medio de comunicación perdió presencia en el estado de Veracruz tras el crimen de la comunicadora.

El comunicado concluye:

“Esperamos que la SCJN tome una decisión significativa que deje un precedente importante para los medios de comunicación en las agresiones cometidas en contra del derecho a la libertad de expresión”.

La propuesta está ahí y la SCJN tendrá la última palabra.

Regina no está entre nosotros y es parte de la larga lista de voces acalladas por informar.

En su memoria se cambió el nombre de la Plaza Lerdo en la ciudad de Xalapa a Plaza Regina y el gremio periodístico rindió un emotivo homenaje póstumo. Pero algo, sin duda, debe cambiar.

Estaremos atentos a la resolución de la Corte en este lamentable suceso.