El informe de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre el escrutinio al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) arrojó que de un total de 554 solicitudes para la entrada en operación de plantas de generación y suministro en la industria eléctrica entre 2019 y septiembre del 2022, solo 100 de estas consiguieron el permiso para funcionar y el resto que representan el 81.9% del total fueron desechadas o no han sido consideradas para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) les permita entrar en función.
La mayoría de las solicitudes que no fueron aceptada por la institución reguladora fueron para centrales de generación de energía eléctrica limpias y renovables, financiadas por capital privado, por lo que se tiene una menor oferta que pueda impactar en una baja en los precios para los consumidores, y que estas contribuyan a una disminución de contaminantes de gases de efecto invernadero.
La reticencia para negar los permisos para la operación de estas plantas se puede deber al abuso que se hizo en el pasado con el esquema conocido como autoabasto o de Producción Independiente de Energía (PIE), con centrales construidas y administradas por generadores generalmente de origen español.
Esta modalidad de generación eléctrica por privados nació en 1992, bajo el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, para que las grandes industrias en el país, como la cementera, acerera y minera generen su propia electricidad y la transporten a sus centros de trabajo en diferentes puntos del país, utilizando las redes de transmisión de la compañía estatal; pero este servicio de porteo no se le paga a la hoy empresa productiva del Estado, o se paga un precio simbólico por debajo de los costos reales.
Para conseguir electricidad más barata, compañías como Telmex, AT&T, Farmacias del Ahorro, Femsa y sus tiendas Oxxo son parte de las firmas que se convierten en socios de las empresas generadoras como Enel e Iberdrola.
La forma para ser socio de estás centrales de autoabasto es bajo el esquema de pagar un peso, cinco pesos o un dólar, lo que es una simulación y entra en un mercado negro de energía eléctrica.
La forma para ser socio de estás centrales de auto suministro es bajo el esquema de pagar un peso, cinco pesos o un dólar, lo que es una simulación y entra en un mercado negro de energía eléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció en junio de 2020 que el esquema de autoabasto fue distorsionado por generadores, como la española Iberdrola y la italiana Enel, y se convirtió en un mercado negro de electricidad, donde existen 239 centrales y más de 77 mil consumidores asociados a las plantas con solo un dólar.
Otro de los abusos que se cometían en el pasado era que las energías generadas por las empresas privados se subían a la red eléctrica primero, las provenientes de plantas eólicas, fotovoltaicas, de ciclo combinado a gas natural, y después las de la CFE; las compañías particulares vendían esta electricidad en mejores condiciones y con mayores márgenes de ganancia.
El Gobierno de la Cuarta Transformación lanzo una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que frenara estos abusos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la nueva Ley de la Industria Eléctrica tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 9 de marzo del 2021.
El artículo transitorio cuarto de la Ley permite que la CRE revoque los permisos de autoabasto.
El artículo transitorio quinto ya permite al gobierno que se revisen los contratos de los productores independientes.
La iniciativa del presidente, que se aprobó sin cambios por el Congreso, privilegia el despacho eléctrico de las plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la participación de las centrales de empresas privadas.
En primer lugar, se despachará la energía de hidroeléctricas, seguidas por el resto de sus centrales, en tercer orden los productores independientes de energía y hasta el final las plantas renovables y ciclos combinados del sector privado.
Muchas de las solicitudes que fueron rechazadas para la generación de energía eléctrica originalmente fueron planteadas para el mercado del autoabasto, pero han cambiado y están dispuestas a respetar las modificaciones que se hicieron a la Ley de la Industria Eléctrica.
Entre las solicitudes que se analizamos en SDPnoticias que podrían aumentar la oferta de generación de energía limpia y renovable y así poder lograr la meta que ofreció México en Egipto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero del 22% al 35% para el 2030 y que la Cenace debería autorizar y que cumplen con los las disposiciones de la nueva LIE son:
- Proyecto fotovoltaico La Esperanza
Propietario: Tequila Solar
Estado de Campeche
- Parque fotovoltaico: Loma Roja
Propietario: Energías Renovables ventas III
Estado: Puebla
- Parque Fotovoltaico Akin
Propietario: Engie
Estos son solo uno de los ejemplos que hay en toda la república para aumentar la oferta de generación de energía limpia y renovable que están dispuestos a respetar las modificaciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
Un caso distinto es el lo sucedido en Aguascalientes que se comprometió dinero publico para un proyecto fotovoltaico que hasta la fecha no ha funcionado es el caso del proyecto fotovoltaico de la capital de Aguascalientes.
El año pasado Anayeli Muñoz, la entonces candidata a la gubernatura de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano (MC), señaló a Teresa Jiménez Esquivel, su rival de la coalición Va por México, de estar enquistada en una supuesta trama de corrupción con la planta fotovoltaica que tendrá endeudado al municipio de la capital de Aguascalientes por varios años.
El equipo jurídico de Movimiento Ciudadano señaló que la planta solar debía estar en funcionamiento desde el 2020, pero no está operando a pesar de contar con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que el municipio ya está cumpliendo con sus obligaciones de pago y además, el municipio aprobó una ampliación al contrato del 300%, lo que llevará décadas en poder ser cubierto.
La documentación presentada por el partido naranja sostenía que el contrato supone un costo de 20 mil millones de pesos en los próximos 30 años, a pesar que el municipio únicamente tiene un consumo eléctrico promedio de 14 millones de pesos al año (420 millones en 30 años), lo que representa un sobrecosto de 19 mil 580 millones de pesos.
Para garantizar el contrato, el municipio comprometió el 26% de las Participaciones Federales y el 15% de los ingresos totales durante los próximos 30 años.
La entonces candidata del partido naranja también señaló la existencia de un solo beneficiario final del negocio de la planta solar: Eugenio Javier Maíz Domene, pues MD Iluminación (la empresa que también estuvo inmiscuida en la adquisición por parte del municipio de Aguascalientes de luminarias a sobreprecio, cuando era la presidenta municipal, Teresa Jiménez Esquivel) y Next Energy del Centro (la responsable del parque fotovoltaico incompleto) que le pertenecen a este empresario. Además, sostuvieron que Maíz Domene es socio de Jovita Morín Flores, presidenta de la Comisión de Justicia del PAN.
El proyecto de generación de energía en la capital hidrocálida contemplaba 100 hectáreas y hasta el momento solo se han construido 53 hectáreas. El municipio de Aguascalientes ha comprometido para el proyecto energético 7,854 millones de pesos, lo que equivale a 1 de cada 4 pesos, 26% de las participaciones federales que recibirá el municipio hasta 2050.
La CRE y la Cenace tienen que distinguir entre proyectos que respetaran las modificaciones de la LIE de la Cuarta Transformación y las que siguen con el antiguo esquema ilegal del autoabasto.