Un juez federal giró una nueva orden de aprehensión contra un impartidor de justicia -el juez Mixto de Primera Instancia de Mocorito, Sinaloa, José Raymundo Soto Conde-, un representante legal de la Comisión Federal de Electricidad y un perito, acusados por la Secretaría de la Función Pública de un fraude por mil 320 millones de pesos en perjuicio de la mencionada paraestatal.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federal (SIEDF) de la PGR, obtuvo una orden de aprehensión contra las tres personas por delitos contra la administración de justicia, ejercicio indebido del servicio público y falsedad en declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad.

En un comunicado la PGR explicó que el juez, en funciones, embargó la cuenta de la paraestatal para efectuar un pago indebido a una empresa por el que fue condenada la CFE, cuando dichos bienes eran inembargables, ocasionando un daño a la paraestatal.

En tanto, el representante legal de la CFE, “de manera intencional no ofreció pruebas ni interpuso el recurso legal procedente en contra de la referida sentencia condenatoria ni contra el embargo respectivo, lo que originó que las aludidas resoluciones no fueran revisadas y revocadas por un tribunal superior”.

A su vez, la tercera persona, al fungir en el multicitado juicio como perito en materia de topografía y valuación, con conocimiento de los hechos faltó a la verdad al concluir que la afectación sufrida al bien inmueble, propiedad de la empresa con motivo de las líneas de transmisión eléctrica ascendía a más cantidad de lo que realmente correspondía.