Ciudad de México.- El presidente de la Sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, no presentó un dictamen a votación sobre el proceso de desafuero en contra de Tarek Abdalá, diputado tricolor señalado como cómplice y operador del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. 

En conferencia de prensa, y acompañado de los otros 3 integrantes de la Sección, Ramírez Nieto dijo que el órgano legislativo no puede continuar con el proceso porque Abdalá Saad obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra. 

El priista afirmó que su correligionario obtuvo la suspensión judicial desde el pasado mes de noviembre, por lo que acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz de haber sido "omisa" en su solicitud de desafuero, pues no informó de esa circunstancia legal y la carpeta de investigación no fue correctamente integrada. 

"El Fiscal de Veracruz está impedido por una determinación juez federal para ejercer acción penal y si el efecto del desafuero es quitar el obstáculo para acudir a un juez penal, obvio es que no está en condiciones de solicitar el desafuero. Sabía que estaba inmovilizado para proceder contra el diputado", dijo Ramírez Nieto. 

En la comparecencia también estuvieron presentes los otros integrantes de la Sección Instructora: la priista Sandra Méndez, el panista Juan Pablo Piña y el perredista Omar Ortega, quien afirmó que la resolución judicial no impedía al Poder Legislativo continuar con su proceso independiente.

En su intervención, Juan Pablo Piña lamentó que no se haya elaborado un dictamen con los argumentos externados por los legisladores priistas, y afirmó que el proceso se encuentra en un "limbo legislativo". 

Tarek Abdalá fungió como Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz de 2012 a 2015, cuando solicitó licencia para contender por la diputación federal. En 2015, el ya legislador admitió ante la Contraloría estatal haber desviado 315 millones de pesos en 2013. Por esa falta, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público en el gobierno de Veracruz. En total, el priista estaría podría estar involucrado en el desvío de 23 mil millones de pesos durante la administración de Duarte de Ochoa. 

Con información de Excélsior