Ciudad de México.- De ser aprobada la Ley de Seguridad Interior militarizaría la vida pública del país, y esto representaría riesgos para la población afirmó, José Antonio Guevara, director de La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

“La tendencia es que cada vez los militares ocupen cargos públicos, si es que no se les pone un alto o esta ley se aprueba tendrán mas atribuciones.”, señalo.  

Esto, dijo, no se traduce en mayor seguridad y si ha generado múltiples violaciones a derechos humanos. 

La premisa fue sustentada por Luis Fernández, de la organización ‘Participando México’ quien resaltó que según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2007 existen 213 mil homicidios dolosos y más de 30 mil desaparecidos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Por ello, Guevara reconoció que los Gobernadores y los secretarios de seguridad Pública, están obligados a rendir cuentas, pues por ahora, dijo, ha existido un uso deficiente de los recursos públicos destinados a esta materia.

Sobre el uso inadecuado del financiamiento en materia de Seguridad, Juan Francisco Torres Landa, Secretario General de México Unido Contra la Delincuencia reveló que según la Auditoria Superior de la Federación (ASF)  la Gendarmería Nacional recibió un presupuesto de 2 mil 842 millones de pesos para realizar 10 mil operativos  pero solo realizó 75.

Con ello, dijo solo 0.8 por ciento de estos dispositivos fueron realizados, lo que dejo un porcentaje de más de un 99 por ciento sin implementar de los que tampoco se ha comprobado donde permanecen los recursos.

“Eso quiere decir que no es de sorprendernos que a diez años de la Guerra contra el narcotráfico no veamos de ninguna forma el fortalecimiento de las policías ¿Cómo se van a fortalecer las policías si los recursos destinados son utilizados discrecionalmente, con opacidad” indicó.

Lo más leído de México

A pesar de los riesgos, las organizaciones no se pronunciaron por el retiro inmediato de los militares en labores de seguridad, pero si en un retiro paulatino para evitar posibles violaciones a los derechos humanos.

“Es necesario que los gobernadores y los encargados de la Seguridad Pública municipal y estatal rindan cuentas, ha habido diez años de un descuido generalizado y un desvió de recursos  para las políticas de seguridad, fortalecimiento de policías en detrimento de la seguridad pública y la salida fácil y engañosa es poner a los militares a realizar tareas de seguridad.”, concluyó.