México.- Luego de que la segunda mesa de trabajo de la reunión de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), concluyera, los mandatarios de los estados fronterizos anunciaron que se acordó la puesta en marcha de un dodecálogo para afrontar temas como el de la migración, el crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, salud y vivienda.

La primer medida que se estableció en el encuentro fue la misma mesa de trabajo denominada “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país”, celebrada el pasado 9 de diciembre de 2016, en Mexicali, Baja California. 

La segunda medida fue la se creación de la Alianza política de los gobernadores de la frontera norte para demandar conjuntamente al gobierno federal su cooperación eficiente e inmediata en los asuntos que más afectan: migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles derivados del petróleo, carestía de productos básicos, derechos humanos, salud y vivienda.

En tanto, el tercer acuerdo tiene relación inmediata con el tema de la deportación masiva de millones de connacionales y la inherente afectación de sus derechos humanos,  por lo cual los mandatarios demandaron al Gobierno Federal tomar acciones inmediatas con el apoyo de los otros dos niveles de gobierno.

La cuarta medida implica el rechazo a las presiones y acciones directas contra inversionistas que han decidido instalarse y/o permanecer en el país con medidas arancelarias violatorias de todos los acuerdos internacionales suscritos.

Como quinta medida se acordó que el exigir al Gobierno Federal el diseño e implementación de un programa emergente específico para el desarrollo integral de la región que los lazos y las relaciones con todos los aliados nacionales e internacionales para defender el libre comercio.  

El sexto acuerdo solicitará al Gobierno Federal que las negociaciones entre México y Estados Unidos deberán realizarse de manera integral, incluyendo todos los temas de la agenda, destacando derechos humanos, migración, seguridad, economía y medio ambiente. 

También se solicitó como una séptima medida al Gobierno Federal la NO reducir los Fondos de Seguridad y el incremento al Fondo de Apoyo al Migrante, para los estados de la Frontera Norte para los ejercicios 2017 y 2018. 

El octavo acuerdo, los gobiernos de los estados de la frontera norte demandan la creación de un “fondo de fronteridad”, con claridad en sus reglas de operación y su aplicación, con la finalidad de solventar los costos inherentes a los migrantes en tránsito y repatriados.

Se solidarizaron como la novena medida con los gobiernos de Baja California y Sonora, para demandar el cumplimiento a los acuerdos de atención integral al contingente de extranjeros intercontinentales que han arribado a esas entidades, previamente establecidos con el Gobierno Federal.

La décima medida, como estados fronterizos, constituidos en buena parte por migrantes, exigen un cambio en el paradigma de las políticas públicas de la migración, pasando de un enfoque de seguridad nacional y en el temor a los otros, hacia un enfoque que ponga el acento en la seguridad humana y garantice las condiciones de vida en sus lugares de origen. 

La penúltima medida, promoverá activamente encuentros con gobernadores homólogos de la frontera sur de los Estados Unidos de América así como con congresistas, senadores, alcaldes y autoridades locales, sectores progresistas, académicos, artistas, medios de comunicación, para elaborar una agenda conjunta que atienda los asuntos comunes y fortalezca la franja como una región binacional.

Por último, se acordó que la tercera mesa de trabajo denominada “Análisis de la situación migratoria actual en la frontera norte del país” se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León en fecha por definir.

Con información de El Financiero