Ciudad de México.- A través de una carta abierta, dirigida a la opinión pública y que también fue difundida en diferentes medios nacionales, la empresaria de origen español, Guadalupe Gallego Ochoa, aseguró que la denuncia penal que presentó el abogado Paulo Diez en contra del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, es una venganza por haberle retirado la concesión del tren Chiapas-Mayab a la compañía Viabilis Holding.
Gallego Ochoa señaló que, como socia de la empresa exconcesionaria del tren, se deslinda de esa medida de presión que tomó su socio, Pedro Topete Vargas, quien a través de su representante legal, Diez Gargari, acusa a Ruiz Esparza de corrupción, por el hecho de ampliar una concesión a la empresa española OHL.
“Me deslindo completamente de cualquier acción que hayan emprendido y exijo a Pedro Topete Vargas realizar la defensa de la concesión por las vías que la ley ofrece y no a través de la coacción y la amenaza”, señala la misiva de Gallego Ochoa.
Además, explica que la acusación, iniciada en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del titular de la SCT “es reprobable, no me representa como socia de Viabilis Holding S.A. de C.V., y deja claro la forma como operan estos dos obscuros personajes”, refiriéndose a Topete y a Diez.
También recuerda que en el pasado mes de agosto, cuando la SCT retiró la concesión otorgada a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V, propiedad de Viabilis Holding S.A. de C.V., ella levantó la voz para denunciar que, “como accionista de esta última empresa, fui excluida por Pedro Topete Vargas de cualquier información que me permitiera participar en la defensa de mis intereses”.
“Ahora me entero que utilizando artilugios legales y en venganza por la cancelación de la concesión, Pedro Topete Vargas y su cómplice, socio y abogado, Paulo Díez Gargari, buscan presionar a la SCT presentando una denuncia penal en la PGR contra su titular, Gerardo Ruiz Esparza”, añade.
La empresaria destaca que no es la primera vez que Pedro Topete Vargas y Paulo Díez Gargari han buscado presionar a las autoridades mexicanas, ya que lo hicieron también cuando el Estado de México les canceló el contrato leonino que obtuvieron a tres meses de crear Infraiber, “también han aumentado el nivel de sus ataques mediáticos contra el gobierno mexicano, porque saben que están investigando a Topete Vargas por defraudación fiscal y lavado de dinero”, concluyó.